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Incertidumbre rodea futuro de JUDESUR

Intervención llega a su fin este mes

Katzy O`neal Coto,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Incertidumbre rodea futuro de JUDESUR
El asesor Gustavo Viales, la directora del Recinto de Golfito Georgina Morera y el asesor legal de JUDESUR Roberto Matamoros participaron en la mesa principal (foto cortesía Mainor Mairena).

El 31 de mayo finalizará el segundo periodo de la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR que desde octubre del 2014, por mandato del Gobierno de la República, ha asumido el funcionamiento de la institución.

La Junta Interventora presentó un informe detallado a la población sobre el estado en que encontraron JUDESUR, los logros alcanzados durante su gestión y los temas que quedan pendientes, en el foro Intervención JUDESUR: ¿qué se ha logrado y qué sigue?, que se realizó el sábado 7 de mayo por el Recinto de Golfito de la UCR.

Uno de los principales logros de la Junta Interventora fue aumentar la ejecución de los fondos presupuestados de un 75,6 % en 2014 a un 80,0 % en 2015 en proyectos de desarrollo local y en mejoras para el depósito. Es decir se pasó de ¢4.899.375.358,32 a ejecutar ¢7.60.873.399, 63 (ejecución más alta en la historia de JUDESUR).

Algunos de estos proyectos son la reactivación y modernización de ganadería en la zona sur (¢1.650 millones), adquisición de equipo médico en la zona Sur (¢780 millones), construcción del Paseo Marino de Golfito (¢551 millones), siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de palma africana con Osacoop (¢219 millones), inversión en el Centro de Formación del INA de Osa (¢590 millones) y aumento en las becas de secundaria.

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El Paseo Marino de Golfito es uno de los proyectos impulsados por la Junta Interventora que actualmente están en ejecución (foto Luz María Rivera).

A pesar de los avances, para los pobladores de la zona Sur la incertidumbre rodea el futuro de esta institución, pues finaliza la intervención y en el mismo mes de mayo las organizaciones deben hacer el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva, que podrían o no dar continuidad al trabajo realizado durante los últimos 20 meses.

Reforma de Ley

La aprobación en segundo debate de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), expediente 18.985, impulsada por el diputado liberacionista Olivier Jiménez y aprobada por 45 diputados de diferentes fracciones el 5 de abril de 2016, también genera inquietudes entre la población.

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El asesor legislativo Gustavo Viales defendió la idoneidad de la nueva Ley Orgánica de JUDESUR (foto cortesía Mainor Mairena).

En el foro, el asesor Gustavo Viales, presentó la posición del diputado liberacionista Olivier Jiménez, en cuanto a esta ley que pretende dotar de mayor competitividad al Depósito Libre de Golfito y fomentar el desarrollo de la Zona Sur a través de proyectos regionales.

Recalcó que “las municipalidades no son enemigas de JUDESUR” y explicó que la nueva ley establece que debe realizarse un Plan Regional de Desarrollo Integral de la Zona Sur que sería planificado con las municipalidades y el INDER. Con este plan se ordenará la asignación de recursos y mecanismos de control, entre otras atribuciones.

Además, destacó que con esta ley la Junta Directiva pasará de estar conformada por 9 miembros a 11 miembros, ya que incluirá una representación indígena y una del sector agrícola. Además, quienes se postulen tendrán que contar con grado académico universitario y no haber fungido en puestos de elección popular en los últimos dos años.

A pesar de la aprobación en plenario, de la Ley Orgánica de JUDESUR, aún no se encuentra en vigencia hasta no ser firmada por el Ejecutivo y publicada en La Gaceta. Por lo tanto, según explicó el abogado externo de la Junta Interventora, Lic. Roberto Matamoros, los cambios no aplicarían en la elección de los miembros de la próxima junta.

Preocupación

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Entre las inversiones realizadas durante la intervención se encuentra la reparación de las instalaciones del Depósito Libre de Golfito (foto Katzy O’neal).

La nueva ley establece la rebaja gradual a los aranceles en compras realizadas en el Depósito Libre de Golfito. Un año después de la entrada en rigor de la ley el impuesto único bajaría del 18% al 15%, el año siguiente a un 12% y al siguiente llegaría al 10%. Además se establece que el máximo de compra que se puede realizar en el depósito será de cuatro salarios base por año.

Estos cambios que beneficiarían a los consumidores preocupan a la población y a la Junta Interventora, pues con la baja en los aranceles, los ingresos tributarios de JUDESUR se verían disminuidos drásticamente.

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Manuel Herrera Mutis, presidente de la Junta Interventora, expresó su anuencia para colaborar con la próxima junta directiva de JUDESUR (foto cortesía Mainor Mairena).

Según las estimaciones de la Junta Interventora, si la ley empieza a regir en el 2017, JUDESUR tendría un déficit de ¢2.100 millones para su gestión administrativa, año a año bajarían estos ingresos por la reducción del impuesto único, aunque las ventas del depósito aumenten y entren a funcionar los 14 locales que se reconstruirán, explicó el planificador Percy Aragón.

El Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, Manuel Herrera Mutis, reconoció que la ley tiene algunas fortalezas, sin embargo asegura que “con esta nueva ley es posible que en tres o cuatro años JUDESUR tenga que cerrar” por falta de presupuesto.

Estado legal

Actualmente JUDESUR además enfrenta denuncias penales, procesos disciplinarios y demandas ante el tribunal Contencioso Administrativo que se han llevado adelante durante este periodo.

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Miembros de la Junta Interventora y personas de las comunidades del Sur asistieron al foro organizado por el Recinto de Golfito de la UCR (foto cortesía Mainor Mairena).

El abogado externo de la Junta Interventora, Roberto Matamoros Ramírez, explicó que entre los años 2014 y 2015 recibieron demandas presentadas por concesionarios del Depósito Comercial Libre de Golfito que suman entre sí pretensiones por ¢3.500 millones.

Por otro lado, la junta interventora ha presentado ante la Fiscalía denuncias penales contra las Municipalidades de Golfito (¢802 millones), Osa (¢600 millones), Corredores (¢350 millones) y Coto Brus (¢91 millones) por la no liquidación de proyectos. Estas denuncias se encuentran en etapa de investigación.

Participación

Al foro fueron invitados las organizaciones comunales, los diputados de los cinco cantones de la zona Sur y los representantes del Gobierno de la República, la Fiscalía de Golfito, la prensa nacional y local. No obstante, a la cita acudió principalmente la comunidad, los miembros de la Junta Interventora y Gustavo Viales el asesor del diputado Olivier Jiménez.

Durante la actividad los representantes de la sociedad civil de los cinco cantones de la zona Sur tuvieron la oportunidad de expresar sus preguntas e inquietudes. Entre ellos participaron el Comité de bienestar y vigilancia del pueblo civil de Golfito, la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés, la Asada de Piedras Blancas, la Asociación de Desarrollo de La Mona y el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Osa Golfito y Corredores, entre muchas otras.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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