La Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica presenta una producción en la cual se hace un llamado sobre la importancia del Acuerdo de Escazú y el impacto en las personas defensoras del ambiente. 

Para Álvaro Sagot, especialista en derecho ambiental, el Acuerdo de Escazú busca garantizar el derecho de la participación ciudadana en asuntos ambientales, el derecho al acceso a información sobre asuntos ambientales y el derecho a la justicia ambiental. 

La producción recuerda que Costa Rica y Chile son parte de los países que no han ratificado este acuerdo que protegería a quienes defienden derechos indígenas y de pequeñas comunidades. Para Nicolas Boeglin, especialista en derecho internacional, la democracia ambiental está siendo afectada por leyes y repeticiones de escándalos ambientales que no han funcionado para la protección de los territorios, siendo parte del sector privado el causante de la extracción y explotación minera.

Esta situación supondría un agravio a la impunidad y la pérdida del marco legal para resolver situaciones como la explotación de territorios y los asesinatos a líderes indígenas y ambientales. 

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Compartido con SURCOS por Hannia Rodríguez.