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Etiqueta: ACNUDH

Carta de renuncia de Craig Mokhiber, director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York

Esta será mi última comunicación oficial como director de la Oficina de Nueva York de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Le escribo en un momento de gran angustia para el mundo, incluidos muchos de nuestros colegas. Una vez más, somos testigos de un genocidio que se desarrolla ante nuestros ojos, y la Organización a la que servimos parece impotente para detenerlo. Como alguien que ha investigado los derechos humanos en Palestina desde la década de 1980, vivió en Gaza como asesor de derechos humanos de la ONU en la década de 1990 y llevó a cabo varias misiones de derechos humanos en el país antes y después de esos períodos, esta situación me afecta personalmente.

También fue en estas oficinas de la ONU donde trabajé durante los genocidios contra los tutsis, los musulmanes bosnios, los yazidíes y los rohinyás. En cada caso, a medida que se asentaba el polvo sobre los horrores perpetrados contra poblaciones civiles indefensas, se hizo dolorosamente evidente que habíamos fallado en nuestro deber de cumplir con los imperativos de prevenir atrocidades masivas, proteger a los vulnerables y hacer que los perpetradores rindan cuentas. Lo mismo ha ocurrido con las sucesivas oleadas de asesinatos y persecución de palestinos a lo largo de la existencia de las Naciones Unidas.

Alto Comisionada, estamos fracasando una vez más

Como abogado de derechos humanos con más de treinta años de experiencia en este campo, soy muy consciente de que el concepto de genocidio ha sido a menudo objeto de abusos políticos. Pero la actual matanza del pueblo palestino, arraigada en una ideología colonial etnonacionalista, una continuación de décadas de persecución y limpieza sistemáticas, basadas enteramente en su condición de árabes, y junto con declaraciones explícitas de intenciones por parte de los líderes del gobierno y el ejército israelíes, no deja lugar a dudas ni debates. En Gaza, hogares, escuelas, iglesias, mezquitas e instalaciones médicas están siendo atacados sin motivo y miles de civiles están siendo masacrados. En Cisjordania, incluida la Jerusalén ocupada, las viviendas son confiscadas y reasignadas únicamente en función de la raza. Además, los pogromos violentos perpetrados por los colonos van acompañados de unidades militares israelíes. En todo el país reina el apartheid.

Este es un caso de genocidio de manual. El proyecto colonial europeo y etnonacionalista de colonización en Palestina ha entrado en su fase final, hacia la destrucción acelerada de los últimos vestigios de la vida palestina autóctona en Palestina. Lo que, es más, los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa son totalmente cómplices de este horrible asalto. Estos gobiernos no solo se niegan a cumplir con sus obligaciones de «garantizar el cumplimiento» de las Convenciones de Ginebra, sino que arman activamente la ofensiva, brindan apoyo económico, inteligencia y encubren política y diplomáticamente las atrocidades de Israel.

De acuerdo con todo esto, los medios corporativos occidentales, cada vez más a instancias de los gobiernos, están violando completamente el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, deshumanizando incesantemente a los palestinos para justificar el genocidio y difundiendo propaganda de guerra y llamamientos al odio nacional, declaraciones raciales o religiosas que constituyan incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Las empresas de redes sociales con sede en Estados Unidos ahogan las voces de los activistas de derechos humanos mientras amplifican la propaganda pro-Israel. Los policías de Internet del lobby israelí y GONGOS acosan y difaman a los defensores de los derechos humanos, y las universidades y los empleadores occidentales colaboran con ellos para castigar a quienes se atreven a denunciar las atrocidades. A raíz de este genocidio, estos actores también tendrán que rendir cuentas, como fue el caso de Radio des Milles Collines en Ruanda.

En tales circunstancias, nuestra organización está más llamada que nunca a actuar de manera eficaz y basada en principios. Pero no estuvimos a la altura de ese desafío. El poder protector del Consejo de Seguridad ha sido bloqueado una vez más por la intransigencia de los Estados Unidos, el secretario general está siendo atacado por sus mezquinas protestas, y nuestros mecanismos de derechos humanos están siendo objeto de ataques calumniosos apoyados por una red organizada en línea que defiende la impunidad.

Décadas de distracción por las promesas ilusorias y en gran medida decepcionantes de Oslo han distraído a la Organización de su deber esencial de proteger el derecho internacional, los derechos humanos y la propia Carta. El mantra de la «solución de dos Estados» se ha convertido en una broma abierta en los pasillos de las Naciones Unidas, tanto por su absoluta imposibilidad en la práctica como por su total fracaso a la hora de tener en cuenta los derechos humanos inalienables del pueblo palestino. El llamado «Cuarteto» no es más que una hoja de parra para la inacción y la sumisión a un statu quo brutal. La referencia (escrita por Estados Unidos) a «acuerdos entre las propias partes» (en lugar del derecho internacional) siempre ha sido un evidente juego de manos, destinado a fortalecer el poder de Israel contra los derechos de los palestinos ocupados y desposeídos.

Señor Alto Comisionado, me incorporé a esta Organización en el decenio de 1980 porque encontré una institución basada en principios y normas que estaban decididamente del lado de los derechos humanos, incluso en los casos en que los poderosos Estados Unidos, el Reino Unido y Europa no estaban de nuestro lado. Mientras mi propio gobierno, sus instituciones subsidiarias y gran parte de los medios de comunicación norteamericanos seguían apoyando o justificando el apartheid sudafricano, la opresión israelí y los escuadrones de la muerte centroamericanos, las Naciones Unidas defendían a los pueblos oprimidos de esos países. Teníamos el derecho internacional de nuestro lado. Teníamos los derechos humanos de nuestro lado. Teníamos los principios de nuestro lado. Nuestra autoridad estaba arraigada en nuestra integridad. Pero ese ya no es el caso.

En las últimas décadas, importantes miembros de las Naciones Unidas han cedido ante el poder de Estados Unidos y el miedo al lobby israelí, abandonando estos principios y renunciando al propio derecho internacional. Hemos perdido mucho en este abandono, incluida nuestra propia credibilidad global. Pero es el pueblo palestino el que ha sufrido las mayores pérdidas a causa de nuestros fracasos. Irónicamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada el mismo año en que se perpetró la Nakba contra el pueblo palestino.

Al conmemorar el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, haríamos bien en abandonar el manido mito de que la DUDH nació de las atrocidades que la precedieron, y admitir que nació al mismo tiempo que uno de los genocidios más atroces del siglo XX, el de la destrucción de Palestina. En cierto modo, los autores de la Declaración prometieron derechos humanos a todos, excepto al pueblo palestino. Tampoco olvidemos que las Naciones Unidas cometieron el pecado original de facilitar el despojo del pueblo palestino al ratificar el proyecto colonial europeo que se apoderó de tierras palestinas y las entregó a los colonos. Tenemos mucho por lo que disculparnos.

Pero el camino de la expiación es claro. Tenemos mucho que aprender de la postura de principios adoptada en los últimos días en ciudades de todo el mundo, donde millones de personas se manifiestan en contra del genocidio, incluso a riesgo de ser golpeadas y detenidas. Los palestinos y sus aliados, los activistas de derechos humanos de todas las tendencias, las organizaciones cristianas y musulmanas, y las voces judías progresistas que dicen «no en nuestro nombre», están liderando el camino. Todo lo que tenemos que hacer es seguirlos.

Ayer, a pocas cuadras de aquí, la Grand Central Station de Nueva York fue completamente invadida por miles de defensores judíos de los derechos humanos, que se solidarizaron con el pueblo palestino y exigieron el fin de la tiranía israelí (muchos de los cuales corren el riesgo de ser arrestados). Al hacerlo, barrieron en un instante el argumento propagandístico de la hasbara israelí (y el viejo cliché del antisemitismo) de que Israel representa de alguna manera al pueblo judío. Este no es el caso. Y, como tal, Israel es el único responsable de sus crímenes. A este respecto, vale la pena repetir, a pesar de las calumnias del lobby israelí que las críticas a las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel no son antisemitas, como tampoco las críticas a las violaciones saudíes son islamófobas, las críticas a las violaciones de Myanmar son anti budistas o las críticas a las violaciones indias son anti hindúes. Cuando buscan silenciarnos calumniándonos, en lugar de silenciarnos, debemos alzar la voz. Espero que esté de acuerdo, Sr. Alto Comisionado, en que esta es la esencia de decir la verdad al poder.

Pero también encuentro esperanza en todos los miembros de las Naciones Unidas que, a pesar de las enormes presiones, se han negado a comprometer los principios de derechos humanos de la Organización. Nuestros relatores especiales independientes, comisiones de investigación y expertos de los órganos creados en virtud de tratados, así como la mayoría de nuestro personal, han seguido defendiendo los derechos humanos del pueblo palestino, incluso cuando otros miembros de las Naciones Unidas (incluso al más alto nivel) se han inclinado vergonzosamente ante los poderosos. En su calidad de guardián de las normas de derechos humanos, el ACNUDH tiene el deber especial de velar por ellas. Nuestra tarea, creo, es hacer oír nuestra voz, desde el secretario general hasta el último recluta de la ONU y horizontalmente, en todo el sistema de la ONU, insistiendo en que los derechos humanos del pueblo palestino no se debatan, negocien o comprometan en ningún lugar bajo la bandera azul.

Entonces, ¿Cómo sería una posición basada en las normas de la ONU? ¿En qué estaríamos trabajando si fuéramos fieles a nuestras exhortaciones retóricas sobre los derechos humanos y la igualdad para todos, la rendición de cuentas de los delincuentes, la reparación de las víctimas, la protección de los vulnerables y el empoderamiento de los titulares de derechos, todo ello en el marco del Estado de Derecho? La respuesta, creo, es simple: si tenemos la lucidez para ver más allá de las cortinas de humo propagandísticas que distorsionan la visión de justicia a la que hemos hecho un juramento, el coraje para abandonar el miedo y la deferencia a los Estados poderosos y la voluntad de levantar la bandera de los derechos humanos y la paz. Es cierto que se trata de un proyecto a largo plazo y de un camino empinado. Pero debemos empezar ahora, a menos que nos rindamos a un horror indescriptible. Veo diez puntos clave:

  1. Acción legítima: En primer lugar, en las Naciones Unidas debemos abandonar el paradigma fallido (y en gran medida falaz) de Oslo, su ilusoria solución de dos Estados, su Cuarteto impotente y cómplice, y la subversión del derecho internacional a los dictados de sus supuestos méritos políticos. Nuestras posiciones deben basarse inequívocamente en los derechos humanos y en el derecho internacional.
  2. Una visión clara: Debemos dejar de fingir que se trata simplemente de un conflicto territorial o religioso entre dos partes enfrentadas y admitir la realidad de la situación, que es que un Estado con un poder desproporcionado está colonizando, persiguiendo y despojando a una población indígena por su etnia.
  3. Un Estado único basado en los derechos humanos: Debemos apoyar el establecimiento de un Estado único, democrático y laico en toda la Palestina histórica, con igualdad de derechos para cristianos, musulmanes y judíos, y, en consecuencia, el desmantelamiento del proyecto colonialista profundamente racista y el fin del apartheid en todo el territorio.
  4. Lucha contra el apartheid: Debemos reorientar todos los esfuerzos y recursos de la ONU a la lucha contra el apartheid, como hicimos con Sudáfrica en las décadas de 1970, 1980 y principios de la de 1990.
  5. Retorno e indemnización: Debemos reafirmar e insistir en el derecho al retorno y a la plena indemnización para todos los palestinos y sus familias que viven actualmente en los territorios ocupados, el Líbano, Jordania, Siria y la diáspora en todo el mundo.
  6. Verdad y justicia: Debemos exigir un proceso de justicia transicional, que aproveche al máximo las décadas de investigaciones, investigaciones e informes acumulados por la ONU, con el fin de documentar la verdad y garantizar la rendición de cuentas de todos los criminales, la compensación de todas las víctimas y la reparación de las injusticias documentadas.
  7. Protección: Debemos insistir en el despliegue de una fuerza de protección de la ONU con recursos suficientes y un mandato firme para proteger a los civiles desde el río hasta el
  8. Desarme: Debemos abogar por la retirada y destrucción de los arsenales masivos de armas nucleares, químicas y biológicas de Israel, evitando así que el conflicto conduzca a la destrucción total de la región y, quién sabe, más allá.
  9. Mediación: Debemos reconocer que Estados Unidos y otras potencias occidentales no son mediadores creíbles, sino partes en el conflicto, que son cómplices de Israel en la violación de los derechos palestinos, y debemos enfrentarlos como tales.
  10. Solidaridad: debemos abrir nuestras puertas (y las de la Secretaría General) a las legiones de defensores de los derechos humanos palestinos, israelíes, judíos, musulmanes y cristianos que se solidarizan con el pueblo de Palestina y sus derechos, y poner fin al flujo incontrolado de grupos de presión israelíes a las oficinas de los líderes de la ONU, donde abogan por la continuación de la guerra, la persecución, el apartheid y la impunidad, al tiempo que denigran a nuestros defensores de los derechos humanos por su postura de principios sobre los derechos palestinos.

Tardará años en llegar allí, y las potencias occidentales lucharán contra nosotros en cada paso del camino, por lo que tenemos que ser firmes. Debemos trabajar por un alto el fuego inmediato y el fin del asedio de Gaza, oponernos a la limpieza étnica de Gaza, Jerusalén, Cisjordania (y otros lugares), documentar el ataque genocida contra Gaza, ayudar a proporcionar a los palestinos ayuda humanitaria masiva y reconstrucción, cuidar a nuestros colegas traumatizados y sus familias, y luchar con todas sus fuerzas para garantizar que el enfoque de las oficinas políticas de las Naciones Unidas se base en principios.

El fracaso de las Naciones Unidas en Palestina hasta ahora no es razón para que nos demos por vencidos. Por el contrario, debería alentarnos a abandonar el paradigma del pasado que ha fracasado y a adoptar plenamente un curso de acción más basado en principios.

Como ACNUDH, unámonos con valentía y orgullo al movimiento contra el apartheid que está creciendo en todo el mundo, añadiendo nuestro logotipo a la bandera de la igualdad y los derechos humanos del pueblo palestino. El mundo está mirando. Todos tendremos que rendir cuentas de nuestra posición en este momento crucial de la historia. Pongámonos del lado de la justicia.

Gracias, Alto Comisionado Volker, por escuchar este último llamamiento de mi oficina. Dentro de unos días dejaré la Oficina por última vez, después de más de tres décadas de servicio. Pero no dude en ponerse en contacto conmigo si puedo ser útil en el futuro.

Le ruego acepte, señor presidente, la expresión de mis distinguidos saludos,

Craig Mokhiber

Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe

Del 22 de noviembre al 23 de noviembre se llevará a cabo el primer foro sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, este foro dará inicio de manera presencial, en el Salón Imperial del Hotel Dann Carlton de Quito, Ecuador, ubicado en Av. República de El Salvador N34-377 e Irlanda, y paralelamente tendrá participación remota a través de Zoom y transmisión en vivo a través de Youtube. 

Dicho evento es organizado por CEPAL, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

El principal objetivo será generar un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, que reúna a las Partes del Acuerdo de Escazú, a especialistas reconocidos en el tema, y al público en general, especialmente, a personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades locales, además de personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el medio ambiente.

Dicho foro será abierto para participación presencial o virtual vía zoom, con inscripción previa. Habrá cupos limitados para participar de manera presencial, según los aforos disponibles en el recinto del evento. 

Enlace al programa tentativo del evento: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/programa_foro_limpio_web_10_de_noviembre_0.pdf

Enlace de información general e inscripciones:

Informe alerta sobre asesinato de personas defensoras de derechos humanos

  • En América Latina, entre 2015-2019 fueron asesinadas 933 personas defensoras. Un 70% del total mundial

  • Costa Rica registra el asesinato del defensor y líder indígena Sergio Rojas

El informe denominado “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos” fue presentado por la relatora especial Mary Lawlor al Consejo de Derechos Humanos N º 46, período de sesiones del 22 de febrero al 19 de marzo de 2021.

El informe analiza la situación vinculada al asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. En su informe, la Relatora Especial da la voz de alarma sobre la incidencia de asesinatos en muchas partes del mundo, y examina el problema de las amenazas de muerte, que a menudo preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años. Asesinaron personas defensoras de los derechos humanos en Colombia (397), Brasil (174), México (151), Honduras (73), Guatemala (65), el Perú (24), Nicaragua (14), Venezuela (14), El Salvador (10), Argentina (3), Chile (2), el Ecuador (2), Belice (1), Bolivia (1), Costa Rica (1) y Haití (1).

Situación en nuestro país, Costa Rica

En diciembre del 2020, se presentó el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. En este texto, queda claro que Costa Rica forma parte de la región con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde el 2012.

La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas, y posteriormente compilada por la periodista Fabiola Pomareda. Esta obra sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas, contra más de 36 personas activistas procesadas por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas y locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

Una herramienta para combatir la situación

El 28 de septiembre del año 2018, 23 países firmaron el “Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados miembros. Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y ambiente, que tiene como eje central el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río, con el fin de garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (ver más).

Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado e inexplicablemente el gobierno no ha convocado sobre el asunto en la Asamblea Legislativa. Esto a pesar de tener en su mandato dos asesinatos a líderes indígenas, ya que el pasado 24 de febrero de 2020, Yerhy Rivera fue asesinado.

Dos asesinatos, 10 líderes y lideresas indígenas amenazadas de muerte y unos 77 hechos de violencia. Entre el periodo de un día antes del asesinato de Yerhy y junio del año pasado, hay claras evidencias de que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también es responsable de no impedir ni detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas de Costa Rica.

Resulta no menos que inquietante, que un país como Costa Rica, el cual ha buscado caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tenga como gran pendiente la ratificación de un Acuerdo, que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.

Informe disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/46/35

Por Mauricio Álvarez Mora, proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente Escuela de Geografía, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

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