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Un dorado “negocio oscuro”

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El proyecto sobre el oro del yacimiento en Crucitas avalado por diputados alajuelenses no es más que otro «negocio oscuro» de Zapote. ¡Veamos!

Primero. ¿Usted estaría de acuerdo en entregarle a una empresa privada el 95 % del valor bruto del oro extraído? Antes de responder recuerde que ese oro que se regalaría es suyo, de todos los costarricenses, de nadie más.

Segundo. Como no se conoce siquiera la supuesta empresa que saldría premiada, tampoco se podría conocer la cantidad del oro que se explotaría por año, y, por ende, nadie podría afirmar de cuánto dinero se estaría hablando. Como eso es así, el 5 % en dólares que se recaudaría como pago de impuesto, como «royalty minero», no existe ni en el papel, pues es imposible estimarlo según el procedimiento de “subasta» irrealizable que se inventaron.

Por tanto, frente al 95 % que pasaría a cuentas bancarias en el extranjero, solo el 3,6 % pasaría al Ministerio de Hacienda para cubrir gastos corrientes del Estado. Cifra que, en dólares o colones, no la conoce ni la adivina del barrio.

Tercero. Igualmente, el señor alcalde de San Carlos, aunque repite alguna cifra que le habrán “soplado”, no puede tener idea de cuánto significa en colones el 1,25 % que recaudaría como impuesto, que, al compararlo con el 95 % que se entregaría a los mineros extranjeros, nos percatamos del mal negocio que estaría haciendo Costa Rica, al no valorar el interés patriótico por encima de los intereses de un cantón.

Cuarto. Interés patriótico que sustenta la propuesta del Hospital del Oro, sistema hospitalario orientado específicamente hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro por parte de la CCSS, donde el 100 % del oro explotado en un área menor al parque de La Sabana, sería para los costarricenses que más lo merecen. Hablamos de unos ¢200.000 millones anuales, gracias al aprovechamiento de 3 toneladas de oro anualmente, que no es correcto decir, convertiría a Costa Rica en un país minero, pues de los 51.100 km2 del suelo patrio, menos de uno, altamente degradado ambientalmente, sería usado para una misión tan noble.

SEC realizará la inauguración de su LVI Asamblea Nacional Ordinaria dedicada al Contrato Social Costarricense

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) realizará este martes 18 de noviembre, a la 1:00 p.m., la Inauguración de su LVI Asamblea Nacional Ordinaria, un espacio anual de reflexión y toma de acuerdos estratégicos para la defensa de la educación pública y los derechos de quienes integran la comunidad educativa del país.

Este año, la Asamblea está dedicada al Contrato Social Costarricense, bajo el lema:
“Educación, democracia, paz y libertad”, una visión de país que el SEC considera esencial proteger y recuperar en el actual contexto nacional.

La organización ha extendido invitaciones personales a representantes de sectores vinculados al diálogo social.

Programación general

Según el documento oficial del SEC, la LVI Asamblea Nacional Ordinaria comprende:

  • Gran inauguración:
    Martes 18 de noviembre, 1:00 p.m.
    Lugar: Centro de Convenciones Río Campo, Belén

  • Continuación de la Asamblea:
    Miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, con actividades internas del sindicato en el Centro Evangelista de Zapote, San José.

Festival SOMOS

En el marco de la inauguración se realizará también la segunda edición del Festival SOMOS, una actividad artística y cultural que reunirá a la comunidad educativa y sindical. Contará con la presentación especial del grupo musical internacional La Mákina, como espacio de encuentro, convivencia y cierre festivo de la jornada.

El SEC destaca que la presencia de las personas invitadas fortalece los esfuerzos colectivos por sostener y ampliar los espacios de diálogo que se han construido de manera conjunta.

Los aportes (no deseados) del camarada Trump al mundo y al continente

Miguel Sobrado

Entró al gobierno de los EEUU como un toro a la plaza, disparando aranceles para todo lado y demandando territorios ajenos como Groenlandia y el canal de Panamá, actuando con prepotencia, como si fuera el Rey del planeta y el mundo continuara siendo unipolar.

Emprendió un conflicto con China y los BRICS, al mismo tiempo que amenazó a Europa, Canadá, Japón, Corea, gran parte de Asia y toda América Latina con aranceles y sanciones. Desplazó una flota al Caribe contra Venezuela y apoyó militarmente a Israel en el genocidio a cielo abierto, sin tapujos, de Gaza proponiendo hacer un resort vacacional en su territorio ante la opinión pública mundial.
Lo único que tiene algún sentido positivo han sido sus intentos de parar el conflicto en Ucrania, buscando separar a Rusia de China.

En América Latina, las amenazas si bien han logrado doblegar los espinazos de Milei de Argentina, Novoa de Ecuador, Peña de Paraguay y Mulino de Panamá, ha creado una reacción de México, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay contra la pretensión de intervenir militarmente en el Caribe, que le han obligado a repensar esta acción.

En los Estados Unidos la persecución y encarcelamiento de migrantes ha creado procesos de pánico y reacciones de organización política que están cambiando el panorama, tanto en los procesos electorales de las alcaldías, como en la conciencia e identidad de estos. Muchos grupos especialmente latinoamericanos, que venían asimilando la cultura norteamericana, en el sentido más amplio incluyendo los prejuicios raciales que valoraba negativamente su identidad, recibieron un shock al ser perseguidos por el color de piel o su idioma por la policía de migración (ICE). En otros casos, el clima creado por el gobierno de Trump que identifica migrante con delincuente, ha provocado incluso asesinatos como el de la guatemalteca María Florinda Ríos de 32 años y madre de 4 niños, que tenía un año de haber llegado en búsqueda del sueño americano, en el condado de Bone en el Estado de Indianápolis, cuando llegó a hacer la limpieza en una casa y el dueño le disparó desde el otro lado de la puerta antes de que tocara.

Tan grave ha sido el atropello racista contra los latinos, que los indígenas norteamericanos se han movilizado en solidaridad, bajo el lema de que nadie es extraño en tierra robada.

Trump no solo ha irrumpido con torpeza en un mundo multipolar donde ha cambiado la correlación de fuerzas, que él todavía no reconoce, y sigue actuando como Emperador, aunque empieza a sentir el resquebrajamiento. Los valores de democracia y derechos humanos que eran parte importante del estandarte ideológico norteamericano han perdido legitimidad frente al genocidio y limpieza étnica descarada en Gaza, provocando protestas multitudinarias en todo el mundo.

En estas nuevas condiciones las cosas han empezado a dar vueltas. Las transacciones financieras internacionales, ya no depende solo del sistema Swift, manejado por los Estados Unidos y que le permitía establecer sanciones, sino de los sistemas de intercambio de los BRICS.

Tampoco puede EEUU enviar armamento a Taiwán que es parte de la China, sin que Rusia o China alimenten con misiles a Venezuela en su patio trasero.

El modelo de desarrollo con bienestar que configuraba el sueño americano ha cedido espacio en el mundo por la debilidades internas en el crecimiento de la pobreza y la falta de oportunidades, a China, Japón y los países nórdicos.

Al interior del país las cosas para Trump han empezado a resquebrajarse con los resultados electorales en las alcaldías más importantes del país.

Estamos en el declive de una potencia. Como todo declive, es un período de peligros, pero al mismo tiempo de cambios profundos y esperanzas.

En nuestra América las convulsiones serán muy fuertes porque el reordenamiento va a afectar profundas estructuras de poder clientelista internas que han permitido la incubación del narco tráfico.

Como se pueden apreciar los efectos de las políticas de Trump que pretendían combatir la izquierda han hecho todo lo contrario, tanto en Latinoamérica donde ha despertado el sentimiento nacionalista y patriótico como en el mundo donde ha despertado protestas organizadas progresistas sin precedentes.

Recital de poesía y cuento «Palabras contra la Violencia» – 25N

La Asociación Costarricense de Escritoras y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al recital  de poesía y cuento Palabras contra la Violencia  con la participación de las escritoras Shalaisha Barret, Kristy Barrantes, Leda García, Valeria Varas, Marianella Vargas, Carla Brunetti, Mariamalia Sotela, Lucía de Paula, Elena Monge. Modera Marta Rojas.

El recital se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La actividad, se celebrará en la Benemérita Biblioteca Nacional el jueves 20 de noviembre a las 4:00 p.m. y será transmitida por el Facebook de la Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

17 de noviembre, Día Mundial del Prematuro

Dr. Javier Álvarez Urbina
Pediatra – Neonatólogo
Invitado de ACANAMED

El recién nacido prematuro

Los niños que nacen antes de la semana 37 de gestación son considerados prematuros o pretérmino. A nivel mundial el nacimiento prematuro es la principal causa de muerte de niños menores de cinco años, su atención tiene un alto costo emocional, social y económico. En Costa Rica nacen anualmente alrededor de 5.000 bebés prematuros y la prematuridad extrema causa tres cuartas partes de las muertes en niños en el primer año de vida. El riesgo de complicaciones y de fallecer de un bebé pretérmino está relacionado a las semanas de embarazo al momento de nacer, entre más prematuro es mayor el riesgo. Un estudio nacional reportó que, en un semestre entre el año 2021 y 2022, de 195 niños con peso al nacer menor de 1,500 gramos falleció el 23,5%, la sobrevida fue mayor al 50% sólo para los bebés con más de 26 a 27 semanas de gestación.

En muchos casos, no se sabe cuál es la causa exacta de un parto prematuro. Sin embargo, se conocen muchos factores que aumentan el riesgo, los cuales están relacionados con condiciones que afectan la salud de la madre, la placenta o el desarrollo del feto.

El niño nacido antes de las 35 semanas de gestación tiene inmadurez de todos sus órganos, por lo que tienen dificultades para controlar sus funciones vitales y necesitan apoyo adicional para sobrevivir, por ello deberán ingresar en una sala de Neonatología o bien a una unidad de cuidado intensivo, según la condición de cada bebé.

Las posibilidades de que un niño prematuro sobreviva están condicionadas por la edad gestacional, el peso al nacimiento y la presencia de problemas de salud graves al nacer.

Los cuidados en la Unidad de Neonatología están destinados a proporcionarles ayuda en mantener las funciones esenciales del cuerpo, mientras el recién nacido continua su proceso de crecimiento y desarrollo fuera del vientre de la madre. Su mejoría es lenta, la cual depende de que se puedan controlar las alteraciones y/o enfermedades presentes, a la vez que el niño crece y se fortalece. Es importante establecer un vínculo físico con él lo antes posible, el contacto piel a piel entre los padres y el niño ayudan a que se relajen y respiren con más facilidad, además les estimula a succionar. La alimentación con leche de la madre es esencial para promover la maduración del sistema digestivo y transferencia de defensas, la cual debe iniciarse lo antes posible según la condición de cada recién nacido.

Dada la inmadurez del organismo los prematuros con frecuencia presentan problemas serios que amenazan su vida, tales como insuficiencia respiratoria, apnea (detención de la respiración), infecciones, elevación de bilirrubina, anemia, alteraciones en la función de riñones y en la presión arterial, así como también sangrado cerebral.

Los recién nacidos pretérmino tienen riesgo de desarrollar complicaciones crónicas derivadas de la fragilidad de sus órganos o bien de los tratamientos prolongados para salvar sus vidas, tales como lesión pulmonar, malnutrición, daño de la retina, lesiones cerebrales, sordera, dificultad para alimentarse, limitaciones motoras y en el aprendizaje, así como parálisis cerebral, las cuales pueden limitar su calidad de vida y producir discapacidad.

Por lo tanto, para disminuir las enfermedades y muertes causadas por la prematuridad lo ideal es establecer estrategias de prevención, como los son tener un buen estado de salud de la madre previo al embarazo, iniciar control prenatal tempranamente, recibir atención inmediata si hay amenaza de parto prematuro o presencia de enfermedades agudas en el embarazo. Si el nacimiento de un bebé es inevitable, la atención del binomio madre-hijo debe catalogarse como una emergencia calificada. Es necesario que el nacimiento ocurra en hospitales que cuenten con el personal y equipo médico para su atención adecuada, garantizar los mejores cuidados y por ende la mejor oportunidad de sobrevida sin lesiones permanentes (secuelas) en esta población tan vulnerable.

Voces de mujeres haitianas que resisten

UNIR-Haití lanza la campaña “6 días con Haití” y la segunda temporada del podcast Fanm nan batay la

La Universidad Itinerante de la Resistencia de Haití (UNIR-Haití) lanzó la campaña “6 días con Haití”, una invitación internacional a escuchar, compartir y acercarse a la realidad haitiana desde las voces de sus mujeres, en medio de una crisis marcada por el aumento de la violencia, la inestabilidad y la migración.

La iniciativa acompaña la presentación de la segunda temporada del podcast Fanm nan batay la: Mujeres en lucha y en resistencia, una serie de seis episodios realizados en Puerto Príncipe “en medio de muchas dificultades”, según expresan sus creadoras. La producción, que combina narrativas íntimas, testimonios comunitarios y análisis cultural y social, es una apuesta por mantener viva la mirada haitiana desde dentro, lejos de los estigmas y de las imágenes reducidas a la violencia.

El material llega en un momento crucial para Haití, cuando múltiples sectores sociales —especialmente mujeres, jóvenes y comunidades locales— continúan sosteniendo formas de organización, resistencia y creatividad frente al deterioro de las condiciones de vida. La campaña busca amplificar esas voces y sumar apoyos de organizaciones, personas y medios aliados.

Los materiales fueron compartidos con SURCOS por Rafael Salgado, de ITECO.


Los seis episodios del podcast “Fanm nan batay la”

Cada día de la campaña se destaca uno de los episodios. A continuación, la descripción y enlace de cada uno:

1. La voz joven que acompaña y resiste – Naïma Andris

¿Qué mueve a una joven feminista haitiana a sostener la esperanza en medio de la crisis?
Naïma Andris comparte su trabajo acompañando a mujeres sobrevivientes de violencia y reflexiona sobre el papel de la juventud haitiana organizada.
https://youtu.be/mQRcA3ICJ2U?si=XAyoCqQnlH9A8h4A


2. El tambor como latido colectivo – Wisancha

Mientras la violencia intenta silenciar al país, Wisancha reivindica el tambor como memoria viva, fuerza espiritual y resistencia.
https://youtu.be/OQqOWxRj2ho?si=8f-my4IwP29DBB65


3. Investigar desde Haití – Roseverlande

Roseverlande comparte su investigación sobre el aborto voluntario en el vodou, y reflexiona sobre la importancia de producir conocimiento desde Haití y para Haití.
https://youtu.be/6jBavnCTFGo?si=LPZgSlxBlBbPtQ4y


4. Vodou jazz y voz feminista – Vanessa Jeudi

Cantante, compositora y militante feminista, Vanessa Jeudi explica qué es el vodou jazz, cómo se vive y por qué es una expresión contestataria, espiritual y profundamente haitiana.
https://youtu.be/SCMQ1q1g-Kg?si=4gl4uKrRk8H3y8_q


5. La vida cotidiana que sostiene al país – Patricia Jean

¿Cómo se gestiona el agua, los residuos o la esperanza en un país golpeado?
Patricia Jean muestra una Haití cotidiana y valiente, sostenida por quienes deciden quedarse y cuidar.
https://youtu.be/sysOhH0WjyY?si=x0msApmJUf3crjRD


6. Preguntas esenciales sobre Haití – conversaciones desde adentro

Dos mujeres haitianas responden preguntas frecuentes sobre el idioma, el territorio, la cultura, el vodou, la situación actual y sus sueños.
Un episodio íntimo, lleno de orgullo y humor.
https://youtu.be/x0msApmJUf3crjRD


Invitación pública

UNIR-Haití y las productoras solicitan apoyo compartiendo los episodios durante los seis días de campaña para amplificar estas voces y construir un relato alternativo y necesario sobre Haití: un país vivo, que lucha, crea, enseña y sueña.

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile: “Un país que no hace su trabajo frente a las violaciones de derechos humanos está condenado a repetirlas”

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.

Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.

Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?

RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.

Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.

Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.

En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?

RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.

Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.

El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?

RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.

En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.

Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.

EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?

RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.

Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.

Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.

Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?

RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.

Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.

Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.

Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?

RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.

Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.

Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.

Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.

¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.

La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.

La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.

Expertos de la UCR presentan la HPC@UCR

Mag Olga Marta Ramírez Hernández 
Comunicadora
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) 

Supercomputadora de alto rendimiento apoya la investigación en la UCR y a proyectos de alta relevancia para el país

  • Gracias a esta infraestructura, investigadores del país pueden analizar grandes bases de datos, como los registros de votación de más de un millón de personas o realizar simulaciones meteorológicas en solo dos horas y que antes tomaban 16 horas.

  • Ya se han iniciado acercamientos con instituciones como el ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Meteorológico Nacional, con el fin de apoyar sus procesos mediante simulaciones más precisas y rápidas.

Investigadores y estudiantes de posgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR) cuentan hoy con una herramienta tecnológica de vanguardia que está revolucionando la forma de generar conocimiento y enfrentar los grandes desafíos del país: el HPC@UCR.

En el conversatorio realizado este jueves 13 de noviembre participaron Derek Mejía, estudiante de grado; la Dra. Rebeca Campos Sánchez, investigadora; el Dr. Federico Muñoz Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Básicas e impulsor del HPC@UCR; Nicole Ramírez Mata, estudiante de posgrado; y el Dr. Tomás Rojas Solórzano, investigador. Durante la actividad, destacaron la relevancia del HPC@UCR como infraestructura de supercómputo para impulsar la generación de investigación y conocimiento.

De izquierda a derecha: Derek Mejía, estudiante de grado; Dra. Rebeca Campos Sánchez, investigadora; Dr. Federico Muñoz Rojas, Decano de la Facultad de Ciencias Básicas e impulsor del HPC@UCR; Nicole Ramírez Mata, estudiante de posgrado y el Dr. Tomás Rojas Solórzano, investigador.

Este sistema de computación de alto desempeño (High Performance Computing) permite procesar enormes volúmenes de datos en tiempos récord y realizar simulaciones de gran dimensión y complejidad. Forma parte de una iniciativa institucional orientada a fortalecer la investigación, la docencia y la vinculación con la sociedad.

Para el Dr. Eldon Caldwell Marín, Decano del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), “el HPC@UCR representa un salto cualitativo en la capacidad tecnológica de la Universidad de Costa Rica y del país. Su impacto va más allá de la academia: permite enfrentar desafíos reales con soluciones basadas en datos, fomenta la colaboración interdisciplinaria y fortalece la formación de profesionales en tecnologías de vanguardia”.

El HPC@UCR no es solo una supercomputadora; es también un equipo humano multidisciplinario conformado por académicos y técnicos altamente especializados que acompañan a las personas usuarias en el uso eficiente y eficaz de esta tecnología. Su objetivo es claro: facilitar el acceso a capacidades de cómputo avanzadas para resolver problemas complejos en diversas áreas del conocimiento.

Este sistema cuenta con 1024 núcleos de procesamiento (cores) distribuidos en 16 nodos o computadoras de alto rendimiento, cada uno con 64 cores y 1 terabyte de memoria RAM, lo que permite realizar cálculos que serían imposibles o extremadamente lentos en una computadora convencional. Además, incorpora procesadores gráficos (GPU) Nvidia A100 especializados en resolver operaciones matemáticas complejas, ideales para aplicaciones como inteligencia artificial, análisis de imágenes médicas, simulaciones climáticas y modelado económico.

Gracias a esta infraestructura, investigadores del país pueden analizar grandes bases de datos, como los registros de votación de más de un millón de personas o realizar simulaciones meteorológicas en solo dos horas y que antes tomaban 16 horas. Esto no solo acelera la producción científica, sino que también permite tomar decisiones más informadas en tiempo real.

El HPC@UCR ya ha sido utilizado por más de 100 personas investigadoras y estudiantes de distintas disciplinas, desde la bioinformática hasta la economía, distribuidos en 37 proyectos de investigación, adicionalmente es ampliamente usado por varios cursos de pregrado y posgrado. Además, se han iniciado acercamientos con instituciones como el ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Meteorológico Nacional, con el fin de apoyar sus procesos mediante simulaciones más precisas y rápidas.

Ya podemos acceder a problemas más serios, más precisos, problemas que pueden dar mejores pronósticos, por ejemplo, en el caso de meteorología que tenemos un impacto inmediato”, destacó el Dr. Federico Muñoz, Decano de la Facultad de Ciencias Básicas y uno de los impulsores de este clúster.

El HPC@UCR representa un impulso clave para el desarrollo de la investigación y la docencia en diversas disciplinas, como biología, bioinformática, ciencias de la computación, estadística, inteligencia artificial, aprendizaje automático, meteorología, sismología, entre otras. “Con el HPC@UCR podemos fomentar colaboraciones internacionales. Un investigador puede estar en Golfito, en Upala o en Alemania, y conectarse remotamente para trabajar”, destaca Muñoz.

Para conocer más acerca del potencial del HPC@UCR puede ingresar a https://hpc.ucr.ac.cr/

Declaración de la Alianza Global CONVIDA20 ante la COP30

Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos

Resumen

Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.

Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.

Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:

Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.

Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.

Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.

La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.

No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.

Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.

La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.

Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.

Vemos, juzgamos y actuamos

Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.

Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.

Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.

Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.

Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.

Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.

Vemos que:

La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.

Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.

En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.

El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.

Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.

La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.

Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.

La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.

Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.

La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.

La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.

Juzgamos que:

La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.

Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.

Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.

Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.

Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.

La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.

Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.

Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç

La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.

La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.

Actuamos así:

  • Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.

  • Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.

  • Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.

  • Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.

  • Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.

  • Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.

  • Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.

  • Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.

  • Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.

  • Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.

  • Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.

  • Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.

  • Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.

Escuchen el clamor de la tierra.

Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.

Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.

Porque la vida no se negocia.

Porque la justicia no se posterga.

Porque la paz no se militariza.

Porque la tierra no se vende.

Porque el futuro se construye hoy.

Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico

Anexos

DECLARACION DE LA ALIANZA GLOBAL CONVIDA20 ANTE LA COP30 2025.pdf
DECLARAÇÃO DA ALIANÇA GLOBAL CONVIDA20 DIANTE DA COP30 2025.pdf
DÉCLARATION DE L’ALLIANCE MONDIALE CONVIDA20 DEVANT LA COP30 2025.pdf
https://sicsal.net/convida20/es/node/95