Ir al contenido principal

Etiqueta: agua

Sala Constitucional condena al gerente de SENARA por ocultar información sobre el proyecto PAACUME

Escrito en . Publicado en Agua.

De acuerdo con documentación enviada a SURCOS por Confraternidad Guanacasteca, el gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Osvaldo Quirós Arias, fue condenado nuevamente por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por ocultar información pública relacionada con el proyecto PAACUME (Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras).

Se trata del proyecto de inversión más grande de Costa Rica, con un costo estimado de ₡500.000 millones de colones, ampliamente cuestionado por destinar agua a grandes monocultivos como los de Ingenio Taboga, Hacienda El Pelón y Azucarera El Viejo. Según incluso la exministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, PAACUME «no es financieramente rentable» y los costos de su ejecución no serían trasladados a los usuarios, sino asumidos por el Estado, es decir, por toda la ciudadanía.

Una condena reiterada

El gerente de SENARA ya había sido condenado por la Sala IV el 2 de mayo de 2025 (voto 2025-012988), cuando se le ordenó suministrar información solicitada en marzo de ese mismo año. Ahora, mediante sentencia Nº 2025-031104 del 26 de setiembre de 2025, se reitera la condena y se le exige entregar la documentación pedida por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

El fallo establece que Quirós Arias deberá entregar la información solicitada en un plazo de un mes, bajo advertencia de que su incumplimiento podría acarrear prisión de tres meses a dos años o una multa de 20 a 60 días, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, se condena al SENARA al pago de costas, daños y perjuicios.

Fondos públicos, obligación de transparencia

La Sala Constitucional subrayó que los recursos provenientes del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a PAACUME, son fondos públicos y, por lo tanto, están sometidos a los principios de transparencia y publicidad.

En su resolución, la Sala fue clara: el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de control ciudadano sobre la gestión pública, y las autoridades no pueden retrasar ni ocultar datos que son de interés nacional.

PAACUME bajo la sombra de la opacidad

El caso revela el hermético manejo de la información sobre PAACUME, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera, sus impactos socioambientales y la conveniencia de destinar recursos públicos a favorecer grandes monocultivos en Guanacaste, mientras amplios sectores del país enfrentan crisis hídricas.

Con esta nueva condena, queda en evidencia la necesidad de vigilancia ciudadana y de una rendición de cuentas efectiva sobre el megaproyecto hídrico más costoso de Costa Rica.

Tala de árboles en área protegida del río Durazno

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

SINAC ordena restauración y mantiene caso en la Fiscalía Ambiental

Área de protección de la naciente afectada en Matinilla de Vázquez de Coronado. Fuente: SINAC, informe técnico SINAC-ACC-OSJ-inf-371-2025.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Central, confirmó que, en la finca conocida como Santa Teresita, en Matinilla de Vázquez de Coronado, se detectó la tala de al menos 127 árboles de especies como jaúl (Alnus acuminata) y Callicarpa acuminata dentro del área de protección de una naciente y del río Durazno.

Según el informe técnico SINAC-ACC-OSJ-inf-371-2025, la afectación abarca unas tres hectáreas, y aunque corresponde a una plantación forestal, parte de esta se ubica en áreas legalmente protegidas, lo que representa una infracción ambiental.

Los inspectores también observaron restos de árboles talados y quemas de residuos fuera de la zona de protección, además de intervenciones en cauces asociados a la naciente y al río Durazno. Dadas las condiciones de pendiente y la irregularidad del terreno, se recomendó que Ingeniería Forense del OIJ determine con exactitud la extensión de la afectación.

Orden administrativa y seguimiento

A raíz de estas denuncias (SITADAS 54716-2025, 54897-2025 y 55121-2025), el SINAC giró la orden SINAC-ACC-OSJ-1181-2025, que instruye a los propietarios a:

  • Detener de inmediato la corta de árboles en el área protegida.

  • Presentar un plan de restauración, elaborado por un profesional acreditado, que será evaluado y aprobado por la oficina subregional.

El SINAC advirtió que, de no cumplir con los plazos establecidos, se procederá a denunciar a los responsables por desobediencia a la autoridad, según el artículo 368 del Código Penal.

Caso bajo investigación judicial

El expediente también fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía Ambiental, bajo la causa 25-007231-0042-PE, donde se investigan posibles delitos ambientales vinculados a esta intervención.

El informe recuerda que los propietarios ya habían sido notificados previamente sobre la presencia de la naciente y las restricciones de aprovechamiento forestal. Además, señala que el caso no debe darse por cerrado, pues existen antecedentes de situaciones similares en el mismo predio.

Guerra por el agua

Diversas voces han advertido que la tala en áreas de protección de nacientes y ríos representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la biodiversidad, en un contexto donde Costa Rica enfrenta lo que algunos describen como una “guerra por el agua”.

El seguimiento a este caso será determinante para garantizar la restauración de la zona y sentar un precedente en materia de protección ambiental.

Informe de la Organización Meteorológica Mundial expone riesgos hídricos en Centroamérica

Escrito en . Publicado en Agua.

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica reporta amenazas al recurso hídrico. Según el informe «Estado de los recursos hídricos mundiales 2024», publicado por la Organización Meteorológica Mundial, el agua se encuentra en un estado crítico debido al cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación. Esta situación se enmarca en un año que bate récords de calor y fenómenos climáticos extremos. Centroamérica y el Caribe son una de las regiones más vulnerables, donde el recurso hídrico no solo está amenazado, sino que además carece de datos de monitoreo que faciliten la respuesta a la problemática.

El cambio climático, junto con fenómenos como El Niño, intensifica las sequías y las lluvias extremas, lo que pone en peligro el agua como recurso de interés público. En el caso de Centroamérica y el Caribe, existe una subrepresentación en la observación hidrológica mundial, lo que genera un vacío de datos sobre el recurso hídrico. Esto, a su vez, deja a la región en una situación de riesgo y dificulta la anticipación de desastres naturales relacionados con este recurso. La región es una de las más vulnerables del continente en cuanto a fenómenos extremos de escasez o exceso de agua. Además, factores como la pobreza, la dependencia de la agricultura de subsistencia y la baja capacidad institucional evidencian la urgencia de fortalecer la cooperación regional y las redes de monitoreo hídrico. 

En el caso puntual de Costa Rica, se presentan serias presiones sobre el agua, a pesar de la percepción de abundancia hídrica en el país. La sobreexplotación y contaminación de acuíferos, los eventos extremos como sequías e inundaciones, la agroindustria y la minería no metálica, además de la gestión territorial de ecosistemas compartidos, se articulan en torno a la gobernanza del recurso hídrico como principal problema.

El problema deja de ser la cantidad de agua disponible para concentrarse en su gestión fragmentada y desigual. En este contexto, surgen debates entre los intereses económicos y las necesidades comunales y ambientales. Las comunidades organizadas y los colectivos socioambientales han defendido el agua como bien común y manifiestan que la gobernanza de este recurso debe incluir espacios de participación social y control ciudadano.

La crisis del agua no es solo un problema técnico; también se desenvuelve como una cuestión ética y política. Este recurso está amenazado por la contaminación, la sobreexplotación y el cambio climático, por lo que es necesario articular diversas acciones para mitigar la amenaza, tales como: la gestión sostenible de acuíferos, el fortalecimiento de sistemas de alerta, la atención del impacto agroindustrial y minero, y el aumento de la participación comunitaria. La protección del agua como bien común exige cooperación regional, vigilancia y compromiso intergeneracional.

Lea la nota completa en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-agua-como-bien-comun-bajo-presion-lecciones-globales-y-desafios-para-costa-rica/

Ante grave crisis climática las comunidades afectadas por las plantaciones de piña hacen un llamado a la comunidad financiera

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Comunidades costarricenses afectadas por 40 años de producción industrial de piña comparten con inversionistas y aseguradoras internacionales un caso emblemático sobre la vulnerabilidad de la piña, aumentada por la crisis climática y del sector de los seguros.

Necesitamos un enfoque actuarial para afrontar, en lugar de negar o ignorar, los escenarios extremos en una de las principales industrias de Costa Rica. Hacemos un llamado a quienes comprenden lo vulnerable que se está volviendo la agricultura industrial en un mundo en el que el ciclo del agua está roto para poder contestar si debiéramos hacer una transición hacia una economía post- piña.

San José, Costa Rica—Ante la gravedad de la crisis climática y de seguros, cada vez más interconectadas y en rápida aceleración, que se hacen cada día más evidentes a través de las inundaciones, olas de calor y sequías que alteran trágicamente cada rincón del planeta, las comunidades afectadas por las plantaciones industriales de piña en Costa Rica hacen un llamado abierto a la comunidad financiera internacional, en particular a las aseguradoras.

Solicitamos ayuda para afrontar los escenarios extremos que se nos avecinan, a medida que la crisis de seguros se profundiza, dejándonos en mayor vulnerabilidad ecológica, social y económica.

Dada la rapidez con la que está cambiando el clima y cómo la industria aseguradora está respondiendo a la presión para dejar de asegurar a las industrias extractivas, nos preguntamos: ¿Cuán viable es la piña industrial, una industria extractiva de la que nuestras familias y amigos han dependido durante décadas? Necesitamos ayuda para responder a esta pregunta.

Conscientes del ejemplo de Hawái, marcado por sucesivas generaciones de una economía extractiva similar a la de Costa Rica (piña, caña de azúcar, ganadería, turismo a gran escala), el llamado a las aseguradoras surge en parte de comunidades que desean evitar lo peor de la experiencia de Hawái.

La carta documenta 40 años de daños ecológicos y económicos causados por la piña industrial, a la vez que reconoce que la mayoría de las comunidades donde se cultiva la piña la apoyan por el empleo que genera. Destaca el legado de ríos, acuíferos y humedales contaminados; el maltrato a los trabajadores y los efectos negativos en su salud (y en la de las comunidades aledañas); la influencia indebida de las empresas piñeras en las instituciones estatales; y la creciente presencia del narcotráfico en las zonas donde se cultiva piña.

También subraya los riesgos que implica permitir que las corporaciones expandan su influencia más allá de sus campos, convirtiéndose en líderes en la gestión de las cuencas donde operan. Esto concuerda con el modelo cada vez más extendido de gestión global del agua, tanto a nivel de cuenca como en influyentes foros mundiales sobre el agua, en los que el capital privado y la influencia (corporaciones, fundaciones conservadoras, gestores de activos y fondos de capital privado) están asumiendo roles que antes ocupaba el sector público en la financiación y el diseño de políticas hídricas.

En esencia, la historia de la piña industrial en Costa Rica se centra en cómo usamos el agua como sociedad y quién decide al respecto. El dominio de la industria a nivel de cuenca dificulta que cualquier actor que cuestione la viabilidad de la piña —y que impulse el debate sobre las necesidades futuras— participe plenamente en conversaciones dominadas por actores corporativos y aliados en el gobierno, agencias internacionales de ayuda y ONGs. Esta incapacidad para abordar una gama mucho más amplia de escenarios —incluida la necesidad de que los productores de piña abandonen las cuencas donde se ubican— es lo que se está volviendo alarmante en un mundo que se calienta rápidamente y se está volviendo inasegurable. Las mejores prácticas en la gestión del agua en un mundo en calentamiento requieren, ante todo, una participación significativa de los actores clave que permita afrontar la mayor variedad de escenarios.

Sobre todo, nos preguntamos: ¿Por qué el sector asegurador sigue asegurando una industria en la que cada vez es más difícil plantear preguntas difíciles sobre la captura corporativa de los suministros de agua y, por lo tanto, garantizar que los productores de piña tengan el agua que necesitan?

Intervención con maquinaria pesada en el cauce del Río Frío genera preocupación en Maquengal

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (OBC-UCR) ha documentado una nueva intervención con maquinaria pesada en el cauce del Río Frío, en el sector conocido como El Paso, Guatuso. La comunidad de Maquengal manifiesta preocupación ante lo que consideran la posible habilitación de un plantel de carga para extracción de materiales.

Según el material publicada el 31 de julio, una retroexcavadora operó durante varias horas, removiendo una gran cantidad de material. A juicio de la comunidad, la intervención carece de información oficial clara y evidencia impactos ambientales significativos.

Una fotografía comparativa tomada en abril muestra un cauce más amplio, lo que sugiere cambios en la geomorfología del río, erosión en las márgenes, alteración del flujo natural y riesgo de deslizamientos que podrían afectar zonas bajas de Guatuso.

Desde 2022, el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío ha denunciado el avance de actividades extractivas en la zona y ha solicitado suspender nuevas concesiones, fiscalizar en tiempo real y realizar un diagnóstico ecológico participativo que involucre a las comunidades.

El caso reabre el debate sobre el modelo de desarrollo en la región y sus efectos sobre el medio ambiente, especialmente los cuerpos de agua. El Comité reitera su llamado a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger el río y sus ecosistemas.

Puede leer la nota completa en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes UCR, accediendo por medio del siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/nueva-intervencion-en-el-rio-preocupa-a-maquengal-se-construye-un-nuevo-plantel-en-el-cauce-del-rio-frio/

Triunfo judicial comunitario por protestas ante falta de agua en Hatillo

Escrito en . Publicado en Agua.

El Sindicato de trabajadores del AyA (SITRAA) compartió el fallo judicial que, luego de meses del proceso judicial, los habitantes de Hatillo quedan absueltos de toda responsabilidad y culpa por la manifestaciones en defensa del acceso fundamental al agua en sus comunidades.

Ese acceso al agua fundamental no logró brindarlo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y que, a la fecha, señala el sindicato, la presidencia de Juan Manuel Quesada Espinoza no ha brindado solución.

La Alianza por una Vida Digna y SURCOS realizaron un foro en vivo el lunes 7 de julio para abordar las luchas por el derecho al agua en Hatillo. Entre las personas participantes se encuentran Andrés Romero, Ariana Sánchez y Edith García.

Puede ver el foro aquí:

Imagen: Semanario Universidad.

CONCEVERDE denuncia anomalías en la Municipalidad de San Rafael de Heredia y exige intervención del Concejo Municipal en Cerro Chompipe

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El colectivo ciudadano CONCEVERDE, representado por el abogado José Francisco Alfaro Carvajal, presentó una solicitud formal ante el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia para que intervenga en los hechos anómalos que, según denuncian, se están dando en la finca 4 ‑ 156766 ‑ 000 (Cerro Chompipe), registrada a nombre de la Municipalidad, pero considerado patrimonio natural del Estado y parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888.

El Cerro Chompipe es una zona de alta recarga acuífera, vital para la regulación del ciclo del agua, la conservación de la flora y fauna silvestre, y la mitigación del cambio climático. Su cobertura dentro del Parque Braulio Carrillo y la franja inalienable, establecida hace más de un siglo, lo convierte en un área de protección absoluta. Según CONCEVERDE, cualquier intervención, por pequeña que sea, podría alterar los ecosistemas, reducir la capacidad de recarga hídrica y afectar la biodiversidad.

Entre las exigencias del colectivo, se encuentran el traspaso inmediato de la finca Cerro Chompipe por parte Municipalidad de San Rafael de Heredia al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como un alto total a las actividades que sin aval o autorización del MINAE, la Municipalidad está llevando a cabo, tanto en dicha finca, como cualquier otra zona del Parque Braulio Carrillo y la zona inalienable.

No obstante, esta denuncia no es nueva. En diciembre de 2024, CONCEVERDE ya manifestó su rechazo a las obras planificadas en el Cerro Chompipe bajo la figura de “monumento natural recreativo”, alertando sobre la pérdida de árboles nativos y la impermeabilización del suelo en zonas de recarga.

Asimismo, la denuncia advertía sobre actividades no autorizadas por el MINAE llevadas a cabo por la Municipalidad, como la delimitación de la finca, instalación de cámaras trampa e incluso obras menores, que estarían ocurriendo sin aval institucional, lo que es contrario a la legislación vigente.

Recientemente, el pasado 19 de junio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología respaldó la denuncia del abogado Alfaro. En un oficio dirigido al ministro Franz Tattenbach Capra, el presidente Asociación, Marco Levy Virgo, exigió al MINAE que cumpla con las sentencias de la Sala Constitucional y proceda a recuperar la finca, la cual aún aparece registrada a nombre municipal.

Foto: Redes sociales oficiales de Colectivo CONCEVERDE San Rafael.

Webinario «Fuera Mekorot de Abya Yala»

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El agua como bien común en disputa

El colectivo Comunicadores por Palestina hace un llamado urgente a la ciudadanía a participar del webinario “Fuera Mekorot de Abya Yala”, un espacio de análisis sobre los intereses de la iniciativa privada y grupos de poder en torno al agua como recurso estratégico en América Latina.

Este evento busca abrir un diálogo entre activistas defensores del agua e investigadores de la región, con el objetivo de visibilizar la presencia e influencia de la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, en distintos países de nuestro continente.

Temas a discutir:

  • ¿ Ordenamiento territorial ?

  • ¿Ordenamiento hídrico ?

  • ¿Ordenamiento jurídico ?

  • ¿ Desarrollo urbanístico ?

  • Y la distribución del agua.

Mekorot es la empresa estatal israelí responsable del control del agua en territorios palestinos ocupados, acusada por múltiples organizaciones de derechos humanos de robo, contaminación y apartheid hídrico. Ahora, sus «tentáculos» se extienden hacia América Latina, muchas veces bajo otros nombres o mediante alianzas público-privadas, como parte de los llamados “planes maestros” de gobernanza del agua.

En Costa Rica, es importante poner atención a los “regalos” y viajes que esta empresa ofrece a municipalidades como parte de estrategias de influencia política y comercial. Aunque el reciente viaje de funcionarios municipales se reprogramó, los convenios siguen gestándose en silencio.

Fecha del evento: miércoles 3 de julio

Webinario disponible en el canal YouTube de Revista Biodiversidad TV: https://youtube.com/@revistabiodiversidad-tv

Informarnos es también defender el agua como derecho, no como mercancía.

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Conversatorio Agua que alimenta: soberanía alimentaria en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

En el marco de la acción social desempeñada desde la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Escuela de Sociología a través de Candy Jiménez, Mariana Cruz, Sebastián Villalobos, Valentina Palacio y Lilliam Castillo, se extienden la invitación a un conversatorio derivado del Proyecto: ED-3529 Fortalecimiento de organizaciones de la Economía Social y Solidaria de intercambio, y el curso SO-1014 Taller Integrado de Gestión y Práctica Sociológica.

La actividad titulada «Conversatorio: Agua que alimenta: soberanía alimentaria en Costa Rica» se presenta como un espacio de reflexión y diálogo en torno a un tema relacionado al agua y la soberanía alimentaria. El título sugiere un enfoque integral donde el recurso hídrico no solo es visto como un bien natural, sino como un componente esencial para la seguridad y sostenibilidad alimentaria en el contexto costarricense.

Este conversatorio se llevará a cabo el lunes 16 de junio a las 10:00 am en el auditorio del piso 6 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. La actividad contará con la participación de diversas figuras destacadas. Entre ellas, se encuentra la Dra. Marcela Dumani, nutricionista de la Escuela de Nutrición de la UCR e integrante del Centro de Investigación en Salud y Nutrición (CISAN-UCR), lo que garantiza una perspectiva técnica y científica sobre el impacto del agua en la salud y la alimentación.

También se contará con la participación de las diputaciones Monserrat Ruiz Guevara y Ariel Robles Barrantes, quienes aportarán una visión desde el ámbito político. La inclusión de estos representantes legislativos refuerza la dimensión política del conversatorio, resaltando el papel del Estado y las políticas públicas en la defensa del agua como derecho humano y recurso estratégico para la soberanía alimentaria.

Ariel Robles, además, representa a la Comisión Pro-Defensa del Río San Rafael, lo cual añade una dimensión ambiental al diálogo, considerando los conflictos y luchas por el resguardo de cuerpos de agua en el país. Este enfoque fortalece la intersección entre ecología, política y justicia social en el debate.

La Dra. Carolina Castillo E., docente de la Escuela de Sociología de la UCR, aportará una mirada desde las ciencias sociales, ayudando a contextualizar el tema en términos de estructuras sociales, desigualdades y dinámicas territoriales. Su participación asegura que el conversatorio trascienda los aspectos técnicos para incorporar dimensiones humanas y sociales.