Este miércoles 18 de febrero tendremos el programa:
Expresiones de la institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá
Con la participación de:
María Fernanda Hernández Valverde, Kembly Dayana Ulate Rojas, Abigail Lacayo Zúñiga y Evelyn Loaiza Romero.
Expresiones de la institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá es un Trabajo Final de Graduación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, que analiza la presencia y acción de la institucionalidad social en este territorio durante el período 2018–2023.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
La Universidad de Costa Rica votó en la sesión N°6967, un acuerdo (CU-160-2025) frente al proyecto de ley denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Expediente n.º 24.717, actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.
Luego de un análisis integral solicitado por la Asamblea Legislativa la Universidad de Costa Rica por medio del Consejo Universitario concluye que la iniciativa presenta debilidades estructurales, riesgos ambientales, sociales, institucionales y jurídicos, y que no constituye una respuesta adecuada ni efectiva al problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.
El proceso de análisis incorporó criterios de diversas instancias universitarias, entre ellas el Programa Kioscos Socioambientales, la Escuela Centroamericana de Geología, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.
Desde el Programa Kioscos Socioambientales se advierte que el proyecto de ley parte de una base profundamente problemática. En su criterio institucional se señala de forma expresa que existe una “ausencia de diagnóstico serio y contextual”, ya que “el proyecto ignora los antecedentes históricos de minería metálica en Costa Rica, como los casos de Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales”. Además, se indica que “no se analiza por qué han fallado sistemáticamente los proyectos mineros en el país, ni se ofrece una evaluación realista de la minería ilegal actual”.
Kioscos Socioambientales también alerta sobre la desproporción territorial que introduce la iniciativa, al señalar que “el proyecto propone abrir más de 849 km² a la exploración y explotación minera, cuando los estudios oficiales indican que el área afectada por minería ilegal representa menos del 1 % del distrito”, lo cual “sugiere que el objetivo no es la remediación ambiental, sino la legalización de una expansión minera a gran escala bajo un régimen de excepción”.
Asimismo, el programa advierte que la propuesta legislativa no enfrenta las causas estructurales de la minería ilegal y, por el contrario, podría agravarlas. En ese sentido, se señala que “legalizar la minería sin una estrategia de seguridad efectiva podría legitimar estructuras delictivas y aumentar la violencia en territorios fronterizos”, en un contexto donde “existen vínculos documentados entre minería ilegal, narcotráfico y crimen organizado”.
Por su parte, la Escuela Centroamericana de Geología realizó observaciones técnicas de fondo al proyecto, señalando que legislar de manera parcial una actividad compleja como la minería constituye un error reiterado. En su análisis se afirma que “legislar parcialmente para una actividad compleja como la minería no es razonable”, y que resulta necesario un abordaje integral del Código de Minería para todo el territorio nacional.
La Escuela también cuestiona el uso del concepto de minería sostenible en el proyecto, indicando que “es extraña esa mezcla conceptual que se contrapone”, ya que la minería implica necesariamente el agotamiento del recurso, y que los posibles beneficios económicos no pueden justificar la ausencia de una regulación robusta y coherente.
En relación con el mecanismo de concesión, la Escuela de Geología es enfática al señalar que “solo tomar el royalty como base de puja no es aceptable”, y que “se debería evaluar la totalidad del proyecto minero propuesto”, incorporando aspectos como la gestión de residuos, los impactos ambientales, las medidas de cierre técnico, la relación con las comunidades y la remediación de los daños existentes.
En ese mismo sentido, se advierte que una lógica puramente económica resulta insuficiente, ya que “el proceso debe valorar también los componentes ambientales y sociales dentro de un estudio de factibilidad integral”. Se señala además que “la experiencia internacional demuestra que es posible diseñar concursos más equilibrados”.
La Escuela también critica que el artículo 9 obligue a entregar toda la información de exploración a la Dirección de Geología y Minas para incluirla en futuras subastas, lo cual refleja un desconocimiento de cómo funciona la industria minera, dado que la exploración constituye una inversión estratégica que no debería ser de acceso público inmediato.
De forma contundente, la Escuela concluye que “el proyecto de ley es otro esfuerzo más que presenta propuestas similares a otros anteriores para regular la minería en Crucitas”, y que no contribuye a frenar la minería ilegal, sino que “incita a la minería ilegal, similar a la existente en la actualidad en Crucitas”.
A estas observaciones se suman los señalamientos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que advierte que la propuesta “no constituye una estrategia efectiva para mitigar los efectos de la minería ilegal” y que “se requiere una reforma sustantiva que priorice la sostenibilidad, la protección ambiental y la salud pública”, en lugar de limitarse a la legalización de la minería a cielo abierto sin controles adecuados. Además, se advierte “la ausencia de un estudio socioeconómico que respalde técnicamente la declaratoria propuesta en el proyecto de ley”.
Finalmente, la Escuela de Salud Ambiental señala que “La minería es una de las actividades laborales con mayor impacto en la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades. Estos efectos pueden ser de carácter físico, biológico y químico, y en muchos casos se manifiestan a largo plazo, lo que dificulta su comprensión clínica y epidemiológica. Si bien Costa Rica cuenta con un marco normativo e institucional en materia de salud ambiental, persiste una brecha significativa entre la normativa existente y su aplicación práctica”.
Acuerdo final
Con base en el análisis institucional realizado, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acuerda:“ Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, que la Universidad de Costa Rica recomienda no aprobar el proyecto denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Ley n.° 6797 del 4 de octubre de 1982, Expediente n.º 24.717, por las observaciones señaladas en el considerando 5.”
Asimismo, la Universidad de Costa Rica manifiesta que “queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Flor de favor nos hizo a los salvadoreños el profesor Lara-Martínez al imposibilitar que siguiéramos presumiendo alegremente por el mundo que el sobrenombre con que se conoce a nuestro pequeño país — el pulgarcito de América — fue un chispazo de admiración de Gabriela Mistral. Mediante una investigación meticulosa comprobó que el pegajoso alias fue inventado por el salvadoreño Julio Enrique Ávila (1892-1968), un escritor olvidado (borrado, lo llama) que tuvo su apogeo en la primera mitad del siglo 20 y cuya obra recibió sonoros elogios de Mistral, Miguel de Unamuno, José Santos Chocano, Juan Ramon Jiménez, Enrique Gómez Carrillo, entre otros. El origen de la confusión habría sido el poeta y revolucionario Roque Dalton (1935-1975) que abrió Las historias prohibidas del pulgarcito, una de sus obras más conocidas publicada poco después de que fuera ejecutado por sus propios compañeros de la guerrilla, con un epígrafe en el que atribuyó la frase a la Nobel chilena (quien, por cierto, no fue santa de su devoción).
Lara-Martínez discute por qué y para qué pudo Dalton haber cometido este “error”, así como la relevancia de esclarecer el asunto. Descarta que Dalton se haya equivocado, desconociera la autoría de la frase o la obra de Ávila, a la que alude en varias partes sin citarla. Considera que la cuestión es parte de un “juego roqueano” emprendido por motivaciones literarias, generacionales y políticas, que pone de manifiesto la crítica avasalladora y el humor corrosivo que la Generación Comprometida de jóvenes poetas que Dalton encabezó, le aplicó a casi toda la literatura producida en el país antes de ellos. El error de Roque, para decirlo en mis palabras, es un guiño de ojo para iniciados.
2.
Ávila comenzó El mundo de mi jardín, una de sus obras más emblemáticas, publicada en 1927, con una confesión:
Ahora soy jardinero. En la anochecida… me encuentro encorvado todavía, auscultando los rosales… En este mundo diminuto de mi jardín campestre, soy médico y sacerdote. Con amor voy palpando los miembros heridos o marchitos; voy sanando dolencias misteriosas, dolores perfumados… Ahora que soy jardinero, he ahondado la misión del poeta. La misión del poeta es ésa: ser jardinero! Quien pudiera ser jardinero de la humanidad!
Cuarenta años más tarde Dalton comentó este pronunciamiento en boca de uno de los “poetas blasfemos” de su generación que hacen “pachanga verbal” en Pobrecito poeta que era yo:
¿Para qué el ´por qué´? No puedo deletrear el mensaje. ¿Viene de muy hondo? No lo sé. El ramo de flores que habla: la incoherencia es la abejita que chupa y chupa, ¿eh? La misión del poeta es esa, bobo: ser jardinero. No le busques más filos.
Ávila fue un innovador en las letras hispanas, algunos lo consideran precursor del microcuento: “El desierto: He aquí un Mar que murió de sed.” Sin embargo, para Dalton su estilo era pomposo y grandilocuente, encarnaba un “preciosismo abstracto” desinteresado de la realidad del país que a él lo obsesionaba. Ávila no fue costumbrista ni nacionalista: en su obra literaria no habló de El Salvador (cosa que obviamente hizo en su obra ensayística) ni de ningún otro país. Es posible que, dadas estas características de la obra avileña y en sintonía con su temperamento bromista y molestón –odioso, dicen algunos—, Dalton haya borrado a Ávila “por-joder”, concepto que un personaje que cita con admiración asegura es fuerza motriz de la historia del país. Pero la motivación principal fue política.
En su ensayo monográfico sobre El Salvador, Dalton acometió contra “los escritores de la burguesía que han acuñado para El Salvador el ridículo término de ´pulgarcito de América´” con fines propagandísticos y de encubrimiento de la realidad. Observemos que Ávila no fue un escritor de la burguesía sino un burgués escritor, un poeta rico, un miembro de la élite económica que escribía. Graduado en 1912 como Doctor en Química y Ciencias Naturales, fue propietario de droguerías y almacenes, y docente y decano de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. Introdujo el cultivo del henequén en tierras de su propiedad y en 1932 fundó la primera fábrica de sacos para empacar productos de exportación. “Este paso de Ávila”, remarca una biografía, “no sólo tuvo un impacto en lo económico, sino también en la percepción de los salvadoreños sobre las posibilidades de industrialización del país”. En 1933 fundó la Droguería Italia, de las más importantes de la capital, llamada “establecimiento de servicio público” por el diario oficial.
Por su condición de empresario capitalista, era natural que Ávila produjera escozor entre los poetas comprometidos, convencidos como estaban de que las clases propietarias eran los artífices de la opresión y la miseria. Ávila, sin embargo, parecía una excepción. Tuvo la reputación de ser no solamente un empresario exitoso e innovador, sino también una persona correcta y bondadosa, un hombre que conducía sus negocios y vida privada de manera ejemplar. En su obra hizo gala de un admitido idealismo cristiano (sutilmente “conversante” con la teosofía) y de una militante convicción en el poder del espíritu sobre la materia y las barreras, nociones que expuso con agudeza sicológica y gran simbolismo en su obra poemática El vigía sin luz, una combinación de novela y libreto teatral (el Instituto de Ciegos de Bilbao publicó dos ediciones en lenguaje Braille en 1936). El mexicano Federico Gamboa en 1936 lo llamó “sembrador de buenas intenciones”, a quien no arredren “ventiscas y pedreas, ni las alimañas de los campos… ni los profetas falsos y pícaros verdaderos…”, alguien que arroja “la buena semilla que carga en el corazón” en el surco “abierto con el talento de la palabra.”
Las credenciales de que gozaba y su posición socioeconómica le permitieron pararse con independencia en el terreno de la política, en el que tuvo participación desde joven, incluyendo en agitadas jornadas en 1918 y 1922 que le costaron maltratos y el exilio. En 1931 fue subsecretario de instrucción pública del malogrado gobierno laborista de Arturo Araujo. Políticamente era un liberal reformista moderado. Lo suyo era el gradualismo. En su obra y discursos se manifestó indignado por las injusticias contra los desposeídos, pero por completo opuesto a la violencia política y a las revoluciones, hecatombes que sólo traían desengaños y sufrimientos:
Ya lo dijimos: la violencia se encadena eternamente en la violencia. ¡Y nunca encontrará la paz quien la busque en los campos de guerra, porque no podrá dar rosas blancas una mata que se riegue con sangre! Las revoluciones –semilleros de odios—han acarreado siempre reacciones –cosechas de venganzas–. Y el mundo ha venido de esta manera dando tumbos hacia atrás y hacia adelante, como un ebrio, sin otra dirección que la crueldad y sin otra norma que satisfacer sus apetitos.
En el radicalmente pacifista El himno sin patria: Ensayo sobre el origen de la música y su acción social (escrito en los albores de la Segunda Guerra Mundial),expresó conceptos que le restaron muchos puntos tanto con los comprometidos (“las calles lúgubres de Leningrado y de Moscú … viven bajo el resplandor de un incendio”, al compás “delirante de La Internacional” con sus “trágicos presagios para la tierra entera”) como con los fascistas. Llamó a los nazis “vencedores de Alemania”, que “al estruendo guerrero de su ´Horst Weffel´ han poblado los ricos valles del Rhin de nuevas walkirias, que esperan, ansiosas, el momento de lanzar su sentencia de muerte”.
Tuvo amistad con el general Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó El Salvador con mano férrea entre 1932 y 1944. Según lo reportó el periodista Napoleón Viera Altamirano, propietario del importante El Diario de Hoy, Ávila le habría dicho que su amistad con Martínez era fácil de entender: “mi lucha por los ideales patrios se libra en planos alejados de la política partidista. Por otra parte yo no le he pedido ni le debo favores, y esta amistad entre los dos me ha servido para ser embajador de mis amigos perseguidos y molestados por el régimen”. Ávila era un intachable a quien el diletante Hernández Martínez (teósofo y ex miembro de la junta directiva de la principal asociación cultural del país) respetaba. En 1937 asumió la dirección de la Radio Nacional en la que el gobernante pronunciaba sus llamativos discursos político-esotéricos. En este “sistema radial” (tres radios con que se llegaba a todo el país) se leyó el ensayo del pulgarcito antes de que apareciera impreso. Cuando el dictador entró en conflicto con Viera Altamirano, quien debió salir al exilio en Costa Rica, el general clausuró el periódico. Gracias a las gestiones “de amigos del Mandatario que no querían la muerte de El Diario de Hoy y entre los cuales figuraba Julio Enrique Ávila, pudo lograrse su reaparecimiento con el nombre ´Centro América´”. Ávila dejó las radios en 1938, y entre 1941 y 1944 asumió la dirección del matutino.
Hernández Martínez fue derrocado en mayo de 1944 por una “huelga general de brazos caídos” la que, pese al estado de sitio y la censura, fue ampliamente documentada por El Diario de Hoy que después de la huelga recuperó su nombre original. Se estableció un gobierno de transición con mandato de convocar a una asamblea legislativa y constituyente, encabezado por el anciano general Andrés Ignacio Menéndez, hombre de confianza del depuesto dictador, y por Ávila quien asumió como ministro de relaciones exteriores y principal vocero político. Siendo Canciller, Ávila dio su aprobación a una operación encubierta mediante la cual, vía el consulado en Suiza, se certificó la nacionalidad salvadoreña y se salvó la vida a alrededor de 50,000 judíos europeos. En 1953 Francia le concedió su máxima distinción –la Orden de Caballero de la Legión de Honor—por el reconocimiento diplomático dado en septiembre de 1944 al gobierno provisional de Charles de Gaulle “semanas antes de que las grandes potencias y la generalidad de las naciones americanas imitaran el ejemplo dado por El Salvador”. Este paso, en palabras del Encargado de Negocios de Francia en el país, fue “decisivo, más que simbólico, que sólo el doctor Ávila habría podido dar sin vacilación”.
El gobierno de Menéndez promovió una amplia participación en la campaña electoral, incluyendo de los grupos más reprimidos por el dictador. Para los afectos al antiguo régimen la situación parecía fuera de control, lo que llevó a que el coronel Osmín Aguirre –jefe de la policía durante la dictadura– diera un golpe de estado que reinstaló una brutal represión. En cierta forma este golpe fue contra Ávila, quien salió al exilio en Guatemala donde apoyó moral y económicamente una invasión de los exiliados que fue aplastada por Aguirre. Cuando después de muchos traspiés el país vivió la fugaz “primavera democrática” de la Revolución del 48, Ávila se convirtió en el primer decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de El Salvador. La apertura de esa Facultad era un signo de los nuevos tiempos. El Consejo de Gobierno Revolucionario asistió en pleno a la primera reunión de Junta Directiva en la que se posesionó a Ávila.
3.
Ávila no fue sólo una figura literaria y académica brillante, un empresario y diplomático de distinción. Llegó a ser una de las voces más creíbles de la moderación en lo político, de ese reformismo que durante la segunda posguerra mundial los poetas revolucionarios llamaron a demoler con un “implacable materialismo antipintoresco”. Los argumentos con que se descalificó al reformismo político fueron los mismos que los comprometidos le encasquetaron a la obra de Ávila y demás “culicagados cincuentones de la generación que declina”: era publicidad, un distractor.
La obra y figura de Ávila se me revelan como un negativo fotográfico de Dalton: un ignorado opuesto dinamizador, su imagen invertida lateral frente al espejo. El contraste no puede ser más marcado en lo que atañe a la autonomía del goce estético y al pesimismo de Ávila frente a lo que consideraba cantos de sirena. Desde su jardín intentó advertir del peligro:
Que por qué hablo tanto de rosas y jazmines? Muy sencillo. Prefiero la amistad de las flores a la de los hombres. Prefiero enloquecerme de aro- mas que de vanas palabras!
Roque punkCaricatura Ávila, por Fernando Rodríguez Amaya
Referencias selectas
Alvarenga, Luis. Roque Dalton: la radicalización de las vanguardias. San Salvador: Universidad Don Bosco, 2011.
Ávila, Julio Enrique. El mundo de mi jardín. San Salvador: Ministerio de Cultura, cuarta edición, 1957. Incluye una extensa carta de Miguel de Unamuno y un anexo de 8 páginas con “algunas opiniones del extranjero sobre la obra de Julio Enrique Ávila” con notas de Gabriela Mistral, María Luisa Ross, José Santos Chocano, Máximo Soto Hall, Enrique González Martínez, entre otros. Una nueva edición del libro fue publicada en 2025 por la Universidad Don Bosco.
Cañas Dinarte, Carlos. “El migueleño que creó la frase ´El Salvador, Pulgarcito de América´”. elsalvador.com, 11 de mayo de 2024.
Dalton, Roque. Las historias prohibidas del pulgarcito. San José: Editorial Universitaria Centroamericana, 1976.
Lara-Martínez, Rafael. Política de la cultura del martinato. San Salvador: Universidad Don Bosco, 2011. Véase el capítulo titulado “Crónica de encuentro con el ´Pulgarcito de América´”.
López Vallecillos, Ítalo. “Ávila, poeta del dolor irreverente”. San Salvador: Contrapunto, 16 de septiembre de 2025, publicado originalmente por el Diario Latino de San Salvador el 13 de septiembre de 1969.
MCN Biografías, 2025. “Julio Enrique Ávila Villafañe (1892-1968): Un Humanista Polifacético de El Salvador”. https://mcnbiografias.com/app-bio/do/avila-villafanne-julio-enrique
Viera Altamirano, Napoleón. “Cuando El Diario de Hoy se llamaba Centro-América”. El Diario de Hoy, 8 de diciembre de 1968.
El autor agradece los valiosos comentarios y materiales puestos a su disposición por Marily Ávila Orozco, hija adoptiva de Julio Enrique Ávila, y su esposo José Antonio Morales Carbonell.
La Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría en el marco del décimo aniversario de su fundación, llevó a cabo este 7 de febrero en Hotel Bougainvillea una Gala dedicada a mujeres solidaristas, reconocidas por su desempeño y compromiso con el desarrollo de esta organización.
En esta actividad se hizo entrega del “Galardón al Mérito Solidarista” a siete mujeres lideresas y destacadas, quienes han sido columnas importantes para el fortalecimiento de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría.
La actividad fue conducida por el Máster Adrián Zamora Ugalde, Expresidente de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional-ASOUNA, quien es autor de varios libros sobre Solidarismo Costarricense.
Esta Gala estuvo dirigida por la Junta Directiva de la Academia Solidarista integrada por: Máster Álvaro Villalobos Garro-Presidente, Licenciado Efraín Mejía Vindas-Vicepresidente, Máster Shirley León Jiménez-Secretaria, Máster Luz María Chacón León-Tesorera y Máster Cristóbal Pérez Jerez -Fiscal.
Esta Gala Conmemorativa del X aniversario es un acto que lleva a cabo en la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría por primera vez y precisamente lo que pretende es, ofrecer un reconocimiento institucional a las mujeres que se han destacado en sus áreas de conocimiento y que han dejado su huella en esta organización con excelencia y calidad.
Con esta Gala Conmemorativa la Academia Solidarista abre un importante espacio para visibilizar el aporte creciente de las mujeres solidaristas de nuestro país, conscientes de que históricamente las mujeres han sido clave en la consolidación y fortalecimientos de los derechos y la inclusión de este sector de la población en todos los ámbitos de la sociedad y de manera especial en la educación, la cultura, el arte, el deporte, la recreación, la economía y el desarrollo en general y en los movimientos laborales.
La Junta Directiva de la Academia Solidarista tomó el acuerdo #289 en el que decide reconocer a damas destacadas y colaboradoras, en el desarrollo de la academia solidarista, quienes se han destacado por su trayectoria, apoyo y colaboración incondicional en temas específicos y estratégicos durante los diez años de vida de la organización, ya sea en su calidad de ex miembros de la Junta Directiva, así como responsables en la investigación y producción de libros sobre Solidarismo y el arduo trabajo realizado en el proceso que conllevó la investigación, producción, edición y publicación de la obra intelectual del señor Alberto Martén Chavarría como fundador del Solidarismo Costarricense y Benemérito de la Patria. De igual forma, a personas que han participado activamente en Asociaciones Solidaristas, contribuyendo con su visión al fortalecimiento de este movimiento social de carácter laboral, consolidando de esa manera el Estado Social y Democrático de Derecho Costarricense. Asimismo, por el respaldo receptivo, solidario y aporte significativo en la inscripción, trámite, gestión y seguimiento del proyecto de ley de fortalecimiento de las asociaciones solidaristas, expediente No.22980, iniciativa de la Academia Solidarista que se mantiene en la corriente legislativa en agenda del plenario.
Ante un auditorio con participación de personas integrantes de la Academia Solidarista e invitados especiales, el Máster Álvaro Villalobos Garro, Presidente de la Junta Directiva, señaló que: “Nacimos como una organización de vocación académica y sin fines de lucro, estructurada en tres ejes fundamentales: Investigación, Capacitación y Promoción. Nuestro propósito ha sido claro desde el primer día: fortalecer el Solidarismo Costarricense y consolidarnos como un referente nacional en la materia”.
El presidente de la Academia Solidarista aprovechó el espacio para exponer algunos aspectos relevantes en lo que está inmersa la labor de la Academia Solidarista, de esta manera, hizo referencia a que desde el 8 de agosto de 2015 en que se fundó la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría en el Museo de Cultura Popular de Santa Lucía de Barva (Universidad Nacional) , se planteó como prioridad inicial, emprender la tarea de publicar la obra intelectual del señor Alberto Martén Chavarría, ideólogo del Solidarismo y Benemérito de la Patria: “Este proceso nos tomó aproximadamente nueve años, impulsados por la convicción de que su legado visionario es esencial para el bienestar y el desarrollo nacional. Para comprender la magnitud de su pensamiento, basta leer su propuesta de Garantías Económicas de rango constitucional, la cual nos posicionaría como una nación pionera en el mundo”.
Villalobos puntualizó que, en el año 2023, se logró materializar el anhelo de publicar la: “Proyección del Pensamiento y Obras Selectas de Alberto Martén Chavarría” gracias al valioso aporte y sello editorial de la Universidad Nacional-UNA, honrando así su memoria: “Sin embargo, la labor apenas comienza. Hemos identificado la imperiosa necesidad de retomar el mensaje de la última alocución pública de don Alberto, donde señalo la «Dirección Correcta» de las asociaciones. Él advertía con preocupación que el interés se centrara únicamente en los beneficios materiales, relegando el desarrollo pleno e integral del ser humano. Don Alberto definía al Solidarismo como un «Plan de Ahorro y Educación en procura de personas cultas y, a la vez, solventes». Esta premisa resume la profundidad de su propuesta y el reto que asumimos de rectificar el rumbo mediante procesos formativos de excelencia”.
El Máster Villalobos Garro, se refirió a normas que en el presente afectan al sector solidarista, por ello, enfatizó que es vital recordar que la modificación de la Ley Orgánica del Banco Central en 1995 calificó a las asociaciones como entidades financieras, desnaturalizando su esencia de organización social. Desde entonces, diversas medidas han socavado el patrimonio de los trabajadores como si se tratasen de empresas financieras o comerciales. No obstante, el propio CONASSIF ha manifestado que no corresponde la supervisión financiera estricta, dada la naturaleza cerrada y laboral de las asociaciones solidaristas, que cuentan con sus propios mecanismos de fiscalización: “Las cifras nos llaman a la acción: el 72% de la fuerza laboral y el 98% del parque empresarial aún no cuentan con una organización de esta naturaleza. Aun así, el sector moviliza cerca de 5 mil millones de dólares, representando un 3% del Producto Interno Bruto en 2024”, señaló el Presidente de la Academia, para quien, de cara al 80° Aniversario del Solidarismo Costarricense en el año 2027, es imperativo impulsar políticas públicas para su fortalecimiento: la universalización en el sector público, estímulos fiscales para nuevas asociaciones en el sector privado, la realización de un congreso ideológico junto a la Universidad Nacional y la creación de una entidad nacional financiada por las propias organizaciones para salvaguardar su autonomía.
Asimismo, se aprovechó el espacio reconocer el valioso apoyo brindado desde el 2021 de parte de la Máster Yorleny León Marchena, entonces diputada, quien al comprender esta problemática instó a la Academia Solidarista a redactar el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Asociaciones Solidaristas (Expediente No. 22980), iniciativa que se encuentra en la agenda del plenario legislativo y requiere, nuevamente, del apoyo decidido de todo el sector solidarista.
El Presidente de la Academia Solidarista finalizó su mensaje expresando que, en este contexto histórico y social, es imposible no resaltar el papel fundamental de la mujer: “Hoy, al celebrar diez años de vida institucional, la Academia Solidarista, rinde un merecido tributo a las damas que han destacado por su aporte, acompañamiento y entrega en el cumplimiento de nuestras metas fundacionales. Nos llena de orgullo otorgar, por primera vez, el Galardón al Mérito Solidarista. A todas ustedes, nuestro más profundo agradecimiento”.
La Gala ofrecida a las mujeres lideres y solidaristas incluyó un hermoso acto artístico a cargo de la Escuela de Música del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística- CIDEA- de la Universidad Nacional.
Esta actividad contó con las artistas: Isabel Castro y Rocío Campos, quienes acompañadas de guitarra, flauta y acordeón interpretaron el siguiente repertorio:
Luna de Xelajú de- Paco Pérez
Pampa de- Jesús Bonilla Chavarrilla, Aníbal Reni
Remamos de- Kany García
Going to Bocas de- Walter Ferguson
Para el Dr. Efraín Cavallini Acuña, el Licdo. Efraín Mejía Vindas y el Máster Cristóbal Pérez Jerez, integrantes de la Comisión de Reconocimiento a Mujeres Destacadas y Colaboradoras en el desarrollo de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, señalaron que la distinción al liderazgo solidarista: “Mujer Líder-Destacada-Comprometida y el Galardón al Mérito Solidarista” que otorga por primera vez la Academia Solidarista en la celebración del décimo aniversario de su fundación, busca visibilizar la trayectoria de trabajo, esfuerzo, tenacidad, solidaridad y la excelencia a la que han llegado mujeres investigadoras, académicas, profesionales, políticas, artistas, empresarias, comunicadoras, así como personas que se destacan en su labor en la sociedad, comprometidas en los procesos sociales asociados a la justicia social, fin del solidarismo costarricense.
Para esta Comisión que recomendó los nombres de las personas homenajeadas, cada una de las distinciones obtenidas se constituyen en un reflejo de la excelencia que caracteriza a la Academia Solidarista, sus investigaciones innovadoras, sus publicaciones de alto impacto y su compromiso con la solidaridad humana, la formación y educación solidarista, que indiscutiblemente elevan el prestigio de esta organización. Por ello, se recomendaron a estas personas, en virtud de que, gracias a su destacado trabajo, esta organización se viene consolidando como un referente en diversos campos del conocimiento: excelencia en investigación, innovación en la capacitación, formación, impacto social, lobby político, promoción, comunicación y trayectoria académica.
A las 7 mujeres reconocidas, la Junta Directiva les hizo entrega de una placa y un certificado extendidos por la Academia Solidarista, en el cual se reconoce su mérito.
Entrega del Galardón al Mérito Solidarista a:
Dra. Sylvia Arredondo Guevara, tiene formación en el campo de las ciencias de la comunicación colectiva, cuenta con máster en administración de empresas y doctorado en comunicación política de la Universidad Politécnica de Valencia- España con mención “Cum Laude”.
En la Universidad Nacional se ha desempeñado desde el 2009 en funciones administrativas y académicas. Se desempeñó como la Coordinadora General del Ideario Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional.
Durante 15 años ha ejercido como docente en la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA
Fue elegida por la Revista Petra entre las mujeres más destacadas del año 2020, por generar incidencia en política pública y normativa.
Fue directora de la Cámara de Industrias y Comercio Chino Costarricense y Directora del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica.
Actualmente se desempeña en la UNA como miembro del Consejo Universitario y Presidente suplente de este Consejo.
Ha publicado más de 20 libros a nivel nacional e internacional.
La Academia Solidarista le hace entrega del Galardón al Mérito Solidarista por su liderazgo, trayectoria como solidarista universitaria, por su destacada labor en la investigación, producción, edición y publicación de diversos libros y de la obra intelectual del Lic. Alberto Martén Chavarría, creador y fundador del Solidarismo Costarricense.
Se le reconoce de manera especial, su visión pionera y determinación al lograr que, por primera vez en la historia, el Solidarismo fuera integrado como pilar fundamental en el Ideario Costarricense, elevando esta doctrina de armonía social al rango de consulta nacional sobre el destino de la patria.
Su pluma y su visión académica han asegurado custodiar la esencia histórica, darle voz y vigencia a la obra del señor Alberto Martén, para que siga iluminando el camino del sector solidarista.
¡Nuestra gratitud profunda por su entrega incondicional a esta causa!
Licda. Betania Artavia Ugalde, es periodista, cuenta con licenciatura en Comunicación de Masas.
Es directora y redactora del periódico” Heredia Hoy”, entidad colaborativa de la Academia Solidarista en la realización de encuentros empresariales para la promoción del Solidarismo Costarricense.
Es presidenta de la Cámara de Industria, Turismo, Agricultura y Comercio de Heredia, destacándose por su liderazgo y proyección.
Fungió como periodista en el Diario Extra, en la Presidencia de la República, período del Sr. Abel Pacheco de la Espriella y en la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas.
Es una fiel defensora de los derechos humanos y constitucionales, así como en la promoción del Solidarismo Costarricense, según los fundamentos del señor Alberto Martén Chavarría, Benemérito de la Patria.
Se le hace entrega del Galardón al Mérito Solidarista, por su liderazgo y compromiso en calidad de fundadora de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, miembro de la primera Junta Directiva, por su trayectoria como emprendedora, solidarista, comunicadora y por su firme identificación y convicción para promover, fortalecery defender el modelo de vocación social del solidarismo costarricense, según los fundamentos de su fundador.
Por su apoyo incondicional y oportuno en la publicación de artículos de interés para la Academia Solidarista en el Periódico “Heredia hoy”.
¡Reconocemos su contribución al fortalecimiento empresarial con rostro humano!
Dra. Carmen Méndez Navas, es licenciada en piano, cuenta con Estudios Superiores en Educación Musical, con estudios de Posgrado como Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Catedrática Jubilada de la Universidad de Costa Rica-UCR y de la Universidad Nacional-UNA.
Ha ocupado cargos de Directora de la Escuela de Música de la UNA, Vicedecana y Decana del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística-CIDEA-UNA, ocupó el cargo de miembro del Consejo Universitario de la UNA. Docente en las Escuelas de Arte Musicales de la Facultad de Educación y Sede de Occidente de la UCR.
Directora de la Fundación Académica ACUA para el Aprendizaje y la Cultura Artística. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica y sus respectivos programas. Es una de las cuatro fundadoras y ex presidenta del Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM).
Se le hace entrega del Galardón al Mérito Solidarista, por su visión y aporte en la promoción y democratización de la música, el arte y la cultura, que contribuye al desarrollo humano integral, de conformidad con los fines del solidarismo costarricense.
Por su trascendente contribución como fundadora y pilar de la Academia Solidarista y colaboradora de la Junta Directiva.
Su trayectoria universitaria y vocación social han evidenciado su compromiso con el desarrollo integral de las familias y su liderazgo incansable en la promoción de la música, abriendo horizontes de sensibilidad y grandeza humana a nivel nacional e internacional.
¡Su vocación, disposición y sensibilidad humana, marcan la huella hacia el progreso, la inclusión y la justicia social!
Licda.Yenny Monge Fallas, es licenciada en Administración de Oficinas, cuenta con un Diplomado en Secretariado Profesional, tiene en proceso la defensa de su tesis de Licenciatura en Administración con Énfasis en Gestión Financiera.
Goza de gran experiencia en el desempeño de servicios secretariales y asistenciales en diferentes órganos colegiados e instancias académicas y administrativas de la Universidad Nacional.
Cuenta con grandes habilidades en gestión y manejo de procesos y sistemas administrativos universitarios, comunicación efectiva, trabajo en equipo, pensamiento crítico, organización y planificación.
Ha ocupado puestos directivos de secretaria, tesorera, vocal y fiscal de la asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional (ASOUNA), distinguiéndose por su liderazgo como la única persona que se ha mantenido como directora desde la fundación de la organización.
Se le hace entrega del Galardón al Mérito Solidarista,por sus másdeveinte años de liderazgo, trayectoria y compromiso como solidarista universitaria, defensora del modelo de vocación social del Solidarismo Costarricense, de conformidad con los postulados de su fundador Alberto Martén Chavarría.
Por su desempeño como dirigente solidarista, su invaluable incidencia y liderazgo estratégico en la consolidación de una cooperación sostenible entre entidades solidaristas.
Por su visión solidaria, identificación y compromiso con las causas justas y el desarrollo integral de la persona solidarista y sus seres queridos, por heredar de sus padres la esencia del Solidarismo Costarricense, así como por compartir su enfoque de vocación social.
¡Nuestro reconocimiento por ser solidarista de corazón!
Licda. Glenis Murillo Villegas, cursa la Licenciatura en Gestión de la Calidad, tiene unBachillerato en Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad Nacional y cuenta con certificación de Prindisa Kimberly Clark y Bridgestone Bato Shared Service.
Es una profesional que se ha desempeñado en por casi 10 años en Administración del área de Travel and Expenses, con participación en Migración, Implementación y Capacitación en Concur.
Cuenta con amplia experiencia en reportes de gastos, conciliación de cuentas, creación de perfiles, solicitud y compensaciones de tarjeta, registro y conocimiento de tarjeta corporativa: Pcard y Vcard.
Se le hace entrega del Galardón al Mérito Solidarista,por su liderazgo, trayectoria como solidarista en el sector privado.
Por su invaluable incidencia, liderazgo estratégico y aporte en eventos de capacitación y formación solidarista.
Por su compromiso siendo pionera en el proceso de identificación, recopilación, y levantamiento de información documental, que permitiera la publicación de la obra intelectual de Alberto Martén Chavarría, fundador del solidarismo costarricense y Benemérito de la Patria.
Su excelente labor permitió sembrar los cimientos de la fundación de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría y de los logros obtenidos durante esta década.
¡Nuestra gratitud por ser solidaria de corazón e impulsar el solidarismo costarricense!
Máster, Nidra Rosabal Vitoria, es máster en Salud Integral y Movimiento Humano con Énfasis en Salud, Bachiller en la Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Nacional y Bachiller en Administración Hotelera. lo que respalda su capacidad para liderar procesos educativos complejos.
Tiene una Especialidad en Danza de la Universidad Nacional (UNA), donde ha desarrollado una visión del cuerpo como territorio de expresión y transformación social.
Como parte de su trayectoria en calidad de docente e investigadora, ha promovido la danza no solo como estética, sino como una herramienta pedagógica.
En la regionalización de la educación superior, ha desempeñado roles de liderazgo administrativo y académico, para acercar la universidad a las comunidades rurales y vulnerables.
Labora para la Universidad Nacional desde hace 23 años, actualmente es académica en la Escuela Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida y en la Escuela de Danza.
Es pionera en la apertura de la sede de la Universidad Nacional en Sarapiquí (Sede Regional Huetar Norte), lo que le permitió identificarse con la comunidad y la región, pasando a residir en el cantón, asumiendo roles importantes de liderazgo; su énfasis empático se relaciona con la actividad y los derechos humanos de la persona adulta mayor.
Ha sido coordinadora de más de 9 proyectos de investigación y extensión.
Ha realizado investigaciones en salud pública, y actividades de extensión académica, con enfoque en aprendizaje en aulas abiertas.
Ha fundado asociaciones para beneficiar a las personas mayores del distrito de Sarapiquí, con sus proyectos se creó en centro diurno en la victoria de horquetas de Sarapiquí.
Ha publicado más de 40 artículos en revistas nacionales e internacionales.
Se le hace entrega del Galardón al Mérito Solidarista, por su invaluable incidencia, capacidad ejecutiva y liderazgo estratégico en la creación y consolidación de la Academia Solidarista al ocupar puestos en su Junta Directiva.
Por su compromiso e identificación con la población adulta mayor,y ser firme defensora del modelo de vocación social del Solidarismo Costarricense, así como del desarrollo de la salud integral y el movimiento humano de las personas solidaristas y sus familias.
Su labor se define por la convergencia. Ha logrado que la salud integral y movimiento humano sea una herramienta de gestión, que la gestión sea un acto de solidaridad y que la universidad sea un espacio que realmente pertenezca a las regiones vulnerables de Costa Rica.
¡Altamente agradecidos por su solidaridad y sensibilidad social!
Licda. Nixia Salas López, es Licenciada y Máster en Administración y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Nacional y tiene gran experiencia profesional en gestión administrativa y órganos colegiados.
Cuenta con más de treinta años laborando en la Universidad Nacional, con sólida trayectoria en cargos de jefatura, dirección, gestión administrativa, remuneraciones, organización y valoración de cargos, así como en asesoría estratégica a instancias superiores y Directora Ejecutiva de la Rectoría.
Se ha desempeñado en la UNA como miembro de la Comisión de Faltas Comunes y Presidente de la Comisión de Carrera Administrativa.
Se ha desempeñado como académica en la escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA.
En el 2025 fue propuesta como candidata a la representación administrativa ante el Consejo Universitario de la UNA.
Se le hace entrega del Galardón al Mérito Solidaristapor su invaluable incidencia y liderazgo estratégico en la consolidación de una cooperación sostenible entre la educación pública y la Academia Solidarista.
Suvisión proactiva, ejecutiva, comprometida y su trayectoria como universitaria, le permitió realizar una gestión excepcional en beneficio de la Academia Solidarista, al consolidar acuerdos, alianzas estratégicas y recursos para la publicación de la obra intelectual de Alberto Martén Chavarría, fundador del Solidarismo Costarricense, dejando una huella imborrable en la economía social y el bienestar de Costa Rica.
¡Nuestra gratitud por ser arquitecta de alianzas estratégicas que trascienden en el tiempo!
Como corolario del evento la homenajeada Carmen éèndez, motivó a las personas presentes a interpretar el “Canto al Solidarismo” del autor Elías Gondy, cuya grabación se realizó en el Estudio del Mtro. William Porras. A pesar de la espontaneidad de esta iniciativa, la buena entonación del grupo permitió una perfecta interpretación.
Para los organizadores de esta Gala Conmemorativa en el marco del décimo aniversario de la Academia Solidarista, no solo se celebran diez años de historia, sino que se ha gozado del privilegio de honrar la esencia misma de la misión de la organización a través de siete mujeres excepcionales.
Para concluir la Gala, y seguir extendiendo el espíritu de fraternidad y celebrar los éxitos alcanzados, se invitó a las homenajeadas a compartir de una cena en su honor, expresándose como despedida lo siguiente:
“A ustedes, nuestras galardonadas, gracias por ser el reflejo vivo del liderazgo estratégico y el compromiso humano que el señor Alberto Martén Chavarría soñó para Costa Rica.
Su invaluable incidencia no solo fortalece a esta Academia, sino que dignifica y proyecta el Solidarismo Costarricense hacia el futuro.
¡Sigamos compartiendo la alegría de construir, juntos, ¡un país más justo, solidario y democrático!”
El poeta, ensayista y académico costarricense Adriano Corrales Arias, quien publica su obra poética bajo el nombre de Adriano de San Martín, presentará su más reciente libro, el poemario “VISIONES”, el próximo viernes 6 de marzo a las 6:00 p.m. en la Bodeguita Cultural, ubicada en la Calle de la Amargura, San Pedro de Montes de Oca.
El nuevo libro está ilustrado con acrílicos de la reconocida artista nacional Leda Astorga, lo que constituye un valor agregado tanto estético como artístico para lectores y coleccionistas.
¿Qué significado tienen las “Visiones”?
Según el autor, las “visiones” son canalizaciones de realidades futuras o pasadas, comunicaciones de ancestros u otros seres, premoniciones o sueños que pueden leerse como traducciones de estados energéticos o dimensiones distintas de la realidad.
“Durante años creí que escribir era un talento. Y, naturalmente, lo es. Pero ahora sé que se trata de algo más, de una individuación, una sincronicidad, quizás de una suerte de traducción, o como se dice en algunas esferas psicológicas y psíquicas, una canalización. Y no sólo para mí, sino también para el lector”, señala el poeta.
El libro propone una experiencia de lectura que trasciende la palabra escrita y se abre a dimensiones simbólicas, espirituales y energéticas.
Trayectoria del autor
Adriano (de San Martín) Corrales Arias nació en Venecia de San Carlos en 1958. Realizó estudios de Artes Dramáticas en San Petersburgo, Rusia, y posee un Doctorado Interdisciplinario en Letras y Artes de la América Central por la Universidad Nacional.
Ha laborado como profesor, investigador y extensionista en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde dirigió el programa Miércoles de Poesía y coordinó diversas iniciativas culturales, entre ellas la Unidad de Cultura y Deporte, la Casa Cultural Amón y la Cátedra de Estudios Culturales Luis Ferrero Acosta.
Con cerca de treinta libros publicados en los géneros de poesía, narrativa, ensayo y dramaturgia, ha participado en festivales internacionales de poesía en Colombia, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, México y España, entre otros. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, italiano, portugués, ruso y japonés.
La presentación
La actividad se realizará en la Bodeguita Cultural, en San Pedro de Montes de Oca, el viernes 6 de marzo a las 6:00 p.m. La entrada es gratuita y el libro estará disponible a un precio de 10.000 colones. También se podrán adquirir otras obras del autor.
Para más información: Bodeguita Cultural Teléfonos: (506) 2100 9876 – 8405 4669 Correo: ventas@bodeguitacultural.com
En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.
La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.
Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.
Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.
El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.
Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.
Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.
Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.
La Defensoría de los Habitantes afirma que el financiamiento de las Juntas de Educación y Administrativas —pilares de la gestión operativa del sistema educativo— presenta una marcada inestabilidad y un debilitamiento progresivo. Entre 2019 y 2024, el presupuesto asignado a estas instancias apenas creció un 6% nominal, lo que resulta insuficiente frente a la inflación acumulada y al aumento en la matrícula escolar. Esta realidad ha generado un deterioro sostenido en la capacidad de los centros educativos para cubrir servicios básicos como electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.
El análisis de la Defensoría muestra que en 2024 un 11% de las Juntas operaron con menos de ₡5,5 millones anuales, mientras que un 18% manejó más de ₡88 millones, lo que evidencia una brecha estructural en la distribución de recursos. Estas desigualdades territoriales implican que mientras algunos centros educativos pueden financiar adecuadamente la alimentación, infraestructura y programas extracurriculares; otros apenas logran sostener servicios mínimos. Esta polarización presupuestaria se traduce en oportunidades desiguales para niñas, niños y adolescentes según su lugar de origen, condición socioeconómica o pertenencia cultural.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la contracción del Fondo de la Ley N.º 6746, principal fuente de financiamiento de las Juntas. En el período 2019–2024, dicho fondo pasó de ₡94.303 millones a ₡40.617 millones, una reducción del 56,9%, lo que ha limitado severamente la capacidad de las instituciones para garantizar servicios básicos. El monto promedio por estudiante disminuyó de ₡93.906 en 2019 a apenas ₡41.321 en 2024, evidenciando un retroceso en la progresividad del financiamiento educativo y una clara vulneración al principio de igualdad de condiciones.
La Defensoría también advierte que la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PANEA), uno de los principales mecanismos para garantizar el derecho a la
alimentación y la permanencia en el sistema educativo, presenta una brecha estructural: solo cubre el 63% del costo estimado para su universalización. Esto significa que cuatro de cada diez estudiantes no reciben una alimentación adecuada en los centros educativos, afectando especialmente a la niñez en condición de pobreza, a las comunidades rurales e indígenas, y a la educación especial. En términos de derechos humanos, esta situación representa una violación directa del derecho a la alimentación adecuada y a la igualdad de oportunidades educativas.
Asimismo, la Defensoría señala una insuficiencia crítica en infraestructura educativa, pues entre 2019 y 2022 los recursos destinados a este rubro se redujeron más de un 50%, y aunque en 2024 se registró un repunte, persisten riesgos de ejecución y desigualdades en la capacidad técnica de las Juntas para gestionar obras. A esta fragilidad se suman los recortes en arte, cultura y deporte, los cuales reflejan un retroceso en la educación integral y en la protección de los derechos culturales de la niñez y la adolescencia.
El estudio evidencia que la inestabilidad presupuestaria y la desigual capacidad de gestión local han trasladado a las comunidades educativas una carga desproporcionada. En 2024, los fondos propios generados por actividades comunales y aportes del personal docente alcanzaron casi ₡6.000 millones, una cifra que refleja el esfuerzo extraordinario de las comunidades por sostener el sistema educativo ante los recortes estatales. Este escenario, sin embargo, vulnera el carácter gratuito y universal de la educación pública consagrado en la Constitución Política.
La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado urgente a reformar el modelo de financiamiento educativo bajo criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia, fortaleciendo la rectoría del MEP y el acompañamiento técnico a las Juntas. La educación no puede depender del voluntarismo comunitario, sino de un compromiso sostenido del Estado para garantizar condiciones dignas y equitativas para todas las personas estudiantes, sin discriminación.
La promesa fue presentada como modernización, eficiencia, ruptura con la burocracia y la “ineficiencia histórica”. Sin embargo, el anuncio llegó después de años de deterioro documentado del sistema público: escasez crónica de medicamentos, tensiones laborales, migración de especialistas, y una creciente desesperación de pacientes atrapados en listas de espera cada vez más largas, todo ocurrido bajo el propio gobierno de Bukele, el administrador de la medicina.
Varios cientos de kilómetros al sur, en Costa Rica, el guion no es idéntico, pero suena inquietantemente familiar.
En mayo de 2023, el presidente Rodrigo Chaves anunció que la seguridad social estaba “quebrada”. El mensaje fue dramático: el sistema estaba al borde del colapso. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), históricamente una de las instituciones más robustas del Estado costarricense adonde cualquier persona asegurada, pague o no pague, puede recibir desde una vacuna hasta un trasplante, fue presentada como un gigante ineficiente, fiscalmente insostenible y capturado por intereses corporativos. La seguridad social había sido una bonita idea… pero de otro tiempo. Y ello a pesar de que el Presidente Ejecutivo de la Seguridad Social nombrado por el propio Cháves, el economista Álvaro Ramos, había mostrado con claridad y evidencia, que la Caja gozaba de buena salud y que estaba completamente al alcance del gobierno mediante un plan que él mismo propuso, ampliar los servicios, reducir las listas de espera, y efectivamente llegar a cada hogar costarricense.
Estas buenas noticias a Ramos le valieron el despido. Para la seguridad social, sin embargo, lo peor estaba aún por venir porque tras el anuncio vino algo más complejo. El Estado, no contento con que la Caja no estuviera quebrada, tomó medidas para… quebrarla. Así, en solo 3 años incrementó en un 63% su deuda con la CCSS, de ¢2,7 billones en 2022 a ¢4,4 billones en 2025. Es una deuda de 850 mil colones por parte de cada una de las 5.2 millones de personas que habitan en el país. Esa deuda, en 2023 era de 500 mil colones por habitante.
La historia en común no es solo la de dos presidentes con estilos confrontativos sino la historia de una estrategia política que se repite en distintas latitudes: permitir —o acelerar— el deterioro de un sistema público hasta que la frustración social alcance un punto crítico. Cuando la casa parece incendiada, cualquier propuesta de “cambio radical” luce razonable, incluso inevitable.
En El Salvador, “La medicina” administrada por Bukele propone hospitales concesionados, alianzas público-privadas, personal de salud contratado por servicios profesionales, todo bajo una estructura paralela a las instituciones existentes. En Costa Rica, el planteo de concesionar hospitales públicos a manos privadas laborales está a la vuelta de la esquina.
En ambos países, la pregunta no es si el sector privado puede gestionar un hospital con eficiencia administrativa y lucrar con ello. Ya existen montones de hospitales privados que lo muestran. La pregunta central es otra: ¿qué ocurre con el principio que sostiene a la seguridad social cuando los servicios dejan de financiarse desde una gran “caja común” solidaria y pasan a depender de contratos, concesiones y pagos por servicio?
La Caja funciona porque todas las personas aportan según su capacidad y reciben según su necesidad. Ese es el corazón del modelo. La persona joven y sana financia hoy a la mayor que necesita un trasplante. Quien nunca usará un servicio de alta complejidad contribuye a que alguien más pueda recibirlo mañana. Esa es la lógica del seguro social: una gran bolsa común que redistribuye riesgos y recursos.
Cuando los hospitales se concesionan o se fragmentan en asocios público-privados, esa lógica comienza a erosionarse. El financiamiento deja de ser plenamente colectivo y se vuelve contractual. El riesgo deja de compartirse de manera integral y se distribuye por servicios, por paquetes, por convenios. Y tarde o temprano aparece la constatación inevitable: es del bolsillo que hay que sacar diferencia.
Un sistema concesionado funciona más como un peaje que como un seguro solidario. Se paga por pasar. Se paga por servicio. Se paga por cada oportunidad. Incluso si el pago no es inmediato porque hay un seguro privado, termina trasladándose al bolsillo de las personas y debilitando cobertura universal. La “gran caja” pierde tamaño y capacidad redistributiva. Y cuando la caja se hace pequeña, también se hace pequeña la solidaridad.
No se trata de demonizar al sector privado sino de entender que la seguridad social es mucho más que un proveedor de servicios: es un mecanismo de redistribución de oportunidades. Si esa caja común se fragmenta, el sistema deja de poder garantizar que cada persona reciba atención independientemente de cuánto dinero aporte individualmente.
El riesgo es de principios con enormes efectos prácticos en el bolsillo y en las posibilidades reales de acceder a servicios por parte de la mayoría de la población: pasar de la solidaridad colectiva a un esquema en el que cada persona depende, directa o indirectamente, de cuándo puede pagar.
Por eso, antes de incendiar la casa para luego ofrecer el extintor, conviene preguntarse si la solución no termina desmantelando precisamente aquello que hizo posible que la casa existiera: una gran caja común que financia la salud como derecho y no como transacción.
Compartido con SURCOS por la autora y publicado también en Divergentes.
El conflicto en torno al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) no es un episodio aislado ni reciente. Se trata de un proceso acumulativo en el que convergen denuncias ciudadanas, cuestionamientos técnicos, actuaciones administrativas controvertidas y resoluciones institucionales que, lejos de cerrar el tema, han abierto nuevas interrogantes.
Las cartas enviadas por el ciudadano Marco Levy durante 2026, así como las respuestas oficiales emitidas por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), evidencian un punto central: la controversia ya no es únicamente ambiental. Es institucional.
Un territorio bajo tensión
El REGAMA fue creado para proteger ecosistemas costeros y marino-costeros de alto valor ecológico, incluyendo humedales, manglares, bosque tropical húmedo y hábitats críticos para especies amenazadas. Su importancia es estratégica tanto para la biodiversidad como para la seguridad climática y la resiliencia costera.
Sin embargo, durante los últimos años se han denunciado:
Cambios en límites del refugio.
Permisos de construcción en zonas sensibles.
Intervenciones sobre humedales.
Interpretaciones jurídicas que favorecen intereses privados.
Las cartas de Levy insisten en que ciertas actuaciones administrativas podrían estar debilitando el régimen de protección original del área.
El eje del debate: legalidad vs. discrecionalidad
El núcleo del conflicto gira en torno a tres preguntas fundamentales:
¿Se están aplicando correctamente las normas ambientales vigentes?
¿Las actuaciones administrativas respetan el principio de no regresión ambiental?
¿Existe coherencia entre el mandato legal de protección y las decisiones concretas tomadas en el territorio?
Las respuestas oficiales de SINAC tienden a sostener que las actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad vigente. No obstante, las observaciones ciudadanas apuntan a posibles contradicciones entre la finalidad del refugio y algunas autorizaciones otorgadas.
En otras palabras: la discusión no es solamente técnica; es jurídica y ética.
Más allá de Gandoca: lo que está en juego
El caso Gandoca-Manzanillo se ha convertido en un referente nacional porque pone a prueba:
La solidez del sistema de áreas protegidas.
La independencia técnica de las autoridades ambientales.
La capacidad del Estado para resistir presiones económicas en territorios de alto valor inmobiliario.
La vigencia real del principio precautorio.
Cuando un refugio de vida silvestre entra en disputa, lo que se discute no es únicamente un expediente administrativo. Se discute el modelo de desarrollo y la prioridad que el país otorga a su patrimonio natural.
Una disputa abierta
Las cartas enviadas durante 2026 muestran que el debate está lejos de cerrarse. Más bien, se encuentra en una fase de mayor escrutinio público.
En este contexto, la vigilancia ciudadana ha sido un componente clave. Sin ella, muchos de estos temas permanecerían invisibles.
El caso Gandoca exige transparencia, trazabilidad documental y claridad institucional. Porque en materia ambiental, la opacidad casi siempre favorece la degradación.
Aunque la mayoría legislativa conoce las maniobras del gobierno para negociar bienes e instituciones del Estado, (los suyos amigo lector y los de todos los costarricenses), cabe un recordatorio relacionado con el yacimiento de Crucitas. En este caso, ha sido evidente que el ministro de Seguridad Pública ha propiciado que la delincuencia en el lugar haya evolucionado hasta niveles jamás antes visto. El robo del oro en la capa superficial se realiza impunemente, el daño ambiental se ha acelerado, y la criminalidad parece una versión tica del Viejo Oeste, donde no hay «sheriff» que trate de poner orden, precisamente por decisión calculada del ministro Mario Zamora.
Ante ese escenario diseñado desde el gobierno, llegó el buscado momento de clamar a los cuatro vientos: «¡Perdimos la batalla!». «La única solución está en la Asamblea Legislativa!».
Solución, dicen, que pasa por entregar esa riqueza del «inoperante Estado», a las eficientes corporaciones privadas que, a cambio de unos cuantos dólares, harán la excavación de unos 30 m para extraer de esa valiosa roca del subsuelo, los más de US$ 3.000 millones que se estima vale el oro del único yacimiento efectivamente conocido en todo el país.
Nos dicen que al privatizar esa riqueza mineral que el Estado (según ellos) es incapaz de aprovechar, el problema heredado por una mala concesión a una compañía minera canadiense se soluciona en un par de años, por lo cual no hay que pensarlo más, y correr a aprobar el proyecto N° 24.717.
Pero, ¿será cierto?
¡Veamos!
A las cuentas bancarias de los magnates mineros extranjeros (después de rebajar las infaltables «comisiones» para algunos ticos) ingresarían los miles de millones de dólares, derivados de la venta del 95 % del total del mineral explotado. Pese a que se trata de un regalo, una entrega, a favor de unos negociantes foráneos, «aunque usted no lo crea» en Casa Presidencial insisten que es un gran negocio que el 5 % del valor de ese oro se quede en Costa Rica.
Pero aún hay más. Resulta que el proyecto de ley que amigos diputados manudos aprobaron en subcomisión legislativa, para congraciarse con el alcalde de San Carlos que sueña con la octava provincia que les prometió el futuro diputado José Miguel Villalobos, determina que, de ese 5 % el 1,25 % sería para el gobierno municipal de ciudad Quesada. Monto relativamente pequeño de que no se sabría de cuánto sería ni cuándo se depositaría en el gobierno local, pues dependería de muchos factores, del cual un poquititico apenas sería para grupos comunales.
Asimismo, del impuesto del 5 %, solo el 3,6 % se sumaría a la caja única del Estado. Cantidad igualmente desconocida, pero para efectos de la, negociación antipatriótica, es algo que no interesa mucho, pues el gran negocio (como lo serían las ventas del BCR, BICSA, INS, RECOPE, ICE…) anda por otros lares.
Esa amigos, es “la gran solución” que por el desdeñado problema de Crucitas anda pujando el ministro Zamora…
