Ir al contenido principal

MUSADE: Plantones feministas en resistencia

En el marco de la conmemoración del Día por la no violencia hacia las mujeres y de 25 días de activismo por la vida de las mujeres, MUSADE junto con las Redes Territoriales por los Derechos de las Mujeres está programando plantones feministas en diferentes lugares del país. Si desea acompañarnos y ser parte de ellos nos puede escribir a musade1986@gmail.com

Covid-19 Costa Rica: 15 riesgos financieros sobre la sostenibilidad del Seguro de Salud y Pensiones

Aportes para el análisis y la construcción de propuestas a favor de los más pobres y vulnerables

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
Noviembre 2020

7 riesgos observados en el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) producto de la pandemia por Covid -19

  1. Que el Estado Costarricense no honre la deuda que mantiene con la CCSS, por los diferentes conceptos, la cual al 31/08/2020 asciende a la suma de ¢1,925,384,361,988.38 (Un billón novecientos veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y unos mil novecientos ochenta y ocho colones con treinta y ocho céntimos). De los cuales el 84.44% corresponde al SEM (¢1,625,778,004,171.57) y el 15.56% al Seguro de Pensiones (¢299.606.357.816.81).
  2. Caída en los ingresos, por la dependencia financiera que mantienen ambos seguros de la contribución tripartita sobre las cuotas obrero patronales y el Estado como tal, como consecuencia de un incremento en la tasa de desempleo, reducción de los salarios, y reducción de las jornadas laborales; sí como un aumento en el empleo informal.
  3. Que no exista un control adecuado sobre las partidas que son disparadores del gasto, tales como: “Tiempo Extraordinario”, “Guardias Médicas” y “Sueldo Personal Sustituto”, en el rubro “Consumo de Materiales y Suministros”, los incrementos en los “Medicamentos”,“Productos Químicos”, “Instrumental ACC. Materiales Médicos Quirúrgicos Odontológicos” y los “Instrum. Médico y Laboratorio”, partidas que presentan crecimientos muy superiores al crecimiento de los Ingresos Totales, son partidas a las cuales se debe prestar una mayor atención, para mitigar los efectos de la pandemia Covid-19.
  4. Ineficientes controles sobre las partidas de “Subsidios por Enfermedad” y “Subsidios Enfermedad Empleados CCSS”, provocando que los recursos no sean utilizados con eficiencia y racionalidad, en razón de que presentan crecimientos que son superiores al crecimiento de los ingresos del año 2019, lo cual eventualmente podría provocar un desequilibrio financiero de los ingresos y egresos y la afectación de las finanzas del Seguro de Salud.
  5. Inadecuados controles en la determinación de los recursos producto de la reducción de la base mínima contributiva de marzo, abril y mayo, año 2020 de los patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios, medidas que fueron implementadas para mitigar la crisis nacional por el coronavirus y que fueron ampliadas posteriormente al 31 julio 2020, en donde el Gobierno de Costa Rica, se comprometió a realizar las cancelaciones de las sumas acordadas, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo año 2020, por un monto de ¢33 000 millones y al 31 de julio 2020 un monto aproximado de ¢8 500 millones; además considerar la nueva reducción del mes de agosto 2020, y las que se puedan presentar en el futuro. Deuda, que según el presupuesto del Gobierno es un monto de ¢42 833,80 millones.
  6. Inexistencia de controles sobre el modelo de creación temporal de plazas y al esquema de sustitución de plazas mediante la homologación del mismo código presupuestario (modalidad conocida como duplicación de plazas), modalidad de nombramientos que ha sido utilizada por la institución (excepcionalmente) para afrontar proyectos de carácter especial1, así como, más recientemente, a partir de abril de este año para atender la emergencia que ha ocasionado la pandemia de la enfermedad del COVID-19.
  7. Que los recursos financieros no sean suficientes para abastecer el Fondo de Contingencia para atender la emergencia por COVID-19; por lo cual se ha solicitado a la administración activa hacer un uso racional de este Fondo y que las acciones que se ejecuten contribuyan a garantizar una ejecución eficiente, austera y transparente del presupuesto, con el fin de minimizar los riesgos que puedan afectar el patrimonio institucional.

8 riesgos observados en el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) producto de la pandemia por COVID-19

1- Al 30 de junio de 2020, el gasto en pensiones mantenía un crecimiento mayor que los ingresos por contribuciones del fondo, lo cual tiene un importante efecto sobre su sostenibilidad, situación que en este año 2020, se ha venido a acentuar con motivo de la pandemia.

2- De acuerdo con los resultados a junio 2020, la situación económica y de desempleo que atraviesa el país estaría provocando que los ingresos por cuotas particulares sean similares a los del 2019, es decir, no existiría crecimiento.

3- La principal afectación se encuentra en el sector privado y en el grupo de trabajadores independientes y asegurados voluntarios. Lo anterior, también producto de las medidas que se han tomado por parte de la Caja para disminuir los efectos en el empleo, como fue lo acordado por la Junta Directiva en el artículo 21 de la sesión 9087, acuerdo primero, del 19 de marzo de 2020, respecto a la reducción de la Base Mínima Contributiva (BMC) a un 25% para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial en la facturación de marzo, abril, y mayo del presente año. Esta medida a su vez se ha extendido para los meses de junio, julio, agosto, aunque en el caso de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios la BMC se redujo en estos últimos meses a un 75%.

4- La reserva del RIVM sigue creciendo, aunque por los efectos de la pandemia los recursos que se puedan capitalizar este año posiblemente serán inferiores, lo cual eventualmente va a repercutir de igual forma en el 2021 mientras se vuelve a reactivar la economía y con la expectativa de que se encuentre un tratamiento efectivo contra el Covid-19.

5- La cartera de préstamos hipotecarios se ha visto influenciada por la pandemia y su colocación ha sido baja y posiblemente podría pensarse en un escenario de aumento en las tasas de morosidad producto de la contracción de la economía y el congelamiento y pérdida del poder adquisitivo real de los salarios en le sector privado, como en el sector público.

6- En relación con el gasto en pensiones, de acuerdo con los resultados parciales a junio 2020, se va a mantener la tendencia de crecimiento de los últimos años, lo cual, con el impacto en los ingresos del fondo por la pandemia, va a requerir que se utilicen mayor cantidad de los intereses generados por la reserva.

7- Las estimaciones elaboradas por la Dirección Actuarial y Económica en el estudio “Proyección mensual de la masa salarial y cantidad de trabajadores cotizantes del Seguro de Salud ante el COVID-19. Abril-diciembre 2020”, señalan que el uso de intereses para el 2020 rondaría los ¢90.000 millones, cifra muy superior al dato de los últimos dos años, lo que incidiría en el incremento de las reservas del fondo.

8- De acuerdo con los resultados reflejados en los estados financieros y en el presupuesto del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de diciembre de 2019, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte continua en una situación frágil con respecto a los períodos de sostenibilidad proyectados en las valuaciones actuariales, lo anterior, debido a que no se han efectuado reformas al sistema. Asimismo, la crisis por la pandemia del Covid-19, va a afectar de igual forma la sostenibilidad del fondo, la cual es muy posible que siga generando efectos negativos en el 2021 y posiblemente los momentos críticos evidenciados desde la perspectiva de las autoridades institucionales posiblemente se adelanten, lo cual infiere una mayor presión al debate sobre las reformas, pero de igual forma coloca de relieve la necesidad de abordar el tema de pensiones, como el de salud desde una mirada integral que pasa por el debate fiscal nacional.

SEC exige se respete y se cumpla el principio de transparencia en la función pública

En el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, creemos firmemente en el principio de transparencia como pilar de la democracia y la función pública, por lo que nos parece deplorable y condenamos vehementemente lo sucedido este martes 3 de noviembre con la transmisión en vivo de la sesión de la comisión de Gobierno y Administración, la cual no se pudo escuchar por los problemas técnicos con el audio, según informaron los administradores del canal de YouTube AsambleaCR03 (Perteneciente al departamento de prensa de la Asamblea Legislativa).

Es extraño que al mismo tiempo que se daba a conocer el problema técnico, los administradores informaban en el chat que la comisión no estaba sesionando, pero por otros medios de prensa se comunicaba la votación afirmativa a varias mociones de fondo presentadas al proyecto 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”.

Por lo tanto, condenamos este acto y solicitamos se respete el principio de transparencia en la función pública, a la democracia participativa y a la correcta libertad de prensa. Exigimos se tomen las respectivas cartas en el asunto al ser una sesión ilegítima, que no debió realizarse dadas las circunstancias señaladas

Reiteramos el rotundo rechazo al proyecto de ley Marco de Empleo Público que se tramita en dicha comisión, solicitamos no se dictamine mientras se desarrollan los procesos de Diálogo Multisectoriales como principio de BUENA FE.

Diálogo para enfrentar los nuevos retos en el fomento de la agricultura sostenible y el consumo de alimentos saludables en América Central

La Fundación Ambio realizó este viernes 30 de octubre el foro regional: “Diálogo para enfrentar los nuevos retos en el fomento de la agricultura sostenible y el consumo de alimentos saludables en América Central”. El foro se realizó de manera virtual.

Para más información ingresen aquí.

#AgriculturaSostenible

CTRN: “Al gobierno le falta seriedad y compromiso para generar un diálogo transparente, multisectorial y responsable”

El Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Lenin Hernández Navas detalló que no aceptaron la invitación del Poder Ejecutivo para participar en el dialogo de una mesa multisectorial porque al Gobierno le falta seriedad y compromiso en sus propuestas.

Hernández Navas criticó que dentro de los principios orientadores sugeridos para el diálogo propuesto por el Gobierno se cite “no patear la bola” y agregó que CTRN había asumido un compromiso de participar en la plataforma de diálogo propuesto por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATBPDC), el cual inició tres semanas atrás.

“Acudimos al llamado de diálogo extendido por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATBPDC) porque creemos que el país vive una crisis económica y social, pero sobre todo, de credibilidad en el Poder Ejecutivo y porque requerimos de un diálogo transparente, multisectorial y responsable”, afirmó el representante de los trabajadores.

De acuerdo con Hernández Navas ante la ausencia de aciertos del Poder Ejecutivo para convocar a todos los sectores, a una sola mesa de diálogo, transparente, multisectorial y responsable los Secretarios Generales y Presidentes de la CTRN se reunieron con sus Sindicatos y concluyeron que Costa Rica requiere de una gran alianza entre todos aquellos sectores que organizadamente, se propongan la defensa de la institucionalidad y la búsqueda del bienestar común.

Por lo anterior la CTRN aceptó la invitación extendida por la ATBPDC porque es un órgano que por ley tiene la máxima representación multisectorial de las personas trabajadoras, destacó el Presidente de la organización sindical.

“Creemos que, no es el momento de dividir, sino de sumar, esfuerzos de los sectores artesanales, comunal, cooperativo, de autogestión, del Magisterio Nacional, profesional, sindical, solidarista y de trabajadores independientes así como los sectores laborales, empresariales, también las organizaciones campesinas agrícolas e Industriales y la academia. Nos llegó la hora de construir una nueva alianza por el bien común”, finalizó Lenin Hernández Navas, Presidente de la CTRN, organización que reúne, a más de 50 sindicatos, del sector público y privado.

Lenin Hernández Navas
Presidente CTRN

Campaña de firmas por el veto a pesca de arrastre

No a la reinstauración de la pesca de arrastre en Costa Rica

Campaña de firmas:

La pesca de arrastre consiste en el remolque de una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino. Esta red tiene portalones sujetos a la boca de la misma, los cuales al ser jalados abren el arte y permiten la captura de organismos marinos. En la parte inferior de la red van sujetas cadenas y pesos que actúan como un lastre que barre el fondo marino y mantienen la red pegada a este.
 
Aparte de camarón, la pesca de arrastre captura muchas otras especies que no constituyen el objetivo principal de la actividad, incluyendo peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados. El arrastre de las redes sobre el fondo marino ocasiona la destrucción de hábitats críticos para muchas especies marinas. Los descartes ocasionan un aumento en la tasa de descomposición de materia orgánica, lo que supone un riesgo para la salud de los ecosistemas.
 
A su paso, las pesadas cadenas ocasionan la resuspensión de sedimentos, lo que aumenta la turbidez del agua y reduce la luz disponible para organismos fotosintéticos como las algas y las cianobacterias, que constituyen la base de las cadenas alimentarias que sustentan las pesquerías. Además, la resuspensión y mezcla de sedimentos ocasiona una serie de alteraciones químicas en los ecosistemas marinos. Existe un alto riesgo de liberación y movilización de sustancias contaminantes que previamente fueron asimiladas por el fondo marino, mediante procesos graduales de sedimentación.
 
Nos preocupa que en el país se permita que se desarrolle una actividad altamente dañina y degradante de los ecosistemas marinos, como lo es la pesca de camarón con redes de arrastre, sin que existan estudios científicos rigurosos y objetivos que demuestren un impacto ambiental acorde con un desarrollo sostenible democrático. Ello implicaría, sin lugar a dudas, una directa lesión de derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, e indirectamente a derechos constitucionales como el derecho al trabajo y el desarrollo económico, derivados de otras actividades productivas afectadas por la pesca de arrastre como el turismo, la pesca artesanal y deportiva.
 
Sin embargo, un grupo de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa han presentado el Proyecto de Ley Nº 21.478, “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de Camarón en Costa Rica”, el cual abre las puertas a la reinstauración del arte de pesca de arrastre en nuestro país. Dicho proyecto se fundamenta en un estudio muy limitado del INCOPESCA, altamente cuestionado por la academia y que no cumple con los requerimientos de la Sala Constitucional.
 
La Asamblea Legislativa acordó tramitar este proyecto por la vía abreviada, a pesar de la falta de rigurosidad y objetividad científica de los estudios que sustentan la iniciativa, y coartando, además, las oportunidades de participación del público (incluyendo academia, organizaciones de la sociedad civil y sectores económicos potencialmente afectados) durante su conocimiento en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Inclusive, el 29 de julio de 2019 se aprobó una moción que excluyó a todas las organizaciones de la sociedad civil de ser consultadas sobre el proyecto.
 
Aunado a esto, el Poder Ejecutivo no ha asumido una posición clara y expresa en contra de la reinstauración de la pesca de camarón con redes de arrastre, pese a que este fue el compromiso asumido en la campaña electoral.

Por estas razones, exigimos:
 
1.A las señoras diputadas y los señores diputados de la Asamblea Legislativa:
 
        a. Asegurar la participación de la sociedad civil en la discusión del Proyecto de Ley 21.478 en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, de manera que seamos consultados y convocados a audiencia para exponer nuestros criterios técnicos sobre la iniciativa de ley.

        b. No promover la aprobación de la iniciativa 21.478 que abre las puertas a la reinstauración de la pesca de camarón con redes de arrastre, sin estudios técnico-científicos elaborados por instancias científicas objetivas; adaptados a la realidad nacional con datos actualizados; elaborados en coordinación con autoridades del MINAE, la academia y otras entidades relacionadas; y que contemplen el análisis de factores ambientales, sociales y económicos, de conformidad con lo requerido por la Sala Constitucional.
 
2. Al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República:
        a.Ratificar ante la ciudadanía y la opinión pública la posición de su Administración con relación a la reinstauración de la pesca de arrastre de camarón y del proyecto de ley 21.478.

Enlace para firmar

UCR: Proyectos de Acción Social realizarán abordajes sobre los impactos de la COVID-19 en las comunidades gracias a fondo de FUNDAVAS

Convocatoria para el Fondo de Incentivos FUNDAVAS está abierta hasta el 30 de octubre

El Fondo de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Acción Social en el contexto de la COVID-19 es una iniciativa para la puesta en marcha de proyectos financiados con un fondo proveniente del presupuesto de la Fundación de la Universidad de Costa Rica. El objetivo principal de este fondo es el abordaje de los impactos provocados por la emergencia sanitaria COVID-19 en los ámbitos social, económico, educativo, cultural, entre otros.

“Los fondos concursables de la Fundación, a los que hemos denominado FUNDAVAS surgen de una decisión histórica importante de la Junta Directiva de la Fundación UCR que decide utilizar unos fondos que no se lograron ocupar debido a la pandemia para el beneficio de las comunidades y de los proyectos de investigación, de docencia y de Acción Social en general”, comentó Sandra Araya Umaña, Vicerrectora de Acción Social.

Debido al contexto actual, los proyectos por ejecutarse deberán implementar procesos de virtualización y se le dará prioridad a aquellas propuestas orientadas al abordaje integral de ejes temáticos como:

  • Prevención de la violencia contra las mujeres, la población infantil y las personas jóvenes, personas con discapacidad y población adulta mayor.
  • Derechos humanos de las poblaciones vulnerabilizadas por etnia, condición migratoria (particularmente en zonas geográficas fronterizas y costeras) y pobreza (situación de calle, cuarterías, entre otros).
  • Fortalecimiento de las capacidades socioproductivas de las microempresas.
  • Educación para la innovación en las formas de producción sostenible (seguridad alimentaria, agroecología y economía social solidaria).
  • Salud mental comunitaria a través del fortalecimiento de vínculos colectivos.
  • Gestión cultural como factor para el desarrollo económico y social.
  • Brecha digital frente a la exclusión en el sistema educativo.
  • Gestión del riesgo con énfasis en comunidades vulnerabilizadas.

Los proyectos podrán participar en dos modalidades: como proyectos nuevos que ya posean un diagnóstico documentado sobre la problemática que abordarán o como redes de acción social que articulen proyectos en torno a una zona, un tema o una población para un abordaje integral y estratégico.

La modalidad de redes se orienta a la promoción del trabajo colaborativo entre proyectos vigentes de acción social. Sus objetivos principales se centran en construir una comunidad de aprendizaje entre proyectos de distintas unidades académicas para la reflexión de las prácticas desarrolladas y el intercambio de experiencias, generar productos o resultados concretos que aporten al mejoramiento de la vida de las personas y articular capacidades, experiencias y recursos para impactar de manera más efectiva en un territorio que presente bajos índices de desarrollo o problemáticas sociales prioritarias de atender.

Las redes deberán ser propuestas por al menos, dos proyectos de acción social, se debe especificar la unidad base desde la que se coordina la red, justificar detalladamente la pertinencia de la red propuesta a partir de las necesidades identificadas en los proyectos involucrados, detallar la metodología que se aplicará, orientar los objetivos y las metas a la organización de la red e incorporar un objetivo de sistematización del proceso.

Los proyectos, en cualquiera de las dos modalidades, contarán con un presupuesto máximo de ocho millones de colones. Para los proyectos nuevos de Trabajo Comunal Universitario, el financiamiento del primer año se realizaría por medio de los fondos de FUNDAVAS y para los años posteriores, deberán solicitar recursos de los fondos ordinarios de la Vicerrectoría de Acción Social.

 Fechas importantes

  • Del 25 de septiembre al 30 de octubre del 2020, se deben remitir las propuestas a la dirección de correo electrónico vas@ucr.ac.cr. Para la presentación de la propuesta las personas coordinadoras deberán presentar un oficio de la dirección de la unidad académica, en el cual se confirma la participación del proyecto, copia del acta de la comisión de acción social o del consejo científico correspondiente, con su respectivo aval, propuesta en el Sistema Institucional Plan Presupuesto (SIPPRES), cuyo estado sea “aprobado”, documentación adicional según lo indicado en el apartado de requisitos y la formulación presupuestaria según la plantilla de desglose del presupuesto.
  • Del 29 de septiembre al 23 de octubre del 2020, el personal de la VAS brindará asesoría a las personas docentes interesadas en participar. Los espacios de asesoría se habilitarán según se solicite en el formulario en línea disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQMUcKT9-GDDDyIU73rD-qY_rDSUIicqnhGt50b8I8V0ak5w/viewform
  • Del 2 al 18 de noviembre del 2020, se evalúan las propuestas presentadas. Las Comisiones de Acción Social y los Consejos Científicos evalúan las propuestas según el siguiente instrumento antes de la presentación a la VAS para la continuidad del proceso.
  • El 20 de noviembre 2020 se comunicarán los resultados.
  • Del 30 de noviembre al 15 de diciembre 2020, se inscriben los proyectos ganadores en la Vicerrectoría.

“Hago un llamado a la comunidad académica para que aprovechemos esta oportunidad derivada de una decisión de la Junta Administradora, en aras de maximizar las finanzas y el presupuesto para colocarlo al servicio de la comunidad nacional. Ahora lo que necesitamos es esa creatividad, esa criticidad y, por supuesto, el compromiso que ya tenemos de la comunidad universitaria para la presentación de las propuestas”, indicó Araya.

Para mayor información, llame a los teléfonos 2511-5272, 2511-1182, 2511-1185 y 2511-5280, o escriba al correo electrónico fondoincentivoscovid.vas@ucr.ac.cr. También puede visitar el portal de la Vicerrectoría de Acción Social https://accionsocial.ucr.ac.cr/fondoincentivoscovid o consultar la circular VAS-38-2020.

La convocatoria se habilitará del 25 de septiembre al 30 de octubre y su fin primordial es el abordaje de los distintos impactos provocados por la emergencia sanitaria COVID-19.

 

Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social, UCR).

UCR: Productores y productoras reciben apoyo para la conservación y selección de cultivos

Proyecto de Acción Social trabaja por la seguridad alimentaria

El objetivo de hambre cero propuesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, parece estar cada vez más lejos de cumplirse. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Si continúan las tendencias actuales de bajo crecimiento económico, graves fenómenos climáticos y modos insostenibles de producción, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones para el 2030.

El Programa Mundial de Alimentos, expone que alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa y la pandemia de COVID-19 podría duplicar ahora esta cifra y sumar alrededor de 130 millones de personas más a las que se encuentran en condición de riesgo, por lo que la seguridad alimentaria se convierte en uno de los desafíos principales para las naciones.

El proyecto de Acción Social Ordenamiento, conservación y reposición de las colecciones institucionales de germoplasma agrícola, mantenidas por la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno (EC-340) trabaja desde y para las comunidades por medio del asesoramiento a productores y productoras y la creación y seguimiento a las colecciones institucionales.

El EC-340 trabaja con colecciones muy valiosas a nivel nacional y regional, que resguardan un patrimonio genético de gran importancia para lograr innovar en la agricultura, ya sea con la generación de nuevas variedades para incursionar en el mercado, o con el aporte de materiales genéticos que pueden utilizarse en situaciones de catástrofes naturales. Fotografías de Patricia Quesada.

“Este es un proyecto de carácter permanente que conserva colecciones de plantas, principalmente de aquellas que son perennes, por lo que se realiza una conservación en el tiempo. Se trata de preservar cultivos tanto de altura como de bajura para hacer una evaluación de las variedades o materiales y, de esta manera, poder hacer recomendaciones a los productores y productoras sobre variedades más adaptadas, más productivas y de mejor calidad”, expresó Patricia Quesada, coordinadora del proyecto.

Esta iniciativa, trabaja en la Subestación Fraijanes, ubicada en Alajuela, así como en la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno la cual, con el paso de los años ha logrado establecer una serie de colecciones de plantas con potencial agrícola actual o futuro, que son la base para programas de mejoramiento genético y pruebas de adaptación de nuevas variedades y de nuevos cultivos. Dentro de estas colecciones destacan las de variedades de mango, anonáceas, bambú, frutales tropicales y otras colecciones menores como las de feijoa, arándanos, musáceas, plantas medicinales, entre otras.

“Como parte de las labores del proyecto, se realiza un manejo básico de todas las colecciones en cuanto a control de plagas, enfermedades, control de malezas y fertilización para que las plantas se encuentren en el mejor estado posible y puedan permanecer a lo largo del tiempo. Se pretende que exista la posibilidad de que si alguna persona desea trabajar con un cultivo específico, tenga la colección y lo pueda trabajar de diferentes maneras”, indicó Quesada.

Actualmente, debido a la situación mundial por el COVID-19, el proyecto se encuentra trabajando con los productores y productoras vía WhatsApp y por medio de un nuevo canal de YouTube en el que comparten videos educativos y en respuesta a las preguntas más frecuentes. Para quienes conforman el EC-340 el compromiso con las comunidades sigue más presente que nunca y el trabajo por la seguridad alimentaria continuará por mucho más.

 

Natalia Odio González
Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social

Más sobre zonas francas

Gerardo Hernández

Exoneraciones a ZF del 2018 equivalen al 54.5% de la deuda que adquiriríamos con el FMI

Mientras en Costa Rica estamos “agarrados de las mechas” por la propuesta del Gobierno para aumentar impuestos y negociar con el #FMI un préstamos por 1.750 millones de dólares, solo en el 2018 las empresas de zonas francas tuvieron beneficios fiscales equivalentes al 54.5% del aspirado crédito.

Según #PROCOMER, 375 empresas de ZF tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en $953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al Tipo de cambio del 31 diciembre 2018.

Las empresas de zonas francas constituían el 1,06% del total de empresas registradas en el Directorio de Empresas y Establecimientos del #INEC en el 2018 (35.429) y han recibido grandes beneficios fiscales que impactan en las finanzas públicas. Mientras tanto, el otro 98,94% de las empresas, así como el total de personas trabajadoras de este país (incluidas las que trabajan en ZF) sí estamos sujetas a diferentes tipos de impuestos y no tenemos privilegios equivalentes.

¿Acaso no es urgente revisar y modificar esa situación?

¿Por qué la propuesta del Gobierno no dice nada para cambiar esto de alguna forma?

¿Cuál es la opinión sobre esto y cuáles intereses defiende, el ministro André Garnier, siendo uno los grandes empresarios vinculados a las zonas francas?

Y aclaro, no cuestiono los beneficios que derivan de las empresas de zonas francas, que por cierto no son tan diferentes ni tan grandes a los que generan el resto de actividades económicas que operan fuera de ellas.

El punto es: ¿acaso no sería lo más justo y beneficioso para el país, que todas las empresas que generan empleo, productos y servicios, divisas y riquezas, operaren bajo las mismas condiciones de responsabilidad fiscal y que las más ricas contribuyan más?

 

Imagen ilustrativa tomada de Buen Trabajo CR.

Tomado de la página de Facebook del autor.