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Costa Rica en el contexto geopolítico actual

Por JoseSo
Analista Político

Costa Rica, como democracia centenaria y país sin ejército, ocupa una posición única en América Latina. Su tradición pacifista, su neutralidad permanente y su histórico rol como mediador en conflictos regionales le otorgan un perfil estratégico diferenciado. Sin embargo, en un escenario global marcado por la competencia entre EE.UU. y China, la crisis climática, la inestabilidad en Centroamérica y la erosión democrática en la región, el país enfrenta el desafío de equilibrar sus principios con sus intereses económicos y de seguridad.

Neutralidad permanente y soft power: un activo estratégico

La neutralidad costarricense, declarada en 1983 por el expresidente y benemérito de la patria Luis Alberto Monge, ha sido un pilar de su política exterior. Esta postura le ha permitido actuar como mediador en conflictos regionales, como ocurrió con el Plan de Paz que le valió el Nobel a Óscar Arias en los años 80.

La neutralidad no solo refuerza la imagen internacional de Costa Rica como defensor de los derechos humanos, el desarme y la democracia, sino que también mitiga riesgos geopolíticos al evitar alineamientos explícitos con bloques antagónicos, especialmente en un contexto de tensiones entre EE.UU., China y Rusia.

El país debería institucionalizar su rol como facilitador de diálogos en crisis como las de Nicaragua, Venezuela o Haití, promoviendo foros multilaterales bajo el paraguas de la ONU o la OEA.

Relación con EE.UU.: dependencia comercial y presiones geopolíticas

Costa Rica depende económicamente de EE.UU., su principal socio comercial y fuente de inversión. Sin embargo, debe evitar un alineamiento automático con Washington en temas controvertidos, como las sanciones a Venezuela o Nicaragua, para no polarizar su política exterior y afectar sus relaciones con otros actores clave, como China o la Unión Europea.

Es crucial mantener el TLC con EE.UU., pero también aprovechar coyunturas —como la política arancelaria agresiva de Donald Trump— para renegociar términos que protejan al productor nacional y fomenten una economía más circular, sin depender exclusivamente de regímenes especiales como las Zonas Francas. Paralelamente, el país debe diversificar mercados, fortaleciendo lazos con la UE y Asia-Pacífico.

Además, Costa Rica debe buscar mayor asistencia estadounidense en seguridad cibernética y combate al narcotráfico, pero sin comprometer su neutralidad. También es clave exigir reciprocidad en temas migratorios y ambientales, como fondos para adaptación climática.

China: oportunidad económica vs. presión estadounidense

Preocupa que la actual administración evalúe retroceder en un tema ya superado: un posible restablecimiento de relaciones con Taiwán, seguramente por eventual presión del gobierno de Trump. Sería un error estratégico, pues implicaría darle la espalda a la mayor potencia económica emergente en un escenario geopolítico multipolar.

China es un socio comercial clave, con inversiones en infraestructura y tecnología, lo que hace inevitable la presión de EE.UU. para limitar su influencia en la región. Costa Rica ya rompió relaciones con Taiwán en 2007, y la lección aprendida debe ser evitar endeudamientos insostenibles y no caer en la trampa de deuda.

Mantener relaciones comerciales con China es deseable, pero con transparencia y evitando megaproyectos con altos costos o compromisos políticos. Además, es estratégico fortalecer alianzas con otros actores, como la UE, Corea del Sur o Japón, para equilibrar influencias.

La crisis centroamericana: migración, autoritarismos y narcotráfico

La inestabilidad en Nicaragua, El Salvador y Honduras amenaza la seguridad regional. Costa Rica debe fortalecer su diplomacia preventiva, promoviendo derechos humanos sin confrontación directa y evitando sanciones unilaterales que cierren espacios de diálogo.

Una agenda regional de desarrollo —como reactivar el SICA con enfoque en empleo y clima— es urgente. También es vital trabajar con EE.UU. y la UE para abordar las causas estructurales de la migración, no solo el control fronterizo.

Cambio climático y economía verde: liderazgo global

Costa Rica es un referente en sostenibilidad (carbono neutralidad, energías renovables). Por eso debe posicionarse como voz del Sur Global en financiamiento climático y atraer inversión verde (hidrógeno, ecoturismo, tecnología limpia).

Así como en el pasado, debe presionar a las potencias para que cumplan acuerdos ambientales, como el fondo de pérdidas y daños.

Hacia una «neutralidad activa»

Costa Rica debe adoptar una «neutralidad activa«, que incluya:

Ser un mediador confiable, aprovechando su prestigio pacifista.

Diversificar sus socios comerciales, sin depender excesivamente de EE.UU. o China.

Defender la democracia y el clima con diplomacia propositiva, no confrontativa.

Esto debe ir acompañado de políticas públicas que fortalezcan la seguridad ciudadana (no militar), mejorando la ciberdefensa, la policía fronteriza y la cooperación internacional contra el narcotráfico, un flagelo que ha dañado el prestigio del país como destino turístico en la era postpandemia.

Finalmente, es clave retomar la inversión en educación formal y técnica para cerrar brechas sociales y reducir la inequidad que empuja a muchos jóvenes hacia actividades delictivas y, al mismo tiempo, mantiene nuestra competitividad como destino de inversión.

Esta estrategia permitirá a Costa Rica proteger su soberanía, maximizar su influencia moral y asegurar su desarrollo en un mundo cada vez más inestable.

Unión de Religiones y Espiritualidades convoca a jornada por la paz en Palestina

La organización Unión de Religiones y Espiritualidades ha convocado a una jornada interreligiosa de oración por la paz en Palestina, en respuesta a la crítica situación de crisis humanitaria y genocidio que enfrenta el pueblo palestino.

La actividad se llevará a cabo el sábado 28 de junio, en el Parque Central de San José, de 10:30 a.m. a 12:30 p.m., y reunirá a personas de distintas creencias en un espacio de reflexión, solidaridad y expresión artística.

El evento contará con actos culturales de música, poesía y teatro, como parte de un llamado simbólico a la paz, el respeto a los derechos humanos y el cese de la violencia en la región.

Jubilados del magisterio exigen respuestas al Ministerio de Hacienda por fondo de pensiones

La Asociación de Jubilados en Acción (AJA) presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por no responder dentro del plazo legal una solicitud de información relacionada con la existencia y estado del fondo económico destinado a las pensiones del Magisterio Nacional.

El recurso, interpuesto el pasado 11 de junio de 2025 por el sociólogo y presidente de la AJA, Miguel Sobrado Chaves, denuncia la violación del derecho de petición y pronta respuesta, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política y regulado por la Ley N° 9097, que obliga a la Administración Pública a responder en un plazo máximo de diez días hábiles.

El documento plantea tres temas dirigidas al ministro: si el fondo fue creado, ¿cuál es su estado actual?, o en caso de no haberse constituido, ¿qué ocurrió con los recursos recolectados mediante cuotas obreras, patronales y estatales entre 1958 y 1991? A pesar de haber sido recibida la solicitud el 3 de mayo, el Ministerio no respondió dentro del plazo, lo que motivó la acción legal.

Además, desde la AJA se recuerda que el Estado tenía la obligación de constituir un fondo con los aportes de maestras y profesores activos durante ese periodo, pero que, según han denunciado en múltiples espacios, el fondo nunca se creó, y los recursos fueron utilizados para otros fines presupuestarios. Esta omisión histórica constituye, para la organización, un grave incumplimiento legal y ético, que explica por qué el pago de las pensiones se carga hoy directamente al presupuesto nacional.

Como se expone en el artículo de SURCOS publicado en marzo pasado, titulado La verdad sobre las jubilaciones del magisterio nacional, los jubilados han cotizado por más de 30 años con tasas más altas que el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social y enfrentan actualmente cuestionamientos públicos que, expone la AJA, no reconocen su historial de contribuciones ni la responsabilidad estatal en el incumplimiento del fondo.

En su escrito ante la Sala Constitucional, Sobrado solicita que el Ministerio de Hacienda responda las preguntas planteadas y brinde información clara, detallada y verificable sobre el manejo de los fondos. La acción se enmarca en un contexto de creciente discusión pública sobre el financiamiento y la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, así como sobre las reformas planteadas por distintos sectores políticos.

UNDECA denuncia conflicto por perfil de puestos en la Caja

Comunicado de UNDECA

San José, Costa Rica – 25 de junio de 2025

Los trabajadores y trabajadoras de quirófanos del Hospital Calderón Guardia, junto con el Sindicato UNDECA, se encuentran en estado de máxima alerta ante las reformas estructurales impuestas por MIDEPLAN a la CCSS con la Ley de Empleo Público sobre los perfiles de puestos de exclusivos, excluyente y concurrentes, que buscan fusionar puestos, precarizar el empleo y los salarios, mientras debilita los servicios de salud pública.

UNDECA advierte que estas medidas afectarán gravemente la calidad de servicios que brinda la Caja, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, declaró:

«Todo esto es producto de una violenta Ley de Empleo Público, impulsada por el sector empresarial, los gobiernos neoliberales anteriores y continuada por Rodrigo Chaves Robles. Su objetivo es desmantelar la CCSS, recargar de trabajo a los funcionarios y abrir el gran negocio de la privatización.»

Asistentes de Quirófanos y más puestos en la mira

Entre los primeros afectados están los Asistentes de Quirófanos, cuyo perfil está siendo eliminado. Sin embargo, todos los puestos están en peligro, ya que la estrategia es recortar personal y deteriorar la atención, para justificar la privatización.

Huelga en defensa de la CCSS

Ante la gravedad de la situación, los trabajadores del Calderón Guardia están dispuestos a ir a una movilización, y han recibido el respaldo de otros centros nacionales. UNDECA y las bases sindicales llaman a estar alertas para frenar este ataque contra la CCSS.

Llamado urgente a la población

UNDECA hace un llamado a:

  • Los asegurados, para que exijan salud pública de calidad.

  • Las organizaciones sociales, a unirse en la defensa de la CCSS.

¡No a la privatización de la salud!
¡La CCSS no se vende, se defiende!

Foto: Personal del Hospital Calderón Guardia esperan a las autoridades del hospital y de la CCSS para dialogar sobre el conflicto de perfiles de puestos.

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Perfilamientos raciales, signos externos, narrativas de odio: La instrumentalización del tema migratorio de cara a las elecciones 2026

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Junio casi termina y empieza el tramo final de una empinada carrera de obstáculos hacia la presidencia de la república en esta Costa Rica compleja del Siglo XXI. Es otra la sociedad que tenemos, son otros los parámetros de medición de la integración social y la convivencia. A nivel político es tal la fragmentación y la ausencia de propuestas sólidas, que nos debatiremos en un amplio espectro de propuestas amparadas en franquicias más que en estructuras partidarias fortalecidas.

En medio de ese escenario, discursos, narrativas y prácticas alrededor de ciertos temas centrales, orientarán los vectores de las opiniones públicas y las inclinarán hacia ciertos núcleos duros. El tema de la seguridad, sin lugar a dudas, será uno de ellos, pero también ese tema tan traído y llevado como la corrupción y el narcotráfico.

Uno de los temas discursivos que sin lugar a duda será instrumentalizado, atendiendo los escenarios internacionales y específicamente los provenientes de la sociedad estadounidense, es el del impacto de las migraciones en la sociedad costarricense. Justamente en días pasado, una de las posibles figuras candidateables hacía eco de aquellas imágenes que relacionan deterioro de la seguridad social con presencia de población migrante, particularmente de origen nicaragüense, en el país.

A la vuelta de la esquina, empezaremos a escuchar cada vez con mayor fuerza el uso de estas y otras nociones vinculadas con la población migrante, para fines absolutamente electorales. En medio de una sociedad polarizada, cuyos ejes ideológicos se han movilizado hacia espectros conservadores, abrazados por amplios sectores de población, es posible que este tema sea objeto de un manejo fácil, desinformado y utilitario en los próximos meses.

Por eso no dejan de preocupar algunas manifestaciones a las que creo debemos prestarles atención.

La primera, cercana a lo que en los actuales escenarios antiinmigrantes en Estados Unidos han sido denominadas acciones de perfilamiento racial y que consisten en la detención de personas solo por el simple hecho de ser sospechosas de ser personas indocumentadas, migrantes, latinas….sucedió en Alajuelita hace unos días y el hecho fue documentado por la gestora cultural Tania Álvarez, que indicó haber presenciado como autoridades migratorias se subían a un bus de la localidad a solicitar cédulas de identidad sin ningún tipo de explicación de por medio. Se sabe que, en algunos contextos urbanos, el perfilamiento racial es aún mayor y la mayoría de las veces produce otro tipo de narrativas, como la criminalización y la producción de estereotipos.

La segunda acción fue documentada por la académica e investigadora costarricense Priscilla Carballo al relatar haberse encontrado en una tienda ubicada en Curridabat, en el este de la capital, con signos externos utilizados en la campaña “Make America Great Again”, misma que fue la base narrativa que llevó a Donald Trump a su segundo mandato.

Ambas prácticas avizoran a todas luces un escenario complejo en el que los aspectos problemáticos de la migración serán relevados en detrimento de los aportes que las poblaciones migrantes realizan en el país. A documentar esas posibles utilizaciones deberemos dedicarnos en los próximos meses y contrastarlas con información oportuna y sustentada. Sera esa tarea de quienes creemos que otro mundo, inclusivo y abarcador, es posible.

El presidente está obligado a respetar el Derecho Laboral y el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales de la Constitución Política

Vladimir de la Cruz

Hace ocho días, en la acostumbrada perorata que monta el presidente con sus periodistas amigos, de preguntas y respuestas montadas, y con los funcionarios de gobierno que obliga a acompañarlo, al exaltar que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, se había pronunciado a favor de la jornada esclavista de trabajo, de 12 horas diarias, la llamada 4-3, hizo pasar a su lado, como también acostumbra, al presidente la Junta Directiva para felicitarlo.

Al hacerlo le dijo al presidente del INA que había sido un acuerdo unánime muy importante, por lo que el presidente del INA le aclaró que no había sido por unanimidad. Le manifestó que en la Junta Directiva hubo un voto disidente, en contra. El presidente ofuscado, perdiendo, como de costumbre sus controles mentales, le increpó qué quién o cual miembro de la Junta Directiva había votado en contra.

El presidente del INA un poco confuso en qué responder, supongo que respetando el derecho de un directivo de discrepar, insistió que no era un acuerdo unánime. De nuevo, el presidente Chaves, más agresivo, irrespetando al presidente del INA, le insistió en saber quién había votado en contra. El presidente del INA sin poder evitar la respuesta, obligado a ella, casi refunfuñando, con cierto nerviosismo, con decencia y vergüenza a la vez, le manifestó que había sido el representante sindical en la Junta Directiva del INA.

El presidente Chaves de nuevo arreció, con cólera, con ira que se veía que le subía la temperatura, indagando sobre el representante sindical, insistió en saber quién era, y presionó al presidente del INA para que dijera el nombre del directivo del INA y Representante del movimiento sindical.

Ante ese nuevo arrebato el presidente del INA le dijo que el representante sindical era Tyronne Esna. Sobre el dirigente sindical inmediatamente el presidente Chaves, como acostumbra, para bajarle el piso a una persona, para burlarse de él, o para denigrarlo públicamente, empezó a pronunciar mal el nombre, llamándolo “terrón”, insistiendo burlonamente en un descalificativo sobre el nombre de la persona, menospreciándolo, desacreditándolo, tratando de dañar su reputación, imagen y credibilidad, y cuestionando que pudiera estar en la Junta Directiva del INA.

El presidente Chaves, trastornado mentalmente como se mostraba, insistió en saber de qué sindicato era Tyronne Esna. Se le informó que era del sindicato SITRAPEQUIA y de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum. No satisfecho con burlarse del nombre del dirigente sindical también lo hizo con la organización sindical al llamarla “Rarum”

El presidente también ordenó que le dieran un informe sobre el directivo Tyronne Esna, insinuando que sobre ese informe él procedería en lo que pudiera.

Esta central sindical, originalmente, allá por 1943, la había constituido e impulsado Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. El arzobispo con Rafael Ángel Calderón Guardia, entonces presidente de la República y Manuel Mora Valverde, entonces Diputado y Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, que en ese mismo momento, junio de 1943, estaba cambiando de nombre, a solicitud del Arzobispo, por Vanguardia Popular, fueron los que impulsaron esa Reforma Social, fundamento de nuestro sistema democrático.

La historia de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum es muy rica en la Historia costarricense y en la Historia de las luchas de las clases trabajadoras del país. Sus dirigentes han sido muy reconocidos y respetados por los diferentes gobiernos que han tenido que tratar con ellos.

En la Historia de las clases trabajadoras de Costa Rica se dieron leyes laborales, resultado de sus luchas y de su necesidad reconocida. Así, por ejemplo, la jornada de ocho horas de trabajo diario, y de 48 a la semana, se estableció en Costa Rica desde diciembre de 1920. En la Reforma Social de 1943, que impuso el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales en la Constitución Política de 1871, que era la vigente, lo que se reafirmó en la Constitución Política de 1949, que es la Constitución actual, esta jornada de trabajo así se estableció y así existe.

En esas reformas de garantías y derechos constitucionales se estableció el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, (Artículo 60), el derecho a la huelga, (Artículo 61), y el derecho a realizar Convenciones Colectivas de Trabajo, (Artículo 62), entre los 74 artículos de este capítulo constitucional que vela por los trabajadores costarricenses, entre otras cosas.

Con el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales también se aprobó en 1943 el Código de Trabajo, donde estos tres derechos fundamentales también se establecieron y regularon.

El presidente Chaves obviamente no conoce la Constitución Política, o no la lee, y si la lee no la entiende.

Como resultado de las luchas laborales internacionales también se desarrolló la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1919, originalmente ligada a la Liga de las Naciones y posteriormente, en 1945, como organismo de las Naciones Unidas.

En la OIT están representados los gobiernos, los empleadores o patronos y los sindicatos. Cada año en Suiza se reúne oficialmente la Asamblea de la OIT con representantes de estos tres sectores. La delegación nacional así se presenta.

En OIT se han aprobado 190 Convenios Internacionales de Trabajo, obligados para los países que así los ratifican. Costa Rica desde 1959 ha aprobado 52 de esos Convenios, entre ellos 8 de los 10 convenios fundamentales, 4 de gobernanza y 40 técnicos. Además, ha ratificado un Protocolo.

De los Convenios fundamentales aprobados están el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949, el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, de 1971.

Las convenciones colectivas de trabajo, acordadas entre trabajadores y patrones o empleadores, de acuerdo con la Constitución Política, tienen rango de ley. Son de acatamiento obligatorio y deben respetarse, por quienes las pactan, como por el gobierno cuando tienen resultados que le afectan, como es el caso de reconocer obligadamente a los representantes sindicales que los sindicatos nombran, independiente si al gobernante de turno le gustan o no, para que participen de Juntas Directivas de instituciones públicas, estatales, si por ley tienen esa representación.

En la fanfarria política que montó el presidente el miércoles pasado, se alteró mentalmente, cuando supo de la existencia de la Convención Colectiva de Trabajo, que protege al dirigente sindical Tyronne Esna, que le otorga el derecho al permiso laboral correspondiente para ejercer su trabajo sindical y representar por ello a los trabajadores. En este asunto el presidente Chaves se refirió al dirigente sindical como un vagabundo, condición que extendió a los trabajadores sindicalizados.

En esa sesión del miércoles pasado también estaba presente el ministro de Trabajo, que debe conocer toda esta legislación laboral, social y constitucional, quien pudo aclararle al presidente Chaves que las Convenciones Colectivas de Trabajos son válidas en Costa Rica, que los sindicatos son legales y que tienen autonomía e independencia para nombrar sus dirigentes sindicales y sus representantes ante los organismos que deban hacerlo.

El ministro de Trabajo fue sordo, ciego y mudo ante al ataque del presidente a la forma como se refirió al dirigente sindical Tyronne Esna. El presidente del INA hizo lo que pudo, estando en una posición de cucaracha en bisagra. Se le veía con pena contestando al presidente el ataque y presión que hacia la Junta Directiva del INA. Se le veía amenazado, asustado, por el presidente, atendiendo muy claramente el mensaje autoritario, que el presidente enviaba, de que había que estar de acuerdo con él o no estar en la Junta Directiva.

Es la Junta Directiva la que tiene que disculparse con el dirigente sindical, miembro en igualdad de condiciones con los restantes miembros de esa Junta, de los arrebatos ofensivos del presidente de la República contra su persona. Si los directivos no lo hacen queda en evidencia, su temor, su miedo…y, con todo respeto, su bajada de pantalones y enaguas…

Es la Junta Directiva la que tiene que explicar que en el desempeño del trabajo de las instituciones puede haber disidencias y desacuerdos con relación a lo que se trata y dispone en ellas. Es la Junta Directiva la que tiene que ratificar que en su seno los sectores representados tienen autonomía y libertad para opinar cuando así en representación de sus grupos lo hacen.

El presidente al atacar y cuestionar el derecho de oposición del directivo del INA Tyronne Esna, viola los principios constitucionales de libertad de opinión, de pensamiento.

Los sindicatos deben preparar una acusación ante la OIT de la agresión constante que hace el presidente contra los sindicatos, contra sus dirigentes sindicales, contra la libertad de opinión de los dirigentes sindicales, contra los artículos constitucionales y laborales que garantizan el ejercicio de los sindicatos y sus dirigentes, contra los derechos fundamentales de libertad sindical y de negociación colectiva.

Igualmente, deben llevar su protesta a los organismos internacionales, como la OCDE, pidiendo que se exija a Costa Rica el cumplimiento del respeto a los derechos laborales, sindicales y humanos.

Los sindicatos deben cerrar filas ante estos agravios orientados a sembrar el terror, el miedo, el temor reverencial, como parte de su ejercicio autoritario del poder que quiere instalar.

Compartido con SURCOS por el autor.

Foro: “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”

El 19 de junio de 2025 se llevó a cabo el foro “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, organizado por la Academia Nacional de Ciencias (ANC) y transmitido a través de su canal de YouTube.

En este espacio, especialistas en salud y política social analizaron el estado actual de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y ofrecieron distintas perspectivas sobre su sostenibilidad financiera, la cobertura universal de salud y los desafíos institucionales que enfrenta la seguridad social en Costa Rica.

La primera exposición del foro, titulada “El seguro de salud de la CCSS: la solidaridad, universalidad y equidad en disputa”, presentada por la Dra. Ana Sojo Martínez, abordó la relevancia de estos principios como pilares de la seguridad social en Costa Rica.

Se enfatizó que, a diferencia de los seguros privados, el sistema de salud público redistribuye beneficios de manera intrapersonal y comparte riesgos individualmente, lo cual refuerza su carácter solidario.

La Dra. Sojo también advirtió sobre los intentos de debilitamiento institucional durante la administración Chaves, mediante medidas como el desfinanciamiento, la introducción de copagos y el aumento del gasto de bolsillo en salud. Finalmente, señaló la urgencia de saldar la deuda estatal acumulada con la Caja y de realizar inversiones en infraestructura para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Seguidamente, el Dr. Luis Rosero Bixby presentó la ponencia: “El enorme reto de la demografía a la seguridad social en Costa Rica”, en la cual analizó el impacto del envejecimiento poblacional sobre la sostenibilidad del sistema. Señaló que, aunque la población costarricense se mantendrá alrededor de los cinco millones en las próximas dos décadas, podría comenzar a disminuir entre 2050 y 2075.

Esta transformación demográfica plantea serios desafíos financieros. Ante este panorama, el Dr. Rosero propuso medidas como que las personas pensionadas paguen seguro de salud, establecer un impuesto a las rentas de activos, aplicar un impuesto al valor agregado y aumentar la edad de retiro.

La presentación del Dr. Carlos Zamora Zamora “Las listas de espera en la Caja” abordó uno de los problemas más visibles del sistema de salud costarricense. Se presentaron cifras alarmantes: más de 34,000 personas en espera de una cita con un especialista, 72,300 para una cita diagnóstica y 19,000 para una cirugía.

Al comparar con datos de hace 25 años, se evidenció un aumento considerable en los tiempos de espera. El Dr. Zamora enfatizó que este fenómeno no es una consecuencia inevitable de la cobertura universal, sino el resultado de decisiones administrativas y una gestión ineficiente. Como posibles soluciones, propuso un uso más eficaz de los recursos disponibles y la implementación de una planificación estratégica a largo plazo.

Finalmente, la Dra. María Luisa Ávila Agüero en su exposición: “La Caja Costarricense de Seguro Social: Perspectivas desde la Salud Pública” analizó los retos actuales de la CCSS desde una mirada integral. Señaló la grave escasez de especialistas en áreas clave como oncología, geriatría y psiquiatría, y subrayó la urgencia de fortalecer la formación profesional y ofrecer mayores incentivos docentes.

Además, expuso preocupantes datos sobre el estado de salud de la población: un 34 % de las personas adultas presenta obesidad y un 50 % mantiene un estilo de vida sedentario. La Dra. Ávila también indicó que la pandemia de COVID-19 erosionó la confianza en las instituciones de salud, lo cual hace aún más necesario reforzar el primer nivel de atención Finalmente, enfatizó que mejorar la salud pública requiere intervenir también en los determinantes sociales.

Mediante el siguiente enlace puede acceder a la grabación del foro:

Regresó delegación de Costa Rica en marcha a Gaza

Comunicado

Nuestros dos delegados de la Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica, que asistieron a Egipto para participar de la Marcha Mundial de Solidaridad con Gaza, retornaron al país. No fueron detenidos ni deportados por el gobierno egipcio que boicoteó esta marcha y reprimió a los participantes en la misma.

Pese a la represión nuestros compañeros pudieron realizar entrevistas a palestinos y niños refugiados de Gaza en Egipto y pudieron burlar los controles y represión del gobierno.

Lucha comunitaria logra mejora en condiciones de paradas de buses en Ruta 32

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, compareció ante la Sala Constitucional tras la apertura de una audiencia en su contra por el presunto incumplimiento de una sentencia relacionada con la reubicación de paradas de autobús en la comunidad de La Unión de Guápiles, sobre la Ruta 32. El recurso fue presentado por Víctor Manuel Villalta Martell, quien denunció que las autoridades no han respondido de manera clara ni completa, generando incertidumbre sobre la legalidad de las bahías construidas en puntos no autorizados, lo que pondría en riesgo a las personas usuarias.

En su defensa, Zeledón argumentó que tanto el Ministerio como el CONAVI han actuado conforme a la ley y que se han realizado diligencias para atender la situación, incluyendo reuniones con la comunidad, el Concejo Municipal de Pococí y el Consejo de Transporte Público (CTP). Además, señaló que, tomando en cuenta la solicitud de la comunidad, la parada será definida al costado sur de la rampa del puente peatonal del lado izquierdo de la Ruta 32, sentido 1-2 y que actualmente se está trabajando en su señalización para garantizar la operatividad del servicio de transporte público, por lo que dentro de su petitoria solicita que se exima al Estado del pago de costas, daños y perjuicios. Es importante tener presente que el ministro no ha cumplido con todo lo solicitado por la comunidad, que no es solamente el tema de las paradas de buses. Dada esa situación de desacato a la Sala Constitucional, la comunidad seguirá los pasos legales necesarios para que se le inicie causa en la Corte Plena por desacato.

Fuente: Víctor Manuel Villalta Martell, comunidad de La Unión de Guápiles.

Imagen con fines ilustrativos.