Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.
Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.
Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.
El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.
El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.
Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.
Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.
De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.
Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.
Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.
Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:
- La Declaratoria de Emergencia.
- Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
- Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
- La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
- La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.
Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.
