La Fundación Ambio realizó este viernes 30 de octubre el foro regional: “Diálogo para enfrentar los nuevos retos en el fomento de la agricultura sostenible y el consumo de alimentos saludables en América Central”. El foro se realizó de manera virtual.
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#AgriculturaSostenible
German Masís
La CEPAL y Oficina Regional de la FAO han hecho un llamado a los países latinoamericanos y del Caribe para evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria.
Estos organismos han presentado un análisis acerca de las vulnerabilidades socioeconómicas y alimentarias de los países y de las medidas aplicadas por éstos para atenuarlas, a la vez que han recomendado la adopción de un conjunto medidas urgentes para evitar la crisis y fortalecer la lucha contra el hambre.
Se considera que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor vulnerabilidad (FAO, Boletín junio, 2020).
En el caso de Costa Rica, es posible establecer algunas vulnerabilidades ligadas al sistema de distribución de alimentos, a los trabajadores que participan en el sistema, además de vulnerabilidades ligadas a la condición socioeconómica de la población.
Tomando como punto de partida que el país ha mantenido funcionado sus mercados con relativa normalidad y de que los riesgos de desabastecimiento alimentario han sido limitados, se puede establecer que se han presentado algunas interrupciones en la operación de las cadenas internas de comercio y también en la cadena regional, con el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para el transporte de carga.
En el ámbito de los trabajadores vinculados a los sistemas alimentarios, se indica que dado que la agricultura es intensiva en mano de obra (este sector involucra un 11,7% de la población ocupada), frente al COVID-19, los trabajadores de todos los eslabones de la cadena están expuestos desde el punto de vista tanto físico como económico.
En las empresas productoras y exportadoras de alimentos en sus fases de transformación y empaque como ocurrió en la zona norte, el riesgo de contagio aumenta por la mayor proximidad física entre personas requerida para llevar a cabo las actividades y la necesidad de trabajar in situ.
Los trabajadores de los mercados mayoristas y minoristas (ferias, mercados y supermercados) siguen trabajando en una situación de alto riesgo de contagio y sus sueldos no compensan ese mayor riesgo y, en el caso de los repartidores de comida a domicilio, los ingresos también son bajos y la informalidad es elevada.
Mientras tanto, en la producción agrícola familiar y de pequeñas fincas, los trabajadores requieren un nivel de proximidad física con otras personas para llevar a cabo sus tareas; dichas tareas asociadas no pueden realizarse de forma remota y por ello los trabajadores siguen circulando e interactuando entre sí, incluso en los periodos de fuerte confinamiento.
Durante la pandemia, han ingresado a todas las ciudades de la Gran Área Metropolitana y centros poblados de las demás regiones, camiones con alimentos producidos por miles de agricultores y pescadores artesanales, que llegan finalmente a las mesas de los consumidores costarricenses.
Ellos se podrían haber refugiado en sus casas para evitar el contagio, pero optaron por no detener su actividad. Es paradójico que la inseguridad alimentaria y la pobreza estén presentes en la gran mayoría de los hogares de estos agricultores, que no tienen derecho a la seguridad social, vacaciones o acceso a servicios de salud, además de que los trabajadores agrícolas presentan altos niveles de informalidad y sus ingresos son inferiores al promedio del empleo no calificado.
Con respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas, teniendo en cuenta que la línea de pobreza extrema se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos, las personas que se encuentran por debajo de esta línea no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los costos básicos de alimentación. Esto significa que la caída económica pronosticada para este año (un 3.6%) repercutiría directamente en la seguridad alimentaria de miles de personas y que el hambre se deriva de la pobreza (en particular, de la pobreza extrema).
Esto indica que el nivel de pobreza del país que asciende al 21%, involucrando a 336.845 hogares y la pobreza extrema que representa un 5.8% y 93.542 hogares (INEC,2019), podrían aumentar, si se cumple el pronóstico de la CEPAL de que debido a la pandemia la pobreza en Costa Rica podría tener un crecimiento de 3 puntos porcentuales, es decir alcanzaría el 24% como mínimo.
En el país, la pobreza y la pobreza extrema han tendido a ser más elevadas en las zonas rurales, pero también la informalidad del empleo y el bajo acceso a redes de protección social, lo que genera una situación de gran vulnerabilidad. De manera que si la pobreza es del 24.2% en las zonas rurales (19.8% en las zonas urbanas), con los mayores niveles en las zonas Brunca y Pacífico Central, con el 30.3% y 29.8% respectivamente, el deterioro de la pobreza podría ser aún mayor en ellas y el efecto sobre la inseguridad alimentaria también.
La incidencia de la pobreza no solo es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, sino también entre niños, adolescentes y jóvenes; indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas con niveles educacionales más bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.
La pobreza rural se ha asociado tradicionalmente con la existencia de un gran contingente de pequeños productores agrícolas de baja productividad, con poca tierra y de baja calidad, y acceso limitado a bienes públicos.
Según la información de las organizaciones agrícolas, se estima que este sector se compone de entre 78 mil y 90 mil productores, a las que hay que agregar alrededor de 10 mil pescadores artesanales que son los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. La agricultura familiar representa, más de 50 mil pequeñas fincas y el 55% de las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria (Red Agricultura Familiar, 2017). Los trabajadores agrícolas por cuenta propia y sus familiares no remunerados, en su mayoría agricultores familiares, tienen el nivel más bajo de ingresos de las diferentes categorías de inserción laboral en las zonas rurales.
Estas unidades de producción familiar, aportan, el 85% de la producción nacional de frijol, el 80% de la cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55% de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente de empleo e ingresos de la población rural. (Masís, G.2018, p.229).
La FAO y la CEPAL han realizado un registro de las medidas de política aplicadas por los Gobiernos para enfrentar la emergencia en el sector alimentario y en los territorios rurales de la región (FAO/CEPAL, 2020). Entre dichas medidas, se destacan:
La implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales para estabilizar la economía y apoyar a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, de modo que se asegure la disponibilidad de alimentos. Las medidas incluyen refinanciamiento, reducción o postergación de pagos, disminución de impuestos, flexibilización de contratos y aplicación de subsidios.
En nuestro país, se aprobaron medidas para que los bancos de brindarán una amnistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores (Alterdes, cr,2020), medidas que ahora se solicita prorrogar por 3 meses adicionales.
El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) efectuó una condonación de obligaciones financieras de primer piso que mantienen con esa entidad para 2.705 microproductores y pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas del país
Por su parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) otorgó una Moratoria en el pago de capital e intereses por hasta 6 meses en créditos con recursos del SBD para empresas con grave afectación económica y un período de gracia de hasta 12 meses en el pago de capital de operaciones financiadas con recursos del SBD para empresas con mediana afectación económica. También brinda refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del SBD para capital de trabajo de emergencia y fondos no reembolsables para 200 pequeñas y medianas empresas (pymes). (FAO, Boletín, 2020)
A nivel institucional se ha dado la creación de equipos de trabajo del Sector Agropecuario para superar la emergencia, compuestos por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural y otros organismos como el PIMA, el SENARA, la FAO, el (IICA) y el banco de alimentos.
En la adaptación de la logística de las cadenas de suministro y para que la agricultura siga funcionando han sido importantes las siguientes medidas: la adopción de nuevos protocolos sanitarios; la capacitación de la fuerza de trabajo, el ajuste del nivel de funcionamiento en las plantas agroindustriales, la reprogramación de siembras y cambios en la elección de rubros productivos, entre otras. Estas medidas han sido dirigidas a todo tipo de empresas, incluidas las fincas de la agricultura familiar.
También ha sido importante la articulación de los actores en redes y el fomento del comercio digital y otras opciones de circuitos cortos de comercio. En este sentido, se han establecido mercados virtuales institucionales en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto Nacional de Aprendizaje) INA), así como mercados virtuales locales en Pérez Zeledón y la zona de los Santos.
En el reforzamiento de los programas de seguridad alimentaria estatales con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, se ha mantenido el programa de comedores escolares, mediante la distribución directa de bolsas de alimentos dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, a la que se han efectuado 5 entregas de alimentos.
Ligado a la distribución de alimentos a los comedores escolares, es necesario mencionar la labor del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que ha organizado la compra, acopio y envío de las bolsas de alimentos a las escuelas y comunidades.
Frente a la fuerte caída de la economía, los ingresos y las remesas, y al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos, la CEPAL y la FAO han propuesto un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.
La CEPAL y la FAO proponen un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema., como complemento al ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL (CEPAL,2020).
En Costa Rica, el bono Proteger establecido para apoyar a los trabajadores desempleados o que han visto reducida sus jornadas e ingresos y que ha cubierto alrededor de 530 mil personas durante 3 meses, puede asimilarse al ingreso básico de emergencia propuesto. Este bono pretende ampliarse por 3 meses adicionales e incluir a una población mayor cercana a las 900 mil personas, pero en la actualidad depende de la obtención de financiamiento extraordinario por parte del Gobierno.
Para otorgar liquidez a las empresas agropecuarias se proponen dos medidas complementarias: i) créditos blandos a empresas del sector productivo agrícola que operan en condiciones críticas y ii) bonos de inversión productiva para aumentar la inversión productiva en las fincas de los agricultores más rezagados mediante un bono de 250 dólares por explotación, entregado una sola vez, para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos.
Entre otras medidas mencionadas, es importante destacar la de expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo. Esta medida es crucial para los hogares de los agricultores familiares de subsistencia ante la disminución de sus ingresos no agrícolas, que en muchos casos representan más de la mitad de su ingreso total. (FAO, Boletín,2020).
La pandemia y el riesgo inminente de una crisis alimentaria recuerdan la importancia crucial de la agricultura y los sistemas alimentarios. La agricultura es una de las pocas actividades imprescindibles, así como son imprescindibles los bienes que produce.
La pandemia obliga a reforzar la resiliencia y la inclusión social y a no olvidar los objetivos de una agricultura más sostenible y las prácticas de adecuación al cambio climático. La sostenibilidad ambiental de la agricultura y los sistemas alimentarios y la integración entre la agricultura y la biodiversidad, son demandas de la sociedad que cobrarán más fuerza.
En una crisis sanitaria se valora más la calidad de los alimentos, la inocuidad, la trazabilidad, las certificaciones de calidad y los atributos ambientales, sociales o culturales. Los consumidores acelerarán el cambio de sus preferencias hacia alimentos sanos, saludables y con identidad.
Durante la pandemia, se ha establecido el comercio digital, este es el nuevo concepto de cadena corta de comercio. Se va a acelerar el surgimiento de oportunidades para la digitalización de la agricultura y con ello se incrementará la influencia de los consumidores en la definición de los modelos productivos y de los bienes generados por la agricultura. La digitalización será un gran desafío para la agricultura familiar y los pescadores artesanales, pues implica un modelo de negocio diferente de aquel al que están acostumbrados.
Con la emergencia se ha hecho evidente que se requiere de un Estado e instituciones públicas agroalimentarias y rurales fortalecidas, con mayores y mejores capacidades, circunstancia que ha vuelto a señalar la urgencia de la renovación de la institucionalidad pública agrícola, alimentaria y rural del país.
German Masís Morales
Este lunes el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería han efectuado la apertura de la primera rueda virtual de negocios que se realiza por medio de la plataforma La Finca Agropecuaria, herramienta impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde más de 2.000 productores y 50 compradores han de acercado la oferta de bienes de origen agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, a la demanda de las agroindustrias nacionales.
“Esta es la forma cómo la institucionalidad responde para apoyar a los productores en el escenario que nos impone la pandemia por COVID-19. Estas oportunidades son muy valiosas, porque no se trata solo de vender hoy, sino de alcanzar alianzas que nos permitan una relación fortalecida y un mejor conocimiento entre la producción agrícola primaria y la agroindustria para negocios futuros”, declaró el Ministro.
En tanto, el Presidente reafirmó el compromiso de su gobierno de apoyar a los productores al máximo, para lo cual “estamos trabajando duro en mejores condiciones de créditos, acceso a la tecnología y al valor agregado para llegar a mejores mercados”. (ElPaísCr,1-6-2020)
Ante estas manifestaciones de las autoridades del Gobierno actual, nos preguntamos si estas acciones introducen cambios importantes en la producción y en el comercio agropecuario y si se está aprovechando la coyuntura de la pandemia del covid-19 para impulsar una transformación de la actividad agrícola y agroindustrial, de los sistemas de producción o de la participación de los distintos sectores involucrados en dicha actividad, pero la respuesta es que no.
La política sectorial agrícola sigue enfatizando en el crecimiento de la producción, en el mejoramiento de la productividad, en el aumento de la agroexportación y en la adopción de nuevas tecnologías. El monocultivo de exportación en manos de grandes empresas por su aporte a la generación de divisas, sigue siendo el eje del modelo agropecuario nacional.
Por el contrario, una política agraria alternativa, debiera estar dirigida a superar los efectos de las políticas macroeconómicas de liberalización económica y apertura comercial aplicadas en los últimos 35 años, las cuales han afectado seriamente las condiciones de la micro y pequeña producción agrícola y agroindustrial, ha empobrecido a la población rural, ha priorizado en la importación agroalimentaria y ha profundizado el monocultivo de exportación.
Esta política agraria alternativa deberá estar centrada en la promoción de una agricultura más sostenible, en el apoyo a la innovación a partir de los recursos de la finca, en el fortalecimiento de la pequeña producción agrícola y la microempresa agroindustrial familiar, en el impulso de sistemas de comercio de mayor vinculación entre productores y consumidores y en el acceso a una oferta de productos más sanos, saludables y con identidad territorial.
Esta política agraria deberá estar dirigida claramente al mejoramiento de la producción agrícola y agroindustrial para el mercado interno y debe incluir acciones sobre innovación tecnológica, gestión de servicios agrícolas locales, comercialización justa e incluyente, financiamiento alternativo, sistema de riesgo agrícola, desarrollo agroindustrial rural y apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria.
El eje central de la propuesta de política agraria alternativa, es el mejoramiento de los procesos productivos y comerciales para el mercado interno, mediante la reactivación de los servicios que ofrece la institucionalidad pública del sector agropecuario con la participación proactiva de los diferentes actores: campesinos, pequeños productores, cooperativas agrícolas, centros agrícolas cantonales y microempresas agroindustriales y agroturísticas.
Los propósitos de la misma serían:
Contribuir a cambiar las políticas agropecuarias y rurales para que respondan a las necesidades del pequeño agricultor, el microempresario agroindustrial y la población de las comunidades rurales
Impulsar una transformación de la actividad agropecuaria nacional, hacia una más sostenible e incluyente, mediante una innovación apropiada y creativa generadora de buenas prácticas y menos dependiente de recursos externos.
Apoyar decididamente la producción agroalimentaria para el mercado interno, que garantice el abastecimiento continuo de productos sanos y de calidad, la ejecución de mecanismos de comercio directo y justo y que favorezca la apropiación de recursos por parte de los productores.
Entre las acciones estratégicas para el cambio estarían:
1.Promover la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles
2.Mejorar la gestión de servicios de apoyo agropecuario y rural que ofrece el Estado
3.Adecuar y dinamizar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno
4.Democratizar efectivamente el acceso al crédito de la pequeña producción y la microempresa
5.Establecer un sistema de seguros y de cobertura del riesgo de la producción agrícola
6.Fomentar el desarrollo de la agroindustria rural y del valor agregado de las actividades agropecuarias
7.Apoyar la aplicación de una ley marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional
Una política agraria alternativa debe responder a la necesidad histórica de la transformación productiva del agro costarricense, que sea sostenible, equitativa e incluyente y que incorpore el otro eje del desarrollo hasta ahora abandonado, como es la producción para el mercado interno, la cual garantiza la producción de alimentos, el empleo de la población rural, la conservación de la biodiversidad y el arraigo de la población en las comunidades rurales.
Las acciones actuales dirigidas a promover el comercio virtual de productos, el plan anunciado para apoyar la producción de granos básicos y la recomendación del Ministro de Agricultura para que se consuman los productos que el país produce, no vendrán a resolver los problemas estructurales de la producción y el comercio agroalimentario del país. Por lo que no se vislumbran grandes cambios en la realidad de la agricultura costarricense luego de la pandemia.
Queremos compartir con usted el proyecto: “Construyendo alianzas estratégicas para la agricultura sostenible y el consumo de alimentos saludables en América Central”.
En Centro América existen seis organizaciones de la sociedad civil, que conforman una plataforma, denominada CONSUACCIÓN (Consumidores en Acción de Centroamérica y el Caribe) que promueve la seguridad alimentaria, defiende y busca garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada. Impulsamos el diálogo regional con actores sectoriales estratégicos en pro de la promoción de la agricultura sostenible y resilente en la región.
América Central carece de mercados y políticas regionales adecuadas para apoyar la agricultura sostenible y los sistemas de consumo de alimentos saludables.
Los sistemas alimentarios centroamericanos tienen múltiples desafíos, como los impactos negativos del cambio climático, el proceso de transición nutricional y la doble carga de enfermedades nutricionales.
Falta apoyo y desarrollo rural integrado, hay inequidad de género, persiste la pobreza estructural, el desempleo juvenil, y hay un alarmante aumento del proceso de migración forzada que afecta a todos los países de la región.
Cada país centroamericano tiene cifras alarmantes tanto en desnutrición infantil severa como en obesidad, con secuelas de por vida para esas poblaciones infantiles.
Más datos, entrevistas y ponencias al respecto, serán entregadas el 25 de febrero a las 9 horas en el Hotel Parque del Lago, Paseo Colón.
Contacto AMBIO Costa Rica: ROXANA SALAZAR -Teléfono 8836 70 40 / 8384 3211
Imagen ilustrativa de: http://maoco.cr/
Enviado por Roxana Salazar.
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Fertibiol y Degradabiol, dos productos biológicos registrados y formulados en el Laboratorio de Microbiología del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), ya están a disposición de los agricultores gracias a una alianza entre la UCR y la empresa Suplidora Verde.
Estos productos han sido desarrollados por científicas de la UCR por casi veinte años a partir de microorganismos como hongos y bacterias nativas de diferentes regiones de Costa Rica, las cuales cumplen funciones de biofertilizantes y son antagonistas de hongos y bacterias patógenas que afectan a los cultivos.
Con estos productos es posible controlar y manejar las plagas en los cultivos y fertilizar los suelos de una manera más sostenible con el ambiente, reduciendo la aplicación de agroquímicos. Ambos han demostrado su efectividad en diversos climas y cultivos como cayote, caña, piña, forestales, hortalizas, palmito y ornamentales para la exportación.
| Características de Fertibiol y Degradabiol |
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Fertibiol es un biofertilizante y biocontrolador hecho a base de microorganismos que favorece la nutrición de las plantas al intensificar los recursos microbiológicos del suelo, estimular el crecimiento radical y vegetativo, así como a aumentar la resistencia de la planta contra enfermedades producidas por Rhizoctonia solani, Fusarium Pseudomonas sp., Pythium sp., entre otras. Degradabiol es un degradador de materia vegetal capaz de mejorar microbiológicamente el suelo. Es un producto elaborado con cepas de hongos y bacterias nativas que propician una fácil adaptación a diferentes suelos y climas. Una de sus principales ventajas es que sirve para el control de enfermedades y plagas en diferentes cultivos sin contaminar el ambiente. |
Mediante un contrato de distribución de productos que suscribió la UCR y Suplidora Verde, a través de la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento (PROINNOVA) en 2017, la empresa ahora es la encargada de distribuir Fertibiol y Degradabiol, mientras que la UCR continúa encargada de la producción.
El contrato tiene una vigencia de cinco años y deja abierta la posibilidad de que en el futuro la empresa también asuma la producción del Fertibiol y Degradabiol mediante la transferencia de la tecnología desarrollada por la UCR.
Mediante esta alianza con el sector privado se garantiza que el producto llegue a más agricultores de zonas alejadas como Guanacaste o Limón, donde anteriormente la UCR no podía llegar pues carece de un sistema de distribución, según detalló la investigadora M.Sc. Daniela Rodríguez García, encargada de la producción.
Actualmente los productos están disponibles para todo el país. En esta primera etapa de desarrollo semicomercial la empresa se encuentra brindando acompañamiento a los productores para que conozcan cómo actúan los productos con énfasis en cultivos de banano, piña, melón, sandía y vegetales.
La gerente comercial de la empresa Suplidora Verde, Andrina Castro Araya, destacó que los resultados preliminares han sido positivos, pues indican que ambos productos tienen una concentración, una vida útil y un precio que les permiten insertarse en programas de fincas. «Quienes los han visto trabajar se convencen de estos microorganismos, de la mezcla de cepas que hizo la UCR».
Para Castro los productos biológicos son una herramienta que no puede faltar para hacer agricultura sostenible, y mediante esta alianza esperan satisfacer a un grupo de agricultores que cree en este tipo de agricultura.
Katzy O`neal Coto
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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