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Cuando el “paraíso verde” empieza a crujir, el territorio habla

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Donde tiembla la narrativa oficial nos lleva al Caribe Sur de Costa Rica y pone en primer plano la experiencia del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven.

La crónica revela cómo, detrás del discurso de sostenibilidad, operan permisos fragmentados, vacíos normativos y procesos que convierten ecosistemas frágiles en negocios privados. También expone el costo humano de documentar, denunciar y sostener la defensa del territorio frente a intereses económicos consolidados.

Una lectura clave para comprender lo que ocurre cuando la protección ambiental se sostiene desde la soledad y el desgaste cotidiano.

Este es un texto compartido con SURCOS por el autor y el cual puede leer en la revista CASAdeNADIE:

👉 Léela aquí: https://revistacasadenadie.com/donde-tiembla-la-narrativa-oficial-cronicas-desde-el-caribe-sur-de-costa-rica/

Minería ilegal: el nuevo pretexto del viejo extractivismo

Observatorio Bienes Comunes UCR

En medio del debate sobre Crucitas, el ministro de Seguridad Pública afirmó un aumento del 200% en la afectación territorial por minería ilegal. Pero… ¿realmente legalizar minería a cielo abierto resolvería el problema?

En esta nota compartimos algunas claves urgentes: La minería ilegal no es solo “coligalleros”: es una economía criminal conectada a mercados globales.

Legalizar puede facilitar lavado de oro, normalizar el extractivismo y aumentar la presión territorial.

Lo ilegal no se combate con más minería: se combate con Estado, justicia ambiental, trazabilidad y alternativas económicas reales. Nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mineria-ilegal-el-nuevo-pretexto-del-viejo-extractivismo/

Pensiones en la CCSS: Junta Directiva sólo traslada respuesta de mandos medios y el Gobierno no paga

La discusión sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suma un nuevo capítulo, tras la comunicación oficial enviada a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

1. El punto de partida: solicitud de reajuste

Mediante oficio ACSS-003-2025, la Auditoría Ciudadana solicitó:

  • Revaluar el monto básico del RNC de ¢82.000 a ¢89.626.
  • Revalorizar al menos en 1% las pensiones del IVM.
  • Ajustar el monto mínimo del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20 a partir del 1° de enero de 2026.

La solicitud se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo acumulada y en la necesidad de garantizar condiciones dignas a personas pensionadas.

2. La respuesta de la Gerencia de Pensiones

En el oficio GP-0029-2026, del 6 de enero de 2026, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza, respondió a la consulta elevada por la Junta Directiva.

Sobre el Régimen No Contributivo (RNC), la Gerencia indica que:

  • El RNC es financiado totalmente por el Estado.
  • La CCSS actúa como administradora.
  • “Hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos de las pensiones del RNC”.

Es decir, el obstáculo principal señalado es la ausencia de transferencia de recursos por parte del Gobierno.

En relación con el IVM, el oficio sostiene que cualquier revalorización requiere:

  • Estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica.
  • Consideración de la Junta Directiva.
  • Condiciones financieras favorables del régimen.

Se añade que, desde octubre de 2023, no se recomiendan nuevos aumentos debido a tasas de inflación acumuladas negativas, aunque sí se han ajustado los montos mínimos conforme al reglamento.

3. El acuerdo de la Junta Directiva

El 12 de febrero de 2026, en sesión ordinaria N.° 9582, la Junta Directiva conoció el oficio GP-0029-2026 y adoptó un acuerdo unánime:

Se limitó a instruir a la Secretaría para trasladar el oficio de la Gerencia de Pensiones a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social como respuesta.

Es decir, no tomó un acuerdo sustantivo sobre el reajuste solicitado, sino que acogió lo indicado por la Gerencia.

4. La crítica de la Auditoría Ciudadana

En su oficio ACSS-002-2026, del 17 de febrero de 2026, la Auditoría Ciudadana señala que:

  • La Junta Directiva no resolvió sobre el fondo del reajuste.
  • Se limitó a acoger lo indicado por un “mando medio” (Gerencia de Pensiones).
  • No se aportó el “criterio técnico” solicitado, sino que se remitió a la necesidad de que otro “mando medio” (Dirección Actuarial y Económica) lo elabore.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social subraya que:

  • No se informó cuál será el reajuste de la pensión mínima del IVM ni su fecha de aplicación.
  • No se adjuntaron oficios enviados al Gobierno solicitando recursos para el RNC.
  • No se presentaron estudios técnicos actualizados sobre la pérdida de poder adquisitivo.

En su petición final, la ACSS solicita que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la elaboración del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM, que no se revalora desde octubre de 2023.

5. Dos ejes centrales del conflicto

Del análisis conjunto de los documentos y antecedentes pueden identificarse dos núcleos del debate:

a) La falta de recursos del Gobierno para el RNC.
La Gerencia de Pensiones afirma que el Estado no ha girado recursos presupuestarios para aumentar el monto básico del Régimen No Contributivo. Esto coloca la discusión en el plano de la responsabilidad fiscal del Gobierno con la seguridad social.

b) La delegación en mandos medios.
La Junta Directiva, órgano superior de la institución, no adoptó una decisión política sobre el reajuste, sino que trasladó la respuesta técnica de la Gerencia. La Auditoría cuestiona que la responsabilidad se diluya entre gerencias y direcciones técnicas sin una definición clara del órgano máximo de gobierno institucional.

6. Un tema de fondo: poder adquisitivo y dignidad

En un contexto de encarecimiento de servicios básicos, medicamentos y alimentación, la discusión no es meramente técnica. Se trata de:

  • El poder adquisitivo de personas pensionadas.
  • La sostenibilidad financiera de los regímenes.
  • La responsabilidad del Estado en el financiamiento del RNC.
  • El papel de la Junta Directiva como instancia decisoria.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social insiste en que el tema no puede quedar en una cadena de remisiones entre instancias administrativas, sino que requiere decisiones claras y transparencia.

El debate sobre el reajuste de las pensiones continúa abierto.

La discusión sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suma un nuevo capítulo, tras la comunicación oficial enviada a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

  1. El punto de partida: solicitud de reajuste

Mediante oficio ACSS-003-2025, la Auditoría Ciudadana solicitó:

  • Revaluar el monto básico del RNC de ¢82.000 a ¢89.626.
  • Revalorizar al menos en 1% las pensiones del IVM.
  • Ajustar el monto mínimo del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20 a partir del 1° de enero de 2026.

La solicitud se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo acumulada y en la necesidad de garantizar condiciones dignas a personas pensionadas.

  1. La respuesta de la Gerencia de Pensiones

En el oficio GP-0029-2026, del 6 de enero de 2026, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza, respondió a la consulta elevada por la Junta Directiva.

Sobre el Régimen No Contributivo (RNC), la Gerencia indica que:

  • El RNC es financiado totalmente por el Estado.
  • La CCSS actúa como administradora.
  • “Hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos de las pensiones del RNC”.

Es decir, el obstáculo principal señalado es la ausencia de transferencia de recursos por parte del Gobierno.

En relación con el IVM, el oficio sostiene que cualquier revalorización requiere:

  • Estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica.
  • Consideración de la Junta Directiva.
  • Condiciones financieras favorables del régimen.

Se añade que, desde octubre de 2023, no se recomiendan nuevos aumentos debido a tasas de inflación acumuladas negativas, aunque sí se han ajustado los montos mínimos conforme al reglamento.

  1. El acuerdo de la Junta Directiva

El 12 de febrero de 2026, en sesión ordinaria N.° 9582, la Junta Directiva conoció el oficio GP-0029-2026 y adoptó un acuerdo unánime:

Se limitó a instruir a la Secretaría para trasladar el oficio de la Gerencia de Pensiones a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social como respuesta.

Es decir, no tomó un acuerdo sustantivo sobre el reajuste solicitado, sino que acogió lo indicado por la Gerencia.

  1. La crítica de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

En su oficio ACSS-002-2026, del 17 de febrero de 2026, la Auditoría Ciudadana señala que:

  • La Junta Directiva no resolvió sobre el fondo del reajuste.
  • Se limitó a acoger lo indicado por un “mando medio” (Gerencia de Pensiones).
  • No se aportó el “criterio técnico” solicitado, sino que se remitió a la necesidad de que otro “mando medio” (Dirección Actuarial y Económica) lo elabore.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social subraya que:

  • No se informó cuál será el reajuste de la pensión mínima del IVM ni su fecha de aplicación.
  • No se adjuntaron oficios enviados al Gobierno solicitando recursos para el RNC.
  • No se presentaron estudios técnicos actualizados sobre la pérdida de poder adquisitivo.

En su petición final, la ACSS solicita que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la elaboración del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM, que no se revalora desde octubre de 2023.

  1. Dos ejes centrales del conflicto

Del análisis conjunto de los documentos y antecedentes pueden identificarse dos núcleos del debate:

a) La falta de recursos del Gobierno para el RNC
La Gerencia de Pensiones afirma que el Estado no ha girado recursos presupuestarios para aumentar el monto básico del Régimen No Contributivo. Esto coloca la discusión en el plano de la responsabilidad fiscal del Gobierno con la seguridad social.

b) La delegación en mandos medios
La Junta Directiva, órgano superior de la institución, no adoptó una decisión política sobre el reajuste, sino que trasladó la respuesta técnica de la Gerencia. La Auditoría cuestiona que la responsabilidad se diluya entre gerencias y direcciones técnicas sin una definición clara del órgano máximo de gobierno institucional.

6. Un tema de fondo: poder adquisitivo y dignidad

En un contexto de encarecimiento de servicios básicos, medicamentos y alimentación, la discusión no es meramente técnica. Se trata de:

  • El poder adquisitivo de personas pensionadas.
  • La sostenibilidad financiera de los regímenes.
  • La responsabilidad del Estado en el financiamiento del RNC.
  • El papel de la Junta Directiva como instancia decisoria.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social insiste en que el tema no puede quedar en una cadena de remisiones entre instancias administrativas, sino que requiere decisiones claras y transparencia.

El debate sobre el reajuste de las pensiones continúa abierto.

La paradoja del modelo costarricense: luces macroeconómicas y sombras en la seguridad

JoseSo (José Solano-Saborío)

Costa Rica amanece en 2026 bajo un nuevo mandato que promete continuidad mostrando números que convencen al electorado de una realidad distorsionadamente “buena”. Tras la victoria de Laura Fernández y la mayoría suficiente en el congreso del partido taxi del chavismo tico, el país se enfrenta a un espejo estadístico que devuelve una imagen contradictoria: una economía que brilla en los indicadores de organizaciones financieras internacionales, pero que oculta profundas fracturas en su tejido social y, sobre todo, de seguridad ciudadana.

El “Milagro” de las Cifras

Hoy tuve que sacar un rato para resolver una contradicción interna, una disonancia cognitiva al revisar el folleto digital llamado “Costa Rica en Cifras 2025” del INEC, que me envió por WhatsApp mi querido amigo, Álvaro Villalobos, revela un panorama macroeconómico envidiable. El país cerró el 2024 con un crecimiento del PIB del 4,3% y, según datos recientes del Banco Central, la economía se aceleró hasta un 4,6% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por el régimen de zonas francas, las exportaciones y una recuperación vigorosa del turismo, que alcanzó los 2,9 millones de visitantes.

Más sorprendente aún es la cifra de pobreza, que se situó en un histórico 15,2%. Este descenso, el más bajo en décadas, se explica no solo por el crecimiento del ingreso per cápita (que aumentó un 10,4% en zonas urbanas), sino también por un fenómeno atípico: la deflación. Con una variación interanual del IPC de -0,4% en noviembre de 2025, el costo de la vida se mantuvo estable, permitiendo que más hogares superaran la línea de pobreza monetaria.

La Deuda Social y la Informalidad

Sin embargo, al profundizar en la letra pequeña, la realidad es más matizada. El desempleo ha bajado al 5,7% – 6,3%, pero la informalidad laboral sigue afectando a casi 4 de cada 10 trabajadores (38,3%). Además, la brecha regional es alarmante: mientras la Región Central prospera, zonas como la Brunca y la Huetar Norte presentan niveles de acceso a tecnología y servicios significativamente inferiores.

Expertos señalan que la reducción de la pobreza es frágil. La disminución en la tasa de participación laboral (personas que dejan de buscar empleo) sugiere que parte de la mejora estadística se debe a un retiro de la fuerza de trabajo, especialmente en mujeres y jóvenes.

El Talón de Aquiles: La Seguridad

El éxito económico se desvanece, en la realidad diaria de muchas personas, ante la crisis de seguridad que el gobierno actual no ha logrado contener. Aunque el compendio estadístico destaca cierto desarrollo humano (exceptuando la materia educativa), la realidad en las calles es distinta. Expertos, gremios y expresidentes han criticado la falta de recursos para la Fuerza Pública y la “pérdida de control” ante el crimen organizado.

La tasa de homicidios, que alcanzó niveles récord en 2023 (17,2 por cada 100.000 habitantes), se mantiene como la principal preocupación ciudadana.

La violencia en centros educativos, con más de 25.000 casos reportados, refleja un deterioro en la convivencia social.

Perspectivas para el Nuevo Gobierno

El gobierno “reelecto” (en términos de línea política) recibe un país con una base fiscal sólida y un déficit contenido, pero con una ciudadanía que demanda resultados más allá de los números del Banco Central.

La política pública debe dar un giro desde la estabilidad macro hacia la seguridad humana. No basta con atraer inversión extranjera si no se traduce en empleo formal en las periferias. La continuidad de Laura Fernández enfrentará el desafío de demostrar que el modelo costarricense puede ser eficiente económicamente sin sacrificar la paz social que históricamente definió a la nación. Sin una estrategia clara contra el narcotráfico y la exclusión regional, las luces del 2025 podrían convertirse en las sombras del mañana.

Por último, durante esta auto obligada reflexión de las cifras del mencionado documento, se me vinieron a la mente varios hechos inexplicables de la presente administración, como el traslado de la Academia de la Policía Naval a una zona sin mar, el cierre de delegaciones de la Policía en puntos navales estratégicos por donde circula mucha droga y el retiro de la Policía de Control de Drogas PCD, en aeropuertos y fronteras; que me condujeron a una obligada pregunta:

¿Este será un reto que el continuismo querrá o podrá asumir?…

Por la Vida y la Justicia

Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios
”.
Mateo. 5:9

La solidaridad
es la ternura
de los pueblos”

José Martí.

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, levanta su voz con espíritu cristiano y corazón solidario, ante la difícil situación que vive el pueblo cubano como consecuencia del bloqueo (embargo) impuesto por los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al asedio energético y financiero que afecta la vida cotidiana de millones de personas.

Como iglesia del Señor, hablamos desde el Evangelio de Jesucristo, que nos llama a amar al prójimo y a defender la dignidad humana. Cuando falta la energía eléctrica en hospitales y hogares, cuando se dificultan las transacciones financieras para adquirir medicinas, alimentos o combustible, no estamos hablando de cifras ni de discursos, estamos hablando de familias, de personas mayores, de niños y niñas que sufren, entre muchos otros aspectos.

La Palabra de Dios nos recuerda: “Aprended a hacer el bien; buscad la justicia, socorred al oprimido” Isaías. 1:17. Hoy entendemos que buscar la justicia también implica denunciar aquellas medidas que, directa o indirectamente, incrementan el sufrimiento de los pueblos. Ninguna nación debería ver limitada su capacidad de acceder a recursos básicos que garantizan la vida y el bienestar de su gente.

El asedio energético afecta la producción, el transporte, los servicios de salud y la educación, entre otras cosas. El cerco financiero dificulta pagos internacionales, compras esenciales y cooperación humanitaria. Estas realidades no son abstractas; tienen rostro humano. Y el Evangelio siempre tiene una palabra cuando la dignidad humana es puesta en riesgo.

Recordamos también el testimonio de la iglesia primitiva: “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas” Hechos. 2:44. El espíritu cristiano es un espíritu de compartir, de acompañar, de tender la mano, no de cerrar puertas. El apóstol Pablo exhorta: “No se trata de que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que haya igualdad” 2 Corintios. 8:13-14. Esa igualdad comienza con condiciones justas que permitan a cada pueblo desarrollarse sin cargas desproporcionadas.

Como Iglesia Metodista Wesleyana en Costa Rica, expresamos nuestra solidaridad fraterna con el pueblo cubano, especialmente con las iglesias y comunidades de fe que continúan sirviendo en medio de la adversidad.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para promover caminos de diálogo, respeto mutuo y soluciones pacíficas.

Invitamos a las congregaciones a orar por Cuba y por todos los gobernantes, para que Dios conceda sabiduría y espíritu de reconciliación.

Reafirmamos que toda política debe poner en el centro la vida humana y el bienestar de los más vulnerables.

Creemos en un Dios de justicia y misericordia. Creemos que los muros pueden caer y que los conflictos pueden transformarse en oportunidades de encuentro. Creemos que la paz no es debilidad, sino valentía.

Que el Señor nos encuentre del lado de la compasión, del lado del diálogo, del lado de la vida.

Él te ha declarado lo que es bueno:
hacer justicia, amar misericordia…
Miqueas. 6:8.

Rev. Nidia Fonseca Rivera
Presidenta IMWC

Rev. José A. Amesty Rivera
Vice-Presidente IMWC

20 febrero, 2026

Defensoría pidió cuentas sobre acciones país para la prevención de la corrupción

La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, como ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.

Recientemente, se dieron conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial y Costa Rica bajo dos puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 58 a 56 puntos, con lo cual se aleja del promedio de “democracias plenas” en el mundo (73 puntos); también se distancia del país con mejor puntaje en la región como lo es Uruguay; del promedio de países de la OCDE (64) y de la mejor puntuación nacional desde que se mide este índice (59 puntos en el año 2017), ocupando un décimo legar a nivel de América Latina.

La Defensoría de los Habitantes consultó a la cartera de Justicia si ya se cuenta con el marco estratégico de la política, incluyendo metas e indicadores; si ya se dispone del modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y revisado por los actores competentes, tal y como estaba programado; y, si se cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. Otros puntos de los cuales se requirió información son los niveles de avance tanto del plan de acción como del sistema de gestión de riesgo, y la fecha estimada para su conclusión. Igualmente, los resultados que se han obtenido en cuanto a compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción, sanciones, entre otros aspectos.

Finalmente, la Defensoría requirió al rector del ramo informar sobre la atención de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción, entre ellas el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales y oficinas descentralizadas del sector público, acciones para evitar el conflicto de interés en actividades del Estado, creación de registros de lobistas y promoción de auditorías ciudadanas, entre otras aspiraciones planteadas en la planificación cuatrienal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

IX Encuentro Binacional de Artesanías, Cultura y Turismo 2026 fortalecerá la integración entre Costa Rica y Panamá

Del 28 al 30 de marzo de 2026 se llevará a cabo el IX Encuentro Binacional de Artesanías, Cultura y Turismo, una iniciativa que durante más de nueve años ha consolidado un espacio de integración, identidad cultural y fortalecimiento económico entre comunidades fronterizas de Costa Rica y Panamá.

El evento reunirá a más de 100 expositores de productos artesanales, turísticos y emprendimientos diversos, provenientes del cantón de Corredores y cantones vecinos en Costa Rica, así como de la provincia de Chiriquí, cuya sede anfitriona este año será el distrito de Barú.

Según el comunicado enviado a SURCOS, el encuentro promueve la participación de agrupaciones folclóricas, artesanas, gestores culturales e invitados especiales, con el propósito de fortalecer las tradiciones culturales y dinamizar la economía local en la región binacional.

Charlas, talleres y promoción digital

La programación contempla:

  • Charlas sobre producto turístico, hábitos empresariales y raíces del folclore panameño y costarricense.

  • Talleres de manualidades.

  • Concurso de trajes típicos y sombreros.

  • Actividades culturales abiertas al público.

  • Premios para visitantes y generación de base de datos para promoción de productos.

  • Transmisión en cadenas nacionales y televisión local.

  • Cobertura en redes sociales y transmisión en vivo mediante plataformas digitales.

Los organizadores informaron que expertos realizarán transmisiones en vivo y entrevistas disponibles en su canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=4siTsJrJeBw

El evento cuenta con la colaboración de Grupo Colosal TV y Radio del Cantón de Corredores, Tienda Online, el Grupo de Mujeres Emprendedoras Manos de Dos Pueblos y diversos aliados estratégicos.

Una feria con proyección comercial

El comunicado explica que una feria de este tipo constituye un mercado de mayor relevancia que el común, organizado en espacio público para la promoción y venta de productos elaborados con fines comerciales, buscando establecer acuerdos con compradores directos y negociantes.

Los organizadores extendieron invitación a empresarios y municipios de Barú y Renacimiento (Chiriquí, Panamá), así como de Coto Brus y Corredores (Costa Rica), para sumarse a la actividad.

Trayectoria organizativa

ASOGUITU y la revista digital Arte y Cultura Binacional, organizadores del encuentro, han impulsado durante nueve años consecutivos este tipo de actividades culturales y comerciales. Desde 2019 han documentado los eventos a través de su canal de YouTube, consolidando una experiencia sostenida en la articulación cultural fronteriza.

Las personas interesadas pueden obtener más información mediante el correo:
encuentrobinacional2019@gmail.com

La cuestión cubana desde la óptica del humanismo

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introito

Durante décadas, una abrumadora mayoría de países de todos los continentes ha votado en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo poner fin al embargo estadounidense contra Cuba. No obstante, Estados Unidos se ha mostrado irreductible y cada vez, pone oídos sordos a la casi totalidad de las naciones del mundo, ha interpuesto el poder de veto en las Naciones Unidas, para sabotear el levantamiento del embargo. Tal pode de veto únicamente lo poseen cinco poderosas naciones de la Tierra. Así las cosas, el poderoso imperio del norte americano, mantiene el arbitrario y cruel bloqueo económico con el que ha pretendido, hasta ahora con infertilidad, someter a Cuba bajo su égida. No lo ha conseguido y cada vez se desprestigia más ante los ojos del mundo, su causa imperial.

O sea que, las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas están llenas de un altísimo valor moral y político; pero desdichadamente no son jurídicamente vinculantes.

Con toda seguridad, el actual bloqueo que ha puesto el acento en el impedimento de la entrada de petróleo a Cuba es el más duro de todos, dada la ideología oscurantista del presidente Trump y su espíritu belicista e inhumano. Para Washington el bloqueo funciona, además, como un instrumento de presión política, un símbolo de oposición al modelo cubano, para que surta efecto negativo principalmente sobre los países de América Latina; es una señal hacia otros gobiernos considerados hostiles contra los EE. UU. De ahí que, su eficacia real es discutible, pero sigue teniendo un valor estratégico.

Impacto humanitario

Desde el punto de vista ético y humanitario, el bloqueo afecta principalmente a la población civil, ya que dificulta el acceso a medicamentos, a financiamiento y a la necesidad de obtener alta tecnología. Por lo tanto, el bloqueo limita directamente el desarrollo económico. Es por todas estas razones, que millones de personas en todo el mundo consideran que, el bloqueo contra Cuba es incompatible con los principios de derechos humanos que los Estados Unidos dice defender: una clara contradicción del gobierno estadounidense entre el discurso y su práctica histórica.

Desde una mirada racional y democrática, el mundo pide mayoritariamente el fin del bloqueo, pues como se dijo no ha conseguido los objetivos políticos que se ha propuesto, y más bien aísla moralmente a los EE. UU. Aunque, sí a provocado daños sociales contra la población cubana en general, en especial contra la población de ancianos, personas enfermas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, amén de la niñez. Sin embargo, esa política con toda su crueldad y daño social producido es la que pesa más debido a que la política interna y los intereses estratégicos en particular del gobierno de Trump poseen mucho mayor importancia en el balance interno de la política estadounidense que, el consenso internacional.

Un poco de historia en torno a la política exterior de los EE. UU en América Latina

Es algo sorprendente, desde que los Estados Unidos alcanzó su libertad frente al Imperio colonial británico, en 1776, la nación del norte de América ha invadido o intervenido militarmente en más de cien ocasiones a otros países o territorios fuera de sus fronteras.

Es muy importante observar que antes del comunismo y de Karl Marx, ya los estadounidenses le habían arrebatado a su vecino México, más de la mitad de su actual territorio, entre 1846 y 1848. Nicaragua fue invadida en el siglo XIX, Haití en 1915, Filipinas en 1898, Panamá en 1903 y años subsiguientes, así como los países del Caribe y Centroamérica repetidamente durante el siglo XX. Es decir, el expansionismo estadounidense precede al socialismo y al marxismo. Quiere decir que, la ambición de los EE. UU por extender su imperio por todo el mundo, no nace como una lucha contra el comunismo, sino como una política imperial temprana. Cualquiera que sepa algo de historia reconoce esta realidad palmariamente.

Entre los siglos XX y XXI los Estados Unidos ha intervenido de forma directa o indirecta en América Latina, en casi toda la región. Intervenciones militares directas se produjeron en ese transcurso en México, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Panamá y Granada. Mediante golpes y desestabilizaciones la historia del subcontinente latino registra los siguientes países: Guatemala 1954, Chile 1973, Brasil 1964, Argentina 1976, Bolivia más recientemente, Honduras 2009 y Venezuela en varias ocasiones. La última fue la que se acaba de producir en enero de este año. O sea, más de 20 países latinoamericanos se han visto afectados directa o indirectamente por la política imperial estadounidense. En otras palabras, América Latina ha sido conocida como zona de influencia de Los Estados Unidos o como se le llama también despectivamente “su patio trasero”.

La compleja relación de los Estados Unidos con Cuba. ¿Por qué el bloqueo y la invasión?

Desde mi óptica hay cuatro razones principales:

a) La primera estriba en que, desde los inicios del siglo pasado, los gobiernos de Los Estados Unidos consideraron el Caribe como “el mare Nostrum”, un espacio estratégico en su política de desplazar a las potencias europeas de América Latina, tarea que comenzó en realidad, desde mediados del siglo XIX. A la primera independencia de Cuba del colonialismo español, los Estados Unidos hicieron su aporte completamente interesado político, militar y económico. Esta fase culminó con la guerra “hispano estadounidense de 1898, en que Estados Unidos salió victorioso. Como lo acabo de afirmar, su aporte no fue de gratis, sirvió para que en adelante se inmiscuyera dentro de la Isla antillana, un tutelaje a la naciente República mediante la famosa “Enmienda Platt”. Por medio de este “tratado”, los estadounidenses obligan a que la Enmienda se introduzca plenamente en la Constitución cubana, otorgándole al imperio la potestad de intervenir militarmente en la Isla, e inclusive crearon bases navales, como la que todavía mantienen en Guantánamo.

b) La Revolución Cubana de 1959. Cuba llevó adelante tras el triunfo revolucionario de 1959, una reforma en lo político, jurídico, económico y militar de gran calado:

– nacionalizó empresas extranjeras propiedad de inversionistas estadounidenses, Cuba rompió los lazos de dependencia que la ataban a los EE. UU y abrió el camino para consolidar una verdadera independencia del gobierno del Norte imperial. Todas estas políticas quebrantaron las relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países, puesto que Washington intentó proteger por todos los medios, los poderosos intereses de las grandes empresas estadounidenses frente a las medidas expropiatorias por parte del gobierno revolucionario.

c) La Invasión de Bahía de Cochinos. Con el propósito de apoyar a la contrarrevolución de los cubanos que habían migrado a Miami huyendo de la Revolución, la CIA estadounidense, preparó una invasión de carácter militar, entrenando y avituallando a las tropas, dándoles armamento y apoyándolos con la aviación. En principio, todo el plan fue aprobado por el gobierno del “demócrata” John F: Kennedy, pese a que en el último momento restringió en gran medida la aviación con la que se pensaba bombardear la Isla. Cuba siempre fue bombardeada, pero no en la intensidad con la que, originalmente se había comprometido Kennedy. La invasión de Bahía de Cochinos terminó en un fracaso total para la contrarrevolución de los cubanos de Miami y para el propio gobierno de los EE. UU.

d) El bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Con el bloqueo se pretendía desanimar a la población de la Isla y provocar una rebelión interna. Esto fue reconocido por documentos oficiales desclasificados de la CIA de los Estados Unidos.

Hoy el bloqueo impuesto por Trump se concentra con prioridad en impedir el ingreso de petróleo, con lo que, Cuba se encuentra seriamente desabastecida para alimentar la flotilla vehicular, se ha paralizado gran parte de la industria, los hospitales y la población está experimentando una gran escasez, privación de medicinas, ropa, alimentos, etc. El golpe principal se ha orientado a paralizar el Transporte, la Electricidad, los Hospitales y la producción; una forma moderna de asfixia económica inhumana porque está afectando a la población civil, antes que nada.

Conclusión

El castigo que desde principios de los sesenta la ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, por todo lo expresado no es únicamente contra el gobierno, es contra toda la población. Por lo consiguiente, aunque es un tema ideológico, es por encima de todo una cuestión humanitaria.

No obstante, todo el inmenso historial represivo e inhumano de los Estados Unidos, desde que adquirió el estatus de República al independizarse del imperio colonial británico en 1776, hay todavía gente que se atreve a proponer con cinismo que, la culpa de todos los efectos ampliamente demostrados del bloqueo contra el pueblo y el gobierno de Cuba no proviene únicamente de los diferentes gobiernos estadounidenses, sino que es responsabilidad del régimen cubano.

Se pretende de esta manera como se dice coloquialmente, “tapar el sol con un dedo”, lo que como sabemos solo le ocurre a la persona que interpone su dedo entre sí misma y el astro que nos ilumina y nos da calor. Absolutamente a nadie más que esté dispuesto a conocer la verdad del magnicidio que se viene cometiendo contra Cuba y que hoy endurece el desgobierno de Trump, se le puede engañar.

Pregunto, solo para efecto de demostración, cuántos países que tengan el tamaño y una población parecida a los 11 millones de personas que habitan la Isla cubana, podrían soportar un embargo tan cruel y avasallador como el que desde la década sesenta del siglo pasado, viene imponiendo el gobierno estadounidense. ¿Alguno lo podría soportar? Aún más, ¿Cuántos países podrían mantenerse de pie, y con la dignidad que ha tenido el pueblo cubano ante una intervención tan intensa e inhumana como la que perpetra Trump contra Cuba?

Debe tenerse presente además que, el intervencionismo estadounidense alcanza hoy, aparte de Cuba, a todo aquel país, sea el que sea, que intente auxiliar a la Isla proporcionándole petróleo, medicamentos, comida, ropa y un largo etcétera. Al país que haya deseado brindar solidaridad a Cuba, se le recetan castigos económicos, y puede ser que hasta de carácter militar. O sea, que Trump y sus acompañantes oligarcas, con harta irresponsabilidad frente a toda la humanidad estarían dispuestos a desatar una guerra de carácter universal, si la ayuda proviniese de una potencia como China o Rusia. Ya Trump ha lanzado estas amenazas contra China, Rusia, México y la misma Venezuela. La humanidad decide a quien le brinda solidaridad.

Comunidades y ecologistas alertan por impactos socioambientales del Festival Envision en Osa

  • Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento

Desde hace aproximadamente una década el año 2011 se realiza en la comunidad de Uvita de Osa, dentro de una finca privada que fue parte del Refugio de Vida Silvestre Rancho La Merced, el Festival Internacional Envision, evento que ha convocado en sus ediciones anteriores a más de 7.000 personas, duplicando la población residente del distrito durante varios días.

La magnitud del festival genera una sobrecarga crítica de los servicios públicos y de emergencia, obligando al desplazamiento de personal adicional de la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, servicios hospitalarios, tránsito y cuerpos policiales desde otras localidades. Esta presión supera las capacidades institucionales de un cantón que ya enfrenta limitaciones estructurales para atender a su población regular.

El festival se desarrolla en una zona ambientalmente sensible, ubicada dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta, estratégica para la conectividad ecológica, el tránsito de fauna silvestre y la conservación de ecosistemas. La contaminación lumínica y sonora, el tránsito vehicular masivo y la actividad continua las 24 horas generan afectaciones directas a la fauna, particularmente a aves migratorias que utilizan la zona como corredor y sitio de anidación, así como a playas cercanas que funcionan como áreas de anidación de tortugas marinas.

Estos impactos han sido señalados por el Centro de Rescate Alturas, el único centro de rescate de vida silvestre de la región, que ofreció al festival realizar una evaluación de impacto ambiental in situ y proponer medidas de sostenibilidad. Dicha propuesta no fue aceptada por la organización del evento.

Otra preocupación central es el manejo de residuos, que excede ampliamente la capacidad del cantón, el cual no cuenta siquiera con un diagnóstico y Plan de Manejo integral de su problemática de residuos sólidos. Esta situación se agrava por la cercanía con el Parque Nacional Marino Ballena, el tercer parque nacional más visitado del país, cuya alta visitación coincide con la realización del festival.

Asimismo, se han identificado riesgos sanitarios asociados al uso de servicios sanitarios móviles, cuyos procesos de limpieza y desinfección implican el uso de químicos que dejan residuos en el entorno. Existen además sospechas fundadas de que parte del evento se desarrolla sobre patrimonio natural del Estado y de que algunas construcciones afectan áreas de protección de cuerpos de agua, lo que explicaría cuestionamientos recientes en torno a la no otorgación de permisos, para su realización el año 2025.

En el plano social, la comunidad denuncia un incremento de problemáticas como robos, tráfico y consumo de drogas, contrabando y hechos violentos, incluyendo antecedentes de intoxicaciones graves y muertes. El Hospital Tomás Casas, único centro hospitalario de la región, ha visto incrementada su demanda por emergencias asociadas al evento, principalmente por consumo de drogas.

Vecino y vecinas han señalado “la falta de control migratorio y laboral, así como la presencia de personas menores de edad realizando trabajos en un entorno donde se expenden alcohol y drogas, en contravención de la legislación nacional”. También se señala una dinámica de apropiación cultural, mediante el uso de prácticas y sustancias asociadas a espiritualidades de pueblos originarios fuera de su contexto cultural, reducidas a una lógica de “fiesta psicodélica”.

Desde la comunidad se cuestiona además la exclusión del público nacional, dado que en ediciones recientes el festival ofreció alrededor de 7.000 entradas para público internacional y apenas unas 400 para personas nacionales, reforzando una lógica elitista y desconectada del territorio.

Ecologistas y las personas habitantes de la zona manifiestan una profunda preocupación por el acceso al agua potable, un servicio que ya se suspende de forma recurrente por horas en distintas comunidades debido a la presión inmobiliaria y a la fragilidad del sistema. La realización del festival incrementa esta presión, en un contexto donde incluso se ha denunciado el apoyo institucional sin consulta comunitaria, incluyendo la participación de la ASADA local y de algunas organizaciones nacionales e internacionales. La demanda de agua potable se multiplicaría por tres durante la semana del evento.

Las comunidades de Osa reiteran que este festival no representa un beneficio económico real, en una zona que ya es altamente visitada turísticamente, y llaman a las autoridades a evaluar integralmente los impactos socioambientales, sanitarios y culturales del evento, priorizando la protección de los ecosistemas, los derechos de las comunidades locales y la capacidad real del territorio.

Finalmente, preocupa el apoyo institucional y de algunas organizaciones sin consulta a la comunidad, incluyendo ONGs nacionales e internacionales que se presentan como aliadas en temas ambientales y de residuos. Incluso la última ha sido cuestionadas por el verdadero impacto de sus acciones y por sus alianzas con asociaciones de desarrollo y gobiernos locales en la administración de proyectos en la zona marítimo-terrestre.

Adicionalmente, las comunidades señalan que actualmente existe una solicitud de cancelación de permisos presentada ante la Municipalidad, así como la suspensión reciente de un taller convocado por el ICT para la participación ciudadana en el Plan Regulador Costero. Dicha suspensión fue solicitada por autoridades municipales bajo el argumento de que el festival era prioritario para la comunidad y que el taller tendría baja participación. Esta decisión evidencia una priorización de una actividad privada, cuyos beneficios se concentran en inversionistas privados, por encima de procesos de planificación y desarrollo comunitario fundamentales para el territorio.

  • Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento con base en el PRINCIPIO PRECAUTORIO, ya que no existe certeza sobre la magnitud del daño ambiental que podría generar, ni sobre si invade el área de protección de un cuerpo de agua o si se ubica dentro de Patrimonio Natural del Estado.

  • Se recuerda a estas instituciones su deber de EVITAR que situaciones de daño ambiental deriven en consecuencias ulteriores, lo cual solo puede garantizarse mediante una MEDIDA CAUTELAR, tal como ocurrió el año anterior, cuando la anterior Fiscalía Ambiental de Osa intervino e impidió la realización de este festival.

  • Asimismo, cuestionamos a las instituciones responsables para que rindan cuentas sobre el cambio de criterios que este año permite su realización.

Firman:

BLOQUE VERDE
BLOQUE AZUL
FEDERACIÓN ECOLOGISTA
APREFLOFAS
COSTA RICA POR LOS OCEANOS

Gandoca-Manzanillo: entre la denuncia ciudadana y la respuesta del Estado

La primera entrega de esta serie planteó que lo que está en juego en Gandoca-Manzanillo no es únicamente la protección de un humedal o la legalidad de determinadas construcciones, sino el Estado de derecho ambiental. En esta segunda parte conviene observar con más detalle el intercambio documental entre ciudadanía organizada y autoridades, pues allí se revela un patrón que merece atención.

Los oficios remitidos por el ciudadano Marco Levy a las autoridades ambientales plantean inquietudes concretas sobre ocupaciones, cambios de uso de suelo y actuaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Las respuestas oficiales del SINAC-ACLAC, si bien reconocen la recepción de consultas y denuncias, se ubican principalmente en el plano procedimental: informan sobre trámites, competencias y eventuales procesos administrativos, pero no disipan del todo la preocupación central sobre la eficacia del control en territorio.

La brecha entre norma y realidad

Gandoca-Manzanillo es un área silvestre protegida con un régimen jurídico específico. La legislación ambiental costarricense establece límites claros respecto a uso del suelo, protección de humedales, zonas marítimo-terrestres y áreas de especial fragilidad ecológica. Sin embargo, la discusión pública no gira únicamente en torno a lo que dice la norma, sino a si esta se cumple de manera efectiva.

Los documentos intercambiados muestran una constante: la ciudadanía insiste en la necesidad de acciones concretas frente a situaciones que considera irregulares, mientras que la institucionalidad responde dentro de los márgenes administrativos formales. Esta dinámica abre una pregunta inevitable:
¿es suficiente el cumplimiento formal de procedimientos cuando se trata de proteger ecosistemas estratégicos?

El rol de la denuncia ciudadana

Un elemento clave en esta controversia es el papel de la denuncia ciudadana. Las comunicaciones enviadas a las autoridades no surgen de un conflicto aislado, sino de una vigilancia constante sobre el territorio. Esto indica que el control ambiental en Gandoca-Manzanillo no depende exclusivamente de la capacidad institucional, sino también de la acción de personas y organizaciones que documentan, consultan y exigen respuestas.

En términos democráticos, esto es saludable: la participación ciudadana fortalece la transparencia. No obstante, también evidencia una fragilidad estructural: cuando la protección ambiental descansa en gran medida en la presión pública, se revela una posible insuficiencia en los mecanismos ordinarios de fiscalización.

Respuestas institucionales y límites operativos

Las respuestas de SINAC-ACLAC tienden a delimitar competencias, señalar procesos en curso o explicar el estado de determinados expedientes. Desde una perspectiva administrativa, esto puede considerarse adecuado. Sin embargo, desde una perspectiva ambiental estratégica, el problema es más amplio: la protección de un refugio no puede analizarse caso por caso sin observar el patrón general.

Cuando las denuncias se repiten y se concentran en una misma zona, la discusión deja de ser puntual y se convierte en estructural. La cuestión ya no es únicamente si un trámite está en regla, sino si el modelo de gestión del área protegida está siendo capaz de prevenir la degradación progresiva del ecosistema.

Más que un conflicto local

Gandoca-Manzanillo es uno de los refugios más emblemáticos del Caribe sur. Allí convergen biodiversidad, intereses económicos, presiones inmobiliarias y comunidades históricas. Lo que sucede en ese territorio tiene implicaciones que trascienden lo local: pone a prueba la coherencia del país con su propia narrativa ambiental.

Costa Rica ha construido una reputación internacional como nación defensora de la biodiversidad. Esa reputación descansa no solo en discursos, sino en la capacidad real de hacer cumplir la ley, incluso cuando existen intereses económicos o presiones políticas.

La pregunta de fondo

La secuencia de denuncias y respuestas deja planteada una interrogante central:
¿estamos ante una suma de casos aislados o ante un patrón que exige una revisión más profunda del modelo de gobernanza del refugio?

Responder a esa pregunta requiere algo más que intercambios epistolares. Requiere auditoría ambiental efectiva, transparencia en los expedientes, acceso público a la información y una evaluación independiente del estado actual del área protegida.

Si el Estado de derecho ambiental es el marco, la prueba concreta se encuentra en la capacidad de actuar con firmeza cuando los límites legales son puestos a prueba.

Esta serie continuará examinando los distintos componentes jurídicos, institucionales y territoriales que configuran la situación en Gandoca-Manzanillo.


Las imágenes que circulan en redes —como la camiones cargados con troncos transitando por vía pública— colocan el debate de la extracción de recursos de áreas protegidas en un terreno concreto: no se trata solo de interpretaciones jurídicas, sino de hechos materiales cuya fiscalización y legalidad deben ser plenamente transparentes ante la ciudadanía.