La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría en el que señala deficiencias significativas en la gestión del riesgo de corrupción dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que realiza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
El documento evidencia que la gestión institucional frente al riesgo de corrupción es débil, inoportuna y carece de un enfoque integral, lo que afecta la calidad y trazabilidad de la información técnica utilizada para aprobar proyectos con impacto ambiental.
Según la auditoría, en algunos casos se otorgaron viabilidades ambientales basadas en estudios técnicos correspondientes a otros proyectos, lo que compromete la objetividad y fiabilidad de las evaluaciones. Además, el 90% de los casos analizados fueron aprobados sin inspección de campo previa por parte de la institución.
La Contraloría también determinó que el seguimiento que realiza la SETENA sobre las viabilidades otorgadas es principalmente reactivo, limitándose a responder solicitudes del desarrollador o de terceros. Esto deja en manos de profesionales externos la responsabilidad directa del cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos, reduciendo la capacidad institucional para fiscalizar efectivamente los impactos reales de los proyectos.
Entre los hallazgos más relevantes, se reporta que el 74% de las evaluaciones revisadas presentan debilidades de control, y que el 60% de las inspecciones de cumplimiento planificadas no se ejecutaron. Asimismo, un 25% de los estudios de impacto ambiental no fueron publicados en el sitio web institucional, afectando la transparencia y el acceso público a la información.
Un caso destacado es el de un proyecto en Quepos (ver infografía adjunta), que recibió viabilidad ambiental pese a encontrarse en una zona con cobertura boscosa. Posteriormente, se detectaron 16 incumplimientos a las condiciones establecidas, con daños graves al ecosistema local, lo que evidencia las consecuencias reales de no aplicar controles efectivos.
La Contraloría subraya que, por el alcance de las decisiones que toma la SETENA y los intereses económicos que involucra, es esencial fortalecer los controles internos, garantizar criterios técnicos y verificables, y fomentar la rendición de cuentas. El informe señala que una gestión ambiental transparente no solo protege los ecosistemas, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
En la madrugada del 31 de octubre de 2025, en París, falleció Armand Mattelart, uno de los intelectuales más influyentes del pensamiento comunicacional contemporáneo. Con su partida se extingue una voz crítica que supo vincular la comunicación con la política, la economía y la cultura, desmontando las tramas ideológicas del poder mediático y el imperialismo cultural.
Nacido en Lieja (Bélgica) el 8 de enero de 1936, se graduó en Derecho en la Universidad de Lovaina y se especializó en demografía en La Sorbona. Su formación inicial, anclada en el estudio de las políticas de población, pronto lo llevó a cuestionar las estrategias de control demográfico impulsadas por la Alianza para el Progreso en los años sesenta, promovida por el gobierno de John F. Kennedy.
Un belga en América Latina: el despertar crítico en Chile
En 1962 llegó a Chile invitado por la Pontificia Universidad Católica, donde se integró como profesor de sociología de la población. En ese contexto fundó el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) y comenzó a articular su mirada crítica sobre los medios de comunicación masiva y su papel en la construcción del imaginario social.
Durante el gobierno de Salvador Allende, Mattelart participó activamente en los debates sobre la democratización de la comunicación y el rol de los medios en los procesos de cambio social. En 1971, junto a Ariel Dorfman, publicó el célebre Para leer al Pato Donald, texto pionero en la crítica al imperialismo cultural. En sus páginas reveló cómo los cómics de Disney difundían valores, jerarquías y modelos de vida funcionales a la dominación ideológica estadounidense.
El libro se convirtió en un símbolo del pensamiento crítico latinoamericano, cuestionando lo que parecía inocente —el entretenimiento infantil— como un vehículo de colonización cultural.
Exilio, pensamiento global y crítica del poder mediático
El golpe militar de 1973 interrumpió abruptamente ese ciclo. Mattelart fue expulsado de Chile y debió exiliarse en Francia. Desde allí, transformó la experiencia latinoamericana en un marco global de análisis: la comunicación entendida como campo de disputa política y estructural dentro del sistema-mundo.
Profesor emérito de la Universidad de París VIII (Vincennes–Saint-Denis), desarrolló una vasta producción académica que renovó la Economía Política de la Comunicación, incorporando la crítica de la mundialización y las redes transnacionales de poder mediático.
Entre sus obras más destacadas figuran La Comunicación-Mundo, Multinacionales de la Comunicación, La Invención de la Comunicación, Diversidad cultural y mundialización, Un mundo vigilado y, junto a Michèle Mattelart, Historia de las teorías de la comunicación. En todas ellas defendió una convicción: democratizar la información es democratizar la sociedad.
Legado intelectual y humano
Mattelart recibió doctorados honoris causa de universidades en Nuevo León, Córdoba, Málaga, La Habana y Valladolid, y junto a su esposa Michèle fue reconocido como Profesor Honorario por la Universidad de Chile durante la IX Bienal Iberoamericana de Comunicación en 2013.
También incursionó en el cine documental. En 1976 presentó en el Festival de Cannes La Spirale (La Espiral), codirigida con Jacqueline Meppiel y Valérie Mayoux, una mirada lúcida sobre el proceso chileno de la Unidad Popular y la ofensiva mediática que precedió al golpe.
Hasta sus últimos años, Mattelart siguió observando con atención las nuevas formas de concentración mediática, la lógica extractivista de las plataformas digitales y los riesgos de vigilancia global. Su lucidez seguía intacta: la comunicación no era para él un simple flujo de información, sino un terreno de batalla simbólica donde se juegan la libertad, la cultura y la soberanía.
Una luz crítica que no se apaga
Su pensamiento sigue marcando a generaciones de investigadores, periodistas y educadores. En América Latina, su paso por Chile dejó una huella indeleble: enseñó que leer los medios es leer el poder, que la comunicación no es neutral y que comprender sus mecanismos es condición de toda emancipación.
Armand Mattelart fue, ante todo, un intelectual comprometido con su tiempo, que convirtió la crítica en un acto de esperanza: entender el mundo para transformarlo.
Referencias
FELAFACS-Regional Brasil. (2025, 3 de noviembre). Murió Armand Mattelart: Pensar la comunicación como política del mundo.
Diario UChile. (2025, 3 de noviembre). Se apaga una luz crítica de la comunicación global: muere Armand Mattelart.
[Sin firma]. (2025, 31 de octubre). Fallece Armand Mattelart: Pensador mundial de la comunicación y la cultura de masas.
Resumen de Juan Carlos Cruz Barrientos. Para Surcos.
El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional de Costa Rica expresó su respaldo público y solidario a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora Chavarría, ante los ataques verbales y políticos provenientes del Poder Ejecutivo.
El pronunciamiento, aprobado por unanimidad mediante el acuerdo 0183-2025, reafirma la defensa de la independencia judicial y electoral como pilares esenciales de la convivencia democrática y del Estado de Derecho. El IEM subraya que desacreditar al órgano encargado de garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales equivale a debilitar la legitimidad del poder político y a amenazar la paz social que ha caracterizado a Costa Rica desde 1949.
El documento destaca la valentía y el compromiso ético de la magistrada Zamora, primera mujer en presidir el TSE, y reconoce su trayectoria de servicio público en defensa de los derechos humanos, la participación política de las mujeres y el fortalecimiento democrático. “La respuesta de la magistrada es un acto de responsabilidad institucional y de liderazgo cívico”, señala el comunicado, recordando que su intervención defiende no solo la institucionalidad, sino también el respeto y la verdad como fundamentos del debate público.
El Instituto llama a la sociedad costarricense, la academia y las instituciones públicas a proteger con firmeza los espacios democráticos, rechazar los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones y respaldar a las mujeres que, desde el servicio público, defienden los valores republicanos y los derechos conquistados.
Finalmente, el IEM reitera su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática, la igualdad de género en la esfera política y la protección de quienes sostienen, con integridad y convicción, los principios de justicia, equidad y respeto mutuo.
La Asada de San Juan de Cañas en Guanacaste respira aliviada. Un proyecto colaborativo entre la comunidad, el Hidrocec de la UNA, el TEC y la ONG Operación Bendición permitió instalar un sistema de remoción que devolvió el agua segura a los habitantes de esta comunidad.
Tras meses de incertidumbre por la contaminación de su fuente hídrica con aluminio, San Juan de Cañas hoy cuenta con un sistema de filtración que garantiza agua segura, pues cumple con los estándares nacionales de calidad.
La problemática surgió durante los talleres Conociendo la calidad de nuestra agua, que se imparte dentro del proyecto Fortalecimiento de la gestión del agua de las Federaciones, Ligas y uniones de la Región Chorotega (FLUS Chorotega). Johanna Rojas, responsable del área de calidad de aguas del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec), recuerda el hallazgo: “Vimos que el pH estaba muy ácido, volvimos a leer la muestra y el pH seguía estando en cuatro. Eso nos generó bastante curiosidad”.
Las pruebas de laboratorio lo confirmaron: el nivel de aluminio en el agua superaba los 0,2 miligramos por litro, el límite establecido por la normativa costarricense. “No creíamos que fuera tan peligroso. Pero ahora que inició todo eso nos dimos cuenta y tuvimos la certeza de que en verdad sí necesitábamos la ayuda para mejorar la calidad del agua”, comentó Cindy Barrantes administradora de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asada).
El diagnóstico activó una red de apoyo. Andrea Suárez, coordinadora del Hidrocec, recordó que la articulación entre actores fue clave. La FLUS Chorotega, la ONG Operación Bendición y el Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), se unieron para materializar la solución.
La tecnología que devolvió la seguridad del agua a la comunidad fue un sistema de filtración de dos etapas, que desarrollaron e instalaron expertos del TEC. “El filtro lo que tiene es un tipo de piedra caliza, por ahí va a pasar el agua y luego pasa por un segundo filtro de arena. En el primero se regula el pH y se retiene la mayoría del aluminio, y en el segundo terminamos de hacer la limpieza”, explicó Luis Guillermo Romero, investigador del CIPA, quien detalló, además, que tras un día de trabajo el agua salió con un pH alrededor de siete, y el aluminio muy por debajo de la norma nacional.
Katherine Sánchez, coordinadora de Proyectos de Agua de Operación Bendición, enfatizó que su labor va más allá de lo técnico. “Los proyectos que hacemos van a cambiar la vida de las personas”, afirmó, pero también empoderan a las comunidades, pues son estas las que administran y le dan sostenibilidad al sistema.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El ciudadano Marco Levy Virgo, afrodescendiente y miembro activo de la comunidad de Limón, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por lo que califica como omisiones y incumplimientos del Gobierno de la República en la implementación de acciones afirmativas en favor de la población afrodescendiente nacional.
En el documento, Levy argumenta que Costa Rica ha incumplido sus obligaciones derivadas de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, suscrito mediante la Ley N.° 7316 de 1992, lo cual perpetúa la discriminación estructural hacia la población afrodescendiente del país.
El recurso, presentado con fundamento en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sostiene que las comunidades afrodescendientes del Caribe costarricense cumplen con las características de pueblos tribales reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos como Saramaka vs. Surinam y Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. En esos precedentes, la Corte reconoce que tales comunidades gozan de derechos equivalentes a los pueblos indígenas, incluyendo consulta previa, libre e informada, propiedad colectiva y protección cultural.
Omisiones señaladas
Levy señala que, pese a la ratificación del Convenio 169 hace más de tres décadas, Costa Rica no ha adoptado legislación ni políticas públicas que garanticen los derechos reconocidos a la población afrodescendiente. Entre los incumplimientos destaca:
Falta de consulta previa en proyectos y políticas que afectan territorios afrodescendientes, como el plan de marina en el cantón central de Limón y otros proyectos impulsados por JAPDEVA.
Ausencia de legislación que reconozca la propiedad colectiva, participación política y protección cultural de estas comunidades.
Respuestas dilatorias e insuficientes del Ejecutivo ante solicitudes formales, pese a los mandatos de la Sala Constitucional en materia de consulta tribal afrodescendiente.
El recurso cita el Voto N.º 2025027898 de la Sala Constitucional, del 19 de septiembre de 2025, que reafirma la obligación estatal de realizar consultas previas a comunidades afrodescendientes, así como el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2024), que reconoce el autoreconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal.
Derechos violados según el recurso
Entre los derechos presuntamente vulnerados se mencionan:
Igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el artículo 6 del Convenio 169.
Derechos territoriales y culturales, previstos en los artículos 13 al 19 del Convenio.
Supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, conforme al artículo 7 constitucional.
Derecho de petición, por las respuestas evasivas del Poder Ejecutivo a sus oficios.
Solicitudes a la Sala Constitucional
Levy solicita a la Sala Constitucional que:
Declare con lugar el recurso de amparo.
Ordene al presidente de la República implementar de inmediato el Convenio 169 de la OIT, garantizando consulta previa, reconocimiento territorial y legislación específica.
Declare la nulidad de actos omitidos y ordene acciones afirmativas equiparables a las aplicadas a otras minorías.
Condene al Estado al pago de daños y perjuicios, así como costas y honorarios.
El recurso solicita además que se requiera al Ejecutivo un informe detallado sobre los avances en la implementación del Convenio 169, con el fin de asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de las comunidades afrodescendientes del país.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA) llamó a los costarricenses a redoblar la solidaridad con Cuba, cercada por un cruel bloqueo comercial y financiero norteamericano, que dificulta aún más la ayuda internacional y la recuperación de la isla caribeña por los destrozos ocasionados por el reciente huracán Melissa que azotó el Caribe.
En un comunicado hecho público, la representación gremial de la Caja Costarricense del Seguro Social expresa “firme” y “fraterna” la solidaridad con el pueblo y los trabajadores de Cuba, así como las organizaciones sindicales “hermanas” que defienden “su soberanía y autodeterminación”.
En el documento llama a la Federación Sindical Mundial y al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) a unir esfuerzos a favor de Cuba en este “momento de dolor humano”.
Practicando con el ejemplo UNDECA fue de las primeras organizaciones gremiales del país en hacer llegar su donación.
Según datos preliminares oficiales, Melissa dejó una secuela de destrucción de caminos, acueductos, agricultura y 19 muertos en Haití y 18 en Jamaica, mientras en Cuba golpeó con fiereza las provincias del Oriente del país, destruyendo servicios públicos, caminos, agricultura, hogares e infraestructura clave para su economía.
Preliminarmente el diario Granma precisó que el fenómeno atmosférico afectó el aeropuerto de Santiago de Cuba, por lo que la línea área Cubana de Aviación suspendió servicios hacia esa importante provincia, hasta nuevo aviso.
El diario agregó que, en la provincia de Las Tunas, siempre en el oriente de la isla, las mayores labores recuperativas deben hacerse en la agricultura, principalmente en el denominado polo productivo del territorio provincial.
Ahí se registraron serias afectaciones a las áreas de plátano, y en menor medida a otros renglones, por lo que se impone salvar lo posible y comercializarlo a la población, consignó.
Los informes periodísticos dan cuenta de averías en el tendido eléctrico, desconexión de radiobases telefónicas, derribo de árboles, daños en la cubierta de viviendas e inundaciones en zonas bajas de esta ciudad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) confirmo que ejecuta acciones tendientes a proteger la seguridad alimentarias en Cuba tras el paso de Melissa.
En paralelo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hace esfuerzos para distribuir productos de higiene personal y materiales educativos para los escolares cubanos, así como purificadores de agua para mientras se normaliza la situación.
Sin embargo, el coordinador de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, señaló que el embargo económico y las sanciones financieras contra la isla “complican”la obtención de recursos para la respuesta humanitaria.
“Lasnecesidades superan con creces la capacidad de respuesta del país frente a la emergencia”, reconoció Pichón públicamente, quien destacó que el impacto se concentra en regiones ya afectadas por el huracán Óscar ocurrido el año pasado.
El bloqueo comercial y financiero estadounidense contra Cuba significa daños y perjuicios a su economía y población 129 millones de dólares cada seis días.
Puede ver detalles para su aporte solidario en la imagen.
El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, conformado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), convoca a una gran movilización bajo el lema “¡El campo costarricense se levanta!”.
La marcha por la defensa de la producción nacional y el rescate del campo costarricense se realizará el martes 11 de noviembre a las 9:00 a.m. en San José, saliendo del Parque Central hacia Casa Presidencial en Zapote.
Las organizaciones convocantes llaman a la ciudadanía, productores y productoras del país a sumarse a esta manifestación en favor de políticas públicas que fortalezcan el agro costarricense, garanticen la soberanía alimentaria y defiendan el derecho al trabajo digno en las zonas rurales.
Demandas principales
Sí a la innovación del sector agropecuario, para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la minimización de los impactos sociales y ambientales de la producción agropecuaria.
Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria, para reducir la pobreza rural y generar empleo.
Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente, para mejorar la vida de las personas que dependen del agro.
Sí a un financiamiento oportuno y accesible, para una producción agropecuaria eficiente, innovadora, ambientalmente amigable y resiliente.
Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente, con impacto social positivo y que mitiguen la crisis climática.
En defensa del agro nacional
Las organizaciones subrayan que es urgente detener las políticas que debilitan la producción nacional y afectan el empleo rural. Por ello, expresan su oposición a la importación masiva de productos agrícolas y al Acuerdo Transpacífico, que consideran una amenaza para la soberanía alimentaria y el desarrollo de los pequeños y medianos productores.
La convocatoria reafirma los compromisos del sector con el trabajo digno, la equidad social y la seguridad alimentaria:
Sí al trabajo, la dignidad y el futuro del campo costarricense.
Sí a la seguridad y soberanía alimentaria costarricense.
La Semana Internacional Javier Biosca deelDiario.es
Se cumplen dos meses del despliegue militar y de los ataques de EEUU contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela. Van más de 60 muertos y Trump no afloja. Es más, dentro de unos días llegará a la zona el buque de guerra más grande del mundo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado al USS Gerald R. Ford —un monstruo de 100.000 toneladas con capacidad para llevar 90 aeronaves— que abandone las aguas del Mediterráneo y se dirija al Caribe para participar en la supuesta lucha de EEUU contra las drogas.
Nosotros no tenemos portaaviones, pero tenemos socios. Y si nos apoyas, seremos mucho más fuertes que las 100.000 toneladas de acero de USSS Gerald Ford.
Lecciones de Panamá
La última vez que EEUU derrocó por la fuerza militar directa a un líder latinoamericano fue en 1989 en Panamá y también lo justificó con la lucha contra las drogas. Por si quedaban dudas, llamó a la operación ‘Causa Justa’. Manuel Noriega, bajo el conocimiento de EEUU, había formado la primera “narcocleptocracia” del mundo, pero permitía a Washington utilizar su país para llevar ayuda a sus aliados armados en El Salvador y Nicaragua, además de establecer puestos de escucha. De hecho, desde los 70, Noriega fue agente pagado de la CIA.
“La invasión de EEUU de Panamá es el equivalente más cercano a una operación de cambio de régimen en Venezuela”, me dice Michael Paarlberg, profesor, investigador y exasesor de Bernie Sanders para América Latina. “Como Trump hoy, EEUU no lo declaró como una guerra, sino una operación contra el narcotráfico. Derribaron a Noriega por sus vínculos con el tráfico de drogas que, irónicamente, EEUU ya conocía y que incluso fomentó como activo de la CIA”, añade Paarlberg, que vivió en Panamá en los años posteriores al golpe porque su padre trabajaba en el servicio exterior de EEUU.
Es demasiado evidente que lo de Trump en Venezuela no es un intento real de frenar el tráfico de drogas y que no hace falta llevar al buque de guerra más grande del mundo para hundir narcolanchas. Según los propios datos de la agencia antidrogas de EEUU (DEA), el “corredor caribeño” que está atacando el presidente en Venezuela representa solo el 8% de toda la cocaína que llega al país norteamericano. Sin embargo, el 80% llega por aguas del Pacífico desde Ecuador y Colombia, según datos de 2022 del Ejército de EEUU. Pero ahí no están atacando.
Pese a las similitudes, “hay grandes diferencias” entre la operación en Panamá y en Venezuela, comenta Paarlberg. “En ese momento, EEUU tenía muchas bases militares en Panamá. De hecho era la sede del Comando Sur y ya había 13.000 soldados allí desplegados —a los que luego añadieron unos 15.000 más—”. Incluso con tantas tropas, “hubo muchas batallas feas”. Paarlberg recuerda un episodio en el que varios Navy Seals fueron capturados y asesinados en la pista de despegue del aeropuerto de la capital.
Trump ha dicho una cosa y la contraria, pero el próximo paso en la escalada serían ataques estadounidenses en tierra. Pase lo que pase, Paarlberg cree que el presidente “no quiere recrear ninguno de los problemas de la invasión de Panamá”. “Además, no tiene los recursos. Actualmente hay alrededor de 10.000 soldados, y realmente es una cifra mucho menor si hablamos de tropas de combate. Siendo generosos, la mitad. Eso deja 5.000 soldados, muchos menos de los movilizados para invadir Panamá, un país 20 veces más pequeño que Venezuela”.
Maestros de la guerra psicológica
Elliot Abrams, vieja y oscura figura en la política estadounidense y las injerencias en terceros países, ya lideró la estrategia (fracasada) de Trump en su primer mandato para forzar un cambio de régimen en Venezuela: autoproclamación de Juan Guaidó, operación de ayuda humanitaria, conato de alzamiento militar… “¿Cree que Trump está más cerca de lograrlo en esta nueva presidencia?”, le preguntaban el otro día en una entrevista con la BBC. “Eso espero. Y hay un par de razones para ser un poco más optimista […] El presidente Trump está presionando más. Entonces tuvimos sanciones, pero no tuvimos la campaña de presión, con un gran poderío militar incluido, que estamos viendo hoy”.
En una cosa coincide Abrams con lo que me decía Paarlberg: “Esa flota en el Caribe no es lo suficientemente grande como para invadir Venezuela, y no creo que Trump tenga ninguna intención de hacer eso, pero es mucho más grande de lo que se necesita para dispararle a pequeñas lanchas rápidas. El siguiente paso será probablemente algún ataque dentro de Venezuela”, decía el ex enviado especial de Trump para Venezuela.
“Todo esto es una especie de operación psicológica cuyo propósito es decirles a las personas alrededor de Maduro, a los militares y a los civiles en el régimen: ‘Él tiene que irse, pero ustedes no tienen que irse; hagan algo, sálvense», decía Abrams a la BBC.
La invasión de Panamá tuvo un final inesperado. Noriega estaba refugiado en la Nunciatura Apostólica, la embajada de facto de la Santa Sede en el país, y no quería salir. Los soldados vigilaban el perímetro 24 horas y recurrieron a la guerra psicológica reproduciendo en bucle y a todo volumen canciones de rock. Judas Priest, Kiss, Black Sabbath, Guns and Roses… En realidad, todo esto te lo cuento como excusa para dejarte por aquí la ‘Playlist Noriega’ llena de temazos. Tras 10 días escondido en la embajada, Noriega acabó entregándose a los gringos, pero parece que la música no tuvo mucho que ver.
Tienes que ver…
Hablando de guerra psicológica, hoy te traigo algo un poco diferente. Es un breve vídeo con el que se presenta el 4th Psychological Operations Group, una de las unidades de guerra psicológica del Ejército de EEUU.
El vídeo se llama Ghosts in the machine (fantasmas en la máquina) y el nombre no es casual. Hace referencia a una expresión acuñada por el filósofo Gilber Ryle y su crítica al dualismo cartesiano de cuerpo y mente. Ryle argumentaba que la visión de Descartes era como decir que somos máquinas operadas por fantasmas independientes que viven en nuestro interior.
Así se ven ellos, los estadounidenses. Como los fantasmas que dirigen nuestras vidas.
Parafraseo al gran Roque Dalton en esta columna.Lo hago desde el más absoluto de los miedos sobre lo que somos y estamos a punto de llegar a ser.“País mío no existes”, dice Dalton con gran elocuencia.
Tiene razón.
Si con la narrativa del odio politico y a la institucionalidad democrática no nos fuera suficiente, quedan aún otras formas de legitimar la desigualdad cultural, exhibir un racismo solapado en una supuesta comunidad de iguales que ya no lo es más.Non existe más.
La semana anterior se conoció de un mensaje puesto en circulación en redes sociales que a la letra decía lo siguiente: “Necesito recolectores de café, si alguien tiene indios desocupados le agradecería que me lo preste para avanzar y no se caiga el café”.
A todas luces, la subjetividad que aquí se dibuja es una subjetividad negada, cosificada, mercantilizada.Este discurso no es casual en un país (que ya casi no queda) en el que el otro continúa siendo menguado en razón de su origen, etnia y color de piel.
Por otro lado, la subjetividad que enuncia se ampara en siglos de exclusión, hegemonía blanca, poder cultural.
En el contexto de pandemia la situación de la recolección de café fue un tema central que hizo emerger la importancia de las manos recolectoras provenientes de Panamá y Nicaragua. Ante el cierre de fronteras, los productores nacionales apelaron a convocar a la mano de obra nacional con un éxito reducido.
Pero entonces, como ahora, el reconocimiento al otro se estructura sobre la base de su rol económico, nunca como subjetividad y colectividad sociocultural.
En una época en la que el escenario de la confrontación y la descalificación oficial a los contrarios está pautado, estas narrativas racistas constituyen una más de las vergüenzas que nos tocó escuchar.
“Antes creía que solamente eras muy chico que no alcanzabas a tener de una vez Norte y Sur, pero ahora sé que no existes y que además parece que nadie te necesita”. Dice Roque en su texto.Yo creo ciertamente que hemos perdido ese país y que para encontrarlo toca, una vez más lo declaro, refundarnos desde el fondo.
El conocimiento de la historia ancestral es tan esencial para el desarrollo de la identidad humana como la fe lo es para el espíritu. Sin embargo, cuando la historia y la religión se entrelazan con los asuntos políticos y socioeconómicos de sociedades multiculturales y pluriétnicas, como la de Cahuita, pueden transformarse en fuentes de división, en lugar de instrumentos de unidad y comprensión.
Por ello, cada cosa debe mantenerse en su lugar: que la fe inspire, la historia ilumine y la convivencia se construya.
Por su parte, la reunión convocada para el viernes 31 de octubre de 2025 por el Foro Tribal Afrocostarricense, a través de Laura y Hellen, anunciada apenas tres días antes por WhatsApp y con el supuesto fin de corregir errores en la conformación del Foro de 2022, terminó causando más daño que beneficio a la cohesión del pueblo.
La vieja estrategia de “dividir para vencer” parece haber resurgido, justo cuando la unidad de Cahuita —históricamente su mayor fortaleza— resulta más necesaria que nunca.
Cahuita ha sido la única comunidad tribal del Caribe costarricense que ha mantenido una posición firme en defensa de su territorio, oponiéndose al Plan Regulador Costero (PRC) impulsado por la Municipalidad de Talamanca.
No obstante, esta reunión se realizó sin el acuerdo previo de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), en contravención del artículo 15 de la Ley N.º 3859 de Desarrollo Comunal (1967), que exige decisiones colegiadas sobre el uso de bienes comunales para fines de esa naturaleza.
Tampoco se informó a los asociados ni se explicó la trascendencia jurídica del Foro como órgano de consulta obligatoria respecto al PRC y otras decisiones estatales que afectan los derechos de la comunidad, hoy declarado como un pueblo tribal, conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley N.º 7316 de 1992, que consagra el derecho a la consulta previa, libre e informada. Una comunicación transparente habría evitado conflictos.
La humildad y la cortesía no son signos de debilidad, sino virtudes que fortalecen el derecho afro tribal a la participación, reconocido en el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2021), y la Sentencia No. 2025-029985 de la Corte Suprema de Justicia con fecha 19 de septiembre del 2025.
Lo más lamentable fue que, en vez de fomentar el diálogo, se impidió el ingreso a personas por su aparente ascendencia europea o mestiza, bajo la frase de que “la reunión era solo para negros”.
Tal exclusión contradice el artículo 33 de la Constitución Política, que prohíbe toda forma de discriminación, y rompe con la armonía histórica de Cahuita, un pueblo donde afrodescendientes, chinos, árabes, indígenas, judíos y mestizos trabajaron unidos para levantar la comunidad que hoy conocemos.
De aquella reunión, descrita por los presentes como de “cuatro gatos”, surgió el anuncio de una nueva convocatoria para el domingo 9 de noviembre de 2025 a las 2pm.
Ojalá que esta o la próxima vez se realice con orden, transparencia y conforme a la voluntad del pueblo, para devolver legitimidad al proceso y reconstruir los puentes del diálogo que nunca debieron romperse.
