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Etiqueta: Abelardo Morales Gamboa

Costa Rica en fragmentos: territorio, emociones y la ruptura de lo común

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

La crisis de Costa Rica no es solo institucional: es una ruptura en la forma en que distintos territorios viven, sienten y entienden lo que significa pertenecer al país. No estamos frente a un simple desgaste del sistema político, sino ante una transformación más profunda: el país ya no se experimenta de la misma manera en todos sus territorios.

La crisis de la hegemonía ha reconfigurado el mapa electoral, pero también ha alterado los marcos de sentido, las emociones políticas y las formas de subjetividad desde las cuales los ciudadanos se reconocen —o dejan de reconocerse— como parte de un territorio común.

Durante décadas funcionó un modo relativamente estable de integración social y política. Ese modelo descansaba en un Estado con capacidad de intervención, una economía con cierto anclaje interno, el papel de las clases medias y una institucionalidad que generaba horizontes compartidos. En ese entramado, la Iglesia católica jugó un papel clave como mediadora moral y territorial.

Ese equilibrio comenzó a erosionarse desde inicios de siglo y hoy el país aparece cada vez más fragmentado en territorios con trayectorias diferenciadas: algunos integrados a dinámicas económicas más dinámicas, otros marcados por el rezago, la precariedad y la incertidumbre.

Pero no se trata solo de desigualdades materiales. Se está configurando una territorialidad diferenciada del vínculo con el Estado. Hay territorios donde la institucionalidad mantiene cierta capacidad de respuesta y otros donde su presencia es débil, intermitente o percibida como ausente. En estos últimos, la vida cotidiana se organiza cada vez más a partir de arreglos informales, redes locales y formas no institucionalizadas de regulación.

Es ahí donde aparece un fenómeno clave: la fragilidad territorial no solo produce carencias, produce también subjetividades. Genera experiencias de abandono, incertidumbre y desprotección, pero también de búsqueda de reconocimiento y pertenencia.

No es lo mismo vivir en un territorio donde el Estado funciona que en uno donde las instituciones no aparecen. Esa diferencia no solo se mide en indicadores sociales: se vive como emoción política. Y esas emociones —rabia, frustración, miedo, pero también esperanza— terminan organizando la relación con la política.

Por eso, reducir los cambios electorales a dimensiones socioeconómicas resulta limitado. No se trata simplemente de que “los territorios más pobres votan de cierta manera”, sino de que territorios atravesados por determinadas economías emocionales tienden a producir alineamientos políticos particulares.

El ciclo electoral desde 2006 muestra la consolidación de ese proceso. La elección cerrada de ese año entre Óscar Arias y Ottón Solís evidenció una fisura del consenso político tradicional que se fue ampliando en los años siguientes. En el período más reciente emerge con mayor claridad una territorialización del malestar: el voto se organiza cada vez más a partir de experiencias localizadas de exclusión, abandono o inseguridad.

En ese contexto, cobran fuerza discursos que apelan a la confrontación entre “el pueblo” y “las élites”. Más que clasificarlos rápidamente como populistas, conviene preguntarse por qué encuentran eco en ciertos territorios y no en otros. La respuesta está en las condiciones sociales, institucionales y emocionales que hacen posible esa resonancia.

Aquí aparece otro elemento clave: la reconfiguración del campo religioso.

Si en el pasado la Iglesia católica operó como infraestructura de integración social y mediación política, hoy asistimos a una diversificación del campo religioso, marcada por la expansión de iglesias evangélicas que participan en las reconfiguraciones territoriales. Estas iglesias no son solo espacios de culto: son redes de apoyo, espacios de sociabilidad y marcos de regulación moral.

En territorios donde la presencia del Estado se ha debilitado, estas redes cumplen funciones que van más allá de lo religioso: ofrecen ayuda material, acompañamiento y sentido de pertenencia en contextos de incertidumbre. Su capilaridad territorial les permite insertarse donde otras instituciones no llegan.

Esto tiene implicaciones profundas. La fragmentación del campo religioso no solo refleja la fragmentación social; contribuye a ella, al producir órdenes morales y subjetividades diferenciadas territorialmente. En algunos casos, estas redes se articulan con actores políticos locales y liderazgos comunitarios, configurando formas de gobernanza híbrida.

Lo que está en juego no es solo una crisis del sistema político, sino una transformación más amplia de los pactos que sostienen la vida social. Se debilitan los marcos jurídicos, se erosionan los sistemas de protección social y se reconfiguran las identidades territoriales en torno a la incertidumbre.

En ese contexto, la política deja de ser únicamente un espacio de representación institucional y se convierte en un terreno donde se disputan emociones, sentidos y pertenencias.

El desafío no es simplemente recomponer el sistema político, sino reconstruir un horizonte común en una sociedad fragmentada.

Si la crisis es territorial, emocional y normativa, su salida no puede ser exclusivamente institucional. Requiere al menos tres desplazamientos urgentes.

Primero, reconstruir la presencia efectiva del Estado en los territorios, no solo como proveedor de servicios, sino como garante de derechos. No hay cohesión donde el Estado es vivido como ausencia.

Segundo, reconocer y atender las economías emocionales del malestar. Sin comprender las experiencias de abandono e incertidumbre, cualquier proyecto político seguirá hablando un lenguaje sin interlocutores.

Y tercero, reabrir espacios de mediación social y construcción de sentido colectivo, en un contexto donde iglesias, redes comunitarias y liderazgos locales están ocupando el vacío dejado por instituciones debilitadas.

No se trata de restaurar el pasado, sino de imaginar un nuevo pacto social capaz de articular territorios distintos y subjetividades fragmentadas en un proyecto común. Porque un país no se rompe únicamente cuando fallan sus instituciones, sino cuando deja de existir una experiencia compartida de pertenencia. Y hoy, quizás ese sea el desafío más urgente: volver a hacer posible que Costa Rica sea vivida —no solo nombrada— como un mismo país.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La política también se decide en los territorios locales

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Abelardo Morales Gamboa

Sin organización social y trabajo político local, el vacío lo llenan los mesianismos

La crisis política que vive Costa Rica no comenzó en la Asamblea Legislativa ni en los otros poderes del Estado, ni tampoco en la última campaña electoral. Comenzó mucho antes, cuando la política se desvinculó del resto de la sociedad, dejó de organizarse en los territorios y perdió su vínculo con las realidades locales.

Hoy atravesamos una crisis de las formas tradicionales de ejercer el poder y de construir consenso. Detrás de la fragmentación electoral y del auge de discursos antisistema hay una creciente desconexión entre la política institucional, los territorios y las formas de organización social. La arquitectura política que durante décadas permitió estabilidad institucional, alternancia partidaria y cierto grado de integración territorial muestra señales evidentes de agotamiento. Como señalamos en artículos anteriores, en su lugar se está configurando un reacomodo territorial del poder político que va más allá de una simple crisis de partidos.

Si en la escala nacional la política personalista está desfigurando el ejercicio del poder, en la escala territorial emerge un amasijo de comportamientos políticos, demandas sociales y configuraciones de poder local que producen fuertes polarizaciones.

Las elecciones municipales son un acontecimiento coyuntural que muestran la dispersión en la política local. La participación electoral en esos comicios sigue siendo baja: en las elecciones municipales de 2024 la abstención rondó el 68 % del padrón electoral. Ese dato revela un fuerte distanciamiento entre ciudadanía y política institucional a nivel local. Sin embargo, estos cambios no se explican únicamente por dinámicas electorales. También reflejan transformaciones territoriales más profundas.

Detrás del alto desarrollo humano promedio del país persisten profundas desigualdades territoriales que producen trayectorias sociales diferenciadas y nuevas configuraciones de poder local. Estas transformaciones territoriales tampoco pueden entenderse sin considerar otro fenómeno clave: la desconexión progresiva entre los partidos políticos y las bases sociales en los territorios.

Muchas de las redes organizativas que históricamente articulaban la representación política —sindicatos, asociaciones campesinas, cooperativas, organizaciones comunales y movimientos estudiantiles— se han debilitado o fragmentado. El sindicalismo mantiene presencia en el sector público, pero perdió peso en el sector privado; las organizaciones campesinas enfrentan dificultades estructurales en un agro en transformación; y la organización comunitaria, que durante décadas fue un bastión del tejido social costarricense, se ha erosionado en numerosos territorios.

El resultado es un vacío de mediación política. Amplios sectores sociales experimentan frustraciones, precariedades o expectativas insatisfechas sin contar con organizaciones capaces de articular esas demandas en proyectos políticos colectivos.

Ese vacío ha sido ocupado, en parte, por discursos antisistema, liderazgos personalistas y propuestas que apelan a identidades religiosas o promesas mesiánicas. En muchos territorios, estas narrativas han logrado canalizar el malestar social acumulado entre sectores dispersos y desorganizados.

La reacción popular no es simple resentimiento cultural o moral. Es, sobre todo, el síntoma de un sistema político que ha perdido capacidad para representar territorialmente las experiencias sociales de la población.

Por eso, el desafío que enfrenta hoy la democracia costarricense no consiste únicamente en recomponer el sistema de partidos. El problema es más profundo: se trata de reconstruir la confianza en la política desde los territorios.

Esto implica que los partidos democráticos vuelvan su mirada hacia las realidades locales y reconstruyan vínculos con comunidades, organizaciones sociales y actores territoriales. No basta con ajustar los mensajes: es necesario transformar las formas de hacer política, escuchar a las comunidades e incorporar sus demandas en nuevos programas políticos.

También exige abandonar las visiones territoriales simplificadas del país. Costa Rica se ha convertido en un mosaico complejo de territorios con trayectorias económicas y sociales muy distintas.

Si la política democrática quiere recuperar su capacidad de representar a la sociedad, tendrá que volver a mirar hacia donde sobrevive la gente. Allí donde se viven las desigualdades, donde se experimentan las fragilidades económicas y donde se construyen —o se erosionan— las redes de solidaridad social.

Durante demasiado tiempo la política costarricense se concentró en las disputas del poder central mientras descuidaba la organización social y el trabajo político en las comunidades. Ese vacío no permaneció vacío: fue ocupado por liderazgos personalistas, discursos antisistema y promesas fáciles frente a problemas complejos.

La democracia no se reconstruirá únicamente desde la Asamblea Legislativa ni desde campañas mediáticas. Se reconstruirá —si es que se logra hacerlo— en la capacidad de volver a tejer organización social, liderazgo comunitario y acción política en los territorios.

Porque, al final, la política no se juega solamente en el poder central. También se decide —y muchas veces comienza— en las comunidades donde la sociedad se organiza para defender su futuro.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

El territorio en disputa ¿Un nuevo mapa territorial del poder en Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Las elecciones de febrero de 2026 no solo definieron un ganador; alteraron el mapa territorial del poder en Costa Rica. Aunque el país mantiene formalmente su arquitectura democrática, los resultados revelan una transformación más profunda en las bases sociales y espaciales de la legitimidad política. En varios territorios, el Estado ya no ejerce con la misma intensidad su capacidad de integración, regulación y cohesión. Allí donde esa capacidad se debilita, emergen formas híbridas de gobernanza en las que la autoridad pública convive —o compite— con actores no estatales. Las élites partidarias pierden hegemonía local y nuevos arreglos emergen en su lugar.

Este fenómeno no supone la desaparición del Estado, sino la consolidación de una estatalidad desigual. La fragilidad territorial no implica vacío institucional, sino presencia intermitente, capacidades diferenciadas y una gobernanza fragmentada que opera con intensidades variables según el territorio. La experiencia latinoamericana ha mostrado que la formalidad democrática puede coexistir con enclaves de poder informal, donde la autoridad pública se negocia, se comparte o se tensiona con actores económicos y sociales que operan fuera —o en los márgenes— de la legalidad.

En Costa Rica, estas dinámicas no son recientes. Desde finales del siglo XX se advierten señales de desgaste del régimen sociopolítico de la Segunda República. La hegemonía partidaria articulada en torno a Liberación Nacional y el pacto político fundacional de 1948 fue perdiendo capacidad de articulación social. A escala territorial, esa erosión se expresó en debilitamiento institucional, precarización de servicios, fragmentación social y pérdida de densidad del pacto que sostenía la integración entre Estado y ciudadanía.

La coyuntura electoral de 2026 hizo visibles esas fracturas. Como lo documentamos en un artículo anterior, uno de sus rasgos más significativos fue la concentración del voto oficialista en cantones caracterizados por bajos niveles de desarrollo social y altas tasas de homicidio. Este patrón no es anecdótico: señala territorios donde la cohesión social se ha debilitado y donde el Estado enfrenta mayores límites para garantizar bienestar y seguridad.

Las respuestas políticas que pueden emerger en estos contextos son ambivalentes. Van desde la retórica de la “mano dura” —con insinuaciones de suspensión de garantías— hasta formas más silenciosas de estabilización informal, cercanas a lo que en otros países se ha descrito como pax criminalis: arreglos que reducen la violencia visible mientras preservan economías ilícitas y equilibrios de poder locales. En ambos casos, la autoridad pública se redefine bajo parámetros que tensionan el ideal democrático. El país dejará de ser, en definitiva, el viejo modelo de paz.

A este cuadro se suma la migración de liderazgos municipales hacia el oficialismo. Entre 2024 y 2025 al menos catorce alcaldes abandonaron los partidos con los que fueron electos para respaldar la nueva coalición gobernante. Aunque el mayor número de salidas provino de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana, también hubo deserciones desde fuerzas emergentes. No se trata, por tanto, de un simple debilitamiento del bipartidismo histórico, sino de un reacomodo transversal.

Lo significativo es que varios de esos cantones coinciden con territorios donde el oficialismo obtuvo ventajas electorales amplias y donde el Índice de Desarrollo Social es bajo o medio-bajo. Al incorporar al análisis tanto el IDS como la tasa de homicidios, el mapa político adquiere mayor nitidez: la ventaja del Partido Pueblo Soberano frente al Partido Liberación Nacional aumenta sistemáticamente en cantones con menor desarrollo social y mayor violencia.

No estamos ante una simple brecha económica. Se trata de espacios donde convergen desigualdad estructural, debilitamiento institucional y mayor exposición a dinámicas de inseguridad. Son territorios en disputa: ámbitos donde el pacto social pierde densidad y donde la integración al Estado social se vuelve más tenue.

En este contexto, la migración de alcaldes (ver cuadro) no parece obedecer únicamente a cálculos individuales o a oportunismo político. Puede interpretarse como la expresión de un reordenamiento territorial del poder. Allí donde el oficialismo consolidó apoyo en condiciones de fragilidad, los liderazgos locales se alinean con el nuevo eje emergente, reforzando una acumulación política anclada en esos espacios.

La recomposición observada no es meramente partidaria. Lo que se perfila es una reconfiguración hegemónica con base territorial. El antiguo bloque histórico —sustentado en la articulación entre Estado social, clases medias integradas y élites económicas— pierde capacidad de dirección en los territorios donde esa integración se debilitó. En esos espacios emergen nuevas lealtades políticas que desplazan el eje de legitimidad y reordenan el campo de poder. La fractura electoral no expresa solo descontento coyuntural; revela un desplazamiento más profundo en las bases territoriales de la gobernabilidad costarricense.

Si este diagnóstico es correcto, la respuesta no puede limitarse a ajustes institucionales o a discursos de seguridad. La reconstrucción democrática exige fortalecer los tejidos locales que sostienen la vida colectiva. Ello implica inversión social territorializada, recuperación efectiva de la presencia estatal en los cantones más rezagados, promoción de economías locales inclusivas y ampliación de espacios de participación ciudadana. La democracia sustantiva no se preserva únicamente desde el centro político; se reconstruye en los territorios donde hoy se manifiestan con mayor intensidad las fracturas. Es allí donde se juega, silenciosamente, el futuro democrático del país.

Cantones donde los alcaldes cambiaron de partido y su posición socio-territorial (IDS 2023)

Cantón

Provincia

Tendencia IDS 2023

Buenos Aires

Puntarenas

Más desfavorable (por debajo del promedio nacional)

Bagaces

Guanacaste

Moderado-bajo desarrollo social

Limón

Limón

Bajo desarrollo social

Atenas

Alajuela

Medio-bajo desarrollo

San Ramón

Alajuela

Medio desarrollo

Carrillo

Guanacaste

Medio desarrollo

Coto Brus

Puntarenas

Bajo desarrollo social

Acosta

San José

Medio desarrollo

Turrubares

San José

Medio-bajo desarrollo

Monteverde

Puntarenas

Medio-bajo desarrollo

Guácimo

Limón

Bajo desarrollo social

Guatuso

Alajuela

Bajo desarrollo social

Puerto Jiménez

Puntarenas

Tiende a ser de desarrollo más bajo

Río Cuarto

Alajuela

Nivel muy bajo de desarrollo

Fuente: MIDEPLAN y Medios de Comunicación.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

Mirarnos en la pantalla: el individuo y el libre mercado de las emociones

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Para recuperar la esperanza de un mundo común frente a aparatos y pantallas

El individualismo avanza y lo social se deshilacha. Eso no ocurre a pesar del desarrollo tecnológico, sino en buena medida gracias a él. No es un fenómeno accidental ni reciente, tampoco es resultado inevitable de alguna ley natural. Ocurre debido a procesos históricos concretos: relaciones sociales desiguales, la dominación política y una estructura de poder que opera tanto a escala global como local.

Desde hace al menos cinco décadas, la expansión de las tecnologías digitales, la globalización y la centralidad de la información han alterado profundamente la manera en que las personas se relacionan, el cómo construyen su identidad y viven en sociedad. Más que solo un cambio tecnológico, enfrentamos una mutación cultural de gran alcance. La relación entre el individuo y lo social —individuación y socialización— se ha convertido en un campo de tensión permanente, ambiguo y conflictivo.

Autores como Manuel Castells, Ulrich Beck o Anthony Giddens – para señalar algunos –ofrecieron ideas tempranas para comprender estas transformaciones. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas miradas —muchas de ellas impulsadas por mujeres— que permiten mirar más allá del diagnóstico estructuralista y adentrarse en la experiencia cotidiana de la individuación: las emociones, el cuerpo, la vida digital y la dificultad creciente de sostener una vida en común.

Hoy, el yo ocupa un lugar central en la forma en que nos vinculamos con el mundo. Los dispositivos digitales se han convertido en el principal medio de relación social. En esos entornos, la identidad no solo se expresa, también se construye, se comunica y se moldea de manera constante. Beatriz Muros lo explica con claridad al analizar el yo online: la identidad virtual no es una simple prolongación del sujeto fuera de la pantalla, sino un espacio propio de existencia, fragmentación y narración de sí. El reconocimiento ajeno, mediado por pantallas, se vuelve un componente decisivo de la autoidentificación.

Esta forma de construcción identitaria refuerza la individuación, pero también genera nuevas dependencias, cada vez más simbólicas. La autonomía personal queda atada a la exposición, y la autoafirmación depende de la validación permanente, por parte de los demás. Aquí resultan especialmente sugerentes los aportes de Eva Illouz y Sara Ahmed: las emociones no son privadas ni espontáneas, sino profundamente socializadas, reguladas y mercantilizadas. El capitalismo digital produce sujetos emocionalmente activos, pero también frágiles, que desarrollan afectos y expectativas en un auténtico mercado de emociones.

Desde una perspectiva latinoamericana, Clara Beatriz Bravin introduce un matiz decisivo: la subjetividad es una experiencia encarnada. No existe un sujeto puramente cognitivo o informacional. La individuación contemporánea atraviesa el cuerpo, el deseo y la sensibilidad. Incluso en los entornos virtuales, el cuerpo no desaparece: se transforma, se disciplina y se convierte en un terreno de disputa simbólica. Para muchas personas, esta contienda adopta formas traumáticas que se expresan en estrés, ansiedad, depresión e, incluso, ideaciones suicidas.

La cultura digital, en particular las redes sociales, no solo conectan individuos, también producen imaginarios, formas de ver, de sentir y de interpretar la realidad. Ana C. Dinerstein ha advertido que la globalización impone una abstracción, que separa a los sujetos de los procesos sociales que los afectan. El dinero, la información y las lógicas globales operan como velos que vuelven opaca la relación entre acción individual y estructuras colectivas.

Así, la individuación se vive muchas veces en disfunción de las conexiones. El individuo está conectado pero aislado. Las personas toman decisiones, expresan opiniones y construyen identidades en un mundo fragmentado, donde las consecuencias sociales de sus actos resultan difusas o invisibles. La promesa de libertad individual convive, y a menudo choca, con una creciente sensación de impotencia personal y colectiva.

Las plataformas digitales profundizan esta paradoja. Al personalizar la experiencia social, refuerzan una sensación de control individual, pero debilitan los marcos comunes de interpretación. La vida social se vuelve selectiva, filtrada y segmentada, dificultando la construcción de horizontes compartidos. La idea de un individuo capaz de tener control de sí, se vuelve un chantaje.

Por eso Marina Garcés propone recuperar la idea de un mundo común, no como una identidad homogénea ni como un refugio nostálgico, sino como una tarea política urgente. En sociedades marcadas por la fragmentación y el repliegue individual, lo común no está dado: debe construirse.

La comunidad no es la negación de la individuación, pero tampoco puede reducirse a una simple suma de singularidades. Requiere implicación, responsabilidad y cuidado mutuo. Estas ideas dialogan con las advertencias de Alberto Melucci, quien señalaba que las formas contemporáneas de acción colectiva son frágiles, reticulares y basadas en el sentido, pero no por ello irrelevantes.

Los movimientos sociales actuales, muchas veces articulados en redes digitales, expresan esta tensión. Combinan una fuerte dimensión expresiva y subjetiva con grandes dificultades para sostener proyectos colectivos de largo aliento. La solidaridad aparece de forma intermitente, asociada a causas específicas, pero rara vez logra institucionalizarse.

La profundización del individualismo en la era digital conlleva riesgos sociales evidentes. Uno de ellos es el debilitamiento del espacio público, donde la pluralidad degenera en aislamiento y la diferencia en incomunicación. Otro es la erosión de la solidaridad, entendida no solo como empatía, sino como la disposición a asumir responsabilidades compartidas.

Eva Illouz advierte que la emocionalización de la vida social puede vaciar de contenido político el malestar, transformándolo en ira individual maleable, pero no en resistencia colectiva. En ese contexto, sujetos incapaces de comprender los procesos que los afectan se vuelven más vulnerables a la manipulación. La subjetividad política queda atrapada en la lógica del libre mercado de las emociones.

El desafío, entonces, no es negar la individuación ni idealizar comunidades del pasado. Se trata de imaginar formas de articular subjetividad, cuerpo, emoción y acción colectiva. Recuperar la idea de un mundo común implica reconocer la interdependencia, repensar la solidaridad y disputar los sentidos dominantes de la libertad individual.

En una sociedad atravesada por la información y la cultura digital, el reto político y cultural central es volver a hacer visible que aquello que vivimos como experiencia personal tiene raíces sociales. Se debe superar el analfabetismo digital con nuevas pedagogías liberadoras y creadoras de nuevos sentidos de la vida social. Solo desde esa conciencia será posible reconstruir una vida común a la altura de nuestro tiempo.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional. Se usó la herramienta de IA para la revisión de aspectos formales del texto.

Costa Rica no necesita salvadores

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Hacia unas Ciencias Sociales centroamericanas “menos intramuros”

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La frase no es mía, por supuesto. La tomé prestada de una reciente publicación en redes de mi querido colega y al que considero amigo y orientador en mi trayectoria como cientista social, Abelardo Morales Gamboa.

La escribió al recordar a Carlos Sojo, director de FLACSO Costa Rica, quien falleciera en el año 2014 y al enterarnos en su publicación de la muerte de otro gran científico social centroamericano, Gabriel Aguilera.

Al leer su escrito, no pude dejar de recordar mi paso como investigador de la Sede de FLACSO en Costa Rica. Los aprendizajes cotidianos en las conversaciones con los propios Carlos, Abelardo, Juan Pablo, Marian, Alen, Ilka, Don Manuel, Guillermo. Pienso que nos tocó una época linda y de transición en la que aprendimos a construir equipo.

Yo tomé para mí las enseñanzas de Carlos, a quien acompañé varias veces a la región y lo vi gestionando como los grandes esas Ciencias Sociales comprometidas, vigorosas y para nada palaciegas.

No puedo olvidarme de los trabajos de campo con Abelardo, sus orientaciones como investigador consolidado en la temática migratoria, de la cual ahora soy signatario con mucho compromiso y sensibilidad para devolverle tanto de lo que me enseñó. De hecho, Abelardo tuvo la deferencia de acompañarme como lector de mi tesis doctoral, actitud que siempre agradeceré por lo que vale.

Tampoco puedo pasar por alto mi experiencia como miembro del consejo editorial de la Revista Centroamericana de Ciencias Sociales que publicábamos en FLACSO Costa Rica, de la mano de un gran docente e investigador, Don Manuel Rojas Bolaños. Su experiencia me aportó algo de lo que hoy le entrego a la académica como investigador y gestor académico.

Es cierto.

El desafío que plantea Abelardo para las ciencias sociales regionales es mayúsculo. Durante todos estos años de quiebre del acuerdo social costarricense, por ejemplo, he reflexionado sobre qué tan bien le hubiera hecho a este país una actualización de aquel enorme trabajo de interpretación de nuestra sociedad: “Igualiticos: la construcción social de la desigualdad en Costa Rica”, escrito por Carlos.

Estoy seguro de que muchas de las incertidumbres que hoy nos plantea este escenario tan disruptivo, hubieran sido claramente explicadas por su visión amplia como sociólogo de nuestro país.

Ese desafío que Abelardo nos plantea, debemos asumirlo quienes aún nos encontramos vigentes. Es imperativo. Es necesario salirnos de los muros y palacios y abrir los ojos a una región centroamericana que estamos perdiendo rápidamente.

Asumo ese legado.

Detrás de los colores: Costa Rica, fracturas y descomposiciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Nadie es profeta en su propia tierra…

Abelardo Morales Gamboa.

Si algo nos indicaban los resultados de las recientes elecciones municipales no era solo el arcoíris con el que se colorearán las municipalidades a partir de mayo próximo, sino cómo esa configuración política está expresando un rápido deslizamiento político ideológico del país hacia la derecha y al conservadurismo, por un lado, y al ensanchamiento de las brechas sociales, de las desigualdades y las exclusiones, y, quizás, de peligrosas fracturas territoriales, por el otro; sin que este resultado ni el rumbo en el resto de los escenarios políticos esté marcando ningún giro esperanzador para el futuro del país.

Ese resultado manifiesta la caída tendencial, de largo plazo, del bipartidismo histórico que marcó la alternancia entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, tanto a nivel nacional como provincial y local. De 84 alcaldías, juntos ganaron 49, o sea el 58 por ciento de los municipios. El PLN resultó ser el más castigado, pero el PUSC apenas logró hacer un reacomodo territorial de sus votos para alcanzar 5 alcaldías más que en 2020, pues en número de votos a nivel nacional no creció, sino que perdió más de un centenar de votos. Fue la aritmética local la que le ayudó.

Sin duda, en cada periodo electoral se producen reacomodos que pueden cambiar los mapas, algo parecido a la activación que se observa con los enjambres sísmicos. Pero en esos huecos que van dejando localmente los cambios de las hegemonías cacicales, no emergen salidas políticas que contengan respuestas esperanzadoras a los caldos de cultivo de la descomposición social, ni siquiera remaches a las fracturas y menos frenos al acercamiento acelerado a los abismos. Ni el PLN y mucho menos el PUSC escapan a la derechización política y al conservadurismo. Y las otras opciones que esperábamos más progresistas están estancadas o quizás también en caída.

Ese deslizamiento, casi sin freno, a un abismo de crisis ha sido causado por una intensa acumulación de tensiones sociales, de los cuales situaciones como el aumento de la desigualdad y de la pobreza, la delincuencia y la inseguridad, la desconfianza social en las instituciones son sus irrupciones en la superficie. Pero esa misma crisis expresa un deterioro de la conciencia cívica, de la crítica y de la rebeldía social frente al statu quo.

Nos falta preguntarnos sobre la (re) configuración territorial del poder y de la dominación en Costa Rica a partir del juego de fuerzas en la escala local. Para eso habrá que leer lo que ocultan las banderas que colorearán a cada municipalidad, pero también más allá y, sin caer en maniqueísmos ni determinismos, conjeturar un poco sobre el movimiento de las dinámicas locales. No hay leyes físicas para explicar esto y nos falta investigación social sobre esos escenarios.

También posiblemente las banderas nos dirán muy poco, sobre todo porque el abstencionismo tiene una oculta que no sabemos cómo colorear. Pese a que alcanzó el 68 por ciento, la estadística electoral en vez de colorearlo, lo sombrea bajo el sofisma de la poca conciencia y compromiso cívico de los abstencionistas. Los abstencionistas, creo yo, nos están diciendo otras cosas y quizás son evidentes, pero eso no estuvo ni está en la agenda de los partidos. Algunos apostaron por mantener el abstencionismo a raya y moverse dentro de círculos de electores manipulables.

Todo lo anterior es la expresión no de una sino de múltiples fracturas. Estamos viviendo sobre un enjambre socioterritorial que políticamente no se termina de acomodar, pero como en la sismografía se van acumulando tensiones y generando simultáneamente una liberación de energías que podría ser gradual o llevarnos a una catástrofe. También no podemos obviar que la cartografía política posiblemente esté expresando las distorsiones de la fragmentación derivada de la división territorial por cantones, cosa que no parece solucionarse en breve pues abundan caudillos locales con sueños imperiales y diputados que convierten la creación de nuevos cantones en moneda de cambio.

En fin, como mera especulación final agrego que quizás debamos seguir preparándonos para otros posibles nuevos remezones, la rebatiña que está protagonizando el refrito que nos gobierna apenas parece anunciarnos que todavía tendremos que ver mucho más de aquí a las próximas elecciones.

(*) Sociólogo, comunicador social e internacionalista.

Paralizados por todas partes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Abelardo Morales Gamboa

Ya las cosas venían mal en este país; siguen mal y pintan peor. Tenemos uno si no el peor de los gobiernos de la historia reciente, pero no solo el gobierno toma malas decisiones, o no toma ninguna o toma las que toma con muy mala leche. Este grupito ha venido a empeorar la situación de los costarricenses, no hay duda. Podríamos sentarnos a llorar, pero con llorar no logramos nada.

Pero qué hace que este gobierno sea un desastre, cause los desastres que causa y nada pasa, los partidos políticos de oposición si es que hacen oposición, los sindicatos y organizaciones sociales, la sacrosanta intelectualidad de este país, nadie mueve un dedo, no pasamos de arrugar las narices y de seguir confinados en nuestro confort neoliberal, claro, pero con poses antineoliberales porque frente al mal debemos aparentar ser políticamente correctos.

Peor aún, el gobierno es un desastre, paraliza todo, pero hay un segmento de la población que le aplaude; si las encuestas están bien hechas, no lo sé, podríamos decir que el desastre y la parálisis gozan de legitimidad y de apoyo popular. No obstante, vemos a las derechas del PUSC y neoliberales descendientes del movimiento libertario con aires de triunfo. Están convencidos de que esta es su gran oportunidad. En río revuelto…

Hay que reconocerle al grupo que nos gobierna su genialidad. Aunque parezcan burdos, tontos no son. No más entrando al poder pararon todo desde el uso de mascarillas hasta la construcción de hospitales. Detuvieron obras viales importantes; la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha sido de las peores en décadas y allí sigue el ministro como un mono agarrando el zapote. Ni qué decir sobre Educación y Salud.

Este gobierno acaba de dinamitar los programas de inversión social y condenar a miles de familias, de niños y de jóvenes, no solo a la pobreza sino a situaciones de riesgo que al cabo de un par de años pondrían a este país de rodillas frente al crimen organizado y el autoritarismo. El presidente llama a las familias pobres a asumir el sacrificio y nada pasa. Si yo les diera crédito a las conspiraciones creería que nos lavaron el cerebro, les echaría la culpa a las vacunas o a algún poder extraterrestre.

Tampoco bastan los editoriales y titulares de la prensa que también tienen responsabilidades en esta pérdida de conciencia colectiva. Hay que reconocer que, durante décadas, mientras el país avanzaba en educación, ciencias y cultura, estábamos dominados por una prensa empobrecida intelectualmente. Luego vino el desastre en educación, los contenidos de las redes sociales se volvieron más creíbles que los cuentos de la abuela, pero ya el daño estaba hecho.

Hemos llegado al punto de que un accidente paraliza el tránsito durante largas horas en cualquier vía de comunicación. El colmo es que la construcción de un puente paraliza a toda la región central del país durante meses. La parálisis no es solo mala planificación, aunque la desplanificación y el valeverguismo de los funcionarios sea resultado precisamente de la pérdida de sentido de la responsabilidad pública.

La parálisis en la que nos tiene este gobierno no es un accidente, no es un producto no previsto de la presente coyuntura histórica. No. Este gobierno sintetiza nuestra historia reciente, es hijo del desastre de fuerzas políticas y sociales que llenaron bancadas legislativas y ocuparon el gobierno en los tiempos del neoliberalismo.

Es el resultado cultural del empobrecimiento de la opinión pública hecho por la prensa de derecha, de la crisis de la educación gracias a gremios auto centrados en sus conquistas sindicales y cada vez más alejados de las congojas de los maestros y de las familias pobres, este gobierno nos está mostrando, dientes para afuera y sonrisa rechoncha, que es el resultado de una empobrecida cultura cívica, de una democracia anémica y de partidos partidos a pedacitos. Lo dicen, los vemos y les oímos, pero no abrimos los ojos. Pero la derecha va por su tajada.

El sentido común neoliberal también conquistó votos para regidores

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa

Abelardo Morales Gamboa

Los concejos municipales, como en el caso de las alcaldías, continuarán siendo feudos dominados en la mayor parte de los cantones del país por el bipartidismo, pero el ascenso de neoliberales y conservadores, junto a la caída de los partidos progresistas y de izquierda, y a la par sin duda de la barrida hecha por el abstencionismo, nos debe alertar sobre algo muy peligroso que comienza a pasar en esta democracia tropical.

La regla del bipartidismo se rompió en aquellos cantones en que otros partidos nacionales, provinciales o locales les disputaron a Liberación Nacional (PLN) y a la Unidad Socialcristiana (PUSC) esa hegemonía. Todo eso matizado o más bien empañado por el elevado abstencionismo que fue de 68,2% lo que convierte a cualquier triunfo en un pírrico resultado con más daño a la democracia que a los adversarios.

La geografía electoral continúa mostrando la reproducción de redes de poder locales, tanto en las zonas urbanas como rurales, basadas en el clientelismo, en relaciones de lealtad y de protección propias de contextos feudales y de servidumbre, y eso fue lo que le permitió a una serie de caciques y apostadores locales lograr una regiduría.

Aunque ganó la mayor cantidad de alcaldías, el PLN sacó casi 60 mil votos menos pare regidores que en 2020, una caída del 23% o de casi una cuarta parte de sus votos. Aunque el PUSC ganó una cantidad mayor de alcaldías también respecto de la elección anterior, perdió casi 7 mil votos para regidores, no le fue tan mal, pero eso no es para alegrarnos porque la versión del PUSC que se levanta de sus cenizas es la más neoliberal de toda su historia.

Los vacíos de poder local están siendo llenados por el neoliberalismo y el conservadurismo, la versión light del viejo Movimiento Libertario, Unidos Podemos, fue la que más avanzó, gracias eso si al derroche de recursos y al manejo de una campaña convertida en el negocio del clientelismo. El Liberal Progresista fue el que más creció pues pasó de casi 5000 votos a más de 67500 en estas elecciones y colocó una buena cantidad de regidores y concejales.

En los virajes de estas elecciones, con menos votos se colaron los evangélicos de Nueva República que perdió casi 15 mil votos y Nueva Generación que reclutó de todo no solo en términos generacionales y recibió unos 10.500 votos menos. Pero no es para nada un dato sin cuidado que dos partidos vinculados o exvinculados al chavismo, como el Social Democrático y Aquí Costa Rica Manda, sacaran cada uno respectivamente 50 297 y 38 258. Por separado juntaron 88 555 votos, más que la cantidad lograda por Unidos Podemos. La crisis de Liberación le está abriendo las puertas al fortalecimiento de las derechas.

Los peores resultados de un partido nacional de reconocida trayectoria se reflejan en el desempeño del Frente Amplio. Si bien logró obtener una simbólica alcaldía en León Cortés Castro, un antiguo bastión liberacionista, el panorama a nivel nacional muestra que, aunque no perdió demasiados votos, tampoco creció según las expectativas que despertaba la imagen pública de su bancada en la Asamblea Legislativa. El contexto político ideológico no es el más favorable a las opciones progresistas, quien crea lo contrario está viviendo otra realidad. Eso requiere entonces revisar muy seriamente la conducción de cualquier propuesta política.

Por eso es importante valorar las estrategias políticas mediante las cuales esa organización y otras fuerzas progresistas encararon estas elecciones. El Frente Amplio no tuvo participación en una gran cantidad de cantones, en otros lo hizo en coalición, pero en algunos se produjeron fracturas en las coaliciones en las que había participado esta organización. Al parecer la política parlamentaria no parece ser el espacio suficiente y necesario para impulsar un proyecto progresista.

Estas elecciones parecen demostrar que el sentido común neoliberal le ha dado frutos a las derechas, mientras que para las alternativas progresistas las cosas podrían haber sido o podrían ser peor en el futuro si no hay un cambio de actitud, de acciones y no nos dejamos de tanta narrativas seudo-renovadoras.