El décimo Informe del Estado de la Educación advierte que Costa Rica enfrenta una crisis educativa más profunda que la de años anteriores, producto de rezagos históricos no resueltos, el apagón educativo que ocurrió entre 2018 y 2022 y una gestión errática que debilitó al sistema en los últimos años.
La investigación detalla que la falta de un plan educativo entre 2022 y 2025, junto con decisiones cuestionadas del Ministerio de Educación Pública (MEP), frenó los esfuerzos para atender los rezagos. El país registró retrocesos en indicadores clave: en las pruebas internacionales PISA de matemáticas se pasó de 402 puntos, en 2018, a 385 en 2022, uno de los niveles más bajos de la región.
Isabel Román Vega, coordinadora del informe, señaló que los diagnósticos previos ya advertían sobre el deterioro. “Hace seis años dijimos que nuestra educación estaba atrapada en una jaula de inercias. En 2021 hablamos de un apagón educativo y en 2023 de una educación de segunda clase. Hoy, Costa Rica sigue experimentando una grave crisis educativa y nuestra educación está perdiendo el valor que siempre tuvo en nuestra historia”.
Según el documento, tres factores principales agudizaron la crisis: los rezagos estructurales acumulados durante décadas, las interrupciones educativas por huelgas y pandemia entre 2018 y 2022, y la gestión errática reciente, sin una política clara ni planes de continuidad.
Entre las prácticas que afectaron la calidad educativa se incluyen:
1. Cambios de planes para remediar el apagón educativo: se pasó del Plan Integral de Nivelación Académica (PINA) a pruebas comprensivas y estandarizadas. Finalmente, todas las anteriores quedaron fuera y actualmente se aplica el diagnóstico de aula y la prueba nacional estandarizada, a cargo del docente, sin herramientas de apoyo.
2. Eliminación del programa PRORI para la informática educativa y de la estrategia de conectividad: en 2022, el MEP solicitó a la SUTEL suspender la distribución de dispositivos y la Contraloría General de la República eliminó la Red Educativa del Bicentenario. En 2023 se rompió el convenio de 30 años con la Fundación Omar Dengo, lo cual dejó las computadoras almacenadas en una bodega.
3. Supresión del programa de Afectividad y Sexualidad sin criterio técnico: fue sustituido por el Programa de Educación para la Paz y la Convivencia, que no incluye contenidos alternativos en materia de sexualidad.
4. Negociaciones anuales del FEES: el presupuesto limitado frena la planificación estratégica y generan estancamientos, caídas y conflictos, sin contemplar las necesidades futuras.
5. Debilitamiento en la fiscalización de universidades privadas: se modificó el reglamento del CONESUP, se autorizó la apertura de nuevas universidades internacionales sin supervisión y se aprobaron carreras virtuales sin control de calidad.
El documento no solo describe los problemas, también plantea seis prioridades de acción con soluciones prácticas: inversión educativa, reducción de la pobreza en los aprendizajes, mejoras en evaluación, fortalecimiento de la rectoría del sistema, gestión local y logro universitario.
La UNA reacciona
El pronunciamiento del Decanato del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE-UNA) se sumó a la discusión tras los hallazgos. “Estos datos nos interpelan como nación. Desde el CIDE consideramos urgente la construcción de un gran acuerdo nacional por la educación, que trascienda los ciclos políticos y siente las bases de una política pública de largo plazo. Este acuerdo debe traducirse en una estrategia país integral y sostenida, que convoque al Estado, las universidades, las familias y a toda la sociedad a un esfuerzo común por sacar a Costa Rica de la crisis educativa”, señaló Susana Jiménez Sánchez, vicedecana del CIDE.
La académica enfatizó que mejorar la gobernanza en el Ministerio de Educación, fortalecer la macro evaluación con instrumentos de calidad y crear mecanismos de acompañamiento pedagógico para los centros educativos son pasos necesarios que vinculan la escuela con la comunidad. También reconoció que los centros formadores de docentes, incluido el propio CIDE, deben revisar y mejorar su quehacer mediante innovación en la formación inicial y continua, investigación pertinente y propuestas que contribuyan a la recuperación de aprendizajes.
El pronunciamiento incluyó un mensaje al magisterio nacional: “Sabemos que los contextos educativos son diversos, que las complejidades sociales inciden directamente en su labor diaria y que los desafíos son enormes. Les agradecemos profundamente por mantenerse en pie de lucha, con compromiso y vocación, en defensa del derecho a la educación pública de calidad. Cuentan con el respaldo del CIDE en este camino”, mencionó la vicedecana.
El mensaje del decanato concluye con un llamado a la acción: “La educación es el cimiento de la democracia, la equidad y el desarrollo humano. Desde el Decanato del CIDE hacemos un llamado a la unidad nacional, con visión de futuro y responsabilidad histórica, para garantizar que cada estudiante costarricense tenga acceso a una educación de calidad que le permita construir su vida y aportar al bienestar colectivo”.
El informe fue presentado el 28 de agosto a las 9:30 a. m. en el auditorio Franklin Chang Díaz, en Pavas, por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
Oficina de Comunicación / Universidad Nacional, Costa Rica
