PRIVILEGIADOS ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA

Hernán Alvarado

“…El poder debe ser de la sociedad, no de los socios del grupo en el poder[1]

[1] Luis Fernando Núñez. Epígrafe de la Ley 8364, referida al final.

Entre los enemigos internos de la democracia representativa, una pareja viene cobrando un especial protagonismo: el demagogo y el falso periodista. Juntos trabajan a diario socavando sus fundamentos. Ambos faltan a la verdad con premeditación, alevosía y ventaja. El demagogo estafa al electorado diciendo lo que no hace y haciendo lo que no dice. Su oficio decepciona, desprestigia la política y promueve la apatía. Antes ha existido pero nunca tan atrevido y prepotente. Los verdaderos periodistas de pensamiento crítico siempre lo han combatido. A muchos les ha costado la vida. La lista sería interminable, baste recordar al colombiano Jaime Garzón (1960-1999) o a Parmenio Medina (1939-2001). En América Latina, hubo 31 asesinados el año pasado, 9 más que en el 2017[2].

Aquel “político” corrupto prefiere al otro “periodista”, al profesional de la omisión y la mentira, al divulgador de astucias que “presuntamente” resguardan los lujos y privilegios del 1% de la población. Ellos han preparado el terreno a las noticias falsas (fake news), a las campañas de odio, a las demandas y juicios falsos que ya facilitaron el retorno del neofascismo, como es el caso paradigmático de Brasil.

Ambos se empeñan últimamente en desprestigiar a las instituciones públicas y a sus empleados, haciendo la campaña más sucia y larga que se recuerde. En su retórica falaz, convenciones colectivas y pluses son los causantes de la “crisis” fiscal[3]. Para ellos, los trabajadores públicos son privilegiados con pensiones de lujo y vagos que suspenden servicios esenciales.

Para el falso periodismo, lujo y privilegio es cualquier conquista laboral que el empresariado no reconoce a sus trabajadores. Hay que prevenir que éstos se contagien. Facilita, por ejemplo, el proyecto que restringirá aún más el derecho a huelga. Derecho que los empresarios nunca han concedido a sus asalariados, quienes no han podido ni sindicalizarse. ¡Así son de “democráticos”!

El último invento se llama “pensiones de lujo”, pronto convertidas en “pensionados de lujo”, para incluir al Magisterio Nacional. Se justifica así un impuesto confiscatorio que ronda el 57% y en algunos casos el 60%. Se le llama “contribución solidaria”. Nombre precioso, si se aplicara también, por ejemplo, a los ingresos de los más ricos, a sus tierras ociosas, a los dividendos de sus empresas o a los intereses usureros. Eso sí sería realmente solidario y equitativo, más allá del eufemismo que disfraza otro asalto “legal”.

Está muy bien que se detecten los abusos y se eliminen, pero está muy mal que se usen para atacar derechos legítimos, adquiridos por quienes han cotizado para su pensión durante toda su vida laboral. Cuando una ley es injusta (cuando es discriminatoria) lo justo es rebelarse contra ella, al decir de Mahatma Gandhi (1869-1948). Cuando viene de la Asamblea Legislativa y del Gobierno, supuestos garantes de los derechos humanos, solo queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una pensión de lujo nada tiene que ver con el monto absoluto de la misma, sino con la relación que guarda con lo cotizado. Las pensiones altas corresponden normalmente a cotizaciones altas y son tan pocas que es ridículo asociarlas con el tema fiscal, porque es como pellizcar un elefante[4]. Tampoco se vale relacionar esas pensiones con que muchos no obtienen una pensión digna. La causa es que tampoco han tenido un salario justo[5]. El salario mínimo no alcanza para cubrir ni las necesidades básicas y demasiados patronos eluden pagarlo. Hace años los aumentos salariales no se negocian, se decretan. Costa Rica figura hoy entre los países más desiguales de América Latina. Otro legado “democrático” del neoliberalismo.

La “prensa vendida” (como le grita la gente en la calle) no dice que las pensiones del magisterio se cargan al presupuesto porque ningún gobierno ha cumplido con el fondo que debió haberse creado, desde 1958, por mandato de la Ley 2248. Todos los gobiernos posteriores se han dado el lujo de incumplir la ley, desviando a gasto ordinario las contribuciones de los pensionados. Como ha reiterado Vernor Arguedas, es el desvío más “colosal” de la historia patria[6]. Robarle la cartera a un pensionado en la calle es un delito, pero si el gobierno le extrae ilegalmente millones de colones a todos se llama “solidaridad” fiscal. Este Gobierno se dio el lujo además de correr dos semanas, arbitrariamente, el pago de las pensiones. Tratar así a los adultos mayores que más han contribuido a la construcción de esta democracia es simplemente inaceptable.[7] ¿Qué pueden esperar las demás personas?

El término “pensionado de lujo” solo sirve para ocultar a los verdaderos defraudadores de la hacienda pública y allanar el camino a los proyectos legislativos que, recientemente, tuvieron que ser retirados para remendarles sus evidentes defectos técnicos y lesiones constitucionales. El tope a las pensiones disimula mal su verdadera intención, cual es seguir privatizando los fondos de pensión, tan codiciados por el sector financiero[8]. A pesar de que son negocios que vienen siendo cuestionados a escala internacional.

Un privilegio, según la RAE[9], es una dádiva exclusiva que concede un “superior”, así que culpar de esto al “inferior” también tiene nombre, se llama cinismo. Ningún trabajador del sector público se ha opuesto nunca a que los demás gocen de los mismos derechos. No cabe entonces acusarlos de buscar privilegios. La semántica no da para tanto, pero justo a eso se dedica el falso periodista, a torcer conceptos. Según conviene al voraz neoliberalismo que saquea este país gobierne quien gobierne. Ideología anti política cuyo modus operandi consiste en producir las “crisis” que capitalizan sus clientes. Porque privatizar produce libertad, pero a un grupito de privilegiados que no se sacian con ningún lujo. Nunca para sus empleados, nunca para los micro empresarios.

Los verdaderos privilegiados no tuvieron que salir a la calle para que el “plan fiscal” quedara a su medida[10]. Fueron premiados en plena “crisis” fiscal con una amnistía tributaria por no pagar sus impuestos[11]. Además, sostuvieron exenciones tributarias que casi son del mismo tamaño del déficit[12]. El remiendo fiscal ignoró lo que, hace más de un siglo, el presidente Alfredo González Flores (1877-1962) había resumido así: que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Simple y claro. Pero este honorable presidente fue derrocado por un traidor a la patria, fiel guardián de los lujos y privilegios de la clase dominante. El problema fiscal solo tiene una solución seria, responsable y sostenible: una reforma tributaria justa y progresiva. Tarea que ha quedado una vez más postergada.

Los verdaderos privilegiados evaden y eluden sus tributos[13], declaran cero ganancias y las disimulan en “paraísos fiscales”. Ellos se roban el impuesto de ventas, que de recaudarse invalidaría por si solo la palabra “crisis”[14]. De paso, se enriquecen con la deuda pública, cuyos intereses son cada vez más altos. Incluso se dan el lujo de no pagarle a la CCSS, entre ellos algunos importantes empresarios que imitan al Gobierno. Sin embargo, hay quienes tienen el descaro de repetir que privilegiados son los asalariados y pensionados del sector público, a quienes se rebaja automáticamente sus respectivas cuotas y crecientes impuestos. Algo que se omite “inocentemente” cuando se publican los montos nominales de las pensiones.

Para complacer a sus clientes, el Gobierno enfrentó al pueblo organizado, sin que le importara acreditarse la más patente violación del artículo 9 de la Constitución de la República, desde que se reformara en 2003. A vista y paciencia de una Corte Suprema de Justicia que se tragó el anzuelo de la “crisis” fiscal. Amañada y diabólica “crisis”[15] denunciada por su propia y pírrica “solución”. A la vez genial, ya que habrá que seguir pagando un endeudamiento creciente, a beneficio de los inversionistas.

Privilegiados son quienes venden electricidad al ICE más cara que la que produce y hacen clavos de oro con nuestra red eléctrica y de telecomunicaciones. Los mercaderes de la educación privada de dudosa calidad, que lucran con un derecho humano. Los proveedores que mantienen secuestrada a la ARESEP[16], contra su propia ley, para que los servicios públicos se regulen a conveniencia, antes que servir a los usuarios. Los que acceden a los bancos públicos para obtener sus ganancias privadas con el dinero de todos, mientras las pequeñas empresas sueñan con la banca de desarrollo. Encima, no faltan quienes roban. ¿Privilegiados? Los que obtienen sus ganancias de las pensiones. Los que lucran con las emergencias y las reconstrucciones, porque la Comisión Nacional de Emergencias tampoco cumple con su ley, que manda a hacer prevención, lo que sería más seguro y barato. Negocio que hoy ronda el 2% del PIB y sigue creciendo.

No faltarán quienes repliquen que esos no son privilegios, sino derechos; no son lujos, sino incentivos a la inversión. El falso periodismo nunca pondrá el dedo sobre esos renglones porque la “red de cuido” comienza ahí, con la agenda de prensa. Lo que ninguno sabía es que somos “estúpidos”, pero no “idiotas”[17].

Ante esta debacle de la democracia representativa, solo queda un camino: más democracia y más democracia, como recomendó Antonio Gramsci (1891-1937). Sobre su crisis nauseabunda se alza un último bastión de la patria: la reforma del artículo 9 de la Constitución, que implica construir una democracia “participativa”[18], es decir, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

Solo así tendríamos un Gobierno realmente popular, representativo, alternativo y responsable, como reza ese artículo. A la par de los “poderes” estaría el “Pueblo”, mediante la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. A ella rendirían cuentas el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se acabaría así la impunidad jurídica, política y electoral. ¿Utopía? Mandato constitucional.

Esa reforma constitucional dejó a Costa Rica, en el papel, entre las democracias más avanzadas del mundo. De haberse asumido seriamente, hoy tendríamos sindicatos, instituciones, empresas y partidos políticos verdaderamente participativos. Revolución democrática que seguirá pendiente pero jamás contará con el apoyo de demagogos y falsos periodistas; mismos que han guardado al respecto un hermético y cómplice silencio que dura ya 16 años. Mientras tanto seguiremos padeciendo un mal gobierno tras otro en esta democracia que es más ficticia que real para la mayoría de la gente.

Son los ciudadanos de a pie, la mayoría “silenciosa”, los únicos capaces de prestar voz al Soberano. Éste espera gente organizada que despierte a la defalcada Costa Rica. Bella durmiente que cumple su bicentenario soñando con ser una nueva democracia, procurada por la práctica cotidiana de las personas justas y honestas que abundan en este país[19].

[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

[3] Aunque recortar beneficios a 142.000 empleados públicos solo represente el 0,14% del PIB.

[4]  Pensiones del Magisterio encima de 4 millones representan sólo el 1,7%. “Noticias falsas, distorsiones mediáticas, y las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional”, Jorge García, Virginia Sánchez y María Amoretti.

[5] “Sindicatos, huelgas, salarios y pensiones”, Vladimir de la Cruz.

[6] “¿Hacia dónde vamos Costa Rica?” Yamileth González García. Divulgado por el colectivo “Jubilados en Acción”.

[7] “Una nota saliente de nuestra idiosincracia”, Sergio Reuben Soto.

[8] He ahí lo “mágico”: “De las pensiones mágicas a la magia del fondo de pensiones”, Jorge Danilo García y Álvaro Vega.

[9] Real Academia Española.

[10] Según declaró la Ministra de Hacienda el 20 de agosto de 2018, la “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” perdió un 0,3% del PIB en el proceso de negociación.

[11] Complaciendo a la UCCAEP, se condonaría el 100% de los intereses y el 80% de la multa.

[12] Según estudio de Hacienda del 2017, las exenciones para la empresa privada son el 60% del total.

[13] En un estudio de Hacienda el incumplimiento fiscal se calculó en 8,22% del PIB, después, con otra metodología, quedó en 4,6%.

[14] Al menos del 2% del PIB, bastante más que lo que recaudará el Plan Fiscal.

[15] Fórmula diabólica: falso periodismo + demagogia, denunciada también en: “Se nos metió el diablo a la casa: Ellos vienen por todo”, José Solano Alpizar.

[16] Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

[17] Palabras tristemente célebres del diputado Melvin Núñez, de Restauración Nacional.

[18] Ley 8364, Gaceta # 146, 31 de Julio de 2003. Iniciativa de la diputada y maestra Joycelin Sawyers Royal, primera mujer afro-descendiente en obtener el premio Mauro Fernández Acuña.

[19] El “Movimiento que construye territorios seguros”, por ejemplo, está repleto de ellas.

Enviado a SURCOS por el autor.

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