Ir al contenido principal

Alcalde de Montes de Oca declina participación en evento en Israel tras escuchar al Concejo Municipal y a la Comunidad

Por Jorge Mora Portuguez
Regidor Suplente
Municipalidad de Montes de Oca

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello García, comunicó oficialmente este martes su decisión de no participar en el evento internacional MuniWorld 2025, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel.

La decisión se da tras escuchar los planteamientos del Concejo Municipal y de diversos sectores de la comunidad, en relación con el actual contexto internacional y las preocupaciones éticas asociadas a la participación institucional en actividades organizadas por el gobierno israelí.

El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó por unanimidad una moción en la que se insta al alcalde a declinar su participación, al tiempo que se reafirma nuestra condena al Estado genocida de Israel por las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas contra la población palestina.

En su comunicado oficial, la alcaldía indicó que «si bien inicialmente se valoró la participación por el enfoque técnico del evento, que abordaría temas como ciudades inteligentes, innovación, cambio climático y tratamiento de aguas residuales; tras un análisis integral y considerando el contexto internacional actual, el Gobierno Local ha optado por no asistir, reafirmando su compromiso con la escucha ciudadana.»

La decisión del alcalde ha sido recibida como un gesto de madurez política, apertura al diálogo institucional, capacidad de escucha a la ciudadanía y compromiso con los valores de justicia y de respeto a los derechos humanos.

En el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal se insta a los otros gobiernos locales del país a declinar su participación en dicho evento.

Montes de Oca, 5 de junio de 2025

En el Día Mundial del Ambiente ecologistas llevan a juicio a Bayer y al Estado

Ecologistas de Costa Rica llevan a juicio a Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste

Los ecologistas señalan que la aprobación de la liberación del algodón transgénico COT102, junto con otros dos eventos apilados, se realizó de forma arbitraria, al no cumplir con los requisitos de bioseguridad, participación pública y transparencia exigidos tanto por el marco jurídico costarricense como por el Protocolo de Cartagena, del cual Costa Rica es firmante.

  • Asimismo, indican que Costa Rica forma parte del centro de origen del algodón, y que liberar algodones transgénicos representa un riesgo para la biodiversidad del país, ya que la liberación del cultivo transgénico apilado en cuestión se llevó a cabo ignorando la solicitud de información técnica valiosa, necesaria para deliberar y emitir un voto razonado como integrantes de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).

  • Acusan al Servicio Fitosanitario del Estado de tener una actitud laxa, complaciente y permisiva con las transnacionales que siembran transgénicos en Costa Rica, y de no resguardar la bioseguridad en un país que alberga el 5 % de la biodiversidad mundial.

Este jueves 5 y viernes 6 de junio da inicio la recta final de un proceso contencioso-administrativo que lleva más de diez años. Los académicos en ciencias agrícolas Fabián Pacheco y Jaime García serán los testigos principales por parte del movimiento ecologista costarricense. Años atrás, ambos fueron representantes ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), durante la evaluación de riesgos para autorizar o denegar la siembra de organismos transgénicos en Costa Rica.

La audiencia se celebrará en el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, en Calle Blancos, Goicoechea, donde los actores del proceso legal presentarán a sus testigos y los abogados aportarán las pruebas ante los jueces.

La demanda es liderada por las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica. En este caso específico, se plantea que la liberación del algodón transgénico apilado se realizó sin poder analizar información faltante, así como información adicional que el doctor en Ciencias Agrícolas, Jaime García, y el máster en Agrobiología Ambiental, Fabián Pacheco, solicitaron en calidad de integrantes de la CTNBio.

“Comparecemos en representación y como testigos de las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, para solicitar la anulación de la autorización de liberación al ambiente del algodón transgénico COT102, en calidad de evento apilado, por haber sido emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente y el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”, indicó Jaime García.

Por su parte, Fabián Pacheco señaló:

“Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Lo que aquí ocurrió fue una aprobación exprés, opaca, carente de estudios realizados en condiciones agroecológicas iguales o similares al área de liberación, así como de otro tipo de información relevante que fue solicitada formalmente. Es claro y evidente que dichas solicitudes de información fueron ignoradas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en complacencia con los negocios con organismos transgénicos de las transnacionales. Se autorizó la liberación de un algodón modificado genéticamente (transgénico) apilado sin demostrar científicamente que no implica riesgos para la biodiversidad o los ecosistemas locales”.

Asimismo, agregó:

“Y esto es aún más grave si recordamos que Costa Rica ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que exige expresamente que, ante la falta de certeza científica, se aplique el Principio de Precaución. Este tratado internacional es vinculante y debe prevalecer sobre cualquier resolución administrativa”.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, este 5 de junio, las y los ecologistas afirman que celebran esta fecha en pie de lucha, con la esperanza de que se demuestre que en Costa Rica el Estado Social de Derecho funciona y protege al ambiente y a sus pobladores. Señalan que es un buen día para exigir justicia para con la naturaleza, la cual seguirán defendiendo por esta y las futuras generaciones.

Datos del caso:

  • Expediente: 18-4060-1027-CA

  • Actoras: Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad y Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica.

  • Demandadas: Estado, SFE, Bayer

UNA lleva ciencia oceánica a Niza

Delegación académica de la Universidad Nacional (UNA), llevará más de 20 contribuciones científicas a evento mundial en Niza, Francia. Esta participación reafirma el rol protagónico de las universidades públicas costarricenses en los debates globales sobre sostenibilidad del océano y cambio climático, al proyectar el conocimiento generado en el país hacia espacios de impacto internacional.

La Universidad Nacional (UNA) formará parte activa en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), que se celebrará del 9 al 13 de junio de 2025 en Niza, Francia, coorganizada por los gobiernos de Costa Rica y Francia. La delegación universitaria participará en calidad de institución académica acreditada, con una agenda que combina incidencia científica, diplomacia académica y representación institucional de alto nivel.

Previo a la Conferencia, del 3 al 6 de junio, la UNA intervendrá como coorganizadora del One Ocean Science Congress, evento oficial que funge como pilar científico de UNOC3. Este congreso reunirá a más de 2000 investigadores internacionales con el fin de ofrecer insumos científicos sólidos que sustenten las decisiones de los jefes de Estado y de Gobierno, así como otros tomadores de decisiones en materia de conservación y uso sostenible del océano. 

La UNA presentará más de 20 ponencias y posters, sobre temas como resiliencia costera, contaminación por microplásticos, restauración de manglares, gobernanza marina participativa, bioacústica de cetáceos y monitoreo climático en zonas marino-costeras, entre otras. 

Además, participará en sesiones especializadas tipo Town Hall, enfocadas en soluciones basadas en la naturaleza, intersecciones entre océano y salud humana, y modelos colaborativos de gobernanza oceánica. 

Esta participación se enmarca en una estrategia institucional de largo plazo, orientada a contribuir con acciones concretas al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, mediante la generación de conocimiento, el diálogo multiactor y la incidencia en políticas públicas para la sostenibilidad del océano.

La delegación también participará en un evento paralelo denominado Foro Internacional de Universidades dedicadas a la Ciencias Marinas, donde se presentarán investigaciones relacionadas con diplomacia y economía azul, así como la elaboración de un pliego de recomendaciones que presentarán las autoridades de la UNA y la Universidad de Bretaña Occidental, como voceros de esta red.

Este esfuerzo internacional responde a una estrategia institucional sólida que la UNA impulsa desde 2022, con hitos como la creación de la Comisión UNA por los Océanos, la declaración de interés institucional del Consejo Universitario para estas actividades, y la articulación de redes internacionales como la Red Franco-Centroamericana para la Sostenibilidad del Océano, mediante el proyecto FEF Océans entre el Instituto de Desarrollo e Investigación de Francia (IRD) y varias universidades centroamericanas, entre estas la UNA como socio mayoritario, financiado por el gobierno de Francia

Durante 2024, la UNA lideró el Congreso de Integración de Saberes por un Océano Sostenible (CISOS24) y participó en el evento internacional de alto nivel “Immersed in Change” celebrado en San José, donde posicionó el compromiso de las universidades públicas con la Agenda 2030 y el ODS 14 mediante la firma de una declaratoria que actualmente tiene el estatus en la Organización de Naciones Unidas como compromiso para el cumplimiento de ODS 14 como acción oceánica bajo el número 47861.

“La UNA llega a Niza como una universidad comprometida con la transformación social, el conocimiento útil y la ciencia al servicio del desarrollo sostenible del océano, los mares, las costas, las islas y sus comunidades. Nuestro aporte desde la perspectiva científica, académica y técnica contribuye a la formulación del Plan de Acción Oceánica de Niza, promoviendo decisiones basadas en evidencia para la preservación y uso sostenible del océano”, expresó la representación institucional.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Obispos salvadoreños exigen justicia social y unidad

En su nueva Carta Pastoral, la Conferencia Episcopal de El Salvador levanta la voz contra la pobreza, la violencia y el desajuste en políticas públicas. Un llamado urgente a transformar las estructuras sociales en beneficio de las mayorías más vulnerables.

Vatican News*

En un El Salvador marcado por profundas desigualdades sociales y económicas, los obispos han lanzado un “clamor de esperanza” a la nación. Con su nueva Carta Pastoral titulada “Una voz que con esperanza clama en el desierto”, la Conferencia Episcopal no solo exige la atención urgente de las autoridades sobre los temas más críticos, sino que, con un tono profético, plantea una transformación radical con base en la justicia social, la unidad y el respeto a la dignidad humana.

El documento fue presentado el 29 de mayo, durante la fiesta litúrgica de San Pablo VI. En él, los obispos reiteran la necesidad de que los líderes políticos busquen siempre el bien común, priorizando este sobre los intereses particulares. “El Papa León XIV señaló que hoy vivimos en un contexto de discordia, heridos por el odio, la venganza y los prejuicios, alimentados por un modelo económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”, apuntan, haciendo un llamado a adoptar un “paradigma de unidad, comunión y fraternidad”, con el fin de sanar las divisiones que atraviesan al pueblo salvadoreño.

Escuchar al pueblo: un imperativo ético

Los obispos subrayan que su objetivo no es contradecir a las autoridades, sino dar voz a los “más pobres y vulnerables”. “Lo que nos mueve es el bien del pueblo. Queremos hacer oír el clamor de los que ven vulnerados sus derechos”, afirman. Este mensaje va especialmente dirigido a aquellos que, pese a ser el motor de la economía nacional, han sido despojados de sus medios de vida. “Es urgente ofrecer alternativas viables para que puedan sostener a sus familias”, recalcan, incitando a la acción política para que no se deje de lado a los sectores más desfavorecidos.

Educación y salud: pilares del futuro

En cuanto a la educación, la carta es clara: “Es una de las mejores puertas para alcanzar el desarrollo”. Los obispos alertan sobre el riesgo de que, sin una adecuada inversión en este sector, las nuevas generaciones queden rezagadas en la “cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica”. Por eso, instan a las autoridades a priorizar la educación como un motor clave para el futuro del país.

El tema de la salud también ocupa un lugar destacado. Los obispos destacan la necesidad de invertir en la construcción de más hospitales y clínicas de calidad. Aunque reconocen que esto implica un alto costo, enfatizan que es una medida esencial para garantizar el bienestar físico y emocional de una población “tan abnegada y sufrida”.

La violencia: un desafío sin solución definitiva

En cuanto a la violencia, la Conferencia Episcopal reconoce los avances realizados hasta el momento, pero destaca que la paz no se logra solo con medidas represivas. “Es crucial ampliar los espacios de esparcimiento e invertir recursos en la atención de niños y jóvenes”, especialmente en las zonas históricamente más afectadas por la violencia. “La pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, la violencia, el odio de clases y, por ende, a la criminalización”, señalan, llamando a un cambio de enfoque en las políticas de seguridad.

Los obispos también abordan el tema de los migrantes, recordando que “no son delincuentes ni criminales, sino personas que buscan una vida mejor”. Por ello, exigen a las autoridades que no promuevan las cárceles de El Salvador para las víctimas de las políticas antiinmigrantes de potencias extranjeras, y reclaman una política migratoria más inclusiva, que favorezca “fronteras abiertas e inserción de los migrantes en la economía como mano de obra”.

El medio ambiente: una llamada urgente a la acción

Otro de los puntos claves de la Carta es la crisis ambiental. Los obispos instan a “apostar por la reforestación, la limpieza y recuperación de los ríos, lagos y ojos de agua”, además de exigir la derogación de la ley de minería aprobada a fines de 2024. “Es imperativo escuchar las voces de los ambientalistas y evitar su persecución”, afirman, advirtiendo sobre el daño irreversible que la explotación irresponsable de los recursos naturales podría causar al país.

SURCOS publica esta nota del boletín Vatican News compartida con nuestro medio por Alberto Rojas.

Puede descargar la Carta Pastoral completa en formato PDF desde este enlace.

Convocatoria a conversatorio: “Frente al genocidio y el silencio: ¿Por qué es urgente la solidaridad con Palestina desde la Universidad Nacional?”

Frente a las atrocidades cometidas por Israel en Palestina, la comunidad universitaria tiene la responsabilidad ética de abrir espacios de reflexión, análisis crítico y solidaridad activa. Por ello, les invitamos al conversatorio “Frente al genocidio y el silencio: ¿Por qué es urgente la solidaridad con Palestina desde la Universidad Nacional?”, que se realizará el próximo miércoles 11 de junio, de 3:00 a 6:00 p.m., en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca Joaquín García Monge, con apoyo de la Federación de Estudiantes y el Sindicato de Trabajadores/as de la Universidad Nacional (FEUNA y SITUN, respectivamente).

Esta actividad busca visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufre el pueblo palestino, así como reflexionar sobre el papel que puede desempeñar la universidad pública costarricense en la denuncia del genocidio y en la construcción de una solidaridad activa y transformadora que busque parar de forma definitiva la barbarie contra la población palestina.

Contaremos con las intervenciones de Wajiha Sasa Marín, Gerardo Cerdas Vega, Irina Coronado López, Paolo Nigro Herrero, Esteban Chicas y Sofía León, así como representantes del SITUN, quienes desde diversas perspectivas compartirán análisis históricos, políticos, éticos y jurídicos sobre la situación actual en Palestina y el rol que nos corresponde como comunidad académica. El evento está abierto también a todas las personas interesadas en sumar su voz a la denuncia y a la solidaridad. La voz de las universidades no puede permanecer en silencio frente al genocidio.

Retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS – IEM-UNA

El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional denuncia retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación ante la entrada en vigencia del decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, mediante el cual el Gobierno de la República ha sustituido el marco que regulaba la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica.

Si bien el decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE fue publicado el pasado 2 de abril, desde el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) consideramos imprescindible manifestarnos hoy, porque esta reforma sigue siendo un claro síntoma de las brechas estructurales que enfrentamos en materia de derechos humanos, sostenibilidad, igualdad social y de género. Su contenido y orientación reflejan un cambio normativo e ideológico progresivo que no puede pasar desapercibido ni normalizarse por el paso del tiempo.

Aunque en apariencia se refuerza la sujeción del nuevo decreto al orden constitucional, el análisis técnico revela que esta reforma representa un giro político que altera sustancialmente la gobernanza, contenido y operatividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país, así como del cumplimiento en materia de obligaciones de derechos humanos. No se trata de un simple ajuste administrativo, sino que es una reconfiguración del enfoque nacional hacia el desarrollo sostenible, con implicaciones graves para los derechos humanos, la institucionalidad pública y el compromiso multilateral de Costa Rica.

Entre los cambios más preocupantes destacan:

● La actualización de los considerandos I al V, que ahora parecen coincidir con los párrafos 55 y 72 de la resolución A/RES/70/1 y con nuestra Constitución Política, pero que subraya el derecho interno como marco prioritario, obviando que es precisamente el derecho internacional el que obliga a nuestro país a sujetar a estándares mayores y más estrictos la protección a los derechos humanos. Parece entonces que el objetivo es relativizar los compromisos internacionales y reinterpretar antojadizamente las obligaciones políticas y jurídicas.

● La eliminación del artículo 12, que disponía la obligación de las instituciones públicas de destinar recursos propios y gestionar cooperación internacional para la implementación de los ODS. Esta derogación deja en el aire el financiamiento estatal de la Agenda 2030, debilitando su viabilidad operativa.

● La supresión del artículo 15, que otorgaba a los ODS el estatus de interés público, deja en evidencia la reducción del compromiso estatal en las garantías y derechos de todas las personas para acceder a una mejor calidad de vida a través del desarrollo del país y, en cambio, plantea restar legitimidad normativa a los objetivos de la Agenda 2030.

● La introducción de un glosario normativo (nuevo artículo 2), con términos como «dignidad», «cultura», «bienestar”, que no corresponden a los estándares del derecho internacional ni nacional a través de la jurisprudencia constitucional. Estas definiciones solo pueden resultar en interpretaciones, que son excluyentes a la hora de ejecutar políticas públicas.

● El nuevo enfoque selectivo sobre los ODS plantea que el Estado escogerá algunos “adoptados por el país” y que además subordinan a la estrategia nacional el compromiso con los principios de integralidad, progresividad y no regresión de los derechos humanos y, por lo tanto, también de los 17 objetivos y 169 metas establecidos por la comunidad internacional.

Aunque se amplían algunas funciones de gobernanza (como las del Consejo y la Secretaría Técnica), estas operarán bajo parámetros vagos como “diálogo de buena fe” y sin el respaldo estructural que otorgan los artículos derogados.

Desde el IEM, advertimos que esta reforma fragmenta la visión holística del desarrollo sostenible, debilita la responsabilidad estatal frente a los compromisos adquiridos y crea condiciones para reinterpretaciones ideológicas contrarias a la igualdad, los derechos humanos y la justicia. Esta medida se enmarca en un contexto regional e internacional de desinformación y ataques coordinados contra la Agenda 2030, lo que incrementa la urgencia de mantener una postura firme y crítica.

Costa Rica, históricamente reconocida por su liderazgo en derechos humanos, sostenibilidad e inclusión, no puede dar marcha atrás. Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a defender el enfoque integral, participativo y transformador de los ODS. Solo así podremos garantizar un desarrollo sostenible que ponga en el centro la vida digna, la igualdad sustantiva y el bienestar de absolutamente todas las personas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Costa Rica entre los países con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina

  • Académicos de la UNA abogan por una reforma a Ley de Justicia Penal Juvenil vigente, no desde el punto de vista represivo, sino desde la atención integral.

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. Por cada 100 mil habitantes, Costa Rica mantiene en sus prisiones hasta 343 personas, lo que representa una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe. Esta estadística se da en momentos en que el Gobierno manifiesta su interés en construir una cárcel para 5.000 privados de libertad, aunque a la fecha no se conocen detalles sobre su ubicación, diseño o fuente de financiamiento.

Datos del World Prision Brief del 2024 indican que Costa Rica se ubica de quinto a nivel de la región (y tercero en América Central), solo superado por El Salvador con una tasa de 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).

La tasa costarricense está por encima de países como Uruguay que es de 321, Argentina con 268, Colombia con 201 o México con 165. Incluso, se ubica en la posición 22 a nivel global, al considerar a un total de 224 jurisdicciones.

Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura tiene una visión crítica sobre la política punitiva que pretende seguir el Gobierno, a la luz, además, de estas cifras.

Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia. Porque si lo que queremos es menos violencia, entonces ya sabemos que la estrategia carcelaria no es la respuesta, porque el crimen organizado es mucho más poderoso y no va a dejar de funcionar solo por tener más personas encerradas. Ellos seguirán operando porque el Estado no tiene los recursos suficientes para administrar las prisiones, entonces es una promesa falsa lo que se le quiere hacer creer a la gente sobre esta propuesta de solución”, advirtió el académico.

Estaos argumentos los planteó al cierre de una charla con estudiantes del posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Harding Simmons, de Texas, Estados Unidos, quienes visitaron la UNA, gracias a una alianza con la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, de la Escuela de Sociología.

Durante dos días, los estudiantes del posgrado conocieron a profundidad el funcionamiento del sistema judicial costarricense, el modelo de administración de justicia, el sistema penitenciario, la visión de derechos humanos e incluso realizaron una visita a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.

Realidad nacional

Al cierre del 2023, Costa Rica contaba con una población carcelaria de 18.090 personas, ubicados en 32 centros. Estas cifras han venido en ascenso en los últimos años: mientras en 2000 se registraron 7.575 personas privadas de libertad, al cierra de 2023 el número subió hasta 19.728.

Para Feoli, existen dificultades contextuales para sostener una discusión profunda sobre las causas del problema de violencia y sus eventuales soluciones. “Este debate es dificilísimo tenerlo porque lo que se plantean son soluciones maniqueas, pero eso no es suficiente. Las discusiones se polarizan, como todo ahora, entonces se dice que se busca defender delincuentes y no, se trata de defender un sistema que sí dé resultados y el proyecto de una megacárcel aquí termina siendo una ocurrencia”.

La expectativa generada por la actual administración sobre el proyecto carcelario choca con la realidad si consideramos que deberán realizarse estudios de suelo, planos y permisos. “De aquí a 10 meses o un año no va a estar y ellos—el gobierno—lo saben, pero como su objetivo es continuar en el poder ofrecen este tipo de soluciones que no sirven, pero que son atractivas para la gente”, afirmó.

Por otra parte, Marco Feoli apuntó que el desarrollo de una infraestructura carcelaria de estas dimensiones debería considerar el cálculo de cuántos policías penitenciarios se van a requerir, pero, además, contemplar a expertos en materia penal, medicina y personal administrativo.

Entonces, ¿por dónde se debe comenzar una discusión sensata? El académico considera que se deben atender las causas estructurales de la violencia con un enfoque social y que afronten las problemáticas de desigualdad que vive el país, la situación de la educación pública, la generación de oportunidades para personas jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.

Que menores de entre 13 y 16 años ya estén insertos en estructuras criminales reflejan “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad. Son imágenes espeluznantes ver a un muchacho de esas edades accionar un arma y que luego vayan a dar a la cárcel y que serán fácilmente sustituidos por las propias estructuras a las que pertenecen”, afirmó.

Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, considera que la realidad de la delincuencia que involucra a personas jóvenes es otra comparada con décadas atrás y por ello es necesario reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7.567 y que data de 1996.

Esta ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones. Y no digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”, indicó Pérez.

Ambos académicos concuerdan en que la sociedad también debe enfrentar los estigmas que suele acompañarlos el resto de sus vidas y que les dificulta una reinserción efectiva, frente a un fenómeno mundial que etiqueta a las personas por su condición, como ocurre con la población migrante en Estados Unidos.

Tanto Feoli como Pérez lamentan que el país esté perdiendo tiempo valioso en temas que no solucionan el problema, como el proyecto carcelario, y no atienda con prontitud la necesidad de una ruta de la educación, programa que en el actual Gobierno no se ha llegado ni siquiera a conocer.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Recital virtual de poetas nacionales e internacionales Poetas y Medio Ambiente

El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional y Poetas y Medio Ambiente le invitan al recital virtual de poetas nacionales e internacionales Poetas y Medio Ambiente, con la participación dGuillermo Acuña (Costa Rica), Leticia Luna (México), Christianne M. Tablada (Nicaragua), Arabella Salaverry (Costa Rica), Blanca Emmi (Uruguay), Mia Gallegos (Costa Rica), Brenda Solis (Guatemala), Minor Arias (Costa Rica), Miguel Fajardo (Costa Rica), Carlos M. Castro (Estados Unidos), Juan Mata (Costa Rica), Alejandro Madriz (Costa Rica) y Mario Alberto Marín (Costa Rica)

Esta actividad es parte del VII Encuentro Internacional Poetas y Medio Ambiente.

La actividad se realizará el viernes 6 de junio 2025, a las 4:00 p.m. y se transmite por el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

¿Qué es lo que realmente se quiere con la nueva jornada de trabajo de 12 horas si ya existe su autorización?

Vladimir de la Cruz

La jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica. No hay necesidad de estar impulsando un proyecto de Ley que establezca de manera precisa una jornada ordinaria de 12 horas diarias, como se pretende en la Asamblea Legislativa.

En el mundo, la jornada de ocho horas diarias se logró, como resultado de la lucha de los trabajadores europeos y estadounidenses a finales del siglo XIX.

Las huelgas generales que agitaron los Estados Unidos en la década de 1880-1890 establecieron, por las huelgas realizadas en 1886, especialmente en la ciudad de Chicago el reconocimiento y establecimiento de esa jornada para el 80% de los trabajadores que se habían movilizado en esas luchas.

En 1888 el movimiento obrero de los Estados Unidos se aprestó a continuar esa lucha el 1 de mayo de 1890 para asegurar la jornada de ocho horas en todos los Estados Unidos.

El 1 de mayo de cada año se discutía, en asambleas directas entre trabajadores y patronos, los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo del año siguiente. Por ello, la huelgas para que el 1 de mayo de 1886 y de 1890 se negociara los contratos de trabajo, en estado de huelga, con la consigna de las ocho horas como jornada diaria de trabajo.

En 1889 dos congresos obreros de trabajadores socialistas en Francia se sumaron a la convocatoria de las huelgas y luchas que se realizarían en 1890. El Congreso de trabajadores reunido en la Sala Petrelle acordó, además, declarar y establecer el 1 de mayo de cada año, como un día internacional de lucha de los trabajadores, donde cada año, ese día, se pudiera hacer un balance de las luchas realizadas y trazar una agenda de nuevas luchas para el año venidero. Ese es el significado que tiene el 1 de mayo como día internacional de los trabajadores.

Desde entonces se realiza y celebra el 1 de mayo como Día Internacional de Lucha de los Trabajadores, en el cual se reivindican derechos laborales y sociales, se defiende como parte de las demandas la jornada de ocho horas, se lucha por alza de salarios, como elementos centrales de las movilizaciones obreras y de los trabajadores, junto a la defensa de los derechos de organización sindical, de huelga y de negociación colectiva.

En Costa Rica la lucha internacional de la jornada de ocho horas de 1886 fue seguida por la prensa diaria que se publicaba, dando detallada información de las luchas que se iban haciendo.

La Encíclica papal Rerum Novarum de 1891 recogió estas luchas y la Iglesia Católica se pronunció a favor de la jornada de ocho horas, del derecho de organización sindical, del derecho de huelga y del derecho a un justo salario. El Obispo de Costa Rica Bernardo Augusto Thiel, en 1893, recogiendo los lineamientos de la Encíclica, en su Carta Pastoral No. 30, se pronunció en igual sentido.

A principios del siglo XX los intelectuales Joaquín García Monge, Omar Dengo, José María Zeledón Brenes, autor de la Letra del Himno Nacional, Carmen Lyra, entre otros, fundadores del Centro de Estudios Sociales Germinal, impulsaron la gestación de la Confederación General de Trabajadores, en 1913, y en mayo de ese mismo año, convocaron a la celebración del primer Primero de Mayo, como día internacional de lucha de los trabajadores en Costa Rica. Desde entonces se ha celebrado y realizado esa fecha, y se han organizado marchas de trabajadores. Excepcionalmente, en pocos años no se celebró en la calle.

En 1918 trabajadores de la madera, ebanistas y carpinteros realizaron luchas para obtener la jornada de ocho horas de trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, al terminar la I Guerra Mundial, hoy organismo parte de las Naciones Unidas, estableció en su Primer Convenio, en 1919, la jornada de trabajo como un derecho universal de los trabajadores, ratificado por Costa Rica el 1 de marzo de 1982.

En 1920, huelgas en el sector de Obras Públicas, lograron en febrero la jornada de trabajo de ocho horas con un reconocimiento al derecho de huelga y de organización sindical. Resultado de esa lucha, se impulsaron huelgas ese año en diferentes sectores de la producción y de la economía y, en diciembre, el gobierno hizo el decreto estableciendo la jornada de ocho horas de trabajo en todo el país. La jornada no se cumplió plenamente y en el programa del Partido Reformista, en 1923, como en el del Partido Comunista, de 1931, se clamó por el cumplimiento de esa jornada.

En la década de 1940-1950, durante el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, en el contexto de la crisis internacional provocada por la II Guerra Mundial, se aprobó la Reforma a la Constitución Política de 1871, para introducir en ella, el capítulo de las Garantías Sociales, y el Código de Trabajo, también aprobado ese año.

En las Garantías Sociales como en el Código de Trabajo se estableció la jornada de ocho horas de trabajo, como jornada máxima diaria, con posibilidad de extenderla por un máximo de cuatro horas diarias, reconociendo en esas jornadas extraordinarias un sobrepago de un 50% adicional al valor de cada hora ordinaria. De manera que, por ejemplo, si una hora de trabajo se paga a 1000 colones, para un total de 8000 colones al día, por cada una de las horas extraordinarias se pagaría a 1500 colones cada una, para un total de 6000 colones adicionales a la jornada ordinaria, obteniéndose un salario completo de 14000 colones por día.

En aquellos días del Gobierno de Calderón Guardia, 1940-1944, existió hasta 1945, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que reunía a los jóvenes, intelectuales y otras personalidades que se identificaban con la Social Democracia. De ellos, Otto Fallas Monge, Rodrigo Madrigal Nieto, Abel Castro Hidalgo, Luis Alberto Monge Álvarez, Mario Rodríguez Rodríguez y Rodrigo Odio González redactaron un Proyecto de Código de Trabajo, que fue presentado, tiempo después, a la Junta de Gobierno Fundadora de la II República, en cuyo artículo 158 establecieron que la jornada ordinaria de trabajo no podría ser mayor de ocho horas diarias, y en el artículo 162 establecieron que la jornada extraordinaria sumada a la ordinaria no podía exceder las doce horas al día. En el artículo 160 señalaron claramente que la jornada extraordinaria debía ser pagada con un 50% adicional al valor de la jornada ordinaria. Este Proyecto de Código no se aprobó. Se mantuvo el de 1943, que reguló en los términos ya dichos, que se llevó a la Constitución Política, en su artículo 58, la jornada de 8 horas ordinaria y la extraordinaria de 4 horas, reconociendo y obligando el pago del 50% adicional por cada hora de trabajo extraordinario. Se señaló claramente, en su artículo 59, “todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca”, que no tienen nada que ver con este régimen de jornadas laborales. Las excepciones están establecidas en la misma Constitución y el Código de Trabajo, que tienen que ver con regulaciones de trabajo de mujeres, de niños, en condiciones insalubres y peligrosas, entre otras.

Esta es la legislación vigente en el país. Es la legislación que debe cumplirse y respetarse en Costa Rica

Desde entonces este régimen de jornadas se aplica en Costa Rica. Puede haber empresas y patronos que no las cumplan, lo que queda para los Tribunales de Justicia en la materia laboral resolver si así se denuncia, o ante el Ministerio de Trabajo si ante ese Ministerio así se evidencia y denuncia. Aún así, toda empresa que quiera operar en el país, nacional o extranjera, y todo patrón nacional o extranjero, sabe esta obligación laboral al iniciar sus actividades empresariales, productivas o patronales.

Si vienen empresas extranjeras al país se ven obligadas a cumplir estos extremos de la legislación constitucional y laboral costarricense. Todas las que han venido así lo han hecho. Cuando se pide información para venir a invertir al país así también se les da a conocer. A ninguna empresa, empresario o inversionista se le puede ofrecer algo que en materia laboral no existe en el país. Los que vienen e invierten acatan y se someten a estas disposiciones laborales, de la misma manera como lo hacen los costarricenses que invierten y desarrollan empresas en el extranjero, que tienen que adaptarse y cumplir las leyes de esos países.

Las transformaciones de la economía mundial que repercuten en el país no alteran sistemas de trabajo y de jornadas existentes. En Costa Rida hay empresas y actividades económicas que trabajan de manera continua las 24 horas. Esto es permitido y es real su existencia. En ellas trabajan tres turnos de trabajadores de 8 horas, o bien dos turnos de 12 horas de trabajadores, si así lo pactan y si así se les reconoce el pago extraordinario. Esto no es ilegal ni inconstitucional.

¿Por qué entonces quieren modificar la jornada tope de ocho horas diarias, para extenderla a una jornada tope de 12 horas diarias, eliminando el carácter de las cuatro horas extraordinarias, sobre las ocho ordinarias? Simplemente, para no pagar el 50 % adicional que se debe pagar por esas horas extraordinarias. Simplemente, para ahorrarle al patrono, al empresarios, al inversionista, nacional o extranjeros, ese pago. Simplemente, equivale a aumentarle la ganancia y su riqueza a ese empresario, inversionista o patrono, y a la vez reducirle el salario o ingreso al trabajador, con las repercusiones que esto tiene al aguinaldo, que también se verá disminuido, y a la pensión futura que también se le disminuirá, más gravemente si también se aprueba la extensión de los años de retiro laboral, a los 70 años, como se quiere hacer en paralelo con esta reforma al régimen de la jornada de trabajo de 8 horas.

Lo que se quiere es llevar a la población del país a situaciones de pauperización cada vez más agudas, con menos capacidad de consumo, por falta de ingresos o salario débiles y bajos. Es provocar mayor desempleo y trabajo informal. Es provocar una mano de obra más barata, en amplia lucha de clases y sectores de clase, pujando por emplearse al más bajo salario. Es el empobrecimiento general del país lo que se impulsa con este proyecto de la ley esclavista que quieren imponer los diputados chavistas del gobierno, los de Fabricio Alvarado y su partido Nueva República, los de la Unidad Social Cristiana, algunos de Liberación Nacional en comparsa con otros independientes.

Valientemente están impulsando este Proyecto de Ley esclavista en un año electoral. Ya veremos con qué canto de sirena lo harán y engatusarán a los ciudadanos con este proyecto de ley de las 12 horas de trabajo diario, pagadas a menor valor o precio.

Como la jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica, pagando extras, no hay necesidad de imponer una jornada que no reconozca este pago extra.

Compartido con SURCOS por el autor.

UNDECA denuncia graves riesgos en implementación del sistema ERP

Comunicado

UNDECA denunció ante Contraloría graves riesgos en implementación del sistema ERP y riesgos ya materializados en la CCSS

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) comunica a la ciudadanía y los trabajadores que ha presentado una denuncia formal ante la Contraloría General de la República (CGR) sobre la grave situación que enfrenta la Caja respecto a la implementación del sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP).

Este es un tema que hemos venido denunciado, y hoy, con la presentación formal de la denuncia ante la Contraloría, hicimos una serie de advertencias sobre el impacto que tendría su puesta en marcha y los riesgos que ya han sido materializados.

En primer lugar, se daría una serie de fallos en las interfaces críticas, en la interoperabilidad de sistemas de farmacias, almacenamiento y pagos a trabajadores (SIFA y SIGES), afectando el control de inventario, cuentas por pagar y procesos contables, sin certificación funcional plena. exponiendo a la Caja a un posible desabastecimiento clínico.

Habría riesgo de desabastecimiento y discontinuidad en servicios esenciales por incumplimiento de más del 70% de los componentes previstos para la operación logística, así como la ausencia de normas actualizadas y procedimientos funcionales, esenciales para operar el ERP conforme a las mejores prácticas y principios de control interno”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Otro de los riesgos sería la pérdida de trazabilidad en procesos clave de recursos humanos (SIPE), que incluye el pago de salarios, embargos, pensiones, extremos laborales y otros.

Asimismo, existe una enorme incertidumbre financiera y contable sobre el Fideicomiso CCSS/BCR, con riesgo de incumplimiento contractual, por falta de definición clara en el uso del ERP para registrar, liquidar y clasificar pagos y ganancias.

Desde ya se han presentado retrasos graves en la migración de datos y pruebas funcionales, con advertencias directas de la Auditoría Interna, la Gerencia Financiera y consultores como PWC., y advertencias de una salida en vivo fracasada; sumado a una deficiente capacitación y una normativa desactualizada, lo que compromete la correcta operación del nuevo sistema.

Hay una ausencia de gobernanza clara, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos como PWC; aunado a cargas incompletas e inconsistentes de datos, con interfaces sin certificar, ni probar, afectando la fiabilidad del sistema desde el inicio.

Y aún más grave, es que se han dado fuertes presiones a los funcionarios para implementar el sistema «a cualquier costo», lo que podría poner en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.

UNDECA solicitó a la CGR que ejerza su autoridad fiscalizadora para proteger los intereses y los recursos públicos y que los servicios esenciales no se vean comprometidos por una implementación deficiente, sin las condiciones mínimas garantizadas”, añadió Chavarría.