Por Manu Mediavilla, colaborador de Amnistía Internacional
En la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuatro hombres armados dispararon a Berta Cáceres, valiente defensora de los derechos medioambientales e indígenas, en su casa de La Esperanza, en el sur occidental de Honduras. Berta falleció a consecuencia de los disparos poco después de la medianoche en un día aciago para el activismo social. Hoy se cumplen seis años de su asesinato.
¿Qué defendía Berta Cáceres?
Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de esa zona del noroeste hondureño.
Berta no fue la única defensora de los derechos humanos asesinada aquel año debido a su trabajo pacífico. Y, desde entonces, han muerto violentamente centenares de defensores y defensoras más. Los responsables rara vez son llevados ante la justicia, lo que da pie a que continúen los ataques. Honduras, el país natal de Berta, sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
El pasado 5 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpable a David Castillo (exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. y responsable del proyecto) como coautor intelectual del asesinato de Cáceres, tras un juicio en el que se presentaron 62 pruebas para acreditar sus vínculos con los autores materiales del asesinato y con las siete personas ya condenadas en 2018. Castillo es la octava persona condenada por la muerte de Cáceres. Anteriormente fueron condenados tres sicarios y cuatro personas vinculadas a DESA y al Ejército.
Pero la sentencia de David Castillo sigue pendiente, lo que llevó al COPINH a protestar el pasado 12 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial aclaró en su cuenta oficial de Twitter que el tribunal “está en proceso de redacción de la sentencia condenatoria”.
En COPINH se considera una «victoria popular» la declaración de culpabilidad de Castillo, cuyos vínculos con personas ya condenadas por el asesinato de Berta Cáceres quedaron acreditados en el juicio, así como su conocimiento de un fallido primer intento de acabar con su vida. La activista sufrió una persecución constante durante años, que obligó a parte de su familia a abandonar Honduras durante varios meses y a ella misma a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar un posible secuestro.
“La activista sufrió una persecución constante durante años, que obligó a parte de su familia a abandonar Honduras durante varios meses y a ella misma a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar un posible secuestro.”
Incluso así, su discurso firme y su capacidad movilizadora lograron que el conflicto se visibilizara en el exterior, lo que movió a algunas compañías internacionales –como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional adscrita al Banco Mundial– a retirar sus inversiones. Y en Honduras, como subraya su hija Laura Zúñiga, “su vitalidad, su compromiso y su valentía siguen vivos en nosotros”, porque “no está muerta, está multiplicada” y sigue “presente en cada una de las personas que continuamos con la lucha”. Convertida ya en un auténtico símbolo de la comunidad lenca, remarca: “mi madre me dejó muchas enseñanzas y toda su fuerza. Las personas que luchan por la vida, nunca mueren”.
Desde Amnistía Internacional, su directora para América, Erika Guevara-Rosas, ha insistido en que “las autoridades hondureñas deben poner fin a la impunidad», porque “no habrá nunca una completa justicia para Berta hasta que todos los que participaron en el crimen, incluidos los que lo planearon, sean llevados ante la justicia».
Berta Cáceres, Premio Goldman y Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia
Berta recibió el Premio Goldman (el mayor reconocimiento del mundo para medioambientalistas, el denominado Nobel Verde o Nobel de Medioambiente) en 2015, un año antes de su asesinato. Y en el 2021, a título póstumo, el Parlamento Europeo le otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, un galardón que comparte junto a personalidades como Nelson Mandela.
El informe de Global Witness revela que tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 tuvieron lugar en América Latina. Unas 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su tierra y el planeta. A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo que supone un incremento por segundo año consecutivo. Honduras es el quinto país del mundo donde más personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinadas durante el 2020, con 17 asesinatos.
10 frases por las que Berta Cáceres será siempre recordada
«Y creo que en todo eso también hemos aprendido a que pese a que es muy duro, muy doloroso, hemos aprendido también a luchar con alegría. A luchar con alegría, con esperanza, con fe. Hemos aprendido a luchar en diversidad. Hemos aprendido a luchar con musica, con ceremonias, con espiritualidad. Donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros Nahuales, nuestros espíritus. Eso es. Creo que eso es lo que nos alienta. Y saber que aquí no hay otro planeta de repuesto. Solo hay uno».
“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca, yo sabía lo duro que iba a ser. Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”.
“Vos tenés la bala… Yo la palabra… La bala muere al detonarse… La palabra vive al replicarse”.
“Lo que nos inspira no son los premios, sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo”.
“Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”.
“¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.
“¡Los pueblos indígenas somos fuertes! A pesar de 522 años de opresión, de esclavitud, de exterminio. ¡Existir hoy como pueblos quiere decir haber demostrado la fuerza que tenemos!”.
“No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas”.
“El reconocimiento de los derechos de las mujeres no es un favor: es una obligación del Estado”.
“De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta…”.
El Acuerdo de Escazú que garantiza disposiciones jurídicas para la protección ambiental y para los defensores del medio ambiente, se encuentra empantanado a nivel legislativo y del ejecutivo. La negativa de algunas diputados y diputadas a su ratificación se da por la presión de sectores económicos fuertes que basan sus ideas en mitos y en su afán de lucro irrestricto frente a la naturaleza.
Por su parte en el Ministerio del Ambiente se han visto pocas gestiones en aras de fomentar la ratificación del acuerdo, desde el mes de julio 2021 a la fecha, el despacho del Minae solo convocó a una reunión con las jefaturas de fracción para el 20 de enero pasado, según consta en el oficio DM-0034-2022. Empero la reunión con la diputada Laura Guido fue cancelada.
Esta latencia en las gestiones del Ministerio y del Poder Legislativo, deja entrever el poco interés en la ratificación del Acuerdo de Escazú. Desde el punto de vista de los sectores ambientalistas y de los derechos se considera un pendiente urgente en un país con un discurso verde a nivel internacional, ya que otros estados como Chile, se presenta un futuro más alentador para el acuerdo.
En el caso del país sudamericano, la negativa del presidente Piñera frenó el avance del Acuerdo, sin embargo, el panorama del nuevo gobierno encabezado por Gabriel Boric que asumirá funciones el próximo 11 de marzo, vaticina la posible adhesión al Acuerdo de Escazú seguido de un posible cabildeo con los partidos políticos en el seno del legislativo para su pronta aprobación. Mientras tanto en Costa Rica la ratificación no parece avanzar.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
De acuerdo a la CEPAL, se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
Meza, A. (17 enero 2022). Correspondencia DM-0034-2022. Despacho de la Ministra, Ministerio del Ambiente y Energía.
Vicerrectoría de Acción Social.(2021) El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente. Universidad de Costa Rica. https://www.youtube.com/watch?v=I1_3XoJNNpw
Vicerrectoría de Acción Social.(2021) UCCAEP y el Acuerdo de Escazú. Universidad de Costa Rica. https://www.youtube.com/watch?v=smfGOVw33_w
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022
El pasado 22 de enero del 2022, el Acuerdo de Escazú cumplió nueve meses desde que entró oficialmente en vigor.
Son en efecto 12 Estados que ya lo han ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), los cuales se reunirán en Santiago de Chile (sede de la CEPAL) el próximo mes de abril, para lo que constituirá la primera reunión oficial de Estados Parte a este novedoso instrumento.
A casi cuatro años desde su adopción, se registran 24 firmas de Estados y 12 ratificaciones: en América Latina, persisten en ni siquiera registrar su firma Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela; al tiempo que, entre los que lo han firmado, persisten en no ratificarlo Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú y Paraguay.
Como bien se sabe, mientras el Poder Ejecutivo no firme un tratado internacional (una sencilla instrucción, usualmente enviada desde la capital a su representante ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York para proceder a depositar un documento que oficializa la firma) no hay cómo iniciar una campaña en favor de su aprobación por parte del Poder Legislativo.
Como bien se recordará, este tratado regional fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Costa Rica. El nombre completo del Acuerdo de Escazú, abierto desde el 26 de setiembre del 2018 a la firma de 33 Estados de América Latina y del Caribe (véase el texto completo de su versión oficial en español), es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Chile: la urgencia del tiempo
Cabe precisar que las nuevas autoridades chilenas electas han anunciado que rectificarán en los primeros días de su gestión lo acontecido durante la administración del Presidente Sebastián Piñera con este innovador acuerdo regional (véase nota de prensa del 6/02/2022).
Una adhesión que será muy rápida de registrar en Naciones Unidas por parte del nuevo Poder Ejecutivo a penas tome posesión, y luego un cabildeo con los partidos políticos en el Poder Legislativo para aprobarlo, con el objetivo de poner a Chile al unísono con un clamor general en América Latina y con los lineamientos como los que contiene el Acuerdo de Escazú en materia de justicia ambiental y de derechos de quienes defienden el ambiente.
Estos lineamientos además coinciden no solamente con los que promueven diversas entidades de derechos humanos de Naciones Unidas, sino también – pese a que ello no se divulgue mayormente en algunos círculos políticos y económicos – con los de la misma OCDE o del Banco Mundial.
Con lo cual es muy factible, pese a la premura del tiempo, que Chile sí logre participar a la reunión prevista en el mes de abril del 2022 y que constituirá la primera COP (de la siglas en inglés de «Conference of Parties«).
Costa Rica: una persistente interrogante
En lo que concierne a Costa Rica, sigue interpelando a numerosos observadores internacionales y a organizaciones, tanto en América Latina como en otras latitudes, el hecho de no haber ratificado un instrumento que lleva el nombre de uno de sus cantones y que trata sobre ambiente y derechos humanos: dos pilares tradicionales de la política exterior de Costa Rica sobre los que ha basado su imagen y su prestigio internacionales.
Esta insólita ausencia de Costa Rica se entiende cada vez menos con el pasar del tiempo: ya han ratificado el Acuerdo de Escazú sin ningún tipo de problema Estados como Bolivia y Uruguay (2019), Ecuador, Panamá y Nicaragua (2020), así como Argentina y México (2021). Es muy factible que algunos cambios políticos en Suramérica en este 2022 auguren varias nuevas ratificaciones.
Cabe recordar que en el mes de febrero del 2020, en primer debate, se adoptó con 44 votos a favor y 0 en contra en la Asamblea Legislativa costarricense. Varios de los actuales legisladores luego cambiaron de parecer, debido a la presión ejercida por diversas cámaras empresariales costarricenses que se oponen a este instrumento con base en supuestos «argumentos«, cuyos autores rehúyen el debate público con especialistas en materia ambiental (Nota 1).
Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú
Hay que destacar el hecho que, desde la Sala Constitucional, un solo magistrado (Paul Rueda Leal) de siete evidenció la innecesaria complicación que esta jurisdicción le significó a la aprobación del Acuerdo de Escazú, con base en argumentos y en un cambio de su línea jurisprudencial más que cuestionables (Nota 2).
Vale la pena precisar que en ningún momento en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú (así como en Perú) de cara a la aprobación del Acuerdo de Escazú, sus poderes judiciales externaron un criterio como el de la Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica (según el cual, el Acuerdo de Escazú conlleva un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense). Lo cual viene a confirmar lo externado por el precitado magistrado en su primer voto salvado del mes de marzo del 2020, al señalar la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y por la mayoría de la Sala Constitucional (véase texto completo de la sentencia 06134-2020 de marzo del 2020):
«Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país«.
Cabe indicar que varios juristas costarricenses han detectado otras anomalías en el trámite seguido en el caso del Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, en este artículo publicado en abril del 2021 leemos que, para quien fue la negociadora en nombre de Costa Rica del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero:
«Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa… y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos”, continuó la exviceministra.“Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto» añadió Madrigal«.
Los supuestos «argumentos» en contra de Escazú: una facilidad para arrebatirlos que merece mención
Hace unos meses, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI) un valioso artículo que refuta nuevamente los mitos creados por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento: véase artículo titulado “El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica”, cuya lectura recomendamos. De igual manera, nos permitimos referir al lector a un muy valioso esfuerzo del equipo de periodistas de DobleCheck, el cual examinó en detalle cada uno de los argumentos de una influyente cámara empresarial (véase documento), en el que podemos leer que:
“Doble Check conversó el viernes 23 de abril con Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP, quien dirigió las consultas al director ejecutivo Fabio Masís. Masís dirigió hoy, lunes, nuestras consultas al departamento de prensa, que indicó que no podrían responder hasta la tarde del miércoles 28 de abril. Doble Check actualizará esta nota si las respuestas llegan para entonces“. A la fecha, la precitada nota se ha mantenido sin cambio alguno desde el mes de abril del 2021.
Foto de manifestaciones contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica, extraida de artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17/04/2013).
También se puede consultar el artículo del mismo académico, Mario Peña Chacón (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico costarricense de DerechoalDia. Una versión ampliada del mismo estudio fue puesta a disposición del público por parte del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) – véase enlace – el primero de diciembre del 2020.
Finalmente, con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental de octubre del 2019 (también publicado por el SEP de la UCR), explicaba claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que, al parecer, desconoce por completo la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).
A modo de conclusión
En los Estados de América Latina que ya han ratificado este novedoso instrumento regional (Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según varias cámaras empresariales costarricenses, la aprobación del Acuerdo de Escazú.
Esta realidad observada aplica también a lo sostenido por parte de las cúpulas empresariales colombianas, guatemaltecas, paraguayas y peruanas (y sus siempre leales fichas políticas) en contra del Acuerdo de Escazú: sus supuestos «argumentos» han sido de igual manera rechazados desde universidades y desde organizaciones sociales, llevándolas a explorar diversas herramientas de comunicación ante la intensa campaña de desinformación a la cual se han prestado varios medios de prensa en América Latina en contra del Acuerdo de Escazú (Nota 4). Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que ya aplica desde hace muchos años en Costa Rica, y que de ninguna manera amenaza otras esferas del ordenamiento jurídico.
Si se considera que Chile y Costa Rica fueron ambos líderes indiscutibles durante los más de cinco años y medio que duraron las negociaciones del Acuerdo de Escazú con las demás 31 delegaciones estatales, su ausencia en la lista de Estados Parte ofrece un inesperado argumento para los adversarios de este tratado: en particular algunas cúpulas empresariales de América Latina y sus fichas políticas, aferradas a no permitir ningún tipo de participación ciudadana en materia ambiental y mucho menos ofrecer algún tipo de protección para quienes alzan la voz desde sus pequeñas comunidades.
Dado que Chile posiblemente muy pronto cierre la lamentable paréntesis que ha significado su actual Presidente en muchos ámbitos relacionados a ambiente y a derechos humanos, ¿será factible rectificar antes de Chile (o al mismo tiempo que Chile) su no aprobación, o Costa Rica querrá arriesgarse a seguir «luciéndose» internacionalmente, dándole la espalda a un tratado que busca proteger quiénes defienden el ambiente, promover la transparencia así como la rendición de cuentas (Nota 5)?
Tienen la palabra su actual Ejecutivo, así como los 57 actuales integrantes de su Asamblea Legislativa: estos últimos aún están a tiempo de reconocer que erraron (y bastante) al cambiar de parecer sobre el Acuerdo de Escazú con base en argumentos que no lo son desde el punto de vista jurídico. También, claro está, resulta de interés para cada votante saber quiénes entre sus candidatos a la Presidencia están a favor de consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente, así como la transparencia y de la rendición de cuentas y… quiénes como que no, o no tanto.
– -Notas – –
Nota 1: En efecto, tan pronto fue conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. En el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase foro en este enlace oficial de la UCR). En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase foro).
Nota 2: Sobre la innecesaria complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado regional en Costa Rica, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México: breves apuntes”, DerechoalDía, edición del 18/11/2020, disponible en este enlace, en el que nos permitimos indicar que: «La total regresión del juez constitucional costarricense con relación a la participación ciudadana en materia ambiental externada en una decisión del 2017 podría explicar su profunda reserva con respecto a un tratado internacional adoptado con posterioridad en el 2018, y que busca precisamente ampliarla y consolidarla».
Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace.
Nota 4: En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú«, disponible en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales«. En Paraguay, el sitio El Surti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya en relación con el Acuerdo de Escazú. En materia audiovisual, universidades y ONG no han escatimado en talento y creatividad para intentar desmitificar el Acuerdo de Escazú: en Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de La Pulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» (disponible aquí).En Costa Rica, ante la falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal, se recomiendan: El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente, disponible en YouTube aquí, y otro video titulado UCCAEP y el Acuerdo de Escazú, disponible aquí.
Nota 5: El pasado 25 de noviembre del 2021, la CEPAL dio a conocer una nueva publicación sobre los alcances del Acuerdo de Escazú, cuya lectura igualmente recomendamos: se trata de la obra titulada “El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano. El texto completo del documento (298 páginas), y cuya lectura completa recomendamos, está disponible en este enlace oficial de la CEPAL.
Este artículo fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Desde el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), se exige a las diputaciones de la Asamblea Legislativa aprobar en primer y segundo debate el Acuerdo de Escazú, proyecto de ley 21245. Esto por la ausencia de protección de las personas que defienden el ambiente y la impunidad en los casos de violencia y asesinatos.
En 2018, en el cantón de Escazú se adoptó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El tratado es internacional, comprometido con el medio ambiente, los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable y acceso público para la participación en decisiones ambientales.
Publicado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
Asociación Colombiana de Salud Publica – comunicado
La Madre Tierra recibe al joven Breiner David Cucuñame, valiente guardia ambientalista, perteneciente a la comunidad Nasa, asesinado el pasado 14 de enero, en medio de enfrentamientos por la defensa del territorio y la vida digna de los pueblos originarios.
En el enfrentamiento también murió Guillermo Chicame, escolta de la UNP de Colombia. Por lo que se incrementa la incertidumbre y se genera la interrogante principal ¿Qué ha pasado con la ratificación del Acuerdo de Escazú, instrumento fundamental para proteger a nuestros líderes-as ambientalistas?
Compartido con SURCOS por Luis Bernardo Villalobos.
José Antonio Mora, Coordinador Kioscos Socioambientales José Andrés Zúñiga, Asistente de Coordinación
“Aunque la pandemia encerró a la gente, restringió y cerró locales, los extractivismos no se detuvieron, todo lo contrario, se intensificaron” comentó una compañera docente, durante el último análisis de coyuntura en materia socioambiental, del Programa Kioscos Socioambientales. Y es que, como bien quedó claro durante este análisis, la conflictividad socioambiental no se vio interrumpida por el coronavirus, o por las medidas para contener el riesgo de contagio, ya que el modelo económico se reajusta y se mantiene en continuo proceso de acumulación.
“Diay, ahora estamos con estas medidas sanitarias, pero las piñeras siguieron contaminando el ambiente y maltratando a los trabajadores, y hasta han sido un foco de contagio” comentó uno de los compañeros del grupo SACO, a través de una llamada telefónica, como una de las tantas formas de dar seguimiento comunitario desde la virtualidad. Lo cierto es que, más allá de imaginar que la pandemia implicó una suerte de “pausa” sobre la agenda ambiental, desde Kioscos ha quedado claro que el extractivismo de los bienes comunes, la violencia en los territorios indígenas y los conflictos socioambientales en general, han permanecido. Como bien se mencionó en la sesión de análisis, hay que tomar en cuenta que los extractivismos y la economía verde son ejes vertebrales de la dinámica político-económica de Costa Rica, creando así una nueva narrativa que sostiene la privatización.
Otra compañera del grupo SACO ha dicho que “cuando empezamos esto, era cada quien, con sus luchas, y si hacemos un análisis vemos que lo que está saliendo ahora a nivel del país, el caso Cochinilla, Meco y H Solís, eran las empresas con las que nosotros estábamos teniendo diferencias, nosotros las comunidades, no es que nos oponemos por oponernos, sino que teníamos ese espíritu de saber que las cosas no estaban bien”. De hecho, uno de los puntos más importantes del análisis de coyuntura de este 2021, ha sido los casos de corrupción (Cochinilla, Diamante y Azteca), relacionados con proyectos de infraestructura y por tanto con extractivismo de bienes comunes.
Un elemento de suma importancia que ha salido del análisis de coyuntura tiene que ver con la continuidad de las agresiones dentro de las recuperaciones indígenas de la zona sur. La impunidad, la urgencia de atender la salud física y mental de las mujeres indígenas, la no ratificación del Acuerdo de Escazú, la continuidad de los incendios provocados por no indígenas, y en general, el racismo institucionalizado contra los pueblos originarios, son varios de los aspectos analizados por Kioscos en esta última sesión.
El realizar este tipo de análisis, proviene de la necesidad del programa en posicionarse ético-políticamente, pero, además funciona para identificar nodos y agenda de trabajo para el próximo 2022. Por ejemplo, una de las conclusiones es que, a pesar de esta condición tan excepcional, como ha sido la pandemia, es realmente urgente regresar a la presencialidad y poder estar cuerpo a cuerpo con las personas de comunidades.
Justo la semana pasada, el grupo SACO emitió un comunicado donde pronunciaron su sentir frente a la declaratoria de la UCR para las Comunidades. El grupo manifestó su preocupación, en caso de que se mantenga la acción social de forma virtualizada, así como el gran interés en regresar a las actividades de tipo presencial, como son los talleres, encuentros, mapeos, festivales y otros, que tanto han servido para que las comunidades se sigan articulando y trabajando en conjunto. En ese sentido, el grupo SACO recordó a la Universidad, que la Acción Social se compone de ese vínculo Universidad-Sociedad, y que esperan que, al ser el año de las universidades para las comunidades, sea esta la que se vea mayormente fortalecida, y que, tanto proyectos como programas, puedan potenciar su trabajo el próximo año. En el comunicado mencionan “nos hace falta vernos, seguir trabajando en conjunto. Nos preocupan los recortes a las universidades públicas, porque las universidades no son solo los profesores y estudiantes, también somos todas las personas que trabajamos y participamos de proyectos de investigación y de acción social”. Suscribimos las palabras del grupo SACO y despedimos este 2021 con el interés en poder dar continuidad el próximo año, a los elementos que han salido de nuestro último análisis de coyuntura, pero esperando que este trabajo, se realice en conjunto con las comunidades con las cuales nos vinculamos.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
El libro ‘El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ nos ofrece las contribuciones de renombrados/as especialistas de diferentes países de América
El pasado 25 de noviembre del 2021, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal) dio a conocer una nueva publicación sobre el Acuerdo de Escazú, elaborada en colaboración con la Universidad del Rosario, Colombia (véase el enlace a presentación virtual realizada desde la misma Cepal, así como el video de la actividad, colgado por la Universidad del Rosario).
Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016. Foto extraída de la nota del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe). Este es un equipo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, la cual el mismo Estado hondureño intentó encubrir y maquillar en un primer momento (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
Una obra de lectura muy recomendada
Esta obra se titula El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano. El texto completo del documento (298 páginas) está desde ya disponible en este enlace oficial de la Cepal.
Cabe destacar que el prefacio de este libro es autoría de John H. Knox, antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Como bien se recordará, el título oficial del Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 (véase el texto completo de su versión oficial en español) es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Las negociaciones que culminaron en el 2018 duraron cinco años, siete meses y siete días. Si lograron concluir exitosamente, fue gracias a la habilidad de las gestiones diplomáticas desplegadas tanto por Chile como por Costa Rica, que lideraron el proceso de negociación.
En su presentación, las tres editoras de este libro indican que «Con el fin de dar paso al lector para que pueda sumergirse en el contenido de esta obra, es preciso enfatizar que para la CEPAL y la Universidad del Rosario el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad muy valiosa y sin precedentes para América Latina y el Caribe no solo para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental, sino también para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (p. xxiv).
El lector encontrará en esta obra artículos de gran valor escritos por la pluma de destacados/ as especialistas de América Latina y del Caribe, y es de esperar que sea ampliamente difundido en cuanto a su contenido.
Una contribución más que necesaria ante la desinformación existente
Pese a su entrada en vigor el pasado 22 de abril, el Acuerdo de Escazú persiste en polarizar como raramente observado a las opiniones públicas en varios Estados de América Latina y del Caribe, cuyos decisores políticos siguen indecisos en aprobar este innovador acuerdo regional.
Ello se debe en gran parte a una verdadera campaña de desinformación orquestada por algunos sectores económicos y políticos opuestos a ver consolidados y afianzados los derechos de quienes defienden el ambiente. Entre muchos, destaca el caso de Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú.
Estos «argumentos» en contra de Escazú se asemejan más a mitos promovidos por algunos sectores políticos cercanos a influyentes cúpulas empresariales que a argumentos sensatos y razonables: desde la fantasiosa idea según la cual al aprobar Chile este tratado, una demanda boliviana en su contra sería inminente, hasta la supuesta pérdida de soberanía peruana en la región amazónica, pasando por la intención de favorecer el aborto que encontró la iglesia paraguaya en el Acuerdo de Escazú, sin hablar de la inversión de la carga de la prueba (que vendría a amenazar la presunción de inocencia en materia penal) o bien, el hecho de que se ahuyentaría la inversión extranjera de aprobarse el Acuerdo de Escazú. Estos y muchos otros supuestos «argumentos» han sido sólidamente refutados en varias latitudes, desde la academia y desde organizaciones de la sociedad civil (Nota 1).
Ante la intensidad de esta campaña de desinformación y la de sus relevos encontrados en influyentes medios de prensa, algunos muy valiosos esfuerzos en materia de comunicación han intentado contrarrestarla (Nota 2). No obstante, el desequilibrio existente explica, al menos en parte, que de los 24 Estados que han firmado el Acuerdo de Escazú, solamente 12 lo hayan ratificado (véase tabla oficial de firmas y ratificaciones). Este desequilibrio puede también explicar en parte que varios Estados ni siquiera hayan optado por firmarlo (entre los cuales, en América Latina, figura el atípico caso de Chile, así como Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela).
Considerando el actual panorama del Acuerdo de Escazú en la región, esta nueva contribución de la Cepal en este mes de noviembre del 2021 permite una mejor comprensión del Acuerdo de Escazú y de sus alcances, en particular de cara a los desafíos que enfrenta América Latina en materia social y en materia ambiental.
Defensores del ambiente y asesinatos: un angustiante panorama
En relación con uno de los Estados que persiste en no firmar este tratado, Honduras, son muchos los activistas de América Latina en recordar que la fecha de adopción del Acuerdo de Escazú (4 de marzo) acordado por parte de las 33 delegaciones oficiales se escogió en homenaje al natalicio de Berta Cáceres, lideresa lenca asesinada en marzo del 2016 en Honduras (véase informe de un grupo de expertos internacionales (el Gaipe) que investigó sobre su muerte).
Por su parte, cabe indicar, en el caso de otro Estado ausente entre los firmantes, que Chile inició estremecido este último mes del 2021 al conocerse el asesinato de una gran activista ambiental como lo fue Javiera Rojas (véase nota de prensa del 1/12/2021). Pocos días después de lo ocurrido en Chile, es en Perú (que sí ha firmado mas no ratificado Escazú) donde se asesinó a un reconocido líder indígena en la región amazónica: Lucio Pascual Yumanga (véase nota de prensa de la DW del 6/12/2021).
Finalmente, entre los Estados como Perú que han firmado pero que no han aún ratificado este tratado, resulta de interés recordar que dos líderes indígenas en Costa Rica fueron asesinados en la región de Salitre en menos de un año (marzo del 2019 – febrero del 2020).
Es posible que la impunidad campante, que pareciera mantenerse en ambos asesinatos, sea parte de las inquietudes del relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita a Costa Rica prevista en el mes de diciembre del 2021 (véase comunicado oficial).
En este mes de diciembre, se conmemora en Costa Rica la muerte de los cuatro integrantes de AECO, acaecida hace 27 años, un doloroso caso que se mantiene en una indignante impunidad (véase artículo de opinión titulado «Sembrando memoria contra la impunidad y el olvido» publicado en el Semanario Universidad).
Foto extraída de la nota de prensa de la BBC “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, del 30 de julio del 2019.
La realidad del Acuerdo de Escazú y la puesta a prueba de los supuestos «argumentos» en su contra
Es de notar desde ya que en los Estados que ya han firmado y ratificado este novedoso instrumento regional (como Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según estas mismas cámaras empresariales, la aprobación del Acuerdo de Escazú. Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en estos Estados: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que ya aplica desde hace muchos años y que de ninguna manera amenaza otras esferas del ordenamiento jurídico.
En relación con los temores de los altos mandos militares peruanos, los respectivos ejércitos de los Estados antes señalados no han cedido un solo ápice de soberanía territorial desde que se aprobó.
Finalmente, en el caso de Costa Rica, destaca el hecho de que una de las principales cámaras empresariales opuesta al Acuerdo de Escazú haya rehuido el debate público con especialistas en derecho ambiental y derechos humanos (Nota 3).
Durante la reciente COP26 celebrada en Glasgow, las autoridades colombianas se sintieron obligadas a hacer un anuncio oficial en favor del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa de El Tiempo), evidenciando su profundo malestar, dada la dramática situación que enfrentan en Colombia los defensores del ambiente (véase nota de prensa de El País).
Recientemente en Costa Rica, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (Acodi) un valioso artículo que refuta nuevamente las leyendas creadas por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre muy hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento (véase artículo titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica», cuya lectura también recomendamos).
Es de resaltar que, en el caso de Costa Rica, las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) han sido particularmente activas (véase comunicado oficial de mayo del 2021), seguidas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) (véase pronunciamiento de junio del 2021), al tiempo que las autoridades de las demás universidades estatales, por razones que se desconocen, se han mantenido mudas.
A modo de conclusión: a propósito de dos Estados en deuda con toda una región y sus defensores ambientales
En junio del 2018, se pudo leer por parte de Chile y de Costa Rica en una declaración oficial conjunta (véase texto completo aún colgado por la diplomacia chilena) que:
«Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
En el marco de una visita realizada un mes después por el presidente de Chile a Costa Rica, se leyó en su discurso (véase texto completo), que:
«Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica, el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de Naciones Unidas».
Más de tres años después, si bien ambos Estados siguen encabezados por los mismos dos mandatarios de junio del 2018, el tono ha sustancialmente cambiado.
El caso de Costa Rica (que persiste en no ratificar este instrumento) y de Chile (que ni tan siquiera lo ha firmado) son particularmente llamativos (Nota 4). En efecto, se trata de los dos Estados que lideraron las negociaciones que concluyeron con la adopción del Acuerdo de Escazú.
Cabe indicar que, al revisar el texto de sus respectivos discursos oficiales durante la reciente Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en setiembre del 2021 (véase texto de uno y otro), ambos jefes de Estado omitieron toda referencia al Acuerdo de Escazú (el cual entró en vigor unos meses antes, el 22 de abril del 2021): ni una sola mención, ni congratulación o alguna frase saludando de alguna u otra manera su entrada en vigor. Se trata de una omisión (en nuestra modesta opinión, grosera) que amerita ser señalada.
Es probablemente la primera vez en la historia del derecho internacional público que dos Estados que lideraron la negociación de un instrumento internacional no logran formar parte del primer grupo de Estados que permite su entrada en vigor, evidenciando así ante el resto de la comunidad internacional su inconsistencia; y contribuyendo a minar la credibilidad de sus autoridades en materia ambiental y en materia de derechos humanos.
En este mes de diciembre en el que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, un anuncio oficial medianamente decoroso de ambos Estados en favor de los derechos de todas las personas que defienden el ambiente en América Latina y en el Caribe sería muy deseable, así como otras iniciativas en favor de la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, en particular en Estados en los que las muertes de estas personas siguen ocurriendo (así como las diversas formas de intimidar a sus compañeros/as de lucha). Aprobar este instrumento regional tan necesario para consolidar una verdadera democracia ambiental sería la mejor manera de rendirles un justo tributo y honrar la memoria de quienes perdieron la vida en defensa del ambiente.
Notas
Nota 1: Por ejemplo, en Costa Rica el equipo de periodistas de Doble check publicó en abril del 2021 esta muy completa guía titulada «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales». En Paraguay, el sitio El Surti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya en relación con el Acuerdo de Escazú.
Nota 2: En Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de La Pulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» (disponible aquí). En Costa Rica, ante la falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal, se recomiendan: El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente, disponible en YouTube aquí, y otro video titulado UCCAEP y el Acuerdo de Escazú, disponible aquí.
Nota 3: En efecto, tan pronto conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. En mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase foro en este enlace oficial de la UCR). En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate es para algunos la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase foro).
Nota 4: Sobre el peculiar caso de Costa Rica, remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N.: «¿Escazú sin Costa Rica? Así como se oye, por más extraño que suene», sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 8 de mayo del 2021, disponible aquí; así como a PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», Derecho al día, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí. En el caso de Chile, véase DURAN V. & NALEGACH C., «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?», Perspectivas del Centro de Derecho Ambiental, número 2, noviembre 2020, disponible aquí.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Nicolas Boeglin nos comparte su pensamiento sobre el tema:
«A tres años desde la firma solemne en Nueva York del Acuerdo de Escazú por parte de muchos Estados, varios de estos mantienen pendiente una gran deuda con los defensores del ambiente de América Latina, al no haber logrado aprobar este novedoso tratado regional debido a la presión de sectores corporativos. Entre ellos, el Brasil del Presidente Bolsonaro, una desconcertante Costa Rica, así como también Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana. Colombia que lo firmó en diciembre del 2019 debido a una fuerte presión de las organizaciones sociales, sigue sin ratificarlo a pesar de la dramática situación de los defensores del ambiente colombianos recientemente puesta a conocimiento de la opinión pública internacional
En cuanto a Chile, indica que en lo personal confía en que próximos cambios políticos permitirán a Chile firmar el Acuerdo de Escazú y posteriormente ratificarlo, cerrándose así el vergonzoso paréntesis que ha significado para el ambiente y los derechos humanos la gestión de su actual Presidente. En Centroamérica, tenemos a la fecha a dos Estados que siguen el ejemplo de Chile y que no han tan siquiera firmado el Acuerdo de Escazú: El Salvador y Honduras.
En lo que respecta a Costa Rica lo que se viene en la Asamblea Legislativa no permite pronosticar nada bueno para el Acuerdo de Escazú a partir de mayo del 202. Los 44 votos a favor y 0 en contra obtenidos en la legislatura actual en febrero del 2020 en primer debate persisten como un bonito recuerdo, pero no se percibe mayor voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú en los meses que le quedan de esta legislatura».
«Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay son parte de los 12 Estados Partes que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, instrumento que entro formalmente en vigor el pasado 22 de abril del 2021. En ninguno de ellos su economía y sus empresas tuvieron que sufrir nada de que lo que se anunció aquí en Costa Rica que iba a darse de aprobarse este tratado internacional».
Por su parte, Patricia Madrigal Cordero también brindo su aporte respecto al tema indicando que:
Hace tres años se abrió a la firma el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril del 2021 entró en vigor con la ratificación de 12 países de la región. Este proceso inédito permitió una negociación abierta, transparente y horizontal entre los países con la sociedad civil con el apoyo de la CEPAL. Este instrumento internacional se adoptó por consenso, reafirmando la posibilidad del multilateralismo y los puentes que podemos construir para fortalecer la Democracia Ambiental. Puentes que debemos construir en Costa Rica para lograr su ratificación en donde cada sector asuma el proceso con compromiso: el Poder Ejecutivo que estuvo liderando su negociación y hasta la próxima Conferencia de las Partes mantiene la Copresidencia; el Poder Legislativo asegurando el liderazgo de nuestro país en materia de derechos humanos y conservación ambiental; el Poder Judicial reafirmando los valores en los que se fundamenta el Estado de Derecho, garantizando la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional sobre todo tratándose de Derechos Humanos. La sociedad civil que ha dado seguimiento al proceso, explicando y divulgando su contenido. La Academia profundizando su correcta interpretación y aplicación. Y el Sector Privado entendiendo que la reactivación económica debe darse con absoluta transparencia, información y participación.
Compartido con SURCOS por Nicolas Boeglin, Jose M. Gutierrez y Patricia Madrigal Cordero.
El pasado 15 de septiembre, el Grupo Pesquisa Derecho y Sustentabilidad, realizó la conferencia: «El Acuerdo de Escazú: perspectivas y desafíos para su ratificación en Costa Rica». Se contó con la participación de:
Dr. Nicolás Boeglin Naumovic
Se le invita a visualizar la conferencia completa accediendo al siguiente enlace:
Según la organización “La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta”.
En 2020, se registraron 227 asesinatos, es decir un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana y lo convierte, en el año más peligroso registrado para las personas que defienden su territorio y sus bienes comunes, así como los ecosistemas que son vitales para la salud ambiental del planeta y la estabilidad climática.
La región Latinoamericana sigue siendo la más letal pues tres de cada cuatro personas en total 165 personas asesinadas en la región el año pasado, el país más peligroso del mundo es Colombia (65), México (30) Brasil (20), Honduras (17) y Guatemala (13) Nicaragua (12), Perú (6), Argentina (1) y Costa Rica (1) son los países de la región con más personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas.
Más de un tercio de los ataques mortales están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria), represas hidroeléctricas y otra infraestructura. El extractivismo forestal fue el sector con el mayor número de homicidios (23), seguido por agroindustria y minería (17).
Según británica Global Witness los pueblos indígenas son las principales víctimas de este año y para muestra nuestro país donde se registra el asesinato del defensor indígena Jehry Rivera asesinado de cinco disparos por la espalda en medio de un “linchamiento” de usurpadores no indígenas por un terreno recuperado en febrero del 2020.
Este asesinato se dio en un ciclo de violencia que incluye amenazas de muerte a doce lideresas y lideres de pueblos indígenas y dos activistas que acompañan el proceso de recuperación territorial que vienen realizando las comunidades originarias. Estas amenazas son parte de los 89 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado [3], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia.
Hay un modo operandi que en muchos casos se transforma en un ciclo de violencia política, pues si bien no es lineal, tiene un patrón que inicia con la desacreditación y el acoso, pasa a las demandas o a la judicialización, se convierte en acción directa en forma de amenazas o atentados, y finalmente puede llegar al asesinato.
Resulta no menos que vergonzoso y hasta repudiable que un Estado como Costa Rica, que auspicia y facilita la negociación del denominado “Acuerdo Escazú”, herramienta para evitar este ciclo de violencia contra las personas defensoras ambientales, haga el triste papel, pues algunas personas en la Asamblea Legislativa, el Gobierno, las Cámaras empresariales y la Corte Constitucional se han orquestado para hacer un boicot al acuerdo. Esto a pesar de tener este período dos asesinatos a líderes indígenas, este ciclo de violencia en territorios indígenas, más de 100 hechos de violencia desde hace tres décadas en nuestro país y la realidad que refleja el informe presentado por Global Witness esta semana.
