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Red de Economía Solidaria conmemora su doceavo aniversario

Hoy la Red de Economía Solidaria (RedESS) conmemora 12 años de su fundación el 13 de agosto de 2013, la cual nació producto de una convicción colectiva sobre la posibilidad de conseguir un modelo económico más justo y humano.

En el marco de su aniversario, RedESS reflexiona sobre las dificultades actuales también agravadas por la incertidumbre y demás condiciones que la golpean. Aun así, la organización lanza un mensaje de esperanza y resistencia desde lo cotidiano en aras de construir los nuevos tiempos desde abajo.

Así, la Red lanza un agradecimiento por todo el apoyo y cooperación recibida durante sus años de existencia, y también exhortando a seguir activos en sus luchas como lo ha hecho estos 12 años de existencia.

Debemos rechazar con todas nuestras fuerzas el proyecto de jornada 4×3

El Proyecto de Ley de Jornadas 4×3 (Expediente 24.290) en Costa Rica, es nefasto para las personas trabajadoras, sus familias y para la sociedad costarricense. Propone jornadas laborales de hasta 12 horas diarias durante cuatro días, seguidas de tres días de descanso, principalmente para sectores con operaciones continuas.

Su objetivo se centra en incrementar la producción en detrimento de la salud de las personas trabajadoras. Incluso, este argumento es un engaño; contrario a lo que afirman los promotores, la productividad individual disminuye con jornadas extendidas debido a la fatiga y el agotamiento.

Los recargos salariales propuestos (17-25.5%) son insuficientes para compensar el desgaste y la pérdida de tiempo personal. Todo lo contrario, estamos ante la perdida de la conquista histórica de las 8 horas de trabajo y el pago de horas extras.

La “voluntariedad» que se les ofrece a las personas para someterse a estas jornadas y horarios es una mentira política ya que, en un contexto de desempleo y asimetría de poder, las personas trabajadoras se verían obligados a aceptar estas condiciones y con muchas más razón al encontrase Costa Rica entre los países con más desempleo en Centroamérica.

Los tiempos de traslado, las atenciones de las responsabilidades familiares (tiempo de calidad para la familia) y en general la conciliación vida – trabajo – familia, limitaría considerablemente el descanso adecuado y pueden llevar a fatiga crónica, estrés y agotamiento físico y mental, aumentando el riesgo de accidentes laborales y enfermedades graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares, especialmente en jornadas de 55 horas o más a la semana, según la OIT y la OMS.

Las desigualdades de las mujeres trabajadoras ya son, de por sí, muy considerables, con las jornada 4×3 se incrementarían esas desigualdades en mujeres jefas de hogar, al intensificar su «triple carga» de trabajo remunerado y no remunerado, y en jóvenes estudiantes que trabajan, comprometiendo su formación académica.

El trabajo respetuoso y digno es fundamental en toda sociedad democrática. Legalizar jornadas excesivas es un retroceso contundente de los avances históricos en la reducción de la jornada laboral a nivel internacional y las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo. Además, el uso de la «vía rápida» limita el debate democrático y el análisis profundo, sin estudios que demuestren la creación de empleos «decentes».

La propuesta 4×3 intensifica las horas diarias sin reducir la jornada semanal total, Debemos mantener la jornada que tenemos e incluso cambiarla para que las personas trabajen menos y compartan más tiempo con sus familias y estudien. Debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

El Proyecto de Ley de Jornadas 4×3 es un retroceso que compromete los derechos laborales, la salud pública, la vida y el quehacer cultural social en Costa Rica, sin ofrecer garantías reales y demostrables de los beneficios prometidos.

Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU, hacemos un llamado para que todas las personas habitantes manifiesten su rechazo a este nefasto proyecto, contrario a los derechos humanos de las personas, y a que nos movilicemos para detenerlo.

Los derechos humanos son nuestros, no son del patrón, tampoco deben responder a los intereses de la producción.

Entre la espada y la pared… de una cárcel

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Se llama Rudolph, y se apellida Lücke, y es el nuevo ministro de Hacienda, por lo cual, ha de lidiar como novillero, con las chambonadas que le heredara el exministro Nogui Acosta, quien, al tener más de una decena de causas penales bajo investigación en la Fiscalía General del Ministerio Público, ahora anda en busca de una candidatura a diputación, que, de ser elegible, le cubra con la manta de la inmunidad-impunidad con que abusa el gobierno chavista.

Pese a ser un profesional serio, don Rudolph cometió el error, de aceptar la cartera de Hacienda, con los compromisos que, en un apresurado listado de tareas ocurrentes, le entregaron Acosta y el presidente Chaves.

Uno de ellos, es el capricho del ministro de Justicia, señor Gerald Campos, quien, bajo los lineamientos de Chaves, hasta viajó a la tierra del dictador salvadoreño, a que le dieran copia de unos planos de la mega cárcel, construida allí, en el país con menor índice de desarrollo económico del istmo centroamericano.

Pues resulta, que para esa improvisada cárcel bukeliana en suelo tico, proyecto misterioso y confidencial, del que se desconoce hasta el terreno supuestamente reservado para su construcción, a don Rudolph le dieron instrucciones de defender una irracional modificación presupuestaria, que no creemos que le tenga muy contento. Y ha de ser así, pues, entre otros, al descuidado Ministerio de Seguridad Pública, que, por incapacidad de su jerarca, ha contribuido a hundir a Costa Rica en PROFUNDA INSEGURIDAD, que está golpeando la paz de las familias costarricenses, su ministro propone bajarle sustancialmente el presupuesto.

Y lo hace, a pesar de que se vive con miedo, pues la violencia se refleja en un creciente e incontenible número de homicidios, nunca antes sufrida por nuestro pueblo, mientras su jerarca Mario Zamora, parece dispuesto a establecer un récord olímpico en criminalidad. Él, y por supuesto Rodrigo Chaves, le ordenan, irresponsablemente, a don Rudolph, recortar en Seguridad, más de ¢4.100 millones, cual, si no se necesitaran más policías, más patrullas, más armas, más uniformes, más chalecos antibalas, mejores condiciones en infraestructura, mejor alimentación, etc.

Recorte que sí preocupa al ministro de Turismo, pues siente, cotidianamente, que la actividad turística, principal fuente de empleo y divisas de Costa Rica, desciende peligrosamente, en, por ejemplo, Puntarenas, Limón y Guanacaste, cuyos habitantes sufren al interior de sus hogares, el hambre hija de la pobreza por el desempleo, que no se mitiga con promesas demagógicas gubernamentales. Para esos sufridos compatriotas, ese recorte presupuestario es la peor noticia en el peor momento, mientras que, los narcotraficantes y demás delincuentes, que se han apoderado de nuestras otrora pacíficas comunidades, la reciben como la mejor colaboración gubernamental, para seguir cometiendo crímenes.

Don Rudoph, igualmente tiene que lidiar con disminuciones presupuestarias injustificadas, dentro de su mismo ministerio. Ante los impensados zarpazos a sus finanzas, “como quien no quiere la cosa”, dice estar de acuerdo en desechar de su presupuesto, ¢365 millones, que sabe, son esenciales para cubrir el déficit que le heredó su antecesor, que le impide, si quisiera, fortalecer lo que debería ser una lucha frontal contra la evasión de impuestos, que, como sabemos, ¡supera la deuda pública de Costa Rica!

Adicionalmente, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes le recortan ¢1.745 millones, para esa versión tica de mega cárcel bukeliana, sin importar la urgencia que tiene el gobierno, por atender las necesidades de infraestructura vial, construcciones y reparaciones de puentes, los túneles falsos en la ruta 32, las deterioradas rutas cantonales y nacionales, más inspectores de tránsito, etcétera.

Como también, la Salud no parece ser prioritaria para la administración Chaves, ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, con déficit presupuestario crónico, le son arrebatados, sin importar, igualmente, lo que piense su ministra vicepresidenta, ni las autoridades contraloras responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos.

Asimismo, cual, si no hubiere una crisis grave en ciernes en nuestro comercio internacional, se recortan ¢237,8 millones, al ministerio de Comercio Exterior, que ahora tendrá tareas extraordinarias que podrían ser fundamentales.

En fin, se le ha encargado al novel ministro de Hacienda, tomar la tijera y recortar unos ₡8.000 millones para financiar desde este mismo año, una cárcel de la que se desconoce su costo operativo, las características técnicas de la construcción y ni siquiera la finca donde se construiría, que obliga a los señores diputados a no desdeñar la responsabilidad de actuar razonablemente, en busca de los mejores acuerdos para la Patria.

Y, ¡atención a esto!, lo quieren hacer, en momentos de verdadera emergencia nacional, por el error con los fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda, procedentes de FODESAF, que obliga a ajustar ₡24.000 millones que han de salir de otros rubros presupuestarios, a ejecutarse en este año 2025. Para enmendarlo, se plantean cambios que también golpean la atención social, pues, nada menos, en la Caja los recursos del Régimen No Contributivo, se encuentra el riesgo de atrasos o interrupciones en el pago de pensiones vigentes, la imposibilidad de incorporar 11.300 nuevos beneficiarios, y hasta el pago del aguinaldo, lo que asimismo, agravaría el déficit financiero que ya enfrenta el régimen, golpeando a los ancianos en situación de pobreza o pobreza extrema, que los requieren para sobrevivir. Y ni hablemos del Instituto Mixto de Ayuda Social, responsable de la atención integral de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, limitando la acción sobre áreas críticas como alimentación, vivienda, salud, educación y empleo a 706 beneficiarios de los 55.168 programados a partir de agosto 2025, por lo que estos hogares quedarían desprotegidos, aumentando así su pobreza, y la desigualdad y la exclusión social.

¿Seguirán imperando las acciones destructivas que caracterizan a la administración chavista?

Preocupaciones ciudadanas frente a las elecciones

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia distintos tipos de inquietudes sobre el acontecer político que estamos viviendo. Son generalmente preguntas sencillas, pero importantes para quienes desean respuestas, que pueden aceptarlas o no, frente al momento que vivimos y frente a la información que recibimos.

A veces me da la sensación de que el ambiente político ya está alborotado y que hay buena información básica con la que a gente se va orientando, pero quedo siempre insatisfecho.

Algunas de esas preguntas, con las respuestas que he dado, y reflexiones que hago de esas preguntas, son las siguientes.

1.- ¿Ya está definido el panorama electoral?

No está definido el panorama electoral, aunque cada día que pasa se va aclarando, tanto con los partidos debidamente inscritos como con los candidatos presidenciales y algunos nombres de candidatos a diputados que ya se van nombrando y les suenan las matracas. Hasta ahora llevamos casi una decena posible de candidatos presidenciales ya definidos, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Laura Fernández, Claudio Alpízar, Fabricio Alvarado, Eli Feinzaig, Fernando Zamora, Ariel Robles.

Los menciono, generalmente, sin indicar su partido político. Pocas personas asocian a algunos de ellos a un partido de manera correcta.

Si menciono los partidos, sin indicar cual es su candidato, menos saben cómo son las correspondencias de partidos y candidatos.

Me he topado gente que postula personas como si fueran candidatos para esta campaña que viene, dentro de un partido, por el reconocimiento que tienen de las discusiones que se publican de dirigentes o activistas políticos de esos partidos peleando entre sí.

2.- ¿Cuándo inicia la actividad política electoral?

A esta pregunta siempre respondo que la actividad política electoral no se acaba con la finalización de un proceso electoral, y con la integración del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Les digo que la actividad política es permanente, no se acaba, todos los días se realiza, desde distintos ámbitos. Respondo que al terminar la campaña electoral y nombrar las autoridades de gobiernos, al instante mismo, los principales partidos políticos que participaron en las elecciones quedan embarazados para la siguiente. Los dirigentes, los activistas políticos y personas destacadas que van a ocupar puestos en la administración pública, por el partido que gana la presidencia y los partidos que eligen representantes populares, se concentras en sus actividades de gobierno. Una parte de ellos con imposibilidad de actuar y manifestar sus opiniones partidarias o de actuar favoreciendo sus partidos políticos porque constitucional y legalmente tienen prohibido hacerlo. Los que no van a gobierno ni fueron electos, inmediatamente se empiezan a articular para el siguiente proceso electoral y hacen cálculos electorales de las posibles oportunidades que les pueden tocar.

Una regla que tiene la política es que en la política no hay espacios vacíos. Todos los espacios se llenan.

3.- ¿Se debe participar en política?

Mi respuesta es categórica. Si, se debe participar en política. Es un deber ciudadano, es un derecho ciudadano. En la participación está la posibilidad de influir en las acciones políticas que se toman. Quienes me hace esta pregunta, generalmente me dicen que están desilusionados, porque no se sienten satisfechos con los resultados electorales y lo que esperaban de ellos.

Siempre respondo que todos los días se toman decisiones políticas que nos afectan positiva o negativamente, que son las decisiones de las acciones políticas que se toman o deciden desde la Presidencia de la República, desde la actuación de los Ministerios y desde la Asamblea Legislativa. Les recuerdo que a nivel cantonal también sucede lo mismo. De esa forma la política, las acciones políticas se meten con uno, se meten con nosotros, nos gusten o no esas decisiones. Por eso, si la política se mete con uno, uno debe meterse en la política. Esta es otra regla de la vida política. Y la forma de meterse organizadamente es actuando desde un partido político.

4.- ¿Las elecciones dan poder político?

Esta es una pregunta más difícil de responder. Dan poder de gobierno, de administrar, de dirigir las instituciones públicas con algunas y fuertes restricciones en muchos casos, por las instancias creadas a su interior que también frenan, a modo de pesos y contrapesos, las decisiones que se quieren impulsar.

El poder político no está totalmente concentrado en los órganos de gobierno, como son el Poder Ejecutivo, con sus Ministerios, o en la entramada institucionalidad pública, porque alrededor de estas estructuras, operan una serie de presiones políticas que pueden determinar el rumbo de esas instituciones o influir directamente para la toma de decisiones. Son las presiones y participaciones que se realizan desde el ámbito de las organizaciones empresariales, de las instancias del poder económico nacional, de las organizaciones sociales en general, cuando tienen algún grado de presión sobre los actores políticos del gobierno. El Poder Político es también el Poder Económico Nacional. Cómo se articule esta relación así se puede definir el Poder Político real, ¿de qué lado se encuentra, a quién satisface y representa? Hoy en esta estructura del Poder Político también actúan las fuerzas internacionales. Lo vemos en el actual gobierno sometido a las decisiones de la Casa Blanca, la Casa Presidencial de los Estados Unidos.

La parte económica del Poder Político permite definir a qué sectores económicos y sociales se favorece más, por ejemplo, a importadores o exportadores, a los productores nacionales o a los extranjeros, al capital nacional o extranjero, a las zonas francas, a los sectores nacionales de la industria, la agricultura, el comercio y las actividades de servicios, a la salud y educación pública o privada, al mantenimiento o debilitamiento de las políticas sociales y de asistencia social de los sectores más pobres, si se fortalecen más las políticas privatizadoras o no de toda la actividad pública e institucional, entre otras cosas.

5.- ¿Es válido abstenerse de votar en las elecciones?

Votar en Costa Rica, siempre respondo, es un derecho y un deber ciudadano, pero no es obligatorio, como en otros países, que se establecen sanciones para los que se abstienen de votar.

Lo importante, respondo, es que los abstencionistas no definen nada del proceso electoral. Las elecciones se definen con los que participan directamente expresando su voluntad electoral votando por un partidos o por candidatos de la simpatía de votante.

También digo que hay dos tipos de abstencionistas. Los que del todo no se presentan a votar y los que presentándose a las urnas se abstienen de dar su voto a un partido o a un candidato y los que votando en urna anulan su voto, porque no le simpatiza ningún partido, ni ningún candidato.

El punto determinante es que los votos nulos y en blanco no cuentan para el resultado electoral. Tan solo se toman en cuenta como una cifra electoral sin peso en el resultado, porque el resultado se produce por los votos emitidos considerados válidos.

Si los votos emitidos en blanco, abstencionistas reales, o nulos, que rechazan todos los postulados, partidos y candidatos, se tomaran en cuenta para el porcentual final de las elecciones, estos votos podrían tener una fuerza política, porque obligaría a los partidos a convocar con más fuerza a los electores para poder asegurar el 40% para definir una elección en la primera convocatoria, y hasta para definir mejor la segunda vuelta electoral, con los dos partidos que logren llegar a ella.

Incluso podría provocar un llamamiento político para votar contra todos, para deslegitimar a profundidad a quienes puedan quedar elector y obligarlos por esa vía a acuerdos políticos nacionales importantes.

Finalmente, les digo a esos abstencionistas, que en el fondo ellos votan, con su abstencionismo por el que gana, cualquiera que sea. Su abstencionismo los lleva a aceptar cualquier ganador sobre la base de que cualquiera de ellos le puede deparar algo ese abstencionista. Por eso, entre otros factores nuestros procesos electorales al final son muy tranquilos, y son procesos electorales aceptados en sus resultados por todos los que participaron votando y por los que del todo no participaron, absteniéndose de ir a votar o de ir a emitir su sufragio en blanco o anulándolo.

6.-. ¿Es válido quebrar el voto, votar por el candidato presidencial de un partido y votar por los diputados de otro partido?

Es absolutamente válido. Se da naturalmente en el proceso electoral. En los últimos tres procesos electorales hemos visto esta situación. El Partido Acción Ciudadana, que ganó las elecciones del 2014, y 2018, y el Partido Progreso Social Democrático, que ganó con el presidente Rodrigo Chaves las elecciones del 2022, no pasaron de elegir 13 diputados de los 57 que tiene la Asamblea legislativa, lo que los hizo gobiernos débiles, sin músculo político parlamentario para su gestión de gobierno.

Siempre les respondo a quienes así me interrogan, que lo correcto es dar el voto completo a un partido, con su candidato presidencial y sus candidatos a diputados, justamente para dar la posibilidad de un mejor gobierno.

Pero, la quiebra del voto que se hace es en cierta forma para fortalecer el poder de control político que tienen los diputados sobre el Poder Ejecutivo y sobre toda la administración pública. Esto probablemente se siga dando. Por eso es la desesperación del presidente Chaves de llamar a sus jaguares a lograr 38, 40 a más diputados, para poder tener el músculo legislativo que daría un poder político más efectivo, para hacer o deshacer institucionalmente lo que se proponga un presidente.

7.- Me preguntan, ¿qué es más importante para mí, la elección presidencial o la de diputados?

Las dos son igualmente importantes. Sin embargo, desde el accionar político más importante es la de presidente porque es donde se toman las decisiones y acciones políticas diariamente desde todas las instituciones del Estado y de la Administración Pública, que nos afectan positiva o negativamente, según las percibamos. Una decisión sobre alza de salarios y pensiones, congelamiento o no de salarios y pensiones, sobre crédito público, sobre becas y subsidios estudiantiles, sobre crédito para los productores nacionales etc., se toma desde el Poder Ejecutivo. La toma del poder, en este sentido, es lo más importante para el quehacer político inmediato y debe ser el tema central de un partido que participe con candidato presidencial. Si la toma del Gobierno no es el tema central de la lucha político electoral el partido que así participe es más una tertulia patriótica, un foro de discusión, o un grupo de amigos que se reúne para reflexionar de cualquier cosa menos de Política. Un partido político en un régimen y un sistema democrático que participa en elecciones lo hace para gobernar, para tomar el Gobierno, que es la forma de cómo se toma el poder.

Si solo se piensa en la representación parlamentaria o legislativa como finalidad electoral, no se está ante un partido político con vocación de poder. Se está ante un grupo de ciudadanos que desde el parlamento piensan que haciendo leyes se puede hacer un cambio institucional profundo, una revolución institucional. Será un grupo de ciudadanos o diputados que verán sus curules legislativas como meras tribunas para discursos políticos que se llevan a los oyentes de los debates parlamentarios. Ninguna revolución se ha hecho solo a base de discursos.

La presencia legislativa, para cambios institucionales y reformas profundas, solo es efectiva si al discurso parlamentario se le acompaña con la agitación de su contenido, con la movilización social en su apoyo y con la organización partidaria de los movilizados.

Comentaré en otros artículos otras inquietudes que me formulan.

Compartido con SURCOS por el autor.

Comunicado urgente de la Red Centroamericana de Resistencia ante los recientes hechos violentos en Térraba, Costa Rica

La Red Centroamericana de Resistencia condena los nuevos episodios de despojo territorial perpetrados el pasado 10 de agosto, con la participación de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y la tolerancia de la Fuerza Pública y demás instituciones del Estado, contra el líder indígena Pablo Sibar Sibar.

Condenamos el papel que está jugando la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba como facilitadora de procesos que violentan los derechos que posee el pueblo Bröran sobre el propio territorio.

Exigimos a las autoridades correspondientes que se tomen las medidas necesarias y urgentes para que se revierta este despojo de tierras, se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y se respete la vida de los líderes y lideresas que promueven, como actos de justicia, procesos de recuperación territorial. Costa Rica, 12 de agosto, 2025.

Por la Red Centroamericana de Resistencia

José Mario Méndez Méndez, Universidad Nacional

María Cecilia Leme Garcez, Universidad Nacional

Elides Rivera Navas, Asociación de Mujeres Mano de Tigre

Ana Mora Arguedas, ASOPROSEX

Olinda Rosa Bravo, Asociación de Mujeres Migrantes Nicaragüenses

Rosario Alexandra Álvarez Ramírez, Cuna Nahuat, El Salvador

Vitinia Varela, Amor a la Diversidad de Tilarán

Mariana Porras Rozas, Comunidades Ecológicas La Ceiba.

Enid Cruz, Asoc. Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)

Leonora Spencer, Asoc. de Mujeres Afro del Caribe, Costa Rica.

Rodrigo Ramírez Vargas, CONCEVERDE

Fanny Reyes, Red de Mujeres Rurales

Alejandra Bonilla Leiva, Red de Mujeres Rurales

Óscar Fernández Herrera, doctorando Universidad Nacional

Erlinda Quesada, Asociación de Mujeres Unidas para el desarrollo de África.

Nicolás Sánchez, Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco, El Salvador

Parlamento Cívico Ambiental insta a Costa Rica a liderar en la aprobación de un tratado global sobre plásticos ambicioso y vinculante

Comunicado

San José, Costa Rica – 13 de agosto de 2025

Por medio de carta abierta del 12 de agosto del 2025, las 44 organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental hicieron un llamado urgente al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, para que la delegación costarricense en las negociaciones INC-5.2 en Ginebra defienda un Tratado Global sobre Plásticos jurídicamente vinculante que esté a la altura de la crisis ambiental, social y económica que enfrenta el planeta.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el mundo produce alrededor de 430 millones de toneladas de plástico al año, gran parte del cual termina en el ambiente sin una gestión adecuada. De no tomarse medidas drásticas, esta cifra podría triplicarse para 2060, con consecuencias irreversibles para la salud humana, la biodiversidad y el clima. Costa Rica no es ajena a esta problemática, enfrentando baja tasa de reciclaje, acumulación de residuos y rellenos sanitarios próximos a su límite.

El Parlamento Cívico Ambiental solicita que Costa Rica adopte y promueva un tratado que incluya:

  • Reducción real de la producción de plásticos, en especial de un solo uso y corta vida útil, con objetivos obligatorios y plazos claros.

  • Eliminación progresiva de químicos y aditivos peligrosos.

  • Transparencia y trazabilidad en todo el ciclo de vida de los plásticos.

  • Transición justa que proteja a trabajadores, comunidades indígenas y recolectores.

  • Financiamiento suficiente para prevenir la contaminación, reparar daños y garantizar que los mayores contaminadores asuman su responsabilidad.

  • Prohibición del traslado de residuos a comunidades vulnerables y rechazo a tecnologías contaminantes como la incineración.

  • Protección de derechos humanos y salvaguardas contra conflictos de interés corporativos.

  • Responsabilidad extendida del productor y estímulo al consumo sostenible.

  • Desincentivo a la obsolescencia programada y fomento de la durabilidad de productos.

Asimismo, el Parlamento solicitó una actualización sobre el avance de las negociaciones y la posición oficial del país, recordando que este tratado representa una oportunidad histórica para que Costa Rica fortalezca su liderazgo internacional en materia ambiental y avance hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil para que estén pendientes de este importante proceso para sustentar el liderazgo internacional del país en materia ambiental y continuar un camino hacia un verdadero modelo de desarrollo con sustentabilidad económica, social y ambiental.

Como el asesinato de decenas de periodistas en Gaza se transforma en una epidemia que los está matando en su trabajo

Gilberto Lopes, periodista

Los periodistas no deben morir por su trabajo”. ¡Ciertamente! Ni los periodistas, ni los profesores, ni los albañiles, ni los choferes de Uber… ¡Nadie debe morir por su trabajo!, aunque a mucha gente le pasa.

Pienso, por ejemplo, en las maquilas donde miles de mujeres y niños mueren en dramáticas condiciones de trabajo, sentados horas y horas delante de máquinas de costura, sin tiempo siquiera para ir al baño, en países de Asia. Y también de América Latina.

Pero no se trata de la “muerte de periodistas por su trabajo”. ¡No! Se trata de otra cosa: del asesinato de centenares de periodistas en Gaza, en manos del ejército israelí.

La indignación creció cuando se conoció que el pasado domingo 10 de agosto el ejército israelí asesinó a un equipo de cinco periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, entre ellos el reportero Anas Al-Sharif, de 28 años, padre de dos hijos, y a sus colegas, Mohammed Qreiqeh, y los cámaras, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

Fueron asesinados en una tienda de periodistas, cerca de la entrada del hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza. Según el ejército israelí, dirigían una célula terrorista de Hamás. Aseguran que Al Sharif estaba implicado en la planificación de ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI. Que durante su ofensiva en la Franja de Gaza descubrieron documentos que los vinculaban a Hamás.

Cosas que, ciertamente, no hacían y sobre las que el ejército israelí no aportó evidencia alguna. No existen tales documentos.

Pero Al Sharif y sus colegas hacían algo mucho más grave. Mostraban lo que estaba ocurriendo en Gaza.

«No quieren que queden voces dentro de Gaza»

Una tragedia que otros colegas periodistas cuentan: “Desde octubre de 2023, cerca de 240 periodistas han muerto en Gaza. Las redacciones han sido destruidas, los hogares bombardeados, y la falta de electricidad, internet y equipos básicos de protección ha dejado a quienes siguen trabajando en un estado de vulnerabilidad absoluta”, dicen periodistas chilenos.

El asesinato de Anas al-Sharif y sus colegas generó indignación y temor. El día siguiente, Al Jazeera informaba que Israel mataba a otras 73 personas, mientras el Reino Unido, la UE y otros países, muchos de ellos cómplices de este genocidio, denuncian un sufrimiento «inimaginable» en Gaza. Los palestinos describían escenas “horribles” en el norte de Gaza, con el ejército israelí disparando contra personas desesperadas por conseguir algo de comida.

Según Reporteros sin Frontera (RSF), el objetivo es impedir toda divulgación de lo que está pasando, evitar la documentación de crímenes de guerra.

“Israel mantiene cerradas las puertas a la prensa extranjera independiente. Y ahora, poco después del ataque al equipo del Al Jazeera, anunciaron que permitirán solo visitas bajo acompañamiento militar, lo que busca garantizar un control estricto de la narrativa”.

Las cifras superan cualquier comparación reciente: más periodistas han muerto en Gaza que en conflictos de décadas como la Guerra de Vietnam o incluso la Segunda Guerra Mundial.

Solo hay que ver las imágenes. Están disponibles en los más diversos medios. Ver la cifra de muertos, de niños, mujeres, hombres asesinados. Miles y miles, con Gaza transformada, desde hace muchos años, en un verdadero gueto.

Los periodistas no deben morir por su trabajo

Imposible quedarse callado. Las voces de condena se extienden por el mundo. Lula, el presidente de Brasil, ha reiterado la denuncia del genocidio que Israel comete en Palestina, en Gaza y en Cisjordania.

Yo entonces publiqué en FB unas líneas. Me preguntaba si el Colegio de Periodistas –al que pertenezco desde hace más de 30 años– no debía decir algo. Me parecía que sí. Supe que se reunirían el martes 12 para acordar una declaración. La publicaron en el transcurso del día.

No podía creer lo que estaba leyendo. Ni una condena, ni un nombre, nunca la palabra asesinato, genocidio. ¡Nada! Solo periodistas muriendo por su trabajo. Tampoco era en Gaza. Era en México, en Honduras, en América Latina.

Después hablan de Gaza. Dicen que según el Comité para la Protección de Periodistas en 2024 murieron 124 periodistas (seguramente murieron muchos más. Esos fueron asesinados). Y que el 70% de esas muertes “se atribuyen a Israel, por la guerra en Gaza”. 242 periodistas “abatidos” desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2033.

Datos, datos. ¡Ninguna condena! América Latina mezclada con el escenario de Gaza. Como si fueran lo mismo, o parecido.

A la Junta Directiva del Colegio le parece que “Los periodistas no deben morir por su trabajo”. Y se unen a un llamado de urgencia para frenar la violencia.

¿Frenar la violencia? ¿O el genocidio? ¿O los asesinatos? Naturalmente, de todos los palestinos, pero, en este caso, de nuestros colegas periodistas.

Cubrí las guerras en Centroamérica en los años 80. Estaba en El Salvador cuando aparecieron asesinados cuatro periodistas de la televisión holandesa. Fue un gran escándalo. El presidente Napoleón Duarte se acercó el hotel donde nos alojábamos y nos preguntó qué queríamos que hiciera. Le dije que le dijera a su ejército que dejara de asesinar a los periodistas.

Hablé con un amigo, miembro de la junta directiva. Me dijo que quizás faltó contundencia, me pidió comprensión, aludió a la diversidad de criterios del medio, a lo heterogéneo que es.

Es cierto, es muy heterogéneo, pero le dije que no faltó contundencia. Faltó vergüenza, coraje, respeto por nuestra profesión, por los hechos… Es otra cosa. Me da tristeza, vergüenza, el comunicado del Colegio de Periodistas. No quiero ser cómplice de eso ni un minuto.

La tierra de Pablo Sivas Sivas y la turbulenta legitimidad de una ADI

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo catedrático TEC, ecologista FECON

El atentado de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba, ADI, contra el Bröran Pablo Sivas Sivas, no es una simple disputa por un pedazo de tierra. Tiene que ver con la cuestionada legitimidad de las organizaciones de mando y control político impuestas por el Estado costarricense dentro de los territorios indígenas, en sustitución de las estructuras propias de los Pueblos originarios.

Expulsar de su tierra a Pablo Sivas Sivas

El 7 de agosto 2025, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba, acordó “Extender CERTIFICADO DE USO DE SUELO en terreno dentro de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires a la señora Arelys Flores Rosales…” (así está en el original). Ese terreno, como indicó Pablo Sivas Sivas, es el mismo “que hace más de 13 años tengo con todo derecho porque en ese momento hicimos un cambio de tierra con el señor Leitano Nájera. Hicimos un trato legítimo entre indígenas de acuerdo a la Ley indígena”.

Mediante este acuerdo la ADI Térraba intenta consolidar una regresión absoluta del proceso de recuperación de la tierra por parte del Pueblo Bröran. Esto equivale a desconocer y atentar directamente contra el derecho a la tierra que es uno de los derechos fundamentales más violentados. Es decir, lejos de procurar que se cumpla lo establecido en la Ley indígena y se respeten los territorios que deben estar en manos de la gente indígena, la ADI Térraba hace lo contrario. Entonces, las primeras y básicas preguntas son ¿para quién trabaja la ADI de Térraba y a quién representa? Este problema de despojo de la tierra a los Pueblos originarios ha perdurado por siglos de colonialismo, primero, y luego, por décadas, desde los primeros decretos de delimitacion de territorios indígenas y la entrada en vigencia de la Ley indígena en 1977.

Ante esto simplemente no se puede ser neutral: el derecho a la tierra es, con todas sus limitaciones, el establecido en los decretos y leyes vigentes en el país. Sin extendernos, vale repetir lo establecido en la Ley indígena 6172, artículo 3: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”. Esa Ley y otras, jurisprudencia y Convenios internacionales, las hemos estudiado por años con personas indígenas Bribri de pueblos de Salitre y Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), Cabécar de China Kichá, Brorän de los territorios recuperados Crun Shurín y Crun Dubón. Incluso en territorio Ngäbe en Abrojo Montezuma y Bajo Los Indios y en otras comunidades en Punta Burica, iniciamos este trabajo.

A la luz de esto, no cabe ninguna duda de la legitimidad del trato entre indígenas de hace trece años ya mencionado. Esto es lo que una ADI comprometida con los derechos de los Pueblos originarios debería defender ante quien sea. Propiciar la violación de la Ley es un acto que no sólo merece rechazo, si no un juicio político sobre el tipo de representación que ejerce esta entidad. Es bien sabido y explicado por las personas indígenas de todos los territorios donde se han realizado recuperaciones, que la ADI Térraba, lejos de ayudar en el proceso, lo ha obstaculizado y que, además, mantiene una “cercanía” con éste y anteriores gobiernos que raya en la sumisión.

ONU: ADIs no representan a los pueblos indígenas

El derecho a la tierra de los Pueblos originarios fue, ha sido y sigue siendo conculcado por el Estado, los gobiernos y, desgraciadamente también, por entidades de control social impuestas por el Estado, como las ADI, que en casos como éste, no defienden ése ni otros derechos de las personas indígenas. Hay ADIs indígenas que sí han defendido derechos de los Pueblos originarios, pero esa constatación no es nuestro problema ahora. Igual, la actuación de la Fuerza pública e instancias judiciales (por supuesto que no todas) que favorecen la violación de los derechos de los Pueblos originarios están bien documentadas y quedan por revisar.

Las múltiples formas de violencia han sido repetidamente expuestas por los Pueblos Originarios: “el Estado de Costa Rica sigue siendo un Estado racista que no reconoce nuestros derechos. Los que nos hablan de nuestros derechos son los mismos que nos violentan cuando no cumplen leyes fundamentales como la Ley indígena, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y los Informes de relatorías especiales de las Naciones Unidas”. Ésa es una de las contundentes conclusiones del Congreso Nacional de Pueblos Originarios de Costa Rica, realizado en 2024, con participación de las etnias nacionales Cabécar, Bribri, Ngäbe, Térraba, Boruca, Huetar, Maleku, Chorotega y Bröran. Por extensión legal y política, las ADIs no son entidades autónomas e independientes, si no dependencias dirigidas desde instituciones estatales como la Dirección de desarrollo de la comunidad, DINADECO.

Este debate sobre cuáles son las legítimas representaciones de los Pueblos originarios, es de larga historia. Por ejemplo, el 30 de mayo de 2011, el Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya se había pronunciado sobre “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica”, argumentando que:

47. Durante su visita, casi todos los representantes indígenas con quienes se reunió el Relator Especial alegaban que las ADI no representan adecuadamente a los pueblos indígenas, y a su vez manifestaron que los pueblos indígenas perciben la presencia de las ADI en sus territorios como una negación de sus derechos al autogobierno y sus derechos de tomar decisiones respecto a sus tierras y comunidades”.

Para las personas indígenas que están luchando para que sus estructuras de organización propias sean fortalecidas y reconocidas, un argumento fundamental es que la ONU reconoce sus estructuras propias de autogobierno. Según expuso el mismo relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, en el documento “Naciones Unidas A/HRC/18/35/Add”, con fecha del 11 de julio de 2011:

46. …Las estructuras de representatividad en territorios indígenas son reguladas por la Ley Indígena de 1977 y su Reglamento de 1978. El Relator Especial entiende que, a pesar de lo anterior, el Reglamento a la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo 8487 de 1978, efectivamente suplantó el reconocimiento de la autoridad de las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas para representar a las comunidades en cuestiones de desarrollo sostenible, estableciendo en su lugar a las Asociaciones de Desarrollo Integral para tal fin.” (resaltado ODC).

Este argumento es particularmente claro cuando habla de “suplantación” de las “instituciones tradicionales” por ADIs. Pero no se trata tan solo de una sustitución de estructuras tradicionales o imposición por parte del Estado, si no de que esas estructuras impuestas pueden actuar -y de hecho lo hacen- contra los derechos de los mismísimos Pueblos originarios, como en el caso que estamos revisando.

En Costa Rica, en varias oportunidades, diferentes instancias judiciales han reconocido las estructuras propias de los Pueblos originarios como entidades válidas. Una de estas instancias es la Sala Constitucional que mediante la Sentencia: 10224 Expediente: 09-016480-0007-CO, con fecha San José, 11/06/2010, reiteró que:

“…la Ley Indígena No. 6172 publicada en la Gaceta No. 240 del veinte de diciembre de mil novecientos setenta y siete, en su artículo 2, se indica que las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase y que no son entidades estatales, en concordancia con dicho numeral, el artículo 4 de la citada ley, establece que las Reservas Indígenas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan.(resaltado ODC).

En esta sentencia la clave son las “estructuras comunitarias tradicionales” que, evidentemente no incluyen a las ADIs. Para las personas indígenas que buscan afianzar su cultura propia de organización mediante “estructuras comunitarias tradicionales”, éstas incluyen y pueden ser un Consejo de Mayores y Mayoras, como el Consejo Bröran, o un Consejo de derecho propio, como el del Pueblo Bribri de Talamanca, o el Consejo cultural conformado por la gente Ngäbe de Abrojo Montezuma, pero, cuando la ley agrega “o de las leyes de la República” se da pie para que sean las ADIs las que tomen el poder en los territorios indígenas y se desconozca a las estructuras propias. Evidentemente la mutilación cultural y el racismo han incluido el desmantelamiento, deslegitimación, desconocimiento, irrespeto y hasta olvido de las estructuras propias de los Pueblos originarios. Recuperarlas es tan complejo como recuperar la tierra.

¿A quién defiende y representa la ADI Térraba?

La perversión cultural y los alcances legales de la suplantación de las estructuras culturales propias de los Pueblos originarios por organizaciones impuestas desde afuera, se hace más que evidente en casos como este, cuando su actuación responde a intereses de externos, violentando los derechos de personas indígenas. Entonces surgen muchas preguntas:

  • ¿Por qué si la ADI Térraba quiere adjudicar tierras no se ha sumado a los procesos de recuperación sacando de su área de influencia a todas las personas no indígenas que están allí como usurpadores u ocupantes de mala fe, según lo que dicta la Ley indígena?

  • ¿Por qué tiene que intentar despojar a indígenas, en este caso a Pablo Sivas Sivas, de una finca que adquirió de acuerdo con lo que dicta la misma Ley indígena?

  • ¿Por qué la emprende contra los indígenas mientras permite la ocupación ilegal de no indígenas?

  • ¿Para quién trabaja y a quién representa la ADI Térraba, y en particular su presidente?

  • ¿Están conscientes las otras personas de la Junta directiva de la ADI de Térraba de que están directamente conculcando los derechos de su propia gente indígena?

  • ¿Están de acuerdo con las decisiones que se están tomando o están simplemente acatando órdenes o siguiendo una línea impuesta?

  • ¿Habrán pensado en las consecuencias culturales, identitarias y legales que esta actuación puede tener mientras otros indígenas, sin su apoyo, tratan de ejercer un legítimo derecho que les fue negado, como es poseer, vivir, convivir y permanecer en los territorios que por ley son indígenas?

  • ¿Olvidan que Pablo Sivas Sivas tiene la Medida Cautelar MC 321/12 CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igual que la tenía Segio Rojas Ortiz, precisamente por el peligro que corren las personas que luchan para que se cumplan los derechos por los cuales asesinaron a Sergio y a Jerhy Rivera Rivera?

  • ¿No tiene importancia para las personas de la ADI Térraba que a tan solo pasos del centro de su pueblo asesinaran a Jerhy y que desde la calle casi pueden tocar su tumba que es un recordatorio de que su sangre simboliza los derechos contra los cuales están atentando con este acuerdo?

Valdría la pena que todas las personas de la Junta Directiva de la ADI Térraba se preguntaran por qué no han defendido a su gente ante quienes usurparon y explotan su tierra indígena. ¿A quién defienden y representan? Pero no sólo hay problemas con la tierra. Hay más; como negar la afiliación a la ADI a personas indígenas, lo cual le valió una sentencia condenatoria de la Sala IV al presidente de esta ADI. Con eso continuaremos.

Conversatorio: ¿Qué pasa en Panamá después de 80 días de luchas?

El próximo miércoles 14 de agosto a las 4:00 p.m., se realizará en la UNED, Sabanilla, Montes de Oca (Rectoría, sexto piso del Edificio I+D) el conversatorio ¿Qué pasa en Panamá después de 80 días de luchas?

El espacio contará con la participación de Silvia Regina de Lima Silva (Departamento Ecuménico de Investigaciones), Allen Cordero Ulate (Movimiento de Trabajadores y Campesinos, exdirector de la Escuela de Sociología UCR), Irán Smith (Asociación de Profesores de la República de Panamá – ASOPROF) y Florencio Díaz Pinzón (Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá).

La actividad es organizada por el CICDE, el DEI y el MTC, y será transmitida por Onda UNED.

Los periodistas no deben morir por su trabajo

Pronunciamiento del COLPER

En México, casi dos periodistas mueren al mes, ya van 8 en lo que va del año. En Honduras han muerto dos y en toda América Latina suman 15, según cifras de Reporteros sin Fronteras y la Relatoría para Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

En el mundo, en 2024 murieron 124 periodistas según el Comité para la Protección de Periodistas, y el 70% se atribuyen a Israel por la guerra en Gaza. La Organización de Naciones Unidas estima en 242 la cifra de periodistas palestinos asesinados desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023. El pasado domingo 10 de agosto murieron 6 comunicadores, 5 de ellos de Al Jazeera, el primer canal de televisión del mundo árabe y uno de los más importantes del mundo.

¡Los periodistas no deben morir por causa de su trabajo!

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica se une al llamado de urgencia para frenar la violencia, la destrucción y las muertes civiles en la guerra en Gaza y nos enfocamos, por nuestra naturaleza, en la muerte de periodistas.

Los países y las organizaciones multilaterales son los llamados a detener estas espirales de ataques a la libertad de prensa en el mundo. El Comité para la Protección de Periodistas asegura que hoy es el momento más peligroso para ejercer el periodismo. ¡Esta aseveración no podemos aceptarla en silencio!

Sin periodismo y periodistas independientes, acabamos con la democracia, y sin democracia quedamos en manos de autócratas que nunca velarán por el bienestar individual y común.