Advierto que lo que aquí se expone quizá no encuentre eco en todos los lectores. No pretende reafirmar trincheras ni favorecer a ningún actor. Busca, más bien, ofrecer una lectura crítica y serena del clima democrático que atravesamos… y ese propósito, en sí mismo, ya es un desafío.
En la antesala de las elecciones, la conversación pública suele girar en torno a encuestas y debates. Las cifras cumplen una función legítima: registran el pulso de un electorado volátil, de partidos frágiles y lealtades cambiantes. Son fotografías del instante: útiles, pero insuficientes. Más allá de los datos que recogen las encuestas, lo que se necesita es una radiografía: un examen profundo que ilumine los órganos, los silencios, las ausencias y los contrapesos que laten —o se debilitan— bajo la superficie de la democracia, antes de que se produzca el acto de votar.
Costa Rica no enfrenta hoy un quiebre democrático ni la anulación abierta de sus reglas. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene legitimidad, el Poder Judicial conserva autonomía, y la Asamblea Legislativa continúa siendo un espacio de control. La institucionalidad resiste, y ese sigue siendo nuestro activo más valioso.
Sin embargo, hay un fenómeno que las encuestas no registran: la erosión lenta pero persistente de este vínculo entre ciudadanía e instituciones. El riesgo real no es una ruptura abierta del orden constitucional, sino la debilitación de los equilibrios que sostienen la democracia. Cuando los contrapesos, los frenos institucionales y los mecanismos de control pierden su peso simbólico y moral, las instituciones pueden seguir funcionando, pero dejan de percibirse como garantías y pasan a verse como obstáculos, vaciadas de sentido.
Este deterioro no se explica únicamente por el discurso del poder; se ve también alimentado por la acumulación de desaciertos institucionales: la inacción ante problemas, la falta de explicación de decisiones y la ausencia de respuesta ante demandas ciudadanas. Con el tiempo, estos vacíos erosionan la confianza en las instituciones y debilitan el vínculo entre ciudadanía y democracia.
En este contexto, el Poder Ejecutivo influye en el clima democrático, no solo por sus decisiones, sino también por el estilo y la consistencia de su comunicación. El Poder Judicial, en ocasiones, ha confundido independencia con silencio: aunque sus decisiones sean acertadas, la falta de explicación reduce la confianza ciudadana. De manera semejante, la Asamblea Legislativa enfrenta el riesgo de ejercer control político sin un relato que conecte su trabajo con la ciudadanía.
La prensa sigue siendo un actor visible, pero su protagonismo también revela un problema: cuando la deliberación política ocurre casi exclusivamente en los medios, es porque otros espacios de diálogo se han retraído. Las redes sociales, además, premian la simplificación, la emoción y el enfrentamiento. En ese contexto, los silencios institucionales pesan el doble: cuando no hablan, otros interpretan su rol por ellos, y esas versiones se difunden como verdades emocionales. Al mismo tiempo, los medios, en general, enfrentan un desafío de credibilidad, lo que debilita los espacios de información confiable y reduce la posibilidad de un debate público serio.
La radiografía muestra, también, un repliegue de otros contrapesos sociales: universidades, colegios profesionales, cámaras y organizaciones civiles. Su ausencia reduce el espacio público a una relación directa entre poder y ciudadanía, sin mediaciones legítimas.
En ese marco más amplio debe leerse también la creciente desafección hacia la clase política y dirigente. El aumento del abstencionismo no es solo una decisión individual ni un gesto de apatía; es la expresión acumulada de la distancia entre representación y ciudadanía. Cuando amplios sectores dejan de sentirse interpelados por el sistema político, la abstención se convierte en una forma silenciosa de retirada. No impugna el proceso electoral, pero revela una erosión más profunda: la pérdida de sentido de pertenencia a un proyecto democrático compartido.
Las elecciones pueden ser formalmente correctas y, aun así, estar precedidas por un desgaste del tejido democrático. Las encuestas seguirán mostrando el movimiento del proceso; la radiografía, en cambio, revela lo que ocurre en el fondo. Ignorarla no es un simple descuido: es aceptar que el voto se convierta en un trámite vacío, despojado de densidad cívica.
La democracia no se fortalece el día de la elección; se sostiene mucho antes, en la participación cotidiana que cultivamos, especialmente en las nuevas generaciones, y en la confianza que logramos preservar.
En cuatro domingos estaremos tomando la primera decisión sobre el futuro gobierno de Costa Rica. El próximo domingo 1 de febrero se llevará a cabo el plebiscito nacional político, el referéndum nacional político, el acto supremo de la democracia electoral del país, el día del sufragio NO obligado, que se da en conciencia, de los ciudadanos, del pueblo electoral costarricense, de decidir a cuál de los 20 candidatos presidenciales y a sus partidos se le entregará el rumbo del país.
Ese día se realiza un depósito de confianza pública que se le da al ganador, en caso de que supere el 40% de los votos válidamente emitidos, en su favor, ese primer domingo de febrero, para dirigir el Poder Ejecutivo, para que nombre su equipo de gobierno, a los ministros, e inicien su labor política, de conformidad a lo que ha ofrecido en esta campaña electoral.
Es un acto de confianza y de delegación de la voluntad popular, lo que llamamos la representación política. Quien resulte ganador es el depositario de esa confianza popular, que lo obliga a actuar, en nombre del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, siendo su representante, y modernamente también gobierna con el pueblo, si asume la tarea de consultarlo popularmente, por la vía de los plebiscitos y referéndum, lo que no han acostumbrado los gobernantes desde que se instituyeron estas formas de consulta ciudadana.
La voluntad popular es el acto por el cual los ciudadanos depositan su confianza en la gestión de gobierno, en una persona, que en nombre de todos, ejerce el gobierno y el mando del país. Este concepto se desarrolló políticamente hace casi 300 años, evolucionando de distintas formas. Este acto de representación política es una manifestación de que el gobernante debe ser armónico con el pueblo que lo eligió.
Con concepto de representación política y delegación de la voluntad, se eliminó la idea que los gobernantes eran nombrados por Dios, y por ello, además, había que obedecerles. Al contrario, quien debe obediencia al pueblo es el gobernante quien en ejercicio de su cargo no puede gobernar ni legislar contra el pueblo, no puede actuar contra el pueblo, no puede instituirse como dictador, tirano, déspota, sátrapa o ejercer el gobierno autoritariamente, violando derechos y libertades de los ciudadanos. Si así sucediera, el pueblo que lo eligió tiene un derecho natural a la rebelión política para sustituirlo, cambiarlo, y de esa forma establecer nuevamente la confianza pública de la representación popular. En cierta forma, cada procesos electoral, es la manera de ejercer ese control político ciudadano para continuar con el partido de gobierno por otro período, y evaluar de esa manera al gobernante o presidente que termina su mandato.
Jurídicamente el acto de la representación política se asocia al del mandatario, que es la persona a la cual se le da un poder de accionar, de actual, al cual debe sujetarse, y del cual no puede salirse. Si el Mandatario se sale o rompe el compromiso de ese mandato, los Mandantes, los que le dieron el mandado, que electoralmente es el pueblo electoral, pueden quitarle su compromiso, pueden destituirle de la obligación que le depositaron para nombrar otro Mandatario que represente correctamente la voluntad de los Mandantes, en este caso de los electores, para que se restablezca la relación armónica que debe existir entre gobernante y gobernados.
El derecho de destitución del Mandatario, del Gobernante, se estableció en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y en la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1793, durante los días de la Revolución Francesa.
En la Constitución Política de 1844 de Costa Rica este derecho a la Rebelión Política así se reconoció. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, se había publicado en Costa Rica a inicios de ese año, lo que debe haber influido en esa disposición constitucional.
En la legislación costarricense no existe para el presidente la posibilidad de destituirlo por la vía de la Consulta Ciudadana del Referéndum o del Plebiscito, como sí existe para destituir las autoridades municipales o cantonales, como son los alcaldes. No existe, hasta hoy, el derecho de revocatoria de mandato del presidente, durante el ejercicio de su presidencia.
Sin embargo, en la tradición electoral del país, que ha sido bastante regular desde 1847, con períodos de gobierno de cuatro años en términos generales, cada proceso electoral para decidir quién gobernará por los siguientes cuatro años, se convierte en la práctica también en una consulta ciudadana, de si el mandatario, el jefe de Estado, antes del 1848, el presidente desde 1848, o el Gobernante en general, puede continuar gobernando por otro período de gobierno.
En el siglo XIX se permitía la elección consecutiva del gobernante. En el siglo XX se limitó y desde 1949 se prohibió la reelección consecutiva del gobernante, del presidente, pudiendo hacerlo si deja pasar un período de ocho años. Así, en el siglo XIX, de manera consecutiva se reeligieron Juan Mora Fernández, desde1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1849 hasta 1859, cuando le dieron el golpe de Estado, Rafael Iglesias Castro, desde 1894 hasta 1902. Desde 1902 hasta hoy no ha habido reelección consecutiva del gobernante.
Los diputados durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX podían reelegirse continuamente y buenos diputados así lo hicieron. Por ejemplo, desde 1934 hasta 1948 fue reelecto consecutivamente como diputado Manuel Mora Valverde, el jefe del Partido Comunista de Costa Rica o Vanguardia Popular, así llamado desde 1943.
Jefes de Estado y presidentes se han reelecto, dejando pasar períodos presidenciales. En el Siglo XX así lo hicieron Cleto González Víquez presidente en 1906-1910 y 1928-1932, Ricardo Jiménez Oreamuno, presidente en 1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936.
Desde 1949 hasta hoy solamente dos presidentes han podido reelegirse alternativamente, José Figueres Ferrer, 1953-1958 y 1970-1974 y Oscar Arias Sánchez, 1986-1990 y 2006-2010. Otros presidentes lo intentaron sin éxito.
Desde 1890 existen los partidos políticos, tal y como ahora los conocemos, definiéndose así que solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular, presidente, diputados y autoridades municipales o cantonales. Los vicepresidentes son de elección popular junto con el presidente desde 1949. Antes de 1948, eran llamados Designados a la Presidencia y eran nombrados por el Poder Legislativo, por el Congreso.
Bajo el régimen de partidos políticos hemos tenido la experiencia histórica de que los partidos pueden reelegirse consecutivamente en el Poder Ejecutivo varias veces, aun cuando no reelijan de manera continua al presidente. Así, desde la segunda mitad del siglo XX el Partido Liberación Nacional se ha reelecto consecutivamente en dos períodos consecutivos de gobierno, con diferente presidente, en 1970-1974 y 1974-1978, cuando fueron electos José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós. Luego volvieron a repetir el gobierno consecutivo en 1982-1986 y 1986-1990, con Luis Alberto Monge Álvarez y Oscar Arias Sánchez. Finalmente, repitieron en el 2006-2010 y 2010-2014, con Oscar Arias Sánchez y Laura chinchilla Miranda. Igual lo hizo el Partido Unidad Social Cristiana, en 1998-2002 y 2002-2006, con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco de la Espriella. Del mismo modo se repitió, muy sorpresivamente este fenómeno con un nuevo partido, nacido en el 2002, Acción Ciudadana, que Gobernó en el 2014-2018 y se reeligió en 2018-2022, con los presidentes Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada. Ninguno de los partidos que ha gobernado lo ha hecho tres veces consecutivas.
En este siglo, desde el 2002, en la práctica del proceso electoral, se introdujo la elección de segundo grado, la elección de la segunda vuelta electoral, cuando en la primera no se logra el 40% de los votos para ganar. En este caso, se pasa a una segunda ronda electoral que se realiza el primer domingo de abril siguiente a las elecciones, con solo dos candidatos, los que han obtenido el mayor número de votos o mayor rango porcentual de votación el primer domingo de febrero. Así, hemos tenido segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022. Esto pareciera o indica que la segunda ronda electoral se quedó para los procesos electorales que vienen. Ha sido la norma de los procesos electorales a partir del 2014 y puede ser la del próximo resultado del 1 de febrero del 2026. Esto no es para sorprenderse. Puede darse como no darse la segunda ronda, si alguno de los partidos y candidatos sacan o no el 40% de votos, por el cual se está luchando intensamente en estos días y será una lucha intensa durante las cuatro semanas que faltan para votar. La mayor parte de los partidos apuestas sus esfuerzos a quedar de finalistas de la primera vuelta. Solo el Partido Pueblo Soberano sostiene su campaña electoral con confianza de que ganará la primera ronda electoral. Esta confianza le hace falta a los otros partido, independientemente si hay o no segunda ronda.
El voto que define resultados es el llamado voto válidamente emitido. Es voto positivo, a favor, de cualquiera de los 20 partidos que están inscritos con sus candidatos presidenciales. Esos son los votos que sirven para declarar presidente o candidato ganador, o sirven para definir de los 20 candidatos cuales son los dos que pasan a la elección de abril. La elección del primer domingo de abril no se define por porcentuales. Allí gana el que más votos tenga. Es lo lógico para garantizar resultado electoral.
Los votos nulos que se realizan por los votantes son aquellos que por alguna razón no permiten determinar con certeza cual fue la voluntad del votante, y los miembros de la Mesa Electoral así los anulan.
Los votos en blanco que se realizan en la Mesa Electoral son aquellos que los votantes devuelven sin expresar su voluntad, dejando en blanco toda la fórmula de votación.
Los votos nulos y blancos, emitidos en las mesas electorales, no se consideran “votos válidamente emitidos” para definir el resultado de la elección. No se cuentan, no tiene valor alguno. Tiene valor CERO (0), no suman nada positivo ni negativo. Reducen en la práctica a los electores que toman la decisión final.
Por eso es importante el voto consciente del elector, del que llega a emitir su voto por alguno de candidatos o los partidos políticos que están participando en las elecciones, porque con su voto se elige, se produce el resultado.
También hay un número de personas que no acude a las urnas a votar. Todos estos, junto con los que tampoco votan en la Mesa Electoral, constituyen el grupo llamado ABSTENCIONISTA. Es un número de ciudadanos que siempre ha existido en los procesos electorales. En las elecciones de la segunda mitad del siglo XX constituyeron un promedio del 18 % de los electores. A partir de la elección de 1998 empezó a subir alcanzando cifras superiores al 30% de votantes en las elecciones, lo que ha preocupado en los últimos procesos electorales, y quizá eso haya ayudado a la convocatoria de las segundas rondas electorales que se han hecho.
La persona, el votante, al no ejercer su derecho al sufragio, de hecho, delega su decisión en los que sí votan, que producen un resultado electoral a favor de alguno de los candidatos. El no votante, de manera consciente o no, confía el voto que se produce por los que sí van a votar. De hecho, los no votantes, los abstencionistas, terminan “votando” con su abstencionismo y silencio electoral en urnas, por el candidato ganador, que producen los que sí llegaron a votar. Así, los abstencionistas terminan “votando” por el ganador, les guste o no quien sea, se lamenten o no del ejercicio de su gobierno.
La elecciones nacionales fragmentan la votación por el presidente y sus vicepresidentes y en la de los diputados. La votación presidencial se la lleva en su totalidad un solo partido político. El Consejo de gobierno o el Gabinete presidencia no se integra proporcionalmente a los votos recibidos por los partidos con sus candidatos a presidente. Al presidente electo se le da la confianza de que escoja libremente a los ministros que le acompañaran en su gestión de gobierno.
La elección de diputados tiene su importancia. Para el partido ganador presidencial por si llega a elegir una mayoría de diputados, ojalá superior de los 29, porque le permite tomar decisiones mayoritarias básicas en la Asamblea Legislativa, en su proceso de aprobación de Leyes. Si la mayoría fuera de 38 o 43 diputados, que con las mayorías calificadas del proceso de aprobación de leyes y otras responsabilidades que podría tomar la Asamblea Legislativa, al Poder ejecutivo le daría un poder político extremo, al punto que el Presidente, con su fracción legislativa tendría capacidad de ejercer un gobierno con características autoritarias de mandato, porque ejercería un control prácticamente pleno de nombramiento de todas las autoridades públicas del país, especialmente de los Poderes de Estado y de los mecanismos de control público constitucionalmente establecidos.
La experiencia histórica señala que pocas veces desde 1953 un partido político ha tenido mayoría parlamentaria superior a 29 diputados, y solamente una vez, en 1982, tuvo 33 diputados de los 57.
En la práctica política los electores parten su voto. Pueden votar un candidato presidencial, pero a la vez votan por candidatos a diputados de otros partidos políticos, para que ellos en la práctica ejerzan un control político parlamentario sobre el presidente y su Poder Ejecutivo. Así, por ejemplo, los últimos 3 gobiernos, dos del Partidos Acción Ciudadana y el del actual presidente Rodrigo Chaves que no han logrado elegir más de 12 diputados, constituyéndose en minorías parlamentarias. En el caso del actual gobierno con la peor gestión de relación política con los Poderes de Estado, incluso la Asamblea Legislativa.
La partición del voto, en las condiciones y momento histórico que estamos viviendo, sigue siendo válida. Pero, la unidad de votantes alrededor del candidato o candidatos opositores que tienen, en la perspectiva, la mayor posibilidad de ganar o de quedar clasificados para una segunda ronda, es también válida. Lo que no es válido en este momento es pensar en abstenerse de votar. Quien así lo haga que le quede claro que su no voto es favor del que gana, sea quien sea.
En 4 domingos definiremos la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país por los próximos cuatro años.
Que el año nuevo nos dé la suficiente confianza de que podemos mejorar el país, de que podemos recupera el terreno y los caminos perdidos, de que podemos evitar que nos lleven al despeñadero del autoritarismo, de la democracia y de las libertades y derechos ciudadanos.
Durante el mes de octubre, tres casas encuestadoras recogieron información política: CIEP con una muestra de 1333 entrevistas, IDESPO con 901 y Demoscopía con 1200. Las dos primeras realizaron una encuesta telefónica, mientras que la tercera efectuó una encuesta en el campo, casa por casa.
Las tres encuestas tienden a coincidir en los resultados generales sobre la intención de voto, aunque la encuesta de Demoscopía presenta las mayores diferencias.
En términos generales, se identifica una mayoría de los votantes todavía indecisos con respecto a por quién votar para la presidencia; mientras que, entre las personas decididas, existe una clara preferencia por Laura Fernández, seguida principalmente, aunque con porcentajes bastante más bajos, por Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles.
Ahora bien, he observado varios análisis sobre los resultados en donde se afirma que ningún candidato obtendría el 40% si las elecciones hubieran sido en octubre. Pero, esta afirmación no es del todo exacta, pues las 3 encuestas reportan los porcentajes de preferencia en el voto incluyendo a las personas indecisas como parte del denominador.
Hay que tener claro que, llegado el momento de la elección en febrero, no habrá ninguna persona indecisa, todas las personas habrán tomado su decisión final de votar o no y entre aquellas que sí voten habrá una decisión final precisa, aunque sea votando nulo o en blanco. Siendo así, para estimar cuál habría sido el resultado de la elección si la votación hubiera sido en octubre, se debe calcular la intención de voto solo entre las personas decididas en ese momento, en cuyo caso, Laura Fernández habría obtenido más del 50% de los votos según las 3 encuestas, por lo que habría ganado en primera ronda, si esta hubiera sido en octubre.
Por supuesto, la mayoría de la población que se encuentra indecisa podría variar sustancialmente ese resultado, llegado el momento de la votación en febrero. De hecho, en las últimas elecciones el proceso de toma de decisión ha sido lento y muy complejo para una proporción muy importante de la población. Específicamente, para la elección de 2018 el CIEP realizó un interesante estudio longitudinal, en donde entrevistó a las mismas personas mes a mes, de octubre a febrero, y demostró claramente el difícil proceso de toma de decisión y los problemas de las personas electoras para definir su escogencia. Es por esto por lo que resulta muy importante analizar con mayor detalle a las personas que en octubre estaban indecisas. Pero, este análisis no debe partir de una aplicación mecánica de lo acontecido en elecciones anteriores. La presente contienda tiene características muy particulares que exigen un análisis más puntual sobre la coyuntura actual.
Entre las principales características que definen la situación actual, debe contemplarse de manera especial el crecimiento de un sector autoritario en apoyo del presidente y la beligerancia directa y sistemática de éste y de parte de su equipo en sus presentaciones, en los medios y en las redes, todo esto contrario a lo que establece nuestra legislación vigente. Pero, es necesario también reconocer la existencia de crecientes niveles de desigualdad social, deterioro del sistema educativo, deslegitimación del sistema político y desgaste de la confianza en las instituciones. Cada una de estas dimensiones viene mostrando indicadores negativos en lo que va del presente siglo. Una consecuencia muy importante de este proceso de deterioro es la acumulación de miedo, desesperanza, estrés, resentimiento y frustración que redunda en un enojo que se generaliza y que refuerza a su vez la deslegitimación y la violencia. Todo lo anterior redunda en mayor individualismo, menor respeto por las leyes, por el sistema de valores y las normas culturales y por los principios políticos de la democracia, facilitando que una proporción creciente de la población busque seguridad y refugio en una figura autoritaria o se entregue a una resignación absoluta que lleva al aislamiento y la depresión social. Por último, como parte muy importante de la coyuntura actual, debe contemplarse el impacto de las redes sociales y el manejo tan efectivo que ha logrado el gobierno actual en la administración de contenidos y de los algoritmos de las principales aplicaciones.
En lo que respecta al sector autoritario, por su misma naturaleza tiende a ser, entre otras cosas, dogmático, perseverante y aferrado a posiciones extremas y violentas, por lo que es esperable que no haya sufrido un proceso de toma de decisión difícil, ha hecho desde un inicio un paso transitivo para adherirse a Laura Fernández. De este modo, alrededor de una cuarta parte de los votantes ya se definieron por ella y difícilmente cambiarán su escogencia, se trata de un núcleo muy duro cuya base se mantendrá estable hasta febrero.
En el otro extremo está el sector de población tan decepcionado con los últimos gobiernos que no tendrá mucho interés en asistir a las urnas. En lo que va del siglo, elección tras elección el porcentaje de abstencionismo ha ido en aumento. La única excepción fue en 2010, en donde esta proporción bajó un poco. Siendo así, es esperable que el abstencionismo siga creciendo en un sector de población frustrado y desencantado que no quiere saber nada de la política. Las 3 encuestas muestran porcentajes relativamente bajos de este sector, por lo que es esperable que una proporción de las personas que se encontraban indecisas en octubre terminen no asistiendo a las urnas. Lo más posible es que el porcentaje de abstencionismo se acerque a la mitad de la población de electores.
Tanto la encuesta del CIEP como la del IDESPO muestra características específicas para las personas indecisas. En general, se evidencia una mayor proporción de mujeres, con edades bajas, nivel educativo moderado y condición socioeconómica media. A partir de otros estudios recientes, observamos que el sector autoritario se concentra entre los hombres, residentes en zonas rurales o en las provincias costeras, con edades superiores y nivel educativo bajo. Por lo tanto, sería esperable que solo una baja proporción de las personas indecisas terminen dando el apoyo a Laura Fernández. Pero, al mismo tiempo, debe contemplarse la calificación alta que recibe la gestión de Chaves en las tres encuestas. A excepción del núcleo duro del autoritarismo, no es esperable una transitividad del voto, pero si habría que prever que una proporción importante de las personas con una opinión positiva de la gestión terminen votando por el continuismo.
Por otra parte, las personas que se abstienen son en mayor proporción hombres y con edades bajas o superiores. De este modo, podría esperarse una proporción más alta de personas indecisas que terminen absteniéndose. Resulta también muy importante aquí mencionar el estudio del CIEP postelectoral de 2022, en donde las personas abstencionistas o con baja disposición a abstenerse en futuras elecciones tienden también a mostrar actitudes negativas hacia el autoritarismo y hacia la gestión de Chaves, por lo que cabría prever que, si llegaran a votar, difícilmente lo harían por Laura Fernández. Pero al momento del estudio de IDESPO, cuatro quintas partes de las personas indecisas mostraban indiferencia con respecto al proceso electoral.
En resumen, los datos analizados permiten prever que en las próximas semanas el apoyo a la candidata del PPSO crezca más lentamente, y por el contrario se incremente la adhesión a los principales partidos de oposición, aunque también es previsible que aumente el abstencionismo.
Ante tal panorama, los principales partidos de oposición se enfrentan a la difícil tarea de captar la atención de las personas indecisas y sobre todo de las abstencionistas para revertir la tendencia medida en octubre. Frente al impacto de las redes sociales, es imprescindible desarrollar un esfuerzo especial para entrar en contacto directo con la población y permitir un diálogo horizontal y abierto, en donde las personas puedan analizar la situación actual, las diferentes opciones políticas frente a la elección de febrero y las amenazas actuales a nuestra democracia.
Por último, quisiera subrayar la evidente preocupación de las personas entrevistadas en las tres encuestas con respecto a la inseguridad, preocupación que día a día se ve reforzada por las múltiples y constantes situaciones de violencia que la población vive. Tanto el miedo, como el enojo y la decepción son caldos de cultivo para manifestaciones de ira y para situaciones de enfrentamiento social. Durante la campaña política es corriente observar una exacerbación de las emociones por lo que preocupa seriamente la posible escalada de violencia que puede generarse en los próximos meses, abiertamente estimulada cada miércoles en las conferencias de prensa y todos los días en los contenidos especialmente programados de las redes sociales. La personalidad autoritaria es por definición agresiva e intolerante, por lo que deberá ser responsabilidad del resto de la población el evitar las situaciones de enfrentamiento violento, manteniendo siempre una actitud de diálogo y respeto mutuo y de evitación y rechazo de las provocaciones, los insultos y el irrespeto. Debemos estar muy consientes de que la violencia engendra violencia y, en las condiciones actuales del país, una escalada de enfrentamientos agresivos podría ser catastrófica.
Han circulado llamamientos. Son de sectores chavistas y rodriguistas, que preocupados, y por sentirse amenazados, por las acusaciones que se han realizado contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por haberlo llevado a un antejuicio a la Asamblea Legislativa, para considerar si le levantaban o no su inmunidad, para que fuera procesado en la vía penal, como cualquier ciudadano, y porque el Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ante acusaciones veraces de la beligerancia política del presidente, que realiza el presidente Chaves, se han planteado ante ese Tribunal, ha solicitado que por este motivo la Asamblea Legislativa conozca nuevamente de la posibilidad de levantarle su fuero presidencial.
Legal y constitucionalmente el Tribunal Supremo de Elecciones puede gestionar esta solicitud. Es el custodio del campo electoral nacional en su máxima expresión. Es el mejor capacitado para actuar en esa dirección como lo está haciendo.
La beligerancia política, el entrometimiento del presidente todos los días en la política que no le corresponde, atacando a los partidos políticos opositores, atacando a todos los partidos políticos con representación legislativa, excepto a sus diputados, atacando y deslegitimando a los Poderes Públicos, incluso al Tribunal Supremo de Elecciones, tratando de minarles la confianza pública que tienen, el respeto constitucional que se merecen y creando el ambiente y la atmósfera que lo que se pretende es un golpe de estado contra su gobierno. Incluso un golpe de estado patrocinado por el Tribunal Supremo de Elecciones, insinuando que se presta a un gran fraude contra sus partidos políticos, que participaran en las elecciones próximas, con posibilidad de que no los dejen participar.
Parte de sus partidarios y fanáticos seguidores incluso llaman a tomar las armas para defender al presidente. Uno de ellos ha dicho públicamente que tiene las armas al servicio de quien se las solicite. Ha encendido los ánimos de sus seguidores que se vuelven agresivos. Uno de sus diputados incluso ha amenazado con extrañar, expatriar y expulsar costarricenses opuestos al presidente.
Otros ciudadanos que lo siguen curiosamente han llamado a no votar en las próximas elecciones como protesta, lo que es la tesis más idiota que se pueda esgrimir.
Si se trata de no votar porque el sistema electoral no produce confianza no da ningún resultado absoluto de que no se vote y no se elija a alguno de los 20 candidatos que hay inscritos. La votación se realiza con todo el padrón electoral abierto, con todos los ciudadanos que tiene el derecho al sufragio, todos mayores de 18 años. En Costa Rica el voto no es obligatorio, se manera que el resultado electoral se produce con los que participen, y si uno de esos candidatos logra el 40% de votación de los pocos que lleguen a sufragar gana. Si no lo saca, se pasa a la segunda ronda electoral en la que triunfa el que más votos tenga. El proceso electoral está hecho para que produzca un resultado.
Si el llamado es para desalentar a los antichavistas, a los que no quieren que el rodriguismo y el chavismo continúen en el gobierno, con cualquiera de sus partidos jaguar, es que procuran que solo los chavistas salgan a votar y así asegurar su triunfo.
Ciertamente, como se está presentando el panorama electoral no hay aún un faro que alumbre el camino hacia el primer domingo de febrero. Todavía hay pugnas importantes en algunos de los partidos, hay amenazas y solicitudes para que a algunos de ellos no les permitan participar en las elecciones. Los candidatos están muy desdibujados, salvo aquellos que por tradición o porque pagan acceso a los medios de comunicación, les toman en cuenta, para divulgarles como para considerarlos en las guerras de encuestas que se realizan, que están aparentemente polarizadas a dos contrincantes, siendo uno de ellos permanente, en cuanto representa el continuismo gubernativo.
Los candidatos desdibujados cubren todo el escenario, los presidenciales y los que aspiran a diputados. La reacción que se ha levantado contra los partidos políticos, y sus estructuras y dirigencias partidarias, ha hecho que la inmensa mayoría de las personas ya postuladas sean de poco conocimiento público y político, por ello, incoloras, insaboras e inodoras, por lo que no dejan de ser también peligrosas…políticamente.
En el ejercicio político la iniciativa política la tiene siempre el Poder Ejecutivo en tanto allí se toman las principales decisiones políticas y administrativas de toda la Administración Pública, de todos los ministerios e instituciones públicas. Son decisiones diarias, cotidianas nos gusten o no nos gusten, nos beneficien o no nos beneficien. Son decisiones políticas en que desde ese Poder y sus instituciones se meten con cada uno de nosotros todos los días. No es la Asamblea Legislativa la que se mete con nosotros de esa manera, es el Poder Ejecutivo el que así lo hace.
Desde este punto de vista el Poder Ejecutivo realiza actos y decisiones políticas que se meten todos los días con los, ciudadanos. Si la política de esa manera se mete con uno, entonces, los ciudadanos tenemos el deber, la obligación de meternos en la política, de meternos en la discusión política, en el debate de si se deben o no continuar las políticas que no nos gustan. Habrá quienes se metan porque les gusta como el gobierno actúa.
Así, no hay que caer en la trampa de no participar en política, en el proceso electoral o de no votar. Es una tesis, en este momento, reaccionaria, conservadora, de derecha si se quiere usar este término, que solo favorece al oficialismo y el continuismo político. Es de lo más peligroso que puede argüirse contra la democracia política que tenemos, por débil que sea.
Hay que tomar la decisión de votar por un candidato presidencial, con su partido, o votar por un partido con su candidato a presidente. De igual modo, hay que tomar la decisión de votar por sus candidatos a diputados, o por la persona que parezca mejor y más apta para gobernar, y para representarnos en la Asamblea Legislativa.
Lo que votan toman la decisión de votar por los que no votan. ¡Así es la cosa! O votamos nosotros o votan por nosotros. Algo de esto pasó en las elecciones del 2022. ¿Quiere usted, querido y apreciado lector, que esto vuelva a pasar?
Me preguntan con frecuencia distintos tipos de inquietudes sobre el acontecer político que estamos viviendo. Son generalmente preguntas sencillas, pero importantes para quienes desean respuestas, que pueden aceptarlas o no, frente al momento que vivimos y frente a la información que recibimos.
A veces me da la sensación de que el ambiente político ya está alborotado y que hay buena información básica con la que a gente se va orientando, pero quedo siempre insatisfecho.
Algunas de esas preguntas, con las respuestas que he dado, y reflexiones que hago de esas preguntas, son las siguientes.
1.- ¿Ya está definido el panorama electoral?
No está definido el panorama electoral, aunque cada día que pasa se va aclarando, tanto con los partidos debidamente inscritos como con los candidatos presidenciales y algunos nombres de candidatos a diputados que ya se van nombrando y les suenan las matracas. Hasta ahora llevamos casi una decena posible de candidatos presidenciales ya definidos, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Laura Fernández, Claudio Alpízar, Fabricio Alvarado, Eli Feinzaig, Fernando Zamora, Ariel Robles.
Los menciono, generalmente, sin indicar su partido político. Pocas personas asocian a algunos de ellos a un partido de manera correcta.
Si menciono los partidos, sin indicar cual es su candidato, menos saben cómo son las correspondencias de partidos y candidatos.
Me he topado gente que postula personas como si fueran candidatos para esta campaña que viene, dentro de un partido, por el reconocimiento que tienen de las discusiones que se publican de dirigentes o activistas políticos de esos partidos peleando entre sí.
2.- ¿Cuándo inicia la actividad política electoral?
A esta pregunta siempre respondo que la actividad política electoral no se acaba con la finalización de un proceso electoral, y con la integración del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Les digo que la actividad política es permanente, no se acaba, todos los días se realiza, desde distintos ámbitos. Respondo que al terminar la campaña electoral y nombrar las autoridades de gobiernos, al instante mismo, los principales partidos políticos que participaron en las elecciones quedan embarazados para la siguiente. Los dirigentes, los activistas políticos y personas destacadas que van a ocupar puestos en la administración pública, por el partido que gana la presidencia y los partidos que eligen representantes populares, se concentras en sus actividades de gobierno. Una parte de ellos con imposibilidad de actuar y manifestar sus opiniones partidarias o de actuar favoreciendo sus partidos políticos porque constitucional y legalmente tienen prohibido hacerlo. Los que no van a gobierno ni fueron electos, inmediatamente se empiezan a articular para el siguiente proceso electoral y hacen cálculos electorales de las posibles oportunidades que les pueden tocar.
Una regla que tiene la política es que en la política no hay espacios vacíos. Todos los espacios se llenan.
3.- ¿Se debe participar en política?
Mi respuesta es categórica. Si, se debe participar en política. Es un deber ciudadano, es un derecho ciudadano. En la participación está la posibilidad de influir en las acciones políticas que se toman. Quienes me hace esta pregunta, generalmente me dicen que están desilusionados, porque no se sienten satisfechos con los resultados electorales y lo que esperaban de ellos.
Siempre respondo que todos los días se toman decisiones políticas que nos afectan positiva o negativamente, que son las decisiones de las acciones políticas que se toman o deciden desde la Presidencia de la República, desde la actuación de los Ministerios y desde la Asamblea Legislativa. Les recuerdo que a nivel cantonal también sucede lo mismo. De esa forma la política, las acciones políticas se meten con uno, se meten con nosotros, nos gusten o no esas decisiones. Por eso, si la política se mete con uno, uno debe meterse en la política. Esta es otra regla de la vida política. Y la forma de meterse organizadamente es actuando desde un partido político.
4.- ¿Las elecciones dan poder político?
Esta es una pregunta más difícil de responder. Dan poder de gobierno, de administrar, de dirigir las instituciones públicas con algunas y fuertes restricciones en muchos casos, por las instancias creadas a su interior que también frenan, a modo de pesos y contrapesos, las decisiones que se quieren impulsar.
El poder político no está totalmente concentrado en los órganos de gobierno, como son el Poder Ejecutivo, con sus Ministerios, o en la entramada institucionalidad pública, porque alrededor de estas estructuras, operan una serie de presiones políticas que pueden determinar el rumbo de esas instituciones o influir directamente para la toma de decisiones. Son las presiones y participaciones que se realizan desde el ámbito de las organizaciones empresariales, de las instancias del poder económico nacional, de las organizaciones sociales en general, cuando tienen algún grado de presión sobre los actores políticos del gobierno. El Poder Político es también el Poder Económico Nacional. Cómo se articule esta relación así se puede definir el Poder Político real, ¿de qué lado se encuentra, a quién satisface y representa? Hoy en esta estructura del Poder Político también actúan las fuerzas internacionales. Lo vemos en el actual gobierno sometido a las decisiones de la Casa Blanca, la Casa Presidencial de los Estados Unidos.
La parte económica del Poder Político permite definir a qué sectores económicos y sociales se favorece más, por ejemplo, a importadores o exportadores, a los productores nacionales o a los extranjeros, al capital nacional o extranjero, a las zonas francas, a los sectores nacionales de la industria, la agricultura, el comercio y las actividades de servicios, a la salud y educación pública o privada, al mantenimiento o debilitamiento de las políticas sociales y de asistencia social de los sectores más pobres, si se fortalecen más las políticas privatizadoras o no de toda la actividad pública e institucional, entre otras cosas.
5.- ¿Es válido abstenerse de votar en las elecciones?
Votar en Costa Rica, siempre respondo, es un derecho y un deber ciudadano, pero no es obligatorio, como en otros países, que se establecen sanciones para los que se abstienen de votar.
Lo importante, respondo, es que los abstencionistas no definen nada del proceso electoral. Las elecciones se definen con los que participan directamente expresando su voluntad electoral votando por un partidos o por candidatos de la simpatía de votante.
También digo que hay dos tipos de abstencionistas. Los que del todo no se presentan a votar y los que presentándose a las urnas se abstienen de dar su voto a un partido o a un candidato y los que votando en urna anulan su voto, porque no le simpatiza ningún partido, ni ningún candidato.
El punto determinante es que los votos nulos y en blanco no cuentan para el resultado electoral. Tan solo se toman en cuenta como una cifra electoral sin peso en el resultado, porque el resultado se produce por los votos emitidos considerados válidos.
Si los votos emitidos en blanco, abstencionistas reales, o nulos, que rechazan todos los postulados, partidos y candidatos, se tomaran en cuenta para el porcentual final de las elecciones, estos votos podrían tener una fuerza política, porque obligaría a los partidos a convocar con más fuerza a los electores para poder asegurar el 40% para definir una elección en la primera convocatoria, y hasta para definir mejor la segunda vuelta electoral, con los dos partidos que logren llegar a ella.
Incluso podría provocar un llamamiento político para votar contra todos, para deslegitimar a profundidad a quienes puedan quedar elector y obligarlos por esa vía a acuerdos políticos nacionales importantes.
Finalmente, les digo a esos abstencionistas, que en el fondo ellos votan, con su abstencionismo por el que gana, cualquiera que sea. Su abstencionismo los lleva a aceptar cualquier ganador sobre la base de que cualquiera de ellos le puede deparar algo ese abstencionista. Por eso, entre otros factores nuestros procesos electorales al final son muy tranquilos, y son procesos electorales aceptados en sus resultados por todos los que participaron votando y por los que del todo no participaron, absteniéndose de ir a votar o de ir a emitir su sufragio en blanco o anulándolo.
6.-. ¿Es válido quebrar el voto, votar por el candidato presidencial de un partido y votar por los diputados de otro partido?
Es absolutamente válido. Se da naturalmente en el proceso electoral. En los últimos tres procesos electorales hemos visto esta situación. El Partido Acción Ciudadana, que ganó las elecciones del 2014, y 2018, y el Partido Progreso Social Democrático, que ganó con el presidente Rodrigo Chaves las elecciones del 2022, no pasaron de elegir 13 diputados de los 57 que tiene la Asamblea legislativa, lo que los hizo gobiernos débiles, sin músculo político parlamentario para su gestión de gobierno.
Siempre les respondo a quienes así me interrogan, que lo correcto es dar el voto completo a un partido, con su candidato presidencial y sus candidatos a diputados, justamente para dar la posibilidad de un mejor gobierno.
Pero, la quiebra del voto que se hace es en cierta forma para fortalecer el poder de control político que tienen los diputados sobre el Poder Ejecutivo y sobre toda la administración pública. Esto probablemente se siga dando. Por eso es la desesperación del presidente Chaves de llamar a sus jaguares a lograr 38, 40 a más diputados, para poder tener el músculo legislativo que daría un poder político más efectivo, para hacer o deshacer institucionalmente lo que se proponga un presidente.
7.- Me preguntan, ¿qué es más importante para mí, la elección presidencial o la de diputados?
Las dos son igualmente importantes. Sin embargo, desde el accionar político más importante es la de presidente porque es donde se toman las decisiones y acciones políticas diariamente desde todas las instituciones del Estado y de la Administración Pública, que nos afectan positiva o negativamente, según las percibamos. Una decisión sobre alza de salarios y pensiones, congelamiento o no de salarios y pensiones, sobre crédito público, sobre becas y subsidios estudiantiles, sobre crédito para los productores nacionales etc., se toma desde el Poder Ejecutivo. La toma del poder, en este sentido, es lo más importante para el quehacer político inmediato y debe ser el tema central de un partido que participe con candidato presidencial. Si la toma del Gobierno no es el tema central de la lucha político electoral el partido que así participe es más una tertulia patriótica, un foro de discusión, o un grupo de amigos que se reúne para reflexionar de cualquier cosa menos de Política. Un partido político en un régimen y un sistema democrático que participa en elecciones lo hace para gobernar, para tomar el Gobierno, que es la forma de cómo se toma el poder.
Si solo se piensa en la representación parlamentaria o legislativa como finalidad electoral, no se está ante un partido político con vocación de poder. Se está ante un grupo de ciudadanos que desde el parlamento piensan que haciendo leyes se puede hacer un cambio institucional profundo, una revolución institucional. Será un grupo de ciudadanos o diputados que verán sus curules legislativas como meras tribunas para discursos políticos que se llevan a los oyentes de los debates parlamentarios. Ninguna revolución se ha hecho solo a base de discursos.
La presencia legislativa, para cambios institucionales y reformas profundas, solo es efectiva si al discurso parlamentario se le acompaña con la agitación de su contenido, con la movilización social en su apoyo y con la organización partidaria de los movilizados.
Comentaré en otros artículos otras inquietudes que me formulan.
Si algo nos indicaban los resultados de las recientes elecciones municipales no era solo el arcoíris con el que se colorearán las municipalidades a partir de mayo próximo, sino cómo esa configuración política está expresando un rápido deslizamiento político ideológico del país hacia la derecha y al conservadurismo, por un lado, y al ensanchamiento de las brechas sociales, de las desigualdades y las exclusiones, y, quizás, de peligrosas fracturas territoriales, por el otro; sin que este resultado ni el rumbo en el resto de los escenarios políticos esté marcando ningún giro esperanzador para el futuro del país.
Ese resultado manifiesta la caída tendencial, de largo plazo, del bipartidismo histórico que marcó la alternancia entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, tanto a nivel nacional como provincial y local. De 84 alcaldías, juntos ganaron 49, o sea el 58 por ciento de los municipios. El PLN resultó ser el más castigado, pero el PUSC apenas logró hacer un reacomodo territorial de sus votos para alcanzar 5 alcaldías más que en 2020, pues en número de votos a nivel nacional no creció, sino que perdió más de un centenar de votos. Fue la aritmética local la que le ayudó.
Sin duda, en cada periodo electoral se producen reacomodos que pueden cambiar los mapas, algo parecido a la activación que se observa con los enjambres sísmicos. Pero en esos huecos que van dejando localmente los cambios de las hegemonías cacicales, no emergen salidas políticas que contengan respuestas esperanzadoras a los caldos de cultivo de la descomposición social, ni siquiera remaches a las fracturas y menos frenos al acercamiento acelerado a los abismos. Ni el PLN y mucho menos el PUSC escapan a la derechización política y al conservadurismo. Y las otras opciones que esperábamos más progresistas están estancadas o quizás también en caída.
Ese deslizamiento, casi sin freno, a un abismo de crisis ha sido causado por una intensa acumulación de tensiones sociales, de los cuales situaciones como el aumento de la desigualdad y de la pobreza, la delincuencia y la inseguridad, la desconfianza social en las instituciones son sus irrupciones en la superficie. Pero esa misma crisis expresa un deterioro de la conciencia cívica, de la crítica y de la rebeldía social frente al statu quo.
Nos falta preguntarnos sobre la (re) configuración territorial del poder y de la dominación en Costa Rica a partir del juego de fuerzas en la escala local. Para eso habrá que leer lo que ocultan las banderas que colorearán a cada municipalidad, pero también más allá y, sin caer en maniqueísmos ni determinismos, conjeturar un poco sobre el movimiento de las dinámicas locales. No hay leyes físicas para explicar esto y nos falta investigación social sobre esos escenarios.
También posiblemente las banderas nos dirán muy poco, sobre todo porque el abstencionismo tiene una oculta que no sabemos cómo colorear. Pese a que alcanzó el 68 por ciento, la estadística electoral en vez de colorearlo, lo sombrea bajo el sofisma de la poca conciencia y compromiso cívico de los abstencionistas. Los abstencionistas, creo yo, nos están diciendo otras cosas y quizás son evidentes, pero eso no estuvo ni está en la agenda de los partidos. Algunos apostaron por mantener el abstencionismo a raya y moverse dentro de círculos de electores manipulables.
Todo lo anterior es la expresión no de una sino de múltiples fracturas. Estamos viviendo sobre un enjambre socioterritorial que políticamente no se termina de acomodar, pero como en la sismografía se van acumulando tensiones y generando simultáneamente una liberación de energías que podría ser gradual o llevarnos a una catástrofe. También no podemos obviar que la cartografía política posiblemente esté expresando las distorsiones de la fragmentación derivada de la división territorial por cantones, cosa que no parece solucionarse en breve pues abundan caudillos locales con sueños imperiales y diputados que convierten la creación de nuevos cantones en moneda de cambio.
En fin, como mera especulación final agrego que quizás debamos seguir preparándonos para otros posibles nuevos remezones, la rebatiña que está protagonizando el refrito que nos gobierna apenas parece anunciarnos que todavía tendremos que ver mucho más de aquí a las próximas elecciones.
(*) Sociólogo, comunicador social e internacionalista.
Síntesis: La utilización del votante costarricense cada cierto tiempo por nuestras élites para legitimar el poder desencantó a los sufragantes en las pasadas elecciones municipales. Las comunidades parecieran que reclaman nuevas formas de participación democrática, responsabilizando de paso a tres partidos por el ambiente de narcotráfico, sicariatos, lavado de dinero y la descomposición generalizada del país.
I-. La fiesta democrática: Él bajó del BMW doble tracción, los aros del vehículo lucían relucientes, las llantas eran nuevas y sus múltiples banderas a los lados del automotor estaban colocadas con delicadeza y estratégicamente. El candidato a la alcaldía josefina parecía más un actor de cine clásico y no un postulante a la comuna más numerosa del país y más polémica por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencia, “puertas giratorias” etc. A su paso entre los presentes dejaba en el ambiente un aroma a madera fina, sugiriéndonos que estábamos frente a una figura conocedora de esencias francesas, propias para esparcir en una ocasión tan especial, presente solo cada cuatro años.
Lo innegable es que, bajar de un vehículo de alta gama siempre capta la atención, máxime sí quien baja del carro tiene consolidado el aire de “jefe” o “mando” conseguido solo con los años en un puesto y la experiencia alcanzada por los embates y polémicas superadas. Su camisa asedada a rayas verticales, sus anteojos oscuros – estilo francés -, zapatos negros de cuero de vaqueta; amén de la numerosa comitiva que le seguía dentro de cuatro “toyotonas” (yo conté veinte personas entre simpatizantes, agentes de seguridad, cimarrona y fotógrafo oficial bajando de esos carros, pero quien me acompañaba insiste que eran cuarenta), sin duda alguna nos refería hacia un postulante presidencial y no a una alcaldía.
Los votantes a esa hora de la tarde estaban animados por cumplir con su “sagrado” deber de sufragar en el llamado Colegio Nuevo (Liceo Edgar Cervantes) en Hatillo centro. Seguramente experimentaron en lo más profundo de su ser el “pedacito” de territorialidad con que nuestro Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) promocionó por radio, periódicos, tevé y redes sociales las elecciones municipales del cuatro de febrero reciente y la “fiesta de la democracia” costarricense.
La mujer candidata a la alcaldía, a quien de entrada daban como segura perdedora, ya había recorrido el sitio, eso sí, con un semblante de satisfacción por el deber cumplido, saludando gente con un vestido amarillo y acompañada de unas niñitas. Percibí que ella también disfrutaba como hacían quienes estaban fuera del colegio esta maravillosa “fiesta democrática” multicolores y llena de toldos de todos los tamaños, banderas, “guías”, pitoretazos, música parrandera etc.; todo encaminado a un mismo fin: ¡somos democracia carajo!
Sin embargo, el “otro” aspirante, encontró en la presunta corrupción dentro de la comuna josefina su caballo de batalla para “pelear” por la alcaldía y contra privilegios “recetados” con los dineros de todos los contribuyentes, según había denunciado. Como hijo pródigo echado de la casa por sus padres por “mal portado”, llegó a pie al colegio, no sin antes cargar una enorme bandera morada, que más parecía venía del estadio, aunque, a decir verdad, sacó bastantes aplausos entre los presentes; ignoro sí se debió a los saprissistas presentes allí identificados por los colores morados, o por leales a la agrupación surgida a pocas semanas antes de las elecciones municipales.
¡Nuestra democracia es bella!; me comentaba Marielos, la guanacasteca acompañante este día de elecciones, mientras nos dirigíamos de regreso a casa en su “raspa” Chevrolet de 800 c.c “made in Brazil”.
Retos enormes esperan a las autoridades municipales a partir del próximo 1 de mayo, si quieren combatir el abstencionismo (Foto: Semanario Universidad).
II-. Más dinero para la fiesta. Cuando el próximo primero de mayo los alcaldes, regidores y síndicos asuman por cuatro años sus puestos en sus respectivas jurisdicciones, posiblemente tratarán de encontrar el “frio debajo de las cobijas”, responsable de “resfriar” a casi siete de cada 10 votantes en dichos comicios municipales. “Indiferencia”,” desinterés”, “frialdad” –repita el nombre deseado acuñado por nuestros opinólogos – que se traduce en abstencionismo.
Obligados por los números y las mesas escrutadas, quienes desde la Constituyente de 1949 tuvieron carta blanca para convertir la democracia en auténticas “maquinarias electoreras”, no tienen ahora empacho alguno en reconocer como los partidos cantonales levantan su voz reclamando “sentido” de pertenencia. Unir las elecciones generales con las municipales, seguir “macheteando” el territorio inventando cantonatos, imponer multas a quien no vote, etc., son algunos de los paliativos desgranados contra el abstencionismo.
Sin embargo, la vieja práctica de listas de candidatos a munícipes, a diputaciones, a magistraturas, presidentes de la república etc., confeccionadas en las alturas de las élites, paradójicamente, pareciera que desde el inicio de la década de los ochenta golpeó con más dureza este “sentido de pertenencia” desprendido de los partidos políticos cuyos líderes se apropiaron del relato de “después de nosotros no hay democracia”.
Cuando, en realidad, la democracia como vivencia va más allá de la experiencia partidaria y, en el caso concreto de las comunidades, tiene que ver mucho con valores morales y éticos, identificación con los padecimientos comunitarios a raíz de las políticas neoliberales como la falta de agua, educación, habitación, desempleo, inseguridad; por encima de sí se es candidato a un puesto de elección popular por la condición de ser mujer o varón para llenar un requisito legal, tiene una cátedra, aspira en razón de edad, condición física o preferencia sexual.
Provincia
Total
Hombres
Mujeres
San José
1 170 818
569 124
601 694
Alajuela
700 531
352 544
347 987
Cartago
418 485
207 171
211 314
Heredia
365 583
179 076
186 507
Guanacaste
268 431
134 987
133 444
Puntarenas
342 368
174 257
168 111
Limón
304 591
155 488
149 103
Total
3 570 807
1 772 647
1 798 160
Fuente: TSE.
Las proyecciones del TSE siempre fueron que, en treinta seis de los ochenta y cuatro cantones, el partido político ganador de alcaldías en dos mil veinte, las perdió en los comicios de febrero de dos mil veinticuatro. Lo interesante, es que, de esas treinta y seis jurisdicciones, tres alcaldes llegan al puesto con un partido distinto del que se sirvieron en dos mil veinte.
Otro dato no menor es el de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), con el mayor número de intercambio de alcaldes electos entre sí, respecto a dos mil veinte. Ambos partidos, responsables del desmantelamiento del llamado “estado social” desde 1982 – durante ocho años, de 2014 a 2022, el PAC se unió a los dos primeros – pareciera tratan de regresar a sus fueros en 2026 con un discurso anti Ejecutivo, pero que en el fondo no es ninguna “oposición” a un “gobierno corporativo” concentrado y gerencial, siendo los tres partidos corresponsables directos para que el presidente Rodrigo Chaves siga la ruta por ellos trazada. ¿Quiénes iniciaron el relato del “derrame”? ¿Quienes promovieron el negocio de las empresas de seguridad privada como alternativa a la seguridad ciudadana? ¿Y la privatización de muelles, carreteras, educación, etc.? ¿Cuántos garrotazos fiscales recetaron a los trabajadores durante sus gobiernos?
Sí hay que reconocer, empero, a esta gente aglutinada alrededor de los tres partidos citados, como dejan a veces la sensación muy “creíble”, junto a unos pocos “progres”, de que ahora hay “oposición seria” a un gobierno “autoritario”, “arbitrario”, “machista” etc., como sí todo es cuestión del gobierno de turno. Es decir: usted vota por nosotros en 2026 y se terminó la sumisión al Fondo Monetario Internacional, a la comandante Laura Richardson del comando sur de los Estados Unidos, los ajustes fiscales serán cosas del pasado, la educación gratuita y obligatoria aquí está, hay comida tres veces al día como derecho humano para todos quienes habitan en el país, sí vota por nosotros. No hay un solo gobierno desde la firma del Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAE 1) que no haya “garroteado” el bolsillo de los trabajadores, del campesino, negado derecho a los jóvenes a educarse o tener un salario digno, etc.
De esta manera, la pérdida del “sentido” de pertenencia a los partidos neoliberales configuró que agrupaciones, en algún momento ideológicamente autodefinidas socialdemócratas, “independientes” (del pueblo) y socialcristianos (esa era su estrategia contra el comunismo y el socialismo), obtuvieron las mismas “censuras” electorales, respectos a otros países de América Latina. La dicotomía ética y moral a esos partidos se traduce en la mayoría de nuestros países – el nuestro no escapa- en la responsabilidad histórica con que bajo sus gobiernos los narcotraficantes, el crimen organizado, el lavado de dinero, el sicariato y, la corrupción en general, montaron verdaderos “estados paralelos” desde México hasta la Patagonia.
De momento, nuestras elites, empeñadas en impulsar lo que, en algún momento el papa Francisco llamó, “capitalismo salvaje”, desde ya ven diversos escenarios para los comicios generales de 2026. No se trata ya de la defensa de principios contra todo injerencismo en los asuntos de otros países, la defensa del “bien común” como norte de nuestra sociedad y aspiración de convivencia social, entre otros postulados totalmente válidos en la democracia que se vislumbra en el orbe para los próximos 30 o 50 años, sino es de, “salvase quien pueda”. Esta es la alternativa única para Costa Rica ofrecida por los alumnos de Milei, quienes empiezan a vender su relato en la Asamblea Legislativa, la academia, redes sociales etc.
En el contexto de “censura” dejado por las recientes elecciones municipales, el excandidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, acaba de ofrecernos una “radiografía” de cómo nuestras élites se agitan mirando la proximidad de 2026. El también empresario bananero analizó en amplias declaraciones a La Nación el “descalabro” del PLN en las municipalidades y dijo: “Estamos hablando de una coalición para la próxima campaña, no estamos hablando de una coalición para toda la vida”, (La Nación, 13/2/2024, pág. 5).
III. Democracia, partidos y “lavanderías”: El pasado 9 de febrero no hubo medio de comunicación en México desinteresado en el salto dado por Francisco Cienfuegos, líder del corrupto Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la asesoría de campaña de la candidata presidencial ultraconservadora, Xóchitl Gálvez, con efecto rebote en Costa Rica.
Cienfuegos fue diputado por el PRI antes de llegar a las tiendas de Gálvez, conocida ficha del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos dos partidos durante más de treinta años saquearon a México, vendieron instituciones estatales y empresas públicas e hicieron de la inmoralidad una manera de vivir, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisamente, a Cienfuegos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) empezó a investigarlo por miles de millones de pesos mexicanos, dólares y euros, supuestamente desviados a bancos de 15 países, en que, ya se hizo común, aparece Costa Rica.
UIF informó que abrió una investigación en contra del exdiputado quien es señalado por supuesto manejo irregular de recursos.
Bancos de países “paraísos fiscales” entre los que está Costa Rica recibieron dinero mexicano. (Imagen: Notiver).
Sin embargo, siendo justo, con financiamiento de todos los costarricenses, adelantado o atrasado, las “ayuditas” económicas a los partidos políticos mediante “donaciones” y otros mecanismos privados ni es nuevo ni acabará con comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. Basta que usted no sea designado oficialmente candidato presidencial para recibir el dinero que quieran donarle para cuando sea candidato oficializado.
No obstante, el fenómeno del financiamiento privado a los partidos políticos, así como la relación que hacen con el narcotráfico y el lavado de dinero viene de vieja data.
Un jueves santo de 1985 el narcotraficante mexicano, Rafael “Caro” Quintero, así como su comitiva financiera, guardaespaldas y hasta su novia, pasaron por el aeropuerto como “Pedro por su casa”. Casi de inmediato compraron inmuebles de lujoso, cuyo dinero procedente, obviamente, de las drogas, a nadie se le ocurrió calificar de blanqueo o “lavandería”.
“El Narco de narcos” vivió una vida de lujos durante tres semanas en suelo tico luego del vuelo directo durante siete horas de México –San José y un costo de cerca de $ 10.000.(La Nación 15/7/2022).
¿Por qué sí, ¿Quintero a esa fecha en su natal México no tenía la mejor reputación, no tuvo mayores problemas migratorios en San José? Es evidente que ello no ocurriría porque ya existía algún grado de coordinación en Costa Rica, en alguna alta esfera. ¿Qué relación había con antelación entre los propietarios de los bienes vendidos a Quintero, así como con los profesionales que aconsejaron al visitante invertir aquí en casas y tierra, junto a quienes tramitaron los traspasos de los inmuebles? ¿A qué banco transfirió dinero Quintero para cerrar sus negocios? ¿había hecho Quintero transferencias a ese o esos bancos, o fue la primera vez? Y la pregunta del millón: ¿Por qué su expulsión del pais se hizo en tiempo récord? Nadie protestó ni acudió a la vía judicial por tan extraña expulsión.
Una firma, denominada Ocean Hunter, según el periódico “Tiempo” de Colombia, con problemas por drogas, en 1985, había financiado con $ 20.000 la campaña electoral de quien aspiraba a la presidencia de la república de nuestro país. El donativo, reseñó el periódico en su edición electrónica del 2 de febrero del 1992, al ser las 12:00 horas, habría ocurrido durante un viaje del político costarricense a Miami, La Florida. (Fuente: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-26636.
Otra perla: ¿Qué autoridad o quiénes en Puntarenas, permitieron a alguien señalado como jefe de una poderosa banda de narcotraficantes que se adueñara de muelles en Puntarenas, a vista y paciencia de todo mundo, para mandar cocaína a USA, México y Guatemala?
Según La Nación, este supuesto empresario de la pesca se conocía en la zona como Antorcha y se adueñó de dos muelles en Fray Casiano y El Roble de Puntarenas para trasegar cocaína entre suelo suramericano, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos. Simulaba intervenir en la actividad pesquera y, junto con otros sujetos, reclutaba a pescadores para el traslado de droga. (https://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/policia-detiene-a-siete-personas-ligadas-a-banda/FVD5RLBIIRCOPANL3QNMF7NDNA/story/).
Son informaciones públicas y notorias de cómo el narcotráfico no pierde el tiempo para intentar infiltrar alcaldías, municipalidades, gente y aprende rápido a “blanquear”, “lavar” y otros oficios sumamente dignos en otros tiempos.
¿O existe “generación espontánea” en materia de narcotráfico y sicariato?
IV. Desde la óptica de los trabajadores.
Miles de agricultores en el “jardín” de Borrel luchando en Francia, España, Bélgica, Alemania, Polonia etc., para sobrevivir ante la vorágine del mercado globalizado; en África un creciente número de países resistiendo el nuevo proceso de “recolonización” proveniente de sus antiguas naciones “protectoras”, mientras en América Latina millones de trabajadores y trabajadoras con tres y más décadas tienen sus salarios congelados, están sin vivienda, fueron despojados del derecho a la salud, a la educación y pende sobre ellos la amenaza de la cárcel si protestan. Es el decorado innegable del supuesto “desarrollo” del neoliberalismo, que no es “neutral” y pertenece a un nuevo modelo de producción esclavizante.
Como escribió la investigadora y economista, Zoe Medina Valdés, en un brillante ensayo en la revista “Red en defensa de la humanidad”: “las teorías del desarrollo han sido difundidas en un contexto globalizado, altamente ideologizado, con un elevadísimo grado de monopolización en casi todas las esferas de la vida humana. En este marco se ha promovido un pensamiento homogenizante que facilita la dominación imperialista, en la medida que convoca a todos los países a encauzarse hacia un mayor nivel de desarrollo, independientemente de las grandes brechas existentes a nivel internacional» (Fuente: “Globalización y problemas del desarrollo”).
Para los trabajadores, no importa el sitio donde hayan nacido, es el momento de aportar proyectos realistas de participación en todos los ámbitos de sus sociedades y comunidades, tendientes a recuperar la historia y la dignidad de sus pueblos, por eso son peligrosos y pasan de ser víctimas del modelo a victimarios de quienes, supuestamente, no esclavizan, sino quieren “desarrollarnos”.
Ya no se trata, pues, como décadas atrás, de “respuestas contestarías”, “resistencias”, en espera de la aparición de un “salvador”. Ahora, la necesidad urgente es, incorporar estudiantes, obreros, pensionados, amas de casas, profesionales, intelectuales y campesinos, entre otros, a un proyecto alternativo de verdadera participación democrática, defendiendo la paz, la ro injerencia en los asuntos de los demás y convivencia humana y creíble. En pocas palabras: convocar a desideologizar un proyecto económico-político unipolar, autoritario y esclavizante, al servicio del creciente nazi-fascismo en todos nuestros países, del que no escapa Costa Rica, aunque nos tapemos los ojos. Precisamente nazismo y fascismo actúan como brazo político del actual modelo de “desarrollo” en las peores causas, con tal de perpetuarse a sangre y fuego, sin importar el holocausto de niños, mujeres o ancianos.
Por tanto, en el contexto actual, resulta positivo, que ya no se trate, de sí hay crisis en la socialdemocracia, no interpretan bien las encíclicas cristianas, sí usted es socialista, comunista, pentecostal etc. No. El asunto es más profundo, y es si, se desencantó por el agonizante viejo orden unipolar y expresó su desinterés en las elecciones de su comunidad, acuda al llamado del mundo que se abre paso frente a nuestras narices y lo vemos todos los días en las bases del barrio. Es el pasado frente al futuro, la inmoralidad asustadiza huyendo de la moral que rescata la dignidad de la persona, a fin de levantar el puente, la escuela cayéndose, la gente del pueblo viviendo en la calle, porque descubres que al capitalismo rapaz le importa un bledo estos ciudadanos.
Lleva razón el analista del Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales y el Círculo Bolivariano Yamileth López, Oscar Barrantes Rodríguez, cuando en un amplio artículo en enero de 2024, planteó: “Vivimos los momentos cruciales del cambio de época. La transición y abolición de un mundo lóbrego y sumido en el dolor de la expoliación colonial, neocolonial e imperial – globalista. Del unipolarismo y exclusivismo racial – clasista del poder, al multipolarismo universal y sostenible, apuntalado en relaciones entre los pueblos de respeto e igualdad soberana”.
En esta línea de trabajo, el exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, planteó que «Para derrotar a la ultraderecha, las izquierdas deben ser radicales».
Álvaro García Linera, Buenos Aires, 2020. (Ariel Feldman).
Está claro que esa inestable oscuridad es el momento para la entrada en escena de las ultraderechas más monstruosas que, en cierta medida, son consecuencia de los límites del progresismo. En la nueva etapa, Linera plantea que el progresismo debe apostar por una mayor audacia para, por un lado, responder con responsabilidad histórica a las demandas profundas que se encuentran en la base de la adhesión popular y, por otro, neutralizar los cantos de sirena de las nuevas derechas. Esto implica avanzar en reformas profundas sobre la propiedad, los impuestos, la justicia social, la distribución de la riqueza y la recuperación de los recursos comunes en favor de la sociedad. Sólo así, empezando por resolver las demandas económicas más básicas de la sociedad y avanzando en una democratización real, plantea Linera, se podrá volver a confinar a las ultraderechas a sus nichos. ( Fuente: https://surcosdigital.com/para-derrotar-a-la-ultraderecha-las-izquierdas-deben-ser-radicales/).
Queda patentizado, por otra parte, como en América Latina, la” aspiración democrática”, sintetizada en elecciones como las conocemos y practicamos (desde un aspirante a síndico, pasando por alcaldías, diputaciones o gobernantes) pasa por algo que nuestras oligarquías encargan y entrenan a sus altas y medias burguesías: el acceso directo de los dineros del pueblo como “poder” absoluto para su “administración”.
Las “rendiciones de cuentas” de estos clanes son escasas, “maquilladas” o simplemente basadas en el MIM latinoamericano del que forma parte el grueso de nuestras clases políticas: Miedo, ignorancia y mentiras. Sí no callas, no mantienes en la gente en el error y no mientes, olvídate de tu feudo, tu pensión de lujo, del salario sobre salario, las bonificaciones, los ascensos, becas al exterior, la diputación, el carro con chofer, gasolina pagada por otros… Serás escoria.
La crisis en nuestras sociedades, decía un día de estos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “es de autoridad moral”. Cómo un conservador (refiriéndose a los neoliberales) que facilitó a otros o él participó en el saqueo del país y hacía creer que sí aumentábamos salarios no creceríamos económicamente, tiene ahora moral para luchar contra la corrupción, sí ellos eran los corruptos sostenidos con el dinero del pueblo.
Elecciones municipales todo un campanazo desde 1949.
*Estudios en geopolítica y petróleo por la U del Zulia, periodista, abogado y notario por la U.C.R.
Se sigue insistiendo en crear más cantones por parte de los diputados. Cuando se propone un nuevo cantón se hace sobre la base de un distrito que pertenece a un cantón, que se quiere independizarlo y darle fisonomía propia, como cantón. Ello significa una segmentación del cantón, con los efectos negativos que tiene para el mismo, y su municipalidad, como ente administrador, junto con su alcaldía. Se le reduce territorio, se le resta recaudación de impuestos y de ingresos por las actividades productivas, o turísticas, que muchos distritos y cantones tienen; se generan nuevas opciones y problemas alrededor de la prestación de servicios públicos cantonales, como la base económica necesaria de arranque para el nuevo cantón donde tienen que asumirse esos gastos municipales.
Los nuevos cantones exigen, de igual manera, un presupuesto especial porque requieren construir instalaciones propias del Concejo Municipal y de las alcaldías que les correspondería, con la contratación de personal, que le sería también necesario a cada uno de estos nuevos cantones, con sus respectivas municipalidades, porque estarían empezando desde cero.
En el picadillo cantonal que están haciendo los diputados no toman en cuenta las normas legales que existen para crear cantones, como es la Ley de la división Administrativa de la República, que señala los pasos para la creación de cantones, entre ellos un mínimo de población, equivalente al 1% de la población nacional, que sería una cifra aproximada a los 50.000 habitantes. Se han creado cantones que tienen 5.000 habitantes.
En 1848 se creó la división territorial de Costa Rica, con provincias, cantones y distritos. En aquel momento se establecieron solo 5 provincias, San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste. Puntarenas y Limón se desarrollaron primero como Comarcas y, luego, como Provincias, proceso que culminó en 1909.
En la Administración de Alfredo González Flores, 1914-1917, los distritos de Lepanto, Cóbano y Paquera, ubicados en la Península de Nicoya, se agregaron al cantón de Puntarenas, distritos que ahora se quieren convertir en cantones, cada uno de ellos, de la Provincia de Puntarenas.
Desde 1848 hasta 1980 se fueron segregando, al interior de las provincias, sus cantones para crear nuevos cantones. Así llegamos en 1980 a 81 cantones, cuando se creó el cantón de Garabito. Desde el 2017, en estos últimos siete años, se han creado 4 cantones, Río Cuarto, en el 2017, separado del cantón de Grecia; Monteverde, en el 2021, separado del cantón de Puntarenas; Puerto Jiménez, en el 2022, separado del cantón de Golfito y, en trámite positivo, en estos días, en la Asamblea Legislativa, de separación del cantón Abangares el nuevo cantón de Colorado.
En el picadillo nacional, que quieren los diputados, están en trámite, de proyectos de ley, de creación los siguientes nuevos cantones: San Rafael de Alajuela, que se le daría el nombre de Cantón de Ojo de Agua; el de Peñas Blancas, que se segregaría del cantón de San Ramón; el de Jicaral, de Puntarenas, el de Cóbano y el de Lepanto, ambos de la provincia de Puntarenas, y el de Tucurrique, que se segregaría del cantón Jiménez, de la provincia de Cartago.
Pareciera que los diputados no consultan al Instituto Nacional de la Estadística y Censos, al Ministerio de Planificación Nacional, a la Comisión Nacional de División Administrativa, así como también podría consultarse a las Escuelas de Geología y Geografía, de la Universidad de Costa Rica, y de la Universidad Nacional, que podrían dar sus aportes en este sentido.
Los mini cantones que están en trámite son iniciativas de diputados que parten básicamente del criterio de que las municipalidades no atienden debidamente las necesidades de los distritos, que se quieren segregar como cantones, lo que evidencia realmente una mala administración municipal, que puede corregirse, con una mejor coordinación, con voluntad política, al interior de los Concejos Municipales y las Alcaldías.
En algunos de estos casos los distritos, que se propone crear como cantones, tienen Intendencias y Concejos distritales, como autoridades superiores del Distrito, que son también minúsculos órganos de poder político, que tienen representación popular. Las Intendencias tienen autonomía financiera y capacidad para gestionar recursos públicos. Estas Intendencias, generalmente, las pocas que existen, siete en el país, tienen problemas presupuestarios y de gestión con las municipalidades a las que pertenecen.
La tendencia de los diputados, por ahora, es convertir las Intendencias en cantones. La creación de cantones es potestad de la Asamblea Legislativa. Al interior de ella se necesita un acuerdo de al menos 38 diputados para crearlos.
Recientemente, de manera pública, la Ministra de Planificación, Laura Fernández, ha llamado la atención sobre esta partición del territorio nacional, preocupación que comparto. Para ella, con reformas parciales a la legislación municipal se resolverían problemas que se aducen para impulsar los nuevos Cantones.
De seguir así, ¿hasta dónde vamos a llegar en esta partición territorial?
Hay que abrir un gran debate nacional sobre la Planificación y la División Territorial del país. En esta discusión hay que considerar la necesidad de dividir provincias, para crear nuevas provincias, más que para crear nuevos cantones. Hay regiones provinciales que requieren una mejor definición territorial, que no implicaría crear estructuras de gobierno provincial, como sí se necesita cuando se crea un nuevo cantón.
En la Planificación Nacional hay seis regiones socioeconómicas. En época del Presidente Daniel Oduber, 1974-1978, se habían establecido otras regiones: Central, Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Atlántica y Norte. La Región Central, a su vez, algunos la dividen en Central Norte, Central Occidental, Central Oriental y Central Sur.
En el gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982, se estableció la regionalización, propia del Ministerio de Economía: Brunca, Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central y Chorotega. La Región Pacífico Central que fue absorbida por la Región Central y se establecieron 22 subregiones.
En el gobierno de Luis Alberto Monge, 1982-1986, se recuperó la Región Pacífico Central y se eliminaron las 22 subregiones con sus respectivos consejos subregionales, división que se mantiene hasta el presente.
El gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier estableció como regiones a las provincias de Heredia y Cartago, que luego fueron eliminadas.
Estas regiones se hicieron considerando criterios de desarrollo y social, así como factores políticos, sociales y económicas. En cada una de estas regiones se comprendieron cantones de diferentes provincias. Del mismo modo, los ministerios tienen sus propias divisiones regionales. Así, por ejemplo, el de Educación tiene 33 direcciones regionales; el de Salud tiene 27 direcciones regionales; el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene 11 direcciones regionales.
El desarrollo de las regiones, en la Administración Pública del país, supuso que las provincias eran anacrónicas, por las deficiencias de comunicaciones, transportes y por las necesidades de la economía de base agropecuaria, y por la desigualdad cantonal existente. La regionalización actual obedece a estudios y criterios geográficos, de geofísica y socioeconómicos.
Hoy las provincias no tienen autoridades provinciales como existieron hasta 1998, con los Gobernadores y las Gobernaciones provinciales. Una redefinición territorial, con nuevas provincias, no exigiría crear, de nuevo, las gobernaciones y establecer a los Gobernadores.
Los efectos prácticos de una nueva redefinición provincial sí podría mejorar la representación popular en la Asamblea Legislativa, y responder mejor a las regiones que la realidad ha impuesto, como las Zonas Económicas Especiales, que plantean mejores estrategias de desarrollo económico, que les dan más dinamismo a esas regiones ya establecidas. En este sentido se han señalado zonas especiales cómo la del Norte, desde San Carlos hasta Upala y Los Chiles; la del Sur, con los cantones de Golfito, Osa, Buenos Aires, Coto Brus y Corredores. La región de Pérez Zeledón y cantones aledaños podrían constituir una nueva provincia; Puntarenas podría dividirse en la parte central norte y central sur de la Provincia; Guanacaste, aparte de algunas particularidades podría comprender los cantones de la llanura y los cantones de la altura guanacasteca. Con Limón se podría proceder igual, considerando los cantones no costeros. Cito estos casos por poner ejemplos.
Creando más mini cantones hay que ponerle más atención, a la propuesta que he venido planteando, de que al interior de las provincias, se establezca por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, potestad y capacidad que tiene por su propia ley constitutiva, regiones de población, que permita electoralmente, a cada una de estas regiones internas, elegir sus propios diputados dentro de la cuota de diputados provinciales que le corresponde a cada provincia. Así se daría una mejor representación política y ciudadana y una más efectiva representación popular. Mejoraría el interés de elección de diputados al interior de cada provincia, y se acercaría más el diputado a sus respectivos votantes.
La distribución regional de los diputados provinciales fortalecería el régimen de partidos políticos, impulsaría el fortalecimiento real de liderazgos y disminuiría, sin dudas, el abstencionismo. Los partidos que a nivel provincial participen fortalecerían sus presencias. Los partidos nacionales se obligarían a escoger mejor sus candidatos a diputados. Las organizaciones sociales y los grupos productores, de los diversos cantones, también pondrían más atención en la postulación que se haga de candidatos regionales, como igual interés pondrían asociaciones de diverso tipo, cooperativas, sindicatos, asociaciones sociales, culturales, feministas, ecologistas etc.
El Tribunal Supremo de Elecciones puede acordar esta nueva forma de elegir los diputados. Tiene la potestad y capacidad legal sin cambiar la Constitución Política para hacerlo. De asumir este liderazgo institucional tiene que hacerlo pronto, porque debe definirse esta forma de elección antes del 1 de enero próximo, del 2025, solo faltan 10 meses, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones haga público el calendario electoral desde el 1 de enero del 2025 hasta el 4 de abril del año 2026, en el supuesto que hay una segunda ronda electoral ese año.
No tendría razón alguna el Tribunal Supremo de Elecciones para no impulsar una reforma como ésta que enriquecería y fortalecería el proceso electoral y democrático. Contra ella solo podría operar el conservadurismo político, las presiones políticas de los partidos políticos, principalmente tradicionales, porque dentro de ellos operarían grupos que controlan, esos partidos, a modo de “sindicatos” o de “mafias políticas” que desearían seguir controlando la selección y posible elección de postulantes a diputados, cuando al interior de estos partidos han desaparecido o se han debilitado, en la toma de decisiones, los organismos superiores de los partidos.
Los concejos municipales, como en el caso de las alcaldías, continuarán siendo feudos dominados en la mayor parte de los cantones del país por el bipartidismo, pero el ascenso de neoliberales y conservadores, junto a la caída de los partidos progresistas y de izquierda, y a la par sin duda de la barrida hecha por el abstencionismo, nos debe alertar sobre algo muy peligroso que comienza a pasar en esta democracia tropical.
La regla del bipartidismo se rompió en aquellos cantones en que otros partidos nacionales, provinciales o locales les disputaron a Liberación Nacional (PLN) y a la Unidad Socialcristiana (PUSC) esa hegemonía. Todo eso matizado o más bien empañado por el elevado abstencionismo que fue de 68,2% lo que convierte a cualquier triunfo en un pírrico resultado con más daño a la democracia que a los adversarios.
La geografía electoral continúa mostrando la reproducción de redes de poder locales, tanto en las zonas urbanas como rurales, basadas en el clientelismo, en relaciones de lealtad y de protección propias de contextos feudales y de servidumbre, y eso fue lo que le permitió a una serie de caciques y apostadores locales lograr una regiduría.
Aunque ganó la mayor cantidad de alcaldías, el PLN sacó casi 60 mil votos menos pare regidores que en 2020, una caída del 23% o de casi una cuarta parte de sus votos. Aunque el PUSC ganó una cantidad mayor de alcaldías también respecto de la elección anterior, perdió casi 7 mil votos para regidores, no le fue tan mal, pero eso no es para alegrarnos porque la versión del PUSC que se levanta de sus cenizas es la más neoliberal de toda su historia.
Los vacíos de poder local están siendo llenados por el neoliberalismo y el conservadurismo, la versión light del viejo Movimiento Libertario, Unidos Podemos, fue la que más avanzó, gracias eso si al derroche de recursos y al manejo de una campaña convertida en el negocio del clientelismo. El Liberal Progresista fue el que más creció pues pasó de casi 5000 votos a más de 67500 en estas elecciones y colocó una buena cantidad de regidores y concejales.
En los virajes de estas elecciones, con menos votos se colaron los evangélicos de Nueva República que perdió casi 15 mil votos y Nueva Generación que reclutó de todo no solo en términos generacionales y recibió unos 10.500 votos menos. Pero no es para nada un dato sin cuidado que dos partidos vinculados o exvinculados al chavismo, como el Social Democrático y Aquí Costa Rica Manda, sacaran cada uno respectivamente 50 297 y 38 258. Por separado juntaron 88 555 votos, más que la cantidad lograda por Unidos Podemos. La crisis de Liberación le está abriendo las puertas al fortalecimiento de las derechas.
Los peores resultados de un partido nacional de reconocida trayectoria se reflejan en el desempeño del Frente Amplio. Si bien logró obtener una simbólica alcaldía en León Cortés Castro, un antiguo bastión liberacionista, el panorama a nivel nacional muestra que, aunque no perdió demasiados votos, tampoco creció según las expectativas que despertaba la imagen pública de su bancada en la Asamblea Legislativa. El contexto político ideológico no es el más favorable a las opciones progresistas, quien crea lo contrario está viviendo otra realidad. Eso requiere entonces revisar muy seriamente la conducción de cualquier propuesta política.
Por eso es importante valorar las estrategias políticas mediante las cuales esa organización y otras fuerzas progresistas encararon estas elecciones. El Frente Amplio no tuvo participación en una gran cantidad de cantones, en otros lo hizo en coalición, pero en algunos se produjeron fracturas en las coaliciones en las que había participado esta organización. Al parecer la política parlamentaria no parece ser el espacio suficiente y necesario para impulsar un proyecto progresista.
Estas elecciones parecen demostrar que el sentido común neoliberal le ha dado frutos a las derechas, mientras que para las alternativas progresistas las cosas podrían haber sido o podrían ser peor en el futuro si no hay un cambio de actitud, de acciones y no nos dejamos de tanta narrativas seudo-renovadoras.
En la mañana asistí a votar al Instituto de Alajuela en donde tuve oportunidad de compartir con ex compañeros de escuela y del colegio, amigos que no veo a menudo.
Vi a muchos jóvenes sirviendo de guías, pero ninguno votando. Me entristece el abstencionismo del 68% y la falta de interés de los jóvenes en temas vitales nacionales.
Me sorprende los resultados locales en donde ganó el partido que expulsó a su candidato quien se postuló por otro partido y nombró a otro candidato. Tres partidos obtuvieron casi el mismo porcentaje de votos. Veo por primera vez a la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones quejándose de los ataques que recibieron y de la injerencia política de autoridades que no debieron tener ninguna.
El partido del que soy cofundador no obtuvo ningún puesto al igual que en las elecciones presidenciales en las cuales por primera vez voté por el candidato de Liberación al considerar al otro desconocido muy peligroso. Muchos de mis copartidarios se abstuvieron de votar ayudando tristemente a que ganara el actual presidente. Esta vez, muchos de ellos votaron por el candidato de Renovemos Alajuela, en mi opinión el mejor de todos.
Me parece que nos falta mucho pragmatismo pues de no ser por la bancada de Liberación, el peligroso presidente estaría libre para consolidar sus nefastos proyectos como vender la Caja.
Hablando de mi partido, un mea culpa pues creo que nos faltó madurez al no apoyar algunos proyectos de la presidenta Chinchilla como la carretera a San Ramón, donde el contrato era legal según algunos conocedores que lo estudiaron. Su propuesta de Reforma Fiscal no era perfecta pero sí perfectible y nos hubiera evitado muchos problemas.
¿Qué sucederá en las próximas elecciones? Me parece que las coaliciones verdaderas con personas afines desde la ética y pensamiento político son la alternativa.
