Luis Paulino Vargas Solís

Economista/Director CICDE-UNED

Es difícil ver por dónde lograr que las finanzas del gobierno de Costa Rica se encaminen hacia una ruta de sostenibilidad. Que los numeritos “cuadren” se ve complicadísimo.

Supóngase que se logra una exitosa aplicación de la guillotina en los gastos del gobierno sin incluir el pago por intereses de la deuda. Supóngase, además, que la reforma tributaria aprobada (ley 9635) rinde más o menos los frutos deseados en términos de la generación de mayores ingresos.

Supóngase, entonces que, a partir de lo anterior, se logra que el déficit resultante –sin incluir pagos por intereses de la deuda– se reduce a cero. Pero esto, que se dice tan fácil, supone ya un reacomodo morrocotudo, puesto que ese déficit usualmente ha representado cifras que, como porcentaje de la producción nacional (o sea: el Producto Interno Bruto, PIB), oscila entre 2,5% y hasta más de 3%, lo que, en colones contantes y sonantes, significa entre ₡800 mil millones y un billón (un millón de millones) de colones.

O sea, habría que hacer un “ajuste” total por el orden de entre ₡800 mil millones y ₡1 billón, a fin de que el déficit sin incluir gastos por intereses (el llamado “déficit primario”), se reduzca a cero.

Eso sí que son palabras mayores, lo cual traería negativos efectos para la economía, los cuales impactarían por tres vías principalmente: primero, la reducción de las compras de bienes y servicios y de los gastos de inversión por parte del sector público; segundo, el recorte de los gastos de consumo de empleadas y empleados públicos, cuyos salarios entran en un ciclo de marcado deterioro; tercero, el recorte de los gastos de consumo por parte de las personas trabajadoras del sector privado, obligadas a pagar una mayor cuantía de impuestos, en un contexto de altísimo endeudamiento y sostenido estancamiento (por ya largos diez años) del poder adquisitivo de sus salarios.

Considérense ahora los gastos por intereses.

Para este 2019 hablamos de un disparate en el orden de ₡1,5 billones (más del 4% como porcentaje del PIB), los cuales necesariamente se suman al monto total de la deuda pública, ya que no hay otra forma de pagarlos sino es mediante deuda, o sea, mediante la colocación de bonos.

La existencia de este enorme déficit causado por el pago de intereses hace crecer la deuda pública de forma automática. Con un agravante: el crecimiento de la deuda ocasionado por el pago de intereses, es más rápido que el crecimiento de la economía (o sea, que el crecimiento del PIB).

Hoy día, el crecimiento del PIB en términos nominales o monetarios, o sea, sumando el aumento de los precios al aumento real de la producción, anda en el orden del 4% anual. Por su parte, las tasas de interés que se pagan sobre la deuda, son el doble de eso: 8%. O sea: las tasas de interés inducirán automáticamente, un crecimiento de la deuda al doble de la velocidad a la que la economía crece, lo cual significa que la proporción o porcentaje entre deuda y PIB también crece.

Supóngase, solo a manera de hipótesis ilustrativa, que esa situación que describo en el párrafo anterior se mantuviese sin cambios por los próximos años. Ello haría que el porcentaje “deuda/PIB”, que para este año andará en 57% o poco menos, podría llegar a más del 70% en 2025. Muy grave, a decir verdad.

Pero por favor no olvidemos lo que describí unos párrafos atrás: las medidas de ajuste fiscal necesarias para hacer que el déficit sin incluir intereses (el déficit primario) sea cero, serían muy severas e inevitablemente debilitarían una economía ya de por sí muy debilitada. Es que, si excluimos las zonas francas (que claramente son un mundo aparte, con apenas debilísimos nexos con la economía nacional), el resto de la economía costarricense, está hoy congelada, con crecimientos del cero por ciento. Y ese “resto de la economía”, no lo olvidemos, da empleo al 95% de las personas trabajadoras –por eso la llamo la “economía del 95%”– y de ahí mismo sale el pago de impuestos para el sostenimiento de las finanzas públicas.

El ajuste fiscal del que hablo podría hacer que esa “economía del 95%” caiga en territorio negativo: no que su crecimiento sea cero, sino negativo, o sea que se contraiga. En cuyo caso se debilitarán los ingresos por impuestos que el gobierno recibe, se hará prácticamente imposible la meta del “déficit primario igual a cero” y se agrandará la proporción o porcentaje “deuda/PIB”.

El camino por el que se ha optado nos lleva a un descalabro casi seguro. El error ha estado en privilegiar el aspecto contable del déficit fiscal –las sumas y las restas de gastos e ingresos– sin prestar atención a la faceta macroeconómica, o sea, el crecimiento de la economía y la generación de empleos. La exministra Rocío Aguilar ha sido quien mejor representa ese enfoque. Pero ella no ha estado sola, ni mucho menos: la misma tozudez y el mismo irresponsable simplismo encontramos en la clase política al pleno, las cámaras empresariales, la prensa y, por supuesto, el gremio de economistas.

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

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