En el episodio número 53 del programa 5 minutos o menos, titulado “Alerta roja en hospitales públicos”, el comunicador Martín Rodríguez Espinoza expone la situación crítica que atraviesan actualmente los centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El programa plantea que se trata de una alerta generalizada que refleja el deterioro progresivo del sistema de salud pública en el país, impulsado por decisiones políticas deliberadas, falta de planificación institucional y una creciente indiferencia hacia las condiciones humanas y laborales del personal médico.
Rodríguez denuncia el colapso en hospitales como el de Heredia y el Calderón Guardia, donde pacientes permanecen en los pasillos sin vigilancia y el personal médico trabaja en condiciones inhumanas. A su vez, señala que estas problemáticas no son aisladas, sino parte de una falla estructural alimentada por el incumplimiento del Estado con sus obligaciones, la falta de reposición de plazas y una aparente intención de debilitar la CCSS para justificar su privatización.
El episodio concluye con un llamado a la ciudadanía a organizarse y defender el sistema público de salud como un derecho fundamental que no puede ser negociado ni abandonado.
Para escuchar el programa completo, puede acceder al siguiente enlace:
Fotos: Semanario Universidad y canal oficial de YouTube del programa 5 minutos o menos.
En un mundo interconectado, las relaciones internacionales no son solo un juego abstracto entre Estados, sino una red de relaciones concretas que penetran los tejidos más íntimos de la vida política y social de los países. Lejos de actuar como garantes del respeto mutuo o de los valores democráticos que dicen defender, muchos actores siguen empleando mecanismos de dominación neocolonial para disciplinar a los gobiernos y actores políticos que no se alinean con sus intereses estratégicos. Uno de estos mecanismos, cada vez más evidente, es el uso del retiro de visas como arma geopolítica.
Estados Unidos ha perfeccionado un repertorio de instrumentos que van desde la ayuda financiera condicionada hasta las sanciones individuales, pasando por mecanismos diplomáticos como el retiro o la negación de visas a funcionarios públicos de otros países. Esto último, que en apariencia es una prerrogativa soberana, adquiere otra dimensión cuando se convierte en un mecanismo sistemático para castigar disidencias políticas.
En varios países de América Latina —Costa Rica entre ellos— funcionarios públicos y diputados han visto revocadas sus visas por parte de Estados Unidos bajo pretextos ambiguos como “corrupción”, “acercamientos con el Partido Comunista Chino” o “conductas antidemocráticas”. Estas acusaciones, notoriamente vagas y sin debido proceso, tienden a coincidir sospechosamente con momentos en que dichos funcionarios comienzan a criticar al gobierno de Rodrigo Chaves, denuncian su falta de transparencia o alertan sobre el deterioro institucional y el irrespeto a la democracia.
En otros casos, basta con que promuevan una postura de neutralidad tecnológica o reconozcan las oportunidades reales que países como China pueden ofrecer al desarrollo nacional. Esa sola apertura basta para que Estados Unidos, en un gesto abiertamente coercitivo, les retire la visa, dejando en evidencia cómo se instrumentaliza la política migratoria para imponer lealtades geopolíticas y castigar cualquier desviación del alineamiento hegemónico.¿Puede haber una práctica más antidemocrática que esta? ¿Qué dirían los medios, las ONG internacionales y los gobiernos occidentales si estas mismas medidas fueran tomadas por China o Rusia? ¿Cuántas portadas y condenas acumularían entonces?
Este tipo de intervenciones encubiertas no responde a la defensa de principios universales como dicen, sino a la lógica imperial de amigos y enemigos en una época de competencia comercial y tecnológica. Si el gobierno en cuestión es aliado de Washington, entonces toda disidencia interna se convierte en sospechosa; si el gobierno es hostil o independiente, cualquier alianza con otros polos geopolíticos es inmediatamente criminalizada y sancionada moralmente.
La narrativa se sostiene en la vieja estructura binaria del excepcionalismo moral: EE.UU. como juez supremo de lo que está bien y mal, del quién es “democrático” y quién no. Esto reproduce un pensamiento profundamente supremacista, donde las decisiones soberanas de terceros países se subordinan a los intereses estratégicos de una potencia que sigue creyendo que su rol es “guiar al mundo libre”.
El retiro de visas no busca solo sancionar conductas: busca exigir lealtades. Es un mensaje claro a los actores políticos: “Si quieres mantener tu acceso, tus vínculos, tu legitimidad internacional, adopta la línea de nuestros intereses”. Esto revela una forma de colonialismo diplomático: quien no se subordina, es castigado; quien se opone, es marcado; quien mantiene autonomía, es excluido del círculo “respetable” de las naciones.
Así, el retiro de visas se convierte en mecanismos de coacción, diseñados para alinear la política interna de los países con las coordenadas geopolíticas de Washington. No se trata de combatir el autoritarismo o defender la democracia, sino de sostener regímenes afines, incluso si ellos mismos violan derechos, persiguen opositores o concentran el poder. Lo que importa no es la ética política, sino la obediencia política.
Este tipo de prácticas se parecen demasiado a aquello que el propio discurso hegemónico dice combatir: son rasgos típicos de regímenes totalitarios. Señalar, castigar, censurar y excluir a quienes piensan distinto, sin debido proceso ni transparencia, bajo criterios ideológicos y de conveniencia, es exactamente la lógica del totalitarismo que históricamente ha oprimido pueblos y silenciado disidencias.
La paradoja es escandalosa: se sanciona a otros en nombre de la democracia, mientras se emplean métodos que niegan sus fundamentos más elementales. Lo que se impone no es un modelo de justicia, sino un régimen de castigo selectivo, al servicio de una lógica geoestratégica que responde más al siglo XIX que al XXI. Es momento de nombrar las cosas por su nombre. Este tipo de prácticas no son “medidas diplomáticas” ni instrumentos legítimos de política exterior: son actos de intimidación que perpetúan una arquitectura mundial de asimetría, dependencia y miedo político.
Esta crítica no debe confundirse con antiamericanismo. Se trata de una defensa de la soberanía, de la pluralidad política, y sobre todo, de la coherencia democrática. Porque cuando una potencia actúa castigando disidencias, alineando actores internos a conveniencia, y utilizando su poder para callar al otro, no está defendiendo la libertad. Está replicando el manual de los regímenes que dice condenar.
UNDECA ACLARA: Sala Constitucional no se pronunció sobre el fondo del amparo
Comunicado
Respecto a la resolución N.º 2025021905 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 15 de julio de 2025, UNDECA aclara enfáticamente que la Sala no resolvió el fondo del asunto planteado. Contrario a lo que algunas versiones han intentado insinuar, la Sala Constitucional no se pronunció sobre la legalidad o legitimidad de la negativa del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica de otorgar permisos temporales a médicos especialistas formados en el extranjero.
La Sala se limitó a declarar inadmisible el recurso por razones meramente procesales, señalando que el amparo no es la vía adecuada para revisar la legalidad de actos administrativos complejos ni para realizar valoraciones técnicas extensas, y que dicho examen debe ser ventilado en sede jurisdiccional ordinaria. En ningún momento se afirmó que las actuaciones del Colegio sean conformes al bloque de legalidad ni al bloque de constitucionalidad nacional e internacional.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, que comprometen de forma directa el derecho humano a la salud, especialmente en un contexto de emergencia sanitaria reconocida oficialmente por el Decreto Ejecutivo N.º 446-29-S, y frente a la afectación de los derechos fundamentales de jóvenes médicos costarricenses que se formaron en el extranjero, UNDECA anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso será planteado como una vulneración sistemática del derecho a la salud, al trabajo y al debido proceso, en perjuicio no solo de los profesionales excluidos arbitrariamente, sino de la población usuaria de los servicios públicos de salud, que sufre las consecuencias de listas de espera prolongadas por decisiones corporativas carentes de motivación técnica y jurídica.
La defensa del interés público, la igualdad de trato y el acceso oportuno a la atención médica son principios esenciales en un Estado Social de Derecho. UNDECA reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras de la CCSS y de la ciudadanía costarricense, y agotará todas las vías institucionales y internacionales disponibles.
¡UNDECA en defensa del derecho a salud, justicia y dignidad de las personas!
Un conjunto de organizaciones realizarán un foro sobre la situación de los rellenos sanitarios en Costa Rica este lunes 21 de julio a las 6 pm. La actividad se transmitirá por el Facebook de SURCOS Digital. El foro tiene como título “Rellenos sanitarios: Territorios de sacrificio y resistencia a la ‘basurización’”.
El foro contará con la participación de Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales; la ingeniera en biotecnología Dayana Rojas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; la líder comunal residencial de Ciudad Cariari Melissa Flores; y el doctor en biotecnología ambiental Ronald Arrieta, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El foro es convocado por la Asociación Civil Pro Natura; la Escuela de Geografía de la UCR, en conjunto con su proyecto Geografía y Diálogo de Saberes; el programa Kioscos Socioambientales; la Asociación Iniciativas Comunales; la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital.
Movimiento de Valientes Costa Rica les invita a participar del foro “Hacia una estrategia integral contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes” el lunes 4 de agosto a las 3:00 p.m en el Salón de Jefes de Estado, presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
La actividad se realizará en el marco del Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual en la Infancia y/o Adolescencia, conmemorado en toda la región cada 09 de agosto.
El cupo es limitado y para participar es obligatorio llenar el formulario de inscripción https://surl.li/yfwpmp
Hoy, cuando el estruendo de los misiles busca acallar el gemido de los niños y niñas abatidos, en un mundo donde la crueldad y la inmisericordia ganan terreno frente a la sensatez y un mínimo de calidez humana, hay que redoblar esfuerzos para propiciar el arte de la convivencia afectiva. Y decimos arte porque no se trata simplemente de un proyecto social, político o económico alternativo. Hay que abocarse con pasión a reconstruir los cimientos de la casa común, a la manera del quehacer artístico donde prevalece la actitud creadora y gratuita que se despoja del cálculo utilitario para recrearse y extasiarse en transformar el soporte material o lingüístico en un símbolo excelso, artístico, que expresa belleza e irradia siempre la luz de la vida.
No pretendamos, con ello, construir el reino de los cielos en la tierra, pues como dijera un sabio teólogo procurando crear el paraíso los seres humanos creamos más bien un infierno. Las pretensiones paradisiacas de construir mundos ideales, cimentadas en verdades y certezas que se afirman y defienden como únicas, exclusivas y excluyentes, ponen en evidencia la arrogancia de un ser humano que se resiste a asumir con humildad su condición de ser vulnerable y limitado. Es el comportamiento propio tanto de los fundamentalismos religiosos como seculares, que elevan a la condición de “becerro de oro” sus doctrinas y creencias, así como sus ideologías y visiones particulares de mundo. Y al sobrevalorarlas e imponerlas contribuyen a arar el terreno para que germinen diversas formas de comportamientos violentos y destructivos.
No olvidemos que la violencia verbal, simbólica, psicológica y política, que ya de por sí hace mucho daño al fomentar el odio entre hermanos y hermanas, entre pueblos y culturas, crea las condiciones para la violencia física, así como la instauración de regímenes déspotas y autoritarios.
Para ejercer un contrapeso a este tipo de comportamiento, tenemos que cultivar el arte de la convivencia afectiva, donde prevalece el reconocimiento humilde de nuestras limitaciones y, por consiguiente, de la necesidad de contar siempre con el aporte de los otros-diferentes. En palabras del filósofo judío Martín Buber, una sociedad es verdaderamente humana ahí donde sus miembros se afirman recíprocamente; es decir, se reconocen como sujetos dignos y capaces de contribuir desde el diálogo, en igualdad de condiciones, a encontrar mejores horizontes para la convivencia pacífica y, por lo tanto, justa y digna. Y, como condición necesaria de esta convivencia afectiva global, tenemos que abrazar con generosidad a nuestra madre tierra propiciando su cuido y dignidad.
Apuntamos, así, a un nuevo orden bioecosistémico donde toda entidad vital es complementaria y constitutiva. Tal es el señalamiento que hace el maestro budista Tich Nath Han: “Todos contribuimos a crear al otro… No podemos ser solamente, solo podemos entreser. Somos responsables de todo lo que pasa alrededor de nosotros”. Somos convocados a sentirnos implicados en la vida y el destino de los demás. Los sufrimientos de los pueblos en guerra, empezando por las víctimas del genocidio en Gaza, no pueden resultarnos ajenos, bajo ninguna circunstancia. Propiciar el arte de la convivencia afectiva empieza por sentirnos implicados radicalmente en el destino de quienes hoy sufren el embate cruel de los misiles.
Foros públicos abordarán el problema y las amenazas de los rellenos sanitarios
Hay consenso entre todos los sectores involucrados en la disputa por el manejo de los residuos: se trata de una “bomba de tiempo” que amenaza con desatar un caos de múltiples dimensiones. Podría convertirse en una emergencia ambiental, social y sanitaria sin precedentes en las últimas décadas, ya que existen suficientes antecedentes y condiciones para ello.
Por un lado, la empresa Berthier EBI ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando una expropiación de facto por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro. Otro factor que podría detonar la crisis en la gestión de residuos del país es el cierre proyectado del relleno en La Carpio.
En este contexto, el Ministerio de Salud busca «pasar la papa caliente» mediante la imposición de un nuevo reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos. Este ha sido duramente criticado por las municipalidades, al considerar que excede las competencias del ente rector, vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad, e impone plazos y obligaciones sin tomar en cuenta los tiempos y costos legales que enfrentan los gobiernos locales para implementar nuevos servicios.
Costa Rica cuenta con más de siete décadas de legislación y políticas en materia de residuos. Sin embargo, en la práctica ha prevalecido un único modelo: los mega rellenos o sitios de disposición final, operados por empresas privadas. En lugar de avanzar hacia las soluciones reales establecidas por ley, se ha facilitado el camino al monopolio transnacional, se ha diluido la rectoría entre el MINAE y el Ministerio de Salud, y se ha criminalizado a las comunidades que resisten.
Estos mega rellenos se ubican principalmente en cantones periféricos y menos urbanizados del Gran Área Metropolitana, convertidos en verdaderos territorios de sacrificio: zonas marcadas por la contaminación y tratadas como descartables por el modelo de desarrollo dominante. Esto se ve agravado por el racismo ambiental, donde los impactos recaen desproporcionadamente sobre comunidades empobrecidas y periféricas.
En Costa Rica, comunidades como Pavas, Ciudad Colón, Río Azul, La Carpio, Santa Ana, Belén, Mora, Cartago, Desamparados, Esparza y Miramar han luchado contra este modelo desde los años 90. Algunas, como Río Azul, Desamparados y La Carpio, han perdido estas batallas y hoy viven las consecuencias.
Por ejemplo, en Miramar de Puntarenas, la Asociación Civil Pro Natura ha denunciado múltiples agresiones ambientales: los pasivos de la minería, un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas tras su clausura, y actualmente, un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. Además, enfrenta un nuevo proyecto: el Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A., que ha generado fuerte rechazo. Otros cantones como Mora, Turrubares, Osa y Alajuela también enfrentan amenazas similares.
Frente a este escenario, las comunidades se están organizando para enfrentar en conjunto la basurización de sus territorios. Una de sus acciones serán dos foros públicos en línea (https://www.facebook.com/surcosdigital), que buscan visibilizar las luchas, resistencias y alternativas frente al modelo de gestión de residuos basado en mega botaderos y tecnologías contaminantes.
Los foros están organizados por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, Asociación Civil Pro Natura, Movimiento Cívico No al Basurero en Mora, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la UCR y Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.
Primer foro: «Territorios de sacrificio y resistencia a la basurización» Se realizará el lunes 21 de julio a las 6:00 p.m. por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca visibilizar los impactos sociales y ambientales de los rellenos sanitarios en comunidades como Miramar, Desamparados, Cariari y La Carpio. Participarán Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales de Desamparados; Melissa Flores, líder comunal de Residencial Ciudad Cariari; Dayana Rojas Venegas, ingeniera en Biotecnología con maestría en Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; y el Dr. Ronal Arrieta, doctor en Biotecnología, académico pensionado de la UCR y especialista en manejo ecológico de residuos sólidos.
Segundo foro: «Territorios amenazados por la basurización» Se llevará a cabo el lunes 28 de julio a las 6:00 p.m., también por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca compartir experiencias de organización comunitaria y defensa territorial frente a proyectos de basurización en Mora, Turrúcares, Osa y Miramar. Participarán Sergio Ramírez, informático, empresario y vecino de Salamá de Osa; Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; Ronulfo Morera, del Movimiento Cívico No al Basurero en Mora; Karla Segura, de la Comisión de Lucha contra el Basurero de Turrúcares; y el M.Sc. Álvaro Sagot, abogado especialista en derecho ambiental y profesor de la UCR.
Esta serie de foros busca construir un espacio de diálogo crítico y propositivo frente a un modelo fallido de gestión de residuos. Invitamos a todas las personas a difundir y apoyar esta iniciativa.
Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
En el año 2000, luego de más de tres años de trabajo académico arduo, partiendo del principio que siempre he defendido, según el cual los estudiosos centroamericanos somos especialmente llamados a conocer lo nuestro, con ideas propias, desde este aquí, Seidy Araya y yo, ambas filólogas con especialidad en literatura, concluimos nuestra investigación sobre la literatura indígena precolombina del pasado y del presente de América Central. El producto fue un libro de titulado Literaturas indígenas de Centroamérica, editado por la Universidad Nacional ese año, en primera edición, y el año 2002, en segunda edición. Se agotaron rápidamente.
Al leer El infinito en un junco, en una primera lectura, me gustó mucho, dicho con la sinceridad que acostumbro. Estaba entendiendo que se trataba de un texto de divulgación, con una narrativa elegida para llamar lectores que necesitan empatía personal con el autor y, por tanto, sin pretensión especializada. No obstante, tuve el mal sabor del olvido que ese libro hace de la producción letrada de las altas civilizaciones que habitaron entre nosotros, en la Mesoamérica que tenía, en 1492, un centro urbano suntuoso de cerca de 600.000 mil habitantes, Tenochtitlan, en México, mientras Madrid era solo una ciudad de escasas 10.000 personas. Por supuesto, no podía yo aspirar a que su autora conociera el libro que tantos desvelos nos había traído a Seidy y a mí, también entonces madres con niños todavía de cuido, investigando como decimos aquí, con las uñas, porque de nuestro salario salía el pago de los recursos bibliográficos que no encontrábamos en las bibliotecas, así como el de las fotocopias y desplazamientos para localizar la información. Hicimos el trabajo con modestos recursos, lo que no desmotivó nuestra gran dedicación y entrega. El libro fue muy bien recibido, aunque su órbita de alcance limitado, como sucede todavía hoy con los libros que se producen en esta región. Así que era esperable que una intelectual española del siglo XXI nunca hubiera sabido de la existencia de nuestro libro. Sin embargo, sí me sorprendió, y mucho, que no mencionara la gran producción bibliográfica sobre la escritura y los libros del México antiguo, así como sobre la civilización maya, que abarcó parte de México y el norte de Centroamérica. No parecía haber leído, por ejemplo, a los autores coloniales, Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz del Castillo, Diego de Landa, Bernardino de Sahagún, Gonzalo Fernández de Oviedo y Francisco Antonio Fuentes y Guzmán; ni a los especialistas del siglo pasado, ineludibles: Ángel María Garibay, Miguel León Portilla, Celso Lara Figueroa y Miguel Ángel Asturias, entre otros muchos, así como la numerosa bibliografía en torno al Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas.
Ante este escenario, recomendé el libro de Vallejo, pero con advertencias y explicaciones, de modo que las mentes lectoras no fueran a extrañarse y luego me hicieran reclamos, que yo encontraría muy justificados. Me queda la inquietud, que seguramente no podré satisfacer, sobre la razón de ese inmenso vacío, siendo nosotros iberoamericanos y habiendo aportado al devenir de España un grandioso acervo cultural. Tendría que ir a buscar a la famosa autora y preguntarle, con el riesgo de la foto. Así que me conformaré con algunas hipótesis, que puedo compartir en otro momento, si hubiera alguien interesado, con inmunidad frente a los deslumbramientos, pero también capaz de reconocer el logro ajeno.
Fue uno de los heridos en el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel a la única parroquia católica en Franja de Gaza. Tiene 55 años y hablaba cada noche con Francisco. Cómo llegó a Gaza y por qué cree que «vivir en Medio Oriente es una aventura hermosa»- Lea la nota en este enlace: Página12.
Por décadas hemos sido testigos de casos de personajes políticos, judiciales y empresariales ligados al narcotráfico internacional y local. Pero nunca habíamos llegado a la dimensión de la actual crisis, pues durante los últimos tres años, en la administración Chaves Robles, se ha asistido a un curioso desmantelamiento de las capacidades de control marítimo y fronterizo en Costa Rica que ha dejado en evidencia una peligrosa desconexión entre las promesas de protección y la realidad de los hechos. A mediados de 2023, el viceministro Manuel Jiménez Steller, quien se especula tiene relación cercana con el extraditable Celso Gamboa, ordenó cerrar de manera verbal las estaciones de Guardacostas en Sixaola y Bahía Drake, contra el criterio de sus propios mandos y sin respaldo escrito, despojando a esas puertas de ingreso de la droga de la presencia de la policía marítima más especializada del país.
Simultáneamente, se emprendió el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de su sede histórica junto al mar en Quepos a las instalaciones de Pococí, a casi 300 kilómetros de la costa, obligando a instructores y cadetes a recorrer más de cinco horas de carretera para capacitarse en ejercicios básicos de navegación y rescate acuático que deberían impartirse al nivel de la brisa marina, no en piscinas lejanas del agua salada.
En paralelo a estas decisiones, durante 2023 y 2024 se instalaron escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín como parte de la llamada Operación Soberanía, sin embargo, los decomisos de cocaína siguen en caída libre: en sólo tres años las incautaciones pasaron de 47 a 21 toneladas, una disminución del 55 % que demuestra que la tecnología por sí sola no basta cuando las estructuras policiales se debilitan o se desplazan de los puntos críticos de fiscalización. Quizá por eso, mientras las autoridades locales confirman esa severa contracción, las agencias europeas reportan cifras récord de cocaína originaria de Costa Rica. Sólo en los últimos ocho años, contenedores de fruta llegaron al Viejo Continente con casi 15 toneladas de droga oculta, una señal inequívoca de que las rutas de narcotráfico no han hecho más que multiplicarse y diversificarse pese a las promesas de mayor vigilancia portuaria.
Estos recortes operativos no nacen en el vacío presupuestario. Varios diputados han advertido de una rebaja en el financiamiento de la policía y del Organismo de Investigación Judicial y proponen fórmulas de financiamiento sostenible, como el proyecto de ley que crearía un fideicomiso alimentado con el 2 % de las primas de seguros, para dotar de recursos estables al OIJ y al Ministerio Público ante la evidente insuficiencia de partidas en rubros esenciales para la lucha contra la criminalidad organizada.
En la misma línea de desarme estratégico, la Policía de Control de Drogas —la unidad especializada en la investigación de red de narcotráfico—fue retirada de aeropuertos y fronteras internacionales, cediendo esas misiones a otros cuerpos sin la misma experiencia ni adiestramiento, lo que ha motivado un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, por entenderse que se compromete la seguridad ciudadana en zonas críticas de tránsito de estupefacientes.
Mientras tanto, en el remoto Refugio Gandoca-Manzanillo —punto de encuentro entre la selva y el mar Caribe— la Fiscalía Ambiental investiga la aparición de una presunta pista clandestina de aterrizaje que habría sido construida en los últimos dos años para facilitar el envío de cargamentos de droga, un esquema que, de confirmarse, demostraría cuán lejos llegan los tentáculos del narcotráfico frente a una desprotección efectiva de los ecosistemas y la soberanía nacional.
Frente a todo ello, ni la instalación de “gadgets” de alta tecnología ni algunos incrementos puntuales en plazas policiales parecen haber servido para contener el récord de asesinatos por sicariato que ya supera los 2 600 en tres años y sigue creciendo: Costa Rica cerró 2023 con 907 homicidios y 2024 con 880, y lleva más de 260 asesinatos por encargo en lo que va de 2025, un volumen de violencia sin precedentes en nuestra historia moderna que amenaza la paz que tanto hemos valorado como nación.
Todo indica que los vacíos de poder y de presencia estatal en los puertos, aeropuertos y costas no han hecho más que alentar al crimen organizado. La falta de un mando coherente, el debilitamiento de las unidades especializadas y la aparente desconexión entre presupuesto y necesidades operativas han creado la tormenta perfecta para que el narcotráfico encuentre un patio de recreo en territorios que deberían ser custodios de nuestro bienestar.
Camina como Pato, tiene alas de pato, hace cuack…… ¿Será un pato?
