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Asociación ecologista solicita a la Sala Constitucional valorar oficio clave del CONAVI como prueba en recurso de amparo sobre rotondas en Ruta 32

Escrito en . Publicado en Comunidad.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional valorar un oficio clave del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como prueba en un recurso de amparo interpuesto contra la institución pública. El recurso tiene que ver con la colocación de rotondas en la Ruta 32, situación la cual varios vecinos y comunidades organizadas de la zona han manifestado su molestia.

Esto se dio a conocer a través de la carta a la Sala Constitucional suscrita por Marco Levi Virgo, vecino de Limón. En esta carta, Levi le solicita a este órgano judicial incluir en el recurso de amparo el oficio CARTA-CONAVI-UE32-09-2025-0459 (0563).

La carta, suscrita por el ingeniero Ronald Alfaro Fernández, menciona algunos puntos importantes. Alfaro menciona en el oficio que está buscando estudios funcionales que demuestren o justifiquen la implementación de obras no contempladas originalmente en el proyecto. Levi de esta manera menciona que “esta afirmación implica que las rotondas actuales no cumplen plenamente con las necesidades de funcionalidad y seguridad de la Ruta 32”.

Otro punto a destacar del oficio es que reconoce que la implementación de las rotondas obedece a que quedan pendientes expropiaciones que permitan hacer el paso a desnivel, siendo estas una medida temporal y no una solución. Levi menciona que esto compromete la seguridad vial y contradice las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras del MOPT.

Entre otros puntos mencionados en el recurso están que la institución se compromete a mejorar los diseños en un futuro. Además, Levi menciona que los puntos del oficio donde se mencionan las medidas de participación ciudadana son ambiguos en su gran mayoría. Por otra parte, menciona que tienen un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la elaboración de estudios técnicos y la planificación de obras complementarias.

Además de la inclusión del oficio como prueba del recurso de amparo, otras medidas solicitadas por Levi a los magistrados judiciales en su carta son: ordenar la realización de estudios técnicos y obras complementarias, la instalación mecanismos efectivos de participación ciudadana, y que la Sala Constitucional designe un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas ordenadas.

El recurso de amparo tiene como propósito salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad vial y a un ambiente sano, derechos constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la carta fundamental.

Foro latinoamericano abordará los retos del retiro y las pensiones en el sector educativo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Con participación de más de una decena de países del continente, se desarrollará el miércoles 2 y el jueves 3 de julio de 2025 el foro latinoamericano “Jubilaciones, Pensiones y Retiro”, una iniciativa enmarcada en el Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo.

La actividad se transmitirá por el canal de YouTube de Otras Voces en Educación (OVE) y contará con intervenciones de ponentes provenientes de Puerto Rico, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Argentina. El horario de transmisión será de 14:00 a 18:00 (hora de Brasil) en ambas fechas.

El foro es auspiciado por organizaciones sindicales y educativas como la CNTE, CNSUESIC y NCT de México, ASOPROF de Panamá, así como la plataforma Otras Voces en Educación, que impulsa espacios de análisis pedagógico crítico en la región.

El evento tiene como objetivo principal visibilizar los desafíos estructurales que enfrentan los sistemas de jubilación y retiro del sector educativo en América Latina, en un contexto de reformas regresivas, aumento de la edad para el retiro, privatización de fondos de pensiones y precarización laboral docente.

Los organizadores destacan que el foro busca fortalecer el debate regional, articular experiencias de resistencia y promover alternativas frente a las políticas neoliberales que amenazan el derecho a una jubilación digna y a condiciones justas para quienes han dedicado su vida al trabajo educativo.

Emergencia en Mata Redonda: deslizamientos amenazan 25 familias por inacción municipal

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Los vecinos de Barrio La Salle en Mata Redonda, San José, enfrentan una grave emergencia habitacional debido a deslizamientos de tierra y riesgo estructural en sus viviendas, situación que ha sido agravada por las recientes lluvias. Un total de 25 viviendas se encuentran en peligro. La comunidad ha convocado a la prensa para visibilizar esta problemática urgente.

Antecedentes y situación actual

Desde 2019, los vecinos han presentado denuncias formales ante la Municipalidad de San José sobre los deslizamientos y el incumplimiento en los trámites por parte de la constructora del proyecto «Torres de Valencia». A pesar de que las denuncias fueron entregadas y selladas, no han recibido respuesta, lo que ha empeorado la situación. Entre los puntos denunciados se encuentra la eliminación de gaviones en el lado este del barrio, cerca de la entrada de la torre del ICE, donde se realizaron movimientos de tierra fuera del tiempo autorizado.

Actualmente, 25 viviendas están en riesgo por el constante socavamiento y los deslizamientos que afectan el talud sur de sus propiedades. Se observa un deterioro visible en las casas, colapso parcial de estructuras, deficiencias en los muros de contención y desplazamiento de materiales.

Acciones y omisiones institucionales

Las acciones municipales han sido consideradas insuficientes y fragmentadas. Una inspección del Comité Municipal de Emergencias valoró únicamente hasta la vivienda número 11, negándose a continuar por otra entrada que daba acceso al resto de las propiedades afectadas.

Los informes municipales han omitido información crucial, como la existencia de la avenida 24A, una calle pública detrás de las viviendas cuya canalización y mantenimiento son responsabilidad de la Municipalidad de San José. Esta omisión ha contribuido al deterioro y deslizamiento del terreno, y la Municipalidad ha intentado trasladar la responsabilidad a los vecinos. Además, no ha habido comunicación oficial ni seguimiento por parte de la encargada de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo, Lorena Romero Vargas, a pesar de múltiples solicitudes y denuncias.

El Ministerio de Salud, en su informe técnico MS-DRRSCS-DARSHMR-EZA-IT-145-2025, con fecha 16 de junio de 2025, atendió la denuncia 116-2025 relacionada con problemas de desplazamiento de terreno y la inestabilidad en varias viviendas en Sabana Sur, Barrio La Salle, Avenida 16B. La inspección realizada el 12 de junio de 2025 encontró que el terreno inestable se orienta hacia el Río María Aguilar, causando daños estructurales en las viviendas. Se constató que la mayoría de las casas tienen tuberías que vierten aguas pluviales hacia un potrero en la parte trasera, debido a que la pendiente del techo no permite el drenaje hacia la Avenida 16B. Además, se identificaron episodios de deslizamiento en el terreno que se dirige al Río María Aguilar, lo que indica una alta saturación del suelo. También se confirmó la existencia de una naciente de agua en la zona del potrero.

El informe del Ministerio de Salud menciona que un proyecto constructivo denominado «Torres de Valencia» no pudo concretarse en el terreno propenso a deslizamientos (Plano Catastro SJ-638519-2000) debido a rechazos de instituciones pertinentes. Sin embargo, los vecinos afirman que se realizaron trabajos de movilización de tierras en esa zona.

Llamado urgente

Los vecinos requieren una intervención inmediata en las viviendas más afectadas, una inspección técnica integral de toda la zona, la inclusión de la avenida 24A en las soluciones técnicas, la asunción de responsabilidad institucional por parte de la Municipalidad, y una investigación de las omisiones de los funcionarios municipales.

¿Dónde está la voz del INAMU ante el proyecto de jornadas 4×3?

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Por Enid Cruz Ramírez
Trabajadora social, activista por los derechos de las mujeres

En medio de una discusión nacional crucial sobre el futuro de las condiciones laborales en Costa Rica, llama profundamente la atención el silencio de la actual ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández y la presidenta ejecutiva del INAMU Yerlyn Zúñiga Céspedes, respecto al proyecto de ley que busca implementar la jornada laboral 4×3, es decir, 12 horas diarias durante cuatro días consecutivos, sin pago de horas extra.

El debate no es menor. Las implicaciones de este proyecto van mucho más allá de lo laboral: afectan la vida cotidiana, los derechos sociales, los tiempos de cuidado, el acceso a la educación y la salud integral de miles de personas, en especial de mujeres que viven en condiciones de desigualdad estructural, madres solas, mujeres trabajadoras informales, jefas de hogar, cuidadoras no remuneradas y mujeres de zonas rurales.

Desde una perspectiva interseccional, resulta urgente señalar que las condiciones laborales injustas no se distribuyen por igual: sus impactos se intensifican en las mujeres atravesadas por múltiples opresiones; género, clase, territorio, raza, edad, condición migratoria o discapacidad.

¿Qué ha dicho el INAMU?

El Foro Nacional de Mujeres del INAMU, instancia participativa y consultiva, sí se ha pronunciado en contra de la jornada 4×3. Sus argumentos son consistentes y reflejan una lectura feminista de las desigualdades sociales:

  • Afecta desproporcionadamente a las mujeres que realizan trabajo de cuido no remunerado.
  • Reduce el tiempo disponible para educación, participación social, autocuidado y vida familiar.
  • Viola derechos constitucionales relacionados con la salud, la protección a la familia y el trabajo digno.
  • Contraviene convenios internacionales que protegen a las personas trabajadoras, como los de la OIT.

Sin embargo, las actuales jerarcas del INAMU, no han emitido una postura clara y pública sobre el tema. Esta ausencia de voz institucional desde el INAMU genera confusión, resta legitimidad a la labor del Instituto y profundiza el desencanto social frente a la aparente desconexión entre las instituciones públicas y las realidades urgentes de las mujeres trabajadoras.

¿Por qué importa su postura?

El INAMU no es un actor cualquiera. Como ente rector en materia de igualdad de género, su papel es incidir en las políticas públicas para garantizar los derechos de todas las mujeres, particularmente las más vulnerabilizadas. En un contexto como el actual, donde la violencia patriarcal se expresa no solo en el ámbito doméstico, sino también en el mercado laboral, guardar silencio es políticamente grave.

La falta de posicionamiento ante una medida que representa un retroceso en materia de derechos laborales y justicia social es una forma de violencia institucional por omisión. El silencio no es neutral; es una forma de consentimiento pasivo ante políticas que reproducen la desigualdad.

¿A qué responde este vacío institucional? ¿Presiones políticas? ¿Falta de voluntad? ¿Un enfoque tecnocrático desconectado de la vida real de las mujeres?

Lo que está en juego

La eventual aprobación de la jornada 4×3 no es solo un tema técnico. Es una disputa ideológica sobre el tipo de país que queremos construir: uno que reconozca el valor del tiempo de vida, del descanso, del cuido, de la corresponsabilidad, o uno que normalice la explotación laboral como sinónimo de “eficiencia”.

Sabemos que las mujeres ya viven jornadas dobles y triples. ¿Cómo se supone que vamos a sostener familias, educarnos, cuidar, participar social y políticamente, si el Estado legaliza turnos de 12 horas sin pago adicional?

Urgimos una voz clara y comprometida

En tiempos donde lo estructural golpea la vida cotidiana de las mujeres, el silencio institucional es inaceptable. Se requiere con urgencia que la jerarca del INAMU, así como el propio gobierno, se posicionen de forma clara, crítica y con enfoque de derechos humanos y justicia de género ante este proyecto.

El cuido no puede seguir siendo invisible. El tiempo no es una mercancía. Y los derechos laborales no se pueden negociar como si fueran privilegios.

Costa Rica necesita un INAMU activo, no decorativo. Necesitamos una institucionalidad que se atreva a alzar la voz, aunque incomode.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.
#JornadaDigna #TiempoParaLaVida #4x3NoVa #INAMUHable

Modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable: grave retroceso en protección del agua y salud pública en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Agua.

Pronunciamiento del Grupo Interuniversitario de Estudios Sociales del Agua

El pasado martes 24 de junio de 2025 el gobierno de Rodrigo Chaves aprobó, a través de la ministra de salud Mary Munive, una modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38.924-S), la cual representa una grave amenaza y un notable retroceso en la protección del agua y la salud pública en Costa Rica. Esta modificación resulta indignante, tanto en lo que respecta al contenido de la misma como al proceso mediante el cual fue impulsada. Como grupo de trabajo dedicado al estudio científico del agua desde una perspectiva socioambiental, a continuación, exponemos nuestros puntos de vista en relación con este acontecimiento:

  • En términos generales, la modificación al Reglamento eleva los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas en el agua para consumo humano. Se trata, tal como lo han denunciado diversos colectivos y organizaciones socioambientales, una “legalización de la contaminación” del agua.
  • Considérese, como contexto, que Costa Rica es uno de los países que a nivel mundial aplica mayor cantidad de plaguicidas por área agrícola. Se estima que en este país se aplican entre 10 y 35 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea agrícola, según diferentes fuentes. Por ejemplo, la base de datos de la FAO, Food and Agriculture Data (FAOSTAT), ubica a Costa Rica como el número uno en el mundo, con un promedio de 23,44 kg/ha entre 2000 y 2020, lo cual representa ocho veces más que el promedio del resto de países de la OCDE del continente americano.
  • En Costa Rica hay registrados más de 250 ingredientes activos con acciones biocidas, de los cuales se usan activamente más de 200. Aproximadamente la mitad de estos se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), prohibidos en muchos países del mundo. Por volumen de uso, se estima que aproximadamente el 90% de los plaguicidas utilizados son PAPs.
  • La aplicación masiva de plaguicidas y otros agroquímicos tóxicos ya representa un grave problema ambiental y de salud pública en el país. Amplia investigación científica ha evidenciado la correlación entre la aplicación de estos productos y la incidencia de diferentes enfermedades y padecimientos. Por citar un ejemplo, Costa Rica ocupa el 11º lugar en incidencia y el 13º en mortalidad por cáncer gástrico en el mundo.
  • Según el PNUD, las erogaciones realizadas por la Caja del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) entre el 2018 y el 2020 para brindar cuidado médico y por concepto de incapacidades laborales debido a intoxicaciones provocadas por estas sustancias, en promedio, alcanzaron para esos años el monto de 5 580 554 201 colones. El 87% de esa cifra corresponde a gastos clínicos. Es oportuno indicar que las intoxicaciones representaron aproximadamente el 0,35% del PIB Agrícola de Costa Rica para esos años.
  • Además de elevar los límites máximos de plaguicidas permitidos, la modificación al Reglamento incorpora el concepto de “Valor de Alerta”, sustituyendo el concepto hasta entonces vigente de “Valor Máximo Admisible”. Este cambio implica que, frente a una posible contaminación del agua para consumo humano, la población continuará consumiéndola mientras se determina mediante estudios técnicos si efectivamente los niveles de plaguicida sobrepasan los límites máximos permitidos. Es decir, violenta el principio precautorio indubio pro salud.
  • La modificación al Reglamento fue sometida a consulta pública, a partir de la cual recibió numerosos cuestionamientos de parte de sectores académicos, técnicos, comunitarios y ambientales. Entre estos, se pronunciaron las universidades públicas, la Academia Nacional de Ciencias, la Defensoría de los Habitantes y la ARESEP, los cuales defendieron sus posiciones con argumentos sólidos y bien documentados. Es decir, la modificación al Reglamento se impulsó de forma antidemocrática y anticientífica.

En fin, la modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable representa un nefasto acontecimiento en la vida social y política del país y un retroceso en materia ambiental, que exige una respuesta enérgica y organizada de parte de los diversos sectores de la sociedad costarricense. Se trata de una modificación legal que autoriza el consumo humano de agua contaminada con plaguicidas tóxicos, sin respaldo técnico ni científico, impuesto de manera autoritaria al servicio de los intereses empresariales del agronegocio. Resulta sorprendente la irresponsabilidad y la insensatez de esta medida, pues la política pública que correspondería aplicar debería ser todo lo contrario: regular y limitar el uso de plaguicidas tóxicos, en beneficio del ambiente y la salud de la población.

Referencias

Castro-Vargas, María Soledad (2023). Pesticides, plantations and the State. The making and un-making of the Térraba-Sierpe delta. Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona.

Dávila, Adriana. et al. (2018). Caracterización clínica y epidemiológica de la población tamizada en el Centro de Detección Temprana del Cáncer Gástrico, Costa Rica, período 1996-2015. Revista Costarricense de Salud Pública, 27(2), 68-81.

Pacheco, José Francisco.; Idriago, Déborah. (2022). Costo Económico y Fiscal del uso de plaguicidas en Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

Vargas, Elídier. (2021). Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

¿Qué va quedando del nuevo movimiento de Álvaro Ramos en el PLN?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roberto Salom Echeverría

No somos pocos quienes nos sentimos originariamente identificados con la candidatura presidencial de Álvaro Ramos Chaves. Fue así porque creímos en su anuncio de un nuevo movimiento social dentro del PLN…

– Que se proponía encabezar una reivindicación de las conquistas democráticas de la Constituyente del ‘49 y del resello de las conquistas sociales de los cuarenta.

– Que adversaría el sesgo exclusivamente proempresarial que representó ese partido, cada vez en mayor medida, después de aquellas conquistas, volviéndole la espalda a los trabajadores y a los sectores medios que con aquellas conquistas había respaldado en primera instancia.

Su discurso parecía auspiciar una clara conciencia del peligro que se cierne sobre la Segunda República hoy en día, y que su movimiento constituiría una reivindicación de la socialdemocracia pluralista, abierta a forjar alianzas con diversas corrientes socio-políticas, para reivindicar el Estado de derecho, las instituciones democráticas, como la CCSS, las Universidades Públicas, el ICE, la banca nacionalizada, la creación del Tribunal Supremos de Elecciones y la abolición del ejército y otras, que constituyeron un hito en el proceso de democratización y descentralización del poder político; y que a partir de ahí se dispondría a abrirle curso a un proceso de ampliación y profundización de la democracia y a abrirle horizonte a la democracia y la solidaridad.

Pero ahora ha dejado claro que los alcances de su movimiento no trascienden lo que Liberación Nacional ha representado en los gobiernos subsiguientes a aquellas conquistas, gobiernos cada vez más entregados de manera exclusiva a los sectores empresariales, que se enajenaron progresivamente de la democracia social, de los trabajadores y de los sectores medios que en un primer momento representaron.

Su adhesión a la llamada “Ley cuatro tres” rebela sus limitaciones y las de su movimiento, su incapacidad para forjar una amplia alianza de fuerzas democráticas y progresistas, capaz de abrirle curso a reformas democráticas más avanzadas que amplíen el horizonte de las clases trabajadoras y de los sectores medios de nuestro país, en procura de un fortalecimiento de la democracia.

Con su adhesión a ese proyecto, rebela que no tiene la perspectiva, ni la capacidad de trascender la estrecha visión proempresarial que ha hecho de Liberación Nacional un partido decadente, corrupto y sin perspectiva de futuro.

Esa ley es una imposición de los sectores empresariales que están de espaldas al resto de la sociedad, y que buscan incrementar la tasa de explotación de la mano de obra, para continuar abriéndole curso de esa manera, a un sistema social cada vez más inequitativo, antidemocrático y depredador del medio ambiente. Estoy seguro de que con ese movimiento de Ramos Chaves se le han cerrado las puertas de incorporación o adhesión de los sectores populares a su campaña de manera irreversible.

Por mi parte me siento decepcionado de este pronunciamiento y desde luego, manifiesto mi repudio a esa medida y mi desafiliación de mi apoyo a su candidatura de cara a las elecciones del 2026.

Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres impulsa campaña de firmas contra jornadas 4×3

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Desde la Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres, diferentes organizaciones, colectivas y mujeres firmantes decimos NO al Proyecto de Ley N.º 24.290 que pretende instaurar jornadas laborales de 12 horas durante 4 días, sin pago de horas extra y con graves consecuencias para nuestra salud, nuestra educación, nuestras familias y nuestros derechos laborales. Te invitamos a sumarte con tu firma:

https://forms.gle/HNqjgcwTEeZRvCpHA

El populismo a través de las fronteras: un análisis de las administraciones de Rodrigo Chaves y Donald Trump

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Sebastián Sotelo Blanco

«Costa Rica está experimentando una nueva forma de hacer política bajo el liderazgo de Rodrigo Chaves, quien ha adoptado influencias de otros líderes carismáticos y populistas de la última década, como Donald Trump y Javier Milei” (Fernández, 2024, p. 1). Esta cita del Semanario Universidad refleja una tendencia creciente en el ascenso al poder de líderes populistas, quienes critican a las instituciones públicas y atacan a la prensa, especialmente cuando su agenda política no se alinea con las ideologías del líder populista. Por ejemplo, la presidencia de Donald Trump es un claro ejemplo de cómo una estrategia populista puede impulsar la división política, con su postura nacionalista y de confrontación hacia los medios de comunicación, en gran parte a través de su campaña “America First” (Nazar, 2020, p. 3). De manera similar, la presidencia de Rodrigo Chaves refleja la estrategia nacionalista de Trump al presentarse como un outsider frente a las élites políticas tradicionales, mientras lucha contra la burocracia y la corrupción, casi como si fuera el salvador de Costa Rica. La administración de Chaves ha generado serias preocupaciones sobre cómo la adopción de un estilo de gobierno populista al estilo Trump podría impactar la política costarricense en términos de regulaciones económicas, asuntos sociales y libertad de expresión.

Para empezar, tanto la administración de Trump como la de Chaves comparten la característica de impulsar una economía nacionalista, centrada en la protección de las industrias locales, la reducción de la dependencia de importaciones extranjeras y la prioridad de los intereses nacionales por encima de la cooperación global. Por ejemplo, Trump ordenó un arancel del 25 % sobre todas las importaciones de acero y aluminio con el fin de apoyar a las industrias nacionales (Council on Foreign Relations, 2018). Sin embargo, muchos análisis sugieren que estos aranceles reducirán el PIB a largo plazo en un 6 % y los salarios en un 5 % (Penn Wharton Budget Model, 2020). Por su parte, Chaves prometió reducir los trámites burocráticos y las barreras administrativas como una forma de empoderar a los emprendedores locales y fortalecer la economía costarricense desde dentro, alineándose con su visión económica nacionalista de priorizar el crecimiento interno sobre la dependencia internacional (Benavides, 2022). Esta promesa se hizo aún más evidente cuando Chaves declaró durante su campaña:

“Todo comienza con acelerar nuestra economía para generar empleos, atraer inversión, consolidar nuevas empresas y fortalecer nuestras exportaciones. ¡Tienen nuestra promesa: acabaremos, de una vez por todas, con los trámites, los obstáculos excesivos y las intervenciones del Estado y los costos abusivos. Los dejaremos trabajar, sin estorbar!” (Ballotage in Costa Rica, 2022, p. 5)

Esta declaración resalta la retórica populista y orientada al mercado de Chaves al apelar a la gente común con un lenguaje simple. No hay datos reales que respalden sus promesas, al igual que con Trump.

Poco después de que ambos líderes populistas llegaran al poder, fueron noticia por sus posturas en contra de temas sociales. Por ejemplo, Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas para eliminar programas de equidad, diversidad, inclusión y DEI, argumentando que estos programas son “inmorales e ilegales” (Mark & Meckler, 2023, p. 3). Del mismo modo, Chaves, tras ganar las elecciones presidenciales en 2022, se comprometió personalmente a revertir los derechos en salud reproductiva y sexual, además de prohibir la educación en género (Vílchez, 2022). Estas posturas en contra de los derechos sociales y humanos son una tendencia creciente entre los líderes populistas, con el fin de atraer a audiencias conservadoras, que representan la mayoría en ambos países.

Además, tanto la presidencia de Trump como la de Chaves se han caracterizado por una actitud agresiva hacia los medios de comunicación. Como observa Jonathan Rauch, del Brookings Institution, Trump “se refirió frecuentemente a los medios tradicionales como ‘noticias falsas’ e incluso como ‘enemigos del pueblo’” (Rauch, 2021, pp. 2–3). De manera similar, los ataques de Chaves hacia medios de comunicación e incluso instituciones autónomas como la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia han socavado la confianza pública en la prensa y en instituciones clave (The Tico Times, 2023). Esta técnica populista que ambos presidentes emplean, de desacreditar medios que se oponen a sus ideologías o que critican su imagen pública, busca desestimar cualquier crítica real, tachándola de “falsa” o calificando a la prensa de corrupta, lo cual constituye un ataque a la libertad democrática de expresión.

Tomando en cuenta todos estos paralelismos entre las administraciones de Trump y Chaves y sus posturas sobre las regulaciones económicas, los temas sociales y los ataques a la prensa, se hace evidente una creciente división política causada por las estrategias de ambos presidentes. Este patrón de erosión institucional mediante una economía nacionalista, el rechazo a los derechos sociales y la violación de la libertad de expresión a través del ataque a la prensa plantea un futuro preocupante para la democracia costarricense. La adopción por parte de Rodrigo Chaves de las estrategias populistas de Donald Trump lleva inevitablemente a preguntarse cuánto tiempo podrán sostenerse estas técnicas populistas, especialmente considerando que este tipo de populismo solo puede crecer en sistemas democráticos, al mismo tiempo que va desmantelando partes de ese mismo sistema poco a poco.

Referencias

Ballotage in Costa Rica: Rodrigo Chaves and José María Figueres compete for the presidency. (2022, April 3). Infobae. https://www.infobae.com/en/2022/04/03/ballotage-in-costa-rica-rodrigo-chaves-and-jose-maria-figueres-compete-for-the-presidency/

Benavides Santos, T. (2022, April 4). A rocky road ahead for Costa Rica’s Rodrigo Chaves. Americas Quarterly. https://americasquarterly.org/article/a-rocky-road-ahead-for-costa-ricas-rodrigo-chaves/

Costa Rica press freedom under threat as Chaves targets journalists, report says. (2025, April 5). The Tico Times. https://ticotimes.net/2025/04/05/costa-rica-press-freedom-under-threat-as-chaves-targets-journalists-report-says/

Ferguson Jr., R. W. (2025, February 24). The intellectual origins of Trump’s economic policies. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/intellectual-origins-trumps-economic-policies

Fernández Aguilar, G. (2024, October 16). La polarización bajo el mandato de Rodrigo Chaves. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/opinion/la-polarizacion-bajo-el-mandato-de-rodrigo-chaves/

Mark, J. (2025, June 1). Discrimination cases unravel as Trump scraps core civil rights tenet. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/business/2025/06/01/trump-disparate-impact-discrimination-cases-civil-rights/

Nazar, Y. (2024, November 7). Trump’s populism and neo‑isolationism in a polarised world. The Friday Times. https://thefridaytimes.com/07-Nov-2024/trump-s-populism-and-neo-isolationism-in-a-polarised-world

Penn Wharton Budget Model. (2025, April 10). The economic effects of President Trump’s tariffs. https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/issues/2025/4/10/the-economic-effects-of-president-trumps-tariffs

Rauch, J. (2018, August 17). Trump’s war on ‘fake news’ could actually make the mainstream media stronger. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/trumps-war-on-fake-news-could-actually-make-the-mainstream-media-stronger/

Vílchez, D. (2025). Rodrigo Chaves attacks gender education as foreign agenda. openDemocracy. https://www.opendemocracy.net/en/5050/rodrigo-chaves-costa-ricas-new-president-threatens-rights/

Marcha del Orgullo Antifascista y Disidente este domingo en Parque La Merced

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica ha convocado para este domingo 29 de junio, en el marco de la marcha del PRIDE, una manifestación con punto de encuentro en el Parque La Merced en el centro de San José a la 1:00 pm.

La convocatoria bajo el nombre de Marcha del Orgullo Antifascista y Disidente tiene como fin hacer frente a fenómenos como; el avance del fascismo, los discursos de odio cisheteroalopatriarcales, las guerras imperialistas y la profundización de la crisis capitalista.

La marcha también avoca a la causa por la liberación de Palestina, así como la liberación animal, de la tierra, pueblos y cuerpos de cada persona.

FRENASAPP organiza encuentro con personas afectadas por la producción piñera con el fin de conocer y tomar acciones frente a las problemáticas

Escrito en . Publicado en Comunidad.

El 30 y 31 de mayo de 2025 el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) realizó un encuentro con diferentes organizaciones, sindicatos y asociaciones de la Zona Norte, Zona Sur y el Caribe Norte para imaginar un futuro más allá de la piña.

En las actividades, donde también participaron miembros de la Universidad de Costa Rica y la Universidad para la Paz, se hizo un análisis en conjunto sobre la situación problemática que vive cada territorio a causa del monocultivo y la expansión del mismo. Aunado a ello, se construyeron acciones y estrategias conjuntas para incidir políticamente y enfrentar la contaminación ambiental y el abuso de los derechos humanos en las plantaciones.

Del mismo modo, se presentaron alternativas de agroecología y turismo rural frente a la piña.

Investigaciones demuestran, con evidencia empírica, violaciones a los derechos humanos en piñeras de Costa Rica

Las consecuencias negativas, para las zonas aledañas, del monocultivo en condiciones de explotación no son nuevas. En noviembre de 2022, la organización no gubernamental (ONG) Oxfam de Alemania publicó una investigación que confirmó que existen violaciones a derechos humanos y laborales en la agroindustria de piña en Costa Rica.

Resaltan que encontraron casos de explotación laboral, salarios que están por debajo de una remuneración digna, problemas de contaminación con químicos e incluso que existían represalias contra los trabajadores que deciden sindicalizarse o exigir sus derechos.

Tim Zahn, asesor político de Oxfam Alemania, manifestó que no es algo nuevo, pues en el pasado ya se han comprobado estos hechos y se mantienen las mismas irregularidades. Consideran que existe un doble discurso, cuando la industria asegura que cumple con una política de responsabilidad social empresarial, que incluye el respeto al medio ambiente y los derechos laborales; sin embargo, en la práctica no se cumplen estas disposiciones.

El asunto es si los consumidores alemanes saben que el banano y la piña que consumen es producto de explotación laboral. Los investigadores de Oxfam, señalaron que las empresas que venden en Alemania estos productos cuentan con certificaciones de cumplimiento y respeto de los derechos humanos (un tema muy cuestionado), y que deberían saber que entrará en vigor una nueva ley que exige a los grandes supermercados respetar los derechos humanos y laborales.

“Hay que visibilizar la problemática”

Entre las personas que participaron de estas actividades existió un consenso: el de comunicar y difundir la situación problemática que está ocurriendo en cada una de las zonas a causa del monocultivo de piña para encontrar soluciones a esta.

“A mí me parece que estos temas hay que darlos a conocer, no solamente a nivel nacional, porque sabemos que las autoridades encargadas de tutelar los derechos de las personas afectadas de las diferentes formas por la violación de los derechos humanos de las piñeras, se hacen de la vista gorda, prácticamente. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, diferentes instituciones no tienen ni tan siquiera las condiciones mínimas ni el poder político, prácticamente son un cascarón decimos nosotros, por lo menos yo puedo decir que están pintados en una pared y no tienen la más mínima voluntad.

Esto hay que llevarlo a nivel internacional para que se dé a conocer, principalmente en los países donde se está consumiendo la piña y otra agricultura como el banano. Ahí se pueden tomar medidas para que se exija a las empresas y países productores a que se respeten los derechos humanos. También unirnos más las comunidades, las organizaciones sociales, sindicatos para que juntos creemos un músculo social que podamos trabajar fuerte en la defensa de los derechos humanos”, mencionó Didier Leitón, secretario general del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (SITRAP).

Por su parte, refiriéndose a la relación entre las agencias de cooperación internacional y las corporaciones, Madeline Kiser y Óscar Beita Quesada, representantes del Movimiento Ríos Vivos, el Frente Nacional de Lucha y FRENASAPP resaltan:

“Del Monte, junto con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, se han formado una alianza. Y esa alianza ha cerrado espacios de conversación sobre qué sigue con la piña y por qué ya no podemos más con este modelo de cosecha y necesitamos otras opciones. Entonces el problema mayor es no poder tener la conversación que más urge.

En este momento creemos que es importante promover el diálogo directo con esas compañías, con esas corporaciones, el diálogo directo con los tomadores de decisiones que nos están llevando en esa dirección. El país tenía muchas cosas excelentes, todavía las tiene y todavía están ahí, pero cada vez están siendo decimadas las instituciones. Pensamos que el diálogo también hay que llevarlo a múltiples espacios internacionales y nacionales para que nos demos cuenta de que el país siempre se vende como un país verde. Y sí es un país verde, tiene muchas maravillas y todo, pero también tiene muchos problemas y desastres ambientales que se están creciendo y creciendo cada vez más. Hay que comenzar a desafiar este modelo que tienen que ser las cooperaciones que controlan la política de las cuencas”.

Este modelo de producción piñera intensivo a gran escala ha generado numerosos problemas socioambientales en la Zona norte, el Caribe Norte y Zona sur del país, según denunciaron las personas participantes. Las precarias condiciones labores, las afectaciones a la salud por el uso de agrotóxicos, malas prácticas de fumigación y la contaminación de fuentes agua figuran como las problemáticas más recurrentes.

“La problemática más grande que tenemos es la expansión piñera. Hasta la fecha tenemos 590 hectáreas que están rodeando el pueblo nuestro en Las Brisas de Upala. Vivimos entre piña 24/7.

Es difícil porque hemos estado tratando de meter recursos de amparo y otras acciones legales para que se termine lo que son los agroquímicos, los riegos aéreos y todo esto que afecta demasiado a la población, no contamos con la seguridad completa que se debería, porque la salud es lo principal en la zona y parece que las empresas, como que no están de acuerdo”, enfatizó Grace Serrano, quien forma parte de la Organización Preservando Ecosistemas, ubicada en la Zona Norte, en el cantón de Upala.

La revista académica AMBIENTICO de la Universidad Nacional de Costa Rica, señaló en uno de sus artículos que la producción piñera, tal y cómo se organiza por parte de las empresas transnacionales, genera altos efectos negativos que no se controlan y afectan de forma directa a la comunidad debido a la degradación de los recursos naturales.

Uno de ellos es la gran cantidad de agroquímicos que se utilizan; los cuales terminan contaminando fuentes de agua cercanas a las plantaciones; el mal manejo del suelo donde no hay control de erosión y reduce la capa fértil. Esto termina disminuyendo la capacidad del ecosistema de autorregularse e irrumpen la vida de las especies de flora y fauna.