*Es justo aclarar que vivo fuera de Nicaragua y escribo esto auspiciándome en datos y notas de medios oficialistas e independientes, así como del Ministerio de Salud (MINSA) del país*
Joel Herrera
En la actualidad, como ya todas las personas estamos enteradas, la población global se encuentra enfrentándose a una pandemia. Un virus relativamente nuevo que ha cobrado una cantidad muy significativa de vidas alrededor del mundo, que ha logrado colapsar los sistemas de salud de todos los países y que paralizó a una sociedad que desde hace mucho tiempo estaba corriendo de una forma muy acelerada. Es cierto que todas y todos estamos aprendiendo sobre este microorganismo y el padecimiento que causa , por la simple razón de que nadie se esperaba una crisis de salud pública de esta magnitud y el paroxismo con el que apareció fue solamente un preámbulo de la velocidad de su expansión; no obstante, a pesar de este aprendizaje sobre la marcha y de estar enfrentándose a una pandemia, existen países como Nicaragua, que también enfrentan a un desgobierno que pone en peligro la vida e integridad física de la ciudadanía.
Desde el inicio de la expansión de la pandemia y las primeras recomendaciones que han brindado las organizaciones regionales y mundiales de la salud, la población Nicaragüense vislumbraba como la situación se podría tornar incluso más complicada en el país, el presidente Daniel Ortega , la vicepresidenta –quien también es primera dama y vocera del gobierno- Rosario Murillo y todo el aparataje estatal y oficialista iniciaron a emitir discursos irresponsables al tildar a esta enfermedad como un “padecimiento de ricos y burgueses” , se negaban a acatar recomendaciones mientras convocaron concentraciones masivas en las calles –la marcha llamada “amor en tiempos de covid”, es solo un ejemplo- y actividades deportivas/culturales que a la fecha se continúan realizando ; aunado a todo esto, iniciaron una campaña de comunicación para deslegitimar cualquier noticia sobre el virus, adjudicándolo a otro intento de desestabilización de la oposición.
Con el paso del tiempo y debido a que era innegable la presencia del virus en Nicaragua, el ministerio de salud encontró su escaparate al implementar un sistema de manipulación de información, elaborando actas de defunción donde la causa de muerte se adjudicaba a una “neumonía atípica” y se continuaba replicando el discurso que Nicaragua solo tenía un par de casos importados, pero que no había transmisión comunitaria; durante el tiempo transcurrido del primer caso diagnosticado el 18 de Marzo a la fecha del 12 Mayo, se contabilizaban 25 casos positivos y 8 fallecimientos, pero el último informe emitido, el día 19 de mayo, expresa que han incrementado a 254 casos, lo que representa una alza significativa en la curva de contagio; no obstante, el mandatario en su última comparecencia admite una alza de muertes por neumonía en el país, en comparativa con los datos obtenidos en los últimos 5 años.
Ante la desinformación y la falta de transparencia de las autoridades de salud y el estado de Nicaragua, la población optó por establecer mecanismos de observación y comunicación de manera independiente, surgiendo la iniciativa del “Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua”, que –como sus redes sociales indican- son un esfuerzo colaborativo para brindar información sobre el COVID-19; esta iniciativa representa solo un ejemplo de las medidas que ha tenido que implementar la población nicaragüense debido a que el gobierno no responde, no informa y no protege a sus conciudadanos, pero, a pesar de los esfuerzos individuales y colectivos que puedan llevar a cabo las y los nicas, el panorama a mediano y largo plazo se ve muy negativo, el sistema de salud –significativamente pobre- puede colapsar, las personas no pueden hacer cuarentena porque no tienen garantías para el sustento de un par de semanas o un par de meses , los precios de mascarilla, guantes y alcohol en gel se han disparado por los cielos y, como si se tratase una competencia por cual es la situación más trágica, muchas localidades del país no tienen acceso a agua potable.
Es cierto que el papel de la ciudadanía es llevar a cabo las medidas de prevención y protección ante el virus, pero también el estado tiene una gran responsabilidad de velar por la salud, integridad física y bienestar de la población a quienes –en teoría- representan, pero lamentablemente la tiranía y sed de poder ciega a sus gobernantes a tal punto de dejar morir a sus gobernados, incluso a sus fieles seguidores.
