Ir al contenido principal

Dignidad indígena en resistencia: Presbere y Saldaña siguen caminando

Esta nota comparte una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, a partir del trabajo del Colectivo Antonio Saldaña.

El pasado 5 de julio, en una jornada cargada de memoria y lucha, el Colectivo Antonio Saldaña conmemoró el legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña, figuras centrales de la resistencia indígena en Costa Rica. La actividad no fue solo un acto simbólico: fue un ejercicio político y comunitario de afirmación cultural y territorial. Desde la región Bribri-Cabécar de Talamanca, la memoria viva se convirtió en acción colectiva.

El artículo disponible en el sitio del Observatorio explora cómo estos referentes históricos continúan inspirando luchas por la autonomía de los pueblos originarios, el derecho a la tierra y la descolonización del pensamiento. A través de textos, imágenes y participación comunitaria, la conmemoración permitió revitalizar preguntas fundamentales: ¿Qué significa hoy defender el territorio? ¿Cómo se ejerce la soberanía cultural frente a las amenazas del olvido institucional?

Presbere, símbolo de la resistencia contra la colonización en el siglo XVIII, y Saldaña, defensor de los pueblos indígenas en las primeras décadas del siglo XX, encarnan un legado que continúa vigente. El texto hace un recorrido por sus vidas, sus luchas, y la forma en que sus nombres abren camino para nuevas generaciones que exigen justicia histórica, memoria digna y defensa de la vida colectiva.

Desde el presente, las comunidades reafirman que sin autonomía no hay justicia, sin memoria no hay futuro y sin territorio no hay vida.

Les la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/dignidad-indigena-en-resistencia-el-legado-de-presbere-y-saldana/

Corte IDH reconoce que el cambio climático es un asunto de derechos humanos

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca como histórica la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 29 de mayo de 2025. Esta resolución establece que los Estados tienen obligaciones jurídicas claras e inmediatas frente a la emergencia climática, desde un enfoque de derechos humanos. La opinión fue solicitada por Chile y Colombia.

Este hito internacional convierte al cambio climático en un asunto jurídico que requiere acción estatal urgente, y reconoce explícitamente el derecho a un clima sano. También señala que los Estados deben prevenir daños ambientales irreversibles y proteger especialmente a las comunidades más vulnerables. Refuerza compromisos como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París.

La Corte enfatiza que el deterioro ambiental afecta múltiples derechos humanos, como el acceso al agua, la salud, la alimentación y la participación ciudadana. Por tanto, insta a los Estados a alinear sus políticas públicas con estos estándares. La Opinión puede ser utilizada como base para litigios climáticos, reformas legales y exigencias sociales de justicia ambiental.

En el caso de Costa Rica, el fallo obliga al Estado a revisar sus políticas climáticas, los planes de ordenamiento territorial, los marcos legales y los mecanismos de participación ciudadana. Esto implica un compromiso activo para asegurar que las decisiones ambientales respeten y garanticen los derechos humanos reconocidos por el sistema interamericano.

El Observatorio subraya que esta resolución fortalece la defensa de quienes protegen los ríos, bosques, la vida y la soberanía alimentaria, y que la justicia climática cuenta ahora con un respaldo legal sólido en el ámbito regional. Se trata de un llamado urgente para que ningún Estado posponga más la acción climática.

Le invitamos a visitar la página para leer la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/opinion-historica-de-la-corte-idh-el-cambio-climatico-tambien-es-un-asunto-de-derechos-humanos/

Costa Rica debe avanzar en la lucha contra el tabaquismo y el contrabando de cigarrillos

El contrabando de cigarrillos en Costa Rica no solo representa una pérdida millonaria para las arcas públicas, sino que también financia actividades ilícitas y agrava la crisis de salud pública causada por el tabaquismo, advierten expertos a través de los medios de comunicación.

Ante esta realidad, la Asamblea Legislativa tiene en sus manos proyectos de ley clave para enfrentar los problemas. Entre ellos destaca el Proyecto de Ley 22.497, que propone el empaquetado neutro de productos de tabaco, una medida que elimina colores y logotipos en los empaques, dejando la marca y las advertencias sanitarias visibles. Esta iniciativa busca reducir el atractivo del tabaco, especialmente entre niños y jóvenes, y contribuir con la disminución del consumo.

Complementariamente, el Proyecto de Ley 23.880 plantea un aumento del 30% en los impuestos al tabaco, una de las estrategias más efectivas para desincentivar su consumo y aumentar la contribución fiscal destinada a la salud pública. El proyecto de Ley 23880 para la Responsabilidad Social del Consumo de Tabaco ha sido elogiado por el Banco Mundial, la Organización Panamericana da la Salud (OPS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Costa Rica también ratificó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que fortalece el control y la sanción del contrabando, un problema que facilita la entrada de cigarrillos ilegales al mercado y redes financieras criminales, y que es ley de la república desde el 2016.

Asamblea Legislativa puede poner su granito de arena

Especialistas y organizaciones de salud, entre ellas la Red Nacional Antitabaco, RENATA, llaman a los legisladores a mostrar voluntad política para aprobar estas leyes y aplicar las medidas internacionales, con el fin de proteger la salud de la población y debilitar las fuentes de financiamiento del narcotráfico.

Para la presidenta de RENATA, Dra. Nydia Amador, “es muy importante que se aprueben estos dos proyectos de ley y se cumpla con la legislación ya vigente en el país. La sociedad civil puede colaborar de muchas formas, especialmente denunciando a quienes violan la ley vía el correo electrónico que ha puesto a disposición para ello el Ministerio de Salud: denuncias.minsa@misalud.go.cr .

La combinación de empaquetado neutro, aumento de impuestos y el control efectivo del comercio ilícito representa una oportunidad única para que Costa Rica realmente avance en la reducción del tabaquismo y fortalezca su seguridad nacional.

Gentrificación en Costa Rica: Expulsión y expropiación territorial de población autóctona – invitación

La Asociación Madre Tierra invita a una actividad titulada “Gentrificación en Costa Rica: Expulsión y expropiación territorial de población autóctona”, la cual se celebrará el próximo 12 de agosto a las 18:00 horas en el Centro de Cultura de España.

Esta actividad tiene como objetivo analizar cómo el proceso de gentrificación, que implica el desplazamiento de poblaciones de bajos ingresos de sus tierras, por otras de mayor renta, afecta a diversas regiones del país, particularmente en zonas como Guanacaste y las zonas marítimo-terrestre.

El evento contará con la participación de tres especialistas nacionales: Wendy Molina, socióloga y profesora de la UCR; Esteban Barboza Núñez, doctor en Estudios Culturales y coordinador del Observatorio de Turismo y Migraciones de la UNA; y Catalina Carrillo Vargas, psicóloga con experiencia en gestión local y trabajo comunitario. Además de abordar los aspectos conceptuales del fenómeno, se abrirá un espacio para que el público proponga ideas que contribuyan al posicionamiento del tema.

CGR advierte deficiencias en el cálculo del canon de telecomunicaciones de SUTEL

La Contraloría General de la República (CGR) identificó deficiencias en el sistema de costeo que utiliza la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para determinar el canon de regulación del sector. En su auditoría, la CGR concluyó que la metodología vigente no se ajusta a los principios de servicio al costo ni de administración eficiente, tal como exige la Ley N.° 7593.

El informe señala que el canon de regulación representa la fuente principal de financiamiento de SUTEL para ejercer sus funciones de supervisión del mercado abierto de telecomunicaciones. Para garantizar la transparencia y la razonabilidad de este aporte, el cálculo debe basarse únicamente en los costos indispensables para una regulación eficaz. No obstante, la CGR advirtió que SUTEL carece de un sistema que desglose el costo por actividad regulatoria, lo cual obstaculiza la evaluación de la eficiencia y limita la rendición de cuentas.

Además, se observó que los controles se sustentan en términos genéricos de partidas presupuestarias, sin asociar de forma directa cada gasto con la tarea regulatoria correspondiente. Esta práctica impide verificar si los recursos del canon se destinan de manera óptima y a un costo justificado.

La auditoría concluye que la falta de un mecanismo detallado de costeo podría derivar en un uso irracional de fondos públicos y reducir la eficacia de la supervisión del sector telecomunicaciones.

Para consultar el informe completo, ingrese a: DFOE CIU IAD 00004-2025
Video de la vocera, Marcela Aragón Sandoval, Gerente del área de fiscalización del Desarrollo de Ciudades de la CGR:

Estudio compara los gastos reales de estudiar educación superior en cuatro países de América Latina

Una nueva monografía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que el costo de asistir a la educación superior va mucho más allá del arancel. Transporte, alimentación, materiales y vivienda –gastos “ocultos” que con frecuencia no figuran en los cálculos oficiales– siguen siendo barreras críticas para la permanencia estudiantil en Chile, Costa Rica, Perú y Colombia.

El documento El gasto real de estudiar educación superior en América Latina: ¿cuánto invierten las familias y qué apoyo financiero reciben los estudiantes? analiza, en dólares PPP 2023, el desembolso anual que afrontan las familias según tipo de institución (pública o privada), nivel (universitario o técnico) y localización (capital o fuera de ella). Entre los principales hallazgos:

  • En las universidades privadas ubicadas en la capital, el gasto total promedio oscila entre US$ 48 634 en Costa Rica y US$ 121 671 en Chile.

  • Cuando se contrasta con el PIB per cápita, la carga relativa es similarmente elevada: en Chile representa entre 67 % y 78 % y en Colombia entre 46 % y 62 %.

  • La educación técnica implica desembolsos menores, aunque sigue siendo significativa; en institutos privados chilenos promedia US$ 45 738.

  • Los gastos de vivienda y arancel explican la mayor parte de la diferencia entre programas universitarios y técnicos.

  • Las brechas persisten a pesar de los programas de becas, créditos y, en algunos casos, gratuidad condicionada.

El estudio subraya que comprender la magnitud de estos montos es esencial para diseñar políticas que garanticen el acceso y la permanencia, especialmente de personas jóvenes de menores ingresos.

Descargue el documento completo en PDF y consulte los detalles metodológicos, los cuadros comparativos y las recomendaciones de política pública:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/07/El-costo-de-estudiar-en-educacion-superior-y-los-programas-de-apoyo-financiero-a-estudiantes-en-America-Latina.pdf

Colectivo CONCEVERDE exige respuestas a Municipalidad de San Rafael por realizar actividades no permitidas en Cerro Chompipe

El pasado 13 de junio de 2025, el colectivo ciudadano CONCEVERDE solicitó mediante el oficio CNVJF/101/25 al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) respuestas sobre actividades de intervención en el Cerro Chompipe por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, así como un traspaso de propiedad pendiente de este territorio de la municipalidad al MINAE debido a su categoría de patrimonio natural del Estado.

En atención al oficio presentado, el MINAE emitió respuesta mediante el Oficio DM-529-2025 / DAJ-MINAE-1233-2025 el 25 de junio de 2025, mediante el cual hizo constar que dicha entidad no ha avalado a la Municipalidad de realizar acciones de intervención como instalación de “cámaras trampa” y labores de amojonamiento. También, se informó que el traspaso de propiedad del terreno de Cerro Chompipe (finca 4-156766-000), perteneciente al Parque Nacional Braulio Carrillo no ha sido concretado a pesar de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) hizo la solicitud formal desde junio de 2024 al alcalde de San Rafael de Heredia.

Así, ante una posible negación del alcalde a proceder con el traspaso del terreno, el SINAC accionaría un mecanismo vigente y legal. De forma preliminar, se ha aplicado una prevención administrativa al alcalde por parte del SINAC debido a sus acciones de intervención en la finca 4-156766-000 sin autorización previa del SINAC.

Autoridades municipales no se presentan a inspección de la zona

A raíz del oficio presentado por CONCEVERDE al MINAE, este encargó un patrullaje (Gira No. SINAC-ACC-PNBC-SVB-INF-227-2025) a la zona para verificar lo indicado en la denuncia por parte del colectivo. Así, se solicitó formalmente la participación del alcalde en la inspección programada para el día 23 de junio de 2025 a las 9:00 am debido a que la colaboración entre personal del SINAC y funcionarios municipales resultaba adecuada para esclarecer dudas sobre las actividades en ese sector.

Sin embargo, ni el alcalde ni ningún otro funcionario de la Municipalidad se presentaron al sitio y hora acordados. A su vez, tampoco hubo respuesta por parte del alcalde a llamados por parte del personal del SINAC, de modo que con apoyo de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirenas) y sin apoyo municipal se procedió con la inspección del terreno.

En dicha inspección no se consiguió encontrar indicios de la colocación de “cámaras trampa”; sin embargo, el mismo grupo de exploración concluye que se necesitan más visitas para asegurarse sobre la instalación de las cámaras, esto al ser una propiedad relativamente extensa.

Cambio climático afecta salud y derechos laborales, alerta ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) enfatiza que los efectos del cambio climático repercuten directamente en la salud y condiciones de la clase trabajadora, especialmente el personal operativo. En una reunión con la Asociación Gremial de Obreros de la Conservación de Argentina, se destacó la urgencia de que los gobiernos aseguren ambientes laborales seguros y adaptados a la crisis climática.

Se señaló que los fenómenos meteorológicos extremos encarecen alimentos, reducen horas de trabajo y elevan enfermedades, afectando más a los sectores vulnerables. La ANEP advierte que estas condiciones agravan la desigualdad social y requieren atención integral a nivel estatal.

La organización sindical indica que los países deben garantizar las mejores condiciones para estos trabajadores expuestos y promover políticas climáticas que incorporen medidas preventivas laborales. Esta conversación subraya la responsabilidad gubernamental en proteger a la fuerza laboral frente a la emergencia climática.

Puede obtener la información detallada en este enlace a la plataforma YouTube.

FECTSALUD denuncia alianzas oscuras y retrocesos en derechos laborales de cara al 2026

En esta producción informativa de FECTSALUD Costa Rica, Juan Carlos Durán Castro, secretario de Prensa y Propaganda de la organización, analiza las alianzas políticas, estrategias del gobierno y amenazas a los derechos laborales, centradas en el polémico proyecto de ley sobre la jornada 4×3.

Durán denuncia un “pacto oscuro” entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el gobierno, el cual, según sus palabras, debilita al candidato del PLN, Álvaro Ramos, e involucra acuerdos poco transparentes con sectores empresariales como UCCAEP y diputaciones oficialistas.

Pilar Cisneros también hizo sus «chapuzas» por el sector de UCAEP”, afirma Durán, cuestionando el argumento de que el salario mínimo afecta la competitividad del país. Según él, este discurso es falso y busca llevar el trabajo precario al trabajo esclavo, afectando directamente a la clase trabajadora.

También advierte que el gobierno habría ejercido presión sobre UCCAEP para impulsar la jornada 4×3, retirando y luego volviendo a convocar el proyecto de ley como táctica para negociar préstamos y continuar endeudando al país. A este accionar lo llama “la jugada del tonto”, en la que se involucra a Liberación Nacional como parte de una estrategia engañosa.

Finalmente, lanza un llamado a la población costarricense a reflexionar críticamente sobre estas acciones y discursos de cara a las elecciones de febrero de 2026, insistiendo en que no se trata de simples decisiones técnicas, sino de un modelo político que busca debilitar derechos laborales fundamentales.

Puede ver el video completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/16cCFSnNB8/

A 15 años de la masacre de Changuinola. La violencia continúa

Masacre en Changuinola 2010 | Foto: Gerardo Iglesias (archivo Rel UITA)

Gerardo Iglesias

El 8 de julio de 2010 el aparato represor del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli −condenado por corrupción y asilado hoy en Colombia− reprimió con saña al pueblo trabajador de la zona bananera de la provincia de Bocas del Toro.

En aquel entonces, José Raúl Mulino −hoy Presidente de la República− era ministro de Interior, por lo tanto, responsable directo de la feroz cacería de ciudadanos indefensos en el feudo de Chiquita Brands.

José Raúl Mulino sufre del trastorno de acumulación de odio contra los trabajadores bananeros y los indígenas. Aquella salvajada −por la cual debería estar preso− dejó un saldo de dos muertos, 78 lisiados de por vida y 700 heridos de bala y perdigones.
La entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, se dignó ir a la zona bananera donde el Sindicato (SITRAIBANA) había convocado a una huelga en todas las fincas.

En la propia sede del Sindicato, la copetuda ministra mostró también su fobia antiindígena: “Ustedes son unos indios borrachos, ignorantes, analfabetos”, les dijo. “Dejen de hacerle el juego a los dirigentes sindicales, que lo único que quieren es seguir viviendo de las cuotas”, añadió.

Aquella señora copetuda fue condenada en mayo del actual a 32 meses de prisión al no justificar gastos de viáticos por 49 mil dólares en reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza. La muy instruida señorona resultó una vulgar ladrona.

Hace algunas semanas el presidente Mulino ordenó una nueva cacería en Bocas del Toro. El despliegue de las fuerzas de seguridad llevó por nombre “Operación Omega”. El número de muertos crece a diario, junto a las denuncias de torturas y flagrantes violaciones a los derechos humanos.
Ni siquiera la impunidad es eterna. El que las hace las paga. ¡Prohibido olvidar!

Masacre en Changuinola 2010 | Foto: Gerardo Iglesias (archivo Rel UITA)