Marielos Aguilar Hernández
Historiadora, profesora catedrática jubilada
Universidad de Costa Rica
Costa Rica frente a la amenaza populista neoconservadora – algunas reflexiones
Costa Rica, una de las democracias liberales más longevas del continente, no logró escapar a la marejada populista neoliberal y hoy ve amenazadas las conquistas sociales que aún sobreviven, con la llegada al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, un advenedizo de la política, que regresó al país después de 30 años de ausencia. ¿Cómo llegó el país a este punto?
La brecha social abierta por los ajustes estructurales y la austeridad fiscal dejó a miles de jóvenes al margen de la educación y del empleo formal. Esa misma generación resultó ser la más afectada por la pandemia, que, por así decirlo, le dio el tiro de gracia a esos jóvenes que hoy forman parte de los grupos sociales a los les dejó de importar la suerte de una democracia que no les atiende sus necesidades educativas ni les resuelve sus problemas de empleo.
La crisis socioeconómica que padece Costa Rica se ha visto agravada recientemente por las vinculaciones de figuras de la administración Chaves Robles con narcotraficantes cuya extradición reclama la DEA.
Las elecciones del año 2022. Fin de una época.
La convocatoria electoral de febrero del 2022 fue recibida en medio de una gran apatía ciudadana. Las frustraciones heredadas de la anterior administración del Partido Acción Ciudadana (PAC) fueron la gota que derramó el vaso de agua. El presidente saliente, Carlos Alvarado Quesada, con su estilo elitista y excluyente y, más aún, habiendo dejado sin resolver problemas esenciales como el aumento de las desigualdades sociales y la creciente inseguridad ciudadana, terminó debilitando aún más al sistema democrático costarricense. No obstante, la peor herencia de esa administración podemos resumirla en la aprobación de tres leyes francamente nefastas:
a) La llamada Regla Fiscal, una ley aprobada en el 2018 que contrajo drásticamente las inversiones del Estado, con las consiguientes repercusiones en la baja calidad de los servicios públicos y, especialmente, en las condiciones laborales de los empleados del Estado. La aprobación de esa ley provocó una larga huelga de los empleados públicos que desgastó notablemente tanto al gobierno de Alvarado como a los sindicatos del sector estatal.
b) En respuesta a aquella importante huelga, la administración de Alvarado promovió otra ley que denominó Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, popularmente conocida como la ley anti- huelgas. Esa ley contenía una reforma al Código de Trabajo para limitar el derecho a la huelga del personal del Estado.
c) En el año 2022 se aprobó una tercera ley, también en contra de los empleados del Estado, denominada Ley Marco de Empleo Público, con el objetivo de crear lo que se denominó el salario global. Con esta ley se eliminó para los nuevos empleados públicos, todas las conquistas obtenidas previamente, a través de la negociación de convenciones colectivas en las diferentes dependencias del Estado.
Esas leyes contaron con el apoyo legislativo de la fracción oficialista del PAC, con la del PLN y con la del PUSC. Así, el amargo sabor de la derrota vino a profundizar el escepticismo y el resentimiento ciudadano. El bipartidismo terminaba así de cavar su propia tumba.
En febrero de 2022, en un ambiente tan tenebroso y desalentador, la ciudadanía costarricense llegó a las urnas con una larga lista de candidatos presidenciales, veinticinco en total (PEN, 2022). Sin embargo, los resultados no fueron suficientes para elegir al siguiente mandatario, dado el alto abstencionismo y la dispersión de la voluntad de los votantes que asistieron a las urnas. Los partidos finalistas fueron el PLN con un 27,36% y el PSSD con un 16,67% (TSE, 2022).
En la segunda ronda, el ganador fue el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) un partido de reciente fundación, prácticamente desconocido. Su candidato fue Rodrigo Chaves Robles, quien resultó ganador con un 52,84% de la votación, frente al desprestigiado candidato liberacionista, José María Figueres Olsen, que pretendía reelegirse pues ya había ocupado la silla presidencial entre 1994 y 1998.
Chaves Robles había regresado a nuestro país en el año 2019 para desempeñarse como ministro de Hacienda del gobierno saliente. Por entonces, tenía más de treinta años de vivir fuera de Costa Rica, se había ido a estudiar a una universidad estadounidense y luego se desempeñó internacionalmente como un funcionario del Banco Mundial, lo cual le había impedido darle un seguimiento cercano al desarrollo de nuestro país durante más de tres décadas. Al parecer, aún no había podido calibrar con detalle los profundos cambios políticos y culturales que el neoliberalismo había provocado en nuestra sociedad. Su dominio de las cifras macroeconómicas no le resultó suficiente para tener un panorama claro de la nueva coyuntura política costarricense.
Existe otro elemento de carácter coyuntural que ha tenido grandes repercusiones en el estilo del gobierno actual. A su regreso a Costa Rica, Chaves se asoció con una persona muy conocida y polifacética a nivel nacional, la periodista Pilar Cisneros Gallo, de origen peruano pero naturalizada costarricense. Desde muy joven, ella ha hecho su vida en nuestro país, estudió Ciencias de la Comunicación en la UCR y se radicó aquí, definitivamente, lo cual le ha permitido tener un gran conocimiento del ser costarricense. Su rostro ha sido uno de los más conocidos de la pantalla chica, pues fue presentadora por largos años del noticiero del Canal 7, el más antiguo del país. De esta manera, su rostro quedó grabado en las pupilas de toda la nación.
Diversos desencuentros acumulados durante su paso por los medios costarricenses, al parecer, habían dejado en Cisneros algunos resentimientos no resueltos y, desde entonces, la han convertido en una clara adversaria de la mayoría de los medios de la prensa nacional. Curiosamente, ese ha sido el aporte más singular que ella le ha dado al desempeño y, sobre todo, al discurso oficial del presidente. Con un estilo verbal muy similar al de Cisneros, muy pronto Chaves Robles también le declaró una guerra sin tregua a los grandes medios del país, guerra que se plasma cada día con su descalificación verbal, al llamarla reiteradamente prensa canalla. Sin obviar los intereses más o menos oscuros que representan esas empresas, lo cierto es que el discurso tan agresivo del presidente ha generado otras fuentes de polarización social, cuyos motivos no siempre están claros para la ciudadanía.
El triunfo electoral de Chaves en el año 2022 no lo pudo acompañar de una fracción legislativa robusta que le facilitara sus aspiraciones autócratas. Al contrario, sus resultados fueron muy pobres, pues conquistó solamente 10 de las 57 curules que componen la Asamblea Legislativa. Precisamente, ha sido Pilar Cisneros la diputada que ha manejado esa fracción y, a menudo, es ella quien también le ha creado un ambiente de gran agitación e irrespeto a las sesiones legislativas, secundando a su presidente.
Aún más, ese discurso irrespetuoso y polarizante, tanto de parte del presidente Rodrigo Chaves como de su asesora número uno, Pilar Cisneros, lo han hecho extensivo contra los partidos políticos que los adversan, en especial contra el Frente Amplio, el único representante de la izquierda costarricense en la Asamblea Legislativa. Algo parecido hace con los diputados de los otros partidos tradicionales, a quienes acusa de ser representantes de las viejas élites compuestas por quienes él denomina ticos con corona. Con ese lenguaje populista, el objetivo permanente de la presidencia es polarizar a la ciudadanía frente a los partidos tradicionales y otras organizaciones sociales, especialmente contra los sindicatos del sector público.
A todo lo anterior se suman las redes sociales controladas por el presidente y manejadas con la asesoría de la diputada Pilar Cisneros, lo cual ha convertido el ambiente nacional en un entorno muy tóxico y poco estimulante, lo cual mantiene a ciertos sectores en alerta constante o, peor aún, con un desinterés crónico respecto a los grandes retos que amenazan a la sociedad costarricense.
Las actitudes obsesivas del presidente Chaves, al pretender concentrar todo el poder en sus manos, ha sido el aspecto más desestabilizador del equilibrio de poderes en el seno del Estado. Ya son tres años de reiterados desencuentros con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Además, mantiene confrontaciones sistemáticas con el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, instituciones indispensables para que el sistema de pesos y contrapesos garantice la estabilidad política.
Todo lo anterior permite asumir que, en Costa Rica como en otros países latinoamericanos, asistimos al asentamiento de un régimen populista de derecha, cuyo objetivo principal es tratar de marginar a la histórica burguesía empresarial -las viejas élites las denomina Rodrigo Chaves- para constituir su propia élite, rodeado de algunos hombres y mujeres con gran poder, no siempre acumulado con el trabajo honrado, como veremos más adelante.
La grave amenaza del narcotráfico y sus repercusiones sociales y políticas
Hoy día, a menos de un año de terminar la administración de Rodrigo Chaves, el problema más alarmante es el incremento del tráfico de drogas. Aunque este no es un fenómeno nuevo, pues desde los años ochenta ya Costa Rica era un sitio de paso de la cocaína y otros estupefacientes rumbo a Estados Unidos, en la actualidad el problema se ha agravado porque nuestro país se ha convertido en un sitio de almacenaje de diversas drogas, cuyo destino final no solamente es América del Norte sino también Europa.
En torno a la administración actual, giran ciertas dudas sobre la efectividad de su intervención para detener este enorme flagelo. Algunas cifras despiertan grandes interrogantes. Por ejemplo, según los datos reportados por el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), a mayo de este año los decomisos de cocaína han caído un 28%, cifra que representa el segundo nivel más bajo de decomisos en los últimos diez años (Semanario Universidad, 02/07/2025, p.4).
Este fenómeno coincide con una serie de cambios y reacomodos en los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos en el Sistema Nacional de Guardacostas y en la Policía de Control de Drogas, (Semanario Universidad, 02/07/2025, p.5), cambios que, en criterio de algunos diputados de la Asamblea Legislativa, especialmente del izquierdista Frente Amplio, han facilitado el incremento tan marcado en el tráfico de estupefacientes.
A esto se suma la aparente vinculación de algunos miembros del gabinete presidencial con personas como el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex ministro de Seguridad y exfiscal en otras administraciones, el señor Celso Gamboa Sánchez, hoy acusado por la DEA de Estados Unidos de ser un vínculo importante en Centroamérica con el Cartel del Golfo de México. Actualmente, el señor Gamboa guarda prisión en Costa Rica, en espera de su extradición para ser juzgado por narcotráfico en un Tribunal de Texas en Estados Unidos (La Nación, 27/7/2025, p.4).
Al mismo tiempo, se está produciendo un notable incremento de la pobreza y la marginalidad en el país. A menos de un año de que termine el gobierno de Chaves Robles, el balance que puede hacerse de esta administración es claramente desfavorable. La desigualdad social se ha profundizado seriamente, sobre todo en los ámbitos de la salud y la educación públicas. Por ejemplo, datos recientes señalan que el 40% de la población costarricense carece de atención médica por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Paralelamente, la privatización de los servicios de la salud experimenta una expansión evidente.
Otro aspecto que ilustra nuestros señalamientos es el hecho de que en este momento el 20% de los jóvenes entre 15 y 25 años no logra estudiar ni trabajar (La Nación, 05/06/2025, p.p.4 y 5). Este dato es más contundente si tomamos en cuenta que en el año 2010, esa cifra alcanzaba al 10,6% de la juventud, la mitad de estos jóvenes costarricenses que hoy están expuestos a tantos riesgos (PEN,2023 P.74).
El rostro más tenebroso de todo esto se palpa a través de las crecientes cifras de ajusticiamientos y sicariato. En el año 2023, por ejemplo, se contabilizaron 340 organizaciones criminales y 200 personas plenamente identificadas dedicadas al sicariato. Según datos de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre los años 2012 y 2022, en Costa Rica se incrementó la tasa de homicidios en un 66% (Diario El Observador, 15/11/23). Por otra parte, el año 2023, se convirtió en el más sangriento de los últimos tiempos, con 907 homicidios, en una población de alrededor de cinco millones de habitantes (El País, 26/2/24). Tómese en cuenta que la gran mayoría de esos homicidios han ocurrido dentro de la población más joven del país, aquellos que se ubican entre los 15 y los 25 años, lo cual deja claro que el sicariato es el oficio en el que se desempeña ese 20% de la población juvenil que no tiene oportunidad ni de estudiar ni de desempeñarse en un trabajo digno.
Como vemos, no son buenos tiempos para Costa Rica. El riesgo de convertirse en un narco estado es una amenaza latente y con una fragmentación tan acentuada entre los tres poderes de la República, el panorama resulta aún más complejo. Se suman a ello, como señalamos, las pésimas relaciones del presidente Chaves Robles con los principales medios de comunicación, lo cual ha provocado serias amenazas a la libertad de prensa, de lo cual ya ha tomado nota la organización de Reporteros sin Fronteras (DW.com. José Ospina, Valencia, 31/07/2023). Algo parecido ocurre con respecto a las universidades públicas, las cuales han venido sufriendo violaciones de diversa índole por parte del Poder Ejecutivo, en ámbitos como su financiamiento y su autonomía institucional.
Por si no fuera suficiente, la crisis del gobierno de Chaves Robles se ha profundizado de una manera preocupante en las últimas semanas. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, con el voto de 15 de sus 22 magistrados, acordó solicitarle a la Asamblea Legislativa que decida si suspende, o no, la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que enfrente una acusación penal por el presunto delito de concusión en el manejo de un préstamo bancario con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (Confidencial.digital, 6/7/225)
Esta situación implica una grave amenaza a la estabilidad nacional, nunca vivida en Costa Rica a lo largo del último siglo. Tómese en cuenta, además, las malas relaciones del presidente con la Asamblea Legislativa y que su fracción parlamentaria se ha reducido a solo ocho diputados, del total de los cincuenta y siete que la componen. ¡Una seria crisis parlamentaria parece estar muy cercana! Agréguese a ello el hecho de que el presidente Chaves aún conserva, según diversas encuestas, el apoyo de más de la mitad de la población.
Será a mediados del próximo mes de setiembre cuando la Asamblea Legislativa decida al respecto. Si llegara a aprobarse la petición de la Corte Suprema de Justicia, el panorama político y electoral que se avecina será muy incierto, sobre todo porque el delito de concusión debe pagarse con cárcel.
Quizá, el único aspecto positivo de esta crisis tan grave es que, ella misma, pueda convertirse en una prueba certera que obligue a la sociedad costarricense a repensar, seriamente, los cambios más urgentes que el modelo político costarricense requiere. Porque necesitamos superar esta dolorosa experiencia populista, este gobierno autocrático, neoconservador, irrespetuoso de los pesos y contrapesos que se necesitan para vivir en un país más justo. Asimismo, ha sido una experiencia que debería arrancarle la venda de los ojos a los sectores dominantes, esos que han manejado a los partidos políticos tradicionales al compás de los dictados de los organismos financieros internacionales. En fin, no solo estamos en una época de cambios profundos. También asistimos a un cambio de época en la vida de nuestro país.
Julio, 2025
