Este sábado 11 de octubre de 2025, la Fundación Caminantes de Costa Rica y el Grupo de Adultos Mayores Andariegos invitan a la comunidad a participar en una Prueba de Esfuerzo Física abierta y solidaria, que se realizará en la Plaza Roosevelt de San Pedro, costado este, zona de juegos.
Durante la actividad, las personas podrán conocer sus destrezas y habilidades, presión arterial y frecuencia cardíaca, mediante una evaluación sencilla, útil y práctica. La jornada se desarrollará entre las 8:00 y 9:00 de la mañana, en un ambiente comunitario que promueve la salud y la prevención.
La participación es mediante contribución voluntaria y las inscripciones están abiertas. Se recomienda asistir con ropa deportiva cómoda y calzado apropiado.
Para más información, puede comunicarse al teléfono 7189-4252.
Hay momentos en la vida de los pueblos en que el clima político deja de ser una simple disputa de ideas y se convierte en un campo emocional roto, donde ya nadie escucha, donde cada palabra es un arma y cada diferencia una traición. Costa Rica atraviesa hoy una de esas etapas. Lo que vivimos no es una discusión democrática más: es el peligroso preludio de un divorcio nacional. La polarización no es una estrategia electoral, es el síntoma de un quiebre social más profundo, el de una comunidad que perdió la capacidad de convivir.
Cuando una pareja se separa (algo cada vez más común en nuestra sociedad), no lo hace por un desacuerdo puntual, sino porque se ha quebrado algo más profundo: la confianza, el afecto, la voluntad de entenderse. Exactamente eso ocurre hoy entre el oficialismo y las oposiciones. Ya no se discute sobre proyectos o presupuestos, sino sobre la legitimidad del otro para existir en la esfera pública. En ese ambiente, la democracia deja de ser un espacio de deliberación y se transforma en una lucha por la supervivencia simbólica.
La comparación no es exagerada. En un matrimonio, el divorcio permite a cada parte tomar su camino, cambiar de casa, recomenzar. Pero en un país no existe esa salida. Todos habitamos el mismo territorio, usamos las mismas instituciones, compartimos un destino común. Y esa imposibilidad de “irse” hace que el conflicto sea más peligroso, más visceral. La lucha por el poder se transforma en una pelea por la casa: quién manda, quién se queda, quién tiene derecho a hablar.
Las recientes declaraciones del diputado oficialista Jorge Rojas, invitando a las oposiciones a abandonar el país porque, de lo contrario, los seguidores del chavismo los van a “desterrar”, son una señal inequívoca de ese divorcio. Ya no se trata de diferencias ideológicas, sino del lenguaje propio de una implosión en ciernes. Cuando se niega al otro la posibilidad de estar y disentir, lo que se anuncia no es el triunfo de una parte, sino el colapso de la comunidad política y el fin del pacto social.
Costa Rica, por décadas, fue ejemplo de moderación, equilibrio y respeto entre visiones distintas. Ese fue nuestro orgullo: que podíamos discutir sin rompernos. Pero algo se fracturó. En nombre de la libertad individual, por ejemplo, hemos desmantelado todos los vínculos que nos unían: la religión, la familia, los partidos políticos, la noción misma de comunidad, incluso la identidad nacional. Hoy la “libertad” se usa para justificar el aislamiento, la desconfianza hacia el régimen democrático y el desprecio mutuo. Hemos liberado al individuo de todo, incluso de su responsabilidad y conciencia colectiva.
En esa deriva, la palabra “libertad” ha sido prostituida hasta volverse sinónimo de aislamiento. Ya no significa participar, sino desprenderse; no implica responsabilidad, sino ruptura y ataque. Y una sociedad formada por individuos que sólo se representan a sí mismos, incapaces de reconocerse en algo común, está condenada a dividirse, a perder su alma cívica y ser liderada por tiranos.
El resultado de esto es un ciudadano sin raíces, sin memoria histórica, sin comunidad, sin un “nosotros” que lo contenga. Ortega y Gasset advirtió sobre ese fenómeno en La rebelión de las masas: cuando el individuo común, despojado de toda pertenencia espiritual y cultural, se cree autosuficiente y se convierte en una masa amorfa, sin proyecto, sin norte, movida más por impulsos destructivos que por ideas. Esa masa, incapaz de crear, pero llena de resentimiento, termina por volcar su frustración contra todo lo que la trasciende: las instituciones, la tradición, la cultura, la historia. Ya no busca construir, sino arrasar.
Costa Rica vive hoy ese proceso: el del divorcio de su propia idea de nación. Entre el oficialismo y las oposiciones no hay ya un lenguaje compartido, sino dos mundos que se desprecian mutuamente. No es una diferencia de matices, sino de principios; no es un desencuentro, sino una fractura. Y el peligro es que, al no poder separarnos físicamente como en un matrimonio, el conflicto se quede encerrado en la misma casa: este país pequeño, donde cada habitación —la Asamblea, los medios, las redes, la calle— se convierte en un campo de batalla.
Si no reencontramos un sentido de comunidad, si no reconstruimos el nosotros que alguna vez nos sostuvo, el divorcio será irreversible. No quedará patria, sino ruina compartida y caos social.
En tiempos donde las grandes corporaciones agroindustriales imponen sus intereses sobre los territorios, las semillas y la vida misma, la soberanía alimentaria emerge como una iniciativa política de los pueblos. Es el derecho de las comunidades a decidir qué producir, cómo alimentarse y de qué manera cuidar la tierra que les sostiene. En Costa Rica, este principio se teje con fuerza desde la Economía Social Solidaria (ESS) y los Circuitos Económicos Solidarios (CES) impulsados por la Red Nacional de Economía Social y Solidaria (RedESS).
La soberanía alimentaria como resistencia
Durante más de tres décadas, el modelo neoliberal ha erosionado los tejidos comunitarios, desplazado a pequeños productores y subordinado la alimentación al mercado global. En contraposición, los movimientos solidarios costarricenses han defendido la producción agroecológica, los saberes ancestrales y la autogestión territorial, construyendo desde abajo alternativas concretas frente al poder corporativo de las transnacionales.
Los mercados solidarios, las canastas agroecológicas y las redes locales de intercambio son ejemplos de cómo la soberanía alimentaria se materializa en prácticas cotidianas. No se trata solo de producir alimentos, sino de recuperar el control sobre los medios de vida y sobre el sentido del trabajo, priorizando el bienestar colectivo sobre el lucro.
Tejiendo redes de esperanza
Entre 2020 y 2024, la RedESS demostró que la organización comunitaria puede sostener la vida en medio de la crisis. Frente al colapso de los mercados globales durante la pandemia, las redes territoriales solidarias distribuyeron alimentos, equipos y apoyo mutuo, canalizando recursos con transparencia y equidad. Así se confirmó que la solidaridad organizada es más eficaz que la caridad vertical, y que la soberanía alimentaria se construye desde la confianza y la cooperación.
Cada mercado solidario, cada semilla intercambiada, cada compra de productos alimentarios campesinos, representa una forma de resistencia frente al dominio de las corporaciones que mercantilizan la comida, privatizan el agua y destruyen los suelos.
Contra el acaparamiento y por el bien común
El avance de las transnacionales agroalimentarias amenaza la diversidad biológica y cultural. Su poder se sostiene sobre la concentración de tierras, el control corporativo de los mercados de productos alimentarios, y la manipulación genética de semillas. Frente a ello, los pueblos deben reivindicar su derecho a cultivar, compartir y decidir. La soberanía alimentaria no puede ser garantizada por el mercado: solo los pueblos organizados pueden protegerla.
Llamado a la acción
Hoy más que nunca, defender la soberanía alimentaria es defender la vida. RedESS hace un llamado a:
Fortalecer los circuitos económicos solidarios, que unen productores y consumidores conscientes.
Apoyar la producción agroecológica local, libre de agroquímicos y de dependencia corporativa.
Exigir políticas públicas que reconozcan a la ESS como pilar del desarrollo territorial sostenible.
Promover la educación y comunicación popular, para visibilizar las luchas de las comunidades rurales y urbanas.
Construir alianzas latinoamericanas, porque la soberanía alimentaria no tiene fronteras.
La soberanía alimentaria no es una utopía lejana. Es una práctica viva que germina en los huertos comunitarios, en los mercados solidarios y en las manos que siembran con amor y dignidad. Es la respuesta de los pueblos frente a un sistema que pone precio a la vida.
Defendamos la soberanía alimentaria. Resistamos la dominación transnacional. Alimentemos el futuro desde la solidaridad.
Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional – FEUNA
Este viernes 10 de octubre, la Semana U 2025 – Vol. 2 abre un espacio de reflexión con el Conversatorio Gaza–Israel: del cerco informativo a la evidencia de un genocidio, que interesa la justicia internacional.
Con la participación del Dr. Nicolás Boeglin (UCR) y la M.Sc. Wajiha Sasa, Cónsul Honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica.
Sala de Exrectores, Biblioteca Joaquín García Monge – 2:00pm.
Un diálogo crítico para entender mejor la realidad global y su impacto en la justicia internacional.
El Partido Vanguardia Popular (PVP) condena enérgicamente la decisión del Gobierno de la República Dominicana de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la X Cumbre de las Américas, a realizarse del 1 al 5 de diciembre de este año, una medida que constituye un acto de sumisión política ante los intereses del imperialismo estadounidense y una afrenta a los principios de soberanía, autodeterminación y unidad de los pueblos de nuestra América.
Esta exclusión, presentada cínicamente como un paso “para garantizar el éxito del encuentro”, repite el libreto impuesto por Washington y la Organización de Estados Americanos (OEA), al margen del derecho internacional y de los valores históricos de integración y solidaridad que han guiado a los pueblos latinoamericanos y caribeños en su lucha por la independencia.
El PVP respalda plenamente los diversos pronunciamientos de organizaciones sociales y políticas de Nuestra América que han alzado su voz con dignidad contra esta medida vergonzosa y servil.
La exclusión de países hermanos que han resistido con valentía los bloqueos, sanciones e injerencias del imperialismo norteamericano representa una agresión contra toda la Patria Grande, una herida al principio de que América Latina y el Caribe deben ser una Zona de Paz, sin bases militares extranjeras ni amenazas contra la soberanía de nuestros pueblos.
El Partido Vanguardia Popular llama a los gobiernos progresistas, a las fuerzas revolucionarias y a los movimientos sociales de la región a fortalecer la unidad, la solidaridad internacionalista y la integración soberana de nuestros pueblos, en defensa de la independencia, la justicia social y la paz verdadera.
El productor y dirigente cafetalero Fernando Naranjo Retana presentó una propuesta de Modelo de Gobernanza Regional Participativa para la Zona de Los Santos, que abarca los cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, la cooperación intermunicipal y la sostenibilidad cafetalera y ambiental de la región.
El documento, titulado “Modelo de Gobernanza Regional Participativa para la Zona de Los Santos”, se inspira en los principios de la democracia suiza, caracterizada por la autonomía cantonal, la toma de decisiones colegiada y la participación ciudadana mediante referendos y consultas frecuentes. Naranjo propone adaptar ese modelo a la realidad de Los Santos, integrando la cultura cafetalera, la identidad local y la protección ambiental.
Estructura del modelo
El esquema propuesto contempla la creación de una Mancomunidad de Los Santos/Tarrazú, que funcione como un Consejo Intermunicipal Colegiado con representación de los tres gobiernos locales. Este órgano tendría a su cargo la coordinación política, la planificación estratégica y la administración de proyectos regionales.
Además, se plantea un Consejo de Cooperativas, conformado por Coopetarrazú, Coopedota, Coopesantos, Coopesanmarcos, la Comisión Pro-Rescate de la Caficultura, microbeneficios y productores independientes, con el fin de promover acciones conjuntas en materia de caficultura sostenible, comercialización y fortalecimiento del sector.
En el ámbito local, se proponen Consejos Distritales con poder deliberativo y presupuestario, orientados a fortalecer la democracia directa y la participación de las comunidades en la definición de prioridades y uso de los recursos.
Democracia directa y participación ciudadana
El modelo propone implementar consultas cantonales periódicas sobre proyectos estratégicos, presupuestos participativos y espacios de deliberación y educación cívica, con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad y el control ciudadano sobre las decisiones públicas.
Gestión cafetalera, ambiental y de carbono compartida
Entre los ejes centrales se incluye la protección de cuencas y bosques, la optimización de la producción bajo la Denominación de Origen Tarrazú, y el impulso de programas de sostenibilidad, agroforestería y carbono compartido. Estos esfuerzos buscan consolidar un equilibrio entre productividad, conservación ambiental y resiliencia climática.
Beneficios esperados
Según Naranjo, presidente de la Junta Directiva de ICAFE, la implementación del modelo generaría beneficios tanto sociales como ambientales:
Mayor control ciudadano sobre las decisiones locales.
Cooperación intermunicipal que incremente la eficiencia en el uso de recursos.
Fortalecimiento de la identidad y marca regional.
Consolidación de una caficultura sostenible y ambientalmente responsable.
Acciones prioritarias
El documento propone una ruta dividida en tres etapas:
Corto plazo (1-2 años):
Constitución formal de la Mancomunidad de Los Santos/Tarrazú.
Consultas distritales piloto.
Programas de educación cívica y ambiental.
Mediano plazo (3-5 años):
Coordinación de cooperativas y microbeneficios en proyectos comunes.
Seguimiento de carbono y sostenibilidad.
Consolidación de presupuestos participativos.
Largo plazo (5-10 años):
Integración plena de la democracia directa en decisiones estratégicas.
Posicionamiento de Los Santos como modelo de gobernanza cafetalera sostenible.
Expansión de la cooperación intermunicipal en turismo, salud y educación.
Conclusión
Naranjo Retana resume su propuesta señalando que el modelo busca inspirarse en la experiencia suiza para construir una gobernanza regional adaptada a las condiciones sociales, económicas y ambientales de la Zona de Los Santos. “La meta es fortalecer la participación ciudadana, la cooperación intermunicipal y la sostenibilidad cafetalera y ambiental, en beneficio del bienestar y la identidad regional”, afirmó.
Cuando la Presidencia de la República irrespeta la Constitución Política en una campaña electoral, incurre en fraude.
Cuando esa misma Presidencia irrespeta la legislación electoral, violentando la neutralidad que busca un trato justo entre los contendientes, incurre en fraude. Cuando también usa indebidamente recursos del Estado, para influir en la opinión de los electores a favor de candidatos oficiales, incurre en fraude. Cuando lo hace en contra de candidatos de oposición, igualmente incurre en fraude. Cuando lanza ataques soeces contra las autoridades electorales, con la evidente intención de resquebrajar la sólida confianza de los costarricenses en el Tribunal Supremo de Elecciones, incurre en fraude.
Cuando manipula las redes sociales con troles, perfiles falsos, personas inexistentes, en apoyo de «supuestos logros», para sumar simpatizantes de cara a las elecciones, incurre en fraude.
Cuando maltrata de palabra a periodistas de medios independientes, que se «atreven» a incomodarlo con preguntas de incuestionable interés público, incurre en fraude. Cuando «inaugura» obras que no se han siquiera iniciado para engañar a los habitantes, incurre en fraude.
Cuando culpa a los organismos de control del gasto, del fracaso de obras mal planificadas, como “ciudad gobierno” y una “marina en Limón”, con la intención de erosionar su ganado prestigio institucional, incurre en fraude.
Cuando sin escrúpulo alguno, se burla de la fundamental veda electoral que reafirma la prohibición a mostrar beligerancia políticade cualquier tipo, incurre en fraude.
En fin, independientemente de la magnitud de las ilegalidades cometidas, cualquiera de ellas puede ser suficiente para cambiar el resultado de una elección reñida como la que se vislumbra. Muestra de esa eventual situación, fue el triunfo de don Óscar Arias sobre don Ottón Solís, decidido por solo el 1,1 % de los votos, sin que se hubiera dada beligerancia política alguna atribuible al respetado expresidente don Abel Pacheco.
Es claro pues, que incluso una beligerancia política apenas insinuada, podría tener un efecto brutal sobre la democracia, ¡si no es sancionada!, como ha de serlo en un país de derecho como Costa Rica, pues un resultado electoral sucedido en un contexto como el resumido, sería equivalente a un golpe de Estado, de sensibles, dolorosas, irreparables, consecuencias para nuestra amada Costa Rica. La sagrada voluntad popular, expresada en votos libres de perversas ilegalidades es el cimiento más importante de la institucionalidad que nos rige, y sobre la cual se ha construido un Estado admirado en el concierto de las naciones.
Por todo lo anterior, si en este momento histórico al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, se le ha de juzgar por numerosas causas de beligerancia política, y para ello es menester contar con el aval de una Asamblea Legislativa consciente de su alta responsabilidad, lo que los costarricenses esperamos es que las diputaciones se liberen de intereses personales o políticos, y le garanticen al señor presidente la oportunidad de responder a las acusaciones, con las opciones que le brinda el texto constitucional y la legislación electoral.
A solicitud de los magistrados del TSE, las damas y caballeros representantes populares que temporalmente conforman el Primer Poder de la República tienen ante sí, una responsabilidad superlativa, nunca antes vista. Su histórica decisión, aunque sustentada en hechos ya sucedidos, ¡es aún más importante para el futuro de la democracia costarricense!
Y es así pues en el caso injustificable de impedir juzgar al ciudadano que hoy preside el Poder Ejecutivo, se le estaría otorgando a éste un permiso para que, impunemente, siga adelante con su muy cuestionado comportamiento. Sería cual invitación, a mostrar sin desparpajo alguno, una beligerancia política desvergonzada, irrespetuosa, descarada, con la certeza de que cuenta con legisladores que le protegen e invitan a seguir por ese camino, y que no habría nada que le impida hacer lo que le dé la gana hasta el final de su administración.
Se trata pues, de escoger entre fortalecer el sistema democrático que aspiramos heredar a nuestros hijos y nietos, o el de asumir la vergonzante actitud de ponerse del lado de los que piensan que la Patria no es más que una palabra hueca, intrascendente, sin valor alguno. Por ello, respetuosamente instamos a las mujeres y hombres que están a pocos meses de alejarse de la gran sala del Plenario Legislativo, que antes de decidir cómo votar, lo conversen al interior de sus núcleos familiares, como generalmente sucede cuando se trata de tomar decisiones trascendentales que también afectan, para bien o para mal, a sus seres más queridos.
Dejar pasar como una cosa sin importancia una decisión semejante, podría tener efectos fatales, impensables, para la Costa Rica que solemnemente, invocando al Creador, una vez prometieron defender.
Ante la denuncia por abuso sexual interpuesta contra un candidato presidencial y actual diputado de la República, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su solidaridad, respaldo y respeto hacia la joven Alicia Castillo, que ha decidido hacer pública una denuncia por abuso sexual contra un diputado y candidato a la presidencia de la República, por hechos ocurridos cuando ella tenía trece años y él treinta y dos.
Reconocemos la valentía y dignidad de quienes deciden romper el silencio frente a hechos de violencia sexual, especialmente cuando ocurrieron durante la niñez o la adolescencia. Denunciar en estas circunstancias implica enfrentar no solo el dolor personal, sino también las estructuras sociales, políticas y mediáticas que históricamente han revictimizado a las mujeres y minimizado las agresiones cometidas por figuras con poder.
Recordamos que, en Costa Rica, los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad tienen un régimen especial de prescripción, establecido en la Ley N.º 9685, Ley del Derecho al Tiempo, que reconoce las particularidades de estos crímenes y su impacto a largo plazo. Según esta ley, el plazo para presentar una denuncia penal comienza a correr a partir de que la víctima cumple los dieciocho años, y puede interponer la denuncia hasta veinticinco años después de esa fecha. Este marco legal reafirma el derecho de las víctimas/sobrevivientes a buscar justicia incluso muchos años después de los incidentes de violencia sexual.
El hecho de que el denunciado sea actualmente diputado de la República y aspirante a la presidencia plantea una responsabilidad ética y política de mayor magnitud. El fuero parlamentario, o inmunidad, no puede ni debe convertirse en un escudo de impunidad ante denuncias de delitos sexuales, en especial aquellos que involucran a menores de edad. En un Estado de Derecho, todas las personas deben ser investigadas con igualdad ante la ley.
Por ello, el Instituto de Estudios de la Mujer se suma a las voces ciudadanas que solicitan a la Asamblea Legislativa valorar con prontitud la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria, a fin de permitir una investigación judicial transparente, imparcial y libre de interferencias políticas.
El Estado costarricense tiene la obligación internacional, derivada de la Convención de Belém do Pará y de otros instrumentos de derechos humanos, de garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violencia sexual y de protegerlas de la revictimización y la exposición mediática dañina.
Como institución académica comprometida con la igualdad y la no violencia, el Instituto de Estudios de la Mujer:
● Rechaza toda forma de descrédito por la violencia sexual sufrida o manipulación política de la víctima; exhorta a las autoridades judiciales y legislativas a actuar con celeridad, transparencia y perspectiva de género; e insta a los medios de comunicación a abordar el caso con responsabilidad ética y enfoque de derechos humanos, evitando discursos que perpetúen la desconfianza hacia las mujeres que denuncian.
● El Instituto reafirma su compromiso con la lucha contra todas las formas de violencia de género y sexual, y con la defensa del derecho de niñas, adolescentes y mujeres a vivir libres de violencia.
Este caso nos recuerda la urgencia de fortalecer la educación afectivo-sexual, los mecanismos institucionales de prevención y denuncia, y la necesidad de que el poder político sea ejercido con responsabilidad, ética y transparencia.
El silencio social y la impunidad perpetúan el ciclo de violencia. Por eso, acompañar, creer y respetar a quienes denuncian es un acto de justicia y de construcción democrática.
Firma responsable: Dra. Fannella Giusti Minotre Directora Instituto de Estudios de la Mujer Universidad Nacional de Costa Rica Heredia, 8 de octubre de 2025
Días atrás tuve la ocasión de leer el motivador artículo “El cansancio moral de un país decente”, escrito por Vinicio Jarquín, a quien no tengo el gusto de conocer.
El artículo, aunque sugestivo y conmovedor, trasluce un halo de desaliento que seguramente el mismo autor no desea transmitir. Por eso, quiero aprovechar la gran audiencia que el artículo de V. Jarquín ha tenido en redes, para proponer un mensaje más esperanzador, porque incluso cuando navegamos en aguas turbulentas y no se avizora tierra cercana, nunca debemos de renunciar a ese rayo de “pesimismo esperanzador” que nos permitirá encontrar una salida. Mi visión no es opuesta a la de V. Jarquín, quizás más bien complementaria.
V. Jarquín diagnostica un malestar profundo, pero (supongo que conscientemente) nos deja en el límite de lo sintomático. ¿Y si la esperanza no es solo un «algo que volverá”, sino que puede y debe ser cultivada de manera activa y estratégica?
Jarquín describe como la mayoría decente «se ha replegado a su vida privada porque el espacio público se volvió inhabitable». Esto, aunque comprensible, indicaría una rendición tácita.
¿Y si en lugar de un simple «repliegue», lo que podría estar ocurriendo es un proceso de incubación? La gente no se está rindiendo; está buscando y creando espacios públicos alternativosdonde al menos la decencia sea una norma imbatible.
Si es así, entonces la energía no se pierde, se redirige. Pero seguramente, por el momento, la esperanza está en fortalecer las comunidades locales, reales y virtuales, nuevas esferaspúblicas donde la ética, el debate de altura y la cooperación sí funcionan.
Como lo he expresado en otro momento, en lugar de solo quejarnos de los espacios (y los algoritmos) que premian el escándalo y la corrupción, debemos apoyar con gran entusiasmo a periodistas, artistas y creadores que producen contenido sensato, riguroso, valiente y constructivo. Esto «reprograma» el espacio digital.
Jarquín dibuja a la mayoría silenciosa como agotada y sin voz. Esto, nuevamente trasluce desánimo, porque nos presenta como víctimas inermes.
¿Y si el silencio no es sinónimo de impotencia? Puede ser una elección deliberada y hasta estratégica de no participar en una conversación pública que se ha vuelto estéril y tóxica. Es un «cansancio activo» que rechaza las reglas del juego actual.
El desafío no es que esta mayoría «recupere su voz» en el mismo escenario ruidoso y ruinoso, sino que cambie el canal de comunicación.
El boicot a medios y espacios que patrocinan la vulgaridad y la violencia es imperativo. Impulsemos el voto informado y masivo en las elecciones que se avecinan. Incluso el acto deliberado de ignorar el circo mediático es una forma poderosa de actuar sin necesidad de gritar.
Cada persona que en su día a día elige la honestidad, la paciencia y el respeto, está siendo un líder activo. Esta es una revolución silenciosa pero constante.
Otro punto. La visión de Jarquín presenta el cansancio como una carga. No lo descarto, pero podemos verlo también con otros ojos, alineándonos incluso con su última y hermosa frase: «Es el alma del pueblo respirando antes de volver a ponerse de pie».
El «cansancio moral» puede ser la señal de salud de un cuerpo social que se da cuenta de que un sistema (el de la confrontación, la mentira y la vulgaridad como normas) no nos representa y no es funcional a la democracia. Puede ser el agotamiento que precede a una gran transformación. Es el fin de un ciclo, no el fin del camino.
Así, en lugar de lamentar el cansancio, es muy positivo advertir que lo estamos reconociendo a tiempo. Nos está diciendo: «Este camino no es viable. Busquemos otro».
Porque la esperanza reside en usar este momento de creciente rechazo para reflexionar colectivamente sobre qué tipo de comunicación y política (y políticos) queremos.
¿Y si este malestar es el caldo de cultivo perfecto para que surjan nuevas formas de liderazgo, nuevos modelos de diálogo y nuevas plataformas de participación que sean inherentemente más éticas, respetuosas y constructivas?
La mayoría no está en retirada, está en un proceso de reagrupamiento y redefinición de sus tácticas.
El cansancio no es el final, puede ser el síntoma de que algo está a punto de cambiar para mejor. Es la señal de que lo viejo se está agotando para dar paso a lo nuevo.
La verdadera esperanza no es una expectativa pasiva de que las cosas mejoren, sino la convicción activa de que tenemos la capacidad de construirlas mejor.
El artículo de Jarquín nos da la razón para actuar; el optimismo nos da el impulso para hacerlo.
Costa Rica enfrenta una realidad migratoria compleja: miles de personas llegan al país buscando refugio y mejores oportunidades, mientras las comunidades locales enfrentan desafíos de integración y convivencia. En este contexto, la forma en que se aborda la migración durante el presente proceso electoral es especialmente relevante, ya que los discursos políticos influyen directamente en la percepción pública y en la vida cotidiana de quienes se encuentran en situación de movilidad humana.
El próximo 16 de octubre a las 10:00 a.m., en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidenta de la República, de la Asamblea Legislativa será sede de la presentación de la “Guía de Abordaje de la Migración en la Campaña Electoral 2025-2026”, con transmisión en vivo por Facebook Live de ASIDEHU, la Asamblea Legislativa y medios aliados. En el evento participarán diferentes actores, como son: candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y diputaciones de los diferentes partidos, así como representantes diplomáticos, ex presidentes de la república, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
La Guía busca promover un debate electoral libre de discursos de odio, ofreciendo lineamientos para prevenir narrativas discriminatorias y fomentar el uso de información verificada. Su objetivo es que las propuestas políticas reconozcan tanto las necesidades como los aportes de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y desplazadas forzadas.
Tras la presentación, las candidaturas al Poder Ejecutivo y Legislativo podrán firmar un acta de compromiso voluntario para aplicar los principios propuestos por esta Guía, garantizando campañas basadas en la inclusión, el respeto y la veracidad.
El documento fue elaborado por la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio. Este espacio reúne a más de 60 organizaciones, colectivos, universidades y académicos que trabajan en temas de movilidad humana, manteniendo un carácter autogestionado y apartidario.
Con la presentación de esta Guía, las organizaciones esperan que la campaña electoral 2025-2026 se desarrolle en un ambiente democrático, plural y respetuoso de la diversidad, fomentando un debate político alineado con los compromisos internacionales de Costa Rica en Derechos Humanos.
