Rafael A.Ugalde Q.
Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Si bien es cierto el Colegio de profesionales en abogacía ya no es aquel ente -por diversas circunstancias innecesarias mencionar ahora- punto de referencia obligatorio en la confrontación de ideas nacionales para dar a los costarricenses posibles soluciones sobre el derecho humano a una jubilación digna a los y las abogadas, la mora judicial, afectación a sus litigantes por la justicia lenta y prolongada ,etc., ciertamente esperaba de este ente una reacción, como sucedió valientemente, respecto al intento de convertir a todos los notarios en una especie de “agentes encubiertos” a lo largo y ancho del territorio nacional.

El joven periodista, Vinicio Chacón, que no conozco, pero leo siempre sus ponderados trabajos en Universidad, nos ofrece una buena síntesis sobre cómo un oficio de la Dirección Nacional de Notariado DNN-UPLCFT-OF-0256-2025, con fecha del 11 de setiembre de 2025, nos amenazaba, en la práctica, con despojarnos de la función notarial y aplicarnos la ley contra drogas y terrorismo, si no cumplíamos con nuevas obligaciones; ver en https://semanariouniversidad.com/pais/direccion-de-notariado-y-colegio-de-abogados-reculan-en-imposicion-de-curso-para-notarios-sobre-reportes-de-operaciones-financieras-sospechosas/)

Confieso que el texto de la ordenanza de marras la leí seis veces, luego llamé a varios colegas para ver sí aún entendía lo que leía o, por el contrario, debía correr hacia el neurólogo o el siquiatra, porque había perdido en solo horas la capacidad de razonar. De feria – dicen que las “verdes” siempre vienen acompañadas – me llegó dicha resolución en la hora de almuerzo. Perdí la lengua en salsa.

La orden, desde el principio, no sé por qué me olió a comisionado acostumbrado a botar puertas en otros países, a capitán o capitana, coronel o coronela, que cumple disposiciones superiores sí o sí y es quien grita a sus subalternos “firmes carajo”: ¡apunten… fuego…1 Daba diez días para inscribirse en la plataforma del Instituto de Control de Drogas (ICD) y obligaba sí o si, a llevar un curso sobre el tema.

Lo refrescante de todo este intento de confundir la función notarial, el principio de rogación, el carácter de asesor neutral y objetivo de todo notario, etc.; (en las universidades serias como la U.C.R era y posiblemente sigue siendo una especialidad dura y de dedicación de muchas horas extras), es que los jerarcas de la DNN y el colegio de los profesionales en leyes dicen ahora que la orden “no constituye una disposición normativa”

No está descartado, por tanto, que a futuro tengamos una “disposición normativa” con nueva retórica insistiendo en el mismo objetivo de incorporar a los notarios y notarias obligatoriamente a tareas que corresponderían a los bancos costarricenses, a los países consumidores de estupefacientes y promotores de terrorismo y a los distintos órganos policiales. De momento, me parece valiente por parte del Colegio y la DNN, tratar de salvar la integridad física de los profesionales, víctimas en muchos países de las bandas y policías corruptas, a que me referiré más adelante.

Si bien es cierto el notario en el ejercicio de las tareas encargadas por el Estado es un funcionario público sujeto al “deber de obediencia”, evidente queda también en la Ley General de Administración Pública que esta sujeción tiene sus límites claramente precisados por aquellos diligentes Padre de la Patria que se quemaron el “coco” desde antes de 1978, dotando de regulación las relaciones entre la administración y los administrados.

El artículo 107.1 de la ley indicada señala que todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones que establece la normativa ut supra. De inmediato nos ordena no obedecer cuando el acto no provenga de un superior jerárquico sea o no inmediato.

Esta excepción tiene que entenderse en estrecha relación con el artículo 108 de la misma ley, cuando nos ordena el deber de desobedecer sí se presentan las siguientes circunstancias: a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la competencia del inferior; y b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución abuso de autoridad o cualquier otro delito.

He de confesar a este paciente lector que toda mi formación profesional es de carácter civilista, desde que estaba en la hoy escuela José María Zeledón de Miramar. Una vez la maestra me metió en un grupo llamado los “Cruz Verde” para que pusiera orden en la fila de niños que recibíamos pan con queso amarillo mandado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (antigua y entonces diligente AID de Estados Unidos), me dio un brazalete y una gorrita, diciéndome: “quien se porte mal no tendrá pan con queso”.

Hasta allí llegó mi mandato como flamante “sheriff”. La gorrita me pareció una calamidad, porque dicho símbolo de autoridad y orden había que acomodarlo cada rato en la cabeza, el brazalete me quedaba nadando en el flacucho brazo derecho y, como si fuera poco. me parecía muy cursi; a la vez, en mi inocencia muy adentro de mi, había algo que me castigaba y no sabía qué era, cuando me preguntaba cómo me sentiría sí un compañero con el que religiosamente juego en el recreo grande y hacemos bulla en el aula, se quedara sin su pan con queso amarillo, porque su amigo lo “canto”.

Reconozco la labor loable de los policías rasos en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Ellos, como los notarios, nos parecemos únicamente en que no viajamos con caravanas atrás, sirenas, estudios de inteligencia previo a un viaje derivado de los altos cargos ocupados, ni vamos a la casa con chofer asignado, atrás o muy cerca alguien hace de guardaespaldas, ni tenemos anillos de seguridad ni nada de eso. Somos rasos, en eso, solamente nos parecemos.

Por experiencias acaecidas en países vecinos, cuyos gobiernos han tratado arbitraria y sin mayor rigor científico revolver el ejercicio de profesiones liberales con actividades policiacas o militares, sabemos ya como dicho coctel siempre termina en tragedia. Miles de familias destrozadas, cientos de funcionarios públicos, abogados, médicos etc. eliminados y más de un millón de jóvenes víctimas del hambre, porque perdieron su manutención, mientras los burócratas responsables de tales ocurrencias, verdaderamente criminales, salvan de todas responsabilices al Estado, a fin de resguardar sus pellejos.

Durante un reciente juicio en que salió condenado el expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, quedó demostrado que el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano -de paso, recordemos que, países de la región fueron asesorados y compraron servicios a él – no solo recopilaba importante información de carácter militar y policiales, sino además compartía sus datos sensibles sobre jueces, periodistas, abogados y funcionarios públicos en general con el ejército, narcotraficantes y paramilitares.

Esto permitió la infiltración de los poderes judiciales, el ejecutivo, el legislativo y casi todas las entidades por las cuales pasó el DAS; y si a ello agregamos el programa espía Pegasus, que en México, por ejemplo, negaron su existencia los gobierno conservadores antes de 2018, sus consecuencias hasta la fecha es una verdadera tragedia para todos los profesionales que ejercieron su trabajo vestidos de civil y sin ninguna capacitación policial.

Me temo que de algún lado vino la orden de enviar al matadero a estos inocentes profesionales esposos, padres e hijos, como parte de una planificada campaña de “sensibilización” sobre la inseguridad en las calles y la violencia generalizada como culpa solamente del narcotráfico y el terrorismo y no producto también del deterioro de las condiciones sociales y económicas defendido por los neoliberales.

A nuestros jueces asesinados, traslados de su región por amenazas recibidas, así como a aquellos abogados y notarios muertos en su función honesta, mi admiración como un simple ciudadano vestido de civil. Nota importante: Este reconocimiento a ellos es a título personal y en ningún caso– quede muy claro – sustituye el lazo negro como agremiados puestos en los edificios correspondientes cada vez que uno de ellos o ella cae, ni el sentido pésame a vuestras familias, seguramente ya recibido de las manos de los jerarcas administrativos.