Costa Rica después de las elecciones: entre la fractura social y la disputa constituyente

Rodrigo Campos Hernández, MSc.

Más allá de las reacciones inmediatas —celebración de unos, frustración de otros—, los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Costa Rica no deberían leerse únicamente en clave ideológica, sino como expresión de una transformación estructural mucho más profunda.

Los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones muestran un patrón difícil de ignorar: la candidata oficialista ganó en 63 de los 84 cantones del país y se impuso de forma contundente en los 20 cantones con menor índice de desarrollo humano, especialmente en zonas rurales, costeras y fronterizas. En varios de estos territorios superó incluso el 60% y 70% de los votos. En contraste, los cantones con mayor desarrollo humano —Escazú, Santa Ana, Montes de Oca, Belén, Heredia— concentraron mayoritariamente su voto en el PLN.

Esto permite formular una hipótesis incómoda pero necesaria: Costa Rica ya no se divide políticamente por ideologías, sino socialmente por condiciones materiales de existencia. Hoy coexisten dos países en uno solo: una Costa Rica integrada, urbana y de alto desarrollo humano, y otra periférica, excluida y de bajo desarrollo humano. La elección no expresa tanto proyectos políticos distintos como una fractura estructural del país.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. Se inscribe en un contexto regional donde los proyectos progresistas atraviesan un claro reflujo: Chile, Perú y Honduras ilustran una tendencia latinoamericana de fatiga con los discursos tradicionales de izquierda, mientras avanzan opciones conservadoras, pragmáticas o abiertamente anti-élite. Lo que vemos en Costa Rica forma parte de ese reacomodo geopolítico.

En este escenario han surgido propuestas bien intencionadas que plantean la necesidad de procesos de “educación popular” en los territorios donde ganó el oficialismo, con el fin de promover pensamiento crítico y diálogo. Sin embargo, cabe preguntarse con realismo: ¿con qué recursos, con qué actores, con qué tiempo histórico? Y sobre todo, ¿es eso lo que esos sectores demandan prioritariamente? Tras décadas de abandono estatal, lo que muchas comunidades reclaman no es conciencia política, sino salud, empleo, infraestructura, seguridad, recreación y presencia real del Estado.

Además, en buena parte de esos territorios, quienes han ocupado el vacío dejado por el Estado no han sido los partidos ni los movimientos sociales, sino las iglesias evangélicas, que ofrecieron comunidad, sentido y reconocimiento simbólico. Cualquier proyecto centrado en derechos humanos, pluralismo o enfoques progresistas choca directamente con matrices culturales ya consolidadas. En ese contexto, ciertas propuestas parecen responder más a una necesidad de expiación moral de sectores ilustrados que a una estrategia política viable.

A esto se suma un elemento decisivo: el discurso de la “Tercera República”. Más que una realidad institucional, se trata hoy de un significante político. Una refundación del Estado solo sería posible mediante una Asamblea Constituyente, que requiere una mayoría calificada de 38 votos en el Parlamento. El oficialismo cuenta con 31 diputados: puede gobernar, pero no puede por sí solo reescribir las reglas del juego. La llave de ese proceso la tiene, en buena medida, el PLN, que se convierte así en fuerza bisagra del poder constituyente.

De este modo, la verdadera disputa política en Costa Rica ya no es únicamente electoral, sino constitucional. No se trata solo de quién gobierna, sino de quién tiene la capacidad de redefinir el orden institucional en un país socialmente fragmentado, territorialmente desigual y con una creciente crisis de representación.

Tres escenarios se abren en el horizonte: una continuidad inercial sin cambios estructurales; un desencanto social profundo si las promesas no se cumplen, con riesgo de estallidos territoriales; o una reconfiguración política de mayor calado, donde colapse definitivamente el eje tradicional izquierda/derecha y emerjan nuevas formas de articulación del poder.

En cualquiera de los casos, la llamada “Tercera República” no es todavía una realidad jurídica, sino un campo de lucha simbólica y estratégica. Su desenlace dependerá menos del discurso y más de las negociaciones entre élites políticas, en un país que ya no discute solo modelos ideológicos, sino las bases materiales, territoriales y culturales de su propia democracia.