Acuerdo de Escazú

El pasado lunes 27 de septiembre se cumplieron tres años desde que muchas personas firmaron en un evento paralelo a la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el estado de firmas con fechas y de ratificaciones se encuentra en el siguiente enlace: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=_en

Nicolas Boeglin nos comparte su pensamiento sobre el tema:

“A tres años desde la firma solemne en Nueva York del Acuerdo de Escazú por parte de muchos Estados, varios de estos mantienen pendiente una gran deuda con los defensores del ambiente de América Latina, al no haber logrado aprobar este novedoso tratado regional debido a la presión de sectores corporativos. Entre ellos, el Brasil del Presidente Bolsonaro, una desconcertante Costa Rica, así como también Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana. Colombia que lo firmó en diciembre del 2019 debido a una fuerte presión de las organizaciones sociales, sigue sin ratificarlo a pesar de la dramática situación de los defensores del ambiente colombianos recientemente puesta a conocimiento de la opinión pública internacional

Y se comparte la nota “Más de 220 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2020” la cual se encuentra en el siguiente enlace: https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20210913-defensores-medio-ambiente-asesinados-global-witness.

En cuanto a Chile, indica que en lo personal confía en que próximos cambios políticos permitirán a Chile firmar el Acuerdo de Escazú y posteriormente ratificarlo, cerrándose así el vergonzoso paréntesis que ha significado para el ambiente y los derechos humanos la gestión de su actual Presidente. En Centroamérica, tenemos a la fecha a dos Estados que siguen el ejemplo de Chile y que no han tan siquiera firmado el Acuerdo de Escazú: El Salvador y Honduras.

En lo que respecta a Costa Rica lo que se viene en la Asamblea Legislativa no permite pronosticar nada bueno para el Acuerdo de Escazú a partir de mayo del 202. Los 44 votos a favor y 0 en contra obtenidos en la legislatura actual en febrero del 2020 en primer debate persisten como un bonito recuerdo, pero no se percibe mayor voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú en los meses que le quedan de esta legislatura”.

“Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay son parte de los 12 Estados Partes que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, instrumento que entro formalmente en vigor el pasado 22 de abril del 2021. En ninguno de ellos su economía y sus empresas tuvieron que sufrir nada de que lo que se anunció aquí en Costa Rica que iba a darse de aprobarse este tratado internacional”.

Y, el lunes 27 de septiembre se publicó la siguiente nota en Argentina “Secretaría de Minería, CEPAL y COFEMIN participaron de la primera reunión sobre la entrada en vigor del acuerdo de Escazú” https://www.argentina.gob.ar/noticias/secretaria-de-mineria-cepal-y-cofemin-participaron-de-la-primera-reunion-sobre-la-entrada; y en Colombia “Oposición en Colombia busca ratificar Acuerdo de Escazú” https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478217

Por su parte, Patricia Madrigal Cordero también brindo su aporte respecto al tema indicando que:

Hace tres años se abrió a la firma el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril del 2021 entró en vigor con la ratificación de 12 países de la región. Este proceso inédito permitió una negociación abierta, transparente y horizontal entre los países con la sociedad civil con el apoyo de la CEPAL. Este instrumento internacional se adoptó por consenso, reafirmando la posibilidad del multilateralismo y los puentes que podemos construir para fortalecer la Democracia Ambiental.  Puentes que debemos construir en Costa Rica para lograr su ratificación en donde cada sector asuma el proceso con compromiso: el Poder Ejecutivo que estuvo liderando su negociación y hasta la próxima Conferencia de las Partes mantiene la Copresidencia; el Poder Legislativo asegurando el liderazgo de nuestro país en materia de derechos humanos y conservación ambiental; el Poder Judicial reafirmando los valores en los que se fundamenta el Estado de Derecho, garantizando la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional sobre todo tratándose de Derechos Humanos. La sociedad civil que ha dado seguimiento al proceso, explicando y divulgando su contenido.  La Academia profundizando su correcta interpretación y aplicación. Y el Sector Privado entendiendo que la reactivación económica debe darse con absoluta transparencia, información y participación.

 

Compartido con SURCOS por Nicolas Boeglin, Jose M. Gutierrez y Patricia Madrigal Cordero.