Al tiempo que escribo estas reflexiones pasan dos acontecimientos a mi alrededor y los observo: leo con profundo interés el libro “Las Máscaras del presidente” escrito por la periodista costarricense Patricia Navarro-Molina (Uruk Editores, 2025) y ha sido anunciado por la presidenta electa Laura Fernández, el próximo gabinete para el ejercicio gubernamental 2026-2030.
Pienso entonces en el trabajo del sociólogo Carlos Sojo sobre las bases históricas de la desigualdad en el país y su concepto acerca de un sistema político basado en tres pilares fundamentales: convivencia horizontal, tolerancia y pacifismo.
En el primer caso, decía Carlos, las reglas del juego estaban dadas por una noción de igualdad imaginada que diluyera las diferencias. Se trataba de la adscripción a una idea aglutinadora de lo colectivo: lo costarricense.
Pienso en estas ideas de Sojo, en la lectura del libro de Patricia que aún no termino y en el anuncio del gabinete en el que el hoy todavía presidente de la República Rodrigo Chaves Robles ha sido nombrado como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.
Pienso en la noción de poder absoluto. En la forma en que han sido torpedeadas las bases de un proyecto de país de bases sólidas hasta hace unos pocos años.Pienso en que efectivamente inicia para Costa Rica una transición hacia algo distinto e impensable.
Al escribir estas notas quedan pocas horas para que el presidente que gobernó este país los últimos cuatro años, lo siga haciendo desde los ministerios donde fue nombrado.
Lo otro, la investidura, es mera anécdota en este momento.
El nombramiento de don Manuel Tovar Rivera como ministro de Relaciones Exteriores y Culto arrastra consigo un antecedente reciente que, por su naturaleza, vuelve inevitable la pregunta sobre el estilo con el que se ejercerá una de las funciones más delicadas del Estado: la relación con las confesiones religiosas y, particularmente, con la Iglesia Católica.
Conviene recordar con precisión el episodio del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador y fiesta litúrgica de San José Obrero, cuando el Señor Tovar, como ministro de Comercio Exterior, reaccionó con dureza frente a la homilía pronunciada por el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós. Aquella intervención no fue un discurso improvisado ni una toma de posición aislada del arzobispo: fue, de hecho, la aplicación pastoral de la Carta Pastoral “La Paz esté con ustedes” emitida recientemente por el Episcopado costarricense.
Ese documento —la carta pastoral de los obispos— no es un panfleto coyuntural ni una opinión individual. Es un texto colegiado que recoge la doctrina social de la Iglesia aplicada a la realidad concreta del país: el valor del trabajo, la centralidad de la persona humana frente a la lógica puramente mercantil, y las tensiones éticas que surgen cuando las decisiones de apertura económica impactan directamente en la vida de los trabajadores.
Es en ese contexto que el arzobispo retoma el texto y lo predica en clave litúrgica y pastoral, precisamente en el día en que la Iglesia contempla a San José como trabajador. No hay aquí una arenga política, sino continuidad doctrinal.
La reacción del ministro Tovar, sin embargo, fue leída por amplios sectores como una respuesta que desbordó el plano de la discusión técnica. No se trató solo de un desacuerdo con un análisis eclesial sobre el modelo económico, sino de una forma de interpelación que puso en cuestión —explícita o implícitamente— la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre asuntos sociales en el espacio público.
Ese antecedente importa hoy por una razón: el mismo actor político pasa ahora a ocupar la Cancillería de la República, institución que no solo representa al Estado ante el mundo, sino que en su estructura incluye el área de Culto, es decir, el canal institucional mediante el cual el Estado garantiza la libertad religiosa y regula su relación con las confesiones.
Y aquí está el punto neurálgico: el “Culto” no es un título simbólico ni una herencia histórica sin consecuencias. Implica responsabilidades concretas: Garantizar la libertad de expresión religiosa, incluso cuando esta es crítica del poder político, asegurar la autonomía de la Iglesia católica y de las demás confesiones frente a injerencias estatales; y preservar un principio básico de toda democracia madura: que la voz religiosa no está subordinada al criterio del gobernante de turno.
El problema no es la existencia de desacuerdos entre Iglesia y Estado —eso es estructural en sociedades plurales—. El problema aparece cuando la frontera entre desacuerdo y deslegitimación se vuelve difusa; cuando la crítica moral o pastoral es recibida no como parte del debate público, sino como una intromisión indebida.
El antecedente del 1° de mayo puede bien ser una señal de estilo político frente a la Iglesia Católica: si se la escucha como interlocutora legítima o si se la percibe como actor que debe ser neutralizado cuando incomoda.
Y ese estilo importa, porque ahora el interlocutor institucional no será ocasional, sino permanente. La Iglesia católica —por historia, peso social y presencia nacional— es uno de los actores con los que el Canciller deberá dialogar de forma constante. No en un plano de subordinación, sino de reconocimiento mutuo de competencias: el Estado no define la doctrina, y la Iglesia no legisla, pero ambos inciden en el debate público sobre el bien común.
De ahí que la pregunta de fondo no sea personal, sino institucional: ¿cómo se ejerce una cartera que exige garantizar la libertad religiosa cuando existen antecedentes recientes de tensión con esa misma voz religiosa?
Y aquí se abre otro frente: si la preocupación se centra en la legitimidad de la Iglesia católica para intervenir, desde su doctrina social, en el debate público, habría que preguntarse cuál es el criterio que se aplicará frente a otras expresiones religiosas que, sin el mismo nivel de escrutinio del Estado, también influyen en la opinión colectiva y ejercen una capacidad real de incidencia política. En una sociedad plural, el problema no es quién puede hablar, sino si se aplica la misma vara para valorar la palabra moral cuando proviene de actores distintos.
En una democracia, el estándar no es la ausencia de conflicto, sino la calidad con la que se lo administra. Y en materia de Culto, esa calidad se mide con un criterio muy concreto: si la libertad religiosa se protege incluso cuando resulta incómoda, o si se tolera solo mientras no incomode.
Ese será, en última instancia, el verdadero termómetro del nuevo periodo.
Se consumó el acto. Lo que analistas en teoría política y derecho constitucional advertíamos como una amenaza latente, hoy es una realidad institucional: Rodrigo Chaves no se ha ido, simplemente ha mutado. La designación oficial del expresidente como ministro de la Presidencia, con el agravante inaudito del recargo como ministro de Hacienda, despoja a la administración de Laura Fernández de cualquier velo de autonomía. Estamos frente a un bicefalismo ejecutivo donde la presidenta ostenta la banda, pero Chaves retiene el mazo del poder.
Analicemos la gravedad técnica de esta concentración. Este movimiento requiere una lectura cuidadosa desde la teoría del Estado y la administración pública.
En la práctica administrativa y política, fusionar Presidencia y Hacienda en una sola figura no es una simple optimización de gabinete; es la creación de un “Súper Ministerio” diseñado para la extorsión política legalizada. El Ministerio de la Presidencia es el operador nato, el encargado de la negociación legislativa y el tejido de alianzas. Hacienda, por su parte, es el dueño de la caja.
Cuando el operador político es el mismo que decide si se gira o se retiene el presupuesto, el diálogo democrático desaparece y es sustituido por el chantaje. ¿Un alcalde opositor necesita fondos para un puente? Dependerá de cómo voten sus diputados. ¿La Corte o las universidades reclaman su presupuesto por mandato constitucional? Se les asfixiará financieramente desde el mismo escritorio que debería propiciar el consenso. Este diseño institucional es un mecanismo perfecto para consolidar el populismo autoritario, saltándose el espíritu constitucional que prohíbe la reelección sucesiva y vaciando de poder real a la nueva mandataria.
Tensión con el espíritu constitucional
El artículo 132 de la Constitución Política prohíbe la reelección presidencial sucesiva precisamente para evitar la concentración de poder y el caudillismo. Aunque el nombramiento de un expresidente en un ministerio no viola la letra de la ley, desafía abiertamente su espíritu. Funciona como un mecanismo para perpetuar el control de una figura hiperpresidencialista, bordeando lo que en doctrina política se consideraría un “fraude de ley” al sistema de alternancia.
Ante este escenario de presidencialismo exacerbado que amenaza los cimientos del Estado Social de Derecho, la contención no puede ser tibia. El avance del populismo chavista solo se frena con una resistencia articulada, técnica y constante. Aquí propongo la hoja de ruta para los cuatro niveles de defensa democrática:
La prensa independiente y los creadores de contenido
El antídoto contra la posverdad oficialista son los datos duros y la fiscalización implacable. El periodismo y los nuevos comunicadores deben abandonar la agenda del escándalo diario —que el mismo populismo alimenta como cortina de humo— y concentrarse en la realidad material. Hay que recordarle a la ciudadanía, todos los días, los números que el discurso esconde: nuestra posición vergonzosa en la OCDE respecto a la caída histórica en la inversión de Educación Pública; el ensanchamiento de la desigualdad social; la informalidad laboral asfixiante; la pérdida de la seguridad alimentaria, y la alarmante tasa de homicidios violentos alimentada por la penetración del narcotráfico. La prensa no debe debatir adjetivos presidenciales, debe desnudar el fracaso macroeconómico y social.
El bloque de oposición en la Asamblea Legislativa (los 4 partidos)
La Asamblea es hoy el principal dique de contención. Los cuatro partidos de oposición democrática deben entender que enfrentan una maquinaria que busca dividirlos mediante el presupuesto. Su única salvación política (y la del país) es funcionar como un bloque parlamentario cohesionado frente a las pretensiones de Zapote. Deben utilizar el control político y constitucional al máximo: censurar cualquier intento de uso político del presupuesto desde Hacienda, bloquear leyes que concentren más poder en el Ejecutivo, y rechazar de plano cualquier intento de instaurar estados de excepción que socaven las garantías ciudadanas. Negociar de manera individual es firmar su propia irrelevancia.
Actores sociales: sindicatos, cámaras y sectores organizados
El populismo no tiene aliados, solo utilidades temporales. Las cámaras empresariales y los sindicatos (tanto públicos como privados) históricamente antagónicos, deben encontrar un terreno común: la defensa de la institucionalidad. La inestabilidad jurídica, el ataque a las instituciones fiscalizadoras como la Contraloría y la arbitrariedad presupuestaria destruyen tanto el clima de inversión privada como los derechos laborales adquiridos. Este nivel debe ejercer presión constante, utilizando las vías legales, la movilización social pacífica y el músculo técnico para presentar contrapuestas robustas. El sector productivo y el laboral deben rechazar la narrativa polarizante y unirse en la defensa de la certeza jurídica.
El ciudadano que adversa el chavismo
El último y más importante nivel de resistencia es el ciudadano de a pie. La estrategia aquí es la pedagogía política en el círculo inmediato: la familia, el trabajo, la comunidad. El populismo se nutre de la apatía y la desinformación. El ciudadano opositor debe convertirse en un fiscalizador local, protegiendo las instituciones comunitarias, exigiendo rendición de cuentas a sus gobiernos locales y negándose a normalizar la violencia verbal y el deterioro institucional. No se trata de confrontación estéril en redes sociales, sino de organización cívica real, de apoyar el periodismo independiente y de respaldar a las voces técnicas que el gobierno intenta silenciar.
No nos engañemos: el diseño del próximo gobierno es una anomalía democrática. Permitir que una sola figura controle la agenda política y la billetera del Estado, escudado tras una presidencia delegada, es un riesgo que Costa Rica no se puede permitir. La historia no nos perdonará si, por fragmentación o cálculo político a corto plazo, dejamos caer el andamiaje institucional que nos costó décadas construir.
¿Hacia dónde debería dirigirse el primer esfuerzo de fiscalización de esta alianza opositora una vez que Chaves asuma formalmente el control de Hacienda?
Contestemos juntos esta pregunta y empecemos a defender, con palabras y acciones a la Costa Rica que hoy nos pide, a gritos, nuestra ayuda.
Defensoría advierte que la tasa de reemplazo no debe ser inferior al 60%, rechaza medidas que reduzcan el monto neto de las pensiones y propone una reforma estructural con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad social y responsabilidad institucional.
La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a la propuesta que la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se atienda mediante una reducción de la tasa de reemplazo, un aumento de cargas sobre las personas aseguradas o medidas que disminuyan el ingreso neto de las personas pensionadas.
La posición institucional parte de una premisa clara: la sostenibilidad financiera del IVM debe garantizarse sin debilitar el derecho humano a la seguridad social ni trasladar el costo principal del ajuste a las personas trabajadoras, futuras pensionadas y pensionadas. La Defensoría reconoce la existencia de presiones financieras, demográficas y laborales sobre el régimen; sin embargo, considera que la respuesta debe ser integral, progresiva, equitativa y técnicamente sustentada, no una reforma que tenga como eje los ajustes paramétricos.
La Gerencia de Pensiones de la CCSS remitió a la Junta Directiva el informe técnico “Alternativas de fortalecimiento para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en el contexto del Sistema Nacional de Pensiones”, en el cual se identifican 20 propuestas organizadas en tres categorías: diez cuantificables, cinco estructurales y cinco administrativas. Entre ellas se incluyen el ajuste de la tasa de reemplazo básica, la contribución de las personas pensionadas al Seguro de Salud, el aumento de 300 a 360 cuotas como requisito para pensión ordinaria, medidas de financiamiento alternativo, fortalecimiento de la gobernanza, diversificación de inversiones y creación de una Mesa Técnica Nacional de Pensiones.
Frente a esas propuestas, la Defensoría sostiene que cualquier reforma debe preservar una tasa de reemplazo suficiente. En particular, la Institución considera que la tasa de reemplazo integral no debe ser menor al 75% (IVM + ROPC), y que este umbral debe analizarse no solo en términos brutos, sino también en función del ingreso neto efectivamente recibido por la persona pensionada. Por ello, advierte que una eventual contribución al Seguro de Salud tendría un impacto directo sobre el monto final de la pensión, pues reduciría la tasa de reemplazo neta en aproximadamente cinco puntos porcentuales, afectando de manera especial a quienes dependen casi exclusivamente del IVM para cubrir sus necesidades básicas.
La Defensoría también expresa preocupación ante propuestas que impliquen elevar el número de cuotas requeridas sin un diseño proporcional y diferenciado. En un mercado laboral caracterizado por informalidad, trayectorias contributivas fragmentadas, brechas de género y dificultades de inserción laboral formal, aumentar requisitos sin medidas compensatorias podría excluir a personas que han cotizado durante años, pero que no logran completar las condiciones exigidas para acceder a una pensión ordinaria.
En consecuencia, la Defensoría plantea que debe valorarse una pensión proporcional a lo cotizado, de forma que las personas aseguradas que no alcancen la totalidad de cuotas requeridas no queden completamente desprotegidas. Esta alternativa permitiría reconocer el esfuerzo contributivo acumulado, fortalecer la legitimidad del sistema y evitar que la reforma genere nuevas formas de exclusión en la vejez.
“La sostenibilidad del IVM no debe construirse debilitando la suficiencia de las pensiones. Una reforma legítima protege el derecho a la seguridad social, amplía la base contributiva, mejora el cobro, fortalece la gobernanza y garantiza que las cargas se distribuyan con justicia. La Defensoría no acompaña medidas que reduzcan la protección efectiva de las personas pensionadas ni de quienes están próximas a pensionarse”, señaló.
La Defensoría de los Habitantes planteó estas objeciones en las diferentes reuniones del Equipo Técnico que acompañó a la Gerencia de Pensiones en la elaboración de la propuesta a la Junta Directiva de la CCSS; por tal motivo remitirá una posición técnica con alternativas centrales para atender la situación del IVM desde una perspectiva de derechos humanos y sostenibilidad social.
Entre los aspectos que aborda el documento técnico, que remitirá la Defensoría, se plantea que el problema del IVM no puede analizarse aisladamente de la informalidad laboral, las brechas de género, la baja densidad contributiva, las deudas con la seguridad social, las debilidades de cobro y la necesidad de mejorar la gestión institucional. Por ello, propone una ruta integral basada en ampliación de cobertura, formalización laboral, recuperación de obligaciones, transparencia, financiamiento solidario y mejor administración de las reservas.
La Defensoría considera que la discusión nacional sobre el IVM debe partir de información actuarial actualizada, análisis de sensibilidad, valoración de impactos por género, edad, ingreso, ocupación y condición laboral, así como de una deliberación pública transparente. La Defensoría advierte que adoptar medidas regresivas sin agotar alternativas menos gravosas podría debilitar la confianza ciudadana, incentivar la informalidad y afectar la legitimidad del sistema.
La Defensoría reiteró que el IVM constituye el principal régimen contributivo de pensiones del país y que su fortalecimiento es indispensable para proteger la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. Sin embargo, insistió en que la sostenibilidad financiera debe armonizarse con la suficiencia de las prestaciones, el principio de solidaridad y la obligación del Estado de garantizar progresivamente el derecho a la seguridad social.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR nboeglin@gmail.com
El pasado 27 de abril, un titular de un artículo de La Nación se lee como sigue: “¿Vendrá el presidente o el primer ministro de Israel a la toma de posesión de Laura Fernández? Esto dijo el canciller Arnoldo André”.
La lectura del artículo no permite saber (al menos hasta este 3 de mayo del 2026) cuál de los dos dirigentes israelíes vendrá a Costa Rica (o si será, finalmente, otra alta autoridad israelí de menor rango la que se hará presente en Costa Rica para el acto oficial de traspaso de poderes).
La duda ha persistido desde que se editó esta nota (el 27 de abril pasado), al no haberse precisado en los días subsiguientes y hasta la fecha del 3 de mayo, la identidad del dirigente israelí que se hará presente el próximo 8 de mayo: salvo error de nuestra parte, ningún medio o periodista costarricense tuvo la curiosidad de solicitar una pequeña aclaración a las autoridades nacionales costarricenses desde esta publicación de La Nación y hacerla pública.
Si el objetivo de este titular de La Nación era simplemente el de sembrar una duda en la opinión pública, hay que reconocerle a su autor que logró plenamente su objetivo.
No es usual que un Estado, que ha sido objeto como Estado de una demanda por genocidio interpuesta desde diciembre del 2023 ante la justicia internacional – véase texto de la demanda que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 1) – envíe a su Presidente a un acto oficial de traspaso en el exterior; y mucho menos que envíe, en su lugar, a su Primer Ministro, objeto (como individuo) de una orden de captura por crímenes de guerra cometidos en Gaza, emitida desde noviembre del 2024 por la justicia penal de La Haya. Salvo error de nuestra parte, no se ha registrado presencia de altas autoridades israelíes en los últimos años en actos de traspaso de poderes en América Latina, lo cual refuerza el carácter inusual de la presencia anunciada de uno de estos dos dirigentes israelíes a Costa Rica este próximo 8 de mayo.
Cabe precisar que es muy probable que lleguen para la ocasión a Costa Rica, jefes de Estado de América Latina muy cercanos a Israel en la actualidad, como los de Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay.
Resulta oportuno recordar que Paraguay abrió una embajada en Jerusalén en diciembre del 2024, en abierto desafío al consenso existente sobre el estatuto internacional particular de Jerusalén desde 1947 (véase nota del TimesofIsrael); y que el único Estado que se resiste en reconocer a Palestina como Estado en toda América Latina, es Panamá (véase nota del año 2014 de La Estrella, en la que se indica que Panamá «considera» proceder a este reconocimiento). Recientemente, en su tercer viaje a Israel, el Presidente de Argentina reafirmó los lazos que lo unen a Israel (véase comunicado oficial del prensa del 19 de abril del 2026).
Con relación a los viajes emprendidos en el exterior, hace ya un buen tiempo que el único destino de los vuelos internacionales del Primer Ministro israelí se reducen a uno solo: Estados Unidos. El temor a ser capturado o a sufrir algún desliz explican en parte esta gran limitación a la hora de realizar viajes en el exterior.
Ahora bien, la cercanía de Costa Rica con Israel, incapaz de condenar oficialmente el genocidio en curso en Gaza desde la tarde / noche del 7 de octubre del 2023, con una diplomacia omisa en Naciones Unidas en cada una de las ocasiones en las que hubo que condenar a Israel desde entonces, así como la suscripción en diciembre del 2025 de un tratado bilateral en materia de libre comercio entre Costa Rica e Israel, inclinan a pensar que las autoridades de Israel verán la forma de «agradecer» a Costa Rica, enviando para esta ocasión, a una de sus máximas autoridades a San José el 8 de mayo.
De manera a tener una idea más completa de los invitados internacionales que se hacen presentes en los traspasos de poderes recientes observados en América Latina, remitimos a este artículo publicado en ElPais (España) relacionado al acto oficial celebrado en Santiago de Chile el pasado 11 de marzo; así como a esta nota de prensa sobre el acto realizado en La Paz en el mes de noviembre del 2025; y a esta otra nota de prensa (La Nación /Argentina) sobre los invitados observados en Buenos Aires en diciembre del 2023. Es de notar que a ninguno de ellos asistió una alta autoridad israelí.
En esta nota de prensa sobre el traspaso de poderes anterior (mayo del 2022) en Costa Rica, se lee el detalle de los invitados internacionales de mayor rango que se hicieron presentes en la capital costarricense.
En las líneas que siguen intentaremos explicar el alcance exacto de las obligaciones internacionales que pesan sobre los Estados a la hora de cooperar con la justicia penal internacional de La Haya, y ello a partir de la precitada duda provocada por la publicación de La Nación.
Las obligaciones internacionales que pesan sobre Costa Rica
De venir en persona el actual primer ministro de Israel, objeto de una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) desde noviembre del 2024 (véase anuncio oficial de la CPI), las autoridades de Costa Rica deberían en buena lógica, proceder a capturarlo y ponerlo de inmediato a disposición de la justicia penal internacional de La Haya.
Esta posibilidad resulta difícil de considerar: si el Primer Ministro emprende un largo vuelo desde Israel hacia Costa Rica, es porque ha recibido seguridades oficiales de que no será capturado por las autoridades costarricenses (dispuestas en este caso, a hacer a un lado todas las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica); y porque se han realizado las consultas correspondientes con el aparato de inteligencia de su incondicional aliado, Estados Unidos, en aras de prevenir cualquier desliz y/o riesgo de captura en suelo costarricense.
De no ordenar su captura el Poder Ejecutivo, sería entonces la justicia costarricense la llamada a proceder a ordenar su captura y puesta a disposición de la justicia internacional de La Haya. Con, en perspectiva, un eventual nuevo pulso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo: uno más de tantos que se han observado en los últimos cuatro años en Costa Rica.
Somos de la opinión que es la incertidumbre que puede pesar sobre la suerte de una orden de captura emitida desde la justicia costarricense, la que podría obligar al primer ministro israelí … a reconsiderar su presencia en el suelo costarricense.
Desde la perspectiva del derecho internacional público, Costa Rica es un Estado Parte al Estatuto de Roma (véase texto), un tratado que cuenta con 124 Estados Partes y que establece una serie de obligaciones a los Estados Partes en materia de cooperación con relación a la captura de personas requeridas por la CPI, en particular en sus artículos 86 a 102.
Es de recordar que desde el 2002, la ley 8272 (véase texto), tipifica en la legislación penal costarricense, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. En respuesta a la consulta prescriptiva con relación al Estatuto de Roma, la Sala Constitucional en su voto Nº 09685 – 2000 del año 2000 (véase texto completo) señaló que:
«Desde la perspectiva del derecho costarricense, la detención y entrega de un extranjero no plantea dificultades de orden constitucional, porque no hay norma alguna en la Constitución que pudiera invocarse para impedir su detención y entrega en el marco del Estatuto«.
Este documento colgado en el sitio de la CPI (sin fecha, ni autoría, ni tampoco encabezado oficial…) posiblemente haya sido elaborado por las autoridades diplomáticas de Costa Rica a la hora de sistematizar a la CPI las diversas iniciativas para implementar el Estatuto de Roma en el ordenamiento jurídico costarricense, algunas de ellas aún encontrándose en trámite en la Asamblea Legislativa.
Cabe también indicar que desde abril del 2009, Costa Rica es Estado Parte a la Convención de Naciones Unidas de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), planteándose una interrogante bastante válida sobre el hecho de haber esperado Costa Rica 41 años para ratificar este valioso instrumento internacional.
En esta respuesta de la Sala Constitucional de octubre del 2025 a un ciudadano costarricense indignado por la total inacción y omisión de Costa Rica con respecto al genocidio en curso en Gaza, al parecer el recurrente no cumplió con elementos formales exigidos en su recurso.
Una pequeña aclaración
No está de más aclarar que la captura de una persona sospechosa de haber cometido, ordenado o instigado crímenes que interesan a la justicia penal internacional de La Haya, no da pie para una condena inmediata.
Esta persona primero será sometida en La Haya a un juicio penal, en el que tendrá la posibilidad de contratar a los mejores abogados para demonstrar que los cargos que se le imputan por parte del Fiscal de la CPI no se sostienen, y que no hay manera de establecer su responsabilidad penal individual por estos crímenes.
De ser objeto de una primera sentencia condenatoria en su contra por parte de los jueces de la CPI, esta misma persona tendrá entonces toda la libertad de presentar una apelación ante las instancias correspondientes de la CPI. Al respecto, esta extensa opinión conjunta (190 páginas) del 2019 de jueces de la CPI con relación al caso del presidente de Sudán, al invocar en su defensa las inmunidades de jefe de Estado para poder seguir viajando en el exterior pese a tener una orden de arresto en su contra, resulta de gran interés (véase texto).
Esta pequeña aclaración de nuestra parte permite rechazar algunos supuestos «argumentos» que se leen a veces en Israel (y en el seno de algunos círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en el mundo), indicando falazmente que, tan pronto sea capturado y enviado a La Haya, el primer ministro israelí no tendría cómo defenderse ante los jueces de la CPI. Hay que recordar siempre algo bastante sencillo, pese al carácter expeditivo de algunas jurisdicciones nacionales y pese a un ejército como el israelí que desde hace ya varios años, procede al asesinato deliberado de «personas sospechosas«: toda persona, por más sospechosa sea, se presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario en el marco de un juicio penal. Si le resulta, estimado/a lector/a, bastante sencillo lo que algunos intentan omitir cuando de Israel se trata, lo invitamos a releer lo que comentaristas, columnistas, analistas y supuestos «expertos» escriben con cierta frecuencia para intentar defender a Israel a la luz de las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional, reglas procedimentales de la CPI incluidas.
Viajar en el exterior con una orden de captura en su contra y un cerco de la justicia que se cierra
La lista de los 124 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) explica la escogencia de destinos «seguros» para el primer ministro de Israel como Washington, Miami y Nueva York: se trata de ciudades a las que ha viajado de manera repetida en los últimos tiempos. En América Latina, los dos únicos Estados que no son Estados Partes al Estatuto de Roma, son Cuba y Nicaragua (que tan siquiera han firmado este instrumento internacional adoptado en Roma en julio de 1998).
El primer ministro israelí evitó, por ejemplo, pese a recibir una invitación oficial, viajar a Roma para honrar los restos fúnebres de su Santidad el Papa Francisco en abril del 2025. Tampoco se hizo presente en mayo del 2025 para las ceremonias celebrando el Papado de su Santidad el Papa León XIV (véase nota de prensa).
En el caso de Estados Unidos, desde que fue electo en noviembre del 2025, el nuevo alcalde de Nueva York ha enfatizado que sí ordenaría la captura del Primer Ministro israelí en su calidad de alcalde de Nueva York (véase nota de prensa), y que estaría dispuesto a enfrentar a las autoridades federales de Estados Unidos si fuese del caso: será de sumo interés observar si viajará nuevamente (o no) a Nueva York el actual Primer Ministro de Israel para la próximo Asamblea General de Naciones Unidas, a realizarse en el mes de septiembre del 2026. Rehuir una cita internacional en razón de una orden de arresto emitida por la CPI es una cosa: rehuirla en razón de la posición de un nuevo alcalde… es otra.
La coherencia y la consistencia (también…) puestas a prueba
A las diversas obligaciones jurídicas que derivan de un instrumento como el Estatuto de Roma, en particular en los artículos 86 a 92, hay que añadir la coherencia y la consistencia de las actuales autoridades costarricenses con respecto a la CPI, que las obligarían también a proceder a la captura del actual primer ministro israelí.
A menos … que las actuales autoridades costarricenses salientes estén dispuestas a realizar un nuevo ejercicio sobre incoherencias e inconsistencias, y ello a la faz de la comunidad internacional, este próximo 8 de mayo.
Al respecto, cabe recordar que el 22 de marzo del 2023, la máxima autoridad de Costa Rica visitó en La Haya la sede de la justicia penal internacional (véase comunicado oficial de la CPI), ocasión en la cual externó que:
“In these times of great global challenges, it is essential to have an independent and impartial International Criminal Court to guarantee that the worst international crimes do not go unpunished. Costa Rica reaffirms its unwavering commitment to international criminal justice, the integrity of the Rome Statute and the protection of the judicial independence of the International Criminal Court”.
De igual manera, durante la última Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma, celebrada en La Haya en diciembre del 2025, Costa Rica reafirmó su pleno apoyo a la labor de la CPI, indicando que (véase comunicado oficial):
“Costa Rica recordó que todos los Estados Parte del Estatuto de Roma están llamados a trabajar de manera comprometida con la Corte, y a brindar un apoyo consistente para que esta pueda cumplir con su mandato de forma eficaz y coherente, en todas las situaciones bajo su jurisdicción”.
El texto anterior proviene de un comunicado de prensa elaborado por el aparato diplomático costarricense, cuyo actual titular fue el que anunció, el pasado 27 de abril, la presencia de altos dirigentes de Israel en Costa Rica el próximo 8 de mayo, sin precisar su identidad exacta.
Como no ha habido cambios de titular en la conducción de la diplomacia costarricense desde el mes de mayo del 2022, podemos considerar que la coherencia y la consistencia de lo escuchado en La Haya en el 2023 y en el 2025 se mantienen.
Resulta de interés señalar que en marzo del 2026, mientras que la comunidad internacional repudió la adopción de una polémica ley en Israel instaurando la pena de muerte de manera discriminatoria, al ser aplicable únicamente para condenados palestinos (véanse entre muchos comunicados oficiales, el de España, de Francia, de la misma Unión Europeay el comunicado conjuntode Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido así como este comunicado de varios expertos de Naciones Unidas), el aparato diplomático costarricense se mantuvo totalmente omiso y enmudecido. Al respecto resulta oportuno leer el comunicado oficial de Costa Rica del 2024 en el día internacional de la abolición de la pena de muerte en el que reafirma su defensa de principios … pasados por silencio tratándose de Israel en el 2026.
De igual manera es menester recordar la posición del delegado de Costa Rica (abstención) en abril del 2024, al votarse una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas exigiendo un embargo de armas a destinación de Israel (véase nota de Delfino.cr). A la fecha, ninguna explicación del voto se ha hecho pública al respecto, teniendo los delegados de los Estados, sea en Ginebra como en Nueva York, la posibilidad de explicarse ante las demás delegaciones. Ninguna tampoco se ha dado a conocer con relación a un insólito voto en contra de Costa Rica durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el mes de diciembre del 2022 y que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 2).
Algunos precedentes recientes con respecto a Estados Partes al Estatuto de Roma que invitan a criminales de guerra buscados por la CPI
Más allá de los extraños silencios del aparato diplomático de Costa Rica cuando Israel viola principios que la misma Costa Rica ha defendido en el plano internacional en una multitud de foros, resulta oportuno precisar el hecho siguiente con relación al continente europeo: hasta hace muy poco, el actual primer ministro de Israel disponía de una capital en Europa para aterrizar sin problema, en un Estado Parte al Estatuto de Roma.
No obstante, con las recientes elecciones realizadas y el cambio de autoridades en Hungría, la única capital en Europa donde podían aterrizar sin mayores dudas los pilotos del actual primer ministro israelí, dejó de serla: véase nota sobre posición de las nuevas autoridades húngaras con respecto a la justicia penal internacional de La Haya.
Es de notar que en julio del 2025, la CPI emitió una decisión condenando a Hungría por no cumplir con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma (véase texto de esta decisión). Se trata de una decisión muy similar a otra anterior, en contra de Mongolia, al haber invitado sus autoridades (sin capturarlo) al actual Presidente de Rusia, también objeto de una orden de captura en su contra emitida por la CPI en marzo del 2023 (véase comunicado oficial de la CPI): la decisión relativa a Mongolia es del 24 de octubre del 2024, y por cierto, lleva la firma mancomunada del actual juez costarricense en la CPI (véase texto).
Ambas decisiones de la CPI, que nunca fueron cuestionadas por ninguno de los 124 Estados Partes al Estatuto de Roma, confortan sin discusión alguna la idea que un jefe de Estado objeto de una orden de captura emitida por la CPI ya no beneficia de los privilegios e inmunidades de los que goza todo jefe de Estado cuando viaja en el exterior. Pese a la claridad meridiana de ambas decisiones de la CPI, existen pequeños círculos (que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel en el mundo), y que continúan intentando establecer un falso debate ante la opinión pública defendiendo la idea que sí se imponen estos privilegios e inmunidades sobre una orden de captura emitida por la CPI. A estos distinguidos asesores de estos pequeños círculos de influencia, debería de poder llamarles la atención un hecho sencillo de observar: la reducción bastante drástica de viajes en el exterior del presidente de Rusia y del primer ministro de Israel, desde el momento en que la CPI notificó la existencia de órdenes de arresto en su contra. ¿Qué será lo que observamos todos y que no quieren ver unos pocos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en el mundo?
Tal y como se puede observar, pese a problemas de visión de unos, los pilotos de las aeronaves del actual Primer Ministro de Israel y del Presidente de Rusia tienen que evitar aterrizar en Estados Partes al Estatuto de Roma: de hacerlo y no ser capturados sus ilustres ocupantes, ambos buscados por la justicia penal internacional por crímenes de guerra, las autoridades nacionales de estos Estados se exponen a una fuerte condena por parte de la CPI (tal y como ocurrió con Mongolia en el año 2024 y con Hungría en el año 2025).
Estos mismos pilotos también deben preocuparse por escoger planes de vuelo o itinerarios “seguros”: en el caso de Francia, en abril del 2025, un colectivo de juristas externó su profunda indignación, al haber Francia autorizado el sobrevuelo de una aeronave en la que viajaba el primer ministro de Israel (véase cartadirigida al presidente de Francia).
En septiembre del 2025, tal y como se puede apreciar en esta nota de prensa, los pilotos israelíes optaron por evitar a toda costa sobrevolar a Italia, Suiza, Francia, pero también España y Portugal en el viaje del primer ministro israelí a la ciudad de Nueva York, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Mapas extraídos de esta nota de prensa, titulada “Benjamin Netanyahu avoids French and Spanish airspace on flight to UN”, The National, edición del 25 de septiembre del 2025
Con relación al destino final de este vuelo para el Primer Ministro de Israel del mes de septiembre del 2025, evitando sobrevolar a varios Estados europeos, no está de más recordar la verdadera humillación que sufrió el dirigente israelí al tomar la palabra y al ver cómo se vaciaba rápidamente el recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York (véanse al respecto este video y esta nota del medio digital costarricense Delfino.cr), en señal de profundo repudio por su presencia en Naciones Unidas. Por cierto, entre las delegaciones que no salieron de la sala, figuran las de Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Hungría y Paraguay y unas pocas más. Podríamos decir que el recinto dejó de ser el de las «Naciones Unidas» y se sustituyó por unos breves minutos por las «Naciones Netanyhadas«: es decir delegaciones oficiales de Estados obligadas a permanecer sentadas y que, por alguna razón que sería de interés conocer, no fueron autorizadas por sus respectivas capitales a acompañar el movimiento generalizado de indignación y de rechazo a la presencia del primer ministro de Israel en Naciones Unidas.
Nunca en la historia, un dirigente político objeto de una orden de captura por parte de la CPI se había atrevido a venir a tomar el micrófono ante la tribuna internacional que se reúne anualmente Nueva York, antes del actual primer ministro israelí.
Recientes episodios en Costa Rica con relación a Israel y al genocidio en curso en Gaza
Resulta oportuno señalar que al finalizar el mes de febrero del 2026, la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció el otorgamiento de su máxima distinción académica a la Relatora de Naciones Unidas para los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase anuncio oficial de la UCR): un apoyo a su valentía y a su labor que bien podría replicarse en otros recintos universitarios, y ello pese a la intensa campaña en su contra orquestada desde Estados Unidos e Israel y desde sus círculos afines (Nota 3).
Sobre las recientes acusaciones en su contra, se recomienda en particular leer el texto de la misma Francesca Albanese publicado en Le Monde Diplomatique (número de marzo 2026), titulado «Réponse a mes détracteurs» y cuyo texto integral está disponible desde el 1 ero de abril. El pasado 2 de abril, se informó que Francesca Albanese recibió la máxima distinción académica remitida por tres universidades en Bélgica (véase nota de prensa).
En Costa Rica, personalidades e intelectuales han saludado esta llamativa iniciativa de la UCR (véase artículo de opinión publicado el pasado 29 de marzo en La Extra y este otro publicado con anterioridad en Delfino.cr, entre muchos más); al tiempo que otros han considerado oportuno repetir en artículos de opinión las falacias que el aparato diplomático israelí ha difundido en su contra, y ello desde su primer informe de julio del 2024, titulado «Anatomía de un genocidio» (cuya lectura integral se les recomienda leer an vez de repetir en modo casi automático lo que difunden comunicados de prensa del aparato diplomático israelí).
El anuncio hecho el pasado 8 de abril sobre la declaración como organizaciones terroristas de cuatro entidades de Oriente Medio por parte de las autoridades de Costa Rica, evidencia la total alineación de Costa Rica a Israel y a Estados Unidos (véase nota de La Nación), que tuvimos la oportunidad de señalar con relación a otra iniciativa conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos (Nota 4). Sería de interés conocer la justificación oficial exacta para declarar justo el 8 de abril del 2026, horas después de anunciar Estados Unidos un cese al fuego con Irán, a estas cuatro entidades como entidades terroristas, una iniciativa que consideramos que no es exenta de riesgos dada la fuerte tensión que se vive en Oriente Medio y la gran cantidad de turistas israelíes que visitan a Costa Rica, en particular en algunas playas en el Pacífico (Nota 5). En diciembre del 2025, tuvimos la ocasión de analizar el anuncio hecho desde Israel por parte del titular del comercio exterior costarricense, al firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel (Nota 6): se trata del primer TLC en el mundo firmado con Israel, estando su máxima autoridad (a título individual) sujeta a una orden de captura por parte de la CPI y siendo objeto Israel (como Estado) de una acción ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio, interpuesta por Sudáfrica desde el 30 de diciembre del 2023.
No está de más indicar la repentina atención de toda la prensa internacional sobre Costa Rica que provocaría la presencia del primer ministro israelí en suelo costarricense el próximo 8 de mayo; así como la presencia del presidente de Israel si no llegara a Costa Rica el primero, por algún temor a sufrir algún destiempo o desliz con la justicia costarricense.
A modo de conclusión
En el 2017, sin contar aún con una orden de captura en su contra, ya el primer ministro de Israel debió contornar el espacio aéreo de Indonesia en el marco de un viaje oficial a Australia (véase nota de febrero del 2017 del TimesofIsrael).
Con ahora una orden de captura en su contra emitida por la CPI, y una Europa y una América Latina compuestas por Estados Partes al Estatuto de Roma o casi, los itinerarios de vuelo de los pilotos israelíes son aún más complicados: es probablemente por esta razón que no ha podido materializarse la visita a Buenos Aires que le ha extendido al Primer Ministro de Israel el actual mandatario de Argentina (Estado Parte al Estatuto de Roma), al anticiparse la probable negativa de Brasil de autorizar su aeronave a sobrevolar el territorio brasileño.
Usualmente, nuestras diversas contribuciones refieren a comentarios o análisis, desde la perspectiva jurídica internacional, de hechos o de situaciones pasadas: se puede tratar de fechas conmemorativas en derecho internacional pasadas totalmente desapercibidas, de algunas de las “trumpadas” a repetición que sacuden el ordenamiento jurídico internacional desde el 20 de enero del 2025, de decisiones de la justicia internacional de La Haya, de decisiones de la misma CPI, de sanciones adoptadas contra los jueces de la CPI o su Fiscal, de un acuerdo internacional que lleva orgullosamente el nombre de un cantón costarricense y no se ratifica por parte de Costa Rica, o bien de informes de Naciones Unidas publicados, etc…
En este preciso caso, se trata de una duda persistente, inducida por el precitado título de un artículo de prensa publicado en La Nación.
La persistencia de la misma obedece al correr del tiempo y a la falta de claridad sobre la identidad de la persona que llegará al traspaso de poderes el próximo 8 de mayo en proveniencia de Israel a la capital costarricense. Si hemos logrado que esta incertidumbre lo acompañe con una mezcla de intranquilidad y de pesadumbre, consideraremos, estimado/a lector/a, que estas cuantas líneas habrán cumplido con su objetivo.
De finalmente optar por no venir a Costa Rica el actual primer ministro de Israel, esperamos que estas cuantas reflexiones habrán permitido entender mucho mejor la extrema dificultad que conlleva, para un dirigente político, una orden de arresto en su contra emitida por la justicia penal internacional de La Haya.
Si Israel opta por enviar a su presidente en vez de su primer ministro, cabe indicar que sería la primera vez que un Estado objeto de una demanda por genocidio interpuesta desde diciembre del 2023 ante la justicia internacional, envía a su presidente para presencia un acto oficial de traspaso de poderes en el exterior.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 29 de diciembre del 2023. Texto integral disponible en esteenlace.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, 31 de diciembre del 2022. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: Estados Unidos, en el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra, esta vez, ya no integrantes de la CPI, sino contra la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa).Tuvimos la oportunidad de analizar su tercer informe sobre Gaza del mismo mes: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«. Desde entonces, las intensas presiones contra la labor de Francesca Albanese no han cesado: el 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre la capacidad de lectura de este alto funcionario galo y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del Presidente de la ONG francesa JURDI del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian lo burdo de la maniobra.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica – Estados Unidos: algunos apuntes con relación al reciente «acuerdo migratorio» sobre deportaciones vía aérea«, 27 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: Son muy diversos los artículos publicados en inglés en el exterior como éste y este otro y esta nota y que detallan la presencia de una importante comunidad israelí en algunas playas en Costa Rica. Un reportaje de la televisión costarricense (véase enlace) de marzo del 2024 explica cómo en pocas horas, de surfear en un conocida playa en el Cóbano, jóvenes israelíes pasan a combatir en Gaza unos días después. Este reportaje merecería ser completado por otro para saber un poco más sobre los israelíes que, de regreso de varios meses en Gaza, entran a Costa Rica para ir a surfear en esta misma playa de Santa Teresa de Cóbano, objeto del precitado reportage. En el 2021, en esta misma playa se registró la muerte de un israelí por parte, al parecer, de coterráneos de la misma víctima (véase nota de CRHoy). En diciembre del 2025, en otra playa en Guanacaste, se registró un fuerte altercado con activistas denunciando el genocidio en Gaza (véase nota del Semanario Universidad).
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas«, 22 de diciembre. Texto integral disponible en este enlace.
Hay una señal peligrosa: cuando el poder deja de discutir y empieza a condicionar, la libertad y los derechos entran en riesgo.
No estamos ante un pleito más entre un gobierno y un medio que ha sido parte del establishment dominante y de cierta pluralidad a la tica. Tampoco se trata de simples visas para ingresar a un país, por importante que ese destino haya sido en la historia reciente de nuestras élites. Reducir el episodio a un trámite migratorio sería, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, cómplice. Lo que está en juego no es la movilidad de un grupo empresarial, sino el clima de libertades y el ejercicio de los derechos para todos los demás en el país.
La medida contra directivos del diario La Nación —más allá de su discutible papel histórico como vocero de sectores dominantes— introduce un elemento inquietante: el uso de mecanismos externos para dirimir diferencias internas. No es solo un gesto de represalia contra un actor poderoso; es una señal. Y las señales, en política, rara vez son inocentes. Podría tratarse también de una pugna entre distintas fracciones del mismo establishment. Hay que reconocer que el periódico ha sido crítico con el actual gobierno costarricense y, por eso, está pagando un costo. Alegrarse por ello no tiene nada que ver, en absoluto, con la transformación de las relaciones de dominación.
Lo cierto es que el gobierno de Rodrigo Chaves ya había intentado presionar a ese medio, afectando sus fuentes de ingreso —como en el caso de Parque Viva— y retirando pauta publicitaria estatal a otros. Pero ahora la lógica escala: no solo se ejerce presión económica desde dentro, sino que se activan vínculos externos. El mensaje es brutal en su simpleza: quien no se alinea, paga costos.
No sabemos si la correlación de fuerzas entre La Nación y el actual grupo en el poder ha cambiado respecto de contiendas anteriores. Ese grupo periodístico incidía, sin demasiadas mediaciones, en decisiones políticas relevantes. No era posible coincidir con muchos de sus excesos, sobre todo frente a demandas sociales legítimas. Actuaba en consonancia con otros grupos de poder económico. Hoy, esos viejos aliados guardan silencio: o les gana el miedo —y tienen mucho que perder si hablan— o calculan que tienen más que ganar si se alinean.
Lo relevante, sin embargo, no es el blanco de la medida, sino su alcance. Si esto ocurre con un actor que históricamente ha sido parte del establishment, la pregunta no es por qué le ocurrió, sino qué puede ocurrir con quienes no tienen ese poder. Ahí es donde el episodio deja de ser coyuntural y se vuelve estructural. Adquiere otra dimensión política. No debería preocuparnos la suerte de los directivos en sí, sino la de todos los demás: sindicatos, universidades, organizaciones estudiantiles, intelectualidad crítica, medios independientes, alternativos y críticos y liderazgos políticos disruptivos.
Costa Rica no está sola en este giro. En Guatemala, periodistas han sido encarcelados mediante procesos judiciales cuestionados. En Nicaragua, el cierre de medios independientes eliminó prácticamente toda pluralidad informativa. En El Salvador, la presión fiscal, judicial y simbólica ha empujado al exilio a voces críticas. Son contextos distintos, pero comparten una misma lógica: no siempre se clausura la prensa; a veces basta con intimidarla. Y por ahí suelen comenzar cosas peores. Esa sombra recorre ya buena parte de América Latina.
Pero en el caso de Costa Rica hay un elemento adicional que lo vuelve más inquietante. Además de este grupo empresarial, el gobierno de Estados Unidos ha restringido el ingreso a su país a dirigentes políticos, magistrados, funcionarios públicos y a otro empresario que no son una amenaza para ese país En varios casos, según se ha señalado, a solicitud del propio gobierno costarricense. Se trata de una forma particularmente opaca de trasladar conflictos internos al terreno externo. Por eso, la pregunta que no se formula con suficiente fuerza es: ¿qué está dispuesto a dar o a conceder el gobierno de Costa Rica a cambio? No parece verosímil que se trate de simple lealtad sin costo.
Lo que comienza a perfilarse en la región no es un retorno mecánico a las dictaduras del siglo XX, sino algo más sofisticado: democracias que conservan sus formas mientras erosionan sus contenidos. Ya no se proscriben partidos ni se decreta la censura abierta; se construyen entornos donde disentir tiene costos crecientes.
En ese marco, el uso de instrumentos internacionales —como la restricción de visas— apunta a una dimensión adicional: la externalización del conflicto político y la posible articulación de afinidades más allá de las fronteras nacionales. No hace falta invocar conspiraciones para reconocer una convergencia de estilos: gobiernos que, desde distintos signos, comparten una relación cada vez más instrumental con la institucionalidad democrática y están dispuestos a violentarla.
Costa Rica, que durante décadas se pensó a sí misma como excepción, empieza a parecerse demasiado a su entorno. Y esa es, quizás, la señal más preocupante. No porque hayamos dejado de ser distintos, sino porque estamos dejando de defender aquello que nos hacía serlo.
Las visas, al final, son lo de menos. Se otorgan, se negocian o se recuperan. Más temprano que tarde, los sancionados volverán a disfrutar de sus visas. La libertad y los derechos perdidos por todos los demás, muy posible que no. Estos se ejercen o se pierden. Y cuando empiezan a condicionarse —aunque sea en los márgenes— conviene entender que el problema ya no es de quienes se quedaron sin entrada a un país, sino de todos los que aún creemos que vivir en libertad no debería tener precio.
Hoy son visas a empresarios, políticos y funcionarios. Mañana será el silencio de todos. Y cuando el silencio se vuelva costumbre, ya no hará falta prohibir nada: habremos aprendido, por nosotros mismos, a callar, algunos por miedo, otros por complicidad.
Una feliz casualidad hizo que el Club Sport Herediano use desde hace 100 años los colores rojo y amarillo como su identidad. Resulta que, en 1926, cuando el Club Fortuna de Cuba (formado por españoles) visitó Costa Rica, el representante de los cubanos propuso organizar un encuentro contra el mejor equipo tico en ese momento: el Herediano.
Había interés mutuo, pero también había un inconveniente formal. Nuestro equipo, encabezado por Eladio Rosabal Cordero, no tenía un uniforme apropiado que correspondiera al nivel internacional del evento. Sin embargo, antes, como ahora, los dirigentes de aquel club entonces amateur se dieron a la tarea de resolver el inconveniente, y lo cumplieron. La ansiada solución la encontraron en el almacén El Nuevo Siglo de don Ramón Herrero, comerciante español quien había importado un uniforme con los colores rojo y amarillo de la Madre Patria, para el club Sociedad Gimnástica Española.
Pero resulta que al no poder hacer efectivo el pago de tales uniformes estos si fueron cancelados por el CSH, por lo cual, a partir de ese momento y circunstancia, los gloriosos colores rojo, amarillo con pantaloncillo negro (este último poco usado en los últimos años) pasaron a ser los del «equipo que nació grande».
Nos cuenta don Fernando Naranjo que en ese partido contra «el formidable Fortuna, el Herediano los goleó 6 a 2, y, de paso, la fiel afición desde entonces aportó la suma de ¢500, con la que se saldó la deuda de los uniformes.
Es oportuno consignar que antes de ese año 1926, el uniforme era camiseta azul y pantaloneta negra. Colores con los que jugaron desde 1918 grandes jugadores como Eladio Rosabal Cordero (estrella líder del CSH y la Selección Nacional, fundador y jugador del Team), Fabio Pacheco, Gilberto Arguedas, Claudio Arguedas, Víctor Manuel Ruíz, Víctor Víquez, Otoniel Martínez, Rafael Campos, Joaquín Manuel Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, Braulio Morales, Jesús Arguedas, Guillermo Pérez, Francisco Fuentes. Todos ellos forjadores de los cimientos del gran equipo que tantas satisfacciones nos regalan desde hace más de un siglo.
El carnicero del Campo de Concentración y de Exterminio Étnico de Gaza debe ser detenido si viene a Costa Rica Vladimir de la Cruz https://wp.me/p6rfbZ-ySk
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A una semana exacta de dejar su cargo —salvo que la política, siempre creativa, disponga lo contrario— y en pleno debate sobre el Acuerdo Transpacífico, don Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior, ha salido al paso de la homilía de monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, pronunciada el pasado 1 de mayo, día de San José Obrero; una intervención en la que el prelado se limita —con puntual fidelidad— a citar los planteamientos de la más reciente carta pastoral del episcopado costarricense.
Hasta aquí, todo podría pasar por una anécdota más del siempre picante — y selectivamente distraído— debate público. Pero asoma una duda básica: ¿Se entendió de dónde provenía realmente esa posición, o resulta más cómodo responder como si fuera la opinión aislada de alguien que, casualmente, no figura en la lista de afinidades… y, por tanto, puede despacharse sin mayor trámite?
La precisión importa. El 28 de abril de 2026, la Conferencia Episcopal de Costa Rica publicó la carta pastoral colectiva “La paz esté con ustedes”. Se trata de un documento colegiado, fruto del discernimiento conjunto de los obispos del país.
Por tanto, cuando el arzobispo Quirós citó —incluso textualmente—no estaba elaborando una postura propia paralela, sino haciendo presente una voz compartida y publicada.
Aquí asoma la duda inevitable: si el ministro no estaba informado de una carta pastoral- entiéndase el mensaje público de un actor social con enorme presencia- que abordaba asuntos directamente vinculados a su despacho, quizá convendría revisar con cierta urgencia los canales de comunicación de su propio ministerio; y si sí lo estaba, entonces la omisión resulta todavía más… reveladora. En ambos casos, el carácter colegiado se esfuma con facilidad y el debate se reconduce hacia una personalización que, casualmente, siempre termina simplificando lo que en realidad es bastante más complejo.
La Iglesia tiene el derecho y el deber de manifestarse. El Compendio de la Doctrina Social lo establece con claridad: “La Iglesia tiene el derecho y el deber de emitir un juicio moral, incluso sobre materias económicas y sociales, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas.” (CDSI n. 81)
Es decir, no se trata de sustituir a los políticos o a los técnicos, sino de iluminar las implicaciones humanas de sus decisiones.
En esa misma línea, el papa León XIV ha insistido recientemente en que la fe no puede reducirse a un ámbito abstracto. En palabras que condensan este llamado:
“No puede haber verdadera fe donde se tolera la injusticia; la oración que no se traduce en justicia pierde su verdad.”
Cuando una política de corte económico incide en la dignidad de las personas, en el trabajo o en la equidad social, deja de ser un asunto exclusivamente técnico. Entra en el terreno moral.
Lo que vemos no es exclusivo del contexto costarricense. Días atrás, J. D. Vance —cercano al entorno político de Donald Trump— cuestionó al Papa León XIV por pronunciarse sobre temas que cruzan teología y política, sugiriendo que se limitara a lo “moral”, mientras defendía al mismo tiempo categorías como la “guerra justa”.
El paralelismo es significativo: se acepta la voz moral… siempre que no se traduzca en consecuencias concretas.
Volviendo al caso nacional, la cuestión sigue abierta: Si el arzobispo está citando un documento colegiado, ¿se está considerando adecuadamente ese contexto al responder? ¿Se trata de un simple desfase en la comunicación? ¿O hay una incomodidad más profunda cuando la Iglesia desciende del plano general al concreto?
Y aún más: si se cuestiona la intervención de la Iglesia Católica en asuntos públicos, ¿se aplica ese mismo rasero a todos los actores religiosos por igual… o hay objeciones que aparecen con una selectividad bastante oportuna?
Aquí ya no estamos ante un simple matiz, sino ante una cuestión de fondo. El país necesita un debate serio sobre su política comercial, pero ese debate pierde calidad cuando no se reconoce con precisión el derecho a manifestarse… y desde qué lugar se hace.
A diferencia de otros sectores religiosos en Costa Rica, la Iglesia no interviene como actor técnico ni como grupo de presión política. Interviene desde una responsabilidad moral que, precisamente, le impide guardar silencio frente a estructuras que pueden derivar en injusticia.
Al final, el debate no será ni técnico ni retórico, sino profundamente humano. Y es precisamente ahí donde los criterios dejan de ser abstractos, pues, como recuerda el Evangelio, el juicio no se juega en discursos, sino en realidades concretas: “Tuve hambre y me diste de comer…” (Mt 25,35).
El movimiento ciudadano “La Caja es Nuestra” anunció el inicio de una campaña permanente de denuncia sobre el proceso de debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el objetivo de vigilar y visibilizar decisiones que, según señalan, afectan el carácter solidario y universal de la institución.
La iniciativa contempla la difusión de cápsulas informativas tres veces por semana, que serán distribuidas por WhatsApp y otros medios, con el fin de que la ciudadanía las comparta y contribuya a fortalecer una red de información y acción en defensa de la seguridad social.
Como parte de esta campaña, el movimiento denuncia que la Junta Directiva de la CCSS estaría valorando medidas para que las personas pensionadas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) deban aportar un 5% de su pensión para financiar su seguro de salud, lo que consideran una afectación directa a este sector.
Desde el movimiento se hace un llamado a construir un proceso organizativo de base local, que permita no solo resistir medidas que perciben como regresivas, sino también impulsar propuestas para el fortalecimiento y mejora continua de la institución.
Antecedentes y contexto
En los últimos años, la CCSS ha sido escenario de debates intensos en torno a la sostenibilidad financiera de sus regímenes, especialmente el IVM, así como sobre reformas que han generado preocupación en distintos sectores sociales, sindicales y académicos.
Entre los temas recurrentes se encuentran propuestas de ajuste que incluyen cambios en edades de retiro, montos de pensiones y esquemas de contribución, lo que ha motivado pronunciamientos y movilizaciones en defensa del modelo solidario de la seguridad social.
Diversas organizaciones han advertido sobre el riesgo de transformaciones que podrían debilitar el carácter público, universal y solidario de la Caja, mientras que autoridades han planteado la necesidad de reformas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
En este contexto, la campaña de “La Caja es Nuestra” busca incidir en la opinión pública y promover la participación ciudadana informada, con el fin de resguardar una de las instituciones centrales del Estado social de derecho.
