En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.
A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.
En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.
El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.
Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.
En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.
Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.
La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.
La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.
La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.
Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.
¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.
Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.
Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.
Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.
Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.
Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.
El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.
La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.
El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.
La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.
La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.
El resultado electoral de febrero de 2026 marca un punto de quiebre en la historia política costarricense. No se trata de una simple derrota electoral ni de un episodio coyuntural, sino del cierre de un ciclo histórico. Más que el fin de una supuesta “Segunda República” —una noción históricamente discutible— lo que se clausura es el Estado social de derecho y el pacto político que, con todas sus limitaciones, estructuró la vida democrática del país durante décadas.
Para quien observó con atención los datos electorales entre octubre y enero, el desenlace no fue una sorpresa. Todas las encuestas mostraban una tendencia consistente: el abstencionismo descendía, el chavismo crecía de manera sostenida y la oposición —PLN, PAC y Frente Amplio— se estancaba disputando votos dentro de un mismo segmento social. Sin embargo, buena parte de la dirigencia opositora prefirió aferrarse a sucesivas ilusiones: el juicio a Chaves, los debates, las caravanas, la posibilidad de una segunda ronda o una eventual fractura del oficialismo. Atacar a encuestadoras y analistas sustituyó la lectura crítica de la realidad.
Ese autoengaño tuvo un costo político alto. La derrota no es solo electoral, sino estratégica. El foco se colocó en Chaves y su entorno, y no en el malestar social que hizo posible su ascenso. El chavismo no es un accidente ni un fenómeno pasajero: es la expresión política de una crisis profunda de legitimidad de la democracia realmente existente. Una parte importante del país no votó desde la ignorancia o la manipulación, sino desde la rabia, el cansancio y la sensación de abandono.
Los resultados revelan clivajes claros de clase y territorio. El chavismo se impuso con fuerza en zonas costeras, fronterizas, rurales y barrios urbano-marginales, allí donde el Estado se retiró y fue reemplazado por economías informales, redes de sobrevivencia y una religiosidad neopentecostal con fuerte anclaje comunitario. En esos espacios, la democracia no se evalúa por la separación de poderes, sino por la seguridad cotidiana, el empleo y el costo de la vida. La oposición, atrapada en una lógica institucional y urbana, dejó de hablarle a esos sectores.
A esto se suma un cambio cultural profundo: nuevas formas de socialización digital, normalización de la violencia simbólica, resentimientos frente a los avances feministas y una política cada vez más emocional. El chavismo supo articular estos elementos en un relato simple y eficaz, centrado en la corrupción, el castigo y el orden. La izquierda respondió, en general, con lenguajes técnicos, defensas abstractas de la institucionalidad y, en no pocos casos, con descalificación moral del electorado.
Algunos análisis sitúan este proceso en una disputa entre élites tradicionales y sectores narco-financieros emergentes, e incluso anticipan posibles pactos en las sombras con el PLN para garantizar gobernabilidad legislativa. Estas hipótesis no son descabelladas, pero requieren mayor sustento empírico para no simplificar las contradicciones internas del oficialismo ni reducir la complejidad de su base social. Concentrarse exclusivamente en las disputas de cúpula corre el riesgo de perder de vista lo central: el chavismo tiene base social, proyecto político y capacidad de disputar hegemonía cultural.
El conflicto abierto en 2026 no se resolverá con un cambio de gobierno ni con la próxima elección. Por el contrario, podría profundizarse. En ese escenario, la pregunta vuelve a ser la de siempre: ¿qué hacer? No para disputar un centro político cada vez más absorbido por el consenso neoliberal, sino para reconstruir un polo democrático desde la izquierda que actúe como contrapeso real al proyecto autoritario en ciernes.
Esa tarea exige reconstrucción intencionada del tejido social, organización territorial, inteligencia colectiva, batalla cultural y nuevas pedagogías políticas. Exige presencia sostenida en los territorios olvidados, no solo en el Parlamento; comunicación capaz de disputar sentido común; y una izquierda que deje de hablarse a sí misma para volver a hablarle al país real.
En ese marco, el Frente Amplio enfrenta un desafío histórico. Es hoy la única fuerza con credibilidad suficiente para convocar un proceso de recomposición de la izquierda costarricense. Pero ese rol no se decreta: se asume. Implica salir de la comodidad institucional como único horizonte, articular partidos, movimientos sociales y liderazgos territoriales, y construir una convergencia democrática y popular con vocación de largo plazo.
Costa Rica no es una excepción en un mundo atravesado por la crisis de la democracia liberal. Un país sin izquierda organizada es un país con menos derechos y más autoritarismo. O la izquierda se reconstruye con audacia, radicalidad democrática y arraigo social, o su destino será la irrelevancia. El 2026 no cerró un ciclo por decreto: abrió el primer año del resto de nuestras vidas políticas.
La conferencia de prensa de la presidenta electa confirmó con total claridad el rumbo que tomará el país. Su anuncio de continuar la agenda del gobierno saliente y de impulsar la llamada «Tercera República» no deja espacio para dudas: se trata de un proyecto político que combina un fuerte énfasis neoliberal en lo económico con un conservadurismo moral que pretende redefinir las instituciones y los equilibrios democráticos. Más allá de la retórica conciliadora o del gesto populista de “unidad nacional”, el camino está trazado.
Sus primeras declaraciones fueron reveladoras: pidió la salida inmediata de autoridades de control, anunció la firma de proyectos archivados que buscan transformar la estructura del Estado y expresó que no habrá “curva de aprendizaje”. El mensaje es inequívoco: ejercerá el poder con firmeza y buscará reconfigurar el entramado institucional desde el primer día.
Este contexto obliga a mirar hacia atrás para comprender mejor el presente. La huelga sindical del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2018, impulsada por numerosos gremios del sector público, especialmente el magisterio, fue uno de los movimientos sociales más largos de la historia reciente. Ese conflicto abrió paso, en enero de 2020, a la aprobación de la Ley 9808 sobre huelgas, un marco normativo que restringe significativamente el ejercicio del derecho a la protesta. Si bien se presentó como una medida de equilibrio, en la práctica debilitó la capacidad de acción colectiva y limitó el margen de maniobra de la ciudadanía frente a decisiones públicas regresivas.
A la luz de este escenario, una frase que se escuchó recientemente en las movilizaciones educativas resuena con fuerza: “las universidades nos dejaron solos como movimiento”. Más allá de su literalidad, esa afirmación revela una fractura entre actores que deberían estar articulados en la defensa de lo público. La distancia entre la universidad y otros sectores sociales —especialmente en los territorios más vulnerabilizados— se ha profundizado en los últimos años.
Pero el país no solo enfrenta un problema de articulación social. También requiere reconocer que sí necesita cambios. La corrupción que ha impedido avanzar en áreas estratégicas; la evasión y la elusión fiscal que privan al Estado de recursos indispensables; el enriquecimiento privado a partir del uso de bienes y fondos públicos; y el debilitamiento sistemático de instituciones esenciales —cuya erosión prepara el terreno para la privatización de servicios como la educación y la salud— no se resuelven siguiendo una receta neoliberal que ya mostró sus límites en múltiples países. Hoy, la crisis del capitalismo es evidente, al igual que las sostenidas acciones de Estados Unidos por mantener su hegemonía militar, económica y geopolítica.
Los partidos ubicados entre la derecha conservadora y el liberalismo económico suelen ocultar los intereses que representan: grupos minoritarios que aspiran a concentrar riqueza y poder, sin reparar en las consecuencias de escasez y empobrecimiento que recaen sobre las mayorías. El discurso populista, empático y supuestamente humanista que utilizan para encubrirse resulta eficaz porque apela a necesidades inmediatas y a la esperanza de que, esta vez sí, las cosas serán mejores. Aunque el resultado no llegue, la expectativa de un cambio posible sostiene el apoyo de sectores históricamente excluidos.
Bajo esa lógica, “los nadie” —como los llamó el presidente Chaves y retoma la presidenta electa— apostaron por la candidatura oficialista, que no es otra cosa que la continuidad del proyecto político vigente. La narrativa directa, la emocionalidad disciplinada del discurso y una conexión simbólica con el resentimiento social han calado profundamente. No debe olvidarse que, desde las zonas costeras, se combinó un apoyo significativo con niveles altos de abstencionismo. Ambos fenómenos revelan rostros distintos de una misma problemática: quienes votaron lo hicieron esperando una respuesta concreta a sus necesidades; quienes se abstuvieron, probablemente concluyeron que en sus vidas nada cambió en los últimos cuatro años, y que nada cambiará en los próximos.
Frente a este panorama, la pregunta no es qué deberían hacer los partidos, sino qué debemos asumir como ciudadanía y como movimientos sociales. No podemos permitirnos la indiferencia ni la desconexión territorial. Las universidades públicas deben reconstruir su vínculo con las regiones, fortalecer sus sedes, acompañar procesos comunitarios y comprender las urgencias de quienes se sienten al margen del Estado. Los movimientos sociales, por su parte, deben repensar estrategias en un contexto donde la normativa limita la protesta y donde la narrativa oficialista ha logrado configurar sentidos comunes.
Lo que está por venir exigirá una ciudadanía alerta, movimientos sociales capaces de reorganizarse y una universidad pública que asuma su responsabilidad histórica. Enfrentaremos iniciativas de privatización, presiones sobre servicios esenciales, venta de instituciones estratégicas y reformas que buscarán reconfigurar el equilibrio democrático. Ningún sector podrá responder solo.
Y aquí es indispensable dirigir una reflexión a las mujeres.
Históricamente, hemos sido las primeras afectadas por los recortes al Estado social, por la privatización de servicios básicos y por la precarización laboral. Cuando la salud y la educación se debilitan, cuando los cuidados se descargan nuevamente en los hogares, somos las mujeres —en todos los territorios, pero especialmente en los más empobrecidos— quienes asumimos la carga. Este nuevo panorama exige que estemos alertas, organizadas y conscientes de que los avances logrados en derechos, autonomía y participación política no están garantizados.
La defensa de la democracia, de lo público y de los derechos no puede hacerse sin nosotras ni a costa nuestra. Las mujeres hemos sido el corazón de los movimientos sociales en Costa Rica: maestras, trabajadoras comunitarias, lideresas locales, académicas, sindicalistas. Nuestro lugar es estratégico y nuestra voz, imprescindible. Lo que se defina en los próximos años tocará de manera directa nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de autonomía. Por eso, este es un momento para fortalecer alianzas, tejer redes y sostener con firmeza el derecho a vivir en un país más justo, más igualitario y verdaderamente democrático.
Que lo hayan planteado simpatizantes de los partidos políticos en contienda, en particular los que venían atrás en la carrera, no debe extrañar.Fue el rechazo natural a una realidad que en ese momento golpeaba y fuerte.
Pero que el malestar, el cuestionamiento e incluso la duda acerca de los procesos metodológicos que llevaron al Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la UNA y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR a los resultados que compartieron en distintos miembros, a propósito de la intención de voto, haya sido expresado por personas preparadas y con formación universitaria en diferentes campos, eso sí es de preocupación.
Ambos centros de pensamiento fueron rigurosos en sus planteamientos, abordajes y resultados.Ambos se acercaron y bastante en sus análisisfinales de un momento determinado a lo que realmente sucedió y por eso los resultados de las elecciones presidenciales les dieron la razón.
Se dijo hasta la saciedad qué eran y qué no eran las encuestas de intención de voto, esas que se realizan de previo a una contienda electoral.Se explicó con vehemencia que la volatilidad de los electorados (así en plural) debe colocarse en perspectivaal mirar los datos provenientes de estos procesos. Las fichas técnicas de los estudios publicados fueron socializadas y de conocimiento público. Había que leerlas.
Entonces ¿qué explica el resquemor ante estos espacios de construcción de conocimiento universitarios, sus líneas de investigación y sus alcances?
Si hay algo que debe quedar claro a partir del 1 de febrero es que las comunidades académicas universitarias costarricenses deben dejar de mirar hacia otro lado cuando las realidades de un escenario complejo como el costarricense les interpelan. No es posible que la emoción le gane a la razón al cuestionar el trabajo de los colegas. No es de recibo.
El rol de las ciencias sociales y sus espacios de pensamiento debe ser incomodar, traducir, conocer para transformar y acompañar la toma de decisiones. Ambos espacios académicos son copia fiel de eso que las ciencias sociales deben procurar.
En ese sentido, la lección aprendida de la reciente contienda electoral en Costa Ricaes que la confianza en estos centros de investigación debe provenir de adentro, siempre.
No dudo que el contexto que se cierne sobre las instituciones de educación superior pública en el país es aún más complicado que en años anteriores. No dudo que “vendrán por las ciencias sociales” porque incomodan, traducen y construyen conocimiento para transformar y decidir.
Mirar para otra parte en esta realidad instalada a partir del domingo anterior no es ya una opción.
El reciente proceso electoral dejó un hecho imposible de relativizar: un partido que se presentó como abanderado de los “valores conservadores” no solo perdió, sino que desapareció de la arena política. No obtuvo un solo diputado y su votación presidencial fue ínfima. No se trata de un tropiezo coyuntural, sino de la deslegitimación práctica de una propuesta que pretendió erigirse como representación moral de un sector del país.
La polarización artificial entre “progresistas” y “conservadores” es un callejón sin salida. No porque no existan diferencias legítimas, sino porque el Evangelio no opera como etiqueta ideológica. Jesús no se movió en esos binarios simplistas. El Reino de Dios no se anuncia desde trincheras culturales ni se defiende con consignas identitarias. Cuando la fe se reduce a eso, deja de interpelar y comienza a excluir.
Este partido, de matriz protestante, se presentó como el conservadurismo por excelencia, casi como si la fidelidad a Dios tuviera un solo color político. El problema es que la discusión nacional no estaba ahí. La ciudadanía no votó pensando en guerras culturales importadas, sino en problemas concretos: desigualdad, deterioro institucional, falta de oportunidades, cansancio frente a discursos moralizantes que no ofrecieron soluciones reales.
El resultado electoral es pedagógico. No hubo persecución ni censura. Tampoco procede afirmar que “les robaron el capital político” porque otra fuerza recogiera parte de su lenguaje. El capital político no es propiedad privada: se construye, se renueva y se pierde cuando deja de conectar con la ciudadanía. Si otros lograron canalizar ciertas sensibilidades, fue porque supieron leer mejor el momento histórico y ofrecer una propuesta más amplia y creíble.
Cuando una agrupación queda sin representación parlamentaria y con una votación presidencial marginal, lo que ocurre no es una simple derrota: ocurre una deslegitimación profunda de su planteamiento. La ciudadanía decidió que ese lenguaje no interpretaba sus angustias ni sus esperanzas.
Llegados a este punto, las preguntas ya no pueden dirigirse hacia afuera sino hacia dentro: ¿Qué les corresponde hacer ahora como fuerza política?, ¿Dónde va a estar la revisión, en el mensaje, en el lenguaje, en la confusión entre fe y poder?, ¿Se atreverán a reconocer que no existe un voto confesional cautivo y que los creyentes no son un bloque homogéneo?, ¿Revisarán el uso del nombre de Dios en el debate público?
En medio de este escenario, hay un dato que merece ser reconocido: el factor religioso no fue decisivo en esta elección, y eso fortaleció la democracia. La Iglesia Católica asumió el proceso con altura, sin alineamientos partidarios ni discursos incendiarios. A ello se sumó la reacción madura de un amplio sector protestante que se negó a quedar atrapado en la lógica de polarización confesional.
Dios no está sobrando en el debate público; lo que sobra es la pretensión de representarlo políticamente. Hoy hacen más falta que nunca los valores del Evangelio —la dignidad humana, la justicia, la compasión, la opción por los más vulnerables—, pero esos valores no requieren un partido confesional para encarnarse. Se verifican en políticas públicas justas, en prácticas democráticas honestas y en una cultura del encuentro, no en el uso del nombre de Dios como objeto de confrontación.
La ironía final es que quienes fueron señalados como “progresistas” o “izquierdosos” ocupan hoy casi la mitad del plenario legislativo, mientras quienes se proclamaron como el dique moral de la política nacional quedaron sin voz ni representación.
La enseñanza que deja este proceso es contundente: En el presente político de Costa Rica, una propuesta que se apoya únicamente en una identidad religiosa termina debilitándose hasta desaparecer. Lo ocurrido no fue simplemente una derrota electoral; fue la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía, que decidió que ese discurso ya no respondía a sus preocupaciones ni a sus expectativas.
✅Subastas, rodeos, corridas de toro, cabalgata, fútbol, bingo, reinado, bailes.
La comunidad de Potrero Grande de Buenos Aires te invita a disfrutar de sus Fiestas Patronales, del 02 al 09 de febrero de 2026.
Desde inicios de esta semana se han desarrollado una serie de actividades religiosas y recreativas, pero para quienes les gusta las corridas de toros, las subastas, los rodeos, el fútbol y las cabalgatas, lo mejor está por venir.
Para este sábado 07 de febrero a partir de las 5pm, la fiesta taurina inicia con el rodeo criollo, con la participación de tres equipos de la zona, los cuales competirán en las diciplinas de manera individual, carrera de barriles, manea doble, llantas musicales, mancuernas, chupones, ternero enumerado, rescate, ordeño y paso de la muerte.
Como cierre espectacular de la noche estará la monta de toros con la ganadería Montenar.
El costo de la entrada será de tan solo ₡3.000.
Para el domingo 08 de febrero, llega la gran Cabalgata cargado de premios buenísimos, entre los que se destacan $2,000 en efectivo y 10 novillas.
Para quienes se inscriban en la preventa, podrán participar de 7 novillas, un premio de $100, cuatro premios de $50 y cinco premios de $40 en efectivo.
Para los que se inscriban el día del evento podrán participar de tres novillas y treinta premios de $50.
El recorrido de la cabalgata es apto para toda la familia, habrá ricas comidas y bebidas, excelente atención, buena música y una extraordinaria animación.
Para participar de esta gran cabalgata sírvase reservar y cancelar al 60422671 a nombre de Julio Cesar Morales González.
Costo de inscripción: ₡15,000.
Este mismo domingo, posterior a la Cabalgata, habrá corridas de toros a partir de las 5pm, con las ganaderías, Noa, Los Amigos, Montenar y R.A.
Se contará con la participación de los montadores de RETASUR y los lazadores, Roy Villalobos, Hugo Vargas y Diógenes Bermúdez.
El costo de la entrada será de ₡5.000 en preventa y ₡6.000 a la hora del evento.
Los niños entre 5 y 12 años pagan solamente ₡3.000.
Además de la Cabalgata y corridas de toros, este domingo habrá partidos de fútbol y exhibición de motos y ganado.
Estas actividades se realizan en honor a la Virgen de La Candelaria, patrona de la comunidad de Potrero Grande de Buenos Aires.
Organiza: La Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria y la Asociación de Desarrollo Integral de Potrero Grande.
Con claridad y transparencia: Martha Rodríguez plantea ante comisión legislativa las irregularidades y concentración de poder que están debilitando a la CCSS
La secretaria general adjunta de UNDECA y legítima representantes de los trabajadores en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez, compareció la mañana de este 3 de febrero ante la Comisión Especial Investigadora de las Presuntas Irregularidades en la Caja, Junto con otros exdirectivos, donde habló con claridad y transparencia sobre las verdaderas causas del debilitamiento de la Institución.
Rodríguez fue enfática al afirmar que la CCSS no enfrenta crisis por inviabilidad del modelo solidario, sino que ha sido una crisis inducida por decisiones administrativas y políticas contrarias al ordenamiento jurídico.
“Lo que hoy se ve en la Caja no son hechos aislados, sino un patrón sistemático de debilitamiento de la gobernanza, concentración del poder, decisiones sin respaldo técnico, uso de emergencias sociales como las listas de espera para justificar la privatización y un deterioro grave del control financiero”, detalló ante los diputados.
Añadió que, con respecto a las listas de espera, hay que entender que no se habla de números, sino de personas, de una crisis humanitaria y no estadística. Acotó datos oficiales generados por la propia Caja, que evidencian que hay más de 1,3 millones de personas en listas de espera, de las cuales unas 200.000 esperan cirugías y más de 5.700 fallecieron entre 2023 y 2025, mientras esperaban un procedimiento quirúrgico.
Esto representa una crisis humanitaria, con la afectación directa al derecho fundamental a la salud y a la vida, pero aclaró Rodríguez que este problema no es por falta de capacidad técnica del sistema público, tanto así, que informes del CENDEISSS y la Gerencia Médica reflejan que con solo aumentar 1,5 cirugías por quirófano al día, la Caja podría realizar 72.000 cirugías adicionales en un año en jornada ordinaria. Los datos demuestran que la crisis no es inevitable, sino el resultado de decisiones administrativas y políticas.
A esto se suma un déficit de radiólogos, anestesiólogos, cardiólogos, neurólogos entre otras especialidades críticas, y las acciones hacia la tercerización de procesos menos complejos no resuelve estas causas, sino que traslada recursos públicos a terceros.
Por otra parte, Rodríguez se refirió a las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público por la supuesta manipulación de estudios actuariales que justificaron la paralización del portafolio de inversiones y que atrasó la construcción de hospitales, áreas de salud y EBAIS; así como la investigación del conocido caso Barrenador donde se promovió la contratación de servicios a terceros mediante licitación.
En este último caso, ocurrió algo muy grave, todas las unidades técnicas recomendaron declarar infructuosa la licitación porque los precios no eran razonables, los gastos indirectos aumentaban hasta en 206%, los materiales en 457% y los alquileres 585%.
A pesar de ello la junta directiva adjudicó el contrato apartándose de las opiniones técnicas, incluso uno de los recursos para revisar esa votación que impulsó Martha Rodríguez como legítima representante de los trabajadores en dicho órgano, fue rechazado y otro que presentó ni siquiera fue tomado en cuenta.
Otro de los temas a los que se refirió nuestra secretaria general adjunta, fue la fallida implementación del sistema ERP-SAP en la Caja que ha tenido impacto negativo en la gestión, en la continuidad del servicio, en el desabastecimiento, entre otros problemas.
Según informes de la auditoría interna la Caja no ha podido cerrar contablemente junio del 2025, no existen estados financieros confiables, hay diferencias millonarias en inventarios, activos y cuentas contables, y desde mayo del 2025 no hay informes financieros.
La salida en vivo del sistema no cumplía condiciones técnicas mínimas y lo más preocupante es la respuesta institucional que ha otorgado al menos cinco prórrogas, de hecho, el último plazo fue hasta abril del 2026; mientras se ha rechazado reiteradamente abrir auditoría externa. Esto no es una solución, al contrario, es normalizar el incumplimiento y debilitar el control interno de una institución que administra más del 50% del presupuesto público nacional.
“Quiero referirme a un hecho judicializado, NO ES UNA OPINIÓN, sino aclarar el tema de los sobresueldos (de la expresidenta ejecutiva de la Caja), no estamos ante un debate político, sino a un proceso judicial de lesividad iniciado por la CCSS que demandó la anulación de una acción de personal que habría autorizado un salario de ¢7.158.848 mensuales cuando el tope legal era de ¢5.565.000, la diferencia está un 33% por encima del tope legal. La Contraloría dispuso ajustar el salario y recuperar las sumas pagadas en exceso, la junta directiva ordenó la recuperación de los fondos”, aclaró Rodríguez.
La Caja no está en crisis por falta de recursos, pese a la deuda de casi ¢5 billones, ni por incapacidad técnica de su personal, sino por decisiones administrativas que son investigadas por el Ministerio Público, la concentración del poder, el debilitamiento en el control financiero y las inequidades en la prestación del servicio.
“La solución pasa por fortalecer la función pública, respetar el criterio técnico, garantizar transparencia en la rendición de cuentas y proteger el carácter público, solidario y universal de la Caja”.
Durante la comparecencia también participaron José Luis Loría y Maritza Jiménez, exmiembros de la junta directiva de la Caja y representantes del sector cooperativo y solidarista, quienes cuestionaron la enorme deuda que tiene el gobierno con la institución, la persecución que sufrieron por parte del Poder Ejecutivo, y como (en el caso de Jiménez) fue expuesta a un juicio que estuvo a cargo de la secretaria del Consejo de Gobierno, quien actualmente fue elegida como diputada del partido oficialista.
Ante esto, la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio señaló que desde su perspectiva este accionar evidenciaba un irrespeto claro de la autonomía de la Caja y que sistemáticamente las contrataciones, falta de pagos y debilitamiento de la Institución estuvieron vinculadas con decisiones políticas directas desde Casa Presidencial.
Ernesto Herra Castro, M.EL Académico, Universidad Nacional
I. Democracia-étnica: problema de partida
En el contexto posterior a las elecciones nacionales más recientes en Costa Rica, diversos partidos de oposición hicieron un llamado reiterado a “defender la democracia”. El tono del llamado, sin embargo, no fue neutro: se activó en reacción directa al fuerte respaldo popular a la continuidad del proyecto político encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, respaldo que no solo se expresó en un triunfo electoral en primera ronda, sino también en la conformación de una bancada oficialista mayoritaria de 31 diputaciones en la Asamblea Legislativa.
El punto de partida de este artículo no es cuestionar la legitimidad del llamado a la “democracia” como valor normativo, sino interrogar críticamente el lugar desde el cual se emite dicho llamado. Porque cuando la defensa de la democracia se activa únicamente cuando los resultados no favorecen a determinados sectores —geográficos, sociales y étnicos—, dicha defensa deja de ser universal y se transforma en defensa del “prestigio” y “honor social” que no es, sino, la forma de autoridad simbólica históricamente acumulada que permite a ciertos grupos ser reconocidos como voces legítimas del orden social, mientras que el honor social es el sistema que organiza y resguarda ese prestigio, definiendo quién puede representar a la comunidad política y hablar en nombre de valores universales como la “democracia” o encarnar ellas y ellos la “representación popular” de la “República”.
La pregunta central es entonces: ¿estamos ante una defensa de la “democracia” como principio político común, o ante la defensa de un orden étnico-partidario que se siente amenazado?
Plantear esta pregunta exige abandonar la lectura estrictamente procedimental del proceso electoral y situar el análisis en un plano más profundo: el de la estructura histórica desde la cual se produce la apelación a la “democracia”. En Costa Rica, esa estructura no es neutral. Está anclada en la constitución de un sujeto hegemónico —el “mestizo claro”— que, desde el Valle Central, ha logrado presentarse históricamente como portador natural de la racionalidad política, como intérprete autorizado del interés general y como garante legítimo del orden republicano. La fuerza de este sujeto no reside únicamente en su capacidad institucional o económica, sino en su pretensión de universalidad: su capacidad de pensar su propia experiencia histórica como si fuese la experiencia de la nación en su conjunto.
Este sujeto —blanco-mestizo, urbano, ilustrado, heredero del liberalismo republicano y del catolicismo institucional— no se reconoce a sí mismo como particular. Por el contrario, se piensa como medida de lo nacional. De ahí que, cuando habla de democracia, lo haga en clave universal, como si su definición, sus valores y sus preocupaciones aplicaran de manera indistinta a todo el territorio y a todos los grupos sociales. Sin embargo, esa universalidad es aparente. Lo que se presenta como defensa de la “democracia” es, en realidad, defensa de una matriz moderna específica, localizada histórica, social y territorialmente, que intenta seguir representándose como totalidad.
Desde una lectura que pone su acento en lo étnico, lo que aquí está en juego no es una disputa coyuntural entre partidos, sino la activación de un orden étnico que organiza la vida social y política costarricense desde hace décadas. Este orden se sostiene, en primer lugar, sobre jerarquías étnicas, entendidas no como diferencias culturales, sino como diferencias de estatus social y político. Dichas jerarquías establecen quién posee mayor prestigio, quién es reconocido como sujeto plenamente racional y quién, en cambio, aparece como incompleto, carente o necesitado de tutela. En el campo electoral, estas jerarquías se manifiestan cuando ciertos votos son leídos como expresión legítima de conciencia democrática, mientras otros son interpretados como resultado de manipulación, ignorancia o error.
Estas jerarquías no operan de forma espontánea. Se reproducen mediante estructuras étnicas, es decir, a través de dispositivos institucionales, discursivos y simbólicos que convierten la desigualdad de estatus en normalidad. Partidos políticos, lenguajes públicos, agendas de discusión, medios de comunicación y formas de experticia contribuyen a consolidar la idea de que hay territorios y sujetos que saben votar y otros que deben ser explicados. Cuando la recepción electoral de determinadas propuestas se concentra casi exclusivamente en el Valle Central, pero esas propuestas se presentan como nacionales; cuando el fracaso fuera de ese espacio no conduce a una revisión de la interpelación política, sino a una descalificación del electorado periférico, lo que se pone en evidencia no es un desacuerdo democrático, sino el funcionamiento pleno de una estructura étnica.
A este entramado se suma un sistema de honor social que articula jerarquías y estructuras en el plano simbólico. El sistema de honor define quién tiene derecho a nombrar los valores superiores de la comunidad política y quién puede erigirse como su defensor legítimo. En Costa Rica, ese honor ha estado históricamente asociado al sujeto urbano-central, que se concibe a sí mismo como custodio de la institucionalidad, la república y la democracia. Desde esta posición, “defender la democracia” no significa simplemente resguardar un procedimiento electoral, sino defender el monopolio simbólico sobre la definición misma de lo democrático.
Por ello, cuando el resultado electoral expresa con claridad el peso político de territorios históricamente subalternizados —las costas, las fronteras, la Zona Norte, amplios sectores rurales—, y cuando ese resultado sostiene la continuidad de un proyecto político que no responde dócilmente a los códigos tradicionales del honor político central, la reacción no es el reconocimiento del pluralismo democrático, sino la activación de una alarma moral. La “democracia” se invoca, paradójicamente, contra el resultado mismo del ejercicio del sufragio, y el problema deja de ser el procedimiento para convertirse en el sujeto que lo protagoniza.
En este sentido, la apelación a “defender la democracia” revela su carácter profundamente localizado. No es la defensa de la democracia como principio político común, sino la defensa de un orden étnico-partidario que se percibe a sí mismo en riesgo. La pretensión de universalidad del mestizo claro le impulsa a pensar que cuando piensa su pensamiento es capaz de dar cuenta de la totalidad de la nación aún cuando lo que hace no es más que pensarse a sí mismo. Se vuelve entonces visible, no como virtud republicana, sino como límite histórico en la disputa étnica de un proyecto de “democracia” en la que, por primera vez en mucho tiempo, lo más allá que el Valle Central participa en ella de manera decidida.
II. Etnicidad y territorio: Cartografía electoral
Si en el punto anterior se planteó que el llamado a “defender la democracia” no es neutro sino étnicamente situado, el análisis riguroso de los datos electorales permite observar cómo esa etnicidad se inscribe materialmente en el territorio. Las elecciones nacionales constituyen, en este sentido, el registro empírico más robusto de la subjetividad política contemporánea en Costa Rica: no una encuesta ni una inferencia muestral, sino un ejercicio censal efectivo en el que la ciudadanía expresa, sin intermediación discursiva, su posición frente al orden político existente. Por ello, los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones no cumplen aquí una función ilustrativa, sino analítica y probatoria.
La siguiente tabla sintetiza la distribución porcentual del voto presidencial por provincia y constituye el punto de partida empírico del análisis:
Tabla 1
Distribución porcentual del voto presidencial por provincia
Provincia
Oficialismo (%)
PLN (%)
Frente Amplio (%)
C.A.C. (%)
PUSC (%)
San José
41,5
38,2
4,4
5,8
3,0
Alajuela
54,7
30,2
3,3
3,4
2,5
Cartago
37,9
40,8
4,0
7,1
3,1
Heredia
42,1
38,2
4,6
6,1
2,6
Guanacaste
57,5
27,2
2,5
3,1
2,3
Puntarenas
63,6
21,7
2,6
2,2
2,6
Limón
65,2
18,4
2,7
2,3
2,9
Fuente: elaboración propia con base en datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones.
Leídos de manera estrictamente cuantitativa, estos datos muestran mayorías claras a favor de la continuidad del proyecto político del Ejecutivo en las provincias costeras y un comportamiento más fragmentado en el Valle Central. Sin embargo, la lectura étnica del territorio permite ir más allá del dato numérico y comprender por qué esas mayorías se concentran donde se concentran y por qué generan una reacción defensiva desde el centro.
La continuidad del proyecto político del Ejecutivo se expresa como mayoría clara y sostenida en las provincias costeras, superando el 55 % del voto válido en Guanacaste y alcanzando márgenes superiores al 60 % en Puntarenas y Limón. Estas no son diferencias marginales ni oscilaciones coyunturales; son brechas estructurales que, en el caso de Limón, superan los 40 puntos porcentuales respecto a las principales fuerzas tradicionales del Valle Central. En contraste, San José, Cartago y Heredia muestran escenarios de competencia cerrada, fragmentación del voto y una mayor concentración relativa en partidos históricamente asociados al centro político del país.
Sin embargo, el alcance analítico de estos datos solo se revela plenamente cuando se los lee espacialmente. Al proyectar la tabla sobre el territorio nacional, emerge una cartografía político-étnica que desborda la explicación partidaria convencional. El país se organiza, electoralmente, en dos grandes configuraciones territoriales que responden a trayectorias históricas diferenciadas de incorporación al Estado y a la nación.
Cuando proyectamos la tabla sobre el mapa nacional, emerge una cartografía político-étnica elocuente:
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón, junto con la Zona Norte de Alajuela, corresponden históricamente a espacios donde la presencia de lo que la época virreinal formó en oposición al “español” como “indios”, “negros” y “pardos”, así como de “mestizos bajos”, ha sido estructuralmente mayor. Se trata de territorios incorporados tardíamente al proyecto nacional, marcados por economías de enclave, trabajo forzado o precarizado, y una relación distante con el Estado central. En estos espacios, el prestigio social no ha estado asociado a la cercanía con el poder político ni al capital cultural urbano, sino a formas comunitarias de subsistencia, memoria y resistencia cotidiana. Desde esta perspectiva, las jerarquías étnicas se manifiestan en la valoración diferencial del sufragio. El voto proveniente de territorios asociados históricamente a “indios”, “negros”, “pardos” y “mestizos bajos” es leído como sospechoso; el voto del espacio mestizo alto–español es leído como expresión legítima de conciencia democrática. Las estructuras étnicas convierten esta lectura en sentido común político y mediático, mientras el sistema de honor social autoriza al centro a erigirse como defensor de la democracia incluso cuando no logra producir mayorías nacionales.
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón —junto con la Zona Norte de Alajuela, que presenta un comportamiento convergente— configuran un arco territorial continuo, rural, costero y fronterizo, donde el voto por la continuidad adquiere carácter mayoritario, estable y territorialmente concentrado. Este bloque no puede ser interpretado como suma de decisiones individuales desconectadas, sino como expresión de una subjetividad política compartida, forjada en contextos históricos de marginalidad relativa, economías de enclave, distancia respecto al centro político y experiencias prolongadas de interlocución estatal desigual. En estos territorios, la democracia no se ejerce como adhesión abstracta a un ideal normativo, sino como evaluación práctica del vínculo con el Estado, comparando trayectorias, respuestas institucionales y formas concretas de reconocimiento.
Que en estos territorios el respaldo a la continuidad supere de forma consistente el 55 % del voto válido no puede leerse como un acto irreflexivo ni como manipulación política. Desde una clave étnica, este comportamiento expresa una subjetividad política situada, propia de sectores históricamente subalternizados que evalúan la democracia no desde su pureza normativa, sino desde la experiencia concreta del reconocimiento, la interlocución y el trato estatal. Aquí, la democracia es vivida como relación, no como abstracción.
El Valle Central, en contraste, es el espacio histórico de consolidación de los españoles y mestizos altos, es decir, de los grupos que acumularon prestigio, honor social y capacidad de representación desde la colonia tardía y la República liberal. San José, Cartago y Heredia concentran ese capital simbólico que permite a ciertos sujetos presentarse como voceros naturales de la nación. Aunque electoralmente fragmentado, este espacio conserva el monopolio interpretativo: la capacidad de definir qué voto es racional, qué decisión es responsable y cuándo la democracia está “en riesgo”. Este espacio geográfico tiene un comportamiento electoralmente fragmentado pero simbólicamente cohesionado. San José, Cartago y Heredia no producen mayorías nacionales claras, pero concentran el prestigio político histórico desde el cual se define qué cuenta como voto informado, responsable y legítimo. Aquí, el comportamiento electoral se inscribe en una gramática distinta: no solo se vota, sino que se interpreta el voto ajeno. La lectura de los resultados no se limita a los porcentajes; se transforma rápidamente en juicio moral y pedagógico sobre los territorios que votan de manera distinta.
Esta diferencia no es accidental. Responde a la operación de jerarquías étnicas que asignan valor diferencial a las decisiones políticas según su origen territorial. El voto costero y rural, aun cuando es empíricamente mayoritario, es leído como problemático; el voto urbano-central, aun cuando no produce mayorías, conserva su prestigio interpretativo. Las estructuras étnicas refuerzan esta asimetría al naturalizarla en el discurso público, permitiendo que proyectos políticos con recepción concentrada en el centro se presenten como representantes de la nación, mientras descalifican implícitamente la decisión periférica.
La cartografía etno-electoral resultante no muestra un país dividido entre “demócratas” y “antidemócratas”, sino un país donde distintos sujetos étnico-históricos ejercen la democracia desde posiciones estructurales desiguales. Las costas y fronteras, asociadas históricamente a la subalternidad étnica, producen hoy mayorías empíricas; el centro, asociado al honor social y al prestigio histórico, produce el discurso que pretende deslegitimarlas.
Desde esta cartografía, el sistema de honor social adquiere plena visibilidad. El llamado a “defender la democracia” no emerge desde los territorios donde la democracia se expresa como mayoría empírica clara, sino desde aquellos donde se concentra el honor histórico de definirla. Lo que se percibe como amenaza no es la alteración del procedimiento electoral, sino la pérdida del monopolio simbólico sobre la representación legítima del país.
La lección principal que se desprende de esta lectura es clara: el conflicto actual no es electoral ni coyuntural, sino estructural y de larga duración. Lo que está en disputa no es el procedimiento democrático, sino quién tiene derecho a definir qué democracia vale y para quién. Los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, leídos a la luz del orden étnico costarricense, no anuncian el colapso de la democracia, sino el agotamiento del monopolio étnico del centro sobre su significado. Del comportamiento electoral en las pasadas elecciones nacionales se desprende el hecho de que no es Costa Rica la que está atravesando una crisis democrática, sino que en ella se está viviendo una reconfiguración del sujeto democrático. Los datos muestran que amplios territorios históricamente subalternizados ya no aceptan ser objeto de pedagogía política ni de tutela moral. Votan, deciden y producen mayorías. Frente a ello, el centro reacciona defendiendo una democracia que, en realidad, defiende su propia posición histórica de prestigio y honor social.
Leídos con rigor, los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones no confirman el deterioro de la democracia costarricense. Confirman, más bien, el fin progresivo de su monopolio étnico-central.
III. El prestigio político y el monopolio de la representación democrática
La lectura territorial del voto presentada en el apartado anterior permite avanzar un paso más en la comprensión del conflicto político actual: no basta con identificar dónde se vota de determinada manera; es necesario explicar por qué ciertos resultados generan alarma democrática mientras otros son aceptados como normales. La respuesta no se encuentra en el procedimiento electoral ni en la aritmética del sufragio, sino en el prestigio político acumulado históricamente por determinados sujetos, territorios y tradiciones partidarias.
El “prestigio” al que estamos apelando no es un atributo individual ni una virtud moral; es una posición social producida en el tiempo, que otorga autoridad simbólica para ser reconocido como voz legítima del orden social. En el campo político costarricense, ese prestigio se ha concentrado históricamente en el Valle Central y en los sujetos que encarnan la matriz moderna del Estado-nación: los herederos del liberalismo republicano, de la institucionalidad ilustrada y del catolicismo político. No se trata simplemente de poder electoral, sino de algo más persistente: la capacidad de definir el marco mismo desde el cual se interpreta la política.
Esta concentración de prestigio explica un fenómeno que, a primera vista, podría parecer contradictorio. Aunque los datos electorales muestran con claridad que las provincias rurales, fronterizas, costeras y periféricas producen hoy mayorías empíricas decisivas, el discurso público sigue siendo dominado por actores cuyo respaldo electoral es territorialmente limitado. La autoridad de estos actores no deriva de su capacidad de ganar elecciones en el conjunto del país, sino de su posición histórica como intérpretes legítimos de la nación. El prestigio político opera, así, como un capital simbólico que permite hablar con voz de totalidad incluso cuando los números ya no acompañan.
En este sentido, el llamado a “defender la democracia” debe ser leído como un acto de reafirmación del prestigio, más que como una defensa neutral del procedimiento. Quienes lo enuncian no solo expresan preocupación por el rumbo político; expresan, sobre todo, la pérdida de control sobre la definición de lo democrático. La democracia deja de ser el nombre del acuerdo básico y se convierte en el terreno de una disputa por la representación legítima donde lo que se confronta es quién puede decir qué es la democracia y cuándo está en peligro.
El prestigio político cumple aquí una función decisiva: desacopla la autoridad simbólica de la mayoría empírica. Permite que actores con menor peso electoral se presenten como custodios del interés general, mientras los territorios que efectivamente deciden el rumbo del país son situados en una posición subordinada, explicada o problematizada. La democracia, así, se jerarquiza: hay decisiones que cuentan como plenamente políticas y otras que deben ser interpretadas, corregidas o justificadas.
Este mecanismo no es nuevo. Forma parte de la larga duración del orden social costarricense, en el que el centro no solo gobernó, sino que enseñó a gobernar, enseñó a votar y enseñó a entender la política. Lo novedoso es que ese prestigio comienza a chocar abiertamente con una realidad empírica que ya no puede ser ignorada. Cuando las mayorías se desplazan hacia territorios históricamente subalternizados, el prestigio ya no alcanza para producir consenso; solo alcanza para producir resistencia simbólica.
Desde esta perspectiva, el conflicto actual no es entre democracia y autoritarismo, sino entre dos modos de legitimidad. Por un lado, una legitimidad basada en la experiencia territorial, en la evaluación práctica del Estado y en la producción de mayorías empíricas claras. Por otro, una legitimidad basada en el prestigio histórico, en la centralidad simbólica y en la pretensión de representar la nación incluso sin respaldo mayoritario. El problema emerge cuando esta segunda forma de legitimidad se presenta como la única compatible con la democracia.
Así entendido, el monopolio de la representación democrática no se sostiene ya en la capacidad de ganar elecciones, sino en la inercia de un prestigio que se resiste a desaparecer. Defender la democracia, en este marco, significa defender la continuidad de ese monopolio étnico, no porque sea más democrático, sino porque ha sido históricamente eficaz para ordenar el campo político. La reacción del centro frente a los resultados electorales recientes expresa, entonces, menos una preocupación institucional que un desplazamiento simbólico profundo: la constatación de que el prestigio ya no garantiza obediencia ni consenso.
Este desplazamiento marca un punto de inflexión. Cuando el prestigio político deja de coincidir con la producción de mayorías, la democracia deja de ser un terreno pacificado y se convierte en un espacio de disputa abierta por el sentido. Lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino quién puede hablar en nombre de la democracia y con qué autoridad. En esa disputa, los datos electorales no son el problema; son, precisamente, lo que el prestigio ya no logra domesticar.
IV. Honor social, partidos políticos y defensa selectiva de la democracia
Si el apartado anterior permitió comprender cómo el prestigio político habilita a ciertos actores a hablar en nombre de la democracia aun sin producir mayorías empíricas, el concepto de honor social permite dar un paso adicional y explicar por qué esa autoridad simbólica se activa selectivamente, en determinados momentos y frente a determinados resultados. El honor social no es una cualidad moral ni una virtud cívica abstracta; es un criterio colectivo de valoración que define quién encarna legítimamente los valores superiores de la comunidad política y quién tiene derecho a custodiarla cuando se percibe amenazada.
En Costa Rica, el honor social se ha configurado históricamente en torno a una matriz republicana específica, asociada al Valle Central y a los sujetos que heredaron la centralidad del Estado liberal: orden institucional, respeto a la ley, moderación política, lenguaje ilustrado y una determinada forma de catolicismo civil. Este honor no se distribuye de manera homogénea entre los partidos; se adhiere diferencialmente a aquellos que han sido capaces de presentarse como continuadores naturales del proyecto nacional. De ahí que, incluso cuando pierden capacidad de convocatoria territorial, conserven la autoridad simbólica para definir qué es la democracia y cuándo está en riesgo.
El campo partidario es uno de los principales escenarios donde este honor se reproduce. Partidos con larga trayectoria en el gobierno o con fuerte arraigo en el centro político han logrado encarnar el rol de garantes del orden democrático, no tanto por su desempeño electoral actual, sino por su inscripción histórica en el sistema de honor social. Desde esa posición, su palabra adquiere un peso que excede los resultados: cuando hablan de democracia, no lo hacen como competidores más, sino como guardianes del marco mismo de la competencia.
Esta posición explica la selectividad con la que se invoca la defensa de la democracia. No toda derrota electoral genera alarma institucional, ni toda victoria ajena es presentada como amenaza. La alarma se activa cuando el resultado desplaza a los actores investidos de honor y pone en cuestión su centralidad simbólica. La democracia, entonces, deja de ser un procedimiento que canaliza la voluntad popular y se convierte en un recurso discursivo para disputar legitimidad cuando el honor se siente vulnerado.
Desde esta perspectiva, la reacción de ciertos partidos frente a los resultados recientes no puede interpretarse únicamente como desacuerdo político. Es, más bien, una respuesta estructural ante la pérdida de una posición histórica que permitía gobernar no solo desde el poder formal, sino desde la autoridad moral. El llamado a “defender la democracia” aparece así como una defensa del honor, es decir, de la capacidad de seguir siendo reconocidos como representantes legítimos de la nación, aun cuando el mapa electoral ya no los respalde de manera decisiva.
El honor social cumple aquí una función de frontera. Delimita quién pertenece plenamente al “nosotros democrático” y quién queda situado en una posición ambigua, sospechosa o tutelada. Cuando los territorios periféricos producen mayorías claras y sostienen proyectos políticos que no responden a los códigos tradicionales del honor central, esas mayorías no son celebradas como expresión del pluralismo democrático, sino interrogadas como problema. La democracia se acepta mientras reproduce el orden simbólico existente; se cuestiona cuando lo desborda.
Este mecanismo permite comprender por qué la defensa de la democracia no se formula en términos de respeto irrestricto al sufragio, sino en términos de calidad del voto, responsabilidad ciudadana o madurez política. Son categorías aparentemente neutrales, pero profundamente normativas, que funcionan como lenguaje del honor: distinguen entre quienes votan “bien” y quienes votan “mal”, entre decisiones legítimas y decisiones que requieren explicación. En este punto, la democracia deja de ser igualdad política y se convierte en jerarquía moral.
Lo decisivo es que este uso selectivo del concepto de democracia no es una anomalía coyuntural, sino la manifestación contemporánea de un orden social de larga duración. El honor social, al igual que el prestigio, no desaparece cuando cambia el mapa electoral; se adapta, se repliega y se reactiva discursivamente. Por eso, aun frente a datos empíricos contundentes, el centro conserva la capacidad de poner en duda el significado político de las mayorías y de presentarse como última instancia de legitimación democrática.
Desde esta óptica, el conflicto actual no enfrenta a partidos “democráticos” contra fuerzas “antidemocráticas”. Enfrenta a un orden de honor que se resiste a perder su centralidad con una democracia que comienza a ser ejercida desde otros lugares, por otros sujetos y bajo otras experiencias históricas. Defender la democracia, en este contexto, no es un gesto universal: es un acto situado, que busca preservar la continuidad simbólica de quienes durante décadas monopolizaron el derecho a representarla.
V. El voto periférico como sujeto político: fin de la tutela democrática
Hasta aquí hemos mostrado cómo el prestigio y el honor social han sostenido históricamente un monopolio simbólico sobre la definición de la democracia, el análisis del comportamiento electoral reciente obliga a reconocer un hecho político mayor: las periferias han dejado de ser objeto de pedagogía democrática para convertirse en sujeto político activo. El voto que emerge desde las costas, las fronteras y amplios territorios rurales no es una anomalía del sistema, sino la expresión de una agencia política consolidada que ya no solicita autorización al centro para existir.
Durante décadas, el orden político costarricense funcionó bajo un esquema implícitamente tutelar. El centro —investido de prestigio y honor— no solo gobernaba, sino que explicaba la política al resto del país. La ciudadanía periférica aparecía como incompleta: votaba, pero su voto debía ser interpretado, corregido o encauzado. En ese marco, la democracia se concebía como un proceso de maduración guiado desde arriba, donde el centro definía los tiempos, los límites y los criterios de legitimidad.
Los resultados electorales recientes rompen con esa lógica. Las mayorías empíricas producidas en Guanacaste, Puntarenas, Limón y la Zona Norte no pueden ser comprendidas como reacciones episódicas ni como desviaciones emocionales. Son el resultado de procesos acumulativos de experiencia política, en los que amplios sectores sociales evalúan el Estado, comparan proyectos y deciden desde su propia historicidad. Aquí, el voto no es una respuesta inducida; es una toma de posición consciente, aun cuando no se exprese en los lenguajes legitimados por el centro.
Este desplazamiento tiene implicaciones profundas. La democracia deja de ser un espacio donde unos enseñan y otros aprenden, y se convierte en un campo de confrontación entre sujetos con experiencias históricas distintas. El problema ya no es la falta de educación cívica de la periferia, sino la incapacidad del centro para reconocer que ya no monopoliza la conciencia política. De ahí la insistencia en explicar, moralizar o problematizar el voto periférico: no porque sea incomprensible, sino porque es políticamente autónomo.
Este proceso puede leerse como un cambio en la posición estructural de sujetos históricamente subalternizados —“indios”, “negros”, “pardos”, “mestizos bajos”— dentro del orden político nacional. No se trata de una reivindicación identitaria explícita, sino de un desplazamiento en la relación con el poder. El voto se convierte en un acto de reconocimiento propio, no otorgado desde fuera. La periferia ya no pide ser incluida; actúa como parte constitutiva de la nación política.
Este quiebre explica la intensidad simbólica de la reacción del centro. Cuando la tutela deja de ser efectiva, el lenguaje democrático se vuelve defensivo. La apelación a la “calidad del voto”, a la “responsabilidad ciudadana” o a la “madurez democrática” no busca mejorar la democracia, sino restituir una asimetría perdida. Es el intento de reponer una jerarquía que permitía al centro hablar en nombre del todo, aun sin respaldo mayoritario.
En este sentido, el voto periférico no amenaza la democracia; amenaza un modo particular de ejercerla. Amenaza la democracia entendida como propiedad simbólica de un sujeto hegemónico y la reemplaza por una democracia ejercida desde múltiples experiencias territoriales. Lo que está en juego no es la estabilidad institucional, sino la redistribución del poder de nombrar lo legítimo.
La lección política de este proceso es clara. Costa Rica no asiste a una erosión de la democracia, sino a una expansión conflictiva de su sujeto histórico. El fin de la tutela no implica caos ni regresión; implica la necesidad de repensar la democracia sin centro, sin pedagogos únicos y sin guardianes autoproclamados. En la medida en que el voto periférico se consolida como expresión legítima de voluntad política, la democracia deja de ser un ideal administrado desde arriba y se convierte, finalmente, en un campo de disputa real entre sujetos iguales en dignidad, aunque desiguales en historia.
VI. Conclusión: democracia sin centro, democracia sin tutela
El recorrido realizado a lo largo de este ensayo permite volver, con mayor densidad analítica, a la pregunta que lo animó desde el inicio: ¿estamos ante una defensa de la democracia como principio político común, o ante la defensa de un orden étnico-partidario que se siente amenazado? La evidencia empírica, la lectura territorial del voto y su interpretación a la luz de las categorías de etnicidad, prestigio y honor social conducen a una respuesta que no es cómoda, pero sí necesaria: lo que se defiende bajo el nombre de “democracia” no siempre es el ejercicio efectivo de la soberanía popular, sino la continuidad de un monopolio simbólico sobre su definición.
Los datos electorales no muestran un país desinteresado por la democracia ni una ciudadanía extraviada. Muestran, por el contrario, un país en el que amplios territorios históricamente subalternizados han asumido plenamente su condición de sujeto político, produciendo mayorías empíricas claras y decisiones coherentes con su experiencia histórica del Estado y del poder. Lo que ha entrado en crisis no es la democracia como procedimiento, sino la autoridad histórica del centro para tutelar, interpretar y jerarquizar el voto ajeno.
Desde esta perspectiva, la apelación a “defender la democracia” revela su carácter situado. No emerge como reacción ante la vulneración de derechos ni ante el quiebre del orden constitucional, sino como respuesta a la pérdida de centralidad de quienes durante décadas encarnaron el prestigio político y el honor social de la república. La democracia se invoca, entonces, no como espacio de igualdad política, sino como recurso defensivo frente a un desplazamiento simbólico profundo.
El análisis étnico-territorial permite comprender que este desplazamiento no es coyuntural. Se inscribe en una larga duración histórica en la que sujetos que en la época colonial fueron incorporados en la estructura étnico-colonial como “indios”, “negros”, “pardos” y “mestizos bajos” —así como los territorios que habitan— han sido progresivamente incluidos en la vida política, con el particular que en la actualidad se comportan no como beneficiarios pasivos de la modernidad republicana, sino como actores con capacidad de decisión propia. El voto reciente no inaugura este proceso; lo hace visible de manera clara.
En este contexto, insistir en una democracia con centro, con pedagogos privilegiados y con guardianes autoproclamados del bien común, equivale a negar la expansión real del demos. Defender la democracia hoy exige, por el contrario, aceptar que ya no pertenece a un solo sujeto histórico, a una sola geografía ni a una sola tradición política. Exige reconocer que la igualdad política no se agota en el derecho al voto, sino que se realiza cuando todas las decisiones cuentan por igual, independientemente del territorio, del origen social o del prestigio acumulado de quienes las emiten.
La democracia costarricense no enfrenta su colapso, sino su reconfiguración. Una reconfiguración conflictiva, ciertamente, porque implica renunciar a privilegios simbólicos largamente naturalizados. Pero también una reconfiguración fecunda, en la medida en que abre la posibilidad de una democracia sin tutela, sin centro único y sin jerarquías morales encubiertas. En ese horizonte, defender la democracia deja de ser la defensa de una posición histórica de poder y se convierte, finalmente, en la defensa de un principio que solo puede sostenerse si se ejerce desde todos los lugares y por todos los sujetos que componen la nación política.
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El lunes pasado el país amaneció, como sucede cada lunes, cada cuatro años, después de que se ha cerrado el proceso electoral, cuando se ha ejercido el derecho al sufragio para escoger al presidente, y se conoce provisionalmente, al ganador, en la primera ronda, o a los dos que pasan a la segunda ronda.
La tranquilidad nacional, porque es en todo el país, refleja la cultura cívica, la cultura democrática, el respeto al proceso electoral y su resultado. Ganadores y perdedores se diluyen y se vuelven a mezclar en el tejido social cotidiano como si nada nuevo hubiera ocurrid, sin heridos ni muertos en las calles. No hay protestas, movilizaciones a favor o en contra de los resultados, acusaciones de fraudes electorales, enfrentamientos de fanáticos seguidores o cuestionamientos al Tribunal Supremo de Elecciones. En esta elección se produjo un fenómeno en la última semana en el cual al término de los debates todos los simpatizantes de los candidatos, de esos debates, se marchaban unitariamente en desfiles hasta el centro de la ciudad, disfrutando la alegría de las elecciones, y por los que adversaban a los del gobierno, unidos por el “Fuera Chaves”, que se convirtió en un grito apasionado de todos los que así se movilizaban.
Veinte partidos con sus candidatos se presentaron a la elección. Había para todos los gustos. Se podían agrupar, con alguna dificultad en dos grandes grupos, los que se “identificaban” con el gobierno y la posibilidad de su continuismo en ejercicio de gobierno, y quienes le adversaban.
En el primer grupo un partido, Pueblo Soberano, era el centro de los focos. En el segundo, lo era Liberación Nacional. El resultado final así lo demostró. A estos partidos los siguieron en importancia electoral presidencial la Coalición Agenda Ciudadana y el Frente Amplio, ambos ubicados en el anti continuismo. El resultado final así lo demostró. En un tercer grupo forzaron la presencia de otros cuatro partidos, a mi modo de ver, con la intención de debilitar a los dos anteriores, que fueron Unidad Social Cristiana, Nueva República, Avanza y Unidos Podemos. Así también sucedió. Incluso en un momento de la campaña cuando intentaron subir a la candidata de Unidos Podemos y luego, las fuerzas que apoyaban a esos partidos la sustituyeron por el partido Avanza, que logró “impresionar” a organizadores y a las audiencias de estas actividades, como mejor opción para enfrentarlo a Liberación, Coalición Agenda Ciudadana y Frente Amplio. Los últimos debates, en los que no asistió la candidata de Pueblo Soberano pareciera que fueron organizados con la intención de ponerlos a discutir sobre quien iría de segundo a la final. No estaba en discusión quién iba a ser el ganador de la primera ronda. Por la ausencia de la candidata de Pueblo Soberano la eximía de esos debates porque la consideraban ya clasificada. Al final, toda la red electoral giró alrededor de estos ocho partidos.
Al resto de los partidos las redes que ayudan a hacer sobresalir los partidos y sus candidatos, redes sociales, casas o empresas encuestadoras, medios de comunicación en general, periodistas que entrevistan candidatos, los tomaron en cuenta solo para el registro democrático de decir que tomaron en cuenta a todos.
El mismo Tribunal Supremo de Elecciones se abstuvo de publicitar adecuadamente a todos los candidatos con sus partidos. No hubo un solo anuncio en páginas pagadas en medios de comunicación, o en páginas electrónicas, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, informándole a los electores, con la muestra de la papeleta, quienes eran los candidatos y sus partidos.
El Tribunal Supremo de Elecciones no tiene impedimento ni prohibición para hacer esto, o para haber pagado un suplemento electoral con esta información básica. No es suficiente tener esa información en la página electrónica del Tribunal Supremo de Elecciones, porque ese acceso electrónico está vedado para la gran mayoría de la población por la carencia de los medios electrónicos para consultarla. No es suficiente tener teléfonos que funcionan con pagos de uso, con tarjetas de pago, de cargas bajas, para las cosas básicas de consumo de sus usuarios.
A esta falla, hay que agregar que el Tribunal Supremo de Elecciones no ha impulsado una reforma legal, y constitucional, para que todos los partidos tengan acceso al derecho del pago de la campaña, y no solo aquellos que tienen o logran la elección de un diputado o saquen un 4% de la votación, lo que les limita su plena y decente participación electoral.
Este es un lastre aún presente de la tradición del control bipartidista que se ha tenido históricamente de estos fondos. Ni siquiera por la presencia de partidos de izquierda en la Asamblea Legislativa han podido luchar por ampliar este derecho al pago de la campaña para todos los partidos. Este lastre todos los partidos que llegan a la Asamblea, consolidado su derecho, no les interesa que se lo extiendan a los demás.
El conjunto de los otros 12 partidos políticos apenas alcanzó alrededor de un 2.6% de los votantes, que reflejan democráticamente una expresión multipartidista, y diversa, de la voluntad de los ciudadanos que votaron por ellos.
La cantidad de partidos en esta elección fue menor en cinco partidos que la campaña electoral del 2022. La tensión que había en torno al “continuismo” hizo bajar el abstencionismo, de la elección de 2022, prácticamente, en un 10%, lo que puede considerarse un éxito democrático y ciudadano.
En la polarización política, que había, la cantidad de partidos favorecía al Gobierno y a su principal partido, Pueblo Soberano, porque todo el espectro opositor estaba bien dividido políticamente, y azuzaban constantemente en mantener esta división, mezclados los que estaban en el cabús del tren del gobierno y los que estaban en contra.
Desde el mismo proceso de inscripción de partidos se obstaculizó la formación de coaliciones. Miguel Ángel Rodríguez en la Unidad Social Cristiana habló de buscar esa coalición, pero condicionó que fuera sin la izquierda y sin Liberación Nacional. En Liberación Nacional se hizo algo semejante, sin la izquierda y sin la Unidad Social Cristiana. José María Figueres era partidario de una coalición. En el Frente Amplio no se estaba de acuerdo con ninguna coalición. Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana por sus bancadas de diputados no estaban dispuestos a ceder lugares en una coalición. Liberación Nacional logró salir airoso con un número diputados casi igual al que tiene ahora. La Unidad Social Cristiana casi se queda sin diputados. Solo logró elegir una diputada. Inteligentemente el Partido Acción Ciudadana promovió la Coalición, con Agenda Democrática Nacional, que recibió también el apoyo del partido de Rafael Ángel Calderón Fournier que no estaba participando como partido en la campaña. El resultado electoral se dio una diputada. El Frente Amplio logró un diputado más de los que ya tiene. Siete, resultado de una excelente labor parlamentaria que han tenido en estos cuatros años y a un buen papel de participación de su candidato presidencial, el diputado Ariel Robles.
No tenemos cultura política de coaliciones. La izquierda en el pasado las realizó con éxito, en 1978 y 1982, para la elección de diputados. Los grupos opositores a Liberación Nacional con éxito lo hicieron en 1978, cuando eligieron a Rodrigo Carazo Odio, un exliberacionista, coalición que luego se fusionó originando a la Unidad Social Cristiana en 1983.
En esta campaña que acaba de finalizar, por los resultados de votos, si hubiera habido una coalición de Liberación Nacional el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana prácticamente hubieran superado los votos de Pueblo Soberano y probablemente la composición de la Asamblea Legislativa hubiera sido diferente. Pero eso no sucedió. El partido Acción Ciudadana, indirectamente renace y la Unidad Social Cristiana casi desaparece. La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana no debe olvidar que es diputada de una Coalición. Tamaña tarea tiene.
Durante la campaña, como suele suceder, casi no se hizo propaganda por los candidatos a diputado. En esta campaña el enfoque estaba en los candidatos a presidente.
La campaña publicitaria en vallas era simplemente horrorosa, lo digo para todos los partidos. Sin mensajes claros y directos sobre las necesidades, expectativas y problemas importantes de los ciudadanos. Vacías de contenidos llamativos que provocaran darles apoyo. Algunas contra otros candidatos, que en la práctica se convertían en vallas a favor de esos otros candidatos. En los spots publicitarios por radio, con mensaje de candidatos a veces les ponían de fondo música en un tono más alto que la voz de candidato, lo cual dificultaba oír el mensaje principal. Hasta Liberación Nacional cayó en el este error siendo su candidato una persona sin audición.
En materia legislativa hubo cambios importantes. Desaparecieron el partido de Eli Feingzag y el de Fabricio Alvarado. No eligieron un diputado. Se quedaron sin los seis que tenía cada uno, siendo ambos hasta abril todavía diputados. El partido de Eli sufrió divisiones importantes y no desarrolló organización partidaria que le apoyara. Eli Feingzag y Fabricio Alvarado se subieron al tren del gobierno sin distinguirse literalmente en cada. Fabricio más que Alfonsa fue felpudo del Gobierno. A ambos el propio presidente los enfrentó duramente de manera pública. Fabricio le entregó sus listas de pastores que el presidente supo aprovechar para su propio caudal y para lograrle el apoyo de ellos a su candidata a Laura Fernández, que los supo tomar en cuenta, comprándolos, con puestos y con ofrecimiento de cargos públicos. Casi 4000 centros religiosos de estas sectas y grupos cristianos no católicas en todo el país, especialmente los de las provincias periféricas y costeras, donde se concentran más los problemas sociales, se hicieron sentir. Las giras presidenciales por esas provincias acompañado de pastores de esos grupos religiosos tuvieron su repercusión.
También desapareció parlamentariamente el partido de Luz Mary Alpízar con el cual llegó Rodrigo Chaves a la Presidencia. Sergio Mena con su programa radial de muchos años, con el buen candidato presidencial que llevaba, no caló lo suficiente porque sus programas radiales, a mi modo de ver, carecen de un enfoque político directo, y no le dan la figura política atractiva, además de que se ha hecho sumamente conservador en esos programas.
En las condiciones actuales, desde la campaña electoral del 2018, donde Fabricio Alvarado fue finalista electoral, la agenda conservadora tuvo auge. Pero, el presidente Rodrigo Chaves y sus partidos “taxis”, con los candidatos del cabús presidencial, se la robaron, porque se las puso bien servida. Así le pagaron. Tratar de pelar y ganar con esta agenda para todos esos partidos era pelear por migajas electorales, como les resultó.
Hay que reconocer que Laura Fernández se la jugó bien. Lo más importante en ella, a mi modo de ver, fue la lealtad con que se identificó con Rodrigo Chaves y su gobierno. Desde el inicio lo dijo claramente: que iba a continuar las políticas y el proyecto de gobierno que Rodrigo Chaves había iniciado. Lo mantuvo todo el tiempo, sin temor a polarizar en contra de ella como ocurrió. En la misma campaña dijo que de ganar lo nombraría ministro de la Presidencia. Así lo ha anunciado después de su triunfo. Atizó más contra ella en la idea del continuismo, lo que no le obstaculizó su resultado.
Rodrigo Chaves, nos guste o no, tiene un bien ganado reconocimiento popular como presidente y como persona. Quienes le siguen fanáticamente, quienes le apoyan en las encuestas, se identifican con sus mensajes de que él ha querido gobernar para esos ciudadanos, para el pueblo, o para el populacho, culto o inculto, de sectores de las clases altas, empresariales, de los barrios ricos, como de los barrios pobres y las barriadas de la pobreza extrema.
Rodrigo Chaves se ha convertido en el representante de los nuevos sectores neo oligárquicos, neo burgueses, neo empresariales de distintos tipos, pro imperialistas, conservadores, neoliberales, que están en todos los altos estratos de la sociedad, pero también de algunos importantes sectores de las clases medias nacionales.
En lo personal muchos se identifican con él por su lenguaje, por sus pachucadas, por su verbalismo popular, por su lenguaje violento que lo hace el líder de la manada de la nación de borregos que le siguen. Incluso mujeres, no pocas, se identifican con él probablemente por el Síndrome de Estocolmo que seguramente sufren y viven con sus parejas, familias o machos alfas con los que conviven.
La idea del soberano, del pueblo con poder, del pueblo al que hay que darle y devolverle el poder, ha envalentonado a esa parte de la población que Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, que Laura Fernández también agitó en la campaña, de que con ella se ha devuelto el poder político al pueblo.
Cuando Rodrigo Chaves violentamente atacó a todos los Presidentes de la República diciendo que habían gobernado como tiranos y dictadores, al servicio de pequeños grupos de empresarios y oligarcas en contra del todo el pueblo, lanzó justamente ese límite de separación, donde él, y ahora Laura Fernández, no responden a esos grupos tradicionales del poder, porque ellos responden y representan otros grupos empresariales y oligárquicos.
Lo que se ha manifestado política y gubernativamente en estos últimos cuatro años, que continuará, es una dura pugna de estos grupos económicos, financieros y políticos, que con sus políticas populistas y neoliberales están encendiendo una mecha muy peligrosa.
La idea de impulsar la Tercera República, el período histórico que hemos vivido desde 1948 hasta ahora, es justamente ese desencuentro y ruptura con el pasado histórico, surgido en 1948, sin que Rodrigo Chaves ni Laura Fernández, entiendan lo que es esa Segunda República así declarada en 1948.
La Tercera República no es un tema solo de agitación y de decir hacia allá vamos. Es un tema y un concepto político institucional más serio.
Como la anuncia Laura Fernández, por ahora más parece un canto a La Luna, con agua en las manos, que puede terminar en una República de Tercera. ¡Cuidado!
Recuerdo con dolor y nostalgia la trágica historia que me contaba un octogenario uruguayo de cómo habían sido sorprendidos, en un país donde pesaba el civilismo, de la noche a la mañana en los años de 1970, por la irrupción de una dictadura represiva que encarceló y torturó sin pudor alguno y mandó a toda una generación relativamente joven al exilio. Sí, una generación perdida, por la instauración de un régimen de facto legitimado por la fuerza de un ejército y una doctrina de seguridad nacional. Tuvieron que pasar muchos años para que, de las cenizas de aquella brutal represión, emergiera un líder ya entrado en años y víctima de esa embestida represiva, José Mujica, pero que, con una envidiable vitalidad y pasión “juvenil”, vino a refrescar política y socialmente a un país agobiado por la represión, la desesperanza y el miedo.
En Costa Rica no arrastramos esa herencia de represión y exilio, aunque sí tuvimos algunos exiliados políticos y una generación perdida, la de los años 1980 que no alcanzó a concluir sus estudios secundarios. Por ello, no hay motivos para idealizar el pasado, pero tampoco desconocer sus logros. En ese sentido, tenemos que avanzar -hacia una Tercera República, es solo una forma de decirlo-, pero con mesura y humildad, ofreciendo todo el esfuerzo que sea necesario con la esperanza de que lo mejor lo podamos construir juntos, para el bienestar de todos y todas en este pequeño y gran país.
Sí, no hay que distraerse con los nubarrones del pasado, los desaciertos de los gobiernos anteriores, que los hubo; hoy es tiempo de caminar con paso firme y esperanza para construir una Costa Rica más democrática, es decir, con más justicia y solidaridad social y más pacífica y conciliadora, dispuesta a tender el abrazo que crea hermandad y amistad, más allá de las tiendas partidarias y las distancias ideológicas. Como se acostumbra a decir ahora, tenemos que ser resilientes, es decir, transformar los fracasos y los errores del pasado en aprendizajes que nos conduzcan a abrir los mejores horizontes posibles. Es decir, a evitar a toda costa, que la historia de corrupción e inequidades se repita con nuevos rostros.
Vemos con gran expectativa que hoy irrumpe una generación de políticos, mujeres y hombres, jóvenes, que anhelamos tengan la fuerza, vitalidad y visión para enrumbar a este país por senderos más promisorios. Aunque la juventud está en el alma, como lo testimonian muchas mujeres y hombres valientes y visionarios, como José Mujica, lo cierto es que siempre vemos con esperanza cuando una nueva generación asume el relevo con pasión y tenacidad. No podemos esperar milagros de una generación solo por ser joven, ni tampoco su ímpetu debería llevarlos por los caminos de un triunfalismo exacerbado, muy propio del discurso populista-mesiánico que ofrece mundos paradisiacos.
Mirando las constelaciones, pero con los pies en la tierra, esperamos que esta nueva generación sepa actuar con valentía y decisión, pero también con humildad y sabiduría política para dar de los mejor de sus capacidades intelectuales, emocionales y espirituales al servicio de la patria.
“Hoy es día de arar con arado de fuego las eras del amor y el entusiasmo” (Jorge Debravo).
