La Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó, categóricamente, la disminución injustificada al presupuesto que, por mandato constitucional, les corresponde a las universidades públicas y, al mismo tiempo, censuró toda forma de imposición de las agendas políticas.
La postura de esta casa de estudios superiores surgió como respuesta a la moción aprobada por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para modificar el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y rebajarle diez mil millones de colones (10 000 000 000) al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario, la UCR recordó que los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política garantizan el financiamiento de la educación pública, incluida la universitaria estatal –así como su patrimonio y rentas–. Por tanto, la disminución planteada es improcedente, pues vulnera el texto constitucional que prohíbe la abolición o disminución de los recursos financieros de la educación superior.
El Órgano Colegiado aseguró que las eventuales rebajas implicarían, en el peor de los casos, un decrecimiento tanto real como nominal para el presupuesto universitario, lo cual se constituiría en un precedente catastrófico y sin antecedentes para la educación del país.
Sesión permanente
Debido a la preocupación que causa esta situación, el Consejo Universitario se declaró en sesión permanente, con el propósito de poder definir las acciones relacionadas con la afectación por el posible recorte al FEES y determinar las medidas pertinentes para promover la participación activa de la comunidad universitaria, al igual que las posibles actividades que se deban realizar en defensa de la educación pública.
Adicionalmente, el Órgano Colegiado acordó gestionar una reunión de urgencia con las diputadas y los diputados, con el fin de que ambas partes expongan sus criterios y se analicen las implicaciones de la disminución al FEES.
Los recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior se utilizan en beneficio de los sectores más vulnerables de la población, al favorecer una mejor redistribución de la riqueza y la democratización del acceso a la educación superior, convirtiéndose, de esta manera, en un medio de movilidad social para los estratos bajos y medios de la población costarricense.
Alejandra Amador Salazar
Periodista, Consejo Universitario
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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