Vladimir de la Cruz
El pasado lunes se puso a prueba la democracia costarricense. Se puso a prueba la institucionalidad democrática. Se puso a prueba el Estado de Derecho, con su independencia de los Poderes Públicos, afirmando la exclusividad, la especificidad y la indelegabilidad de sus funciones.
Lo sucedido en la Asamblea Legislativa fue un triunfo de la Democracia Política nacional, independientemente de cómo se aprecien los resultados de la sesión parlamentaria.
El sistema democrático tiene un escudo protector sobre sus principales funcionarios públicos, los que ocupan la mayor jerarquía constitucional de la estructura de los poderes, el presidente, los vicepresidentes, los ministros, de los ministerios oficialmente establecidos por ley, los diputados, todos los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones y algunos pocos más funcionarios del Estado.
Se les protege, en lo que se llama inmunidad, contra la detención o procesamiento judicial en la vía penal, salvo que se les capture en flagrante delito. Si así fuere, se puede ordenar su detención inmediata, pero comunicando inmediatamente a la Asamblea Legislativa y a la Corte Supremo.
El propósito de esta inmunidad es asegurar que puedan ejercer su función y desempeño institucional libremente, sin temor a persecución política arbitraria, o de ser sometidos a cascadas de denuncias sin fundamento, para poder garantizar así la independencia y el funcionamiento, trabajo y desempeño de estos altos funcionarios, que impida a la vez paralizar u obstruir el funcionamiento de uno de esos poderes de la República, o que distraiga la atención de estos funcionarios de sus principales obligaciones, trabajos y desempeños.
La inmunidad de que gozan, por privilegio así establecido, no exime a estos funcionarios de su responsabilidad. Lo único que hace es retrasar, postergar procesos judiciales en su contra hasta tanto pierdan esa inmunidad que gozan, o hasta que, en nuestro caso, la Asamblea Legislativa lo autorice, en lo que se resulta un levantamiento de la inmunidad o desafuero, que es el acto por el cual se elimina la restricción procesal que impide que ese alto funcionario pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.
La inmunidad asegura que los representantes del pueblo, electos popularmente, puedan ejercer sus funciones sin temor a ser víctimas de represalias y, así, mantener el vínculo entre ellos y los ciudadanos que los eligieron. Así se garantiza la representación popular. Igualmente, evita que los poderes públicos puedan utilizarse para accionar procesos penales que conduzcan a intimidar, presionar o alterar decisiones, incluso alterar el equilibrio de poderes. Con la inmunidad se garantiza también la independencia de los poderes públicos.
Lo que se discutía en el fondo de la sesión de parlamentaria del lunes era la inmunidad, no la inviolabilidad del funcionario presidente. La inmunidad para que no pudiera ser detenido ni enjuiciado penalmente mientras permanezca en su puesto. La inviolabilidad no se alteraba porque no se trataba de su libertad de pensamiento y opinión dentro del ejercicio de su cargo, como lo hace en su estilo todos los miércoles.
Así las cosas, para procesar penalmente al presidente la Asamblea Legislativa es la que debe levantar la inmunidad que le protege.
El procedimiento seguido para levantar la inmunidad, en este caso del presidente, pasa por el envío, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de un expediente que contiene la información necesaria y suficiente, para que lo diputados la evalúen y decidan si levantan o no esa inmunidad. Para ello, cuando reciben la información se nombra del seno de los diputados una Comisión evaluadora de esos documentos, los analiza y rinde un informe al pleno de los diputados, quienes en votación razonada deciden si levantan o no la inmunidad. Esto es lo que se llama un antejuicio legislativo, que no se pronuncia sobre el fondo, tan solo da o no el visto bueno para que la causa penal que se persigue pueda realizarse inmediatamente, o se posterga para cuando el funcionario pierda su inmunidad. El antejuicio así se convierte en un procedimiento penal especial establecido para proteger a los altos funcionarios públicos, de acusaciones infundadas o temerarias que puedan perturbar el ejercicio de sus funciones. Es una antesala procesal, a nivel parlamentario, del proceso judicial donde finalmente el funcionario cuestionado tendrá que enfrentar su cuestionamiento.
El antejuicio parlamentario no es un juicio político. Juicio político pueden hacer los diputados todos los días de 3 a 4 p.m., en la hora que llaman control político, que es lo que menos hacen. Los parlamentos han desarrollado este control político sobre el poder, especialmente Ejecutivo, y sobre todos los funcionarios de los poderes públicos, que juzguen someter a esa evaluación política. Es la actividad orientada a controlar el ejercicio de la Administración Pública.
El antejuicio parlamentario no es una censura, lo cual también puede hacer la Asamblea Legislativa, sin que en Costa Rica tenga mayores consecuencias. Es como un canto a La Luna. En otros países la censura puede significar la pérdida de confianza en el funcionario y puede obligar a su dimisión o renuncia, que en los sistemas parlamentarios también conduce al cambio completo del Consejo de Ministros, o del Gabinete Ministerial.
El lunes no se enjuició ni censuró al presidente. Tan solo se dispuso no someterlo por ahora a ningún proceso penal, que se le seguirá, de conformidad a su expediente, en el momento en que no esté cubierto por la inmunidad o prerrogativa que le protege por su cargo, en esta causa que conoció la Asamblea Legislativa.
El lunes, en este sentido ganó el régimen republicano, la democracia política costarricense, el sistema de pesos y contrapesos políticos, la independencia de los poderes públicos, la libertad de opinión de los legisladores respecto a la valoración de los documentos que les fueron presentados. Los diputados era natural que estuvieran fragmentados en torno a esta evaluación documental, a favor, en contra o con dudas.
El presidente no salió ganando nada. Lo que ganó fue atrasar su juicio, pero no lo canceló, no se agotó. Si la Asamblea hubiera levantado su inmunidad, su juicio se hubiera trasladado a la vía ordinaria, como la de cualquier ciudadano, y allí podría haber durado muchos meses en su trámite, y finalización de juicio.
El trámite legislativo que esta causa tuvo si se politizó, desde dentro y desde fuera de la Asamblea Legislativa, entre los que querían que le levantara la inmunidad y los que se oponían, casi condenándolo de previo.
Eso puso en evidencia la fragilidad, la debilidad hoy de los partidos políticos, la volatilidad o inestabilidad de diputados. Los partidos políticos hace mucho tiempo se desdibujaron como organizaciones sólidas, poderosas, de pensamiento, de acción compartida. Sus estructuras dirigentes se debilitaron perdiendo toda capacidad de cohesión alrededor de sus comités políticos superiores, de sus dirigentes políticos, históricos, nacionales. Los partidos políticos dejaron de formar a sus partidarios y a sus militantes principales en valores, doctrinas y principios de esos partidos. Los partidos dejaron de ser opciones programáticas hacia el país y dejaron de ser alternativas de desarrollo nacional institucional y democrático.
Los partidos se han montado en ejes del desarrollo impuesto por estructuras y organismos internacionales que poco tienen que ver con los valores sustantivos de la nacionalidad y del ser costarricense. Los organismos internaciones ponen las agendas de gobiernos y obligan a que se les sigan. De allí que altos ejecutivos de esos organismos, en gobiernos, operan como si trabajaran de cola de esos organismos.
Los partidos políticos dejaron de dirigir a sus diputados hace mucho tiempo. Los soltaron y se soltaron. Los diputados de los partidos, como fracciones, asemejan la cola del perro gobernando al perro, sustituyeron a los comités políticos nacionales y a sus dirigentes. Los partidos políticos, como organizaciones, no se sienten en el interior de la Asamblea Legislativa, no emiten pronunciamientos sobre el quehacer parlamentario o nacional.
El lunes pasado como partidos coherentes, sólidos, actuaron en la Asamblea Legislativa el Frente Amplio, Nueva República y Liberación Nacional y la fracción de Pilar Cisneros, la fracción realmente de gobierno identificada plenamente con el presidente Chaves. Liberación Nacional tuvo una disidente en su votación. El Partido Liberación Nacional y su candidato a la presidencia Álvaro Ramos habían solicitado a sus diputados votar a favor del levantar la inmunidad. Hicieron un buen trabajo. Otro grupo de diputados compacto fue el de los llamados independientes, que se han salido de sus partidos. El partido Unidad Social Cristiana hizo un esfuerzo importante como partido, con su candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, como líder superior hacia la campaña electoral actuó correctamente, acompañado de su Asamblea Nacional partidaria, que no fue suficiente, habida cuenta que 5 de sus 9 diputados se enfrentaron a ellos. A mi modo de ver, Juan Carlos Hidalgo y la Asamblea Nacional de ese partido salieron ganando hacia la campaña electoral, mostrando compactación, cohesión, unidad. Los diputados van de salida.
En el trabajo político partidario con los diputados de la Unidad Social Cristiana se evidenció la poca educación, cultura, identificación y disciplina partidaria. Recuerdo dos situaciones, ajenas a nuestro medio político, de lo que son los principios. Un dirigente político, parlamentario español, en una ocasión sometido a una votación difícil. Su partido había dispuesto votar de una manera, que él no compartía. A la hora de la votación hizo una intervención haciendo la defensa de sus tesis, señalando que, a pesar de sus argumentos, votaba como había dispuesto su partido. Un alto Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, igualmente, una vez votó jurídicamente una tesis en conciencia que él no estaba de acuerdo, pero que jurídicamente había que votarla de esa manera.
El elemento alucinante del día lunes fue el anuncio de Laura Fernández advirtiendo que si gana la presidencia su ministro de la Presidencia será Rodrigo Chaves Robles. Esta fue la cereza del pastel del lunes. Si así fuera, Rodrigo Chaves prorrogaría su inmunidad, su fuero privilegiado, “de tico con corona, con privilegio”, como le gusta llamar a algunos ciudadanos. Eso lo sabremos en dos instancias. El primer domingo de febrero, si Laura gana o pasa a la segunda vuelta; y, en caso de que haya una segunda ronda electoral el primer domingo de abril. Si no gana ni pasa a la segunda ronda, hasta allí llega Rodrigo Chaves para ser perseguido judicialmente y, eventualmente enjuiciado. Mientras no haya elecciones no hay ganador. El lunes lo que hubo fue un simple trámite procesal penal.
¿Aun así, Rodrigo Chaves podría escaparse de la justicia? Sí. Si Laura pierde Rodrigo Chaves no se queda en Costa Rica. Sale en carrera, huyendo…con la cola del jaguar entre las piernas.
En 1948, a mediados de abril, terminada la Guerra Civil y en trámite las conversaciones de la Embajada de México, para entregarle al Gobierno a Otilio Ulate, que se lo dejó don José Figueres, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, ya se había ido para Nicaragua, para evitar represalias y eventual apresamiento. El Lic. Teodoro Picado, presidente pidió permiso de salida del país, hacia Nicaragua, dejando la presidencia en el Primer Designado, Ing. Santos León Herrera, quien entregó el poder, al terminar el período presidencial, el 8 de mayo de 1948, no a Ulate, sino a José Figueres Ferrer. ¿El 8 de mayo del 2026, quien entregará el Gobierno, el presidente Rodrigo Chaves Robles o su vicepresidenta Mary Munive Angermüller?
Compartido con SURCOS por el autor.
