Freddy Pacheco León, PhD
Mucha pena nos produce la infeliz resolución de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Migración, publicada por su director general, don Omer Badilla Toledo, con la cual se trata de justificar, la actitud cómplice del presidente Chaves, con Donald Trump, vinculada a la repudiada deportación de migrantes desde suelo estadounidense.
Se trata de un texto, lleno de roces con la Ley General de Migración y Extranjería (N° 8764) que, aunque se sabe, ha de respetarse en su totalidad, no lo ha sido. Leemos en dicha resolución, que la misma se emite «en razón de la política migratoria adoptada por el gobierno de los EUA», y porque, «conforme a negociaciones realizadas entre los dos Gobiernos, Costa Rica aceptó recibir personas extranjeras que serán deportadas de los EUA, con el fin de que se materialice su retorno a los respectivos países de origen o destino final». Ya desde allí, se percibe cierta desagradable sumisión.
Aparte de que no se ha informado acerca de lo negociado o convenido, a cambio del almacenaje en Costa Rica (así lo percibimos), de esos «delincuentes«, según Trump, se infiere de la lectura de esa ilegal, vergonzosa e indigna resolución del Poder Ejecutivo, que los inmigrantes forzados, indebidamente tratados, parecieren estar jugando el papel, de «monedas de cambio«. Trabajadores miserables, que fueron sacados a la fuerza de sus viviendas y trabajos, sin importar sus relaciones afectivas y familiares, sus llantos, sus ruegos, para concentrarlos en, muy oportunas cárceles privadas, sin trámites legales y sin consideración alguna a sus muy posibles padecimientos médicos, crónicos, o provocados, como consecuencia al trato inhumano que recibieron, para luego, en su paradójico “Día D”, obligados a montarse en aviones militares, sin conocer lo que les esperaba al final de ese tétrico viaje. Y ello, como castigo, a haberse atrevido un día, a huir del hambre, la miseria, la violencia, vivida en países con antidemocráticos regímenes, principalmente, asiáticos. Así, dejaron atrás a sus familias, sus amigos, sus barrios, en un esfuerzo desesperado por sobrevivir, trabajando, así lo esperaban, en el país que por muchos años se ha nutrido de inmigrantes; algunos recibidos simbólicamente, por la formidable estatua de La Libertad, a su llegada a la ciudad de Nueva York.
Ante esa triste realidad, que ha provocado el rechazo, entre otros, de la gran mayoría de las denominaciones religiosas del planeta, que, como la iglesia católica, han suplicado misericordia por esos hermanos, no deja de conmovernos, el solo pensar, cómo se sentirán de impotentes, esas personas, tan lejos de sus padres, hermanos, e hijos, sufriendo de soledad, quizá solo esperando morir, a manos de esos soldados que les mueven de un lado para otro, cual si fueren parte de una manada de animales.
Costa Rica, todavía valorado en el mundo, como un país amante de la paz, del respeto a los sagrados Derechos Humanos, caracterizado por una democracia estable, preocupado por la justicia social, solidario, asiento de un pueblo noble, tiene mucho que perder con este oculto convenio, acordado por los dos gobiernos involucrados. De un día para otro, nuestra nación ha sido involucrada, en una acción repugnante que ejecuta su «principal socio comercial», según los nuevos tiempos mercantilistas. ¡Ya no son Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, los modelos a seguir!; ahora el surafricano Elon Musk y el cubano- americano Marco Rubio, son los que importan.
El papa Francisco sintetizó así, la situación creada: «El acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión».
Por otro lado, más allá de la dimensión humana de los acontecimientos, analicemos parte de la situación en el ámbito formal, legal, institucional.
Si los representantes consulares de Costa Rica tienen la delicada y exclusiva potestad, de actuar como agentes de migración en el exterior, incluyendo por supuesto, en los Estados Unidos de América, ¿quiénes dispusieron apartarlos de sus responsabilidades? ¿Ante cuál autoridad, a las personas deportadas, les presentaron, en Costa Rica o en los EUA, las correspondientes solicitudes de ingreso a nuestro país? Si no portan pasaportes o salvoconductos, como mínimo, ¿no es eso, causa de impedimento para ingresar, e este caso particular, por el aeropuerto internacional Juan Santamaría? Si las supuestas visas para ingresar al país, los extranjeros deben solicitarlas cuando la persona está en el exterior, ¿bastaría con levantar, en la oficina de Migración del aeropuerto, una lista informal, con las supuestas identidades de las personas transportadas en unos aviones militares?
¿Cumplen esos 200 seres humanos deportados, con los requisitos de seguridad y salubridad, que manda la legislación costarricense?
Por otro lado, si no se trata de residentes temporales, asilados o refugiados, ¿en cuál de los 268 artículos de la Ley N°8764, aprobada durante la administración Arias Sánchez, se establece una innovadora categoría, que podríamos llamar, «deportados de desconocida nacionalidad, traídos al país en aviones militares«?
Si la ley dice que «Todas las personas que lleguen al país serán sometidas al correspondiente control migratorio, con el fin de determinar si están en condiciones de ser o no admitidas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes», ¿se cumplió tal mandato, o simplemente, dieron por un hecho que se estaba ante una evidente ilegalidad, que había que disimular?
Pero aún hay más. ¡Veamos!
Se trata de extranjeros, que, por la fuerza, ingresaron a Costa Rica, en ejecución de un supuesto convenio o acuerdo internacional, suscrito por el presidente de la República, no aprobado por quien le corresponde, o sea, por la Asamblea Legislativa. ¿Será que estamos frente a ¡otra violación al principio del respeto a la separación de poderes!, de parte del Poder Ejecutivo?
Pero, bueno, como sea, lo cierto es que ingresaron y los tienen «almacenados», por tiempo indefinido, en un lugar cercano al paso fronterizo con Panamá, donde, gracias a Dios, se han hecho presentes organizaciones que velan porque se les respete, al menos, sus Derechos Humanos, y convenios internacionales que procuran velar por los migrantes.
En cuanto al tiempo en que permanecerán en suelo costarricense, surge otra interrogante. Y es que, nadie, ni el presidente Chaves, responsable de lo convenido, podría garantizar, su eventual salida del territorio tico, hacia Panamá en 30, 90 o 100 días, o en meses o años, pues, los supuestos 30 días de permanencia, dice el director general de Migración, en su resolución, son prorrogables «mientras desaparecen los motivos que le impiden a la persona, continuar con su viaje». O sea, si los panameños no pueden, o no quieren recibirlos, los maltratados deberían seguir hacinados por tiempo indefinido, algo así, como en un campo de concentración, un albergue, o una cárcel, según lo perciba cada persona. “Pero no hay que preocuparse”, más o menos dice nuestro presidente, “el gobierno de Washington, paga por el pan que se coman…”
Como parte de este embrollo, pese a la colección de ilegalidades, que este biólogo amigo de ustedes, parece percibir, creemos que al buscar una solución al grave problema creado por el Poder Ejecutivo, se habrá de tomar en cuenta, la Ley General de Migración y Extranjería, que en algún momento debió de respetarse. En ella, por ejemplo, leemos que «Las personas extranjeras gozarán de los derechos y las garantías individuales y sociales reconocidos para las personas costarricenses en la Constitución Política, salvo las limitaciones que esta establezca. Las normas relativas a los derechos fundamentales de las personas extranjeras se interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados que se encuentren vigentes y, específicamente, por lo siguiente:
1)Toda persona extranjera tendrá derecho de acceso a la justicia, al respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta. 2) Las personas extranjeras que cuenten con autorización para permanecer en el país podrán circular libremente por el territorio nacional, por el tiempo que defina la autorización. 3) Las personas extranjeras estarán sujetas a los requisitos fijados en esta Ley, su Reglamento y en otras normas jurídicas aplicables, para ingresar al país, permanecer en él o egresar de él«.
Párrafos que resumen muy bien, el civilizado pensamiento costarricense sobre tan sensible materia, y que, de paso, evidencian el chicharrón en que nos han metido, con ese apresurado convenio y atropellada resolución.
Pero, hay todavía más. Resulta que la tal «resolución», suscrita por el señor Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía, en ciertos párrafos, se refiere, en forma descuidada, a “refugiados” (¡que no lo son!) o «a la persona extranjera beneficiada con este permiso», cual si se hubiera tramitado y concedido permiso de residencia alguno. Y agrega el viceministro citado, que si «la persona extranjera beneficiada con esta resolución», comete algún delito, «se le revocará de inmediato el permiso otorgado«, y se le aplicará la legislación pertinente. Preguntamos, ¿Lo deportarían? ¿Verdad que parece un chiste de mal gusto?
Párrafo que parece ser un vergonzoso «copy paste» de un caso totalmente diferente, seguro usado, para darle bulto a la tal resolución de la asesoría jurídica de Migración, ante lo inédito de un misterioso convenio, que, por complacer al secretario de Estado Marco Rubio, en representación de Donald Trump, fuere convenido, sin que les importara el debido sustento legal.
Para terminar, ¡he aquí otra perla!: «Las personas migrantes beneficiarias de la presente resolución, no podrán permanecer en el territorio nacional en forma irregular«, dice la resolución publicada en La Gaceta del 18 de febrero recién pasado.
Si se les está forzando a permanecer en suelo tico, en forma irregular, obviamente, en contra de su voluntad, ¿cabe esa condición?, además del cinismo de llamarlas “migrantes beneficiarias”.
En fin, es otra muestra más de lo que, por medio de una “resolución”, emitida por una dirección de un ministerio, se le quiere dar carácter formal a un acto ¡jamás antes sucedido en Costa Rica!, que obliga a ser valorado por quienes corresponda, desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, político. Si se le deja pasar, cual, si se tratara de algo intrascendente, no sería extraño que se siguiere repitiendo, una y otra vez, con las consecuencias que ello tendría para el prestigio de esta maltratada Patria. No merece Costa Rica tal atropello.
20.2.25
