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Informe de transparencia de la gestión de proyectos de obra pública

Mejorar relación entre las capacidades internas, participación ciudadana y divulgación proactiva entre recomendaciones para mejorar transparencia

La iniciativa CoST Costa Rica publicó en mayo de 2025 la tercera edición del Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI). Esta herramienta permite evaluar la transparencia en la gestión de proyectos de obra pública en el país. Este estudio se centra en cuatro dimensiones clave: divulgación, participación, rendición de cuentas y capacidad institucional.

El estudio reciente seleccionó dos proyectos por cada institución evaluada. El primer caso corresponde al proyecto con el mayor presupuesto adjudicado durante el periodo 2021–2024, mientras que el segundo se selecciona de forma aleatoria. Esta metodología permitió cubrir tanto proyectos de alto impacto social y económico como aquellos que representan diferentes niveles de avance.

En total se evaluaron 30 entidades y 60 proyectos, la selección de los proyectos se basó en datos provenientes del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) y del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), asegurando una representación diversa en términos de presupuesto, sector (como salud, educación, transporte y ambiente) y tipo institucional.

Entre los resultados se encontró un avance considerable en la calificación nacional, para el presente año se alcanzó los 67 puntos, en comparación con 53 puntos en 2023 y 48 en 2021. Este progreso se atribuye a importantes mejoras en el marco normativo y en la disponibilidad de información pública acerca de los proyectos de infraestructura.

Dentro de los aspectos destacados, la dimensión del ambiente facilitador experimentó un notable salto de 30 a 70 puntos, impulsado por mejoras en la legislación costarricense, especialmente por medio de la Ley 9986 (Ley General de Contratación Pública) y la Ley 10554 (Ley Marco de Acceso a la Información Pública).

La divulgación de información se posiciona como un punto fuerte, con Costa Rica obteniendo un puntaje de 88,6 en esta dimensión, lo que coloca al país en un liderazgo a nivel internacional. En contraste, los indicadores de capacidades internas y participación ciudadana mostraron avances limitados, con ciertos retrocesos en los procesos de institucionalización de prácticas de transparencia.

A pesar de dichos avances el informe advierte que, pese a los avances normativos, la transparencia aún no se ha consolidado como un objetivo institucional integral. Entre las recomendaciones se destaca la necesidad de fortalecer la relación entre las capacidades internas, la participación ciudadana y la divulgación proactiva, así como de mejorar las plataformas digitales para facilitar el acceso a la información. Asimismo, se sugiere la formalización de perfiles como el del informante ideal y el embajador ITI, además de impulsar planes de mejora institucional y capacitación continua.

El estudio no solo refuerza la rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos, sino que también sienta las bases para una mayor participación ciudadana en la inversión pública. Los resultados del ITI se constituyen como una herramienta clave para identificar avances y áreas de oportunidad, contribuyendo así a la toma de decisiones más acertadas y a la reducción del riesgo de corrupción en la ejecución de proyectos de infraestructura.

Inicia la Ruta Micológica Costa Rica 2025

La Ruta Micológica Costa Rica 2025, en su cuarta edición, presenta una invitación para adentrarse en el mundo de los hongos con el inicio de la temporada lluviosa. Durante este periodo, se organizan excursiones a diversas localidades montañosas, entre las que destacan Heredia, Escazú, San Gerardo de Dota, Pérez Zeledón y Monteverde.

La presente edición es organizada por Oropopo Experience y Funga Conservation, bajo el lema ¨Naturaleza Viva, Ciencia y Turismo Sostenible¨. La iniciativa, abierta a personas desde los 12 años en adelante, permite que cada participante se convierta en el protagonista de una experiencia educativa y así mismo se fomenta un turismo rural que respete y conserve los ecosistemas. Dicho esfuerzo ha sido reconocido con la marca país Esencial Costa Rica.

Durante las actividades, se recorrerán senderos llenos de historia natural, guiados por expertos además se tendrá la oportunidad de identificar y fotografiar diversas especies de hongos. Igualmente se discutirán técnicas para registrar datos científicos que contribuyan al conocimiento y la protección de la flora fúngica. La metodología de ciencia ciudadana garantiza que esta experiencia sea accesible para las personas interesadas que no cuenten con conocimientos en el tema.

Entre otras experiencias destacadas se encuentran actividades gastronómicas como la denominada “Cocinando en el bosque: Experiencia Gourmet de Hongos”, donde se invita a degustar platos elaborados a partir de hongos autóctonos. Asimismo, se llevarán a cabo encuentros temáticos en destinos como la Zona Protectora Cerros de Escazú, el Hotel Savegre en San Gerardo de Dota y el Santuario Ecológico Monteverde, donde la aventura se mezcla con el aprendizaje, como en el caso de la observación de hongos bioluminiscentes o la exploración de bosques de corales terrestres.

El cronograma de la Ruta Micológica se extiende desde mayo hasta noviembre, con actividades diseñadas para adaptarse a distintos niveles físicos y fomentar la participación de las comunidades en la conservación de la naturaleza.

Desde su creación en 2022, la Ruta Micológica ha reunido a más de 500 participantes y recorrido 14 destinos, fortaleciendo las redes locales de conocimiento y promoviendo el desarrollo en zonas rurales. Este crecimiento constante refleja el interés y la pasión por descubrir y conservar la biodiversidad única de Costa Rica. El proyecto pretende trascender la experiencia turística y se erige como una herramienta de desarrollo comunitario y educativo. Al integrar la conservación ambiental con el impulso al turismo rural en regiones que, tradicionalmente, experimentan menor actividad económica durante la temporada de lluvias.

Para conocer mas sobre la iniciativa puede consultar las redes sociales de las empresas organizadoras.

oropopoexperience.com

Correo electrónico: oropopotravel@gmail.com | fungaconservation@gmail.com

Instagram: @oropopoexperience | @fungaconservation

II Manifiesto del Movimiento Transparencia

El Movimiento Transparencia, como iniciativa de escritores (as), comprometidos con la excelencia y transparencia en el sistema de premiación de los máximos galardones culturales financiados con fondos públicos, manifiesta su firme oposición al proyecto de reforma parcial a la ley 9211 “Ley sobre Premios Nacionales de Cultura”, que el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) tiene actualmente en consulta, porque no viene a resolver los problemas de la legislación existente, sino a agravarlos, con iniciativas poco sustantivas, antojadizas e inconvenientes. Además, no aceptamos el procedimiento empleado en el proceso de elaboración de este proyecto, por las razones que señalamos a continuación:

  1. SOBRE EL PROCEDIMIENTO

NO SE HIZO UNA CONSULTA AMPLIA A LOS SECTORES Y GREMIOS CONCERNIDOS

El proyecto de reforma fue elaborado apresuradamente sin una consulta adecuada al sector cultural amplio, ignorando las voces y experiencias de quienes mejor conocen las necesidades del ámbito artístico nacional.

De este modo, el proyecto no responde a las denuncia y necesidades expresadas por el sector, y luego, ante el reclamo de los gremios y personas concernidos, se está sometiendo a una consulta que resulta:

  1. Un proceso apresurado: no se está dando el tiempo indispensable para una adecuada respuesta.

Expresamos nuestro categórico desacuerdo con el tiempo insuficiente otorgado para una consulta de tal envergadura. Apenas dos semanas para analizar una reforma que requiere de estudio profundo, reflexión seria y debate amplio dentro del sector cultural constituye una falta de respeto hacia la comunidad artística y cultural del país.

Una reforma de esta naturaleza, que impacta directamente el reconocimiento a la excelencia cultural de nuestra nación, amerita el tiempo adecuado para su análisis, considerando la seriedad y trascendencia que estos galardones representan para el patrimonio cultural costarricense.

  1. Una consulta que se reduce a la respuesta a cuestionarios insuficientes y poco profundos, sin espacios participativos de reflexión, que deberían organizarse en cada provincia.

Por lo tanto, consideramos indispensable:

– Que la consulta tenga un plazo lógico y suficiente de dos meses, del 22 de mayo al 22 de junio.

-Que se mejoren los instrumentos de la consulta y se convoque en cada provincia a los escritores (as) y grupos literarios organizados a una reflexión en las casas de la cultura, u otro espacio afín, donde se recojan propuestas.

2. SOBRE EL FONDO DE LA PROPUESTA

La propuesta de reforma del MCJ actualmente en consulta presenta graves deficiencias que nos obligan a rechazarla en su formulación actual, por cuanto:

  1. Representa un retroceso en lugar de una mejora al sistema actual, alejándose de los principios de excelencia que deben regir estos reconocimientos, los de más alto nivel del campo artístico en Costa Rica, pues propone nuevos premios poco motivados y procedimientos que no ofrecen la debida credibilidad y no solucionan la permisividad e imprecisiones de la ley vigente.

  2. Pretende reducir a la mitad el monto económico otorgado a cada premio, desvalorizando así el reconocimiento y afectando directamente a los galardonados.

  3. No soluciona los problemas relacionados con la designación, perfil y deberes de los jurados, así como las sanciones a su mal proceder, asunto central en el lamentable estado de cosas actual, lo que estaría perpetuando las debilidades del sistema actual y hasta aumentándolos.

  4. La propuesta establece unos mecanismos que podrían aumentar el amiguismo, el uso de influencias, la endogamia y otros serios desviaciones éticas del presente al convertir a los premiados en jurados, creando círculos cerrados que comprometen la objetividad del proceso.

  5. Sobre la conformación del jurado, se lee en el Articulo 8 que: “El jerarca ministerial nombrará un jurado en representación del Ministerio de Cultura y Juventud para cada una de las categorías a galardonar”. Consideramos que no es justificable ni conveniente la designación discrecional de un jurado de parte directamente de la cabeza del Ministerio, por el riesgo de politización de las decisiones de los jurados y, por ende, la posibilidad de censura a posiciones políticas contrarias a la línea de gobierno. Los jurados deben de ser entes colegiados, especializados y despolitizados, para así asegurar la libertad de expresión de los productos culturales, que históricamente se han caracterizado por ser un medio para la expresión, criticidad y denuncia de su entorno político, económico y sociocultural.

  6. Preocupa especialmente que se disminuya la presencia de la academia en la participación de jurados, cuando precisamente son los académicos quienes poseen la preparación más sólida para evaluar el mérito cultural. Por el contrario, la ley debe excluir la presencia de jurados sin formación específica en el campo en el que va a evaluar y nunca un desarrollo profesional menor al de los evaluados.

  7. Asimismo, la reforma transforma el premio de gestión cultural hacia un enfoque neoliberal economicista inapropiado, distorsionando la naturaleza de este reconocimiento.

  8. Sorprendentemente, la propuesta no exige respaldo editorial para los participantes, lo que afecta gravemente la calidad de las obras presentadas, y promueve la mediocridad y daría lugar a formas cuestionables de autoría. Al establecer únicamente el ISBN como requisito mínimo, se rebajan los estándares de excelencia que deben caracterizar estos galardones nacionales. Por otro lado, no se resuelve la ambigüedad en la ley que da paso a portillos en los cuales se presente la misma obra por parte de una misma persona en varios años, pues al hablarse de “Primeras ediciones” no se establece el carácter de “inédito” de una obra.

NUESTRO ORIGEN Y PROPÓSITO

La conformación del Movimiento Transparencia surge tras la presentación de un recurso de nulidad por parte del abogado y escritor José María Zonta, quien denunció múltiples irregularidades en el proceso de premiación correspondiente al año 2024-2025. Este recurso, acompañado por un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Cultura, pretende abrir un debate profundo sobre los mecanismos actuales de evaluación y la necesidad imperiosa de cerrar portillos legales que permiten el tráfico de influencias, la complicidad, la permisividad e intereses personales.

Exigimos una reforma integral al sistema de premiación que garantice transparencia, justicia y mérito como únicos criterios de evaluación.

NUESTRA PROPUESTA CONSTRUCTIVA

Anunciamos nuestro compromiso de elaborar un nuevo proyecto de ley que será analizado de manera pausada, seria y exhaustiva entre el sector cultural. Este proyecto tendrá como objetivo fundamental mejorar la transparencia, la justicia y el buen manejo de los Premios Nacionales de Cultura, garantizando que estos galardones reflejen verdaderamente la excelencia artística y cultural de nuestro país.

CONVOCATORIA AL DIÁLOGO

En los próximos días daremos a conocer las fechas de reuniones virtuales y presenciales para profundizar en este tema y concretar una propuesta sólida y consensuada.

Llamamos a los demás sectores representados en los Premios Nacionales a manifestarse.

Invitamos cordialmente al Ministerio de Cultura y Juventud a acompañar esta discusión encabezada por parte representativa del propio sector cultural, en un espíritu de colaboración y búsqueda del bien común y de la superación cultural del país.

Paralelamente, consideramos vital para las metas propuestas, desarrollar conversaciones activas con diferentes diputaciones, que permitan la articulación específica entre el sector cultural de todo el país y el poder legislativo en esta materia, para lograr una transformación real y duradera del sistema de los Premios Nacionales costarricenses.

Siendo un diálogo en que este grupo reivindica y denuncia actos y procedimientos, con afán correctivo, esperamos del MCJ:

Que no se produzcan represalias directas o indirectas hacia el movimiento o sus miembros.

NUESTRO LLAMADO

Hacemos un llamado a toda la comunidad cultural, artística e intelectual del país a sumarse a este movimiento por la transparencia. Los Premios Nacionales de Cultura deben ser un reflejo fidedigno de la excelencia artística y no el resultado de influencias ajenas al mérito.

La cultura costarricense merece un sistema de premiación digno, transparente y justo.


Movimiento Transparencia
Iniciativa Ciudadana por la Transparencia en los Premios Nacionales de Cultura

San José, 22 de mayo de 2025

Parásitos, tendidos eléctricos y asfalto: el grito silenciado del Caribe Sur

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

⚠️ Advertencia: contenido sensible

Las imágenes que acompañan esta nota contienen escenas explícitas del sufrimiento de animales silvestres electrocutados y parasitados. Su contenido puede resultar perturbador o herir sensibilidades. Se publican con fines informativos y de denuncia, para visibilizar la gravedad de una problemática ambiental urgente en el Caribe Sur de Costa Rica.

Recomendamos discreción, especialmente para personas sensibles o menores de edad.

Gracias a los constantes monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en el Caribe Sur de Costa Rica, esta nota busca visibilizar una problemática que ha ido en aumento y que continúa cobrando la vida de numerosos animales silvestres: la electrocución por cables del tendido eléctrico. Vangoidsenhoven ha documentado con rigor los casos, alertando sobre el grave impacto que esta tragedia silenciosa tiene en la biodiversidad local y sobre la urgente necesidad de acciones concretas para prevenirla. A estos eventos se suma la preocupante presencia de tórsalos —larvas parásitas que afectan a mamíferos y aves, debilitándolos seriamente—, así como el atropello frecuente de animales en las carreteras, lo que agrava aún más la situación de la fauna en una zona donde el desarrollo turístico y urbano avanza sin considerar adecuadamente la protección de los ecosistemas.

En esta región del país, la fauna silvestre enfrenta una amenaza creciente provocada por el cruce entre el desarrollo humano y una infraestructura eléctrica mal planificada. A diario se reportan casos de animales muertos al pie de postes eléctricos. Monos congo, perezosos, martillas y zorros pelones han sido víctimas recurrentes de este fenómeno. Las especies que antes se desplazaban de árbol en árbol, ahora se ven obligadas a utilizar los cables eléctricos como puentes debido a la fragmentación del bosque, exponiéndose a una muerte dolorosa e innecesaria. Nos alerta

“Vea, fíjese en esa foto del congo electrocutado… está repleto de tórsalos. Ese animal sufrió demasiado”.

El testimonio no solo evidencia el sufrimiento de los animales, sino también una creciente preocupación comunitaria: los cuerpos de los animales no solo muestran quemaduras, sino también infestaciones severas de parásitos, lo que podría indicar un deterioro profundo en su salud y en el equilibrio del ecosistema.

Un síntoma alarmante: fauna parasitada

Entre los hallazgos más inquietantes están los tórsalos, larvas de moscas parásitas que se desarrollan bajo la piel de mamíferos, aves e incluso humanos. Estas larvas provocan heridas abiertas, infecciones, debilitamiento del sistema inmunológico y un gran sufrimiento físico. Aunque su presencia puede considerarse natural en algunos entornos, la aparición masiva de tórsalos en animales electrocutados sugiere condiciones anormales.

¿Por qué ahora y por qué en tantos individuos? Expertos y pobladores plantean que los tórsalos podrían estar proliferando debido al debilitamiento generalizado de la fauna. Factores como la contaminación ambiental, el estrés provocado por la pérdida de hábitat, la desnutrición, la exposición a químicos y la constante interacción con infraestructura humana aumentan la vulnerabilidad de los animales a infecciones parasitarias. La fragmentación del bosque ha obligado a muchas especies a desplazarse por caminos peligrosos, como los cables eléctricos, lo que agrava aún más su exposición al peligro.

Esta situación no es solo una afección individual: puede afectar a poblaciones enteras, reducir su capacidad de reproducción, aumentar la mortalidad y alterar la dinámica ecológica. Observar animales con infestaciones severas debe alertarnos sobre un entorno que está fallando en proveer las condiciones básicas para la vida.

Impacto ecológico: más allá de las especies individuales

La electrocución y el debilitamiento de animales silvestres afectan mucho más que a las especies directamente implicadas. En ecosistemas complejos como el del Caribe Sur, cada especie cumple funciones clave para el equilibrio del bosque: los monos dispersan semillas, los perezosos influyen en la vegetación, los depredadores median el control de plagas. Su desaparición crea vacíos funcionales que afectan también a otras especies, e incluso a los humanos.

La pérdida de biodiversidad disminuye la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático, altera procesos ecológicos fundamentales y debilita la sostenibilidad de los territorios. Las consecuencias se sienten en la salud de los suelos, la disponibilidad de agua, la productividad agrícola y el aumento del riesgo de enfermedades. Proteger a la fauna silvestre es proteger los tejidos vivos que sostienen la vida en esta región.

¿Desarrollo o destrucción? Una mirada crítica a la infraestructura eléctrica

La expansión del tendido eléctrico y la construcción de nuevas carreteras suelen celebrarse como signos de progreso, conectividad y desarrollo económico. Sin embargo, cuando estos avances se ejecutan sin planificación ambiental ni conciencia ecológica, generan consecuencias devastadoras para la vida silvestre.

En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y con una estrecha relación entre comunidades y ecosistemas, la infraestructura mal diseñada se convierte en una trampa mortal. No solo los cables eléctricos mal aislados matan a animales que usan las copas de los árboles para desplazarse. También las carreteras —cada vez más amplias, con tráfico más veloz y sin pasos de fauna— provocan atropellos diarios de especies como armadillos, zarigüeyas, serpientes, martillas y hasta perezosos.

Más carreteras sin planificación significan más barreras ecológicas, más fragmentación del hábitat y menos posibilidades para que la fauna se desplace de forma segura. A esto se suma la velocidad con la que se conduce, especialmente en zonas rurales y turísticas, sin señales adecuadas ni respeto por la fauna local. El resultado: miles de animales mueren atropellados cada año, muchos de ellos especies vulnerables o clave para el ecosistema.

El “desarrollo” que no incorpora medidas de coexistencia con la naturaleza no es progreso, es una amenaza. Instalar electricidad y abrir caminos no puede hacerse a costa de la vida silvestre. La sostenibilidad exige que pensemos en pasos de fauna, límites de velocidad, reforestación y diseño de infraestructura amigable con los ecosistemas. Solo así podremos hablar de un desarrollo verdaderamente justo y duradero.

Acciones concretas para mitigar la electrocución de fauna

Para revertir esta situación, es urgente articular esfuerzos entre instituciones públicas, empresas eléctricas, organizaciones comunitarias y ciudadanía. Algunas medidas clave incluyen:

  • Aislar los cables eléctricos en zonas de alto tránsito de fauna, reduciendo el riesgo de electrocución.
  • Instalar puentes de dosel o pasos aéreos que permitan a los animales cruzar con seguridad sin depender del tendido eléctrico.
  • Realizar monitoreos comunitarios y reportes ciudadanos sobre animales electrocutados, para identificar zonas críticas y actuar preventivamente.
  • Promover la reforestación con especies nativas, restaurando la conectividad biológica entre árboles y evitando que los animales recurran a los cables.
  • Impulsar normativas y políticas públicas que obliguen a las empresas a incorporar criterios de protección de biodiversidad en sus diseños.
  • Capacitar a técnicos eléctricos, personal municipal y comunidades sobre cómo evitar daños a la fauna mediante intervenciones simples y efectivas.
  • Apoyar campañas locales de conservación y denuncia, lideradas por organizaciones, colectivos o personas defensoras del ambiente.

Estas acciones no solo salvan vidas animales, también protegen el equilibrio ecológico del que todos dependemos

Tórsalos: un indicador del deterioro ambiental

La proliferación de tórsalos no debe verse como un evento aislado, sino como un indicador de alarma. Cuando un ecosistema saludable empieza a mostrar signos de infestaciones severas, significa que algo está fallando en sus procesos naturales de regulación. La presencia masiva de estos parásitos, especialmente en animales electrocutados, nos habla de seres vivos que ya estaban débiles antes de morir, y de un ambiente que no está cumpliendo su función protectora.

Factores como el cambio climático, el uso de pesticidas, la pérdida de cobertura vegetal y la contaminación están generando un entorno propicio para este tipo de desequilibrios. Ver animales con decenas de tórsalos en su cuerpo no puede ser tomado a la ligera. Es una señal clara de que debemos actuar con urgencia para restaurar el equilibrio natural y prevenir más sufrimiento innecesario.

Cuidar la vida silvestre es cuidar la vida común

La situación que enfrenta la fauna del Caribe Sur no es un asunto menor ni aislado: es un reflejo de la relación que mantenemos con la naturaleza. Si seguimos construyendo sin pensar en quienes habitan los ecosistemas, los resultados serán devastadores. Proteger a los animales no es un lujo ni un capricho ambientalista, es una responsabilidad ética y una condición necesaria para la vida en comunidad.

La vida en el Caribe Sur depende de un equilibrio entre desarrollo humano y respeto por los ecosistemas. No podemos permitir que más animales mueran en silencio. Exijamos acciones, generemos conciencia y seamos parte del cambio.

Galería

Nota informativa sobre contenido sensible

Se encuentra disponible un conjunto de imágenes que documentan casos reales de electrocución de fauna silvestre en el Caribe Sur de Costa Rica. Estas fotografías muestran animales afectados por el tendido eléctrico, en algunos casos también infestados por parásitos como los tórsalos.

Advertencia: Las imágenes contienen escenas explícitas de sufrimiento animal y pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Han sido recopiladas y puestas a disposición con fines informativos, educativos y de denuncia, para visibilizar una problemática ambiental urgente y promover acciones concretas que prevengan más muertes innecesarias.

Si deseas acceder a estas imágenes para apoyar procesos de sensibilización, investigación o comunicación, puedes descargarlas aquí:

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Agradecemos el uso responsable ético de este material.

Jornada 4/3 ¿Una nueva forma de organizar el tiempo de trabajo?

Instituto Sindical de Formación Democrática

ISFODE

Introducción

¿En qué consisten las jornadas 4/3?

La jornada laboral 4/3 es un esquema en el que las personas trabajadoras laboran cuatro días consecutivos y descansan tres días seguidos. Generalmente se mantienen las 40 a 48 horas semanales concentradas en menos días, lo que implica jornadas más largas por día (10 a 12 horas).

¿Cuál es el fundamento legal?

En muchos países, la jornada ordinaria está limitada por leyes laborales que regulan tanto las horas diarias como semanales. En Costa Rica, el Código de Trabajo establece límites claros:

• 8 horas diarias y 48 semanales (jornada diurna).

• 6 horas diarias y 36 semanales (jornada nocturna).

Modificar estos esquemas requiere reforma legal o autorización excepcional.

¿Tiene razón económica para aplicarse?

Las empresas alegan que este modelo:

• Reduce costos de operación (menos días abiertos).

• Mejora la productividad concentrando esfuerzos.

• Disminuye ausentismo y mejora el balance vida-trabajo.

Sin embargo, hay dudas sobre:

• Impacto en salud por jornadas largas.

• Aumento del riesgo laboral.

• Erosión de derechos si no hay control efectivo.

¿Cuáles son las experiencias en otros países?

• Islandia probó jornadas reducidas con éxito, sin bajar salarios.

• Chile, México y Colombia discuten o aplican esquemas 4/3 en sectores específicos.

• En muchos países desarrollados, hay ensayos de semana laboral de 4 días, pero con menos horas totales, no con concentración de horas.

Jornadas 4/3 en Costa Rica

¿Legalmente se puede aplicar actualmente la jornada 4/3?

Actualmente no es legal bajo el marco del Código de Trabajo. Para aplicarse, requiere una reforma que modifique los límites máximos de jornada diaria y establezca nuevas reglas de compensación.

¿En la práctica se lleva a cabo?

Sí. En algunos sectores como:

• Call centers

• Zonas francas

• Vigilancia y seguridad

Se aplican de forma informal o mediante acuerdos internos, a veces sin cumplir los requisitos legales o sin supervisión del MTSS.

Un proyecto en discusión

Hay una propuesta legislativa que busca regular la jornada 4/3:

• Establecer hasta 12 horas diarias de jornada.

• Garantizar el pago de horas extra si se supera la jornada ordinaria semanal.

• Ajustes para sectores como salud, comercio y tecnología.

Lo legal, económico y político del proyecto

• Legal: flexibiliza el régimen laboral, requiere modificar el Código.

• Económico: apoya la competitividad empresarial, pero puede generar precariedad.

• Político: es impulsado por sectores empresariales; cuestionado por sindicatos, la academia y organismos de derechos laborales.

¿Qué piensan los trabajadores?

• Algunos valoran los tres días de descanso, especialmente si tienen doble jornada (trabajo-cuidado).

• Otros temen sobrecarga física y mental, pérdida de ingresos por horas extra y menor protección sindical.

• Hay demanda por participación en la discusión, no solo como receptores de decisiones.

La OIT y la regulación internacional

• La OIT no promueve jornadas prolongadas: aboga por la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de salario.

• Recomienda que cualquier cambio sea tripartito, voluntario y evaluado regularmente.

• el derecho al descanso y a la desconexión es parte del trabajo decente.

Conclusiones

• La jornada 4/3 modifica profundamente la organización del trabajo y requiere debate informado.

• Puede tener ventajas si se garantiza voluntariedad, supervisión estatal y derechos laborales plenos.

• Su implementación en Costa Rica no es legal hoy sin reforma.

• La experiencia comparada demuestra que el éxito depende del contexto y del control de riesgos.

• Es clave escuchar a las personas trabajadoras y sindicatos, así como considerar las normas internacionales.

• No se trata solo de tiempo, sino de calidad de vida, salud, equidad y justicia.

San José, 19 mayo 2025

UCR, Voz experta: El mestizaje como base de la diversidad cultural costarricense

Por: Dra María de los Ángeles Acuña León, especialista en historia

En la historia de Costa Rica se investiga y reconoce la diversidad cultural que ha sido y se sigue construyendo en el transcurso de los siglos pasados, pero también en los años recientes y presentes. En el centro de esta riqueza cultural se encuentra el mestizaje, ese proceso complejo y continuo que ha dado forma a la genética e identidad costarricense. Gracias al mestizaje se mezclaron los modos de vida, las creencias, las tradiciones, las costumbres, los genes de nuestros ancestros indígenas, de los africanos y de los españoles que llegaron a esta tierra. En este contexto y durante el período colonial surgieron en primer lugar los mulatos, los mestizos, los zambos, pero también sus descendientes producto de la mezcla de las mezclas. Legados que en la coexistencia diaria se fueron fusionando, transformando e instaurando continuidades a lo largo de la historia de nuestro país, en esa innegable honda y complicada relación entre mestizaje y diversidad cultural y su fundamental interconexión histórica y social. 

El ecúmene ocupado por los españoles en la provincia de Costa Rica durante el período colonial corresponde al Valle Central y los valles de Esparza, Bagaces y Matina; fue en estos lugares donde los españoles se asentaron y formaron sus ciudades y poblados. La población indígena se ubicó en unos pocos pueblos ubicados en el Valle Central, sin embargo, un número importante permaneció en tierras de frontera: Talamanca y Guatuso.

Mientras que, durante el siglo XVII, se presentó un patrón de asentamiento disperso ya para el siglo XVIII se presentaron cambios importantes en la manera de establecer poblados, junto a las viejas ciudades españolas Cartago (1564), Esparza (1577) y los pueblos de indios (1575), surgieron pequeños centros de población, conocidos como villas nuevas, a saber Heredia (1734, Villa Vieja)  San José (1737, Villa Nueva), Alajuela (1796, Villa Hermosa) Ujarrás (1700) y Escazú (1796). Estas se formaron por el aumento en la densidad de la población y fueron habitadas por los nuevos sectores que emergieron en la sociedad colonial: los hijos del mestizaje, una progenie consecuencia de la convivencia de diferentes pueblos y culturas.

De ahí que, en el caso costarricense el siglo XVIII se considera como el siglo de los mestizajes; sus protagonistas fueron hombres y mujeres que se relacionaron en los campos y en las ciudades, entre sí y con los otros grupos de la sociedad, vinculados por lazos de sangre, redes sociales y vínculos culturales. El mestizaje se constituyó en un rasgo característico no sólo de la sociedad colonial costarricense de ayer, sino también de la sociedad contemporánea de hoy, donde la diversidad cultural, el dialogo intercultural y la inclusión son fundamentales.

Por tanto, fue en el siglo XVIII cuando surgió una nueva dinámica, el proceso de mestizaje tuvo un impacto transcendental en la configuración de la sociedad costarricense del momento, la cual emergió con un carácter multiétnico y pluricultural. Se incrementó la población de orígenes mixtos, a través de los mecanismos primarios del mestizaje, la endogamia, la exogamia, la legitimidad y la ilegitimidad, lo que influyó en los patrones de poblamiento, de composición étnica, cultural y de sociabilidad. Pero también significó la fusión de prácticas, de lenguajes, de costumbres, de creencias, siendo también ese mestizaje producto y productor de la diversidad cultural.

La población de Costa Rica durante el período colonial se mantuvo en ascenso, los españoles siempre en incremento y los indígenas bastante reducidos presentaron fluctuaciones en el desarrollo de los siglos coloniales. Los grupos de mezclados experimentaron un crecimiento continuo, entre los individuos producto del mestizaje inicial, son los mulatos los que presentan mayor presencia en los siglos XVI y XVII lo que les permitirá, constituirse en la base de los individuos clasificados como mezclados, ya sean clasificados indistintamente como mestizos o mulatos en el siglo XVIII.

En Costa Rica colonial las ciudades, las villasnuevas y otros pueblos, fueron los centros del crecimiento y fortalecimiento de las poblaciones de sangre mezclada y el escenario para el surgimiento de la diversidad cultural. Allí los diferentes grupos étnicos se interrelacionaron día a día y fueron construyendo una nueva situación, una sociedad multiétnica y una identidad cultural heterogénea que amplio y dio continuidad a la diversidad en ese contexto y período histórico.                 

En las viejas ciudades españolas, el mestizaje transformó el perfil y número de sus habitantes, las otras ciudades españolas de Cartago y Esparza, se vieron convertidas la primera en una ciudad de mayoría mezclada, imperando los mezclados, la segunda en una población mayoritariamente mulata.

Cartago, por su carácter de capital y núcleo urbano más importante de la Costa Rica colonial registro el mayor número de pobladores, albergó por tanto a toda la gama de individuos de diversos orígenes, etnias y culturas, ya para el siglo XVIII, los mestizos fueron los habitantes más numerosos en la ciudad de Cartago, seguidos por los mulatos libres, los españoles, luego los afrodescendientes en condición esclava, los indígenas en sus calidades de tributarios y naborías, los negros libres y los zambos. Por tanto, la ciudad-capital en el proceso de construcción de los mestizajes y recomposición de la sociedad colonial emergió, en el período colonial, como una población de orígenes mixtos, tanto biológica como culturalmente. Hoy en día reconocida como la cuna de la historia, la genealogía, la identidad y la diversidad cultural de los costarricenses.

Esparza, ciudad colonial que surgió del traslado de la predecesora ciudad de Aranjuez y en función del puerto de la Caldera, se mantuvo como sede administrativa de la zona comprendida entre los Ríos Tárcoles y Tempisque. En la zona adyacente a la ciudad hacia 1715 se construyeron dos ermitas, una dedicada a San José y la otra a Nuestra Señora de la Concepción, fueron origen de los asentamientos de Bagaces y Cañas, aquí surgió la hacienda ganadera como la unidad económica que dinamizó la región, donde vivieron algunos españoles, pocos indígenas, una mayoría de mulatos y otros afrodescendientes, dándole una especificidad étnica, cultural y de paisaje que aún perdura.

Pero las villasnuevas, Heredia, San José, Alajuela, Ujarrás y Escazú sin excepción, fueron por excelencia el universo de los mezclados. Presentaron sus variaciones, pero en su mayoría sus poblaciones fueron mestizas, con números importantes de españoles y una cantidad considerable de mulatos que engrosaron las filas de los mezclados. Estas villas fueron producto del proceso de migración de la población mixta artesana-campesina hacia la sección occidental del Valle Central o del repoblamiento ante el descenso de la población indígena. Además, fueron el escenario donde las distintas etnias, las variadas raíces culturales, las formas de vida convivieron y se reinterpretaron constantemente.

Pero también fueron reflejo de la relación entre el mestizaje y la diversidad cultural, en el fortalecimiento de una pluralidad cultural muy definida que se percibe y vive en especificidades, como la música, la gastronomía, el arte, los léxicos, las tradiciones, las festividades de las diferentes regiones que componen a la Costa Rica actual.

En Costa Rica el mundo colonial se materializó pleno de contrastes y distinciones entre los diversos individuos y grupos que lo constituyeron, un mestizaje y una diversidad cultural que con el paso de los siglos se amplió y fortaleció con la posterior llegada de inmigrantes de diversas partes del mundo como China, Italia, Alemania, Jamaica y otras islas del Caribe, Panamá, India, Líbano, Chile, Perú, Argentina, Brasil entre muchos otros.

Podemos concluir que ese mestizaje de los siglos coloniales y siguientes ha sido la base de la diversidad étnica y cultural costarricense. Donde el reconocimiento de esa herencia multi y pluri es clave para entender y mantener una sociedad más inclusiva donde se respete y reconozca esa amalgama de fusiones biológicas, sociales y culturales que nos constituyen y representan.

María de los Ángeles Acuña León
Experta en historia e investigadora jubilada del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA)

Centrales sindicales rechazan proyecto de jornadas 4×3 y solicitan intervención de la OIT

Cuatro centrales sindicales de Costa Rica manifestaron su rechazo al proyecto de ley sobre jornadas laborales 4×3 impulsado por la administración Chaves Robles, y solicitaron formalmente la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante una carta abierta.

La Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y la Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica) emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian que el proyecto, identificado como expediente 24.290, representa «un retroceso y una clara desmejora de las conquistas históricas de la clase trabajadora».

Según expresan las organizaciones sindicales, el gobierno intentó aprobar este proyecto el 19 de mayo mediante el mecanismo de vía rápida en la Asamblea Legislativa, pero no tuvo éxito. La iniciativa pretende implementar una jornada laboral de 12 horas diarias durante cuatro días a la semana.

En el comunicado, las centrales sindicales destacan la decisión de la Asamblea de negar la vía rápida y exigen el rechazo total de este proyecto. «Afectaría negativamente la salud, seguridad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los costarricenses», señala el documento, indicando que fue desarrollado sin considerar las necesidades y realidades de las personas trabajadoras del país.

Entre las razones de oposición al proyecto, las organizaciones mencionan:

  • El aumento del riesgo de enfermedades y accidentes laborales con jornadas de 12 horas

  • La contradicción con políticas de países miembros de la OCDE que promueven la reducción de jornadas laborales

  • El impacto económico negativo en la productividad según especialistas del Observatorio Económico y Social de la UNA

  • La discriminación hacia mujeres y familias trabajadoras

  • El retroceso en el avance educativo de quienes trabajan y estudian

  • La ausencia de diálogo social en la formulación del proyecto

Paralelamente, las mismas organizaciones enviaron una carta abierta a Eliel Hasson Nisis, director de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, expresando su preocupación por la propuesta de ampliación de la jornada laboral.

En la misiva, las confederaciones sindicales indican que la medida «coloca en grave riesgo los derechos fundamentales de la clase trabajadora costarricense y retrocede más de un siglo las conquistas históricas derivadas de la lucha sindical obrera».

Las organizaciones recuerdan que desde la adopción del Convenio N°1 de la OIT en 1919, el principio de la limitación de la jornada laboral ha sido reconocido como un pilar del derecho internacional y solicitan un pronunciamiento público del organismo tripartito sobre esta situación.

«La sociedad costarricense espera de la OIT una posición clara en defensa de los derechos laborales, alineada con los convenios internacionales y con el principio de trabajo digno y equitativo enmarcado dentro del concepto de Trabajo Decente», concluye la carta.

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Entre el abandono y la humillación: la grave situación de salud que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Por Colectivo Antonio Saldaña
Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes

A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.

Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.

Un sistema que margina

En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.

La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.

Deshumanización institucional

Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.

Un sistema que no comprende ni respeta

Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.

Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.

El CONASPI y la promesa incumplida

El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.

Anécdotas que duelen

El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.

Un llamado urgente

El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.

Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud

Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.

Constitución Política de Costa Rica

El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.

Ley General de Salud (N.º 5395)

Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.

Convenio 169 de la OIT

Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.

Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono

La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.

Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.

El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.

Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.

La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.

Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena

La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.