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Etiqueta: abandono institucional

Pueblo Ngäbe de Sixaola denuncia exclusión y abandono institucional

La lucha del pueblo Ngäbe de Sixaola por el reconocimiento de su territorio y el cumplimiento de sus derechos ha sido documentada en una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta pieza presenta testimonios directos de personas de la comunidad indígena Ngäbe asentada en Sixaola, quienes revelan el abandono institucional, la discriminación y la negación sistemática de sus derechos. Estos relatos fueron recabados durante el conversatorio “Situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio”, que tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica el 14 de junio de 2025.

Las y los participantes expusieron con claridad problemáticas críticas que afectan a más de 10.000 personas Ngäbe en la zona sur del Caribe costarricense. Entre los principales desafíos señalados se encuentran los obstáculos para acceder a ayudas sociales y servicios básicos, así como la falta de atención en salud y acceso seguro al agua. También denunciaron las condiciones de explotación laboral en las fincas bananeras y plataneras y la ausencia de un territorio reconocido que garantice su existencia como pueblo. Estas voces no son relatos aislados, sino que evidencian un patrón sostenido de exclusión y racismo estructural.

La producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR busca amplificar el llamado de esta comunidad por el reconocimiento, la justicia territorial y el cumplimiento de los compromisos internacionales que el estado costarricense ha firmado, como el Convenio 169 de la OIT. El conversatorio fue organizado por el Proyecto de Acción Social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola, de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), con el respaldo del Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía y la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE.

Para profundizar en esta situación y acceder a los testimonios completos sobre la lucha del pueblo Ngäbe, se invita a visitar la página del Observatorio de Bienes Comunes UCR en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/pueblo-ngabe-de-sixaola-en-su-lucha-por-territorio/

¿Qué tienen los liberales contra la niñez?

Martín Rodríguez Espinoza

Leí con indignación en Semanario Universidad un artículo sobre lo que está ocurriendo con los fondos no ejecutados por el Ministerio de Hacienda, por el ministro de Hacienda Nogui Acosta, para programas esenciales del Ministerio de Educación Pública, MEP, y que es sencillamente, un crimen contra la niñez costarricense.

No se trata de una falla técnica, ni de un simple retraso administrativo, es un acto deliberado de abandono institucional, que golpea directamente a miles de niños y niñas en situación de pobreza y que para muchos el comedor escolar representa, literalmente, su única comida del día.

El hecho de que ₡14.000 millones, aprobados desde el año anterior por la Asamblea Legislativa, sigan sin transferirse, y que más de ₡5.700 millones estén detenidos mientras los comedores escolares enfrentan carencias, es una muestra brutal de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la mayoría del país. Es aún más indignante cuando se recuerda que, incluso durante la pandemia, el Estado mantuvo la entrega de paquetes alimentarios. ¿Cómo es posible que hoy, en una supuesta “normalidad”, se retroceda de esta forma?

Esto no es solo una negligencia. Es una política de desprecio hacia la infancia pobre costarricense. Mientras el gobierno habla de “eficiencia, contención del gasto y reformas estructurales”, hay niños y niñas que van a la escuela con hambre, que no pueden concentrarse, que abandonan sus estudios, que enferman, que pierden su infancia por culpa de un Estado que les da la espalda. Si a eso le agregamos que vivimos 6 años de congelamiento salarial para la clase trabajadora y que los padres de familia se ven “a palitos” para llegar a fin de mes, la situación de las familias costarricenses es brutal.

El hambre infantil no puede esperar a que el gobierno de Rodrigo Chaves y su títere en Hacienda decidan pagar, como no lo hace con la CCSS. La niñez costarricense no puede ser rehén de cálculos fiscales ni de juegos políticos, esta situación exige respuestas inmediatas, porque cada día que pasa sin esos recursos es un día de injusticia, exclusión y maltrato institucional, que con frialdad castiga a la población más vulnerable. El Estado tiene la obligación constitucional, moral, legal y política de protegerla. Lo demás es complicidad.

19 de junio de 2025

El abandono del campo tiene rostro de mujer: desigualdad, agroindustria y luchas agroecológicas en Costa Rica

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En muchas regiones rurales de Costa Rica, el imaginario dominante ha instalado la agroindustria —piña, caña, ganadería extensiva— como la única forma viable de trabajo agrícola. Esta percepción no es casual: responde a décadas de políticas públicas que han privilegiado el agronegocio sobre los modelos campesinos, diversificados y sostenibles.

Sin embargo, esta visión presenta grietas profundas. La experiencia de las mujeres campesinas de Nueva Esperanza, en Caño Negro, Los Chiles, es un ejemplo claro de que otro modelo es posible. Organizadas en la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, durante más de dos décadas cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo digno y organización comunitaria. Bajo principios de agricultura orgánica, este terreno se convirtió en un verdadero “pulmón de la esperanza” para la región.

Desde febrero de 2022, sin embargo, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local, comenzaron a ocupar la finca, revendiendo lotes e interviniendo con violencia simbólica y material el proyecto colectivo. Esto culminó en un desalojo de facto: las mujeres perdieron acceso a sus tierras, construcciones y documentos, mientras presenciaban la destrucción de cercas vivas y estructuras construidas con años de esfuerzo.

El caso de Nueva Esperanza revela no solo la fragilidad jurídica de las iniciativas campesinas, sino también la urgencia de replantear el rumbo del desarrollo rural en Costa Rica. Frente a un modelo hegemónico que concentra tierras y externaliza costos sociales y ambientales, experiencias como esta demuestran que sí existen alternativas que generan alimento, cuidado del territorio, salud ambiental y comunidad.

Nueva Esperanza: sembrar alternativas en medio del monocultivo

Durante más de 20 años, un grupo de mujeres campesinas organizadas desarrolló una experiencia agroecológica ejemplar en Caño Negro, Los Chiles. Transformaron una finca en un espacio productivo y formativo, donde se cultivaba sin agroquímicos, se protegían humedales y se promovía la soberanía alimentaria.

Esta iniciativa no solo mostró que es posible producir sin destruir: también demostró que el campo puede ofrecer empleos dignos, liderados por mujeres, con impactos positivos tanto en lo social como en lo ambiental.

Pero esta historia, lejos de ser celebrada y fortalecida, fue debilitada por el abandono estatal. 

El Estado que no llega… o llega tarde

Desde 2022, la finca de Nueva Esperanza ha sido progresivamente despojada. Personas externas, supuestamente con respaldo de la Asociación de Desarrollo Local, ingresaron al terreno, revendiéndolo por lotes y destruyendo la infraestructura colectiva construida con esfuerzo comunitario y apoyo institucional.

A pesar de múltiples denuncias, gestiones y una orden judicial de desalojo, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) no ha actuado para restituir los derechos de las mujeres campesinas. La falta de titulación, de acompañamiento legal y de voluntad política ha dejado esta experiencia —como tantas otras— a la deriva.

Esta inacción no es una excepción: es parte de un patrón más amplio de desatención estructural. Diversos informes y estudios destacan las barreras que enfrentan las mujeres rurales en Costa Rica:

  • Acceso a la tierra: Solo el 15,6% de las fincas en el país están a nombre de mujeres, representando apenas el 8,1% de la superficie total de las fincas registradas por personas físicas (PNUD, 2022).

  • Acceso al crédito: En regiones como la zona sur del país, apenas entre un 7% y un 19% de los agricultores accedieron a crédito en el último año. En el caso de las mujeres, solo el 2% pudo hacerlo (Land Portal, 2023).

  • Asistencia técnica: Solo el 3,1% de los campos dirigidos por mujeres reciben asistencia técnica. Además, apenas el 38,4% de las organizaciones lideradas por mujeres tienen acceso al crédito, frente al 61% de aquellas dirigidas por hombres (FAO, 2023).

Estos datos reflejan que, más allá del discurso institucional, la desigualdad de género en el campo persiste en múltiples dimensiones: acceso a tierra, financiamiento, asistencia técnica y participación efectiva en los sistemas productivos.

Una contradicción estructural

Mientras se habla de «descarbonización» y de «paz con la naturaleza», el modelo que predomina en el campo es extractivista, contaminante y concentrador de tierras. El discurso oficial impulsa la agroecología como alternativa, pero no le otorga recursos, ni tierras, ni políticas públicas eficaces.

En la práctica, existe una tendencia estructural a priorizar la agroindustria en la asignación de recursos públicos, dejando a la agricultura familiar y campesina —donde las mujeres desempeñan un papel central— en una situación de marginalidad y vulnerabilidad.

Lo que se está consolidando es una visión falsa: que la agroindustria es la única actividad rentable, y que todo lo demás es nostalgia rural. En ese marco, experiencias transformadoras como la de Nueva Esperanza quedan invisibilizadas, desprotegidas o directamente atacadas.

¿Qué está en juego?

Defender modelos agrícolas alternativos no es un gesto romántico. Es una necesidad urgente frente a la crisis climática, la inseguridad alimentaria y el deterioro social en las zonas rurales.

La agroecología no es solo una técnica: es una apuesta política, social y ambiental por otro tipo de campo. Uno que cultiva vida, no monocultivos.

Costa Rica tiene en sus comunidades rurales el conocimiento, la experiencia y la voluntad para construir un modelo agrícola justo y sostenible. Lo que falta es voluntad institucional para reconocerlo, protegerlo y hacerlo crecer.

Referencias

Silencio ante la infestación: el drama de los monos aulladores del Caribe costarricense

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

A pesar de que el Caribe de Costa Rica es mundialmente conocido por su biodiversidad y riqueza natural, un drama silencioso se desarrolla en lo alto de sus árboles: los monos aulladores (Alouatta palliata) están siendo severamente infestados por larvas de mosca bot (Cuterebra baeri), un parásito con alta especificidad que amenaza su salud y bienestar. Sin embargo, esta situación crítica ha pasado casi desapercibida.

Gracias a las denuncias realizadas por Philippe en una nota anterior sobre los impactos del tendido eléctrico y la presencia de tórsalos en primates, estableció contacto con él la Asociación YISKI, lo que permitió acceder a este estudio conducido por la Asociación Awá Ciencia y Conservación, en coordinación con el SINAC. El informe reveló que todos los monos congo (Alouatta palliata) muestreados presentaban infestaciones severas, con más de seis larvas por individuo, además de cicatrices de infecciones previas. Esta cifra duplica o triplica lo reportado en estudios anteriores.

La investigación, realizada en los parques nacionales Cahuita y Puerto Vargas entre 2019 y 2020, identificó la especie Cuterebra baeri como la responsable. Aunque se conoce desde hace décadas, no existen estrategias concretas de monitoreo ni control sostenido por parte de las autoridades ambientales, a pesar de la posibilidad de que el fenómeno esté en aumento, agravado por el cambio en el uso del suelo y la creciente presión del turismo.

Más preocupante aún es la falta de atención mediática y política hacia esta amenaza, que compromete no solo la salud de una especie clave para los ecosistemas tropicales, sino también la integridad de los hábitats que dependen de estos dispersores de semillas.

La investigación recomienda monitoreos periódicos, estudios sobre los efectos del turismo, y precauciones ante el uso de insecticidas que podrían tener consecuencias ecológicas aún más graves. Sin embargo, hasta ahora, estas recomendaciones no han sido asumidas con la urgencia que la situación amerita.

El silencio institucional y mediático frente a este problema revela una preocupante tendencia: la salud de la fauna silvestre sigue estando relegada a un segundo plano, incluso cuando los datos muestran signos alarmantes.

¿Será necesario esperar a una crisis mayor para actuar?

Pueden descargar el informe aquí “Grado de infestación y variables ambientales favorecederos de la infestación por larvas de la mosca(s) bot en monos aulladores del Caribe de Costa Rica.

Turismo, insecticidas y su impacto en una crisis poco visible

El estudio no solo alerta sobre la severidad de la infestación por mosca bot en monos aulladores del Caribe costarricense, sino que también llama la atención sobre factores externos que podrían estar intensificando el problema, especialmente el turismo mal manejado y el uso inadecuado de insecticidas.

El turismo como factor de estrés ambiental

La relación entre turismo y salud de la fauna silvestre es compleja. En la Reserva Lamanai en Belice*, investigaciones han vinculado altos niveles de parasitismo con zonas de fuerte actividad turística. ¿Por qué sucede esto?

  • Reducción del dosel forestal en zonas turísticas: más luz solar, mayor temperatura y alteraciones microclimáticas pueden favorecer el desarrollo de la mosca bot.
  • Efectos de borde (zonas donde el bosque se encuentra con áreas abiertas o construidas) que alteran los ecosistemas.
  • Estrés fisiológico en los animales debido a la constante presencia humana y al ruido, lo cual puede debilitar su sistema inmunológico y aumentar su vulnerabilidad a parásitos.

Aunque en Costa Rica esta relación aún no está completamente estudiada, el informe recomienda investigar con urgencia el impacto del turismo sobre los niveles de infestación en primates, especialmente en parques con alta afluencia de visitantes como Cahuita.

¿Insecticidas para controlar la mosca bot?

Si bien podría pensarse que los insecticidas son una solución directa al problema, el informe advierte que su uso indiscriminado puede tener efectos colaterales graves:

  • Riesgos para otras especies: los insecticidas pueden afectar insectos polinizadores, aves y otros animales no objetivo.
  • Contaminación del suelo y cuerpos de agua, alterando la salud de todo el ecosistema.
  • Afectación directa a los monos: algunos compuestos, como los organofosforados, pueden ser más dañinos para el animal que las propias larvas.

En su lugar, se propone un enfoque más integral: monitoreo periódico, control biológico y prevención basada en la comprensión de las variables ambientales que favorecen al parásito

Urbanización y pérdida de bosque: una amenaza creciente para los primates

En el Caribe sur de Costa Rica, la presión sobre los ecosistemas proviene del crecimiento urbano y turístico. Este cambio en el uso del suelo —que reemplaza bosques por construcciones, caminos y espacios abiertos— podría estar jugando un papel clave en el aumento de las infestaciones por mosca bot en monos aulladores.

¿Cómo afecta la urbanización al parasitismo?

  • Reducción de la cobertura boscosa: El reemplazo de bosque por infraestructura reduce el dosel forestal, lo que altera el microclima y favorece ambientes más secos y cálidos donde la mosca bot puede reproducirse con mayor facilidad.
  • Fragmentación del hábitat: Al dividir el bosque en parches aislados por urbanizaciones, los monos quedan confinados en espacios más pequeños. Esta cercanía constante entre individuos facilita la transmisión de parásitos como las larvas de mosca bot.
  • Mayor presencia humana y estrés en la fauna: La urbanización trae consigo tráfico, ruido, contaminación lumínica y perturbaciones constantes. Estos factores pueden debilitar el sistema inmunológico de los monos, aumentando su vulnerabilidad a infecciones.
  • Suelo expuesto y pérdida de complejidad vegetal: Las larvas de la mosca bot completan parte de su ciclo en el suelo. La sustitución del sotobosque natural por jardines o superficies compactadas puede alterar el ciclo del parásito de formas aún poco estudiadas, pero potencialmente peligrosas.

Conceptos Científicos Relevantes del Estudio sobre Mosca Bot y Monos Aulladores

Concepto

Explicación

Importancia en el estudio

Mosca bot (Cuterebra baeri)

Insecto parásito que deposita sus huevos en el ambiente; sus larvas ingresan al cuerpo del hospedero, donde se desarrollan bajo la piel.

Es la principal especie identificada en la infestación de los monos aulladores del Caribe. Tiene alta especificidad parasitaria con esta especie.

Parasitismo específico

Relación en la que el parásito afecta principalmente a una sola especie hospedera.

Cuterebra baeri parasita casi exclusivamente a los monos aulladores, lo que hace a esta especie particularmente vulnerable.

Ciclo de vida del parásito

Abarca desde la deposición del huevo hasta su madurez: los huevos eclosionan por estímulos como el calor y el CO₂ del animal, y las larvas se desarrollan por etapas en el cuello del mono.

Conocer el ciclo ayuda a planificar momentos críticos para el monitoreo o control de infestaciones.

Grado de infestación

Número de larvas presentes en un solo individuo.

En este estudio se reportaron hasta 6 o más larvas por mono, indicando infestaciones severas.

Vectores oportunistas

Otros organismos (bacterias, hongos o insectos) que aprovechan las heridas abiertas por las larvas para infectar al hospedero.

Las heridas causadas por las larvas pueden facilitar infecciones adicionales, agravando el estado de salud de los monos.

Impacto fisiológico

Efectos en el cuerpo, como pérdida de grasa subcutánea, debilitamiento y estrés.

La infestación reduce las reservas energéticas de los monos, afectando su salud general y su supervivencia.

Variables ambientales (uso del suelo, turismo)

Factores como deforestación, agricultura o alta presencia de turistas que alteran el hábitat natural.

Zonas agrícolas y turísticas parecen favorecer la presencia de moscas bot, por lo que se recomienda investigar su relación con el aumento de infestaciones.

Créditos de la investigación: Esta investigación fue posible por la denuncia y fotografías de Marta Castro, el apoyo de la Asociación YISKI, la labor científica de Andrea Chaves y Ricardo Jiménez (Asociación Awá Ciencia y Conservación), SINAC, así como a CVVS-UNED y la ADI del T.I. Kéköldi.

*Síntesis de los hallazgos

Estos estudios, realizados en la Reserva Arqueológica de Lamanai en Belice, evidencian que:

  • El turismo intensivo se asocia con mayores niveles de parasitismo por mosca bot (Alouattamyia baeri) en monos aulladores negros (Alouatta pigra).

  • Los monos expuestos a turistas mostraron mayor estrés fisiológico y cambios de comportamiento, como evasión y alteración en el uso del hábitat, lo que puede debilitar su sistema inmune y hacerlos más susceptibles a parásitos.

  • Se enfatiza la necesidad de gestionar cuidadosamente el ecoturismo, ya que incluso visitantes bien intencionados pueden generar impactos negativos si no se controlan los niveles de exposición.

Referencias

  • Treves, A., & Carlson, A. E. (2012). Botfly parasitism and tourism on the endangered black howler monkey of Belize. Journal of Medical Primatology, 41(4), 206–209. https://doi.org/10.1111/jmp.12001

  • Grossberg, R., Treves, A., & Naughton-Treves, L. (2003). The incidental ecotourist: Measuring visitor impacts on endangered howler monkeys at a Belizean archaeological site. Environmental Conservation, 30(1), 40–51. https://doi.org/10.1017/S0376892903000045

Finca Dos Ríos: sembrando dignidad en el Día del Campesino que no llega

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Cada 15 de mayo se conmemora en Costa Rica el Día del Campesino, una fecha que debería servir no solo para celebrar, sino para reflexionar críticamente sobre las condiciones en que viven quienes sostienen la alimentación del país. Lejos de los discursos oficiales, en comunidades como Finca Dos Ríos —ubicada en el Caribe— las personas campesinas enfrentan abandono institucional, inseguridad jurídica y exclusión sistemática. Su realidad es también la de miles de familias rurales invisibilizadas, que a pesar de todo siguen sembrando vida.

Finca Dos Ríos, ubicada en Guácimo de Limón, es el hogar de decenas de familias campesinas que enfrentan una dura realidad marcada por la inseguridad jurídica, el abandono estatal y las dificultades económicas. Desde hace más de dos décadas, estas personas han vivido, trabajado y cuidado la tierra que antes perteneció a una empresa bananera. Hoy, su derecho a permanecer allí sigue en disputa.

“Aquí nadie nos ayuda”: entre el olvido institucional y la resistencia

Los testimonios de hombres y mujeres que hoy están trabajando su tierra, dan cuenta de una lucha constante. Cuentan cómo llegaron a la finca, muchos tras ser despedidos sin liquidación de las bananeras, cómo abrieron caminos con machete y cultivaron yuca, plátano, cacao, pipa y limón sin ayuda técnica ni apoyo institucional. Las pérdidas son comunes: enfermedades de los cultivos, plagas como el abejorro, lluvias intensas que pudren las cosechas, falta de compradores y caminos intransitables que dificultan sacar los productos.

A esto se suma la amenaza permanente de desalojo. Varios habitantes denuncian que una persona que reclama la propiedad de las tierras, vendiendo parcelas sin títulos claros y presionando a las familias para que paguen por lo que consideran suyo por derecho de trabajo y ocupación. “Yo no le voy a dar gusto a usted, yo no le voy a pagar esa tierra”, afirma uno de los entrevistados. La incertidumbre legal impide que muchos accedan a servicios básicos como electricidad o agua potable y limita la posibilidad de mejorar sus viviendas.

Las instituciones públicas brillan por su ausencia. No hay apoyo técnico agrícola, no se atienden las condiciones de los caminos, ni se avanza en procesos de legalización. “Aquí nadie mete un dedo por nosotros. Lo único que queremos es papeles que reconozcan que esta tierra es nuestra”, reclama otro vecino.

Pese a todo, en Finca Dos Ríos hay resistencia. Las personas campesinas siguen sembrando, limpiando sus parcelas, luchando por mantener a sus familias y soñando con que un día el Estado los escuche y los reconozca como legítimos dueños de la tierra que han hecho producir con tanto esfuerzo.

Campesinado: pilar de la soberanía alimentaria

Más allá de sus luchas particulares, las personas que habitan Finca Dos Ríos representan un modelo de vida esencial para la sostenibilidad de cualquier país: el campesinado. Su trabajo diario asegura la producción de alimentos básicos como maíz, frijol, yuca, plátano, cacao y frutas, contribuyendo directamente a la alimentación local y nacional.

En contextos globales marcados por el encarecimiento de los alimentos, la crisis climática y la concentración del mercado en manos de grandes agroindustrias, el trabajo de las familias campesinas cobra un valor estratégico. Son ellas quienes mantienen vivas semillas criollas, conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles que resguardan la biodiversidad y reducen la dependencia de importaciones.

Sin tierra, sin apoyo estatal y bajo constante amenaza de despojo, las comunidades como Finca Dos Ríos enfrentan condiciones adversas para continuar su labor. Sin embargo, su permanencia en el territorio no solo es un acto de resistencia, sino una garantía para la soberanía alimentaria del país.

Reconocer, proteger y apoyar al campesinado no es un gesto de caridad: es una apuesta por un futuro con alimentos sanos, producidos en armonía con el entorno y al alcance de todas las personas.

Finca Dos Ríos no es solo un caso; es un llamado urgente a convertir las conmemoraciones en compromisos concretos con quienes cultivan dignidad todos los días

Estas conmemoraciones no deben quedarse en actos simbólicos ni en celebraciones vacías. El Día del Campesino debe ser una oportunidad para abrir espacios socioeducativos que promuevan la reflexión crítica, la reivindicación de derechos y, sobre todo, el reconocimiento de la lucha de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas.

Validar su experiencia, visibilizar sus demandas y acompañar sus procesos organizativos es una deuda histórica. El ejemplo de Finca Dos Ríos nos recuerda que la defensa del territorio y la vida campesina no es solo una causa rural, sino una responsabilidad colectiva con la justicia social y la soberanía alimentaria del país.

Costa Rica: El campo se marchita bajo el peso de la deuda, las importaciones y el criminal modelo neoliberal

Martín Rodríguez Espinoza

El pasado 15 de mayo, en el Día Nacional del Agricultor, pasó inadvertido para los medios, para el gobierno y, por supuesto, para el pueblo en general.

Es un día, supuestamente, para rendir homenaje a quienes cultivan la tierra, a los campesinos y campesinas que producen los alimentos, pero la realidad del sector agrícola costarricense es muy alarmante. La combinación de políticas neoliberales, crisis económica, abandono institucional, favorecimiento a los delincuentes importadores que financian campañas electorales, y la creciente dependencia de esas importaciones ha dejado a muchos agricultores en la ruina absoluta.

Costa Rica, que anteriormente fue autosuficiente en productos como arroz, frijoles, papa, ajo y carne, ha visto cómo la producción nacional disminuye brutalmente y las importaciones aumentan. Esto no es casualidad, responde a décadas de políticas neoliberales que priorizaron la apertura comercial, la reducción del Estado y la liberalización de los mercados, mediante TLC por ejemplo, relegando el agro nacional a un segundo o tercer plano. Esta tendencia ha debilitado la economía rural, destruido miles de empleos y puesto en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Lo más preocupante es que esta situación no solo es una crisis económica o social, es también una amenaza directa a la soberanía nacional. La creciente dependencia de alimentos importados expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales, la usura de los importadores y reduce su capacidad de decisión sobre un aspecto tan básico como la alimentación de la población.

Ahora vemos cómo por la falta de acceso a financiamiento formal, venta de sus cosechas y falta de asesoría e insumos, muchos agricultores recurren a préstamos informales conocidos como «gota a gota», ofrecidos por redes criminales vinculadas al narcotráfico. Estos créditos imponen tasas de interés abusivas y métodos de cobro violentos. Según datos del CINPE-UNA, unas 225.000 personas en Costa Rica han caído en esta trampa por la ausencia de alternativas financieras viables.

Es tal la situación del avance de estas bandas criminales, que no encuentran oposición por parte del gobierno costarricense, que el propio ministro de Seguridad, Mario Zamora, ha denunciado que “hay comunidades enteras sometidas al terror de estos prestamistas, quienes utilizan amenazas y agresiones para cobrar.” Pero no dice cómo su ministerio va a atacar, de verdad, a esas bandas criminales que incluso tienen ventanas de préstamos por todo el país. Ese es el reflejo más brutal del abandono estatal en el campo.

Aunque el gobierno ha dicho penalizar el «gota a gota» con hasta 15 años de cárcel, también dice que será “cuando haya vínculos con el crimen organizado”, lo que nunca se demuestra.

Algunos bancos han lanzado iniciativas para dar opciones seguras de crédito, estas medidas aún son muy limitadas frente al tamaño del problema.

La crisis del agro costarricense no es un accidente, es consecuencia de un modelo económico que ha favorecido la importación sobre la producción nacional, ha desmontado instituciones y políticas de apoyo agrícola, y ha dejado al pequeño productor expuesto al mercado global sin protección. Miles de familias campesinas no solo no cuentan con apoyo para producir, sino que son reprimidas policialmente por hacerlo, despojados de la tierra, perseguidos, golpeados y encarcelados.

Rescatar el campo es un asunto de soberanía, dignidad y justicia social. Es momento de cuestionar el rumbo actual y plantear una reforma estructural que recupere el rol estratégico del agro en la economía nacional, garantice la autosuficiencia alimentaria y ofrezca condiciones dignas para quienes alimentan al país.

Nicaragua viene superando a Costa Rica en todos aquellos aspectos en los cuales antes teníamos una buena posición, ha construido más de 70 hospitales públicos, carreteras y desarrollo de infraestructura vial, vivienda popular, electrificación con energías renovables en más del 98%, una agricultura fuerte y autosuficiente, desarrollo de puertos públicos, sistema educativo universitario público absolutamente gratuito, y todo eso generando amplias fuentes de empleo.

Hoy Costa Rica es costa pobre, saqueada, robada, estafada, asaltada, ultrajada. Por décadas de gobiernos corruptos y por el actual de Rodrigo Chaves, al fin de cuentas, son lo mismo y gobiernan para los mismos corruptos.

19 de mayo de 2025

Voces desde Finca Dos Ríos: cuando la tierra espera y la justicia no llega

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.

Puede escuchar la entrevista aquí.

Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo

En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.

  • Inseguridad jurídica sobre la tierra:
    Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.

  • Procesos judiciales interminables:
    Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.

  • Presiones y amenazas de desalojo:
    Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.

  • Deterioro de las condiciones de vida:
    Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.

  • Pérdida de salud y calidad de vida:
    El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.

  • Despojo silencioso:
    Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.

  • Erosión del arraigo y el tejido comunitario:
    La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.


Crisis en Finca Dos de Guácimo: familias afectadas por temporal y abandono institucional

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Desde Finca Dos de Guácimo nos reportan la grave situación que enfrentan las familias debido a los recientes temporales. Las afectaciones en la producción agrícola y el deterioro de su calidad de vida reflejan una realidad alarmante, marcada por la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable.

El principal problema es la contaminación de los pozos, que ha dejado a las familias sin una fuente segura de agua. Las alternativas para conseguir agua potable son extremadamente limitadas: los caminos inundados dificultan el traslado y los ríos cercanos están contaminados. Aunque la opción más cercana es acudir al centro de Guácimo, esta resulta inviable para la mayoría debido a la distancia y las precarias condiciones de las vías.

Conflicto de tierras y falta de apoyo institucional

La situación se complica porque las tierras están en conflicto legal y no están inscritas formalmente. Esta irregularidad impide que las instituciones brinden ayuda, dejando a las familias en un estado de desprotección.

A pesar de los esfuerzos de líderes comunitarios, como las gestiones realizadas ante la Municipalidad de Guácimo para mejorar los caminos, el impacto del temporal ha retrasado los avances logrados.

Este conflicto no es nuevo. Desde hace 25 años, las autoridades competentes, incluyendo el Poder Judicial, han postergado una resolución sobre el estatus de estas tierras. Mientras tanto, la incertidumbre pone en riesgo la vida y el sustento de quienes dependen de estas parcelas para sobrevivir.

Los más afectados

Las familias campesinas que trabajan y viven en Finca Dos Ríos son las principales perjudicadas. Su esfuerzo por mantener la producción agrícola choca contra un panorama desolador: no tienen acceso a agua potable, carecen de electricidad, enfrentan caminos intransitables y no reciben el apoyo necesario para hacer frente a emergencias.

Es urgente que las instituciones tomen medidas concretas para resolver el conflicto de tierras y brindar asistencia inmediata a quienes más lo necesitan. La vida y el bienestar de estas familias no pueden seguir en el limbo.

UCR: Son necesarias una mayor atención y medidas urgentes en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica

Diferentes proyectos e iniciativas de la UCR trabajan con grupos de niños y niñas de comunidades vulnerables, con el objetivo de contribuir a la consecución de sus derechos en muy variadas áreas de la vida en sociedad (Foto Laura Rodríguez).

Pronunciamiento de la UCR

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU) en su sesión n.º 6694, artículo 4, del pasado 2 de mayo de 2023, acordó pronunciarse y denunciar ante la sociedad costarricense y las autoridades del gobierno por “…el abandono y la negligencia por parte de las personas e instituciones de protección de las niñas, los niños y las personas adolescentes en situaciones de riesgo que comprometan su integridad”.

El pronunciamiento de este órgano universitario tomó en consideración una serie de estudios, normativas y compromisos, nacionales e internacionales, que el país ha refrendado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país tales como: el artículo 51 de nuestra Constitución Política; la Convención internacional sobre los Derechos del Niño; el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por ejemplo, el Informe 2020-2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) demuestra importantes condiciones de vulnerabilidad que siguen afectando a la niñez y la adolescencia costarricenses. Tal como se presenta en el pronunciamiento en cuestión “…del total de personas que viven en pobreza, cerca de un 34,8% son niños, niñas y personas adolescentes. Esto significa que 470 668 de 1 201 570 personas menores de edad viven en pobreza monetaria”.

Además, retoma el pronunciamiento de la UCR, la Unicef señala que “en Costa Rica, aproximadamente 14 mil adolescentes quedan embarazadas cada año, y de ellas cerca de 500 son menores de 15 años…” También advierte la Unicef que “en Costa Rica, entre las personas menores de edad que trabajan, el 29% está expuesta a alguna condición de riesgo (32% si no se consideran los niños y las niñas de 5 y 6 años). El trabajo infantil interfiere en sus oportunidades de acceder al conocimiento y habilidades que les permitan una plena participación e inserción social; asimismo, la exposición a condiciones de riesgo en espacios laborales vulnerabiliza y va en detrimento de la integridad de niñas, niños y personas adolescentes”.

Entre los acuerdos que conforman este pronunciamiento de la UCR, se “exhorta a la Asamblea Legislativa a revisar minuciosamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica del PANI y el Código de Familia en aras de fortalecer la normativa vigente con enfoques interseccionales, preventivos, atencionales y promocionales para el cumplimiento integral de protección de los derechos de las personas menores de edad”.

Diversos espacios en la UCR se han abierto a lo largo de décadas para el estudio y acompañamiento de la niñez y la adolescencia de nuestro país., tanto en las instalaciones de la universidad, como en diferentes espacios generados en las comunidades. (Foto Laura Rodríguez).

También sostiene el pronunciamiento que “se debe asegurar y reforzar el presupuesto nacional para que se dote a las instituciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de los recursos financieros, jurídicos y humanos, necesarios para el resguardo de los derechos de dicha población”.

Puede consultar el texto completo del Pronunciamiento en el siguiente enlace:

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional

Mesa de Diálogo Social y Productivo se une a la marcha del sector agro y producción nacional

Comunicado de prensa

Desde las organizaciones sociales y productivas que participamos de la Mesa de Diálogo Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria, nos pronunciamos a favor de la producción nacional de los sectores Agrícola, Agropecuaria y Agroindustrial, ante el abandono histórico de los gobiernos,  y las políticas agrarias como también comerciales que impulsa el actual Poder Ejecutivo en Costa Rica, beneficiando a un sector pequeño desde la importación, al mismo tiempo que abandona y profundiza la precariedad de las familias agricultoras y en general de las personas consumidoras costarricense ante la ausencia de seguridad y soberanía alimentaria no presente en las políticas públicas.

Dicho abandono institucional agudiza las actividades nacionales agrarias ante la insistente intención de que el país deba adherirse a la Alianza del Pacífico, tratado comercial que ya hemos fundamentado con rigurosidad el cómo afecta y precariza aún más las condiciones para el sector de producción nacional en pequeña y grande escala.

Por tanto, consideramos que esta iniciativa sin medir el impacto en el mediano y largo plazo solo suman al debilitamiento de la producción nacional, colocando al país en un lugar de mayor vulnerabilidad a sufrir fuertes consecuencias debido efectos de la crisis climática, y políticas alimentarias y de comercio de otros países, además de la frágil seguridad alimentaria en la que nos encontramos, de no ser por el esfuerzo de las organizaciones y todas las personas del sector de producción nacional, que mantienen en pie el abastecimiento de alimentos en el país, pese a las dificultades y ausencia evidente del apoyo estatal. 

Es importante que la ciudadanía costarricense a través de esta marcha comprenda que la integración a  esta alianza pone en riesgo a más de 500 mil empleos asociados al sector agro, sector que representa actualmente el 7% del PIB y amenaza la seguridad alimentaria que hoy más que nunca es necesaria proteger ante los escenarios de convulsos de la coyuntura económica y social internacional, de igual manera las zonas rurales dependen de las actividades agrícolas para subsistir ante la falta de alternativas.

Es por ello por lo que nos sumamos a la marcha nacional a favor del sector Agro y en pro del bienestar y la seguridad alimentaria de la ciudanía de este país.  Es así como reivindicamos las solicitudes del sector Agropecuario ante la coyuntura actual:

  1. a) NO incorporar a Costa Rica en el tratado comercial “Alianza del Pacífico”; ni en ningún otro tratado o acuerdo comercial, que disminuya la participación de la producción nacional o que favorezca su precarización. Estamos a favor de los acuerdos de integración entre países donde se garantice la seguridad alimentaria de los pueblos y no la perjudique.
  2. b) Construcción de una política integral agraria de ESTADO de fomento para la reactivación económica del sector productivo nacional, con perspectiva diferenciada de territorio, modelo de comercio, producción, género y acción frente al cambio climático. 
  3. c) La instalación de una Comisión Mixta Especial en la Asamblea Legislativa que coloque el tema agrario como política de Estado y que analice las claves y desafíos que el sector productivo agro y agroindustrial enfrenta actualmente.

Todas las demandas anteriores en consulta con los sectores sociales y productivos mediante un mecanismo de diálogo social que se garantice un proceso democrático en las vías legislativas y ejecutivas existentes.

Quienes conformamos esta mesa, participamos desde la diversidad de sectores productivos como organizaciones asociativas y cooperativas, así como la organización de estudiantes universitarios desde las federaciones estudiantiles, participación diversa de sindicatos, así como la participación nacional de Colegios Profesionales, Universidades Públicas y Asociaciones de Desarrollo Comunal.

Así que nos unimos a la demanda internacional de integración de países, pero que sea desde el interés de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de sus pueblos, frente a la crisis climática, y que por el contrario no afecten o generen implicaciones negativas para la seguridad alimentaria.

El presente y futuro de los alimentos debería ser una prioridad en tiempos de crisis, no un intercambio antojadizo de políticos sin una visión prospectiva de la protección de los bienes comunes, la salud comunitaria, los derechos humanos, la autonomía de los pueblos y sus democracias que se fortalecen con la sabiduría de las comunidades campesinas y ancestrales. 

Por las razones anteriormente mencionadas nos unimos a la gran marcha nacional en apoyo al sector agrícola, agropecuaria, y agroindustrial el próximo miércoles 29 de marzo a las 9:00am, saliendo del parque Central de Costa Rica, en ruta hacia la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial.

Marcharemos pacíficamente por una política agraria integral y solidaria, que asegure el desarrollo productivo y social convocada por de la Corporación Hortícola Nacional (CHN), UPA Nacional, UNAG y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) e instamos a la comunidad nacional a unirse y sumar en defensa de nuestro sector agropecuario y la seguridad alimentaria de todas nuestras familias en el país.

 

Imagen ilustrativa, UCR.