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¿Qué es defender la Caja Costarricense de Seguro Social?

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Defender la Caja es defender sus nobles principios y óptima eficiencia asistencial y no implica en ningún momento tener que defender la gran incapacidad gerencial y administrativa de sus cúpulas dirigentes y líneas gerenciales, causantes directas del caos administrativo–financiero y de las “criminales listas de espera”.

Dr. Alfredo Ramírez Montero*

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Dicha crisis tiene una clara solución con pocas acciones viables e inmediatas que la resolverían en forma definitiva, pero que las altas dirigencias se han negado empecinada e ilegalmente a implementar.

La Universidad de Costa Rica, y principalmente la Caja Costarricense de Seguro Social, conformaron un organismo llamado CENDEISSS (elefante blanco institucional) y una tal “Comisión de Estudios de Posgrado” (de la Vicerrectoría de Docencia de la UCR), los cuales se encargan de calcular cuántos especialistas necesita el país y se requieren en cada rama. Dichos organismos, con cierto tufillo prepotente, ponen las cuotas de ingreso a las especialidades “y santa palabra”. Con la iluminación del Espíritu Santo han sido capaces de saber cuáles serían las necesidades en cada uno de los siguientes años y se han encargado entonces de… ¡impedir la sobreoferta!… mientras que el país arrastra más bien, desde hace más de 15 años, un gran déficit de al menos 2.000 médicos, entre generales y especialistas, en clínicas y EBAIS del 1° y 2° niveles de atención (razón de las “filas madrugueras” en busca de consulta médica) y como faltante crítico en el 3er. y 4° nivel de atención hospitalaria, causa fundamental y primigenia de las “criminales listas de espera”.

Esta práctica podría ser legal en algunos mercados, pero en uno en donde media la salud y la vida de los ciudadanos, reviste entonces connotaciones morales, éticas y jurídicas muy delicadas. La ciudadanía es la gran perjudicada y las listas de espera actuales, de más de 1 millón 200 mil pacientes lo atestiguan.

Todo pinta a una solapada estrategia para crear poderes monopolizadores, restringiendo la cantidad de especialistas activos, dificultando su formación y manteniendo salarios en la Caja que no compiten con la media salarial del sector privado, así como altos precios en las consultas, intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos de hospitales y clínicas privadas, lo que sería un atentado contra los derechos de los propios médicos generales, aspirantes a conseguir cupos de posgrado de especialidad, pero fundamentalmente contra los más elementales derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, a la salud y a la atención médica oportuna de la ciudadanía, amparado por el artículo 21 de nuestra constitución y su amplia jurisprudencia, y en forma subsidiaria por los artículos 50, 73, 177 y Convenios Internacionales.

Las altas autoridades institucionales argumentan la incapacidad de los hospitales para recibir tantos practicantes en cada especialidad, hecho completamente falso, porque si algo necesitan, al menos los 9 hospitales nacionales generales y especializados y los 7 hospitales regionales (o sea 16 hospitales), son médicos residentes de posgrado de especialidad, que ya cuentan profesionalmente con la potestad de una gran capacidad resolutiva diagnóstico-terapéutica, para no tener que colocar irresponsablemente, como lo ha venido haciendo la Institución, dada su gran inopia de médicos residentes, a los internos universitarios en “rotación hospitalaria” (que todavía no son médicos incorporados al Colegio), a asumir y efectuar muchas de las funciones de los residentes, con el peligro de incurrir en “mal praxis”, al no ser todavía médicos titulados. Es claro que la conveniencia institucional con dicha práctica ilegal y desleal, es ahorrarse el salario que tendría que pagarle a los médicos residentes de especialidad, mientras que a los explotados y abusados “internos universitarios” no se les paga ni un cinco y muy pocos saben, que por el contrario, estos más bien tienen que pagar cada uno, aproximadamente una suma de 5,5 millones de colones, por la formación académica que el CENDEISSS alega, se les da en los hospitales públicos de la Caja, durante su año de práctica rotatoria como ”internos universitarios”. Valga además recordar que mientras esto sigue sucediendo, el año pasado 505 médicos generales ganaron el difícil (para no decir “coladero”) examen del CENDEISSS que les da derecho a optar por un cupo de residencia de posgrado de especialización, pero la Caja solo ofreció 300 plazas, que se constituyeron en la realidad en apenas ¡un poco más de 210, en medio de la tremenda crisis por falta de especialistas!

Ante todos estos hechos, que podemos respaldar con amplias y contundentes pruebas documentales y testimoniales, resulta claro que el gravísimo problema de las listas de espera (tipificado jurídicamente como verdadero crimen de “lesa humanidad”), que desprestigia a la Institución más querida y necesitada por nuestro pueblo, se solucionaría rápida, radical y definitivamente, con sólo que la Asamblea Legislativa, primer poder de la República y el Poder Judicial, en fiel acato del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exigieran “ipso facto”, a los ineptos funcionarios enquistados en las cúpulas dirigentes y líneas medias gerenciales de la CCSS (los mayores culpables del hecho y del caos institucional en general y únicos que pueden técnicamente solucionarlo), que contraten de manera inmediata a 1.000 médicos generales más en el primer nivel de atención (EBAIS) y se aboquen de lleno a la perentoria formación y contratación de los al menos 1.000 médicos especialistas más de los que hoy tenemos, y –que ellos mismos han reconocido– hacen falta en forma urgente en los actuales momentos, como una de las soluciones definitivas de la grave crisis médico-asistencial que hoy sufre la ciudadanía costarricense.

Esto resultaría poco oneroso para la institución (₵ 40.000 millones de colones anuales), cifra perfectamente viable para el Seguro de Salud de la Caja, si se paran sus grandes despilfarros de dinero en acciones absurdas e ineficaces (UTLE; call centers; «afán megaconstruccionista»; mega contratación hace algunos años de 11.000 funcionarios “fantasmas” que en nada ayudaron según la OPS a mejorar la eficiencia institucional; despilfarros burocráticos, etc., etc.) que han demostrado a través de los años su total inoperancia, o sea “no servir para nada”.

La otra complementaria solución que se debe exigir es el cese, ya indicado, del gran despilfarro de recursos que demagógicamente efectúa la Caja con su portafolio de inversiones, en la construcción de innecesaria infraestructura hospitalaria, cientos de EBAIS y más áreas de salud, etc. Para nuestro pequeño país de apenas 51100 Km. cuadrados y 5.300.000 habitantes, los 30 hospitales públicos (8 centrales nacionales; 7 regionales y 15 periféricos); las 105 áreas de salud; las más de 10 clínicas periféricas del área metropolitana; los 6 a 8 CAIS mayores y los más de 1.000 EBAIS distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, resultan más que suficientes como gran infraestructura médico-sanitaria, y las únicas construcciones pendientes y urgentes a la fecha son: la del Hospital de Cartago; modernos agregados a los hospitales de Limón, y al Geriátrico Blanco Cervantes y la “Torre de la Esperanza” del Hospital de Niños, las cuales, paradójicamente debieron haber sido construidas hace más de 10 años, dada su perentoria necesidad.

Como última y lógica consideración puede afirmarse por lo tanto, que nuestra infraestructura clínico-hospitalaria y médico–sanitaria en general, está sobrada, pero está también muy subutilizada, y lo que se necesita no es construir más, despilfarrando recursos sin ton ni son, sino más bien mantener en buen estado y equipar con la más alta tecnología diagnóstico-terapéutica hoy mundialmente disponible, todo lo bueno que ya tenemos, exigiendo claro está, que el Estado cumpla sus obligaciones contributivas con la CCSS respetando principalmente los artículos 21, 73 y 177 de nuestra Constitución; el 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (incisos a – f) y las leyes 5349 y 7374.

Solo con estas acciones viables y de inicio inmediato, se podría resolver, a corto plazo, el grave problema de las crueles y deshumanizadas listas y filas de espera, y esto resulta perfectamente factible “si existe la voluntad política para hacerlo”, la que por lo tanto, todo nuestro pueblo debería de exigir a los candidatos de la próxima contienda electoral.

*Secretario general Sindicato del Frente Hospitalario Nacional -SIFREHN-

Día Internacional de Concientización sobre la Mordedura de Serpiente

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

José María Gutiérrez
Instituto Clodomiro Picado, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica
Invitado de ACANAMED

El envenenamiento por mordedura de serpiente es un serio problema de salud pública a nivel global. Se estima que cada año cerca de dos y medio millones de personas sufren estos envenenamientos en el mundo, lo cual resulta en cerca de 100.000 muertes y en más de 300.000 personas que sufren secuelas físicas y psicológicas permanentes. Esta es una ‘enfermedad de la pobreza’ ya que afecta principalmente a personas en condiciones sociales y económicas vulnerables en las regiones rurales de África, Asia y América Latina.

Las serpientes venenosas se clasifican en varias familias y existe una gran variación en la composición de sus venenos, lo cual resulta en una diversidad de manifestaciones clínicas de los envenenamientos. Algunos venenos, como los de cobras, mambas y serpientes corales, inducen un efecto neurotóxico que paraliza los músculos. Otros venenos, como los de las víboras (terciopelo, cascabel, mata buey, víbora de Russell) inducen patología local (destrucción de tejido, ampollas, hinchazón) y severas alteraciones sistémicas (problemas de coagulación, sangrado, alteraciones renales). Pese a la importancia de este problema de salud, durante mucho tiempo recibió muy poca atención por parte de grupos de investigación, laboratorios farmacéuticos y autoridades de salud. Por eso el envenenamiento ofídico ha sido catalogado como una ‘enfermedad tropical desatendida’ por la Organización Mundial de la Salud.

Afortunadamente, gracias a una intensa campaña internacional en la que han participado muchos países y organizaciones, y en la cual Costa Rica ha tenido un papel de liderazgo importante, la Organización Mundial de la Salud y sus oficinas regionales le han dado más atención al tema en años recientes. En Costa Rica esta enfermedad no ha sido desatendida ya que, a lo largo de varias décadas, el país ha desarrollado recursos científicos, tecnológicos y salubristas propios que le han permitido controlar debidamente el problema, con generación de conocimiento mediante la investigación, producción y distribución de antivenenos o sueros antiofídicos, capacitación de las y los profesionales de la salud y consolidación de un sistema de salud pública robusto. Gracias a ello, el país ocupa una posición de liderazgo en este tema.

Los esfuerzos internacionales condujeron a la aprobación de una resolución sobre el envenenamiento ofídico en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2018 y a la elaboración de una estrategia global que procura reducir, en un 50% para el año 2030, el número de muertes y discapacidades causadas por estos envenenamientos ver: https://www.who.int/publications/i/item/9789241515641). Esta estrategia incluye (1) el empoderamiento y la participación de las comunidades en la solución del problema, (2) la provisión de terapias eficaces y seguras, (3) el fortalecimiento de los sistemas de salud y (4) el incremento de las alianzas multisectoriales, la coordinación y los recursos.

Como parte de estas iniciativas, en el año 2018 se estableció el Día Internacional de Concientización sobre la Mordedura de Serpiente, el cual se celebra el 19 de setiembre de cada año. En esta fecha, personas, grupos, instituciones, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil desarrollan múltiples actividades dirigidas a elevar la conciencia sobre la magnitud de este problema de salud y a promover acciones e intervenciones que reduzcan su impacto y el sufrimiento humano que representa. Costa Rica, como actor importante en el estudio y la búsqueda de soluciones al envenenamiento ofídico tanto a nivel nacional como internacional, participa en diversos eventos y acciones relacionadas con esta celebración.

¿Qué hacer y qué no hacer en caso de sufrir una mordedura de serpiente?

Lo que NO debe hacer:

  • NO trate de capturar o matar la serpiente que lo mordió.

  • NO se aplique un torniquete en la extremidad mordida.

  • NO intente succionar el veneno con la boca o con un aparato de succión.

  • NO efectúe incisiones con objetos cortantes en el sitio de la mordedura.

  • NO ingiera sustancias químicas o naturales.

Lo que SÍ debe hacer

  • Mantenga la calma y busque ayuda.

  • Inmovilice en la medida de lo posible la extremidad mordida.

  • Indague sobre la localización del centro de salud más cercano (EBAIS, clínica u hospital).

  • Trasládese lo antes posible al centro de salud más cercano para recibir el tratamiento apropiado.


Estado de la justicia en Centroamérica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Esta es una versión adaptada para el Semanario Universidad de la UCR del artículo del mismo nombre y publicado en: CENTROAMÉRICA-Rendir Cuentas para que la Gente Cuente; Arroyo, J.M. et altere; Coordinación e Introducción Luis Guillermo Solís y Sergio Ramírez; Editorial Sexto Piso, S.A., de C.V., Madrid, España, 2025.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La historia reciente de la democracia en Centroamérica -y con ella el Estado de la Justicia en la región- , tiene como punto de partida los Acuerdos de Paz: Esquipulas I (25 de mayo de 1986) y Esquipulas II (7 de agosto de 1987).

En el primero de estos pronunciamientos hay un llamado genérico al desarme de los grupos en conflicto, al diálogo constructivo, y a la instauración de una paz duradera a través del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Se establece que la paz sólo es posible mediante un proceso democrático, pluralista y participativo, con promoción de la justicia social, respeto a los derechos humanos, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial de las naciones. Se visualizaba, como mecanismo idóneo para alcanzar estos propósitos, un Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que sirviera como mecanismo promotor e integrador de la región.1

En cuanto a Esquipulas II, se declaró la necesidad de tomar medidas como promover la reconciliación a lo interno de cada nación; finalizar las hostilidades armadas; impulsar la democratización y las elecciones libres; eliminar la asistencia externa para fuerzas militares irregulares, así como negociar el control de armas y la atención a los refugiados.

Estos acuerdos declarativos de buenos propósitos nunca descendieron a las cuestiones concretas de cómo debían organizarse el Estado, el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Todo quedó en referencias generales a la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y al respeto de los derechos humanos.

El principal resultado de esta perspectiva fue la sobrevivencia de diseños constitucionales bastante anacrónicos, anclados en lineamientos decimonónicos, tanto para el modelo de Estado –liberal y republicano clásico-, como respecto de la organización y funcionamiento de los poderes judiciales dentro de ese esquema.

Se conservaron poderes judiciales hechos a imagen y semejanza del modelo napoléonico francés de principios del siglo XIX, es decir, organizaciones burocráticas a imagen y semejanza de los cuerpos militares, piramidales, rígidamente verticalistas, con ocupación total del territorio nacional mediante instancias y especialidades por materia y, lo más sobresaliente, una cúpula constituida por la Corte Suprema, en la que se concentra no sólo la última instancia jurisdiccional, sino todo el poder político y administrativo para la gestión de la función judicial del Estado. De esta manera, la Corte Suprema no sólo tiene la última palabra en los asuntos que procesalmente tengan acceso a esta instancia, sino que además atiende asuntos presupuestarios, administrativos, nombramientos, capacitaciones, asuntos disciplinarios y un largo etcétera.

Salvo algunos tímidos intentos de delegar en consejos de la judicatura o consejos superiores (Guatemala, El Salvador, Costa Rica), algunas de las tareas de administración, las organizaciones judiciales de la región siguen aferradas a la concentración de poderes y facultades, lo que las hace tremendamente ineficientes y con frecuencia corruptas.

Por otra parte, desde la perspectiva de los principales temas y problemas de fondo de la justicia centroamericana y de América Latina en general, los casos constituidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enunciados por su ex Presidente, identifican las cuestiones de mayor gravedad: el rol de las empresas en la protección de los derechos humanos; el derecho al medio ambiente y de equidad intergeneracional; el derecho a la salud; la libertad de expresión; la violencia de género; las garantías del debido proceso; los alcances y uso de la prisión preventiva; el plazo razonable en casos de adopción; la guarda y custodia de menores de edad; las limitaciones a las actividades de inteligencia con base en el alcance a los derechos humanos; el derecho a la autodeterminación informativa; los derechos de reunión y circulación en contexto de protesta social; la obligación de delimitar, demarcar y otorgar títulos de propiedad colectiva sobre los territorios de las comunidades indígenas y tribales; y diversas medias de reparación integral.2

En esta tercera década del siglo XXI, el Estado de la Justicia en los países centroamericanos está determinado por factores estructurales y coyunturales.

El principal de los aspectos estructurales consiste, como ya quedó dicho, en diseños institucionales anacrónicos, a imagen y semejanza de una organización militar: piramidal, rígidamente verticalista, burocrática, con amplia concentración de poderes jurisdiccionales y administrativos en la cúpula (Corte Suprema) y, en consecuencia, muy ineficientes y antidemocráticas.

Los pocos esfuerzos por delegar funciones en consejos administrativos o de la judicatura, han tenido, en el mejor de los casos, alcances limitados como es el caso de Costa Rica y, en la peor de las situaciones, se ha tratado de ensayos poco tiempo después revertidos, sea por reformas legales, sea por declaraciones de inconstitucionalidad, como ha pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Se evidencia también una profunda brecha entre el mundo normativo (el deber ser) y la cruda realidad operativa de nuestros sistemas de justicia (el ser). La simple lectura de cualquiera de las constituciones políticas de las repúblicas de la región, evidencia la propuesta de una justicia emanada de la soberanía popular; así como un supuesto compromiso con los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías propias de democracias liberales avanzadas. Pero cuando se desciende a cómo funcionan esos buenos propósitos en la práctica, comienzan a revelarse una serie de falencias, ineficacias y vicios que terminan por pintar un cuadro harto decepcionante.

En Costa Rica, la vigencia del Estado de Derecho todavía resiste, pero se arrastra un sistema de nombramientos en la cúpula judicial plagada de vicios y procedimientos amañados. Con altibajos, las mayorías parlamentarias han privilegiado la lealtad partidaria e ideológica a la excelencia académica e independencia profesional. Recientes leyes promulgadas al calor de ajustes fiscalistas amenazan la estabilidad funcional y laboral de la policía técnica, la fiscalía y la judicatura. Se han destapado escándalos por manejos irregulares de casos por claros tráficos de influencias y corrupción. En este punto, sin embargo, las buenas intenciones de procurar reformas de fondo, han naufragado en una cúpula que se niega a soltar los poderes tradicionales que ostenta. Las debilidades y falencias tradicionales han sido aprovechadas por las tendencias autocráticas del gobernante actual, que pretende destruir, no mejorar, el orden constitucional y la institucionalidad vigentes. En El Salvador se ha producido una quiebra del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, sustentado en un amplio apoyo popular, ha implementado una política pública de prisionización indiscriminada con la cual, el debido proceso ha sido arrasado. La prensa independiente es perseguida y acallada. El Poder Judicial fue desmantelado y puesto al servicio incondicional de esas políticas represivas. La mayoría Parlamentaria ha bendecido esas estrategias y obedece fielmente los dictados presidenciales. Todo ha sido impuesto gracias a un estado de sitio que lleva ya varios años. El ejemplo salvadoreño es de manual, respecto a las nuevas formas de dominación oligárquica, no por medio de la bota militar, sino a través de estrategias dictatoriales con apariencia democrática. El caso de Guatemala presenta sus características propias. Como respuesta a los avances logrados en el sistema de justicia gracias a la intervención de Naciones Unidas a través de la CISIG, la clases dominantes, que vieron amenazados su impunidad y privilegios, ha arremetido tomando posesión de los poderes públicos, incluidos Corte Suprema y Ministerio Público, para revertir los logros obtenidos y asegurar que la justicia no toque a ciertos sectores con poder económico y político. Los jueces y fiscales que lograron condenas históricas contra ciertos intocables, han sido destituidos, perseguidos y en muchos casos obligados al exilio. Hoy la República de Guatemala se debate entre retomar la senda de un Estado de Derecho o continuar por la ruta de la corrupción institucional y la impunidad. La situación en Honduras es similar a las anteriores en varios aspectos. Hay serios cuestionamientos al sistema de nombramientos de la cúpula judicial y de la judicatura en general, por presiones e influencias indebidas de grupos poderosos en lo político y en lo económico. También se han registrado casos de corrupción, sobre todo de personajes influyentes que buscan impunidad ante acusaciones por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y otros beneficios indebidos. Por último, la situación de la justicia en Nicaragua es la propia de un Estado de Facto, como en El Salvador, pues se han conculcado y neutralizado todos los mecanismos de balance y control propios de un Estado de Derecho. Se han prohibido y criminalizado manifestaciones públicas, así como las críticas y protestas mediáticas de opositores al gobierno. Se ha privado de la nacionalidad nicaragüense a activistas de derechos humanos, organizaciones no-gubernamentales y adversarios políticos. De hecho, se controla por parte del Ejecutivo a todos los demás órganos y poderes del Estado. El sistema judicial penal se ha manipulado para perseguir opositores, encarcelarlos y obligarlos al exilio. El colmo de la represión ha alcanzado a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas a las que se les han prohibido rituales o manifestaciones públicas de sus celebraciones.

Por su parte, el principal factor coyuntural que marca el estado de la justicia centroamericana, es de carácter universal. En nuestros días estamos frente a una verdadera crisis de la democracia liberal republicana, y hay fuertes tendencias en todo el mundo que apuntan a sustituirla por regímenes autoritarios que pretenden concentrar el poder político. Si bien han cambiado las estrategias tradicionales de los golpes de estado conducidos por cúpulas militares contra las instituciones democráticas, en la actualidad se han impulsado formas no menos agresivas para tomar por asalto esa institucionalidad.

Guardando las apariencias democráticas, se trata en la mayoría de los casos, de manipular los procesos electorales controlando las autoridades electorales, eliminando de hecho la oposición, o perpetrando abiertos fraudes. Se trata asimismo de tomar el control de los otros poderes, asegurándose amplias mayorías parlamentarias, que autoricen cualquier capricho del Ejecutivo; o bien se trata de conformar poderes judiciales y ministerios públicos serviles, que se olviden de su independencia y función contralora, dando con sus resoluciones apariencia de constitucionalidad o legalidad a toda clase de tropelías y abusos.

En este último supuesto, cuando de controlar el Poder Judicial se trata, en todos los países de la región es más que evidente los esfuerzos de grupos de influencia y político-partidarios por manipular los nombramientos de las cúpulas y demás cargos en la judicatura y el Ministerio Público. De nuevo se observa con claridad todo tipo de maniobras para revestir estos procesos de una cierta apariencia de objetividad y tecnicismo, cuando en realidad se imponen criterios partidarios o, peor aún, criterios contaminados por loa intereses de sectores delictivos y corruptos que buscan impunidad.

En ese desventurado contexto, no es de extrañar las malas -a veces pésimas- calificaciones que reciben nuestros sistemas de justicia cuando son evaluados por organismos globales o regionales. Con alguna ventaja de Costa Rica en estas evaluaciones, pues aún se reconoce cierta capacidad de resistencia y fortaleza institucional, el resto de los países de Centroamérica exhiben cifras y posiciones muy negativas en aspectos fundamentales como respeto a los derechos humanos, acceso a la justicia, control a los gobernantes, o eficiencia y eficacia del Estado de Derecho en su conjunto.

Compartido con SURCOS por el autor.

1 Costa Rica nunca se adhirió a este organismo y el tiempo se ha encargado de exhibirlo como un cascarón burocrático ineficiente o peor aún, refugio de políticos en busca de impunidad.

2 (Pérez Manrique, Ricardo C; Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe Anual 2023).

Conversatorio: Paz ante la amenaza de guerra en nuestra región – hoy 19

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz (21 de setiembre), el Centro de Amigos para la Paz tendrá un conversatorio para hablar de paz ante la amenaza de guerra en nuestra región, con la participación de:

Pablo Ruiz Espinoza, desde Chile, periodista, miembro del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch) en Chile y parte de la Revista El Derecho de Vivir en Paz.

José Solano Solano, en Costa Rica, educador, abogado, miembro de la Comisión contra la Militarización del Centro de Amigos para la Paz.

Viernes 19 de setiembre de 2025

6 p.m.

Centro de Amigos para la Paz

Transmisión en directo: https://www.facebook.com/CentroAmigosPaz/

Voz experta: La UCR crea valor público para Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Esteban O. Mora Martínez Jefe, Sección de Evaluación Oficina de Planificación Universitaria Universidad de Costa Rica

Por Esteban O. Mora Martínez, jefe de la Sección de Evaluación, Oficina de Planificación Universitaria, Universidad de Costa Rica

La Universidad de Costa Rica está celebrando 85 años de historia. En todo este tiempo ha pasado por muchas situaciones, pero mantiene firme su misión: transformar vidas a través de la educación pública de calidad. 

Miles de personas se formaron aquí en áreas como artes, económicas y empresariales, ingeniería, letras, educación, ciencias de la salud, ciencias básicas, ciencias sociales y ciencias agroalimentarias. Gracias a eso, el país creció social y económicamente, y hoy contamos con profesionales que aportan desde sus comunidades, empresas y el Estado, siempre con una visión humanista.

La UCR es reconocida por su trabajo en docencia, investigación y acción social. ¿Sabía qué hacemos estudios desde el fondo del mar hasta el espacio? ¡Sí! Investigamos en aguas profundas, a 3 000 metros bajo el nivel del mar, y también enviamos semillas al espacio a 400 kilómetros de altura en la Estación Espacial Internacional para mejorar la calidad de los alimentos que llegan a las mesas de los costarricenses. 

Y eso no es todo: los sueros antiofídicos que se producen aquí, salvan vidas en África, y nuestros proyectos sociales ayudan a las comunidades a tener agua potable, mejor salud y educación. Todo esto lo logran nuestras personas estudiantes y docentes con mucho compromiso. 

En las aulas, la UCR ofrece una educación accesible, equitativa y de calidad; con nuevas tecnologías y sedes en todo el país, lo que permite que el conocimiento llegue a más personas. El 94,7 % de quienes se gradúan aquí consiguen empleo y esto demuestra el impacto real de nuestra formación, que tiene la oferta académica más completa del país. 

La investigación también genera soluciones para problemas sociales, ambientales y de salud. Compartimos lo que descubrimos en congresos, publicaciones y plataformas abiertas, para que todos puedan acceder al conocimiento.

La acción social es otro pilar fundamental. A través de proyectos culturales, educativos y ambientales, trabajamos con comunidades rurales y urbanas para mejorar su calidad de vida. Más de 1 200 iniciativas están activas en este momento. En el primer semestre del 2025, se han desarrollado más de 1 555 proyectos de investigación, 540 de acción social y se atienden más de 6 607 grupos de docencia. ¡Mucho trabajo, sí; con resultados concretos muy satisfactorios! 

La vida estudiantil también importa. Contamos con programas de salud mental, deporte, cultura, voluntariado y acompañamiento académico que ayudan a que los estudiantes se sientan bien y puedan continuar sus estudios. Además, más del 82 % de quienes estudian en sedes regionales tienen beca. 

En resumen, todo lo que hace la UCR beneficia directamente a estudiantes, comunidades y sectores productivos, y también a la sociedad en general. Cada acción reafirma nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión y el uso responsable de los recursos públicos.  Formamos ciudadanos responsables, solidarios, comprometidos con la democracia y la justicia social, personas líderes que están listas para transformar Costa Rica.

Dr. Esteban O. Mora Martínez
Jefe, Sección de Evaluación, Oficina de Planificación Universitaria, Universidad de Costa Rica

La Inteligencia Artificial en el quehacer Artístico actual

Escrito en . Publicado en Cultura.

La Fundación Transformación en Tiempos Violentos, Art for Change y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de SINABI, se complacen en invitarle a la conferencia La Inteligencia Artificial en el quehacer Artístico actual, por el Emanuel Calvo Canossa.

La actividad será el jueves 25 de setiembre a las 3:30 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y también se transmitirá por el Facebook https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La defensa del ambiente sigue costando vidas: Informe Global Witness 2025

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

De acuerdo con una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR, en 2024, 146 personas defensoras ambientales fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo. El 82% de los casos ocurrió en América Latina: Colombia, Guatemala, México y Brasil concentran la mayoría de asesinatos.

El Informe Raíces de Resistencia de Global Witness 2025 advierte que, además de los ataques letales, se multiplican las amenazas, la criminalización y la violencia contra comunidades que protegen ríos, bosques y territorios.

En Costa Rica, aunque no se reportan asesinatos recientes, persisten estrategias más sofisticadas de represión, como demandas judiciales contra personas defensoras. A esto se suma la desregulación ambiental, que debilita la protección de la naturaleza y expone aún más a quienes la defienden. El país se presenta como líder verde, pero mantiene vacíos legales al no ratificar el Acuerdo de Escazú.

Lee la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/la-defensa-del-ambiente-sigue-costando-vidas-informe-global-witness-2025/

SIUNED expone su posición en torno a la redistribución del FEES

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El SIUNED expone su posición en torno a la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la defensa del financiamiento de la educación pública en todos sus niveles.

El sindicato universitario, hace un llamado a la unidad de todas las universidades públicas y sus actores -Rectorías, Consejos Universitarios, movimiento estudiantil y organizaciones sindicales- para ejercer, de manera decidida, la defensa de la educación pública en general y del FEES en específico. Esto frente a las políticas neoliberales que, durante los últimos años, han afectado al sistema educativo costarricense. 

Se cree firmemente en que las iniciativas de articulación entre las universidades públicas y otros actores del sistema educativo, como los sindicatos del Magisterio y JUPEMA, son esenciales para exigir el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación. La lucha por la educación pública costarricense es unitaria y no puede fragmentarse en la defensa de los intereses de un único sector.

Además, el sindicato está convencido de que la unidad del sector educativo es el camino para alcanzar estos objetivos. No se defiende a la educación pública con fracturas ni ataques entre universidades hermanas, sino con cohesión y lucha compartida, tal y como lo ha señalado la Federación de Estudiantes de la UNA mediante su presidenta, Raquel Loría.

En este marco, el SIUNED respalda la redistribución del FEES. Se considera que esta es una medida necesaria para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas con menores ingresos, su estabilidad institucional, fomentar la permanencia estudiantil y el reconocimiento de mejores condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras. 

Los mismos argumentos dados desde la UCR para rechazar los alcances de la redistribución, son los que llevan a el SIUNED a apoyarla, pues en la UNED hay condiciones históricas de desventaja que deben corregirse, tanto en el financiamiento de sus funciones operativas, como en la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

La redistribución es, además, la vía para materializar el artículo 40 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que compromete a las universidades públicas a contar con bases salariales, procedimientos de evaluación e incentivos similares en sus regímenes de salarios.

Las desigualdades salariales entre universidades públicas son notorias desde las mismas bases salariales y han afectado especialmente a la UNED, la cual mantiene rezagos históricos en comparación con las demás casas de estudio. 

Otras instituciones también tienen graves problemas, por ejemplo, la Universidad Técnica Nacional (UTN), perdió recursos en el segundo acuerdo de redistribución, y donde aún, a sus personas trabajadoras, ni siquiera se les ha reconocido el costo de vida del año 2020, algo que refleja las brechas persistentes entre las universidades. Sí, una universidad pública miembro de CONARE, es la única institución pública donde aún no se ha reconocido el costo de vida 2020, algo que debería preocupar al CONARE en su conjunto, al ser -por decir lo menos- una situación bochornosa.

Asimismo, de parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), no existe ningún acuerdo ni comunicado firmado en contra de la redistribución del FEES. 

Como FESITRAES, las únicas solicitudes presentadas ante el CONARE han sido:

  1. La inclusión de los sindicatos universitarios en la Comisión de Enlace del FEES, en donde en ningún momento se aludió el asunto de la redistribución. Esto se logró parcialmente, al incorporarse a representantes sindicales en el grupo de apoyo para la negociación del FEES 2026.
  2. El diseño de una campaña de sensibilización nacional que visibilice los aportes de las universidades públicas al país.

Se les invita a cada sindicato a expresar su postura sobre los temas aquí abordados.

Por otra parte, el SIUNED se lamenta que ante las discrepancias entre las rectorías respecto del asunto de la redistribución se dieran alusiones dirigidas a cuestionar los Fondos del Sistema, acuerdo de antigua data y que ha beneficiado al sistema universitario público en su conjunto. 

Se cuestiona que, como parte de la estrategia de comunicación desde la UCR, se hiciera mención al monto absoluto aportado por la UCR durante los últimos 10 años a este fondo, con la finalidad de generar una imagen amplificada de este aporte.

Se aclara acerca de las manifestaciones equivocadas expresadas en el Consejo Universitario de la UCR durante la Sesión ordinaria N.° 6931 de la semana anterior (hora 1, minuto 57), en donde, entre otras críticas a la UNED y su rectoría, se aludió a que en la UNED se han dado problemas porque se han aumentado los salarios, algo que es incorrecto, dado que lo único que se reconoció a partir de este 2025, fue el costo de vida del año 2020, que aún estaba pendiente de pago por la Administración y que se logró tras una intensa lucha de la clase trabajadora. 

Es más, por la restricción de recursos con que cuenta la UNED, el pago retroactivo de dicho reconocimiento tuvo que acordarse en tractos: hasta 2028 se terminará de pagar el último retroactivo del costo de vida 2020, mientras, en una parte de las otras universidades, este reconocimiento se hizo desde el mismo 2020.

Se reitera que la defensa del financiamiento de la educación pública exige firmeza y coherencia.

Para garantizar el 8% constitucional, superar las negociaciones anuales del FEES y fortalecer al sistema universitario, es indispensable avanzar en una agenda unitaria de lucha que enfrente con decisión las políticas de recorte, en lo cual las Rectorías y Consejos Universitarios están llamados a mostrar su liderazgo y determinación durante las negociaciones y, en general, en la relación con los actores de los gobiernos de turno. 

Como Sindicato, se comprende las dificultades que pueden presentarse en las negociaciones del FEES, pero también se considera que faltó mayor capacidad de articulación durante las negociaciones, así como la convocatoria a la discusión y movilización de las comunidades universitarias por parte de las Rectorías y el CONARE. 

Por esto mismo, en diferentes espacios, se ha manifestado que no había nada que celebrar cuando se llegó al acuerdo del FEES para el 2026, un acuerdo que podría valorarse como ruinoso para las universidades públicas, porque ni siquiera reconoce la banda baja de la meta inflacionaria señalada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el próximo año y, donde, en alguna medida, se cedió a condicionamientos impuestos por el gobierno.

También, y habida cuenta de los resultados de las negociaciones del FEES en los últimos años, es claro el balance negativo para las universidades. Asimismo, que se ha impuesto la voluntad de un gobierno recortista, que prefiere garantizar el pago de la deuda con los organismos financieros internacionales, antes de financiar adecuadamente la educación pública, la salud y la inversión social. Un gobierno que se ha configurado en el verdadero enemigo de las universidades públicas, las comunidades estudiantiles y de la clase trabajadora.

Aun así, CONARE sigue confiando en las estrategias legales para hacer frente a las acciones del gobierno, por ejemplo, en cuanto al depósito a las universidades de los montos del FEES para este 2025, sin ningún llamado a la discusión y movilización de las comunidades universitarias.

Junto con la defensa del FEES, las universidades deberían colocar en la agenda pública la problemática de la evasión y la elusión fiscal, pues estas constituyen las principales causas de la falta de recursos en el presupuesto nacional. Mientras no se atienda con seriedad este flagelo, se seguirán trasladando, injustamente, sus consecuencias negativas a la inversión social, a la inversión en educación, a la inversión en salud y a las personas trabajadoras, todo lo cual debilita a las universidades públicas.

Por último, como sindicato de clase, y de conformidad con sus principios, se manifiesta que defienden la libertad sindical y denunciarán por los medios que sean necesarios, cualquier acción de las patronales contra las organizaciones sindicales y sus personas afiliadas.

Don Juanito Mora en un inverosímil reto a duelo

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Luko Hilje Quirós (luko@ice.co.cr)

Alguna vez me contaron que, en una oportunidad, don Juanito Mora se había enfrentado en un duelo con un miembro de la legendaria y poderosa estirpe militar de los Quirós. Y eso lo recordé hace unas semanas, cuando me topé en internet con información al respecto, en un enjundioso artículo intitulado El delito de duelo en Costa Rica (Análisis histórico-jurídico), del amigo abogado e historiador Tomás Federico Arias Castro (Revista Judicial, No. 101, 2011). Por supuesto que lo leí con avidez y fruición, por tres motivos: mi interés acerca de la vida y la obra de nuestro héroe mayor; lo insólito de un lío como ese, inducido por una disputa amorosa; y mi pertenencia a la familia Quirós, por vía materna.

En cuanto a esto último, el artículo me reveló que el rival de don Juanito fue Juan Manuel Quirós Blanco, hijo de Francisco Apolinar Quirós Jiménez, quien era primo hermano de mi abuelo Ascensión Quirós Montero. El contendiente de don Juanito era hermano de José Manuel Quirós Blanco, célebre general que muriera en la batalla de Rivas, Nicaragua, y con quien don Juanito tuvo serios enfrentamientos desde el momento en que asumió la presidencia de la República, al punto de que lideró un fallido golpe de Estado, junto con varios parientes que eran militares.

Nacido el 5 de diciembre de 1841, mi abuelo Chón —venido al mundo 111 años antes que yo—, tenía apenas unos meses de edad cuando su primo segundo Juan Manuel entró en conflicto con don Juanito, al punto de retarse a un duelo, según se narra en el artículo El Gral. Quirós encontró la muerte en la jornada gloriosa del once de abril, cumpliendo una orden del Presidente Mora, de autor anónimo, y publicado en el diario La Tribuna (10-III-1929, 2ª Sección, pp. 9 y 14-15); dicho artículo fue reproducido en la Revista de Costa Rica (No. 4, pp. 65-75), de agosto de ese año, con el título Algunos datos sobre la vida del General Quirós. Tuve la oportunidad de consultar y cotejar ambas versiones, que no son idénticas.

Don Juanito en su juventud

Antes de referirme al duelo como tal, es pertinente indicar que don Juanito aún no había incursionado con fuerza en la política, según se capta en el libro Palabra viva de Libertador (EDUVISION, 2014), escrito por los amigos historiadores Raúl Aguilar Piedra —de grata memoria— y Armando Vargas Araya, donde hay un valioso recuento cronográfico de los quehaceres de don Juanito. En él se colige que hasta 1842 era un muy acucioso comerciante y empresario, dedicado al negocio de bienes raíces, así como a la exportación de café y a la venta de mercaderías importadas. Como parte de sus actividades económicas, había efectuado viajes de negocios a Nueva York, Nicaragua, El Salvador, Jamaica y Chile.

En realidad, junto con sus hermanos, fue una cruda víctima de la orfandad, pues su madre Ana Benita Porras Ulloa había muerto en 1833, y su padre Camilo Mora Alvarado en 1836.

Además del dolor de perderlos a ambos, con apenas 22 años de edad y por ser el primogénito de la prole, desde entonces le correspondió velar por la manutención de sus nueve hermanos, que eran Mercedes, Miguel, Guadalupe, José Joaquín, Ana María, Heliodora, María Rosa, Juana y Virginia. Y, por si esta no fuera suficiente responsabilidad, acogió a sus sobrinos Manuel, David y Dorila Argüello Mora, cuyo padre Toribio Argüello Argüello —cónyuge de Mercedes— falleció en 1838. Esta información proviene del artículo Mora y Cañas en familia (Revista Comunicación, 2010), del recordado y querido amigo genealogista Emilio Obando Cairol.

Ahora bien, según la tradición oral familiar, don Juanito decidió permanecer soltero hasta que todos sus hermanos se casaran, lo cual cumplió a cabalidad, como se verá posteriormente.

Relatados estos datos, que permiten contextualizar lo que era la comprometida y difícil vida cotidiana de don Juanito en esos tiempos, es oportuno referirme al duelo entre él y Juan Manuel Quirós, ocurrido en una fecha no especificada de 1842, según el artículo citado previamente.

Acerca del duelo

La causa de la confrontación, armas en mano, fue la disputa por el amor de una linda muchacha josefina de apellido Madriz, emparentada con el célebre abogado y político José María Castro Madriz.

Por entonces los contendientes rondaban los 28 y 22 años, respectivamente, y eran buenos amigos, según se capta en el mencionado artículo. Por ejemplo, en un pasaje dice así: “Parece que el General [José Manuel] Quirós y su familia mantuvieron siempre magníficas relaciones con la casa de don Juan Rafael Mora. Políticamente, también y siempre se sostuvieron mutuamente en sus empeños. Las dos familias habían vivido muy unidas desde los tiempos coloniales”. Sin embargo, como consecuencia del interés sentimental común hacia la señorita Madriz, “una gota de amargura cayó por primera vez en la armonía existente entre aquellas dos familias. Los amigos se distanciaron, los rivales se ofendieron, y rota la paz entre ellos, los recíprocos reproches los condujeron al incidente personal. Y un día quedó concertado un duelo entre ambos pretendientes”.

Entremos a conocer los pormenores de tan inesperado y serio suceso, que el autor anónimo, con grata habilidad literaria, narra así:

“Por razones que no hemos podido constatar, se convino en que el encuentro debía verificarse en la ciudad de Puntarenas. Una madrugada, en la playa, cerca de la Punta, don Juan Rafael Mora y don Juan Quirós se encontraron con sus padrinos, listos a definir la situación. El duelo fue concertado a la suerte, tirando uno primero y el otro después, y la suerte favoreció al señor Quirós. Debía tirar primero.

El señor Quirós llevaba un bastón delgado y fino, que distraídamente clavó en la arena, al tomar su puesto para batirse. Casualmente, el bastón quedó muy cerca de su dueño cuando éste se colocó en el sitio designado por los padrinos. Se dio la orden de fuego, y el señor Quirós disparó. Erró el tiro. Don Juan Rafael Mora quedó ileso, y tendió a su vez el brazo, a indicación del jefe de campo.

A la segunda palmada, don Juan Rafael afinó la puntería, dirigiendo la pistola visiblemente contra el cuerpo de su adversario. Sonó la tercera palmada, y disparó. El bastón de don Juan Quirós, partido en dos pedazos, rebotó sobre la playa y cayó al mar.

Don Juan Rafael Mora había probado dos cosas: que tenía una magnífica puntería y que perdonaba la vida de su adversario.

Al día siguiente don Juan Quirós, sintiéndose humillado por la actitud del señor Mora, abandonó Costa Rica para siempre y se fue a Nicaragua, donde murió años después.

Cuando se supo en San José el resultado del lance, el General [José Manuel] Quirós arrugó el ceño, y desde aquel momento don Juan Rafael Mora no fue santo de su devoción”.

Cabe acotar que el articulista indica que el joven Juan Manuel era sobrino del citado militar, pero, en realidad, era su hermano menor.

¿Hubo duelo, realmente?

Tras analizar lo ahí narrado, me parece que ese duelo es inverosímil, por las siguientes razones.

En primer lugar, salvo que los contendientes estuvieran de paseo allá, no tiene lógica alguna haber pactado el duelo en la muy lejana Puntarenas. Esto significaba cabalgar unas 25 leguas (unos 125 km) desde San José, por el muy escarpado y sinuoso Camino Nacional, a través de los Montes del Aguacate. Por entonces la medida de distancia usada era la legua, correspondiente al trayecto que recorre una persona a caballo o a pie en una hora, la cual se calculaba en 5 km; es decir, se requerían 25 horas para llegar a Puntarenas, de modo que, si se viajaba solo en horas diurnas, se demoraban dos días en la travesía. Por tanto, hubiera sido más lógico seleccionar un predio en la capital, como por ejemplo la planicie de La Sabana o sus alrededores; de hecho, Tomás Federico documenta la ejecución de tres duelos en La Sabana o en fincas muy cercanas a ésta.

En segundo lugar, no es cierto que Juan Manuel Quirós abandonara nuestro país para siempre y se instalara en Nicaragua, pues permaneció ocho años en Costa Rica. De ello da fe el siguiente hecho.

Recién llegado a la presidencia, don Juanito estuvo en la mira para ser derrocado, el 3 de junio de 1850, por José Manuel Quirós, por entonces comandante general del ejército y comandante del Cuartel Principal de San José, y al que don Juanito recientemente le había quitado potestades militares. Descubierto a tiempo el complot, se condenó a ambos hermanos a diez años de prisión, al igual que a otros once militares; por cierto, de los 13 acusados, ocho eran de apellido Quirós, y oriundos de San Juan del Murciélago, hoy Tibás. Sin embargo, posteriormente, a José Manuel y Juan Manuel, así como a su primo Máximo Blanco Rodríguez —quien después sobresaldría en la Campaña Nacional contra los filibusteros—, más Francisco y Pedro Quirós, la pena de encarcelamiento les fue canjeada por el destierro, por cinco años.

En tercer lugar, cuando supuestamente ocurrió el duelo, apenas tres de los hermanos de don Juanito se habían casado: Mercedes, con Toribio Argüello Argüello (1829); Miguel, con Felipa Montes de Oca y Gamero (1840); y Ana María, con José María Montealegre Fernández (1840). Es decir, faltaban por contraer nupcias Juana, con José Antonio Chamorro Gutiérrez (1843); José Joaquín, con María Dolores Gutiérrez y Peña Monge (1843); Guadalupe, con José María Cañas Escamilla (1844); Heliodora, con Manuel Cañas Escamilla (¿?); María Rosa, primero con José Francisco Salazar Aguado (¿?) y después con Manuel Joaquín Gutiérrez Peñamonge (1845). Virginia, quien sufría de parálisis, permaneció soltera. Esta información procede del artículo de Emilio Obando, antes mencionado.

En síntesis, si don Juanito había prometido velar por sus hermanos en condición de padre postizo o sustituto —como en realidad lo hizo—, no iba a faltar a su promesa y correr el riesgo de perder la vida por un duelo de amor, por atractiva que fuera la señorita Madriz, el cual después podría resultar volátil o ilusorio, como es común en las cosas del amor y los sentimientos; además, aunque él resultó ileso de dicho lance, eso no le garantizó que ella lo aceptaría como novio o esposo. Bueno…, en realidad a ninguno de los dos, pues Quirós se casó o tuvo un romance con Agapita Quesada —en una fecha no indicada—, como resultado del cual nació Cérvulo Quirós Quesada.

En el caso de don Juanito, hombre de palabra, como lo era, contrajo matrimonio cuando ya todos los hermanos se habían casado; lo hizo el 24 de junio de 1847, con Inés Aguilar Cueto —hija del exjefe de Estado Manuel Aguilar Chacón—, ella con apenas 17 años de edad, y él con 33, una edad bastante atípica para los estándares de la época, lo cual se explica por la atención con la que se prodigó hacia sus hermanos, y no por falta de candidatas, que de seguro las había. Porque, además de su éxito como empresario y de su bien ganado y abundante capital, “era uno de los hombres más hermosos de su tiempo, de pequeña estatura pero perfectamente proporcionada, de barba tupida, negra y sedosa, de ojos pardos sombreados por largas y crespas pestañas. Su mirada era irresistible por lo que tenía de penetrante y de atrayente”, en palabras de su sobrino, el escritor Manuel Argüello Mora. Es decir, era un “muy buen partido” —al decir de antes—, pues era guapo, inteligente y rico.

Para concluir, el hecho de que el duelo no aparezca mencionado en el recuento cronográfico contenido en el libro Palabra viva de Libertador —que es sumamente detallado—, sugiere que no existió, pues los contendientes eran figuras muy conocidas en la sociedad de entonces, y ese dato no iba a pasar desapercibido. O, para dar el beneficio de la duda —en el sentido de que no se publicitó—, es oportuno mencionar que ese año no circularon periódicos en el país, pues los medios Noticioso Universal y La Tertulia habían fenecido, y El Mentor Costarricense no vería la luz por primera vez sino en diciembre.

En fin…, juzgue usted, amigo lector.

Académica costarricense galardonada por segunda vez con Doctorado Honoris Causa

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Por: Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador

La Dra. Ana Yury Navarrete Contreras, académica de la carrera en Pedagogía del Campus Nicoya de la Universidad Nacional de Costa Rica, recibió por segunda vez el Doctorado Honoris Causa, el cual es considerado como la más alta distinción académica internacional.

Este reconocimiento fue otorgado el 13 de septiembre de 2025, por un conjunto de instituciones de gran prestigio como son: las Universidades y Rectorías de UCIEP (México), Brasil; la Red Académica Cultural de Perú y la Red Académica CEREBRUM de Chile.

El acto solemne tuvo lugar en el emblemático teatro de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, México, en un ambiente cargado de reconocimiento académico y cultural. La ceremonia se celebró tras la destacada participación de la Dra. Navarrete como conferencista internacional con la ponencia titulada: ¿Piensa la Inteligencia Artificial IA como el Cerebro Humano?, Exploración de Neuromitos en la Era Digital. Esta investigación inédita provocó el entusiasmo del público y fue ovacionada por cientos de asistentes internacionales.

La doctora Navarrete, reconocida con el segundo título Doctor Honoris Causa por sus contribuciones científicas, educativas, socioculturales, y ambientales, ha liderado desde el corazón de Guanacaste un movimiento educativo de vanguardia enfocado en desmitificar los llamados neuromitos-creencias erróneas sobre el cerebro y el aprendizaje— que persisten en la formación docente y limitan la calidad de la educación. Su labor ha posicionado a Costa Rica, y en particular a Guanacaste, en la vanguardia de la neuroeducación en Centroamérica.

La Dra. Navarrete, oriunda de Santa Cruz, Guanacaste, ha dedicado su trayectoria académica a la investigación, innovación pedagógica y desmitificación de falsas creencias sobre el cerebro y la educación. Su trabajo ha trascendido fronteras, aportando significativamente a la neuroeducación y al fortalecimiento de la calidad educativa a nivel global.

Los resultados de las investigaciones de esta académica evidencian la urgente necesidad de fortalecer la formación docente inicial y continua, incorporando un enfoque neuroeducativo riguroso, actualizado y libre de mitos. Asimismo, se hace evidente en sus planteamientos el valor de un abordaje integral del bienestar que incluya no solo aspectos cognitivos, sino también prácticas relacionadas con la respiración consciente, la alimentación saludable, la actividad física y los vínculos sociales, pilares fundamentales para una educación humanizante y transformadora. No obstante, Navarrete Contreras ha reiterado que: “persisten resistencias institucionales y actitudinales hacia la incorporación de las neurociencias en los sistemas educativos, así como una insuficiente preparación del personal docente en estos temas”. Superar estos obstáculos exige políticas públicas contextualizadas, voluntades políticas comprometidas y liderazgo académico, como el ejemplo que nos da la Dra. Navarrete, quien indicó: “La transformación de los programas de estudio en la primera infancia no puede sustentarse en intuiciones, percepciones subjetivas o políticas educativas coyunturales; debe estar guiada por diagnósticos rigurosos y validados, fundamentados en evidencia científica que garantice el desarrollo integral de la niñez.” Por ello, el propósito de esta educadora es identificar los neuromitos presentes en el sistema educativo costarricense que comprometen la calidad de la educación desde las etapas iniciales del desarrollo infantil.

En la entrega del segundo Honoris Causa cientos de participantes, con gran admiración, se acercaron a felicitarla y a compartir con ella este reconocimiento, reflejando el impacto y la relevancia de su labor en la construcción de una educación más crítica, científica y humanista.

En un contexto global que exige transformar la educación con base en la ciencia, Costa Rica – y específicamente Guanacaste— emerge como referente internacional gracias a la labor pionera de la Dra. Ana Yury Navarrete Contreras, oriunda de Santa Cruz y académica de la Universidad Nacional-UNA, Sede Nicoya-Guanacaste. Hoy, su ejemplo inspira a nuevas generaciones de maestros, investigadores y líderes comunitarios, no solo en Guanacaste, sino en toda Iberoamérica.

Con este nuevo Doctorado Honoris Causa, la Dra. Navarrete reafirma su lugar como referente internacional en el ámbito académico y científico, llevando en alto el nombre de Costa Rica y la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional de Costa Rica en escenarios internacionales.

Contacto: ana.navarrete.contreras@una.cr