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Etiqueta: agroquímicos

Pérez Zeledón: primer cantón libre de herbicidas en áreas públicas y de interés en agroecología

Perez Zeledon primer canton libre de herbicidas4

El jueves 6 de abril, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón fue colmado por activistas de diversos movimientos como el agroecológico, cultural, ecologista y comunitario para solicitar que se diera un paso a favor de la agroecología y mejorar la salud ambiental del cantón. El objetivo fue logrado por medio de una Declaratoria Municipal que fue acordada ese mismo día en medio de auditorio lleno que celebró la decisión.

A partir de este acuerdo los sitios públicos que administra la Municipalidad de Pérez Zeledón, dejarán de usar herbicidas tan peligrosos como el glifosato que según estudios realizados desde el año 2000 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, dependiente de la OMS) tiene pruebas para que sea ingresado a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de la IARC).

Según la IARC puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin) además de daños en el ADN y en los cromosomas de las células humanas.

La intención de la declaratoria en Pérez Zeledón es que todas las personas puedan disfrutar de espacios públicos sin temor de ser expuestos a estos dañinos productos en parques, jardines, aceras, linderos, cementerios y otros sitios de administración municipal.

Roció Leitón de Huertos Escolares dijo «queremos que se declare el cantón libre de agroquímicos y fomentar todo lo que la agricultura orgánica desde nuestras casas, fincas, escuelas del municipio y todo el país».

Perez Zeledon primer canton libre de herbicidas
Foto del Concejo Municipal de Pérez Zeledón este jueves 6 de abril que fue colmado por activistas de diversos movimientos para solicitar que se diera un paso a favor de la agroecología y mejorar la salud ambiental del cantón.

Mientras Walter Elizondo de Coopeassa R.L. asegura que tienen “un área total de 700 Ha entre café, banano, piña, cítrica, tubérculos… recordemos que nuestros abuelos practicaban esta agricultura con poco impacto, la gente tiene que conocer que es una agricultura, sana, rentable y estable en sus precios estas razones” asegura que “es importante dar este importante paso para declarar el cantón agroecológico.”

A partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo, el Gobierno Local se compromete a promover e incentivar las formas de producción sostenibles y libres del uso de agrotóxicos. Además, el Gobierno Municipal, exhorta al Gobierno Central a desincentivar el uso de estos químicos para la agricultura.

Esta declaratoria Municipal tienes sustento en la Constitución Política, Código Municipal, Ley General de la Administración Pública, Convención de Río y Ley Orgánica del Ambiente, entre otras normas.

El movimiento por cantones libres de herbicidas es animado por organizaciones ecologistas como la Red de Coordinación en Biodiversidad que en diciembre pasado solicitó la medida a la UCR, también FECON, Bloqueverde y a nivel local de organizaciones campesinas como ASORGANICOS, COOPEASA, Asociación Montaña Verde, Vida Auténtica, PROBIOTI, Coalición Nacional contra la fumigación, productores y habitantes de Tinamastes.

Informes: Fabián Pacheco Agrobiólogo Ambiental y Ecologista, 88262270 o Mauricio Alvarez, presidente FECON, 88709165.

El país ha triplicado la compra de herbicidas en sólo hace 10 años. Datos del PROCOMER nos muestra la urgencia de adoptar medidas sobre el uso irresponsable de agrotóxicos en Costa Rica. (ver gráficos seguidos).

Perez Zeledon primer canton libre de herbicidas3

Enviado a SURCOS por FECON.

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Con erario público pagan daño causado por los empresarios piñeros

  • ¢2.226 millones costó uno de los acueductos destrozados
  • La expansión piñera no para y siguen apareciendo comunidades afectadas

 

Una buena noticia, la inauguración del nuevo acueducto para las comunidades de Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, Limón, pero los culpables no pagaron un colón. El daño fue provocado por empresas piñeras pero pagado con dinero público. Se reporta que son ¢2.226 millones lo invertido por parte del AyA.

Volvemos al viejo esquema de socialización de perdidas y privatización de ganancias, o en la jerga popular uno “unos se comen la piña y a otros le duele la panza”. Sobre esto desde el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera creemos que es necesario hacer algunas aclaraciones.

A partir del año 2003 se detecta la contaminación con agroquímicos usados en las plantaciones de piña en el agua para consumo humano del acueducto que abastece a la comunidad de Milano de Siquirres. Sin embargo, es hasta el año 2007 que las autoridades toman medidas, por cierto insuficientes, e inician la distribución de agua potable mediante camiones cisternas a dichos pueblos. Esto ha tenido un costo mensual de 27.000 dólares, de acuerdo con datos del Estado de la Nación, que hasta el año 2016 sumaría un monto de casi tres millones de dólares.

Desde el momento en que se detectó la contaminación hasta la fecha, se han interpuesto numerosas acciones legales, ante todas las vías institucionales y jurídicas, dígase: Fiscalía Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, Defensoría de los Habitantes, Sala Constitucional, entre otras. No obstante, la falta de acciones por parte del Estado llevó a las comunidades a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2015. El gobierno actual, que no ha sido responsable de la negligencia de las administraciones anteriores, tuvo que afrontar dicho proceso ante la OEA.

Así mismo, en contraposición con lo que dice la nota de prensa, sí se han realizado numerosos estudios de la calidad del agua. Por ejemplo: el estudio que realizamos desde el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), en el que contratamos para los análisis de la calidad del agua al laboratorio acreditado del CICA de la Universidad de Costa Rica, y demostramos que la presencia de residuos de plaguicidas se mantenía constante hasta el 2015. Esto había sido también estudiado y analizado por el IRET de la Universidad Nacional.

Sin embargo, los laboratorios privados contratados por el AyA habían estado asegurando durante varios años que ya no existía contaminación del agua y que los niveles de plaguicidas en el agua no eran detectables. Por lo tanto, la demostración de que el agua para consumo humano seguía contaminada abre una serie de preguntas éticas sobre el funcionamiento de ciertos laboratorios acreditados, y el interés que puedan tener al mostrar resultados erróneos que colocan en riesgo la salud pública y ambiental.

La suma del costo de la provisión de agua mediante camiones cisterna, más la construcción de un nuevo acueducto suman 6.885.000 dólares, es decir, casi SIETE MILLONES de dólares. Además, a esto falta sumarle la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad de Milano, que está fuera del proyecto que relata la nota de prensa y que es la que ha mantenido concentraciones más altas de agroquímicos en su agua. Cabe también señalar que han pasado ya 14 años desde que inició este conflicto.

La exposición a los plaguicidas durante todo este tiempo ha sido constante, ya que muchas personas han seguido tomando el agua contaminada, y las que no lo han hecho, la han utilizado para bañarse y para sus quehaceres diarios. Los efectos de esta exposición en la salud de las 7.000 personas que habitan estas comunidades, siguen sin conocerse, ya que no se han realizado los estudios epidemiológicos necesarios. Esto, debería ser un motivo de consternación pública y no una realidad silenciada, como ha sido hasta la fecha.

Es importante felicitar a Yamileth Astorga y a su equipo de trabajo, que como presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ha sido sensible ante la problemática y ha mostrado compromiso e interés hacia las comunidades, como prueba la construcción del acueducto de Cairo, La Francia y Luisiana.

Sin embargo, es preciso y necesario que se responsabilice por el daño y el costo ambiental y social a las empresas piñeras. ¿Por qué debe el Estado asumir la deuda de la reparación del daño que han causado terceros? La impunidad que goza el sector piñero, debe acabar, de una vez por todas. Y como sociedad civil, debemos exigir y denunciar esto.

Así mismo, este caso no es un hecho aislado, la problemática de la actividad piñera ha sido uno de los mayores conflictos socio ambientales de los últimos 15 años. La falta de regulación y planificación de la actividad, así como el incumplimiento de la legislación nacional, ha provocado el deterioro ambiental y la vulneración de derechos humanos fundamentales de comunidades en todo el país.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Compartido con SURCOS por Graciela Blanco Martén.

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¡Paren de fumigarnos!

Día de Acción Global Contra los Plaguicidas

  • Exigimos al gobierno retirar el llamado que hizo el pasado 25 de noviembre en medio de la emergencia del huracán Otto donde instaba a incrementar las fumigaciones de bananeras y piñeras
  • Repudiamos la firma del nuevo reglamento de registro de agroquímicos por parte de este gobierno venenero

 

El pasado 03 de diciembre se cumplieron treinta años desde que una fábrica de plaguicidas explotó en la ciudad de Bhopal, en India, contaminando a toda su población. Más de 16.000 muertos dejó ese incidente y más de medio millón de afectados por una empresa propiedad de Dow Chemicals, transnacional responsable de cientos de contaminantes usados en la agroindustria a nivel global. Lamentablemente, Costa Rica no se encuentra ajena de esto.

En un país como el nuestro se usan anualmente 18.2 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea. Es así como la expansión piñera explotó como una bomba de toxicidad sobre comunidades enteras. Desde hace nueve años las comunidades de El Cairo, La Francia y Milano, en el Caribe costarricense, no tienen agua potable. Más de 12.000 personas abren el tubo en casa para recibir un cóctel de más de 22 agroquímicos en el agua que se supone para consumo, todos venenos usados en las plantaciones extensivas de piña.

Más recientemente, en junio 2016 se han encontrado también en la zona norte del país casos similares. Por ejemplo, le acueducto comunitario Veracuz de Pital de San Carlos, el cual presenta contaminación con el herbicida Bromacil, usado en las plantaciones piñeras. Es así como se suman unas 3500 personas afectadas por esta industria irresponsable que sigue ganando dinero a costa de la salud humana.

Las empresas piñeras alcanzaron exportaciones anuales superiores a USD$ 1.000 millones de dólares según datos de Procomer De esta millonaria suma son las empresas Dole y Chiquita Brands las que se llevan la gran mayoría de las ganancias con consecuencias muy negativas para comunidades y familias campesinas.

La industria de la piña acapara tierras de campesinos/as. La producción se concentra en grandes fincas. Según el último censo agrícola el 90% de las fincas piñeras tienen extensiones de más de 100 hectáreas. Es decir, esta actividad no beneficia a pequeños campesinos ni a comunidades locales, sino a enclaves empresariales con poco encadenamiento productivo.

Si nos preguntamos ¿a quiénes benefician estas empresas contaminantes? Podemos asegurar que: a empresarios y políticos que les importa poco el agua de la gente; el bosque, la salud del niño/a que recibe clases en una escuela rodeada de monocultivo o las comunidades vecinas a la piñera. Por el contrario están intentando librarse de sus responsabilidades legales, laborales y ambientales.

Señalamos que es un mito que las piñeras son fuente de desarrollo. Las empresa piñeras no pagan impuestos municipales; están exentas del impuesto sobre la renta; sus compras están exoneradas del impuesto sobre las ventas y no pagan impuestos sobre la exportación. Quienes dicen al menos que ofrecen trabajo a cambio nunca han padecido el dolor de ver un hijo o una hija morirse lentamente envenenado por el contacto diario con los plaguicidas a cambio de salarios muy inferiores al mínimo y en condiciones de exploración e inseguridad. Incluso en eventos de emergencia como un huracán se comportan de forma mezquina irrespetando cualquier medida de prevención. Además es muy preocupante que tenga al gobierno como cómplice de todos estos crímenes.

Lamentamos que el Gobierno de La República adopte medidas anti-ecológicas ante el paso del huracán Otto como fue llamar a incrementar las fumigaciones en las plantaciones de banano y piña. Condenando a las poblaciones aledañas a más contaminación, como si perder sus casas y sus modos de vida no fuera suficiente.

Para colmos, en medio de esta crisis agrícola la solución del gobierno de Luis Guillermo Solis es abrir las fronteras a la entrada de más plaguicidas, desmontando controles de registro y evaluación ambiental. Mediante el nuevo reglamento de registro de plaguicidas escrito de puño y letra de las transaccionales químicas como Bayer y Monsanto.

Es necesario incrementar los controles de importación, registro, venta y aplicación de agroquímicos. Cuestión que este nuevo reglamento, firmado el pasado viernes 2 de diciembre, no atiende de forma adecuada. Pedimos la derogación inmediata del nuevo decreto que reglamenta de forma irresponsable el registro de agroquímicos. Es urgente prohibir “La Docena Sucia”1, el Bromacil y el Glifosato.

 

¡Paren de fumigarnos!

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por FRENASAPP CR.

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La piña deja huellas amargas en Costa Rica

Comunicado

  • Los impactos ambientales y laborales de las piñeras no se pueden ocultar
  • Es urgente la intervención del gobierno para obligar al cumplimiento de la legislación nacional e internacional

 

Las comunidades que alojan plantaciones piñeras en Costa Rica, muchas en las zonas más pobres del país, conviven diariamente con riesgos de contaminación del agua y aire, pérdida de bosques y biodiversidad, erosión y cambios en el uso del suelo, y graves afectaciones a la salud de la población y a la producción ganadera por la plaga de la mosca Stomoxys calcitrans.

Los trabajadores de las plantaciones piñeras tienen suerte cuando les pagan el salario mínimo por jornadas extenuantes bajo el sol y por arriesgar su salud al exponerse a agroquímicos reconocidos como altamente tóxicos. Cuando tratan de organizarse en sindicatos para defender sus derechos, son perseguidos y corren el riesgo de perder sus inestables empleos.

Esas realidades han salido a la luz en la prensa nacional recientemente, a raíz de la investigación que realizó Oxfam Alemania en nuestro país en el marco de su campaña “Hacer la fruta justa”. En su última visita en octubre, esa organización internacional denunció que la situación en Costa Rica no ha mejorado desde su primera visita en 2008, al contrario la expansión del cultivo de piña ha llevado sus impactos a más comunidades costarricenses.

Sin embargo CANAPEP, la CNAA y COMEX dicen que estas denuncias son falsas. No quieren reconocer la responsabilidad de la producción piñera en la contaminación de acuíferos en Siquirres (Cairo, Milano y La Francia), que hace años limita el derecho humano de acceso al agua potable de miles de familias. Tampoco en la contaminación del acuífero de Veracruz en Pital, San Carlos, donde este año se encontraron en el agua rastros de bromacil, un herbicida altamente tóxico utilizado en las fincas piñeras que rodean el acuífero. No quieren reconocer las malas condiciones laborales que sufren los trabajadores de las piñeras, ni la persecución sindical que enfrentan cuando se organizan de forma independiente para defender sus derechos.

El sector piñero se niega a reconocer lo que viven a diario las comunidades cercanas a sus fincas y los trabajadores que sostienen su producción. Le quitan importancia a la preocupación que llevó al Consejo Municipal de Los Chiles a decretar una moratoria a la expansión del cultivo de piña, que sin embargo fue contradecida por la Sala IV. Si un gobierno local no puede ejercer sus potestades para organizar el territorio y garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a su población, ¿quién nos ampara?

Por lo tanto:

  1. Celebramos la visita de Oxfam Alemania a Costa Rica, porque nos ayuda a llamar la atención sobre esas realidades que enfrentamos todos los días, y que no deberían preocupar a las autoridades nacionales solamente cuando trascienden las fronteras.
  2. Rechazamos las declaraciones irresponsables del Ministro de Comercio Exterior, que prefiere defender los poderosos intereses económicos de compañías inescrupulosas antes que el interés nacional y los derechos humanos de las comunidades afectadas, tal como lo hiciera también Oscar Arias con la minería en Crucitas.
  3. Exigimos el respeto a la legislación nacional e internacional en temas laborales y ambientales, especialmente el reconocimiento en las fincas piñeras de la libertad sindical, que es el mejor mecanismo para que los trabajadores puedan defender sus derechos y denunciar las irregularidades sin temor a persecución o despidos.
  4. Seguiremos denunciando estas situaciones en alianza con los movimientos de consumidores y consumidoras conscientes, que quieren conocer las condiciones en que se produce la piña en Costa Rica y que están dispuestos a usar su poder de compra para mejorar esas condiciones.

 

Acueducto de Milano, Siquirres

Alianza de Redes Ambientales, ARA

Alianza Nacional en Defensa del Agua, ANDA

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, ARCA

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

Coeco-Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica

Comité de Ganaderos de Los Chiles

Federación Ecologista Costarricense, FECON

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña, FRENASAPP

Fundación Bandera Ecológica

Fundación Neotrópica

Red Centromericana de Acción del Agua, FANCA

Unión de Asociaciones para el Desarrollo Sostenible de Upala, UNADESU

Unión Nacional de Trabajadores/as, UNT

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por ARCA.

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MAG: enemigo del ambiente 2014-2016

Para la FECON en el mes del ambiente hubiésemos querido destacar lo positivo del gobierno del cambio, pero lo cierto es que pesa más en la balanza poner en evidencia el maquillaje verde que predomina.

Toca señalar que en estos dos años de gobierno, la gestión del Ministro de Agricultura ha sido enemiga del ambiente y de los intereses del país, tanto que sería mejor llamarle “Ministro de la Agroindustria Transnacional” en el tanto que:

El MAG ha buscado desregular, aún más, el registro de agroquímicos, incluso tratando de excluir al Ministerio de Salud y MINAE. Ha sido una constante en su gestión, a pesar de la violencia contra las comunidades y la naturaleza intrínseca a estos modelos de agroindustria «siguen casados» con sus cámaras. En este lamentable matrimonio «secuestraron» la posibilidad de tener una nueva ley del agua y su recompensa es ser descalificados públicamente (Diario Extra, 4-5-2016)

Como si no fuéramos el país que más consume plaguicidas en el mundo, este ministro firmó el Decreto N° 39461 que facilita, aún más, la importación de agroquímicos y su formulación en suelo nacional para ser exportados. Este negociazo aprobado a mediados de febrero, nos podría convertir en una fábrica de venenos para exportar con todos los riesgos que esto implica, tal y como ya sucedió con el desastre de FERTICA (FECON, 4-5-16) y para rematar, en un régimen de zona franca, sin exigir mayor pago de impuestos, todo esto ¡en plena crisis fiscal!

MAG y SENARA trabajan bajo la “ilógica” que considera que el agua que llega al mar es un desperdicio (ver la Diarioextra.com, 20-7-16 y larepublica.net 10-3-2016) y parten de la obsoleta premisa del agua como recurso inagotable, mientras que hasta niños y niños en la escuela saben que es un error superado de la ciencia occidental (porque nuestros pueblos originarios sí han tenido más claro los principios del ciclo hidrológico y el cuido del agua desde hace miles de años), pero parece que nuestros jerarcas reprobarían la primaria del siglo XXI, ¿sabrán que la tierra es redonda? Así, el papel de estas instituciones, en lugar de solucionar, han propiciado conflictos socio-ambientales cuando por ejemplo han promovido y ejecutado cuestionados proyectos de riego que no cuentan con suficientes estudios ni mayor participación o fiscalización ciudadana, poniendo en riesgo la naturaleza y comunidades enteras que dependen de ella. Tal es el caso de los conflictos en Guacimal , Santa Rosa y Aranjuecito de Puntarenas. Se suman a este modelo de saqueo desenfrenado para beneficio de la agroindustria, los casos del Río Tempisque y otros ríos, «sobreconcesionados» en el tanto se ha autorizado la extracción de agua más allá del nivel del su caudal, es decir se legaliza la posibilidad de secarlos, al no partir de la realidad del caudal actual de estas cuencas, pasando por encima de los usos prioritarios como el agua para el consumo y la vida misma del río. En el Río Lagarto se ha concesionado el 120% de su caudal para riego de piña, algodón transgénico y pastos para ganadería y en el caso del Río Guacimal su concesión alcanza el 125%, ambos son fuentes directas de acueductos comunales (FECON, 25-5-16).

Pero el caso de Guacimal no queda ahí, tanto el Ministro como SENARA, han actuado bajo la lógica de la persecución y han irrespetado la autonomía universitaria.Ambas instituciones enviaron cartas y realizaron una llamada a la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica acusando al Programa Kioscos Socio Ambientales de realizar acciones “belicosas” y “parar obras» de un proyecto de riego en Guacimal de Puntarenas, que en realidad había sido suspendido por la Sala IV en dos ocasiones por ilegalidades(Semanario Universidad,14-3-16). Estos actos abonan a la criminalización de la acción socio ambiental y persecución de quienes abogan por el ambiente en nuestro país. Resulta desconcertante que, en 8 años que tiene este programa, sea la primera vez que recibe presiones de instituciones públicas, justo en esta administración de discurso progresista y con jerarcas que vienen de la academia.

Como si fuera poco, en la provincia de Guanacaste están proliferando los pozos ilegales, el desperdicio y más «sobreconcesiones» para la agroindustria. SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, para hacer el embalse Río Piedras y seguir el mismo modelo de ineficiencia y de injusticia hídrica para beneficiar a los mismos de siempre y seguir con el «mal desarrollo» que aumenta día con día la pobreza, el despojo y la expulsión de sus habitantes.

En lugar de honrar los compromisos del Gobierno de decretar la moratoria al cultivo extensivo de la piña ( PACto Ambiental en Acciones Estratégicas en Seguridad Ambiental” pág.3 y 13 y “Posición Gestión Integrada del Recurso Hídrico”) el MAG se ha convertido en su principal promotor de nuevos mercados en como China (Diarioextra.com, 20-9-14) al punto de cesar a Francisco Dall’Anese, exdirector del Servicio Fitosanitario del Estado, con tal de eliminar cualquier obstáculo al negocio de la agroindustria piñera transnacional, cuyas millonarias ganancias no se quedan en el país y se dan a expensas de 12 mil personas tomando agua con sus agrovenenos, excepciones de impuestos y morosidad millonaria con la CCSS. Mientras, los campesinos son presa de la «asistencia técnica» de las transnacionales de agrovenenos, y el ministro además de concederle a los piñeros la cabeza de Dall’Anese, les ofreció nuevos inspectores y asistencia a este sector caracterizado por hacer lo que les da la gana con las leyes, el ambiente y los derechos de las comunidades. Todo esto con el apoyo del MAG que, en lugar de hacerlos cumplir la ley, anima una “Certificación Voluntaria de Buenas Prácticas Agrícolas” que son manuales de fantasías y ¿buenas? intenciones para no hacer nada.

El incumplimiento de las promesas de campaña no acaba, en el caso de los transgénicos, el ministro del MAG ha incumplido los dos acuerdos que firmó, con su puño y letra en campaña (¿su palabra no vale?). Por un lado, ha irrespetado los acuerdos municipales de rechazo a los cultivos transgénicos en sus territorios, por ejemplo en Chomes de Puntarenas se ha seguido cultivando algodón genéticamente modificado estos dos años, a pesar de su declaratoria libre de transgénicos. De igual manera se ha incumplido la promesa de un decreto ejecutivo para etiquetar alimentos con transgénicos. Además, representantes del MINAE y del MAG (entre ellos Dall’Anese que trabajó para la empresa DowAgrosciences) votaron a favor del cultivo de algodón transgénico por parte de DowAgrosciences. ¿Será que debió abstenerse el señor Dall’Anese de votar a favor de una transnacional con la cual trabajó?¿Será que tiene su espacio asegurado en Dow?. Además, lo hizo sin corregir el reglamento que permite las autorizaciones sobre transgénicos y que fue declarado parcialmente inconstitucional, un reglamento que el mismo ministro cuestionó en el caso de maíz transgénico, eso sí cuando era funcionario universitario.

El MAG es responsable de las llamadas quemas agrícolas controladas (QAC), autorizadas principalmente para monocultivo de caña, que generan gran impacto en la salud por contaminación con dioxinas y furanos de alto potencial cancerígeno. Pero resulta que las QAC sí se pueden salir de control y provocan incendios forestales, este año 45 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego, más de 4 mil fueron en áreas silvestres protegidas y la mayoría de estos desastres han sido en cantones cañeros. El MAG en lugar de apoyar las alternativas a la quema, año con año otorga los permisos para beneficiar a los grandes ingenios azucareros. Queda en evidencia una vez más, como sigue pesando más el beneficio de los intereses comerciales de unos pocos sobre la salud pública y bienestar ambiental. Mientras el MAG provoca incendios, el MINAE con pocos recursos los trata de controlar y el sistema de salud trata de atender las enfermedades bronco-respiratorias de cientos de comunidades afectadas, en medio de la implemente y recrudecida época seca guanacasteca.

En 6 años pasamos del puesto 35 en 2011 a 130 a nivel mundial en 2016 en el índice de Salud de los Océanos, y mientras descendemos 95 puestos, el MAG por medio de INCOPESCA es responsable de burlar el principio precautorio y ponernos en vergüenza mundial por la exportación de aletas de tiburón, y como si faltara más hoy se insiste en un proyecto de pesca de camarón por arrastre que terminará con acabar, con el fondo marino y su diversidad (FECON,11-3-16). En INCOPESCA no ha habido asomo de ninguna reforma integral de esta institución, que es incapaz de hacer una buena gestión del mar, como reconoce el MAG ante sus propias limitaciones para controlar la pesca de palangre, incumpliendo el decreto 38681 y siguen alcahueteando la pesca ilegal en la Isla del Coco (FECON, 11-3-15) El ministro del MAG es el responsable político de la exportación de la aleta de tiburón, acción por la cual debería compartir el “galardón” de enemigo mundial del tiburón junto con el Presidente Solís ( FECON, 23-11-15)

Como si no hubiesen problemas fuera de las áreas protegidas, hoy el monocultivo de la palma ocupa cientos de hectáreas de humedales dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, bajo políticas de incentivo a la agroindustria de exportación, que significa el 60% de la producción nacional según la FAO (2012) lo cual ya de por sí pone en peligro nuestra soberanía alimentaria (FECON, 13-2-16).

El MAG está a favor de la privatización de las semillas. Así como quiso imponer una ley de semillas a la medida de las transnacionales(FECON,10-8-15), proyecto de 2008 hecho en función del TLC-EEUU cuya agenda de implementación favorece la privatización de las semillas(FECON,27-8-15), hoy celebra en el Informe del Presidente de la República y Ministros, (Tomo I, Pág. 19) que en la Oficina Nacional de Semillas (ONS), se otorgaron tres derechos de obtentor en el marco de la Ley de Obtenciones Vegetales, N°8631. Esta ley fue aprobada con total oposición del movimiento ecologista y miles de firmas solicitando un referendo. Otorgar Derechos de Obtentor, es privatizar las semillas.

Como no dejar de señalar la incapacidad de revertir las políticas que siguen poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias donde ya la mayoría de granos son importados, tal es el caso de la totalidad del maíz amarillo, que además en su mayoría es transgénico, o el caso de los frijoles importados de China. Es el colmo del sinsentido que en el país de «los labriegos sencillos» se tenga en crisis a los frijoleros que año con año ven como se llenan nuestros mercados con frijoles asiáticos más baratos y de menor calidad.

Así, los hechos señalados en este recuento nos hablan de una gestión del MAG que no ha sido cambio sino continuismo de la anterior administración, pero peor aún, con un ministerio cerrado herméticamente sin el menor interés de participación o rendición de cuentas.

Por todo lo anterior, FECON señala la gestión del Ministro del MAG como anti ambiental, sin participación ciudadana y sin cumplir sus compromisos adquiridos en campaña política.

Además, FECON apunta el franco retroceso ambiental de las decisiones gubernamentales y por su sistemática acción contra la naturaleza, lo declara enemigo del ambiente 2014 – 2016 y solicita replantear su proyecto político.

Si bien pareciera imposible detener la inercia de un modelo agroexportador que supera nuestras fronteras, que impone un comercio transnacional extractivo a un país sumamente dependiente, el MAG tiene el apoyo de todo un país ecologista si toma decisiones valientes cuya meta sea dinamizar nuestra economía protegiendo nuestra seguridad alimentaria con base en el estímulo de nuestra agricultura y comercio justo y local, y para esto no hay otra vía posible que no implique poner en valor, en todas sus dimensiones, la salud ambiental del país, la verdadera esencia de este país y si se quiere ver desde una óptica mercantilista, nuestra verdadera gallina de los huevos de oro. Quedan dos años para revertir y aprovechar esta oportunidad, talvez la única.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada del video Río Acapulco seco por proyecto de riego en Puntarenas.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Promueven alternativas para reducir uso de plaguicidas

Katzy O`neal Coto,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Promueven alternativas para reducir uso de plaguicidas
La UCR capacita a agricultores en buenas prácticas para la aplicación de plaguicidas y la posterior limpieza de sus equipos y desecho de residuos (foto Archivo ODI).

Investigadores de diferentes centros e institutos de la UCR aportan conocimientos y nuevas alternativas para reducir el uso de pesticidas y plaguicidas en el sector agrícola, los cuales afectan la salud humana y el ambiente.

En Costa Rica el uso de estos productos químicos para el control de plagas en los cultivos está bastante extendido. Son utilizados, tanto por los grandes productores de frutas para exportación como la piña y el banano, como entre los pequeños productores de hortalizas y tubérculos como la papa, zanahoria y cebolla, entre muchos otros.

En el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) se estudia y determinan los residuos de más de 150 plaguicidas de distintas familias presentes en el agua, frutas, vegetales, granos, suelos y sedimentos, gracias a que cuentan con equipo de alta tecnología, capaz de detectar concentraciones muy bajas de estos productos.

En el país los plaguicidas son un mal necesario, asegura el químico Mario Masís Mora, coordinador del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas. En su opinión, el mayor problema es que persisten prácticas inadecuadas en su aplicación y en el desecho de residuos que generan contaminación ambiental al acumularse en los suelos y en los ríos.

Con el propósito de aportar una alternativa para degradar los sobrantes de plaguicidas, los investigadores del Laboratorio de Biorremediación del CICA trabajan en el establecimiento de un método completamente natural que consiste en la neutralización de aguas contaminadas con altas cargas de plaguicidas, con el fin de evitar la contaminación de espacios acuíferos, y por lo tanto, de animales y personas. Este método conocido como biobeds utiliza una mezcla rica en microorganismos que permiten descomponer los materiales tóxicos utilizados como plaguicidas.

En todos los proyectos que desarrolla el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) se incluyen capacitaciones orientadas a la promoción de buenas prácticas agrícolas y reducción de la contaminación, en las que participan agricultores, comunidades y organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.

En la UCR otros centros de investigación y unidades también trabajan en el tema de los plaguicidas, aportando alternativas desde diferentes áreas del conocimiento.

En el Laboratorio de Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) formularon productos de base natural para el control de plagas como una alternativa a los agroquímicos. Este Laboratorio desarrolla biofertilizantes, además de una amplia gama de microorganismos que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Además, han establecido alianzas con el sector empresarial para distribuir estos productos entre los agricultores de todo el país.

En conjunto, el CICA y el Centro de Investigaciones Agronómicas desarrollaron un proyecto para contribuir al manejo y uso adecuado de los insecticidas nematicidas en la agricultura en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Corbana. El proyecto busca entender las implicaciones que conlleva la pérdida de eficacia de los insecticidas nematicidas, que los vuelve incapaces de controlar las plagas de nemátodos, lo cual genera importantes pérdidas en las cosechas y empuja a los productores a aplicar mayores dosis provocando una mayor contaminación del ambiente.

En el proyecto se determinó el tipo y tamaño de las poblaciones de nemátodos presentes en fincas productoras de papa en Cartago y de banano en Limón, se analizaron los residuos de plaguicidas en los suelos y se capacitó a agricultores y personal del MAG sobre el uso y manejo adecuado de estos productos para el control de plagas.

Por otra parte, desde el Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBI) se promueve una red de investigación sobre la toxicidad acumulativa de plaguicidas insecticidas y otros agroquímicos que afectan la salud humana y animal. Esta iniciativa responde a la preocupación por el aumento en el número de casos de enfermedad renal crónica en el país, que podrían estar relacionados con la acumulación de plaguicidas.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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¿Día del ambiente o del aMIENTE?

Por Mauricio Álvarez M*

Día del Ambiente o del AMIENTE

Es el pan nuestro cada 5 de junio: un enjuague al año donde se trata hacer creer que como país protegemos el ambiente, mientras los restantes 364 días del año es tiempo para destruirlo.

El Día del Ambiente se convierte en un ejercicio del Gobierno para resaltar lo bueno, lo cual no está mal, pero sí que está mal ocultar lo negativo y las deudas pendientes. Echemos un vistazo a nuestra realidad ambiental hoy y a las ausencias o malas actuaciones de nuestros jerarcas:

Un Ministerio de Comercio Exterior que parece estar colonizado y comandado por la embajada gringa, que al mejor estilo de siempre, nos dice que no tenemos soberanía para decretar una moratoria a los transgénicos. Una vez más los Estados Unidos nos pretende dar órdenes, tal y como lo hizo cuando utilizó de manera burda y sin tapujos al gobierno costarricense a favor del TLC (ver La Nación, 29-5-15).

Otro caso, resulta que ante una medida oportuna y eficiente del Gobierno para hacer frente a una crisis fitosanitaria de cultivos como el aguacate que viene de México y otros productos, saltan los mozotes, incluyendo de nuevo el ministro del COMEX, buscando perjudicar y terminar de hundir los últimos campesinos que nos quedan, y que paradójicamente tanto exaltan los ticos ahora que pusieron de moda los chonetes junto con la camiseta de la «sele» para salir a dominguear.

Esa medida, tan criticada, es la primera en décadas que beneficia a nuestros agricultores frente a una agroindustria que exporta el 60 % de nuestros campos con un paquete tecnológico que nos hace ser el principal consumidor de agroquímicos. Envenenados y con mala calidad de vida es el precio de este modelo para las y los costarricenses. Al mismo tiempo, hoy tenemos, aproximadamente 20 mil niños menores de 5 años con problemas de desnutrición (Informe UNICEF, 2013).

Todo eso ocurre al calor y al baldazo de fenómenos naturales sin precedentes, todos se quejan por el bochornoso verano y no es para menos, ha sido el más seco en los últimos 70 años, en Liberia llovió en todo el mes de mayo tan sólo un 1 milímetro de lluvia, nos recuerda Luciano Capelli, mientras el récord más bajo anterior fue de 7.5 mm en 1967. Mientras, mayo fue el más lluvioso que se registra en La Selva de Sarapiquí: con 1028 mm. el récord anterior fue de 940 mm. en 2002, según los datos son de Luis Alvarado Gamboa del IMN recopilados.

Alertas que nos dicen inequívocamente que deberíamos estar reforzando la agenda de energía renovable y la conservación de recursos estratégicos para enfrentar y disminuir el impacto del cambio climático, pero esa no es la ruta del supuesto gobierno del «cambio», la agenda de continuismo del modelo en la infraestructura está clara y nos embarca en proyectos como la ampliación de la ruta 32, la refinería china, la mega terminal APM que implica sólo para empezar la destrucción de humedales y toda la playa Moín.

Y seguimos este triste recuento de destrucción y absurdos, en la zona central de Puntarenas los ríos secos no alcanzan a llegar al mar, mueren unos 5 kilómetros antes de desembocar, pues se entuban los pocos que quedan para proyectos de riego, de dudoso beneficio para la población, mientras las comunidades luchan porque no tienen agua.

Y es que el tema del agua se ha convertido en Costa Rica y el mundo en uno de los más críticos, en los últimos años los conflictos por la protección y el acceso al agua potable han crecido exponencialmente en muchas comunidades del país, junto con las denuncias ante la Sala IV por dicho servicio; pasando a conformar 164 del total de denuncias presentadas, entre el 2013 y 2014(Instituto de Investigaciones Sociales UCR, 2015).

Es así como en el día del ambiente llamamos la atención con estos datos que evidencian la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y aunque el gobierno le quedó grande su PACto ambiental y parece haberse quedado en falsas promesas, la diferencia la están haciendo las comunidades y organizaciones que estamos en movilización constante a favor del patrimonio natural de las presentes y futuras generaciones, y que sí somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos: esta semana comunidades acompañadas por los ecologistas y universidades como Acosta están tratando de proteger los ríos mientras las de la Tigra de San Carlos lograron el archivo de otra represa que comprometía el agua para la agricultura y consumo humano. En León Cortéz proponen un manejo integral y comunal de desechos frente a la intención de la municipalidad de condenar a su pueblo a tener una incineradora, y en Guanacaste se retoman las luchas por la defensa del agua y en Puntarenas se creó la una Alianza en Defensa del Agua.

Así este 5 de junio no nos tragamos el aMIENTE y defendemos el Ambiente con una acción ecologista comunitaria que está creciendo para responder a la grave crisis ambiental, que sirva este día para invitarles a sumarse a la defensa de la vida y de nuestro patrimonio natural desde cualquier lugar, espacio o papel que desempeñe en la sociedad y hacer una lectura crítica del papel nuestras instituciones y demandar el cumplimiento de sus labores a favor de nuestra calidad de vida y la protección de la Naturaleza. Esperamos que el próximo año el recuento del accionar del gobierno sea distinto y haya mucho que celebrar.

 

*Presidente FECON y profesor en Kioscos socio ambientales UCR.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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