Participarán los 5 territorios Ngäbes de Costa Rica.
Este domingo 15 de febrero de 2026 será el torneo relámpago en donde se presentará a los equipos Ngäbes que participarán de la II Copa de Fútbol Indígena Ngäbe, que iniciará formalmente en marzo próximo.
Estarán participando 16 equipos de los cuales 10 son masculinos y 6 femeninos.
El torneo relámpago de presentación de los equipos se realizará en la cancha de Caracol de Laurel, Corredores, Zona Sur de Costa Rica.
Esta II Copa de Fútbol Indígena de Territorios Ngäbe del Sur tiene como objetivo los siguientes propósitos:
✅ Empoderar a mujeres y jóvenes futbolistas de los territorios.
✅ Fortalecer la unión entre las comunidades Ngäbe del Sur.
✅ Visibilizar el talento deportivo como herramienta de transformación social.
✅ Compartir iniciativas culturales, productivas y organizativas de cada territorio.
✅ Activar la economía local mediante la organización deportiva comunitaria.
Este torneo está organizado por Wilfrido Montezuma Rodríguez,
Leidy Ríos y David Morales, quienes son 3 líderes comunitarios comprometidos con el Deporte y la cultura Ngäbe.
Estos coordinadores cuentan con el apoyo de todos los líderes y lideresas de los Territorios Ngäbes del Sur.
Ígor Netto se proclamó campeón olímpico y de Europa con el equipo nacional de fútbol de la URSS, siendo él su capitán. Esta es su apasionante historia.
Ígor Aleksándrovich Netto, más conocido como Ígor Netto, nació el 9 de enero de 1930 en Moscú. Sus padres procedían de Estonia, aunque los ancestros de su padre eran de origen italiano.
El padre de Ígor Netto, Aleksander, había sido un bolchevique comprometido con la Revolución Rusa de 1917 y el Estado soviético surgido de ella. Durante la Guerra Civil rusa (1917-1923) entre el nuevo Estado y los rusos blancos, abandonó su tierra natal y acudió a defenderlo. Su madre, Julia, compartía la ideología comunista.
Finalizado el conflicto armado, Aleksander y Julia tuvieron tres hijos: Lev (1925), Niina (1927), la cual falleció recién nacida, e Ígor (1930), escogiendo el nombre Lev para su hijo mayor como homenaje al revolucionario bolchevique León Trotski, es decir Lev Davidovich Bronstein.
Ya en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la familia Netto pasó penurias de todo tipo. Aunque con la conclusión de esta, todo cambió e Ígor Netto pudo empezar a practicar fútbol y hockey sobre hielo, dos deportes en los que destacó rápidamente.
Entre 1948 y 1951, así pues, Ígor Netto jugó en el equipo de hockey sobre hielo del Spartak Moscú y, desde 1949 a 1966, hizo lo propio en el equipo de fútbol de la misma entidad. En este último, disputó nada más y nada menos que casi 400 partidos de la Liga soviética, alcanzando una larga lista de títulos.
Netto ganó la Liga de Fútbol de la URSS de los años 1952, 1953, 1956, 1958 y 1962. Y ganó la Copa soviética de los años 1950, 1958 y 1963.
En este punto, cabe comentar que Ígor Netto dejó de compaginar el fútbol y el hockey sobre hielo en 1951 por dos motivos. Las fuerzas de un deportista están limitadas y, por tanto, es preferible concentrarlas en una sola dirección. Y la posibilidad de lesiones practicando dos deportes a pleno ritmo es mayor que si se practica solo uno.
En cualquier caso, los momentos más álgidos de la carrera deportiva de Ígor Netto llegaron de la mano del equipo nacional de fútbol de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), del que fue capitán entre 1954 y 1963. Con ese equipo, logró ganar el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956 y el Campeonato de Europa de 1960, disputado en Francia.
En los Juegos de Melbourne, la URSS derrotó en la final a Yugoslavia por un resultado de 1-0, contando en sus filas con jugadores míticos como el propio Netto, el portero Lev Yashin o los delanteros Eduard Streltsov y Valentín Ivanov. Y, en el Campeonato de Europa de Francia, la Unión Soviética volvió a derrotar a Yugoslavia en la final en esta ocasión por 2-1, en el estadio del Parque de los Príncipes de París.
Ígor Netto fue un jugador zurdo, con excelente control del balón y del juego, un todoterreno con gran clase. Sobre su compromiso y esfuerzo continuo por mejorar, las palabras de su compañero Aleksei Paramonov lo dicen todo: “Yo era cinco años mayor que Ígor, pero lo que me impactó fue que este joven jugador, sin presión ni exigencias de nadie, permanecía en el campo después de cada entrenamiento para perfeccionar su técnica. Hacía malabarismos con el balón, disparaba a portería, intentaba mejorar su aceleración… Este trabajo constante le permitió convertirse en uno de los mejores”.
En 1966, Ígor Netto se retiró de los terrenos de juego, empezó a ejercer de entrenador y, al mismo tiempo, se afilió al Partido Comunista de la Unión Soviética, el PCUS.
Desde entonces, dirigió a equipos como el AC Omonia de Nicosia (1966-1967), la selección de Irán (1970-1971), el Spartak Moscú como asistente (1973-1975) y, entre otros, el equipo de veteranos de la URSS y Rusia (1991-1993). En 1957, además, recibió la condecoración de la Orden de Lenin. Y, en 1960, se casó con la actriz Olga Yakovleva.
Tras padecer Alzheimer durante años y sufrir bastante con la enfermedad, Ígor Netto falleció finalmente en Moscú el 30 de marzo de 1999, camino de cumplir los setenta años. Fue enterrado en el Cementerio de Vagánkovo y su tumba, junto a un monumento dedicado a su memoria, se situó a escasos metros de las de sus inseparables compañeros Lev Yashin y Eduard Streltsov.
El adiós de Netto provocó que miles de aficionados llorasen su pérdida y que otros tantos recordasen sus gestas futbolísticas en las olimpiadas o en los campeonatos de Europa.
A día de hoy, uno de los estadios del Spartak Moscú porta su nombre y los homenajes a su figura se suceden con frecuencia, a pesar de haber transcurrido más de un cuarto de siglo desde su muerte. Algo normal, que no debería sorprender a nadie, porque Netto consiguió ser uno de los mejores futbolistas soviéticos de la historia y, sobre todo, el gran capitán que encumbró a la selección de la URSS. El hijo de los bolcheviques Aleksander y Julia permanece en la memoria y, de ahí, no se moverá.
El Frente Amplio de Costa Rica es una fuerza política humanista y pacifista que, en consecuencia, suscribe los principios de no utilización de la fuerza en el escenario internacional y de solución de las controversias mediante la negociación.
Asfixiar por hambre a todo un pueblo mediante un bloqueo económico sin precedentes —que impide adquirir insumos médicos y, sobre todo, petróleo, combustible indispensable para el funcionamiento de la industria, el comercio y los servicios públicos— abre las puertas a una grave crisis humanitaria en Cuba. La falta de combustible ya afecta la producción y distribución de alimentos, así como provoca apagones que limitan seriamente los servicios de salud y educación, impactando a toda la población.
En forma independiente de la posición que se tenga en relación con los procesos políticos internos de Cuba, no se puede más que repudiar este criminal bloqueo que amenaza la existencia de millones de personas a quienes se pretende rendir por hambre. Cuba no debe convertirse en otra Gaza.
Reiteramos nuestra solidaridad con el noble pueblo cubano y saludamos la ayuda fraternal que están brindando los gobiernos de México y de otros países. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a todos los Estados a actuar conforme al derecho internacional, al principio de no injerencia y a la diplomacia, para que cese el bloqueo del petróleo y del comercio impuesto por el gobierno de Donald Trump.
Comisión Política, Frente Amplio. 11 de febrero, 2026
El ciudadano Marco Vinicio Levy Virgo presentó nuevas gestiones formales ante el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y otras instancias del Estado en las que denuncia lo que califica como un proceso sistemático de degradación ambiental dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM) y el Sitio Ramsar No. 783.
En su oficio MLV-0049-2026, fechado el 9 de febrero de 2026, Levy solicita una investigación “detallada y exhaustiva” contra la Administración del refugio por presuntas omisiones, complacencias e incluso posibles actos de corrupción vinculados con desarrollos turísticos e inmobiliarios dentro del área protegida.
Señalamientos principales
Entre los hechos denunciados se encuentran:
Eliminación de bosques maduros y cambio de uso del suelo en el Hotel Almendros y Corales.
Desvío de cauces, drenaje de humedales y rellenos con material en zonas sensibles.
Fraccionamiento de terrenos y apertura de caminos que habrían facilitado procesos de urbanización dentro del refugio.
Supuesta instrumentalización del Ministerio Público mediante denuncias incompletas o técnicamente deficientes.
Conflictos de interés por participación de empresarios turísticos en instancias ambientales regionales.
Levy fundamenta su denuncia en principios del derecho ambiental costarricense e internacional, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Convención Ramsar, de la cual Gandoca-Manzanillo forma parte.
Además, solicita:
Investigación con participación de biólogos forenses del OIJ.
Elaboración de mapas técnicos comparativos del bosque existente desde 1996.
Identificación de funcionarios que habrían autorizado fraccionamientos o desarrollos.
Aplicación del principio precautorio para suspender proyectos en trámite.
Revisión de denuncias sanitarias relacionadas con descargas residuales.
Respuestas oficiales de SINAC-ACLAC
En los oficios SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-054-2026 y 079-2026, la Administración del Área de Conservación La Amistad Caribe responde a gestiones anteriores de Levy indicando que:
Se han realizado inspecciones técnicas.
Se han emitido criterios administrativos dentro de sus competencias.
Parte de la información solicitada no puede ser divulgada por encontrarse en procesos judiciales o administrativos en curso.
Algunas actuaciones corresponden a competencias de otras instituciones.
Las respuestas no coinciden plenamente con los planteamientos del denunciante, lo que mantiene abierta la controversia sobre el alcance real de la fiscalización institucional dentro del refugio.
Contexto más amplio
El RNVS-GM ha sido escenario de controversias jurídicas durante la última década, incluyendo acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la Ley 9223 y debates sobre su Plan General de Manejo.
Las cartas de Marco Levy insisten en que existiría un patrón acumulativo de afectación ambiental que requeriría un abordaje estructural y coordinado entre Fiscalía Ambiental, Procuraduría, Contraloría, Defensoría y autoridades ambientales.
El tema vuelve a colocar en el centro del debate público la tensión entre conservación ambiental, desarrollo turístico y gobernanza institucional en territorios de alta fragilidad ecológica y relevancia internacional.
Síntesis: La consulta electoral del 1 de febrero, a un costo de más de 39 mil millones de colones por concepto de “deuda política y 30% de votantes que no se dejaron intimidar con el cuento de la “dictadura”, abrió el camino para la futura aparición de una organización opositora responsable y destinada a dar contenido a la participación real a nuestra democracia, aporte soluciones cotidianas a miles de costarricenses, supere medio siglo de reformismo por todo lados e inicie el camino hacia la transformación socioeconómica de Costa Rica.
“Las personas con mayor nivel educativo no votó por el continuismo”; “la gente pobre de las costas dio el triunfo al chavismo”, “no supieron razonar su voto”, etc. Así explicaron algunos de nuestros expertos electorales y la mayoría de los candidatos a la presidencia y a diputados consultados la noche del 1 de febrero, sobre la victoria contundente de Laura Fernández, quien ya es un hecho gobernará cuatro años con una mayoría parlamentaria simple y una “oposición” que aún no asimila la derrota, pero desde ya mira con optimismo hacia 2030.
Ciertamente, estas personas de esas deprimidas costas habitan una de las regiones más olvidadas por nuestras élites, arraigadas todas ellas en la parte central de la nación; asimismo, por nuestra ya descabellada distribución presupuestaria y división territorial, no dudaron en otorgar al Partido Pueblo Soberano un total de 2.267.404 sufragios para la presidencia y diputados.
La estrategia de derrotar al “oficialismo” en una segunda ronda el próximo 1 de abril, cierto es que no salió como esperaba la denominada “oposición”, que en todo caso, sí hubiera salido como pensaba, no había ningún proyecto país de verdadera defensa a nuestra soberanía, contra el injerencismo en cuestiones internas de otros Estados y menos de empoderar desde las bases a las organizaciones y movimientos populares. Fracaso cantado como serán los próximos años para los trabajadores.
Una segunda ronda, como esperaban los adversarios del oficialismo, nos hubiera aumentado las obligaciones pecuniarias para con los dueños de las franquicias partidarias. Cálculos extraoficiales nos dicen que Pueblo Soberano tiene derecho a hacerse con más de 20 mil millones de colones, Liberación Nacional 12 mil millones, Frente Amplio tres mil millones, Coalición Agenda Ciudadana casi dos mil millones y Unidad Social Cristiana más de mil quinientos millones.
Sin embargo, la fragmentación evidente dejadas por estas recientes elecciones, sobre todo entre grupos muy afines a nuestros actores proletarios y la llamada “clase media” como profesionales, asalariados estatales, así como maestros, universitarios y profesores, considerados no necesariamente proletarios, paradójicamente como sociedad, nos dejan en una encrucijada cuyas manecillas del reloj corren contra el futuro político de quienes creen en una democracia que incorpore desde las bases a movimientos y personas que el conservadurismo a ultranza hace suyos.
O surge una verdadera opción electoral viable y producto de la unidad no coyuntural, que tenga como norte nuestra independencia en los distintos campos y necesidades como nación, o los grupos violentos, acostumbrados a vilipendiar, mentir, descalificar por razón de raza, sexo, cultura o idioma, terminan por establecerse definitivamente como forma de gobierno, tras largos años de venir “legitimándose” y casi sin que nos percatemos en las altas esferas del Estado costarricense.
No es cierto, por tanto, que estos humildes jóvenes, trabajadores y trabajadoras de nuestras costas, sean costarricenses de segunda o tercera clase que por sus condiciones materiales hicieran presidenta a Fernández , cuando vemos que debido a que la llamada Gran Área Metropolitana – San José, Alajuela, Heredia y Cartago – concentra el mayor número de sufragantes y es, consecuentemente, la veta “chineada” de nuestra clase política, desde que el reformismo echó raíces en nuestro país, como proyecto ideológico.
No son personas que, por su supuesto bajo nivel educativo, la disminuida capacidad de consumo por sus escuálidos ingresos, o “pobretes” de los barrios del sur que cayeron ante el “populismo chavista”, quisieran estar en esas condiciones; es por una decisión presupuestaria de la democracia liberal que huye y teme a empoderar a los humildes, porque éstos, precisamente, tienen años de ser simplemente una mercancía electoral.
Una revisión del “Informe del Estado de la Nación 2023” (ver mapa pág. 18), no deja dudas, en torno a la situación de cómo, por años, estos pueblos presentados ahora por algunos de nuestros analistas y dirigentes politiqueros despechados, como “ignorantes”, “tontos” e “incultos”, no tienen las mismas oportunidades reales con que sí cuentan las masas asentadas en la parte central costarricense, independientemente del nivel escolar alcanzado.
Sin embargo, la realidad, si es abordada con un mínimo de seriedad y de “sentido común”- para el filósofo, Miguel Onamuno, casi toda la gente tiene, aunque sea un poquito de este último – es otra diametralmente distinta a la que nos vendieron expertos y unos pocos académicos durante una semana, tras los comicios comentados.
Las poblaciones costeras víctimas de la desigualdad social y las asignaciones presupuestarias. (F. Semanario Universidad).
Los vilipendiados de nuestras costas, dependen, objetivamente, de acuerdo con dicho “Informe de la nación”, principalmente, de los ingresos no registrados y transferencias, entre los que destacan los aumentos de las pensiones contributivas.
Según este “Informe”, la desigualdad – para el suscrito entre los inteligentes que sí supieron votar y los torpes de las zonas costeras – radica en el acceso a recursos y oportunidades, con la obvia afectación a un deseado desarrollo más equitativo entre provincias. Más claro no canta un gallo.
Esta situación está implícita cuando el Informe Estado de la Nación 2023 y el Programa Estado Nación, nos cuentan que el presupuesto nacional está enfocado en buscar un equilibrio de la producción nacional con la distribución de la riqueza en todas las provincias, buscando disminuir la brecha de desarrollo. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Sin que ello sirva de consuelo para quienes descalificaron a más de 2.000.000 de votantes por favorecer el “populismo” el “autoritarismo”, el peligro de un “dictadura” tipo Nicaragua, Cuba o Venezuela, el “levantamiento” de garantías constitucionales etc., condenaron además a un 30 % que vieron en el abstencionismo su forma de protestar, no tienen por qué sentir arrepentimiento por tantos epítetos lanzados en momentos de frustración. Son chispas del oficio.
Es la “moda”, diría Antonio Gramsci (1891-1937), quien en su momento se ocupó de ella. Iluso sería pensar que, con el desarrollo de los medios de propaganda masiva de finales del siglo pasado y la acelerada alimentación silenciosa por décadas en nuestro país de esta boga, no se desembocara en ella en su “razón” de ser y su “legitimidad” como pequeño grupo para reafirmarse sobre la mayoría, en ocasión de unas elecciones, máxime, cuando marcaron el fin de un ciclo y abrieron otro más allá de 2040.
Todo lo que contrarie las posiciones reaccionarias de este grupo, sean porque se confrontan directamente o mediante el “transformismos” políticos que nos plantea Gramsci, muchos de ellos ya tienen legitimado un relato sobre sus “preocupaciones” sociales, unas veces acompañado de un hecho dado a conocer parcialmente, de forma descontextualizada, o simplemente recurriendo al escarnio y las descalificaciones de la más diversa índole.
Gramsci, tuvo claro siempre que, este “transformismo”, está vinculado a lo que él denomina “revolución pasiva” como un proceso adherente a una etapa donde el capitalismo se desarrolla y moderniza – no con pocas dificultades dada hoy los saltos de la Revolución científica – tecnológica actuales, así como las nuevas formas de explotación y división del trabajo mundial – penalizándose a quienes atentan contra la institucionalidad, mientras se cercenan los derechos de los pueblos y evitan por todos los medios la movilización y articulación de las masas.
Lo anterior es facilitado, según este pensador italiano, porque este “transformismo” implica que la clase dominante capta, neutraliza y absorbe a los líderes e intelectuales de los grupos subalternos (izquierda/populares), con lo cual desnaturaliza sus luchas y hace que abandonen los principios revolucionarios y terminen integrándose definitivamente a lo que conocemos ya como “derecha” pura y dura.
Esto explica, en el caso costarricense, que desde la Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa o el Mercado Central, sectores con nivel universitario, trabajadores “informales” o “indigentes” ( eufemísticamente ahora son “habitantes de la calle”) con o sin enjuague bucal, antes o después de almuerzo, despotricaron contra Nicaragua, Venezuela o Cuba, como parte de nuestra pasada campaña electoral y cuyos protagonistas zafaron el lomo a los verdaderos problemas de sumisión e imparables mecanismos de recolonización en que estamos como sociedad.
Antes, durante y después de las elecciones, todos los esfuerzos de estos servidores de la elite, evadieron la confrontación de sus responsabilidades, por 40 años de programas económicos que socavaron el Estado Social. De lo que se trata, pues, es no molestar el establishment y llevar a su máxima expresión la fragmentación de las capas proletarias.
Por eso vemos la impávida conducta en la Asamblea Legislativa frente a créditos internacionales baratos y a mayores plazos, mientras la deuda pública es un auténtico látigo contra los costarricenses favoreciendo a los banqueros. Ello puede percibirse como una contradicción propia del régimen parlamentario, pero no hay tal discrepancia; sencillamente hay un acople a las ideas neoliberales y una defensa a favor de los financistas tenedores de títulos de deuda pública.
La fórmula ganadora 2026-2030 no cambia en nada, respecto lo que se ha hecho desde la década de los ochenta. Simplemente acelerará las “recetas” neoliberales emprendidas, ya fueran en las distintas administraciones reformistas de Liberación Nacional, la Unidad Socialcristiana o el fugaz ejercicio del poder de lo que fue Acción Ciudadana.
La esencia de estos grupos reaccionarios quedó al descubierto cuando en la Asamblea Legislativa 33 diputados hicieron el aspaviento para condenar el llamado “Cartel de los soles” en Venezuela, sumándose a la Admiración Trump que ordenó hicieran circular en la región el problema del narcotráfico desde tierras venezolanas, o aquellos 45 parlamentarios que dijeron sí al Tratado de Extradición de nacionales.
Sin embargo, ni el famoso cartel de los soles existió, ni dicho convenio de extradición acabará con el narcotráfico y el lavado de dinero en las altas esferas nacionales, evidenciado desde el 15 de julio de 2022, cuando el mexicano Rafael Caro Quintero entró como “Pedro por su casa” con una “libreta mágica” de contactos nacionales, su novia incluida. Luego, en término récord, fue expulsado del país. ¿Dónde estará ese cuadernillo?
Por eso, cuando se trata de Venezuela, Nicaragua o Cuba, estos grupúsculos conocidos en todo el orbe, primeramente, tienen un violento lenguaje, propio de su clase descalificante; y luego, pasan a las acciones destructivas, comparables solo con la temible violencia de un “Lomo Plateado”, debido a su carácter intolerable y su componente reaccionario, cuando se trata de socavar los esfuerzos de los pueblos por su autodeterminación y el respeto a las decisiones internas de otros Estados soberanos.
Con el cuento de la “democracia” y los “derechos humanos” cierran filas con quien hace de “policía” del mundo, sin decir una palabra por el secuestro de la pareja venezolana, constituida por el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, la muerte el pasado 3 de enero de 32 héroes de la isla caídos dignamente en combate y el acoso creciente y asfixiante emprendido contra la Revolución cubana.
Estarían felices con que el canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, sí no hubiera concluido en su cuenta de Facebook, que la situación con respecto al gobierno de los Estados Unidos es una amenaza “inusual” y “extraordinaria”, que proviene total o sustancialmente de la “derecha neofascista” afincada en suelo estadounidense.
Aquellas luchas del pasado, traducidas en las conquistas disfrutadas por miles de costarricenses desde los años 40 en seguridad social, la educación, salud, los subsidios para nuestra agricultura, derechos laborales, justicia pronta, cumplida y de calidad, entre otras, estorban a estos grupúsculos de los que se ocupó Gramsci.
El encanto para estos grupos reaccionarios, inmersos en todos los partidos políticos nacionales, como ha quedado demostrado, sería mayor si el presidente cubano, Miguel Diaz Canel, no hubiera antepuesto el “respeto” a su nación y la “soberanía” de Cuba, frente al hipócrita y cínico ofrecimiento de “ayuda” a Cuba proveniente de Washington, como sí con ella pagara un solo día de bloqueo financiero y comercial durante más de 60 años.
Estamos hablando de una posición política cubana a favor de la soberanía que nada tiene que ver con la de los gobernantes costarricenses, que hace tiempo la empeñaron o borraron de su ideario, como la defendieron Juan Rafael Mora y el General José María Cañas. Todo encaminado a crear el «Estado totalitario de masas” advertido por Gramsci.
¡Fascismo puro lo llamó!
*Periodista, abogado y notario por la U.C.R., miembro del Movimiento Bolivariano Costarricense de Solidaridad Yamileth López.
Modelo de financiamiento afecta más a centros educativos rurales, costeros e indígenas, así como a estudiantes en condición de pobreza.
La Defensoría de los Habitantes advirtió hoy que el país enfrenta una crisis de equidad educativa provocada por la reducción sostenida del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil capacidad de gestión en los niveles locales. Esta combinación de factores ha generado un deterioro progresivo del derecho a la educación, evidenciado en brechas crecientes entre centros educativos según su ubicación territorial, recursos económicos disponibles y dirección regional.
La investigación reveló que los recortes acumulados en inversión educativa han afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo, comprometiendo la calidad del aprendizaje y las condiciones de permanencia en las aulas. Las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las más afectadas: en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas urbanas, lo que restringe su capacidad para garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil.
Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría alerta que la falta de equidad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza y a las personas estudiantes con discapacidad que enfrentan mayores barreras de acceso. Estas desigualdades violan los principios de progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
Para la Defensoría el modelo actual de gestión educativa no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas adecuadas. La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica en las Juntas y la ausencia de acompañamiento institucional dificultan la ejecución oportuna de los recursos, generando atrasos significativos en el mantenimiento, adquisición de materiales y ejecución de programas sociales. Esta situación debilita la confianza pública y aumenta la
desigualdad entre centros que logran gestionar recursos propios y aquellos que dependen exclusivamente de transferencias estatales.
La Defensoría recomendó reformar de manera estructural el modelo de financiamiento educativo, asegurando un presupuesto estable, equitativo y progresivo que priorice a los centros con mayores desventajas sociales y territoriales. Propone, además, fortalecer la rectoría del MEP en la supervisión de las Juntas de Educación y Administrativas, implementando mecanismos de asistencia técnica permanente y auditorías preventivas con enfoque territorial y de derechos humanos.
Para la Defensoría es crucial garantizar la educación como un derecho humano y ello exige una política fiscal comprometida con la justicia social, donde los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades reales de las comunidades y no únicamente por criterios administrativos. Esto implica recuperar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación, invertir en infraestructura resiliente, ampliar los programas de alimentación y transporte escolar, y promover una gestión educativa inclusiva que incorpore la voz de las comunidades.
La Defensoría de los Habitantes reafirma su llamado al Estado para que coloque la educación pública en el centro de la agenda nacional, como condición indispensable para la igualdad, la cohesión social y la democracia. Superar la desigualdad educativa requiere un compromiso político sostenido que reconozca que cada recorte presupuestario implica un retroceso en la vida y el futuro de miles de niñas, niños y personas adolescentes en todo el país.
SURCOS comparte la siguiente reseña de un boletín que fue enviado a nuestra redacción.
El asentamiento de Monte Alto celebró el pasado 25 de enero de 2026 un acto político de celebración y agradecimiento tras concretarse un logro histórico: después de casi diez años de lucha, las familias lograron un acuerdo que les permitirá comprar sus lotes a un precio accesible y avanzar hacia la titulación formal de la tierra.
El boletín Monte Alto: Celebración y agradecimiento recoge la memoria de un proceso colectivo que nació de la necesidad urgente de vivienda y se sostuvo gracias a la organización, la solidaridad y la perseverancia de cientos de familias trabajadoras.
Una lucha que nació de la necesidad
Monte Alto surgió cuando decenas de familias, sin acceso a vivienda y ante la existencia de terrenos sin uso social, decidieron organizarse e ingresar a la tierra. El proceso fue impulsado por personas con experiencia en luchas agrarias, entre ellas Carlos Coronado, Grace Serrano y Hernán Martínez.
Los primeros años estuvieron marcados por desalojos, destrucción de ranchos, persecución y ausencia de servicios básicos como agua y electricidad. Más de 40 viviendas fueron demolidas en uno de los episodios más duros. Sin embargo, la comunidad resistió.
Las mujeres jugaron un papel fundamental en la defensa del asentamiento, sosteniendo la organización cotidiana, el cuido de las familias y la continuidad de la lucha.
De la tierra para sembrar al derecho a la vivienda
Con el tiempo, el asentamiento creció hasta superar las 400 familias. La realidad social fue redefiniendo el sentido de la lucha: muchas personas trabajaban en la ciudad y no en agricultura, por lo que el eje pasó de la producción agrícola al derecho a la vivienda.
Monte Alto dejó de ser visto únicamente como una toma de tierra y empezó a consolidarse como barrio popular organizado. El acompañamiento de organizaciones sociales, el Bloque de Vivienda, el PRT y otros espacios fue clave para sostener el proceso en momentos críticos.
Un logro histórico
Tras casi una década de movilizaciones y procesos legales, se alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria del terreno. Aunque no se trató de una donación, el convenio permitió:
Evitar el desalojo.
Garantizar seguridad sobre la tierra.
Abrir el camino hacia la titulación formal.
Actualmente continúan los procesos de medición y trámites para que cada familia inscriba legalmente su lote.
Aprendizajes para otras luchas
El boletín destaca siete aprendizajes centrales de la experiencia:
La organización colectiva es la base del logro.
Las luchas son procesos largos.
Las mujeres sostienen la resistencia.
La lucha debe adaptarse a la realidad.
Las alianzas fortalecen.
Defender la tierra es defender la dignidad.
La memoria fortalece futuras luchas.
Monte Alto demuestra que los derechos no son concesiones sino conquistas colectivas.
Carlos Coronado: memoria viva de la lucha
El boletín consigna que “durante el acto se rindió homenaje a Carlos Coronado, dirigente histórico de la lucha por la tierra y la vivienda en Costa Rica. Con más de cuatro décadas de participación en procesos organizativos, ha sido impulsor de tomas de tierra tanto en zonas rurales como urbanas”.
Su aporte ha consistido no solo en la acción directa, sino en promover organización, formación política y conciencia colectiva. Para Coronado, la tierra debe cumplir una función social y no ser mercancía, destaca el documento.
Una lucha que continúa
Aunque la compra de los terrenos representa una victoria histórica, la lucha no termina. Persisten desafíos como acceso a servicios básicos, cambio de uso de suelo, infraestructura y construcción de viviendas dignas.
Como expresó una persona participante durante el acto: “Aquí no hubo regalo: hubo lucha, organización y resistencia.”
Una reciente investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes vuelve a apuntar sobre el riesgo que significa para la sostenibilidad del sistema educativo seguir por el camino de la reducción en el financiamiento.
El gasto público destinado a educación ha disminuido del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, incumpliendo el mandato constitucional que establece un mínimo del 8%. Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense.
El más reciente informe de la Defensoría insiste que esta contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), para ejecutar programas estratégicos, sino que además impacta directamente en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial. Entre 2015 y 2025, el país ha experimentado una caída sostenida en los resultados de las pruebas internacionales PISA, con pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura, lo que evidencia el vínculo entre la reducción de recursos y el deterioro de los aprendizajes básicos.
Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría subraya que el principio de progresividad exige al Estado avanzar de forma constante en la garantía del derecho a la educación de calidad (inclusiva, equitativa y pertinente), evitando retrocesos injustificados. Sin embargo, los recortes presupuestarios en programas esenciales —como alimentación escolar, infraestructura y formación docente— constituyen una forma de regresividad que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales, costeras, indígenas y a las personas estudiantes con discapacidad. En estas poblaciones, la falta de recursos compromete la permanencia escolar y amplía las brechas estructurales de desigualdad.
Asimismo, la Defensoría señala que la erosión progresiva del presupuesto educativo ha limitado el alcance de políticas de inclusión y equidad, debilitando programas como el de becas y transporte estudiantil. De esta forma, la educación pública, históricamente reconocida como motor de movilidad social, enfrenta hoy una precarización institucional que amenaza su papel como herramienta de justicia social. La Defensoría destaca que esta tendencia contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense ante la UNESCO y el Comité de los Derechos del Niño.
Por otro lado, la investigación identifica una creciente inestabilidad presupuestaria en el MEP, con variaciones interanuales negativas desde 2019 y una dependencia de decisiones coyunturales. Ello ha generado un efecto dominó en las Juntas de Educación y Administrativas, que hoy deben asumir con recursos limitados la continuidad de servicios básicos en las escuelas y colegios. Esta situación expone a las comunidades educativas a vulneraciones indirectas del derecho a la educación y profundiza la desigualdad entre territorios con distinta capacidad de gestión local.
La Defensoría de los Habitantes hace un llamado urgente a revertir la tendencia de desinversión educativa, priorizando la educación como inversión estratégica para el desarrollo nacional. Fortalecer la gobernanza, garantizar estabilidad financiera y asegurar la equidad en la asignación de recursos son condiciones esenciales para que la educación continúe siendo un instrumento de justicia social, cohesión y democracia.
Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Costa Rica se aleja de los mejores puntajes de América y de los países de la OCDE, tendencia que muestra en otros indicadores internacionales.
Este 2025, Costa Rica obtuvo 56 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), lo que empeora el desempeño histórico, ya de por sí deficiente. Desde el 2012 que se calcula este índice de manera comparada, el país ha alcanzado como máximo un puntaje de 59 en la medición del 2017, pero se mantiene en la decena de los cincuenta, en la cual ha estado fluctuando desde el 2012, sin avances sostenidos.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 182 países según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios). Es la medida más utilizada para la comparación entre países y la calcula la organización no gubernamental Transparencia Internacional desde hace más de dos décadas.
Debido a la carencia de acciones más contundentes contra la corrupción, no sorprende que el país baje, y que se encuentre alejado de los mejores puntajes del continente (Canadá, 75 o Uruguay, 73) y también del promedio del IPC que tienen las democracias plenas (73), pues es el grupo en el cual Costa Rica debería compararse por su trayectoria institucional.
Para la Asociación Costa Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional en el país, esta disminución en nuestra calificación refleja una oportunidad perdida en el cuatrienio de gobierno que finaliza.
La popularidad alta no fue aprovechada para enarbolar la bandera anticorrupción de la que se habló con frecuencia. Pese a ello, los avances son deficientes en iniciativas como la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), el Estudio de Integridad de la OCDE, las recomendaciones de los informes de las convenciones internacionales anticorrupción y de otros informes similares. Asimismo, la ausencia de reglamentos a leyes como la 10437 (Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales) o la 10554 (Ley marco de acceso a la información pública), son también deudas importantes que al parecer se han trasladado a la nueva administración.
Por su parte, espacios cívicos como los grupos multiactor de Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Parlamento Abierto y Estándares de Transparencia para la Construcción (CoST), requieren un relanzamiento con compromiso explícito para su implementación e impacto.
La baja del IPC forma parte de otros indicadores relacionados con la democracia que tienden a empeorar para Costa Rica, particularmente la libertad de prensa y la independencia entre poderes del Estado.
Para Juany Guzmán León, presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra, “estamos al frente de una nueva oportunidad, un nuevo gobierno, con una alta legitimidad, que reitera en la campaña electoral su compromiso en la lucha contra la corrupción. Pero para mejorar se requiere un plan claro, rendición de cuentas, respeto a las libertades fundamentales y priorizar acciones sustantivas”.
En esta perspectiva, en conjunto con otros actores de sociedad civil, la Asociación Costa Rica Integra, pondrá a la disposición de la nueva administración de gobierno, un conjunto de medidas que consideramos son clave en la ruta de una cultura de integridad, de prevención de la corrupción y de fortalecimiento de la participación ciudadana en el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos nacionales en estas materias.
Deterioro global. La publicación global del IPC llama la atención sobre un declive generalizado, incluso en las democracias más sólidas, haciendo énfasis en el caso de Estados Unidos que alcanzó el puntaje más bajo de su historia en el IPC (64), luego de debilitar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) —una norma clave que prohíbe el soborno corporativo a funcionarios extranjeros.
Al mismo tiempo, los recortes a la ayuda estadounidense destinada a financiar organizaciones de la sociedad civil en el exterior que fiscalizan a sus gobiernos han debilitado los esfuerzos anticorrupción a nivel global. Líderes políticos de distintos países han interpretado esto como una luz verde para perseguir y restringir aún más a voces independientes, como ONG y periodistas.
El informe global del IPC dedica este año a la problemática del crimen organizado, y menciona en concreto a Costa Rica: “Con elecciones este año en Bahamas (64), Colombia (37), Perú (30) y Costa Rica (56), se requiere mayor transparencia en el financiamiento político y una aplicación más eficaz de la ley para prevenir y detectar la influencia corruptora del crimen organizado en las campañas electorales.
Asimismo, es fundamental fortalecer la cooperación en casos de corrupción transnacional y la regulación de contadores, banqueros y abogados que facilitan que personas corruptas y otros criminales oculten dinero ilícito. Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia frente al crimen organizado y superar la desigualdad y la violencia que están desgarrando a sus sociedades”.
La Asociación Costa Rica Íntegra es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, una organización sin fines de lucro, independiente y eminentemente apartidista. Como parte de sus objetivos principales, la organización centra sus labores en promover e impulsar, desde el ámbito de la sociedad, un sistema nacional de integridad: Transparencia, Anticorrupción y Probidad. (TAP).
La Fundación Friedrich Ebert (FES) abrió la convocatoria de becas para el programa Agentes de Cambio 2026, un proceso de formación política dirigido a personas jóvenes que participan activamente en organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, centros de investigación o medios de comunicación en Costa Rica, Guatemala y Honduras.
El programa tiene como objetivo fortalecer el liderazgo, las habilidades de análisis y la capacidad de incidencia política de juventudes comprometidas con la democracia social, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad. Según la convocatoria, Agentes de Cambio es un espacio formativo orientado a jóvenes progresistas de la región centroamericana.
¿En qué consiste el programa?
Agentes de Cambio se desarrolla mediante seis módulos presenciales a lo largo del año, impartidos durante fines de semana. En el caso de Costa Rica, las actividades inician con un taller de selección presencial el 18 de abril de 2026, y continúan con módulos entre mayo y octubre, finalizando con una sesión de clausura el 23 de octubre.
Entre los temas que se abordan destacan:
Historia y conceptos políticos de la democracia
Fundamentos y valores de la socialdemocracia y los progresismos
Retos y oportunidades para la participación de juventudes
Modelos económicos y propuestas para la transformación productiva
Extractivismos y crisis climática
Conflictos socioambientales y defensa de personas activistas
Energía y transición energética justa
Feminismos y economía de los cuidados
Comunicación política y habilidades de debate
¿Quiénes pueden postular?
El programa está dirigido a personas que:
Tengan entre 18 y 35 años
Residan en Costa Rica, Guatemala u Honduras
Participen activamente en organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, centros de investigación o medios de comunicación afines a los principios democráticos
Se identifiquen con la democracia social, los derechos humanos y el respeto a la diversidad
Proceso de postulación
La fecha límite para enviar la postulación es el 1° de marzo de 2026, a las 11:55 p.m. (hora Centroamérica)
Las personas interesadas deben enviar, mediante el formulario oficial:
Copia de documento de identificación
Carta de la organización donde participan, indicando tiempo de vinculación y responsabilidades
Currículum (máximo dos páginas)
Carta de motivación (máximo una página) o video de un minuto respondiendo preguntas sobre los principales problemas del país y el aporte personal a su solución.
La participación no tiene costo. Las personas seleccionadas reciben una beca que cubre alimentación, hospedaje, materiales, transporte y panelistas, incluyendo apoyo adicional para quienes vivan en zonas alejadas.
Para certificarse es obligatorio cumplir con al menos el 85% de asistencia, participar activamente, desarrollar una Iniciativa de Cambio en su comunidad u organización y respetar las normas de convivencia del programa.
Desde la Fundación Friedrich Ebert invitan a organizaciones sociales, sindicales y políticas a compartir esta convocatoria entre juventudes interesadas en fortalecer su formación política y su capacidad de incidencia en la región.
