La Declaración de Servicios Esenciales, posible síntoma de la represión y el ahogo de la voz popular

Lic. Walter I. Hernández V.

Profesional en Ciencias Económicas

Los diputados que deberían de trabajar como representantes de los ciudadanos, no deberían de tratar de acallar sus demandas, o de dejar de escuchar su voz.

El fundamento y piedra angular de toda Democracia sana, es el respeto a la Voluntad Popular.

Qué irónico que el Pueblo tan sólo sea relevante cuando se colectan votos para las elecciones, para aportar mano de obra, para exprimirlo con más impuestos, y que sea irrelevante a la hora de tomar importantes decisiones que le conciernen.

Tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como los de la Asamblea, parecen concordar en la necesidad de evitar las huelgas. El problema es, ¿cómo? Parece existir un deseo de evitar que el pueblo se interponga en sus decisiones. Cómo cuando algunos pretendían que todos calláramos ante los nombramientos a dedo e ilegales en la Cancillería.

La Historia nos enseña que tarde o temprano, los pueblos ejercen su derecho a la legítima defensa, cuando así lo consideren necesario ante algún tipo de agresión o lesión a sus derechos laborales. (1) ¿Dónde estaría el mundo moderno, si no se hubiese dado la Revolución Francesa? Estaríamos tributando, sirviendo, besándole el anillo, e inclinándonos ante dis que ¨nobles¨, y emperadores. Para los empresarios, fue más fácil el ver y gozar los beneficios de la Revolución Industrial, que el considerar los daños colaterales y el impacto que las nuevas formas de producción tenían sobre los trabajadores, los niños, las familias, la salud y el medio ambiente.

Considerando la evolución del hombre a través de la Historia, y la gran trayectoria democrática de Costa Rica, debería de ser fácil el comprender que de ningún modo el Gobierno, debería de limitar los derechos consagrados de los ciudadanos, ni el decirle a los mismos, cuándo y cómo deben manifestar su voluntad. La libertad de expresión y el respeto a la voluntad del pueblo, son pilares de nuestra vida cívica. Ciertamente nuestra Constitución Política, sigue vigente, porque defiende con sólidos fundamentos aquellos valores y principios, que como pueblo, nos mantienen unidos y activos en pro del bien común y en defensa de nuestra Soberanía e Independencia.

Ambos sostienen y amarran el tejido social. Si el gobierno asume impropiamente la soberanía que le pertenece al pueblo, lo sufrimos todos. En este sentido, nadie en la presente Asamblea Legislativa, tiene el derecho, ni la autoridad para eliminar el derecho a la huelga. Cuando la diputada Yorleny León pretende eliminar el derecho a la huelga en importantes servicios e instituciones públicas, también le está negando el mismo derecho a una gran cantidad de empleados privados, quienes están siendo contratados por aquellas por medio de la tercerización de los servicios (encadenamientos productivos).

Algunos están dolidos y resentidos con lo que alegan son pérdidas ocasionadas por la reciente huelga contra el Combo Fiscal. Pero como dice el editorial de La Extra: el ¨Gobierno debe replantear su eje hacia los intereses de la población y no enfocarse a beneficiar a algunos grupos económicos empoderados de la sociedad costarricense¨ (2)

Según el erudito Noam Chomsky, al promover la inseguridad laboral, los empleados no pedirán aumentos, no irán a huelga, ni pedirán beneficios, por lo cual, al fin de cuentas los únicos mayormente beneficiados, serán las empresas.

Al eliminar el derecho a la Huelga para importantes sectores de la población, la diputada manifiesta su desconocimiento de los derechos fundamentales del hombre. Pues si bien es cierto, el ser humano, tiene derecho al trabajo, tampoco está obligado al trabajo forzoso o por medio de la coerción. Y en este sentido, si el Proyecto 21.097, pretende que los trabajadores se mantengan en sus puestos de trabajo, a pesar de patentes o manifiestas amenazas contra sus derechos o ante el menoscabo de sus condiciones vitales o laborales, está en un error. Ningún ser humano debería de ser obligado a trabajar contra su voluntad. El ser humano y su libertad de elección, existen antes de que se crearan las empresas y las relaciones laborales. Si bien es cierto la Biblia y nuestros padres, nos enseñaron que el trabajo es bueno, y que el vagabundo que cree tener su plato asegurado, está equivocado. No debe de ser el Estado el que decide si usted trabaja o no, porque no sólo de pan vive el hombre! Tarde o temprano, ricos y pobres ven, que el dinero no lo es todo, y que con coraje hay que salvar la dignidad y aquellas cosas que logran hacer la vida y el trabajo, verdaderos agentes de motivación. Por lo tanto, si un ciudadano, decide no trabajar, es su decisión y se debe de respetar. No con eso, deja de estar exento de afrontar las consecuencias, malas o buenas. ¡Una cosa es que el Estado proteja al individuo y otra cosa, el que lo amarre!

Nos parece enfermiza la idea de que nuestro destino o propósito en la vida es trabajar, y no que el trabajo es tan sólo una parte (muy valiosa por cierto) de la vida.

La relación laboral, es bilateral, es un acuerdo. No una imposición, basada en relaciones de poder social o económico. El trabajo digno, debe de ser ante todo, un pacto de buena voluntad asumido libremente por ambas partes. Dónde estaríamos si los ciudadanos tuvieran que esperarse para que un juez o autoridad les diga si pueden manifestarse en huelga o no, tal y como propone la diputada. (3) Las manifestaciones ciudadanas, aunque le incomoden a los intereses creados, son un fenómeno social, cuya represión, es tan grave como la represión de la libre empresa.

Cierto que el derecho a la huelga, no debe de ser irrestricto. Los tiempos han cambiado, y por supuesto que hay que distinguir entre la huelga como una medida de presión y las otras anacrónicas medidas de presión, que ya no calzan con la sana convivencia y el respeto a los demás, como el impedir el libre tránsito de otros ciudadanos, el bloqueo total de calles y carreteras.

La reciente historia, no está exenta de muchos ejemplos, de cómo las autoridades y las fuerzas patronales, han atentado no sólo contra los derechos civiles, sino también contra los derechos laborales y las leyes vigentes. Todavía no han entrado con fuerza el Combo Fiscal Ley 9635, y ya algunos historiadores nacionales, nos dan la razón, cuando se señaló que la injusticia, no debe de ser rubricada como parte de nuestro bloque de legalidad y que la misma Sala IV erró al revisar y aprobar tal ley. (4) El llamado a cuentas de expresidentes, autoridades y diputados, ante la justicia y la opinión pública no cesará.

Dicen los propulsores del Proyecto 21.097, que esta ley propiciará que se dé el ¨arbitraje¨, para evitar que los ciudadanos recurran a la huelga. Se pretender ignorar los hechos recientes: el mismo presidente se reusó a reunirse con los líderes de las organizaciones sindicales, el silencio ante las medidas arbitrarias aplicadas contra los trabajadores del Puerto de Moín, cuando se les impidió recibir cargueros, a fin de alimentar las arcas de APM Términals. Cuando se escribió el artículo: APM Terminals La riqueza para Holanda y las migajas para Limón, no se pensó que el gobierno de turno llegaría a los extremos de pretender aniquilar cientos de empleos, y dejar perderse valiosa y muy útil infraestructura del Estado.

Esa propuesta de ¨arbitraje¨, contrasta con la elaboración ¨intra puertas¨, o a escondidas del proyecto de ley para Regular a Uber, sin consulta popular, ni a organizaciones y que terminó siendo un ¨mamarracho¨, que da vergüenza ajena, rápidamente repudiado por muchos, pero no por el gobierno. ¡Tampoco hubo suficiente consulta sobre los producto de la Canasta Básica que serán gravados con más impuestos! Contrasta también con el intento fracasado de imponerle al pueblo el uso del Etanol, otra vez, sin consulta, ni misericordia agregando más costos al combustible, cuando ya el pueblo, carga muchos impuestos indirectos, (como el Impuesto Único a los combustible) y decenas de otros más, disimulados u ocultos. Contrasta con la falta de consulta al pueblo, de si Recope debe o no subsidiar con sus ingresos o nuestros impuestos, la investigación y el financiamiento fácil para nuevas empresas privadas! Lo que contrasta con el ¨lobby¨, practicado por el sector turístico, cooperativas y otros para no ser afectados por el Combo Fiscal! Tan odiada es la incultura, del ¨lobby¨, en Norteamérica, como en Europa, y sin embargo, ya algunos diputados, quieren formalizarla con un proyecto, con tintes de inconstitucional y de tan mal gusto como el que ministros y diputados se reúnan en casas de habitación para dialogar sobre asuntos públicos, sin llamar a la prensa. (5)

¡Gracias a la libertad de expresión, las redes sociales, y al despertar de los ciudadanos que cada vez más reconocen la importancia de la ¨rendición de cuentas¨ (CP. Art. 11), se espera que en adelante, no les será tan fácil a los gobernantes el salirse con la suya, cuando pretendan el actuar al margen de la ley o el atentar contra la Soberanía del Pueblo costarricense!

1- https://www.larepublica.net/noticia/huelga-es-huelga-y-nadie-podra-impedirla-sindicatos

2- http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/387746/dejemos-de-lado-los–proyectos-chayote

3- http://proyectos.conare.ac.cr/asamblea/21097.pdf, (El tiempo no nos permite, por ahora, el comentar otros desaciertos, silogismos, falacias del Proyecto 21.097)

4- https://semanariouniversidad.com/cultura/el-libro-esencial-que-nadie-lee-en-costa-rica/

5- https://semanariouniversidad.com/pais/regular-el-lobby-esto-propone-un-nuevo-proyecto/

 

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