La Fundación de Caminantes invita a toda la comunidad a participar en la Caminata Recreativa Ecológica del Amor y la Amistad, una actividad pensada para disfrutar en familia, promover la salud y fortalecer la solidaridad.
La caminata se realizará el sábado 14 de febrero de 2026, a partir de las 8:00 a.m., con salida desde el Domo del Parque La Libertad, en Fátima de Desamparados. El recorrido interno contempla opciones de 2 km y 4 km, accesibles para personas de distintas edades y condiciones físicas.
La inscripción está abierta y tiene un costo de ₡4.000, que puede cancelarse por SINPE al 6226-2080. La actividad incluye refrigerio, guías, rifas y premios, y tiene un propósito solidario: apoyar al grupo de caminantes adultos mayores.
Quienes deseen más información pueden comunicarse al teléfono 7189-4252. La invitación es a caminar por la salud, el amor y la amistad, en un entorno natural y de convivencia comunitaria.
El gobierno de Trump prohíbe a países soberanos la venta de petróleo a Cuba. En otras palabras: Cuba no puede comprar, aunque quisiera, petróleo a ningún país so pena de que el país vendedor sufra penas o sanciones en forma de aranceles. Es la vuelta a las guerras primitivas donde se condenaba al hambre cuando se rodeaba una ciudadela a la cual no ingresara ninguna mercancía; es el caso de Troya y de todas las batallas contra las ciudades amuralladas. Trump nos regresa a esos tiempos, a conductas internacionales sin ninguna regla.
Cuba es sometida al estrangulamiento de su población. No puede comprar energía porque nadie se atreve a enfrentar al imperio.
El caso de Cuba es similar al de Costa Rica, países que no tienen petróleo y que dependen totalmente de la adquisición en el exterior.
Sin petróleo un país deja de funcionar: los hospitales se paralizan, las escuelas, el trasporte, las fábricas, los hoteles cierran y los hogares no pueden cocinar sus alimentos ni desarrollar sus necesidades, el agua deja de fluir. Esto podría pasar en Costa Rica sin petróleo y de seguro irá a ocurrir en Cuba.
Estamos en presencia de una crisis humanitaria de incalculables consecuencias para el pueblo cubano.
Independientemente de las simpatías políticas por un régimen político, nadie podrá aceptar o estar de acuerdo en condenar a todo un pueblo a semejante sacrificio.
El pueblo cubano resistirá, no se rendirá. Podrá superar esta nueva agresión, aunque a un precio incalculable.
No sé si tendremos otra Gaza en las Antillas.
Es de esperar que la solidaridad de algunos gobiernos y de los pueblos del mundo se levanten para detener la mano agresora y Cuba nuevamente salga airosa.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) recibió respuesta formal por parte de la Secretaría de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en relación con la solicitud de información sobre el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).
Mediante el oficio SJD-0222-2026, fechado el 6 de febrero de 2026, la CCSS acusó recibo del oficio ACSS-001-2026, presentado el 30 de enero de 2026, en el cual la Auditoría Ciudadana solicitó información vinculada a los reajustes de las pensiones, retomando además lo señalado previamente en el oficio ACSS-003-2025.
En la comunicación oficial, la Secretaría de la Junta Directiva informa que, en atención a las instrucciones de la jefatura de esa dependencia y con base en la delegación conferida mediante el oficio SJD-0192-2026, se solicitó el criterio técnico correspondiente a la Gerencia de Pensiones, el cual fue formalizado mediante el oficio GP-0029-2026.
Según lo indicado, dicho criterio técnico será incorporado en la agenda de la Junta Directiva de la CCSS y sometido a conocimiento y análisis en una próxima sesión. Una vez que ese órgano colegiado adopte una resolución, se comunicará oficialmente a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.
Este acuse de recibo y la remisión del tema a la Gerencia de Pensiones se inscriben en una serie de acciones sostenidas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social orientadas a dar seguimiento público y documentado a decisiones que afectan directamente a personas pensionadas del IVM y del Régimen No Contributivo, sectores especialmente sensibles ante el contexto económico y social actual.
Desde SURCOS se continuará dando seguimiento a este proceso, en tanto el eventual reajuste de las pensiones constituye un asunto de interés público, relacionado con el derecho a la seguridad social, la transparencia institucional y el acceso oportuno a información clara por parte de la ciudadanía.
En una semana para analizar desde el punto de vista político, social y cultural, por primera vez en más de cinco años de escribir esta columna, confieso que me cuesta enfocar un solo tema.
Sobre las recientes elecciones en Costa Rica y sus resultados, por ejemplo, aún debo procesar lo que la estadística evidencia. En muchas reflexiones pasadas he compartido mi sentir acerca de la “refundación política” o la suscripción de un nuevo “pacto social” dada la caducidad del anterior. Volveré sobre esto más adelante, cuando pueda pensar en frío.
Han sido muchas las conversaciones sostenidas a lo largo de estos días con amigos y amigas del exterior que me preguntan ¿qué pasó en Costa Rica? Y de inmediato extienden su preocupación sobre lo que desde afuera se observa y que aquí adentro al menos un porcentaje importante del electorado logró percibir.No es menor el riesgo.
De todas las conversaciones sostenidas me quedo con las palabras del poeta y gestor cultural venezolano Joel Linares, con quien llegamos a la conclusión de que el efecto despolitizador en Costa Rica había cumplido su cometido: desmovilizar por un lado y por el otro llamar a una convocatoria que le dijera exactamente a la gente “de a pie” lo que quería escuchar y no propiamente la realidad.
Es que la desafección es mucha y moviliza hacia donde se le prometa acabar con lo que le produce el enojo: desigualdad, pobreza, desatención política. Aunque la promesa finalmente no tenga argumentos para cumplirse.
Con esta despolitización vinieron otros elementos: descolectivizar y volver individuales las luchas. En ese sentido, la sociedad costarricense ha sido abatida en su proyecto común y hoy se dibujan varios escenarios que difícilmente logren un acuerdo social en el corto plazo.
Pero quizá lo que más me quedó resonando de la charla con Joel, fue la contundencia de esto que dijo: “no basta con el poder político. Se debe construir una hegemonía cultural”.De inmediato aclara que no solo es a través del arte como vehículo: es en el mundo de las ideas y de la conciencia donde se debe colocar la energía para resistir.
El potente valor de lo simbólico.
A esto volveré más adelante en esta columna, porque pienso que es claramente una ruta que debemos asumir en el plano local dadas las circunstancias.
No quiero dejar pasar el momento, ahora si en caliente. Han transcurrido apenas unas horas desde que el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl estadounidense fuera “hackeado” por el cantante puertorriqueño conocido como Bad Bunny.
Un diario como El País en España ha dicho que la mayoría de público asistente, blanco, reaccionó con recelo ante una presentación que proponía el idioma español como bandera, Latinoamérica y el Caribe como presente, la memoria como recurso político.La misma respuesta visceral e higadosa de Donald Trump ante el show del boricua nos indica que aquel cumplió el objetivo. A este tema también volveremos más adelante.
En una semana intensa, la idea que ha quedado clara es que al poder se le combate desde lo simbólico, porque le incomoda esa disputa, le enoja que lo saquen de su centro cultural.
El escenario es claro: es mediante conocimiento, arte transformador y colectividad que se resiste y se construye una nueva vía donde quepamos todos y todas.
El Partido Vanguardia Popular toma nota de la noticia publicada este 29 de enero de 2026, en la que se informa que la ARESEP aprobó una rebaja en los precios de los combustibles.
Si bien toda disminución en los precios de combustibles es bienvenida, nos preguntamos: ¿Esta rebaja se traducirá en un alivio real para el bolsillo de las familias trabajadoras? La experiencia nos muestra que las rebajas en los combustibles nunca se reflejan de manera proporcional en la canasta básica. Mientras los precios de los alimentos siguen aumentando, y aunque se reporta una inflación negativa, las familias siguen sintiendo el peso de la carestía en los productos de primera necesidad.
Peor aún, el gobierno celebra esta rebaja marginal mientras mantiene congelados los salarios del sector público desde hace seis años. Los sindicatos han tenido que presentar proyectos de ley para exigir el descongelamiento salarial, porque los trabajadores no reciben un ajuste desde 2020. ¿De qué sirve que baje el precio del combustible si los ingresos de miles de funcionarios y trabajadores públicos siguen estancados, perdiendo poder adquisitivo año tras año?, eso es precarización laboral y empobrecimiento.
Por eso, el Partido Vanguardia Popular plantea dos interrogantes claves al pueblo costarricense:
1. ¿Por qué el dólar baja, el precio de combustibles baja, y el precio de los alimentos no? ¿Qué medidas concretas toma el gobierno para garantizar que esta rebaja en los combustibles se transmita a los precios de la canasta básica y no se quede en los márgenes de lucro de los intermediarios?
2. ¿Cuándo terminará el congelamiento salarial de 6 años? ¿Cuándo se dejará de castigar a la clase trabajadora con un congelamiento que viola sus derechos constitucionales y profundiza la desigualdad?
No basta con anunciar rebajas simbólicas en los combustibles mientras se ignora el drama cotidiano de las familias que ven cómo sus salarios no alcanzan para comer. Exigimos políticas integrales que combatan la especulación en los precios de los alimentos y que restablezcan la dignidad salarial de los trabajadores, pero también llamamos a la organización de la clase trabajadora por un ajuste salarial del 10% o más, sin lucha no hay victoria posible.
Partido Vanguardia Popular Por la justicia social y la soberanía nacional
*Llevan ya 5 años sin recibir un ajuste a sus pensiones. Se trata de personas jubiladas que están en el Régimen Transitorio de Reparto bajo la administración de JUPEMA y otros que también están con cargo al Presupuesto Nacional administrado por la Dirección Nacional de Pensiones.
Un total de 45 mil personas pensionadas llevan 5 años sin recibir ningún ajuste por costo de vida, lo que hizo que la Defensoría de los Habitantes solicitara a la Asamblea Legislativa la urgente necesidad de promover iniciativas legislativas que permitan revisar el actual modelo de ajuste por costo de vida aplicable a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto y también aquello con cargo al Presupuesto Nacional, a fin de garantizar un mecanismo de actualización periódico, técnico y sostenible.
Para la Defensoría el no ajuste de las pensiones por costo de vida trae graves consecuencias para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo; así como enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, compra de medicamentos, alimentación y, servicios públicos, colocando a esta población a una situación de vulnerabilidad económica.
Toda esta problemática se registra ante la decisión de congelar los incrementos salariales por costo de vida, y en acatamiento del principio de legalidad y de lo establecido en el artículo 11, título IV, de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas—, pues únicamente sería posible otorgar nuevos aumentos cuando el país alcance un nivel de deuda que permita ampliar el gasto corriente, y solo así podrían autorizarse ajustes por costo de vida tanto para los servidores públicos activos como, consecuentemente, para las personas pensionadas.
Para la Defensoría el no aumento por costo de vida de las pensiones constituye una medida regresiva de los derechos sociales y económicos, ya que disminuye la protección económica previamente garantizada y por ello, cualquier disposición normativa regresiva debe ser justificada, proporcionada y sobre todo temporal, en virtud de que la ausencia de ajustes puede empujar a un número creciente de personas adultas mayores hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia. Valga la pena indicar que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido por parte de los pensionados, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos sino proporcionales y razonables.
Si bien el Ministerio de Hacienda, mediante oficio n.° MH-DM-1594-2025, de fecha 13 de octubre de 2025, informó a esta Defensoría que para este año 2026 se realizó una previsión presupuestaria anual en remuneraciones y contribuciones sociales, a fin de cubrir un monto de hasta ¢10.000,00 por concepto de incremento por costo de vida para los salarios de los empleados públicos bajo la modalidad de salarios compuestos; es preciso señalar que dicho aumento no soluciona el problema denunciado. Lo anterior obedece, en primer término, a que el incremento aún no se ha materializado y, en segundo lugar, a que continúan vigentes las disposiciones legales que vinculan el ajuste por costo de vida de las personas pensionadas a los aumentos salariales de los empleados públicos.
En consecuencia, esta Defensoría considera indispensable efectuar las reformas normativas correspondientes, con el fin de evitar que este tipo de congelamiento vuelva a presentarse en el futuro, así como un medio para hacer justicia a las personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto y de aquellas con cargo al Presupuesto Nacional.
La Defensoría de los Habitantes tiene conocimiento que ante la Asamblea Legislativa se presentó el proyecto de ley 24.353, el cual pretende reconocer el ajuste por costo de vida a aproximadamente 30.000 personas cuyas pensiones han permanecido congeladas durante el último quinquenio. Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios y se encuentra a la espera de ser remitido al Plenario Legislativo en sesiones ordinarias. De ahí que sea necesario su conocimiento en Plenario.
Fernando Rodríguez Garro Exviceministro de Hacienda Investigador del Observatorio Económico y Social de la UNA
Si algo dejó claro el resultado de la elección del 1 de febrero, es que las diferencias de desarrollo entre el centro del país y su periferia, no solo son evidentes, sino que también se manifiestan en las preferencias políticas de las personas. No pretende este artículo de opinión sustituir el análisis a más profundidad que un evento de estos requiere, pero busca contribuir con la orientación del mismo al plantear una posible razón para lo que sucedió. Tampoco pretender simplificar todo a una sola explicación, los fenómenos sociales son complejos y muchas veces se explican por la confluencia de muchos factores.
Podemos ir tan atrás como el inicio de la década de los ochenta para encontrar la raíz de las diferencias que vivimos hoy. Luego de que en los setenta el mundo sufriera dos shocks petroleros, que nos afectó a nosotros también, y vaivenes en el precio internacional del café, la década de los ochenta inició con una crisis de impago de deuda externa que vendría a cambiar a la Costa Rica de los años y décadas siguientes. La respuesta del país transformó nuestra economía, se fortaleció la institucionalidad alrededor de algunas actividades económicas, se introdujeron mecanismos de incentivo para exportaciones no tradicionales, se impulsó la actividad turística, se introdujeron mecanismos para incentivar la atracción de inversión e incluso se alineó la política cambiaria para evitar la pérdida de competitividad del sector externo.
El proceso de transformación institucional alrededor de los nuevos sectores económicos que se impulsaron se extendió hasta 1996, cuando se le da rango legal al Ministerio de Comercio Exterior, se crea PROCOMER como se conoce hoy y se reforma la Ley de Zonas Francas. Al cabo de ese periodo tres actividades emergen como las grandes ganadoras de ese proceso de reforma: las exportaciones no tradicionales, incluyendo las vinculadas al régimen de zonas francas; el turismo y el sector financiero, con un importante impulso al sector financiero privado. Valga decir que las reformas del sector financiero se extendieron por más tiempo, con la aprobación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la Ley de Protección al Trabajador y la apertura del mercado de seguros.
En ese tiempo una serie de beneficios fiscales se introdujeron a fin de impulsar esas actividades, siendo el sector exportador no tradicional el más beneficiado, llegando a recibir hasta el equivalente a 1% del PIB en subsidios directos, mientras un variopinto tipo de incentivos se otorgaban, incluyendo un tratamiento tributario especial a las operaciones de la banca off shore en el país. Esas actividades económicas impulsaron el crecimiento de la economía costarricense, eso es claro, pero sus beneficios no llegaron a todas partes y, dada la política fiscal aplicada en el país, muy cargada de exoneraciones e incentivos, no se pudieron distribuir una parte de esos beneficios a todo el país por medio del presupuesto nacional.
Aunque el turismo se fortaleció en las costas desde los ochenta, no cambió la dinámica económica a lo interno de los territorios, las provincias costeras eran y, siguen siendo, las más empobrecidas del país. La atracción de inversión extranjera, las exportaciones no tradicionales y el fortalecimiento del sector financiero, principalmente el privado, fueron una importante fuente de crecimiento en la GAM, impulsó la creación de empleo calificado en esta región e incluso el desarrollo de actividades inmobiliarias vinculadas a esos sectores. Al cabo de este periodo, los beneficios del desarrollo desde la crisis de los ochenta hasta hoy se han concentrado territorialmente, así como se han concentrado en determinados grupos de población, los asociados al empleo calificado principalmente.
Mientras tanto, ¿qué pasó para el resto del país? Desde los ochenta hemos vivido en un casi constante estado de ajuste económico, primero debido a los programas de ajuste estructural de los ochenta y los noventa, luego por los ajustes fiscales a los que nos hemos visto sometidos de forma constante, pero sin que pudiera fortalecerse la política fiscal para sostener una política pública más amplia y mejor financiada. Pasamos apagando incendios durante varias etapas en las últimas cuatro décadas, con reformas tributarias para controlar los problemas del momento, sin capacidad para sostener una inversión pública acorde con las demandas que el crecimiento del país producía, sin poder sostener con ingresos frescos los esfuerzos por aumentar el gasto en educación, con una inversión en seguridad que por mucho tiempo se quedó a la retaguardia de la región y una política social que no logró incidir de forma permanente en la reducción de la pobreza.
Lo constante en este periodo fue tener un Estado altamente endeudado, con un gasto por intereses elevado, que produjo un efecto redistributivo inverso: tomar recursos del erario público para trasladarlo en rentas por intereses a los tenedores de la deuda, un movimiento que beneficiaba tanto a algunas inversionistas por medio del mercado bursátil, así como a los trabajadores que cotizan a los regímenes de pensiones, cierto, pero con un gasto que finalmente no llevó beneficios a los trabajadores informales, muchos de ellos en condición de pobreza.
El Estado no tuvo capacidad de dirigir recursos a sectores productivos vulnerables, pero de alto valor agregado nacional, como el sector agrícola, incluso cuando aceleró su competencia con productos importados por medio de los tratados de libre comercio. Tampoco pudo resolver el problema del transporte público en todo este tiempo, siendo el llamado a hacerlo como dueño de un servicio que concesiona, lo que llevó a que en la GAM lo solucionásemos con el transporte privado, situación que tiene la movilidad al punto del colapso, mientras en otras partes del país el transporte público desaparece de forma paulatina. Por supuesto estas cosas también tienen un impacto diferenciado, según la zona del país y el grupo de población en que fijemos nuestra mirada.
En poco más de cuatro décadas nuestro modelo de desarrollo produjo ganadores, incluso impulsados con beneficios y exoneraciones de impuestos, mientras la política fiscal intentaba no hundirse bajo las enormes demandas de la sociedad y la pobre financiación vía impuestos. En tres ocasiones se intentó una reforma tributaria estructural, de mayor alcance, pero en las tres se falló. Finalmente, con el agua al cuello, se aprobó una reforma en 2018 que nunca se diseñó como solución final a nuestros problemas fiscales de larga data, y que hoy muestra los problemas de su alcance limitado. Este largo camino de éxitos para unos y tropezones para otros, tuvo un punto álgido en medio de la pandemia, cuando las necesarias medidas sanitarias golpearon a todos, pero a unos los encontró mejor posicionados que otros para enfrentar las consecuencias económicas de esas medidas.
Mientras el desempleo alcanzó el 25%, el trabajo en las costas asociado a la actividad turística desaparecía de un día para otro, y las medidas de cierre golpeaban al sector comercial, el Estado costarricense solo pudo destinar tres meses de ayudas a la población afectada, insuficiente para evitar un deterioro social importante y evitar con eso que problemas sociales empezaran a estallar en las zonas más empobrecidas del país. El sector más dinámico de nuestra economía, por otro lado, no sufrió, de hecho, creció a tasas muy altas, llegando a multiplicar el valor de las exportaciones, por ejemplo, en los años posteriores a la pandemia. Ese dinamismo no se multiplicó para el resto de la economía, ni llegó a alcanzar a otros a través de la política fiscal, la apuesta histórica a que sus beneficios se “derramarían” al resto de la economía no se alcanzó, no llegó a los sectores que en estas décadas no disfrutaron de los beneficios del crecimiento económico centrado en la GAM.
Al concluir el primer cuarto del siglo XXI, seguimos teniendo un Estado altamente endeudado, un alto gasto en intereses, una política pública limitada por una carga impositiva baja para un país de ingreso alto y desarrollo humano alto, y, para terminarla de hacer, seguimos apostando una gran cantidad de recursos en incentivos para un régimen que luego de 35 años de existir sigue insistiendo en que necesita beneficios fiscales para seguir operando.
Los resultados del 1 de febrero son, por lo tanto, también una radiografía de la molestia y la disconformidad que ha producido la desigualdad de nuestro modelo de desarrollo. No responde solo a eso, por supuesto, pero debemos entender el papel de los diferentes resultados alcanzados en más de cuatro décadas de actividad económica en el país, en las decisiones de las personas. El reto futuro sin duda es cómo integrar los buenos resultados de unos sectores económicos con el resto de la economía, y cómo llegan los beneficios del crecimiento económico a todo el territorio nacional. Dejo solo una pista: no va a pasar sin una mayor capacidad de la política fiscal, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo que hacemos desde hace más de cuarenta años.
Un nuevo correo de seguimiento enviado a instancias judiciales y ambientales da cuenta de que continúan los daños ambientales en la cuenca alta del río Durazno, en el sector de Coronado, a pesar de que desde el año 2025 existe una denuncia formal abierta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
El mensaje, fechado el 4 de febrero de 2026, corresponde al Expediente N.º 25-007231-0042-PE, relacionado con tala y otras acciones que afectan la cuenca alta del río Durazno, una fuente hídrica que abastece a diversas comunidades del Gran Área Metropolitana y cuya administración corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Según lo indicado en el seguimiento, las acciones que afectan la cuenca no solo no han cesado, sino que se han intensificado. Vecinos de la comunidad de Rancho Redondo, quienes tienen una vista directa hacia la zona afectada, señalan que en la propiedad denunciada se han realizado quemas constantes, aplicación de herbicidas, cambio de uso del suelo y presunta introducción de ganado, prácticas que contravienen la legislación ambiental vigente para zonas de protección de cuencas hidrográficas.
Las fotografías que acompañan el nuevo escrito —tomadas el 29 de enero de 2026— documentan lo que se describe como una destrucción sistemática que se ha venido dando durante más de un año, sin que hasta el momento exista una resolución efectiva del caso. El seguimiento subraya que esta situación genera un impacto directo no solo en la zona intervenida, sino también en comunidades aguas abajo, como Rancho Redondo, que forman parte de la misma cuenca hidrográfica.
En el correo se plantea una pregunta central dirigida a las autoridades competentes: qué debe hacerse para que la legislación ambiental sea efectivamente aplicada y para que la persona responsable comprenda que existen límites legales a su actuar. El documento insiste en que la protección de las cuencas hidrográficas es una obligación colectiva y una responsabilidad del Estado, particularmente cuando se trata de fuentes de agua para consumo humano.
Este nuevo envío constituye un seguimiento formal a una denuncia que, según se señala, permanece sin resolución desde hace más de un año, y vuelve a poner en evidencia la preocupación de comunidades y organizaciones ambientalistas por la lentitud institucional frente a daños ambientales que tienen consecuencias directas sobre el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas.
SURCOS dará seguimiento a este caso conforme se produzcan respuestas o acciones por parte de las autoridades judiciales y ambientales competentes.
Roxana Morales Ramos, M.Sc. Economista, Coordinadora OES-UNA Escuela de Economía, Universidad Nacional
Costa Rica no ha logrado crear empleo en términos netos en los últimos seis años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC.
El nivel de ocupación se ha mantenido prácticamente estancado: en el cuarto trimestre de 2019, previo al inicio de la pandemia por covid-19, se contabilizaban 2.182.818 personas ocupadas, mientras que en el cuarto trimestre de 2025 la cifra apenas alcanzó las 2.183.473. En consecuencia, el aumento neto del empleo en el periodo fue de 655 personas, en un contexto de crecimiento poblacional superior a 294 mil habitantes.
Este estancamiento en el empleo se da en un contexto de contracción significativa del mercado laboral, reflejada en la caída de la tasa neta de participación. Este indicador, que mide la proporción de personas de 15 años y más que trabajan o buscan activamente empleo, se redujo en 8,4 puntos porcentuales, al pasar de 62.9% en el cuarto trimestre de 2019 a 54.5% en el mismo periodo de 2025. En otras palabras, cada vez menos personas están disponibles o dispuestas a integrarse al mercado de trabajo, lo que plantea riesgos importantes para el crecimiento económico, la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y seguridad social, así como para el sistema de cuidados.
La contracción de la fuerza laboral afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque con mayor intensidad en estas últimas. Entre 2019 y 2025, la fuerza de trabajo masculina se redujo en un 5.4%, mientras que la femenina lo hizo en un 8.1%, profundizando las brechas de género existentes en el mercado laboral.
Un empleo que no crece, solo se redistribuye
Aunque el empleo total no aumenta, sí se observa una recomposición significativa de su estructura. Por nivel educativo, la ocupación crece entre personas con secundaria completa y educación universitaria, mientras que disminuye entre quienes tienen secundaria incompleta o menos. Algo similar ocurre por calificación: durante estos años únicamente se han creado empleos que requieren alta calificación, mientras que los de calificación media y baja se han reducido.
La redistribución también es etaria. El crecimiento del empleo se concentra en personas de entre 24 y 44 años, mientras que en el resto de los grupos de edad el número de personas ocupadas es inferior al observado en 2019.
Sectores ganadores y perdedores
La recomposición del empleo se manifiesta igualmente a nivel sectorial. Entre las actividades que más puestos de trabajo han perdido destacan la agricultura, ganadería y pesca (-64.795 empleos), los hogares como empleadores (-38.037), el comercio y reparación (-13.707) y hoteles y restaurantes (-12.181). En este último sector, el impacto ha sido particularmente desigual por sexo: mientras que entre las mujeres se perdieron 13.068 empleos, entre los hombres se registró un leve aumento de 887 puestos.
En contraste, algunas actividades sí muestran creación de empleo, entre ellas transporte y almacenamiento (28.300 nuevos puestos), comunicación y otros servicios (19.109), intermediación financiera y seguros (17.803) y actividades profesionales y administrativas de apoyo (16.980). La industria manufacturera también destaca, con la creación de 24.278 empleos.
Turismo: caída del empleo y mayor vulnerabilidad laboral en mujeres, jóvenes y microempresas
El sector turismo sintetiza con claridad las transformaciones recientes del mercado laboral. En términos netos, entre 2019 y 2025 se perdieron 6.216 empleos. No obstante, esta cifra oculta fuertes desigualdades: mientras se crearon 2.108 empleos para hombres, las mujeres perdieron 8.324.
La pérdida de empleo turístico se concentró en zonas urbanas (-13.730), mientras que en áreas rurales se crearon 7.514 puestos. Asimismo, afectó principalmente a personas jóvenes de entre 15 y 34 años (-15.255 empleos) y a microempresas de 1 a 9 personas trabajadoras (-14.648). En contraste, los establecimientos con 10 o más personas empleadas generaron 8.535 nuevos puestos, lo que evidencia que las microempresas han sido las más golpeadas por el ajuste.
Adicionalmente, la destrucción de empleos se dio principalmente entre personas en condición de subempleo y en la informalidad. En el caso de las mujeres, la mayor pérdida se registró en las actividades de provisión de alimentos y bebidas, con 11.274 empleos menos.
Menos desempleo, pero no por más empleo
En el cuarto trimestre de 2025 se registraron 147.453 personas desempleadas, casi la mitad de las observadas en el mismo periodo de 2019 (309.465). No obstante, esta reducción no responde a una mayor generación de empleo, sino a la salida de personas del mercado laboral.
Casi la mitad de la población desempleada (48,7%) cuenta con secundaria incompleta o menos, lo que evidencia las crecientes dificultades de inserción laboral para personas con menor nivel educativo, en un contexto donde las actividades más dinámicas de la economía demandan perfiles de mayor calificación.
En paralelo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 32% en los últimos seis años, al pasar de 1.471.375 a 1.944.243 personas. Aunque el mayor incremento se observa entre quienes tienen 60 años y más (59.7%), el aumento se registra en todos los grupos etarios, confirmando un proceso generalizado de contracción del mercado laboral.
Un mercado laboral más pequeño y más excluyente
En síntesis, Costa Rica enfrenta un proceso sostenido de contracción del mercado laboral, acompañado de una creciente concentración en la creación de empleos. Cada vez menos personas participan en el mercado de trabajo y los nuevos puestos se generan principalmente en actividades de alta calificación, lo que profundiza las brechas laborales existentes.
Este patrón afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las personas jóvenes y a quienes presentan menores niveles educativos. En este contexto, la disminución del desempleo no puede interpretarse como una mejora estructural del mercado laboral, sino como el resultado de un proceso de contracción y recomposición excluyente. Esta dinámica no solo limita el crecimiento potencial de la economía, sino que también plantea la necesidad urgente de políticas públicas orientadas a ampliar la participación laboral —en particular de las mujeres— y a promover una generación de empleo más diversificada e inclusiva.
Fuente de los gráficos: OES-UNA con datos del INEC. Nota: Las escalas de los ejes fueron truncadas para facilitar la visualización de los fenómenos analizados.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El Banco de Costa Rica (BCR) dirigió un mensaje formal a sus clientes en el que reafirma su solidez institucional, su estabilidad financiera y la continuidad normal de sus operaciones, independientemente de las discusiones que se desarrollen en el ámbito político nacional.
En el comunicado, firmado por Julio César Trejos Delgado, gerente general del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica, la institución subraya que mantiene un firme compromiso con la estabilidad financiera del país y con la calidad del servicio que brinda a su clientela. El banco señala que su operación diaria continúa enfocada en el profesionalismo, el acompañamiento cercano y la garantía de continuidad de los servicios financieros.
El BCR informa que al cierre del año 2025 registró una utilidad de ₡38.494 millones, resultado que atribuye a una gestión responsable, eficiente y orientada a la sostenibilidad de largo plazo. Asimismo, destaca que mantiene una suficiencia patrimonial del 14,40%, ubicándose de manera holgada por encima del mínimo requerido por la regulación vigente, lo que —según el banco— evidencia una estructura financiera robusta y una adecuada capacidad para enfrentar distintos escenarios económicos.
En relación con la gestión del riesgo crediticio, la institución reporta una morosidad del 2,72%, reflejo de una cartera considerada sana. El comunicado señala que la cartera de crédito asciende a ₡3.961.080 millones, apoyando activamente a familias, empresas y pequeñas y medianas empresas en todo el país, y posicionando al BCR como el banco con mayor crecimiento de cartera de crédito del sistema financiero durante 2025.
El documento también resalta la confianza de los clientes, evidenciada en una captación total de ₡4.016.443 millones, así como en ingresos por servicios por ₡144.196 millones, resultado de una oferta diversificada, procesos de innovación constante y mejora continua en la atención.
Con más de 148 años de trayectoria, el Banco de Costa Rica se define como un pilar del desarrollo económico y social del país, con presencia nacional y un enfoque permanente en la excelencia del servicio. El mensaje concluye transmitiendo tranquilidad a la clientela, al afirmar que los recursos están respaldados por un banco sólido, estable y rentable, y reiterando el compromiso institucional de seguir fortaleciendo la entidad e innovando como aliado confiable para las finanzas de las personas usuarias, hoy y en el futuro.
