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Etiqueta: abusos de poder

PILAR CISNEROS: LA DIPUTADA DE LAS 3 P

Marielos Aguilar

El periodista de investigación y escritor MOISÉS NAÍM, preocupado por las nuevas corrientes autoritarias que están amenazando la trayectoria del sistema de pesos y contrapesos en los países democráticos, ha publicado un interesante libro denominado LA REVANCHA DE LOS PODEROSOS: CÓMO LOS AUTÓCRATAS ESTÁN REINVENTANDO LA POLÍTICA EN EL SIGLO XXI. Es una obra que se propone defender el modelo de las democracias liberales occidentales del siglo XX.

Al abrir este texto, es inevitable no pensar en la periodista y diputada PILAR CISNEROS, hoy día representante del partido oficialista que llevó a la silla presidencial al economista RODRIGO CHAVES, ambos ejemplos muy claros del modelo que Naím propone para reconocer a los dirigentes políticos antiliberales de nuevo cuño.

A estos nuevos políticos Naím los denomina con el nombre de LOS AUTÓCRATAS DE LAS 3 P, para resumir la fórmula antidemocrática de la que echan mano. Esos tres elementos son el POPULISMO, la POLARIZACIÓN y la POSVERDAD, una conjunción que les permite ir desmantelando los contrapesos que en una democracia garantizan la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Esos autócratas recurren a estrategias cada vez más notorias: el uso de un lenguaje catastrofista y pesimista para dirigirse al pueblo en general, la caracterización del entorno que nos rodea como caótico y fallido y, en no pocas ocasiones, a manifestaciones de un gran desprecio por el conocimiento y el papel de los profesionales e intelectuales en la sociedad. Instituciones como las universidades y los medios de comunicación son con frecuencia satanizadas. Se trata de fomentar la polarización social agudizando el escepticismo y la apatía respecto al ejercicio de lo que ellos denominan la política tradicional, sea de izquierda o de derecha.

Al recurrir a la POSVERDAD, estos políticos de vocación autócrata van más allá de la simple mentira, niegan verdades y realidades constatables para socavar los contrapesos que ponen límites a sus excesos de poder.

Para ellos los aspectos objetivos tienen menos importancia que las opiniones y las emociones que produce su discurso populista, polarizante y demagógico, todo ello con el deseo de fomentar las condiciones necesarias en la opinión pública para justificar sus abusos de poder.

Cuando vemos cómo la diputada Cisneros insiste en transmitirle a la población costarricense su escepticismo sobre la labor que se realiza en el ámbito parlamentario, o cuando el presidente Chaves va al Poder Judicial a señalarle sus debilidades, que las tiene, sin reconocer la importancia de la separación de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, una cosa queda clara: su objetivo es socavar nuestro modelo de Estado y darle rienda suelta a sus sueños autócratas. Se vislumbra en un futuro cercano una Costa Rica convertida en una autocracia de derecha, con una población cuyas esperanzas se desvanecen a punta de mensajes catastrofistas y donde las grandes ausentes sean las propuestas para profundizar la democracia costarricense, con políticas redistributivas eficientes para combatir la pobreza y la injusticia social.

Frente a esta amenaza, los movimientos sociales tienen la palabra: ambientalistas, sindicalistas, feministas, frentes estudiantiles y juventudes organizadas, movimientos indígenas y de otras comunidades.

Nuestra herencia progresista, democrática y pluralista está por encima de todo.

¡Para mañana es tarde!

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Mensaje del Partido Acción Ciudadana de cara a los resultados de las elecciones de Segunda Ronda

En torno a los resultados de la segunda ronda electoral Costa Rica concluyó su jornada electoral en orden y en paz a pesar de los fuertes cuestionamientos a los partidos y las candidaturas finalistas. El candidato Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático resultó electo con más del 50% de los votos válidos emitidos y un abstencionismo cercano al 43% (el más alto desde 1948), un ambiente político adverso, altamente polarizado y con grandes desafíos ante la recuperación postpandemia. 

Finalizado el proceso electoral, reconocemos y aceptamos la voluntad popular, como lo hemos hecho siempre y el reto de continuar trabajando por la Costa Rica que queremos.

La pasada contienda electoral deja claro que ninguna de las opciones políticas en juego tiene la fuerza suficiente para hacer cambios que trastoquen el complejo tramado de la corrupción, los abusos de poder, el clientelismo y el populismo. Es necesario insistir en la búsqueda de acuerdos multisectoriales, sin exclusiones, que deberán fundarse en la visión del bien común, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y equidad de las mujeres, el desarrollo sostenible, la descentralización y la gobernanza multinivel. 

La atención a las provincias costeras y a las poblaciones en condición de vulnerabilidad se impone como prioridad nacional y para ello, se requiere ajustes estructurales de gran calado que deberán hacerse por la vía democrática y respetando los procesos legítimos que establece la institucionalidad pública.

Sin diálogo y sin búsqueda de acuerdos justos de largo plazo, este país podría verse sumergido en protestas de todo tipo, debilitando aún más la credibilidad en el sistema de partidos políticos, las oportunidades de desarrollo económico y las capacidades del Estado para encontrar soluciones que beneficien a la toda la ciudadanía en un ambiente de paz. 

Se requieren reglas claras y transparentes para abordar con diligencia las grandes necesidades de los sectores más vulnerables, en una coyuntura global desfavorable, que impone ajustes radicales al estilo de desarrollo. El Partido Acción Ciudadana se encuentra en un proceso de diálogo partidario, basado en la autocrítica de su gestión política para renovar su propuesta programática y la ruta de trabajo con atención a la experiencia de las dos administraciones y 21 años de existencia. Trabajamos en la promoción de los diálogos territoriales, sectoriales y de poblaciones para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y una cultura de responsabilidad con la ética pública y privada.

Por nuestra parte, el compromiso es promover y contribuir en la formulación de acuerdos multisectoriales, vigilar la ejecución eficaz y transparente de los fondos públicos, ambientes de trabajo respetuosos de la dignidad de las personas y particularmente de las mujeres. 

Nos mantendremos vigilantes de los derechos humanos, la cultura de paz, la justa distribución del ingreso, la protección de los recursos naturales, la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, el ejercicio responsable y democrático del poder. Propiciaremos encuentros con sectores progresistas para la elaboración de una agenda común y la defensa del Estado social de derecho. 

¡Por Costa Rica siempre!

Concluyó juicio contra 5 luchadores sociales

  • Comunicado del Colectivo del Derecho a la Protesta Social en Costa Rica

 

El día de hoy viernes 19 de mayo al ser las 4:10 p.m., el juez José Rafael Bolandi Piedra dio sentencia en el caso de las 5 personas acusadas por el delito de resistencia agravada, en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, proceso que inició en el 2012, por los hechos acontecidos por la manifestación del 8 de noviembre de 2012.

En la sentencia quedaron absueltos de toda pena y responsabilidad, Luz Marita Arce Soto, Luis Diego Retana Solano, Adrián Jaén España, Denis Solís Cruz y Mario Alb. Villalobos Arias.

Esta sentencia es un triunfo para el movimiento social, a pesar de que la absolutoria se diera por el principio in dubio pro reo, dado que es la primera vez en muchos años que se reconoce que los oficiales de la Fuerza Pública deben velar porque se garantice el derecho a la manifestación y libertad de expresión.

Sin embargo, no hubo justicia plena porque se liberaron de los cargos a los compañeros por duda aunque no hay ninguna duda de la inocencia de los imputados, por lo que pedimos a la población costarricense mantenerse atenta al abuso del poder y a los próximos casos penales de compañeros y compañeras acusados injustamente que tendrán que enfrentar judicialización, penalización y criminalización de la protesta social.

San José, 19 de mayo de 2017.

Tomado de la página de Facebook Colectivo Derecho a la Protesta Social
Tomado de la página de Facebook Colectivo Derecho a la Protesta Social

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL – NO A LA PENALIZACIÓN DE CIUDADANOS Y LUCHADORES SOCIALES.

 

Tomado de la página de Facebook de Colectivo Derecho a la Protesta Social

Movimiento social latinoamericano se pronuncia en contra de la criminalización de la protesta en Costa Rica

Asamblea de SINTRAJAP

En un comunicado enviado a SURCOS Digital por SINTRAJAP, se manifestó que el movimiento social de nuestro país ha venido sufriendo abusos de poder por parte de las autoridades oficiales para intimidar a la población y evitar así que participen en acciones de protesta en contra de las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo.

Este abuso de poder es reprobado en todo el mundo, porque limitan la participación ciudadana y minan el fortalecimiento de las democracias.

Ante el hecho de que en este momento se está realizando un juicio mediatizado e injustificado en contra de 24 trabajadores y trabajadoras, limonenses, que sin fundamento alguno pretenden que sean condenados, SINTRAJAP inicio la denuncia internacional de estos hechos y envió un pronunciamiento de varias organizaciones del movimiento social latinoamericano condenando estas acciones.

 

Texto de la declaración

Pronunciamiento Oaxaca-México

Marzo de 2015

 

Nosotros, los participantes del Encuentro Mesoamericano de Contrapartes de la Fundación Rosa Luxemburg – MEXICO, en conocimiento de las denuncias realizadas por SINTRAJAP (Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios), sobre prácticas condenadas internacionalmente de criminalización de la protesta que se han venido realizando en Costa Rica en contra de sus afiliados y de las Organizaciones Sociales que luchan por la defensa de sus derechos y territorios, condenamos y denunciamos ante la opinión pública, en nuestros países, las acciones injustificadas de criminalización que se están realizando por el Gobierno Costarricense en contra de Trabajadores y ciudadanos Limonenses, en razón de sus legítimos derechos de protestar ocurridos en abril del 2010.

Rechazamos cualquier tipo de condenatoria que se pudiera pretender y lo entendemos como un medio para intentar intimidar e impedir la legítima participación de los pueblos en el desarrollo y enriquecimiento de sus democracias.

Firmamos en la Ciudad de Oaxaca – México el 28 de marzo de 2015

 

*Para ver las firmas del pronunciamiento siga el enlace:

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA EN COSTA RICA. OAXACA – MEXICO

 

Enviado a SURCOS Digital por Liroy Pérez Pérez.

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Carta al Cardenal Rodríguez

Tegucigalpa M.D.C. 7 de enero de 2015

Del escritorio de José Manuel Zelaya Rosales

 

Su Eminencia Reverendísima

Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga

 

Ciudad del Vaticano

Su Despacho

 

Su Eminencia:

Con todo respeto, me dirijo a Usted en relación a sus últimas declaraciones cuestionando la validez del Socialismo Democrático, como proyecto alternativo que hemos planteado frente al brutal modelo económico social de explotación que se aplica en nuestro país con efectos oprobiosos en contra de millones de hondureños(as) que son cruelmente excluidos del modelo económico y sacrificados por escuadrones de la muerte o sicarios a sueldo.

Los organismos internacionales ya identifican los peligrosos indicadores de Honduras, cuando nos califican como uno de los países más empobrecidos de América Latina, el más violento del mundo y uno de los más corruptos. Me refiero a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Transparencia Internacional (TI). Las cifras de la OMS indican que la tasa de homicidios en Honduras es la más alta del mundo: 103.9 por cada cien mil habitantes. Sin que importe mucho la diferencia numérica en esta macabra disputa estadística con las cifras oficiales, debemos reconocer que vivimos en un clima de creciente violencia, inseguridad cotidiana y espanto colectivo.

La remilitarización del Estado hondureño, los abusos de poder y las constantes violaciones de los derechos humanos, que evidencian la crisis en materia de seguridad así como la violencia que desangra nuestra sociedad fue denunciada por la Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita “in loco” a Honduras al final del año que acaba de concluir. El informe anual de “Human Rights Watch” (World Report, 2014) evidencia también la crisis.

Por todos estos hechos públicos y trágicos para nuestra sociedad, por quinto año consecutivo a partir del año 2010 se nos ha negado nuevamente el acceso a los fondos de la Cuenta del Milenio en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta negativa aumenta el descrédito y la pérdida de confianza de la comunidad internacional. Así lo demuestra la carta enviada por más de cien congresistas norteamericanos, que se pronunciaron en 2014 protestando por las violaciones a los DDHH, la represión militar contra los diputados en el Congreso Nacional y el estado de coacción que vive el pueblo hondureño.

La deuda pública aumentada irracionalmente en estos últimos 5 años, es inmoral e impagable. El año 2014 cerramos la economía con una deuda que asciende a casi los 9 mil millones de dólares, sin considerar la deuda flotante, y junto a esta escalada de endeudamiento se ha impuesto al pueblo hondureño más de nueve ajustes fiscales (“paquetazos”, como los llama el pueblo) que superan los 15 mil millones de lempiras anuales en nuevos impuestos. Estas cifras eran impensables hace 5 años, a inicios de 2009, cuando la deuda era apenas del 17% del PIB.

La Ley de la “Tasa de Seguridad” es un nuevo y oneroso impuesto de más de 2 mil millones de lempiras, de los cuales no se rinden cuentas a nadie. Se ha perdido la trasparencia en el manejo de los fondos públicos. El saqueo de más de 5 mil millones de los fondos de los beneficiarios del Seguro Social continúa impune ya que los verdaderos responsables están protegidos por tratarse de grandes proveedores o políticos de alto rango del Partido de Gobierno. La ley que permite la secretividad del quehacer estatal, aprobada recientemente, NO tiene otro fin que no sea el de ocultar las cuentas de los altos funcionarios y promover la opacidad en el manejo de los fondos y los asuntos públicos. Esa ley de secretos modificó arbitrariamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en mi administración.

Todos los ingresos extras administrados ahora de forma secreta y generados por los infames ajustes o “paquetazos” que con tanto sacrificio paga el pueblo hondureño, al igual que la política de devaluación permanente del lempira frente al dólar; resultan insuficientes para satisfacer los caprichos superfluos del actual gobernante, siempre dispuesto a la compra de aviones de lujo y armas, así como al mantenimiento de una millonaria campaña política y publicitaria en su beneficio personal. Estos nuevos ingresos deberían servir para sacar de la miseria y enfermedad a miles de niños y jóvenes que se encuentran sin empleo y sin educación y no para satisfacer los caprichos personales del Presidente de la República.

La inseguridad, la crisis económica y la falta de oportunidades que hemos denunciado de manera constante, han contribuido a generar el doloroso éxodo infantil que conmovió al mundo ya que se puso en evidencia la gravísima crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo ha aumentado las migraciones, y como consecuencia las deportaciones crueles de que son víctimas los indocumentados e “ilegales”. Tan sólo por la vía aérea, es decir desde Estados Unidos, el año pasado llegaron como repatriados más de 36 mil compatriotas y los deportados por la vía terrestre, es decir desde México, duplican con creces esa cantidad.

¿Y qué deberíamos decir sobre las privatizaciones de los servicios públicos y los despidos laborales masivos, disfrazados como “suspensiones”, y de las innumerables violaciones a los derechos laborales de los trabajadores del campo y la ciudad, incluida la sostenida represión contra el magisterio nacional, cuyos derechos han sido cercenados al igual que al sector sindical? Nunca como ahora, la clase trabajadora hondureña había sido sometida a tanta persecución, humillación y violaciones, sin protección alguna del Ministerio del Trabajo y de las autoridades responsables de la tutela de esos derechos.

Su Eminencia, en nuestro país se desarrolla un lento pero creciente proceso de construcción de una dictadura institucional, cuyas consecuencias desde ya las estamos sufriendo. El Gobierno de Juan Orlando Hernández, intenta detener las demandas del pueblo por cambios estructurales, mediante la amenaza, el chantaje, la persecución, la limitación del debate abierto y tolerante sobre las ideas, y el control de las instituciones y poderes del Estado; pretendiendo implementar un sistema único y hegemónico sobre el desarrollo, que asfixia el libre pensamiento.

El Congreso Nacional, recientemente aprobó de forma arbitraria decenas de leyes orientadas a reforzar la base supuestamente “legal” de la nueva arquitectura jurídica que requiere la dictadura en ciernes. Leyes como la de Escuchas e Intervención de las Comunicaciones privadas de los ciudadanos, al más puro estilo de los regímenes totalitarios y policíacos; la Ley Antiterrorista; la ley contra las denominadas “conspiraciones” y otras que dan fuerza y “normatividad” a la remilitarización del Estado.

Estas leyes todas fueron aprobadas en sesiones de dudosa legalidad, a la velocidad del rayo, sin siquiera dar oportunidad para un remedo de debate público. Es evidente que el gobernante actual, abusando de su condición de Presidente del Poder Legislativo en el gobierno anterior, utilizó su alto cargo para preparar el camino hacia su mandato personal, tan autoritario y tirano, como fraudulento.

En su delirio y afán de poder, el actual gobernante y sus principales colaboradores han llegado a plantear el continuismo presidencial de manera descarada, para que sea la Sala Constitucional, impuesta durante el año anterior de forma ilegal y corresponsable de autorizar la venta del territorio nacional a través de las llamadas Zonas Especiales (ZEDEs); la que habilite el reeleccionismo continuista, en una abierta y nueva violación de la Constitución, negando al pueblo su derecho a ser consultado en un plebiscito o referéndum (consulta popular) tal como lo manda la Ley fundamental de la República.

Reverendísimo Cardenal: su estadía en Roma puede ser una oportunidad única para informar al santo Padre sobre la trágica realidad que vive nuestro pueblo y sobre la difícil situación que todos enfrentamos. Estamos a tiempo de detener el retorno de épocas oscuras y terribles donde quienes se atrevieron a luchar por la verdad murieron torturados. Usted es el sacerdote cristiano que me enseñó la moral de decir siempre la verdad, sin medir el costo o beneficio involucrados, pero también me enseñó a defender el sagrado derecho a la vida como don de Dios y base fundamental de la existencia humana. Por esas enseñanzas pido respetuosamente a la Iglesia Católica que rompa el silencio y haga la diferencia con sus principales prelados y representantes.

Asimismo, en atención a la nueva visión que se advierte en El Vaticano y tomando en cuenta el origen latinoamericano del nuevo Papa, conocedor profundo de nuestros dramas y tragedias en América Latina, estimo que su Eminencia si no lo ha hecho, debe informar al Santo Padre sobre el escarnio y sufrimiento que está viviendo la sociedad hondureña.

Ruego a su Eminencia prestar atención a esta Carta Pública, que la hace este servidor con la mejor intención y en respuesta a sus recientes declaraciones de prensa. Le pido actuar en consecuencia con su alta investidura y aprovecho esta ocasión para presentar a Usted las muestras de mi más alta y distinguida consideración.

 

José Manuel Zelaya Rosales

Ex presidente Constitucional de Honduras

2006-2010

 

Enviado a SURCOS Digital por Marlin Óscar Ávila.

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