Ir al contenido principal

Ante el 177 aniversario de la Fundación de la República

(Intervención de Vladimir de la Cruz, en el acto cívico oficial, organizado por la Dirección Regional de Educación de San José Central, en el marco de los actos conmemorativos del 177 aniversario de la Fundación de la República de Costa Rica, celebrado el domingo 31 de agosto del 2025, frente al busto del Dr. José María Castro Madriz, ilustre fundador de nuestra República, ubicado en la Avenida Central, calle 4, ciudad de San José.)

La noticia de la Declaración de Independencia de Guatemala, del 15 de setiembre de 1821, llegó a Cartago, capital entonces de la Provincia de Costa Rica, el 13 de octubre.

El 11 de octubre de 1821 la Diputación de León, a la cual pertenecíamos, también así lo había resuelto, corrigiendo lo acordado en esa Diputación el 28 de setiembre, cuando conocieron la Declaración de Guatemala.

Entre el 13 y el 28 de octubre se conocieron estos documentos en distintos lugares del país, que se hicieron representar el 29 de octubre de 1821, en Cartago, para definir el rumbo de Costa Rica.

Así, en el Ayuntamiento de la ciudad de Cartago, se proclamó la Independencia absoluta del gobierno español, el 29 de octubre de 1821, aceptando de seguido la Constitución y las leyes del Imperio Mexicano, por la felicidad y verdadero interés de la entonces Provincia de Costa Rica, situación que no se materializó, al desaparecer el Imperio Mexicano en 1823.

De esa forma iniciamos el camino de nuestra vida independiente hace 204 años.

De seguido procedimos a nombrar, una serie de nueve breves gobiernos, desde el 12 de noviembre de 1821 hasta la instalación de la Asamblea Constituyente del 6 de setiembre de 1824.

Por iniciativa del Acta de Independencia de Guatemala, del 15 de setiembre, se convocó a un Congreso centroamericano para decidir el punto de independencia general absoluta y fijar, en caso de acordarla, la forma de Gobierno y ley fundamental que debía regir. Así, se produjo la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, el 22 de noviembre de 1824, que dio origen a la República Federal de Centroamérica.

En la República Federal nos constituimos como el Estado Libre, desde 1824 hasta 1838, cuando el jefe de Estado Braulio Carrillo nos separó de la Federación, considerando que para ese momento no había un sentimiento de nación y de federación centroamericana.

Aun así, mantuvimos la condición de Estado, como forma organizativa política hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el Dr. José María Castro Madriz, junto con el ministro de Relaciones y de Gobernación, Joaquín Bernardo Calvo, siguiendo la decisión del Congreso de la República, del 30 de agosto de 1848 decretó, ese 31 de agosto, un día como hoy, hace 177 años, la República, como nueva denominación de Costa Rica, en su “condición de cuerpo político, soberano e independiente”. De esa forma el título de ESTADO de Costa Rica se sustituyó por el de República de Costa Rica, que es lo que hoy celebramos.

Con la nueva denominación no se afectó la condición del cuerpo político soberano e independiente que teníamos desde la disolución de la República Federal, ni se alteró la constitución interior de la estructuración y organización institucional de los Poderes Públicos (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), que teníamos desde 1825, desde hace 200 años, cuando así se establecieron, constituyendo el sólido Estado de Derecho que desde entonces vivimos, con estos poderes independientes, soberanos y autónomos entre sí, cada uno con funciones que se les han respetado propias, exclusivas e indelegables.

Es importante destacar que la decisión del Congreso de declarar la República obedeció a una solicitud que había hecho una mayoría de Municipalidades, en ese sentido.

Con la Declaración de la República se afirmaron los principios de soberanía, de libertad y de independencia de Costa Rica, y en tal concepto el de nación libre, soberana, independiente y dueña de sus derechos.

Ante la decisión de la Declaración de la República, el 10 de octubre de 1848, el cuerpo eclesiástico de Costa Rica, se dirigió al presidente José María Castro Madriz, para que gestionara la creación de la Diócesis de Costa Rica, para romper la dependencia que tenía la iglesia costarricense con la de León de Nicaragua, considerando que al declarar la República, la Iglesia costarricense no debía depender de otro Estado, lo que se logró en el gobierno de Juan Rafael Mora Porras, el 28 de febrero de 1850, con la Bula “Christianae religionis auctor” del Papa Pío IX, fortaleciendo la Independencia de Costa Rica en el plano religioso.

Al recordar la Declaración de la República exaltamos con ella los valores fundamentales del sistema democrático, cuales son entre otros, Igualdad, Libertad, Fraternidad, Tolerancia y Respeto para las distintas ideas, personas, derechos y libertades, Orden, Honestidad, Solidaridad, Pluralismo político, Justicia Social, Bien Común, Legalidad, Justicia, Participación Ciudadana.

La importancia del régimen republicano es el respeto al Estado de Derecho, que es el respeto a la independencia, autonomía y soberanía de los Poderes Públicos, que es el sometimiento de las Autoridades Políticas a lo que la Constitución y las Leyes les obligan y permiten hacer, es el respeto al ejercicio pleno de los Derechos y Libertades de los ciudadanos.

Al Dr. José María Castro Madriz le reconocemos y recordamos también como el gobernante que impulsó la instrucción pública, particularmente su preocupación por la educación de mujeres; el que impulsó reformas educativas y las relaciones internacionales; el que decretó la erección de la Universidad de Santo Tomás, el que propuso el establecimiento del Hospital San Juan de Dios, el que propuso fundar una Escuela Normal encargada de formar maestros; el impulsor de la construcción del ferrocarril a los puertos de Limón y Puntarenas.

También lo recordamos como magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, como diputado y presidente del Congreso, como jefe de Estado, como presidente de Estado y como presidente de la República, como Rector de la Universidad de Santo Tomás, como Maestro Masón y gran pensador y reformador liberal.

Al Dr. José María Castro Madriz también le debemos la actual Bandera y Escudo Nacional.

Especialmente le recordamos por su paso por la prensa con la publicación del periódico semanal “El Mentor Costarricense”, que marcó los senderos luminosos de la marcha del periodismo costarricense, de las libertades de prensa, de información, de pensamiento, de educación y de la opinión pública.

El Dr. Castro Madriz decía que “la opinión pública debe ser el oráculo de un gobierno libre y popular; que no puede conocerse bien si no es expresándose bajo los auspicios de la augusta libertad de prensa, y que tampoco puede ilustrarse si no es con la publicación de los pensamientos y el debate de los escritos, de los que resulta triunfante la verdad”.

Procuraba que los periódicos instruyeran al pueblo en sus deberes y le informara sobre los aconteceres más importantes de la marcha del Gobierno. Los periódicos los consideraba constructores de la Patria.

Frente a las críticas periodísticas que se le hacían dijo: “Quiera Dios que durante mi presidencia sean saciadas las hambres de libertad de prensa para que mis sucesores encuentren calmados los ánimos y encauzado, por sí solo, este derecho incontrovertible del hombre a un plano de más elevadas miras…”

“Quiero que mi Patria, ya que no puede ser temida por su fuerza, sea considerada por su justificación y cordura, de modo que sobre cualquier agravio que se le infiera, recaiga el anatema del mundo civilizado. No tenemos escuadras, tengamos la simpatía de las naciones. La civilización del siglo ha definido la libertad política y religiosa, elevándola a dogma de paz y de ventura. Como tal la conozco y sabré acatarla y sostenerla”.

“Creo que la expresión de la verdad, aún la más amarga, conviene al gobernante que como yo, tiene el valor de abdicar ante ella sus errores, y el sincero deseo de tomarla por base de sus actos. Creo, en fin, que toda discusión ordenada y comedida ilustra, y que el lenguaje sólito de las malas pasiones, contra un gobierno que por su legitimidad y rectitud abunda en medios morales de defensa, es impotente”.

“La libertad de la prensa es un derecho consagrado por la ley, y como tal debo respetarlo, cualquiera que sean las consecuencias que de su ejercicio para mí resulten. Quizás su acción en estos momentos no sea favorable para mi Gobierno, desde luego que contra él se esgrimen con no disimulada furia sus armas; pero esa libertad es una de las que a la nación más honran, y andando el tiempo, de las que más habrán de aprovecharle; y entre lo que creo que le conviene a la nación y lo que me conviene a mí, como jefe de ella, yo no vacilo. Primero y ante todo la nación, y primero el derecho de los ciudadanos a ella, que lo que pudiera convenirme a mí en esta jefatura transitoria, que mucho me honra, pero que para mi corazón y mi espíritu tiene poco de placentero, y sí mucho de mortificante, puesto que, ejecutando el bien, según mi conciencia, me expongo a cosechar en perjuicio personal mío males sin cuento. Que sea así en buena o mala hora; pero mi mano no suscribirá jamás nada que pueda ser atentatorio contra derechos que están consagrados por las costumbres, a menos que estos pudieran tener carácter manifiestamente dañino a la moral social, como quedan todavía algunos, cuya desaparición debemos confiar, sin embargo, antes que a nuestra acción coercitiva, a la marcha depurativa y lenta, pero siempre segura, de los tiempos. Para esos somos, antes que mandatarios, educadores de un pueblo que entró hace poco en la pubertad y cuyo espíritu debemos fortalecer adiestrándolo en el ejercicio amplio de sus capacidades sociales, y no debilitarlo, escamoteándole la facultad de realizar, en todos sus campos y con entera plenitud, los que la ley le consagra como legítimos derechos suyos”.

La Independencia proclamada en Cartago el 29 de octubre de 1821 se dispuso jurarla en cada pueblo, por lo que se devolvió la noticia para que los ciudadanos la juraran, y se hicieran “adictos a la libertad”.

Hoy no se acostumbra jurar la Independencia al conmemorar estas fechas, como la de la República, aspecto que se debiera retomar desde el Ministerio de Educación y de los Poderes del Estado, para promover mayor compromiso con la Democracia, la Libertad, la Soberanía, la Justicia Social, la Paz y el Desarrollo Nacional, juramento que gobierno y ciudadanos lo deben realizar, así como el saludo a la Bandera que se lleva a cabo en ceremonias o actos cívicos como éste que estamos realizando. La primera Jura ante la Bandera costarricense se realizó el 8 de junio de 1823.

El Juramento es el compromiso que se adquiere de servir a la Bandera con honestidad y lealtad contra sus enemigos, contra quienes la amenacen y actúen en su contra; para servir al gobierno si llama en su defensa.

El Juramento es la afirmación ante los Héroes y Próceres de la Patria del recuerdo de su memoria cuando se izó por primera vez como símbolo de patriotismo, de identidad nacional, como escudo de la Independencia Nacional y en memoria de los que cayeron combatiendo por la Libertad, la Independencia y la Soberanía Nacional.

Hoy al recordar al Dr. José María Castro Madriz, en esta gloriosa fecha, con el corazón henchido, afirmamos:

¡Viva la Independencia de Costa Rica!

¡Viva la República de Costa Rica!

¡Vivan siempre los valores políticos de La República!

Puede leer el discurso en el mismo acto de Guiselle Alpízar Elizondo, viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública.

Organizaciones de mujeres contra TLC con Israel y en solidaridad y defensa del pueblo palestino

Agosto del 2025.

Organizaciones de mujeres, nos manifestamos en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Israel y en solidaridad y defensa del pueblo palestino.

Denunciamos y rechazamos rotundamente el proceso en curso para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los gobiernos de Costa Rica e Israel, impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) desde marzo de 2023 y respaldado públicamente por el presidente Rodrigo Chaves.

Este TLC avanza mientras organismos internacionales, académicos y activistas denuncian crímenes de guerra y actos de genocidio contra el pueblo palestino, así como la ocupación ilegal de sus territorios. En junio de 2025, voces de la sociedad civil y de la Universidad de Costa Rica advirtieron que aprobar este tratado haría a nuestro país cómplice de tales crímenes.

Costa Rica, nación que abolió su ejército y se ha presentado al mundo como defensora de la paz y los derechos humanos, no puede estrechar lazos comerciales con un Estado señalado por graves violaciones al derecho internacional humanitario.

Las mujeres y las niñas sufren de manera particular este conflicto, tal como lo señala ONU Mujeres en un comunicado de julio de 2025: “Más de 28.000 mujeres y niñas han sido asesinadas, la mayoría de ellas son madres que han dejado a sus hijos y adultos mayores sin protección ni cuidados. Las mujeres soportan embarazos sin comida ni atención médica. Un millón de mujeres y niñas en Gaza se enfrentan al hambre masiva, la violencia y los abusos. Se enfrentan a la imposible elección entre morir de hambre en sus refugios o aventurarse a salir en busca de comida y agua, con el riesgo extremo de ser asesinadas”.

Numerosas manifestaciones al interior del Estado de Israel piden ya detener la avanzada de guerra emprendida por su gobierno contra el pueblo palestino; sobre todo, madres que no quieren perder a sus hijos en la guerra han integrado colectivos como Madres contra la ViolenciaMujeres de Negro101 Madres de Blanco y Mujeres por la Paz.

Más allá de sus posibles efectos económicos o comerciales, lo que está en juego es el sentido político de este tratado: un pronunciamiento que nos coloca del lado de un gobierno que normaliza la ocupación, el asedio y la violencia contra la población palestina.

Las mujeres del mundo hemos estado siempre en las primeras líneas de lucha por la paz, contra el armamentismo y la guerra. Nos solidarizamos con las mujeres palestinas en su lucha incansable por la supervivencia de su pueblo y, junto a ellas, exigimos el cese inmediato de la guerra.

Exigimos:

  • Suspender de inmediato la negociación y cualquier paso hacia la firma o ratificación del TLC con el gobierno de Israel.
  • Una posición oficial clara y coherente de Costa Rica en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional.
  • El fin de toda acción diplomática, comercial o política que legitime el genocidio y la ocupación.

Porque creemos en la paz, no en la guerra.
Porque sabemos que el pueblo judío puede transformar sus dolores históricos en compasión humana.
Porque toda vida humana cuenta.

Llamamos a todas las organizaciones, colectivos y personas comprometidas con la justicia y la dignidad humana a alzar la voz, a movilizarse y a exigir que Costa Rica no sea cómplice de crímenes de lesa humanidad.

Organizaciones que suscriben este manifiesto

Colectivo Mujeres Por Costa Rica

Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad

¿Cómo construir un debate político democrático y profundo?

De cara a la realidad actual donde los estímulos visuales y auditivos duran segundos, la falta de atención y concentración es un problema que crece. Solo nos escuchamos a nosotros mismos mientras aumentan los insultos en las redes digitales y todo afecta a la democracia. Escucharnos para entender, no sólo para responder. Para leer el texto en Página12 siga este enlace: https://www.pagina12.com.ar/850481-como-construir-un-debate-politico-democratico-y-profundo

Radiografía de la incertidumbre

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Una lectura rápida, pero no menos implicada, a algunas noticias aparecidas en medios nacionales los últimos días, permiten constatar el punto de no retorno en una sociedad como la costarricense.

Mientras la realidad campea en lo que podríamos denominar una radiografía de la incertidumbre, quedamos notificados de que la parálisis organizativa y la respuesta persisten sin evidencia de su recomposición.

La ofensiva sociocultural desplegada hace unos años desde sectores conservadores ha dado su resultado más rotundo: la atomización, el secuestro del concepto de pueblo por versiones populistas y perversas hábiles en la comunicación dirigida y sus variantes, así como la naturalización de dimensiones que hasta hace poco eran impensadas en este país, son solo algunos de esos efectos inmediatos y devastadores.

Empecemos por la peor debacle de todas, la pesadilla lapidaria: este país entró en un apagón educativo que está amenazando a amplios sectores de la población.

Si aquella, la de los ochenta, fue la década perdida, estos años sin lugar a dudas serán recordados como el cierre con candado a varias generaciones que fueron confinadas al peor de sus ostracismos.

El cuento se cuenta solo, porque no se parece siquiera a un chiste que es como se diría correctamente la frase: pésima comprensión de lectura en estudiantes de varios niveles y debilidades en la enseñanza de las matemáticas, por causa de malos manejos en las herramientas didácticas por parte de las personas docentes.

El último informe del Estado de la Educación fue todo un obituario. De eso estamos seguros.

En la misma semana que este informe se daba a conocer, los medios de comunicación nos hablaban de la transversalización del enfoque de la violencia en todos sus alcances: en la Costa Rica del chifrijo, cada diez horas ocurre un asesinato, cada nueve días un femicidio, que hasta la semana anterior contabilizaba 27 homicidios de mujeres a manos de sus parejas.

Para aquellos y aquellas acostumbrados a explayarse en ese tan cacareado excepcionalismo costarricense en la región centroamericana, les tengo una noticia: las extorsiones, el cobro de peajes y el desplazamiento violento de familias enteras de sus viviendas por parte del crimen organizado, está ocurriendo en esta tan linda su Costa Rica, la suiza centroamericana. Nada que no ocurra en un barrio empobrecido de San Salvador o Tegucigalpa.

Como si este punto de inflexión no fuera suficiente, las soluciones extremas y populistas parecieran ganar espacio en el inconsciente colectivo atolondrado y mareado por tanto discurso provocador: una mega cárcel resumiría la política social del estado costarricense para acabar con la delincuencia.

Hace muchos años facilitaba en El Salvador un evento de juventudes centroamericanas sobre participación política. El caso de la delegación tica era contundente: su desprecio por las demás delegaciones y su poca vinculación con el resto, les hizo granjearse rápidamente una percepción negativa de parte del resto.

Hoy esa actitud arrogante y proponente debe ser abandonada y transitar hacia una humilde escucha de quiénes han experimentado esos viajes de los cuales no han regresado.

Mirar por encima del hombro y con arrogancia al conjunto de la región, no es opción. Nos hemos estandarizado. Reconocerlo es el primer paso para la reparación de eso que alguna vez fuimos.

Educación o cárceles: ¿Qué futuro estamos construyendo?

JoséSo (José Solano-Saborío)

En Costa Rica, el rumbo que está tomando el Estado en materia de inversión pública parece cada vez más desconectado de las verdaderas necesidades de la población. Mientras se destinan recursos millonarios a la construcción de una “Mega Cárcel”, se recortan fondos en áreas clave como la educación pública, la policía judicial, la Fiscalía y el Poder Judicial. Es decir, se debilita tanto la prevención como la atención del delito, y se abandona la inversión social que podría evitar que muchas personas lleguen a delinquir en primer lugar.

La educación pública no es un lujo, es una herramienta esencial para el desarrollo humano. Es el puente que conecta a las personas con oportunidades reales, especialmente a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Cuando se le quitan recursos, se cierran puertas. Y cuando esas puertas se cierran, el hambre, la desesperanza y la falta de opciones empujan a muchos hacia caminos que terminan en conflicto con la ley.

A esto se suma el abandono de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con una deuda estatal que no se reconoce ni se paga. Esto deteriora aún más el acceso a salud, otro pilar fundamental para el bienestar y la productividad. Si a eso le agregamos una política económica que favorece la importación y golpea a los productores nacionales, lo que se genera es un cóctel perfecto para el desempleo, la informalidad y la pérdida de empleos dignos.

Sin una educación pública fuerte, sin salud accesible, sin seguridad alimentaria ni apoyo a la economía interna, Costa Rica deja de ser atractiva para la inversión responsable. Y lo que es peor: se convierte en terreno fértil para el crimen organizado, que ofrece una “salida” a quienes el Estado ha dejado atrás.

Invertir en cárceles sin invertir en educación es como tratar de apagar un incendio construyendo más hospitales, pero sin apagar el fuego. Las cárceles no darán abasto si seguimos condenando a nuestros jóvenes a un futuro sin oportunidades. La educación no solo previene el delito, también construye ciudadanía, fortalece la democracia y abre caminos hacia una sociedad más justa.

Hoy más que nunca, necesitamos que la educación sea el eje de todas las decisiones públicas. Porque si seguimos apostando por el castigo en lugar de la prevención, estaremos construyendo cárceles para los hijos de nuestras propias decisiones. Y eso, más que una política de seguridad es una tragedia anunciada.

El racismo inadvertido es indoloro

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Tan indoloro que puede llevarnos a celebrarlo y a normalizar esa conducta, confundiéndose con gestos de aprecio o muestras de afecto.

Durante el auge de la política de desalojo del Estado costarricense en el Caribe (1950–1970), el abandono deliberado en infraestructura, educación, agricultura, industria y salud dejó a nuestras comunidades en el desamparo.

De allí nace el objetivo familiar afro costarricense de emigrar, y unido a la precariedad económica, relegó a un segundo plano la posibilidad de titular tierras.

Para familias que apenas lograban cubrir un alquiler de ¢300 colones al mes y un desayuno familiar de ¢75 colones —desglosado en ¢0.10 por azúcar, ¢0.15 por mantequilla y ¢0.50 por pan—, pagar los honorarios de un ingeniero topógrafo y un notario público para registrar una finca o parcela resultaba un sueño inalcanzable.

En ese contexto, muchas madres negras alentaban a sus hijos a emigrar como única vía para escapar del sufrimiento. Emigrar significaba esperanza: La posibilidad de sacar a la familia de la pobreza.

Así, ‘irse para triunfar’ (Leaving to succeed); se transformó en filosofía de vida, y cada hijo que partía era celebrado como un logro familiar.

Puedo dar testimonio de la celebración que compartieron mi difunta madre y sus vecinas el día en que llegó la carta anunciando que mi hermano mayor había logrado enlistarse en la Armada de los Estados Unidos, en plena época de la Guerra de Vietnam, durante la década de 1960.

Pero detrás de esa aparente celebración se escondía la herida: La migración forzada como respuesta a la exclusión y al racismo estructural.

Hoy, una de las armas más poderosas contra ese ‘racismo inadvertido’ es usar cada espacio para denunciarlo y generar conciencia: Desde el púlpito en la iglesia hasta las mesas de dominó en los patios, desde la palabra de los mayores hasta las conversaciones cotidianas en los porches de nuestras casas.

Porque el silencio nunca es neutral: El silencio siempre conduce al fracaso.

De la autocracia electoral a la autocracia total. Costa Rica a un paso

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Cuando el presidente de El Salvador Nayib Bukele vino a Costa Rica en noviembre del 2024, su homólogo costarricense Rodrigo Chávez dijo una frase que no debe olvidarse ni pasar inadvertida: quisiera poder hacer en Costa Rica lo que Bukele hace en El Salvador; ¿qué hizo ese individuo en su país?, simplemente, transformarse en dictador a través de la autocracia electoral.

Después de pertenecer al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de origen marxistaleninista, resultó electo alcalde de Nuevo Cuscatlán en el 2012 y San Salvador en 2015 bajo esa bandera, luego buscará dar el salto a la presidencia de la República. Pero conflictos internos con su partido y después de dar brincos partidarios por la izquierda salvadoreña, se afilia y es candidato por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) de centro derecha para las elecciones del 2019, dando una cabriola política espectacular. En esas elecciones obtiene la mayoría absoluta (53.10%) en mucho gracias al desprestigio en que habían caído los gobiernos del Farabundo Martí, los cual él había participado antes de su salida definitiva hacia el otro extremo del espectro ideológico. Prueba que a los aspirantes a autócratas no les importa su línea de pensamiento, sino el afán de poder y destrucción de la democracia.

En junio del 2019 el presidente Bukele lanzó su plan “Control Territorial” con el que logró disminuir la inmensa tasa de mortalidad que había El Salvador, junto con acuerdos clandestinos y corruptos con la Mara Salvatrucha. Esto le dio una enorme popularidad, la verdad sea dicha, y eso le abrió la posibilidad de pedir en marzo del 2022 a la Asamblea Legislativa, ya dominada por él y sus partidos alados desde las elecciones del 2021, la declaratoria del Régimen de Excepción, lo que le permitió bajar aún más la tasa de criminalidad y gozar de un apoyo masivo de una población harta de la inseguridad provocada por las pandillas, maras y asesinatos; eso sí, todo cambio de perder las libertades fundamentales en una democracia.

La tumba de la democracia liberal en El Salvador estaba abierta, solo faltaba lanzar el cadáver y poner la lápida. El acta de defunción se firmó desde el 2021, cuando por una intervención del ejército quedaron borrados los límites entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y aprueba un permiso para que el presidente Bukele se aparte del cargo y pueda participar en las elecciones del 2024, las que gana con una votación del 84.65%, prácticamente sin oposición.

Proceso típico de la autocracia electoral, pues también ya había dado el zarpazo final con la toma del Poder Judicial; esto sucedió cuando la Asamblea también en mayo del 2021 destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional primero y otros jueces después, incluyendo al fiscal general. Pero la lápida cayó el 1 de agosto de este año 2025, cuando la dócil y aborregada Asamblea Legislativa salvadoreña, por votación de 57 de 60 diputados dóciles, aprobó la reelección presidencial indefinida. ¡Viva la dictadura!

Sin embargo, cuando en su show rutinario de los miércoles, uno de la prensa vasalla preguntó al presidente Rodrigo Chaves su parecer sobre este hecho, dijo que había sido un proceso aprobado por una Asamblea electa democráticamente… y como dice el viejo refrán: si las barbas del vecino ves pelar… pon las tuyas a remojar.

Precisamente, porque ese es el modelo o ejemplo que el presidente Rodrigo Chávez restriega constantemente en las narices de los costarricenses como su gran ambición política, es que lo hemos explicado con amplitud; y ejemplo de cómo utilizando los procesos electorales aparentemente democráticos, un autócrata de pocas luces y verbo demagógico creador odios, se roba un país. Pueden ponerle el nombre y apellido que quieran, que los hay por todo el mundo: desde Ortega en Nicaragua, Milei en Argentina, Chávez-Maduro en Venezuela o Trump en los Estados Unidos y hay más, para no salirnos de nuestro continente. Como puede verse, no se trata de ideología, los hay de todos colores, y su deseo es solo uno: acabar con la democracia liberal. Para ello atacan a los otros poderes del Estado y a las fiscalías; critican el pasado que consideran corrupto, pero intencionadamente ignoran los logros y avances obtenidos para crear así la imagen de un país en caos que necesita un salvador; por lo que para ellos el discurso creador de odio, ya sea desde un podio los miércoles o diariamente desde una curul legislativa, es fundamental.

Ante las próximas elecciones el 1 de febrero del 2026 es urgente que los costarricenses abran los ojos y vean que estamos al borde del abismo, que nuestra democracia está en peligro si de nuevo cae en manos de una pandilla ignorante y ambiciosa que, sin asco alguno, está por destruirnos para acumular poder y riqueza. Hace cuatro años ofrecieron que eliminarían la corrupción, hoy nos heredan la más grande que ha conocido nuestra historia con un presidente con dos expedientes penales en los tribunales y más de cien en trámite en la Fiscalía General, una candidata a la presidencia con una causa penal pendiente en la municipalidad de Cartago por la extracción ilegal de expedientes para beneficiar al Alcalde que era su jefe, y una buena cantidad de candidatos a diputados en los primeros lugares en las papeletas de cada provincia, que parecen un pizarrón del OIJ o la Fiscalía General; donde cabe destacar a Nogui Acosta por San José con 10 causas penales pendientes en la Fiscalía y Marta Esquivel por Heredia, ex Presidente Ejecutiva de la CCSS con expediente penal abierto y en proceso activo por el caso (chorizo) Barrenador y causante de mil perjuicios a la Caja y la salud de los costarricenses o el l Lic. José Miguel Villalobos por Alajuela, con dos suspensiones a cuestas de su ejercicio profesional por el Colegio de Abogados, y sigue ejerciendo como abogado de narcotraficantes y del presidente Chávez, entre otras cosas, mejor ni hablar.

Así funciona la autocracia electoral, llevan al ciudadano ciego y sordo, embobado por los mensajes de odio, al matadero de la urna electoral…para que crean que hay democracia. Precisamente, el historiador Steven Forti en su libro “Democracias en Extinción…El Espectro de las Democracias Electorales” publicado este año, cita el estudio del Instituto V-Dem cuyos investigadores han llegado a la conclusión que el proceso de autocratización de un país pasa por estas tres etapas:

–           “En primer lugar, una erosión democrática comportaría el paso de una democracia liberal a una democracia electoral; en segundo lugar, un colapso democrático conllevaría el paso de una democracia electoral a una autocracia electoral, y, por último, una autocracia electoral puede transformarse en una autocracia cerrada…”

¡Es decir, una dictadura! ¿En cuál de estos tres estadios estamos los costarricenses? Creo que peligrosamente estamos a punto de pasar del punto uno al dos, que nos pone en puertas de la autocracia cerrada, estilo Nayib Bukele. Para eso quieren los famosos 40 diputados, para cambiar las estructuras democráticas de equilibrio de poder y control constitucional con la Contraloría General de la República, y entonces, sin quien ponga los límites, hacer lo que les dé la gana.

Por eso, no a la pandilla chavista o rodriguista o como diablos se llamen, encaramados en el nuevo taxi electoral Pueblo Soberano, dispuesto a convertirnos en un… ¡pueblo de sorompos!

Historias de un caminante. ¿Cómo defender la salud en nuestras comunidades?

Edison Valverde Araya

El próximo 3 de septiembre habrá elecciones de juntas de salud en todo el país. Los asegurados pueden acercarse a los centros de salud de su comunidad (EBAIS, clínicas, etc.) con su cédula para elegir a sus representantes ante la Junta.

Las Juntas de Salud pueden promover el mejoramiento de las relaciones de los EBAIS con la comunidad, fortalecer los servicios, impulsar la educación y la salud preventiva, así como defender a la CCSS.

Se alerta que los EBAIS, como los de Paso Ancho–San Sebastián, que ahora son administrados por la CCSS, podrían volver a manos privadas dentro de dos años y medio, con la experiencia de un pésimo servicio brindado anteriormente por la Clínica Bíblica, cooperativas, entre otros. Para evitar que esto suceda, los servicios deben mejorar, la comunidad debe participar activamente, los resultados deben ser exitosos y, además, en el Gobierno y la Asamblea Legislativa deben representarnos personas que defiendan la seguridad social, no políticos que le deban a la CCSS o que busquen debilitarla privatizando o desmejorando sus servicios.

El mensaje es claro: es muy importante saber por quién votar, la salud no es un juego. Sería un suicidio votar por los enemigos de la CCSS.

Grupo de Apoyo Salud PASS
Fotos EBAIS Paso Ancho San Sebastián, 25 de agosto 2025.

Organizaciones y ciudadanía respaldan proyecto de ley para proteger la libertad de expresión y a las personas defensoras del ambiente

Comunicado

San José, 28 de agosto de 2025

Ante el creciente uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) para intimidar y silenciar a quienes ejercen su derecho a denunciar afectaciones ambientales, el Parlamento Cívico Ambiental y diversos sectores de la sociedad civil expresan su firme respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, que reforma el artículo 86.1 del Código Procesal Civil. El Parlamento aprobó este viernes 22 de agosto un Acuerdo Positivo respecto a este proyecto mediante resolución 025-2025 que se comunicará a las y los diputados de la Asamblea Legislativa. Asimismo, lanzó el MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DEL AMBIENTE en apoyo a la iniciativa.

La iniciativa, conocida como “Ley para evitar acciones coercitivas en el ejercicio de la libertad de expresión”, busca impedir que se impongan embargos preventivos contra personas cuya única “falta” sea participar en decisiones que afectan el ambiente o expresar públicamente su opinión sobre asuntos de interés público. Esta reforma no elimina el derecho legítimo a reclamar daños, pero garantiza que no se utilicen medidas cautelares como represalia antes de que exista una sentencia firme.

El impulso a este proyecto responde a casos recientes, como el embargo solicitado contra un creador de contenido que denunció posibles delitos ambientales asociados al proyecto Bahía Papagayo. Este tipo de acciones judiciales generan un efecto inhibitorio que amenaza la libertad de expresión y la participación ciudadana, principios fundamentales de la democracia costarricense.

El Parlamento Cívico Ambiental subraya que la aprobación de este proyecto es coherente con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como con la necesidad urgente de avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú.

“Proteger a quienes defienden el ambiente es proteger la democracia. No podemos permitir que se utilice el sistema judicial como un arma para acallar la voz ciudadana”, señaló el Parlamento en un pronunciamiento oficial.

Llamado a la acción

El Parlamento Cívico Ambiental llama a diputadas, diputados, instituciones y ciudadanía a respaldar activamente la aprobación del expediente 25.125 y a trabajar por un marco legal e institucional que brinde verdadera seguridad jurídica a las personas defensoras del ambiente y promueva la libertad de expresión sin temor a represalias.

Manifiesto para descargar.

Hacer política en un mundo en crisis

Por Arnoldo Mora

Como es lo habitual en el calendario político de nuestro país, este año, el último del gobierno de turno, tiene como protagonista a los partidos que buscarán el poder en las próximas elecciones, a celebrarse el primer domingo de febrero del 2026. El año se divide en dos: en la primera parte los partidos se vuelcan hacia dentro; es la época de elegir a sus candidatos, tanto en la fórmula presidencial, como en las papeletas provinciales para confeccionar la lista de candidatos a diputados. Lo novedoso en este año es que vivimos algo inusitado en nuestra institucionalidad democrática; cuando todo parecía sólido en las instituciones y claro en la razón de ser de lo que entendemos por “democracia”, los cimientos de la misma se ven sacudidos por la actitud asumida por el partido gobernante y, en especial, por las poses y medidas que un día sí y otro también, han caracterizado al presidente y su séquito. Este gobierno no tiene paragón en nuestra historia política…y no para bien. Todo lo contrario, muchos ciudadanos sentimos que este gobierno constituye una amenaza para nuestra institucionalidad democrática. Pero lo más grave es que el país está dividido como nunca desde la Guerra Civil de 1948. A pesar de lo insólito – o, quizás, precisamente por eso – de esta actitud del gobierno, cerca de la mitad de la población apoya al presidente como persona, aunque esto no significa que apoye o apruebe a sus altos funcionarios y a los diputados de la fracción oficialista. En cuanto a sus oponentes, tanto de los partidos que lo adversan como de amplios sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación, la mayor parte de las críticas se dirigen en contra de la persona misma del presidente; es tan frecuente esta actitud, que da la impresión de que todos los ataques y amenazas que sufre nuestra institucionalidad democrática, deban ser asociados a lacras atribuibles a la persona misma del gobernante. Si bien es cierto que hay mucho en ello de verdad, dado que Rodrigo Chaves es un improvisado, que ha demostrado adolecer de una ineptitud supina para ejercer tan altas funciones, esto no obstante considero que hay un error de apreciación en esta afirmación, no porque sea falsa en sí, sino porque no ahonda en las causas de esta insólita y grave crisis que sufre nuestra vida republicana. Estas críticas serían totalmente válidas si no fuera porque el presidente, ya al terminar su período constitucional como gobernante, sigue gozando de una popularidad digna de mejor causa.

Por eso considero que los motivos para que en nuestra tradicional vida democrática haya surgido un fenómeno de esta naturaleza tiene causas, no sólo coyunturales propias de nuestro país, sino también – y esto es lo más grave- estructurales que van más allá de la manera de ser y pensar de los individuos que son los protagonistas de los eventos que hoy nos (pre)ocupan. Y cuando hablo de causas “estructurales” no me refiero sólo a la institucionalidad democrática de nuestro país, sino a lo que está pasando en el mundo entero, no tanto por la carencia de líderes o estadistas que estén a la altura de los retos del momento histórico actual, sino porque quienes tienen un papel protagónico en la escena política mundial, constituyen un retroceso, no son parte de la solución sino parte – y muy grave – del problema. No pocos de los líderes mundiales hoy son figuras espernibles, tanto por su trayectoria pública como por su vida privada. Me refiero a personajes como Trump que, por gobernar un país que ha sido el líder del mundo después de la II Guerra Mundial a pesar de que hoy acusa síntomas de una decadencia irrecuperable tanto dentro como fuera del país, sin embargo parece servir de modelo a sujetos detestables, tales como el genocida Benjamín Netanyahu en Oriente Medio, o Milei, Bolsonaro y Bukele en Nuestra América. La misma Europa gira peligrosamente hacia la extrema derecha; el fantasma de Hitler recorre no pocos pasillos del mundo político europeo. Es el mundo entero el que está en crisis, ya no sólo política sino de valores, lo que algunos llaman “crisis civilizatoria”. Occidente pierde la hegemonía que por siglos había mantenido sin rivales.

Nuestro pequeño país, situado en una zona geopolítica estratégica como es la Cuenca del Caribe, no podía permanecer al margen de un preocupante fenómeno de esta magnitud, tanto más cuanto que es la existencia misma de la especie la que está en juego. Frente a un desafío de esta magnitud, debe ser nuestro primer y principal deber cívico preguntarnos qué debemos hacer para asumirlo con posibilidades de éxito. Considero que lo que nuestro país está padeciendo como crisis afecta al concepto mismo de “democracia”, entendiendo por tal, no sólo la tradicional definición de un sistema político que expresa la voluntad popular. Democracia es el pueblo gobernándose a sí mismo y asumiendo libremente su destino como nación. Tal definición remonta a los lejanos tiempos de la Atenas de Pericles, cuna de la democracia; para los ciudadanos libres – que no pasaban de una quinta parte de la población – el “demos” (masa de los ciudadanos) ejercita el poder para construir la “polis” (sociedad racionalmente organizada) gracias a que se rige por la ley (“nomos”), que se inspira en el orden de la Naturaleza (“fysis”) que rige la armonía del Cosmos. Las revoluciones se dan cuando el incontenible dinamismo de las fuerzas sociales sobrepasa a las estructuras de poder. Es lo que hoy sucede en el ámbito mundial. Con la emergencia incontenible de China, es la humanidad la que se convierte en sujeto de la historia.

Pero volviendo a nuestro terruño, esta crisis mundial se ve reflejada en la crisis de nuestra tradicional institucionalidad democrática. Lo que entendemos los costarricenses por “democracia” nació como fruto de los procesos políticos de la Costa Rica del siglo XIX, cuya función histórica era la de forjar el Estado Nación. Logrado este objetivo, cuya culminación fue la constitución política de Guardia (1871) basada en principios liberales, se dan los eventos de Octubre 1889, que pone fin a los gobiernos autoritarios de la década y dan a luz una nueva concepción de democracia, aquella que se rige por los partidos políticos. La primera mitad del siglo XX tendrá como partido hegemónico al Republicano, cuyo mayor logro fue la creación del Estado de derecho, que nos evitará caer en las dictaduras que ensangrentaron nuestro vecindario. En la década de los 40s vendrá la “alianza inverosímil”, compuesta por el gobierno del republicano Dr. Calderón Guardia, la Iglesia de Monseñor Sanabria y el Partido Comunista de Manuel Mora, quienes crearon el Estado social, ensombrecida por la lucha de clases a partir de las elecciones de 1944, todo lo cual culminó en la Guerra Civil (1948); consecuencia de la cual nuestra vida política será hegemonizada por el Partido Liberación, cuya función era la de modernizar las estructuras del Estado según una concepción socialdemócrata ideada por Rodrigo Facio y ejecutada por José Figueres Ferrer. Este modelo político se verá cuestionado por la imposición imperial de “planes de ajuste” de tinte neoliberal a partir de 1985. Como reacción, en la segunda década de este siglo surgen en Nuestra América nuevos liderazgos, encabezados por las potencias regionales: el Brasil de Lula en América del Sur y el México de López Obrador-Claudia Sheinbaum en Mesoamérica.

Dentro de este nuevo contexto, Costa Rica debe repensar su tradición democrática. En este momento, su meta estratégica es defender y profundizar su mayor logro histórico: la creación del Estado social de derecho, en política doméstica y en policía exterior impulsar una diplomacia en pro de la paz basada en el respeto al derecho internacional, promoviendo los derechos humanos y en defensa de la causa ecológica. Para lograr esas metas, debemos dar prioridad a un sistema de educación pública de calidad en todos los niveles, como lo hicieron nuestros liberales con la reforma de Mauro Fernández (1886) en la educación básica, y Rodrigo Facio en la educación universitaria (Reforma de la Universidad en 1957). A este propósito hay que enfatizar que la mayor debilidad de nuestra educación pública se da en la secundaria; la solución está en formar profesores del más alto nivel profesional y ético; para ello el Ministerio de Educación debe comenzar por coordinar programas y cursos de emergencia, sobre todo en matemáticas, castellano e inglés, con las facultades de educación de las universidades públicas. La salud y la seguridad ciudadana combatiendo el narcotráfico y organizando a las comunidades, son los otros rubros que se deben promover como prioridad en los programas de gobierno que deben proponer los partidos en la campaña electoral que se avecina. Para ello se requiere de un Estado fuerte, transparente y eficiente, sometido al escrutinio permanente de una opinión pública bien informada. Los recursos del Estado se lograrán acabando con la evasión y elusión de impuestos.

Para terminar, deseo enfatizar que sería un error que, en esta campaña los partidos se enfrasquen en ataques y querellas entre ellos recurriendo a un lenguaje procaz. El mayor enemigo que enfrentamos, cualesquiera que sean nuestras preferencias electorales, no son los partidos rivales, sino el creciente abstencionismo, lo mismo que las fuentes de financiación de los partidos. Los inmensos recursos económicos que los partidos invierten en las campañas electorales, se dilapidan no en confrontaciones ideológicas inspiradas en nuestros mejores valores cívicos, sino en un “marketing”, donde se promueven a las figuras de los candidatos más que a los programas de gobierno. Por eso es indispensable que el Tribunal Supremo de Elecciones sea muy severo en el control de las fuentes de financiamiento de los partidos. Combatir la antidemocrática tendencia de quienes recurren a cualquier forma de financiamiento para satisfacer sus ambiciones políticas y controlar severamente las fuentes de donde viene el dinero que emplean los partidos para financiar su propaganda, es fundamental para preservar nuestra paz política y social y consolidar nuestra institucionalidad democrática. Tal es la función cívica por excelencia de la campaña que se avecina.