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La efectividad de la estrategia de continuidad del gobierno de Chaves

Escrito en 18/02/2026. Publicado en Análisis.

German Masís

Mientras muchos todavía nos preguntábamos por las razones del ascenso al poder del Partido Progreso Social Democrático y luego en los meses y años siguientes íbamos tratando de asimilar un estilo de gobierno del presidente agresivo y confrontativo, el grupo político en el poder iba tejiendo su estrategia para convertir la Administración actual en la plataforma para garantizar el triunfo en las elecciones del 2026 y consecuentemente la continuidad de este grupo en otro período gubernamental.

Si atendemos al pasado reciente, podemos identificar algunas posiciones y argumentos del Presidente y su equipo de gobierno, que iban en la dirección, de no sólo gobernar en el período 2022-2026, si no proyectar lo que sería una estrategia de continuidad, que fue anunciada prácticamente desde la primeras semanas de ésta Administración y en especial en el informe de los 100 días y en los informes anuales del Ejecutivo, en la que afirmaban la dificultad de gestionar el gobierno y la necesidad de un período más amplio para concretar la reestructuración del Estado para hacerlo “más efectivo y más ligado a las necesidades del pueblo”, según lo enunciaba el Presidente en cada acto político y en sus discursos semanales.

Entre los argumentos esgrimidos frecuentemente por el presidente, su asesora Cisneros y los delfines formados en el proceso, entre ellos la presidente electa, se encuentran algunos que eran estratégicos para los intereses de ese grupo y los cuales fueron muy efectivos para estructurar la propuesta de continuidad que fueron consolidando durante los 4 años, entre ellos están:

El primer argumento, fue que los proyectos que no se podían concretar en el período 2022-2026, como el de la Ciudad-Gobierno, el de la marina y el puerto de cruceros de Limón, el del aeropuerto de la zona Sur, el de la carretera de San Carlos y las reformas institucionales a Ministerios como el MOPT, el MAG y el MINAE, así como las instituciones autónomas, como el ICE, Recope, el INA, JAPDEVA, INAMU, el PANI y radio nacional y canal 13 (que debían ser los canales de propaganda gubernamental), se podían alcanzar si el pueblo les daba un período más en el poder, a lo que posteriormente agregaron que también se necesitarían 40 diputados para lograr todos los cambios mencionados.

El segundo fue que la oposición tiene tomada la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República y no los deja gobernar, bloquea sus iniciativas y hace una oposición negativa frente a los intereses del pueblo que el gobierno representa, por lo que se requeriría de un período amplio de gobierno, para reformar esas instancias y ponerlas a funcionar de manera eficiente y fluida según sus necesidades y demandas.

El tercero, sería que de los mayores errores de los gobiernos de los partidos tradicionales, el más perjudicial es el abandono por parte de las instituciones estatales, tanto centralizadas como autónomas, que incluye las universidades, de la población que vive en las zonas costeras y fronterizas en términos de prestación de servicios, infraestructura y beneficios sociales, dicha población se encuentra marginada del desarrollo y de las oportunidades, de ahí que la posibilidad de revertir esa condición, está ligada a extender el período de gobierno a otros 4 años más.

El cuarto argumento es que el país está muy bien bajo este gobierno, la economía funciona muy bien, la pobreza se ha reducido, se está generando empleo, los indicadores macroeconómicos son excelentes, que hay crecimiento y prosperidad.

Los argumentos sociopolíticos y hasta psicológicos, de tenemos un proyecto de cambio que va a mejorar la situación de todas las personas, pero que no lo podemos realizar en 4 años, que somos víctimas de las instituciones del sistema político controladas por la oposición(los malos) que no nos dejan gobernar (a los buenos), que la situación del país es muy buena, por lo que no hay que hacer caso a los que señalan problemas que no existen (entre ellos las universidades y el Estado de la Nación), que sólo quieren desprestigiar la labor del Gobierno y que en el país los más perjudicados por los gobiernos de los partidos tradicionales han sido las personas pobres y marginadas de las zonas costeras, fronterizas y urbano marginales del Valle Central a los que este gobierno quiere ayudar, han sido argumentos que han calado fuertemente en las poblaciones populares que tienen mayores limitaciones de recursos e información (los “Básicos” como diría la diputada Cisneros), pero que habían apostado a un gobierno fuerte, directo, de mano dura, sin importar si eso implica un estilo autoritario y de concentración de poder.

Por su parte con respecto a las posiciones tácticas que el gobierno de turno tomó y le resultaron efectivas durante el período de gobierno, para crear las condiciones para la continuidad y como preparación para las elecciones del 2026, fueron las siguientes:

1. Promover e impulsar desde el primer día de gobierno, una campaña política a favor de la continuidad, que se reproducía semanalmente en las conferencias de prensa, en las visitas a las regiones y comunidades y en los discursos durante actos públicos diversos y el encuentro con miembros de otros poderes, que en los últimos meses del 2025, se constituyó en una campaña abierta y beligerante a favor de la candidata oficialista, que ni el TSE, ni la Asamblea legislativa lograron detener.

2. La cooptación de dirigentes locales y alcaldes de gobiernos locales, por lo general de cantones de las regiones periféricas, mediante una acción directa de la Casa Presidencial y de autoridades de instituciones del gobierno Central, para ofrecer recursos y obras para las comunidades de referencia de éstos, que generó un apoyo y un vínculo de al menos 15 alcaldías, en una labor que en el pasado era realizada por delegados presidenciales que tenían los gobiernos de los partidos tradicionales.

3. La descalificación constante de los partidos de oposición y de sus dirigentes, utilizando todo tipo de mecanismos directos e indirectos, de burla, ofensa o vocabulario “pachotero”, que el presidente y sus seguidores adoptaron, reproduciendo según ellos la forma de comunicación del pueblo y la que es de más fácil comprensión para estar en sintonía con los sectores populares.

4. La sustitución del espacio comunal y político que tenían las iglesias evangélicas ligadas al partido Renovación y luego Nueva República, en las zonas costeras y fronterizas, a través de un enfoque de oferta y ejecución permanente de obras y asistencia desde el gobierno a las comunidades, frente a las ayudas puntuales a las familias de los fieles que aquellas les ofrecen.

La táctica del grupo en el poder para procurar la continuidad, no ha sido casual, ha sido bien orquestada, tanto para mantener la popularidad del Presidente como para montar la plataforma de apoyo a la candidata oficialista, que se resume en: hacer una campaña permanente desde el gobierno hacia la continuidad, captar el apoyo local y de los gobiernos locales en las zonas costeras, fronterizas y marginales, desprestigiar constantemente a los partidos y dirigentes de oposición y desplazar los simpatizantes del partido evangélico en esas zonas. Parece maquiavélico, pero definitivamente que la estrategia funcionó.

Ciudad Gobierno, ejemplo de incompetencia e improvisación

Escrito en 09/09/2023. Publicado en Educación.

Freddy Pacheco León

Extraña que, como parte importante de lo que hace la administración Chaves, alrededor del millonario, pero mal estructurado proyecto de «ciudad gobierno», se obvie lo de la manzana perteneciente al Liceo de Costa Rica.

Al reafirmarse judicialmente, que los 10 mil metros cuadrados de terreno al sur del edificio oeste, son propiedad del centenario Liceo, se suscribió un contrato de arrendamiento con las autoridades del MOPT, que, por desdicha, el ministro Luis Amador ordenó incumplir, o sea, no pagar el alquiler pactado, afectando sensiblemente el buen funcionamiento del prestigioso Liceo.

Pues bien, mediante una maniobra de los jerarcas del MEP, MOPT y VIVIENDA, ejecutada con la complicidad de una espuria junta administrativa, órgano con solo FUNCIONES ASESORAS, se cometió falta grave. Cual si la Ley promovida por el expresidente Daniel Oduber, mediante la cual se reconoce como del LCR la cuadra que hoy ocupan los talleres del MOPT, fuere letra muerta, la tal junta administrativa (procesada por supuestos actos de corrupción), le «cedió» al gobierno de Chaves, lo que no podían regalar.

Serán los tribunales de justicia los que, sin duda alguna, anularán el «convenio de cesión», pero mientras tanto, el gobierno NO puede, no debe, hacerse «gato bravo» con el bien que pertenece al Liceo.

Podría pagar una indemnización por expropiación (si se llegase a aprobar el préstamo de US$450 millones en la Asamblea Legislativa), o determinar otro mecanismo justo de traspaso, pero no cometer el delito que hoy no les da pena exhibir ante la opinión pública.

No es sólo un cambio de gobierno, es el inicio de un cambio social que podría cambiar el rumbo del país

Escrito en 04/08/2023. Publicado en Análisis.

German Masís Morales

La llegada al poder del nuevo partido Progreso Social Democrático y con él un nuevo grupo político y económico, la alianza de éste con otros partidos nuevos o emergentes, el desarrollo de la Administración Chaves en un año de su gestión y los cambios institucionales impulsados, el respaldo sostenido de buena parte de la población y las posiciones y el discurso polarizante de los nuevos líderes políticos, no son elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que ha iniciado, impulsado por ciertos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos, que es necesario analizar y esclarecer en la coyuntura actual.

De acuerdo con la teoría y el desarrollo histórico del cambio social, del que se ha ocupado la Sociología, existen razones sociohistóricas objetivas, factores explicativos, características particulares y agentes de cambio que están interviniendo en el cambio social de la II década del siglo XXI en nuestro país.

Frente a la realidad actual, nos preguntamos si estamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre sus clases sociales y en particular del deterioro de los partidos políticos tradicionales y los sectores que los han apoyado.

El tipo de cambio social se origina en la pugna social entre un grupo económico y político nuevo y los grupos de la política y la economía tradicional, donde aquellos quieren imponer su visión de la sociedad mediante el impulso de cambios significativos a pesar de la oposición de otros sectores de la sociedad.

Los factores de cambio predominantes son factores político-ideológicos que responden a la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político y económico, que se han manifestado en partidos políticos nuevos y emergentes en ascenso, que han aprovechado el vacío político dejado por los partidos tradicionales y por los gobiernos del PAC.

Se mencionan como agentes de cambio personas que han tenido la capacidad de incidir en la manera en que la sociedad costarricense está estructurada, porque poseen poder económico o han tenido capacidad de convocatoria política en las últimas elecciones nacionales, como los líderes y dirigentes surgidos en los partidos emergentes, encabezados por un político tecnócrata y antisistema y los empresarios que financiaron la campaña política de esos partidos.

De manera evidente, la ciudadanía votó por el cambio político, representado por esos partidos y esos líderes, pero ya en el poder la Administración Chaves, ha ido mostrando las propuestas del cambio, a saber:

-una lucha contra la corrupción y contra los sectores que el nuevo partido y los nuevos líderes identifican como responsables: los partidos tradicionales y el PAC

-la reducción en el costo de la vida, que según los nuevos grupos, se encuentra elevada por la acción de grupos económicos tradicionales e instituciones que se han favorecido de los altos precios de los productos.

-la reactivación de la economía, luego de la pandemia y de la crisis económica en que se encuentra el país, resultado según ellos, del mal manejo de la economía y de las instituciones por parte de los grupos tradicionales.

Pero esas fueron las razones aparentes o explícitas del cambio que se divulgaron en la larga carrera de la campaña política y que sedujeron a buena parte de los votantes a apoyar al nuevo partido y a los nuevos dirigentes.

Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la Administración actual, han venido quedando en evidencia las verdaderas razones o las razones no explícitas del cambio propuesto, entre ellas:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBi, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros en la reinvindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso grandilocuente del Presidente y de las Autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia innecesaria pero muy efectiva en la intención de mantener su popularidad.

Si algunos ciudadanos distraídos siguen pensando que este es un gobierno más, que lo que ha ejecutado en este año de gestión, no tiene gran trascendencia, debieran comenzar a entender que la Administración Chaves tiene una orientación definida y que los elementos antes mencionados son parte de un cambio social acorde con los intereses de determinados grupos económicos y políticos, que podría consumarse plenamente en los próximos 3 años.

Es innegable que hay un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y económica del país, hacia una menos democrática, menos incluyente, menos equitativa y menos respetuosa de los derechos humanos.