Comunidad y ASADA de Rancho Redondo alertan sobre posible afectación a fuentes de agua potable
Un grupo de personas vecinas usuarias de la ASADA de Rancho Redondo denunciaron nuevas actividades de tala en la cuenca alta del Río Durazno, una zona vital para el abastecimiento de agua potable de varias comunidades.
Según la denuncia presentada el sábado 22 de marzo ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), varios camiones fueron vistos transportando madera extraída de una zona cercana a las nacientes de agua que alimentan el río, aparentemente sin respetar las zonas de protección establecidas por ley.
«Siguen los camiones saliendo cargados de madera, no sabemos si es de una plantación de jaúl, pero según vecinas y vecinos se ha irrespetado la ribera del Río Durazno, una zona de protección acuífera», señala la denuncia dirigida al ministro Franz Tattenbach y al director de Aguas, Miguel Zeledón.
La comunidad solicita que se investigue si la extracción corresponde a una plantación legal y si se han respetado las disposiciones de la Ley Forestal 7575, la Ley de Aguas y otras normativas relacionadas con la protección ambiental.
Esta nueva denuncia se suma a otras dos presentadas anteriormente en la misma zona geográfica: una en Coronado y otra en la finca de los Bolaños en Guayabillos de Rancho Redondo.
Las personas denunciantes también expresaron preocupación por la lentitud en la atención de casos ambientales, señalando que funcionarios del ministerio les han informado que todavía están procesando denuncias del 2024.
«La escasez de agua y el calentamiento global ya llegaron», advierte la denuncia. Además, se expresa la preocupación de que estas actividades podrían comprometer aún más la disponibilidad del recurso hídrico en la región.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Ministerio de Ambiente ni la Dirección de Aguas habían respondido a la denuncia presentada por la comunidad.
Guardianes del agua es una actividad que se ha realizado de forma exitosa en centros educativos, como un apoyo en educación ambiental. Foto Grettel Rojas Vásquez.
Sede de Occidente apoya el trabajo que realizan por medio de proyecto de Acción Social
Aproximadamente un tercio de la población costarricense tiene acceso al agua gracias al trabajo voluntario de personas de su misma comunidad y la Región de Occidente no es una excepción. La gestión comunitaria del agua permite el suministro de este preciado líquido a muchos y muchas personas que viven en zonas en donde Acueductos y Alcantarillados (AyA) no ofrece servicio.
Alrededor del 53 % del total de la población de los cantones de la zona de Occidente reciben el preciado líquido gracias al trabajo desarrollado por acueductos comunales, trabajo voluntario que requiere de acompañamiento para lograr cumplir con toda la normativa y trámites administrativos existentes y para promover el cuido y la educación ambiental alrededor del agua.
Ante los requerimientos que presentan las comunidades surgió hace 10 años el proyecto de Trabajo Comunal Universitario “Gestión Comunitaria del Agua”, una iniciativa de la Sede de Occidente, que explora las necesidades y problemáticas existentes en el funcionamiento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) y en su interacción con la comunidad, para generar un proceso de trabajo que brinde atención y acompañamiento a estas organizaciones en pro del fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico.
El proyecto, basado en su experiencia, establece tres líneas de acción para apoyar a estas asociaciones comunales: la gestión administrativa, los procesos de formación socio-ambiental y el fortalecimiento de la relación Asada-comunidad.
La Mag. Adriana Muñoz Amores, encargada de este TCU e investigadora sobre el tema, señaló que en los últimos años, las Asadas pasaron de un modelo muy sencillo de funcionamiento a ser “empresas sociales”, lo que les demanda una gran cantidad de conocimientos y capacidades en temas de planificación, financieros, de personal, y las personas encargadas no cuentan con las herramientas para resolverlo.
“El TCU de alguna forma se ha convertido en un acompañante de ese proceso, nosotros creamos programas de capacitación o actividades de apoyo para contribuir con el fortalecimiento de las Asadas”.
El proyecto de TCU trabaja de la mano con las comunicades y les ofrece actividades de capacitación. Foto cortesía Adriana Muñoz Amores.
Aseguró que todas las demandas administrativas han provocado que los acueductos comunales se centren más en cómo operar el servicio, dejando un poco de lado la educación ambiental, y el TCU también acompaña en la formación que se le ofrece a las comunidades en torno a este tema.
Se realizan una serie de procesos de capacitación con diferentes poblaciones. “Guardianes del agua es una de ellas, es una actividad dirigida a niños y niñas en la que se aborda el tema ambiental, cómo funciona y cuáles son las vulnerabilidades del agua, pero también se habla del acueducto, qué es un acueducto comunal, cómo existe y cómo contribuye a su comunidad”.
Muñoz destacó que es importante que la población infantil valore el recurso hídrico así como el de la organización que le brinda ese recurso. Destacó que se debe concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia de la organización comunal. “La mayoría de los integrantes de la Asadas son personas muy mayores, no hay relevo generacional, por eso es importante transmitir también la importancia de esa participación”.
Una década presente en los cantones de Occidente
La presencia durante 10 años de este proyecto de trabajo comunal universitario marca a las personas voluntarias que trabajan en los acueductos, a las comunidades y a los estudiantes que participan en el proyecto.
Las comunidades de la zona de Occidente administran 230 acueductos de los 281 existentes, lo que representa el 82 % del total. El proyecto colabora en los cantones de Grecia, San Ramón, Naranjo, Palmares, Sarchí y Zarcero.
Manuel Montoya, presidente de Federación de ASADAS de la zona protectora El Chayote, Naranjo, señaló que el trabajo desarrollado por este TCU en los cantones de Grecia, Sarchí y Naranjo ha sido fundamental en el trabajo logístico y en el acompañamiento en actividades orientadas a la comunidad.
“El apoyo es fundamental para las Asadas, ya que nosotros somos entidades privadas sin fines de lucro, donde el AyA nos constituye, pero no nos ofrece orientación. El TCU nos orienta y nos da un apoyo logístico que es lo más importante”.
Destacó que la presencia de la Universidad de Costa Rica por medio de estos proyectos es importante. “La UCR es una institución de mucha credibilidad, eso nos orienta y nos ayuda con un fundamento académico, ya que las Asadas las constituimos personas que no tenemos esa preparación. El aporte y la presencia de la UCR da mucha validez al trabajo que se está haciendo”.
Hellen Alfaro Valverde, administradora de la Asada de Santa Gertrudis de Grecia, aseguró que el día a día de las Asadas no permite desarrollar actividades y proyectos indispensables para la comunidad y para el fortalecimiento de las mismas.
Destacó que la educación ambiental ha sido asumida de forma muy comprometida por este proyecto. “Nos ayudan a sensibilizar a niños y jóvenes de escuelas y colegios sobre el cuido y el ahorro del agua, es un trabajo que hay que hacer todos los años, para cubrir toda la población. La acción social que realiza la universidad aquí es fundamental, es volverse más visible, es que la comunidad vea que las Asadas tienen el respaldo de la UCR”.
Las personas estudiantes que participan en este proyecto tienen la posibilidad de involucrarse con las comunidades y con el tema del recurso hídrico. Foto cortesía Adriana Muñoz Amores.
Ambos representantes de acueductos rurales coincidieron en el aporte va más allá de las comunidades, ya que los estudiantes universitarios que participan tienen la posibilidad de involucrarse con las comunidades y con las problemáticas existentes en torno a la gestión del recurso hídrico
“La participación comunal está siendo abandonada, que los nuevos profesionales sepan que hay organizaciones de bien social para colaborar con el pueblo es muy importante” concluyeron.
Grettel Rojas Vásquez Periodista, Sede de Occidente, UCR
En conmemoración del Día Mundial del Agua, el próximo jueves 20 de marzo se realizará el foro «En defensa de los Cuerpos de Agua», un espacio de diálogo que reunirá a importantes representantes de movimientos ambientalistas y académicos de Costa Rica comprometidos con la protección de los recursos hídricos del país.
El evento, que tendrá lugar en el Centro Cultural Español a partir de las 5:30 de la tarde, contará con un panel de especialistas de reconocida trayectoria en la defensa del agua. Estarán Catalina Carrillo Vargas del Programa Interdisciplinario Costero (PIC-IDESPO) y del colectivo Antigentrificación.cr; Silvia Matamoros de Costa Rica por el Océano, Bloque Verde y Apreflofas; y Maleza Alvarado del Movimiento Ríos Vivos.
También participarán Isabel Méndez Garita, representante del Frente Ecocipreses; y Laura Carolina Garrigues en representación de la Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Defensores de la Casa Común, el Comité pro Defensa del Ojo de Agua y el Río la Fuente, y la Fundación Internacional Operation Rich Coast.
Esta iniciativa es respaldada por diversas organizaciones e instituciones, entre ellas la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Geografía, el proyecto Geogradía y Diálogo de Saberes, Kioscos Socioambientales, la Red de Coordinación en Biodiversidad, el Frente Ecocipreses, Ríos Vivos, La Casa Común, Bloque Verde, Bloque Azul, ProBae, entre otros. La actividad cuenta además con el apoyo de la Embajada de España en Costa Rica y la Cooperación Española.
El foro se realiza en un contexto de creciente preocupación por la protección de los recursos hídricos en Costa Rica, donde diversas comunidades y organizaciones han manifestado su alarma ante proyectos de desarrollo que podrían afectar ríos, acuíferos y zonas costeras del país.
La convocatoria, que está abierta al público general, busca generar conciencia sobre la importancia de la defensa colectiva de los cuerpos de agua como elementos fundamentales para la vida y el equilibrio de los ecosistemas.
El agua es vida, y su protección es un compromiso de todas y todos. En el marco del Día Mundial del Agua, la música, el arte y el diálogo socioambiental se unen en esta actividad gratuita para reflexionar sobre la importancia de preservar nuestros ríos, mares y fuentes de agua, esenciales para la biodiversidad y el bienestar de Costa Rica.
La jornada cerrará con un concierto especial que nos invita a conectar con la naturaleza a través de la música.
Apertura musical: Luz María Romero con su más reciente disco, «Entre Selvas y Desiertos».
Cierre musical: Colectivo Cantos de Batalla con Fabián Pacheco. Cantos de Batalla es un proyecto que construye una memoria histórica musical del movimiento ecologista costarricense, a partir de la recopilación de los pregones que caracterizaron distintas campañas en los últimos años. Canciones compuestas por Fabián Pacheco al ritmo de tambores e inspiradas en la defensa de los bienes comunes y los derechos humanos.
Después de casi 30 años de lucha, la comunidad indígena Bribri de Meleruk, también conocida como La Pera, ha conseguido un fallo histórico: la Sala Constitucional ordenó al Estado garantizar su acceso al agua potable, un derecho fundamental que les ha sido negado por décadas.
Un problema que ha persistido por años
Meleruk, hogar de aproximadamente 280 personas, enfrenta una crisis hídrica prolongada. Sin acueducto ni acceso a fuentes seguras de agua, la comunidad ha sobrevivido mediante sistemas artesanales y recolección de lluvia, con enormes sacrificios económicos y riesgos para la salud.
El camino hacia este reconocimiento no ha sido fácil. Aquí un repaso de los momentos clave:
Hace casi 30 años – La comunidad inicia solicitudes para la construcción de un acueducto. 2018 – Un informe oficial confirma que el abastecimiento de agua es insuficiente e inseguro. 2020 (octubre) – El Concejo Municipal de Talamanca declara emergencia social por la falta de agua. 2020 (noviembre) – La municipalidad insta al AyA a intervenir, pero no hay respuesta efectiva. 2023 (julio) – Ingenieros del AyA confirman que las nacientes en la zona no tienen caudal suficiente. 2024 (febrero) – Se realiza una inspección en la escuela de Meleruk, evidenciando que los niños no tienen agua potable. 2025 (enero) – La comunidad reitera sus denuncias ante la Sala Constitucional. 2025 (febrero) – La Sala Constitucional falla a favor del pueblo Bribri y ordena al Estado tomar acción inmediata.
Filidencio Cubillo nos expone la situación que están enfrentando y las acciones que han realizado. Ingrese en este enlace para escuchar el audio.
¿Qué ordena la resolución?
La Sala Constitucional determinó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debe: Abastecer de inmediato a la comunidad con camiones cisterna, en un plazo máximo de cinco días. Realizar estudios técnicos en un plazo de 12 meses para determinar una solución definitiva. Implementar un sistema de abastecimiento en un plazo adicional de 12 meses.
Más que agua, es justicia para los pueblos indígenas
Este fallo no solo beneficia a Meleruk, sino que sienta un precedente para la protección de los derechos indígenas en Costa Rica. El acceso al agua potable no es un privilegio, es un derecho humano fundamental reconocido en: El Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a respetar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus recursos. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce su derecho a la autodeterminación y a servicios básicos. La Constitución de Costa Rica, que garantiza el derecho a la vida y la salud.
El pueblo Bribri de Meleruk ha demostrado que la organización y la perseverancia pueden cambiar realidades. Ahora, queda en manos del Estado cumplir con la sentencia y hacer justicia para esta comunidad.
Imagen corresponde a la Escuela de Meleruk 2, 12 de marzo 2025.
¿Por qué esta lucha es crucial para los pueblos indígenas en Costa Rica?
El caso de Meleruk no es solo una historia local, es un reflejo de la realidad que enfrentan muchas comunidades indígenas en el país. Su lucha por el agua simboliza una batalla más amplia por derechos, dignidad y justicia histórica.
Acceso al agua como derecho humano: A pesar de que Costa Rica ha ratificado tratados internacionales que garantizan el derecho al agua, muchas comunidades indígenas siguen sin acceso a este recurso esencial.
Autonomía y gestión de recursos: La falta de acceso al agua no es solo un problema de infraestructura, sino de soberanía. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus bienes naturales y exigir que el Estado respete sus territorios.
Precedente legal para otras comunidades: Este fallo podría abrir la puerta a que otros pueblos indígenas y sus comunidades exijan al Estado cumplir con sus obligaciones. No se trata solo de Meleruk, sino de todos los territorios indígenas que han sido históricamente excluidos.
El agua como pilar de identidad y supervivencia: Para los pueblos indígenas, el agua no es solo un recurso, es parte de su cultura, su espiritualidad y su conexión con la tierra. Proteger su acceso es proteger su forma de vida.
La sentencia de la Sala Constitucional es un paso adelante, pero la lucha continúa. Ahora, el reto es que se cumpla el fallo y que el derecho al agua deje de ser una deuda pendiente con los pueblos indígenas de Costa Rica
Meleruk y la persistencia del colonialismo en la distribución del agua
El caso de la comunidad indígena Bribri de Meleruk no es solo un problema de infraestructura o gestión pública. Es el reflejo de una historia de exclusión y desigualdad que se remonta al colonialismo y que sigue viva en las instituciones del Estado.
A pesar de los discursos sobre multiculturalidad e inclusión, las comunidades indígenas siguen enfrentando un racismo estructural que normaliza su abandono. La falta de acceso al agua potable en Meleruk no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de inequidad territorial, donde los pueblos indígenas tienen menos acceso a servicios básicos, menos representación en la toma de decisiones y menos recursos asignados para su bienestar.
Las instituciones han justificado su inacción con argumentos de falta de financiamiento, trámites burocráticos o problemas técnicos. Pero ¿se permitiría que una comunidad no indígena en Costa Rica pasara tres décadas sin agua potable? La respuesta evidencia un sistema que sigue marginando a los pueblos originarios y negándoles sus derechos fundamentales.
Este fallo a favor de Meleruk no solo es una victoria jurídica, es un recordatorio de que la deuda histórica con los pueblos indígenas sigue pendiente. Superar el colonialismo no significa solo reconocer sus derechos en papel, sino garantizar en la práctica que tengan acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad y autonomía.
El agua no es solo un recurso, es un derecho, un símbolo de justicia y un reflejo de qué tan incluyente es realmente una sociedad.
Asociación Confraternidad Guanacasteca Comunicado al pueblo de Costa Rica
Hace años venimos denunciando los privilegios de la camarilla de azucareros en Costa Rica: LAICA (Liga Agrícola Industrial de Costa Rica), entre cuyas figuras principales están la familia Arias Sánchez y Álvaro Jenkins, ex presidente de UCCAEP.
Ahora denunciamos ante la opinión pública, la opacidad con que se maneja su puerto en Punta Morales, a través del cual se importan y exportan miles de toneladas de carga a granel y liquida, desde y hacia puertos en todo el mundo. Esto sería normal si allí hubiese los controles de aduanas, migración, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Seguridad que tal operación exige. Pero no.
En Costa Rica, el puerto de LAICA carece de tales controles, y el gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido esta situación.
Pasados más de 3 años de este gobierno, nadie en el Ministerio de Seguridad sabe nada de ese puerto. Ahora prometieron ir a conocerlo pronto.
Pertenecen a LAICA los mismos que usan el 50% del agua de Guanacaste pagando solo 20 centavos de colón por cada m3 que consumen. Los que hacen quemas de 30.000 hectáreas de caña sin que se les pidan estudios de impacto ambiental. Los que usan aviones y demás medios para fumigarnos con agroquímicos. Los que tienen contaminados nuestros ríos.
Los que nos venden el azúcar muy por encima del precio internacional, ganando un 300% sobre su precio de exportación.
Los que destilan alcohol y quieren quedarse con FANAL.
La poderosa cúpula azucarera de LAICA tiene dos ministros en su Junta Directiva. Uno de ellos, Víctor Carvajal del MAG, confiesa no saber nada de nada sobre este puerto. Tampoco de otras cosas.
No somos diabéticos. Nos gusta el azúcar. Pero no nos gustan los abusos.
No nos gusta LAICA. Por sus privilegios. Legalizados o no.
Abusan. No cumplen leyes como debe ser. Generan daño social y ambiental.
¡Hay que terminar con los privilegios! El agua es vida. Agua potable, prioridad constitucional.
Foro y Concierto este jueves 20 de marzo en Farolito
En el marco del Día Mundial del Agua, la música, el arte y el diálogo socioambiental se unen en esta actividad gratuita para reflexionar sobre la importancia de preservar nuestros ríos, mares y fuentes de agua, esenciales para la biodiversidad y el bienestar de Costa Rica.
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de cuidar el agua y reconocer a las comunidades y personas que la protegen. Este año, un grupo de organizaciones e instituciones se unen bajo el lema “En Defensa de nuestros cuerpos de agua”, haciendo referencia no solo a ríos, nacientes y mares, sino también a los cuerpos de las personas defensoras del agua.
El foro se llevará a cabo el jueves 20 de marzo a las 5:30 p. m. en las instalaciones del Centro Cultural de España (CCE) en Barrio Escalante. La actividad es abierta y gratuita para todas las personas.
Durante este evento, se desarrollará un conversatorio en el que personas de comunidades afectadas por la contaminación del agua, junto a quienes trabajan en la protección de ríos y mares, compartirán sus experiencias y conocimientos. A través de este espacio, se busca generar conciencia y fortalecer acciones colectivas en defensa de nuestros ecosistemas acuáticos.
El panel contará con la participación de mujeres que lideran importantes luchas en defensa del agua, como Isabel Méndez Garita, de la comunidad de Cipreses en Cartago, quien ha encabezado – junto al Frente Ecológico de Cipreses una exitosa campaña por la prohibición del agrotóxico clorotalonil, que ha contaminado el agua de miles de personas en la zona norte de Cartago. También estará Maleza Alvarado, de Movimiento Ríos Vivos, quien enfrentó la privatización hidroeléctrica de más de una decena de ríos en la zona sur del país y sigue luchando para evitar la expansión de este tipo de proyectos. Además, participará Catalina Carrillo Vargas, del Programa Interdisciplinario Costero (PIC-IDESPO-UNA) y del colectivo Antigentrificación.cr, que trabaja en la defensa de las comunidades marino-costeras, el acceso público a las playas y la denuncia de los procesos de turistificación y gentrificación. La destacada defensora ambiental Silvia Matamoros, del colectivo Costa Rica por el Océano, Bloque Verde y APREFLOFAS, acompañará la defensa legal de comunidades costeras, pueblos indígenas y organizaciones. Finalmente, el foro contará con la presencia de la artista y activista Laura Carolina Garrigues, de la Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Defensores de la Casa Común, Comité pro-Defensa del Ojo de Agua y el Río la Fuente, y la Fundación Internacional Operation Rich Coast, quienes llevan a cabo una importante lucha en el cantón de Belén por la defensa del agua y los bienes comunes.
La actividad es organizada por el Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, el Frente Ecocipreses, el Bloque Verde, Costa Rica por los Océanos, el Bloque Azul, el Movimiento Ríos Vivos y Comité pro Defensa del Ojo de Agua y el Río la Fuente.
La jornada continuará a las 8:00 p. m. con un concierto especial que nos invita a conectar con la naturaleza a través de la música. Participará la cantautora Luz María Romero, originaria de Chile y radicada en Costa Rica desde 1990. Su música fusiona sonidos ancestrales y contemporáneos, creando un puente entre culturas y paisajes. Con su álbum Entre Selvas y Desiertos, nos invita a un viaje sonoro que conecta con la identidad y la naturaleza.
El cierre musical estará a cargo de Fabián Pacheco, del Colectivo Cantos de Batalla, un proyecto que construye una memoria histórica musical del movimiento ecologista costarricense, recopilando los pregones que caracterizaron diversas campañas en los últimos años. Las canciones, compuestas por Fabián Pacheco, se tocan al ritmo de tambores e inspiradas en la defensa de los bienes comunes y los derechos humanos.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Específicamente, aseguran que con la sustitución del término “Valor Máximo Admisible (VMA)” por “Valor de Alerta (VA)”, se podría “comprometer la salud pública y la protección ambiental, especialmente debido a la falta de datos técnicos y metodologías de evaluación de riesgos adecuadas que respalden el ajuste propuesto”.
Ante esta situación, la UTN considera fundamental “mantener los parámetros actuales de calidad del agua potable, implementar metodologías de evaluación de riesgos basadas en análisis rigurosos, fortalecer el monitoreo continuo de las fuentes de agua y garantizar su protección mediante controles más estrictos. Asimismo, se enfatiza la importancia de asignar responsabilidades claras sobre la evaluación de riesgos para evitar que los costos recaigan sobre los usuarios del servicio”.
Esta última preocupación sobre los costos de estas evaluaciones también fue advertida por la ARESEP, que señaló que las modificaciones al reglamento “impactarían las tarifas al incluir nuevos costos”.
El criterio experto del IMRH de la UTN considera que, al flexibilizar parámetros que protegen la salud pública, “se tendría como consecuencia una mayor contaminación en fuentes de agua y un posible aumento de enfermedades relacionadas con la falta de agua potable de calidad, además de una repercusión económica por la atención de pacientes y acciones de protección de los recursos naturales del país”.
Además, considera que no se cuentan con datos, registros y metodologías de evaluación del riesgo que permitan presentar una propuesta robusta para la modificación de dicho decreto.
Con ánimo propositivo, plantea soluciones como: mantener el “Valor Máximo Admisible”, implementar metodologías de evaluación de riesgos más integrales, fortalecer el monitoreo continuo y que la responsabilidad sobre los costos de las evaluaciones de riesgos sea compartida.
También propone como acción inmediata para eliminar fuentes contaminantes el cumplimiento de la legislación vigente, que establece que se deben eliminar los cultivos que contaminan las fuentes y que, además, se debe respetar un radio de 200 metros alrededor de la fuente, ya que considera que “la aplicación de la legislación incrementa el riesgo de exposición a químicos peligrosos”.
Finalmente, enlista otra serie de medidas de carácter inmediato que se consideran necesarias para reforzar:
Resguardo de las áreas de protección de fuentes de agua.
Fortalecimiento de programas de capacitación y concientización de los productores.
Elaboración de estudios hidrogeológicos.
Destinar recursos económicos para que las ASADAS puedan mejorar su funcionamiento.
Fortalecimiento de los programas de vigilancia y monitoreo continuo.
Realización de un mayor monitoreo y fiscalización del uso de plaguicidas.
Incluir programas de capacitación y actualización continua para profesionales.
Buscar propuestas con nuevas tecnologías que faciliten un monitoreo más preciso.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Universidad de Costa Rica, Escuela de Sociología, Programa de Economía Social Solidaria y Embajada de Chile en Costa Rica presentan Territorio, Mujer y Agua: Estética situada desde el hidrofeminismo
Clase magistral + concierto
Estéticas del agua deltas para otra vida sensible Natalia Contesse (Chile)
Lo sagrado femenino del agua en Abya Yala Guadalupe Urbina (Costa Rica)
Miércoles 12 de marzo 2025. 13:30 horas Universidad de Costa Rica, Ciudad de la Investigación, Facultad de Ciencias Sociales, Sala de Audiovisuales.
Solicita que el Ministerio de Salud priorice el bienestar de la población y la protección del ambiente.
Señala que la población afectada está consumiendo agua con niveles de plaguicidas más altos que los detectados cuando se emitió la orden sanitaria en 2022.
Requiere un informe sobre el estado de la reforma y las acciones para garantizar la transparencia en el proceso de consulta pública.
La Defensoría de los Habitantes ha estado dando seguimiento a la contaminación del agua potable en la zona norte de Cartago y considera que “la contaminación por metabolitos de clorotalonil plantea un retroceso en la protección ambiental”. Este retroceso se debe a que el Ministerio de Salud levantó la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-0087-2022 del 20 de octubre de 2022, basándose en una consultoría contratada con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, la cual “establece parámetros menos estrictos que los vigentes en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, a pesar de que los niveles de la sustancia detectados en los análisis realizados durante el año 2024 son mayores a cuando se giraron las órdenes”.
La Defensoría asegura que “estos análisis realizados por las instituciones competentes demuestran que la población está consumiendo agua con niveles de contaminación de este agroquímico más elevados que los detectados cuando se giró la orden sanitaria citada”.
En cuanto a la reforma reglamentaria propuesta por el Ministerio de Salud, el órgano defensor señala que “depende de la capacidad técnica, la transparencia y la rapidez en su implementación”. Desde una perspectiva de salud pública, considera que “el principio precautorio debería orientar todas las decisiones: ante la incertidumbre o insuficiencia de los análisis, las medidas preventivas deben prevalecer sobre los ajustes a los límites permisibles”. Además, la normativa debe contemplar “los efectos acumulativos de múltiples contaminantes”.
La Defensoría insta al Ministerio de Salud “a tomar las medidas necesarias para garantizar que no se modifiquen los parámetros vigentes establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua Potable hacia niveles menos estrictos”. A este respecto, subraya que “cualquier retroceso en estos estándares representaría un retroceso en la defensa del derecho humano a la salud y a un ambiente sano de la población costarricense, contraviniendo no sólo los principios de no regresión, no progresión, precaución y prevención; sino también las disposiciones del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica”.
Por ello, la Defensoría de los Habitantes “se opone a las reformas propuestas y solicita que el Ministerio priorice el bienestar de la población y la protección del ambiente, asegurando la aplicación de políticas públicas que reflejen un compromiso con los derechos fundamentales y con el desarrollo sostenible del país”.
Finalmente, la Defensoría solicita a la ministra de Salud un informe sobre el estado del trámite del proceso de la reforma reglamentaria, así como sobre la incorporación de las observaciones recibidas durante el proceso de consulta pública. Además, exige una justificación en caso de que no se hayan acogido esas observaciones “y señalar las acciones a realizar para asegurar la transparencia en el proceso de consulta pública”.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Propuesta no consideró a sectores de la comunidad científica nacional
Insta a suspender la aprobación de la modificación
El 90% de las sustancias usadas son consideradas Plaguicidas Altamente Peligrosos
Mediante un pronunciamiento de la Comisión de Salud Global sobre la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero de 2015, “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”, se considera que “esta modificación acarrea consecuencias perjudiciales para la salud de la población”.
Según la Academia Nacional de Ciencias (ANC), “claramente esta modificación al reglamento atenta contra el principio precautorio de in dubio pro salud por flexibilizar la normativa existente”.
La reforma establece un cambio en la regulación de plaguicidas en el agua, reemplazando el concepto de «valor máximo admisible» (0,1 μg/L por plaguicida y 0,5 μg/L para el total de plaguicidas) por un «valor de alerta», a partir del cual se realiza una evaluación de riesgo específica para cada plaguicida. Si se detecta que la concentración de plaguicidas en el agua supera este valor de alerta, se lleva a cabo un análisis de riesgo para determinar un Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR), que podría ser superior al valor de alerta. Si el nivel de plaguicidas se encuentra entre el valor de alerta y el VMAAR, el agua podría seguir consumiéndose sin un límite claro, hasta que el nivel de contaminación disminuya.
Por lo tanto, “la propuesta de modificación del reglamento mencionado constituye un retroceso en la salud pública del país”.
Para la ANC, el problema de contaminación del agua por plaguicidas en Costa Rica es de gran magnitud y “la modificación propuesta del decreto empeora una situación ya de por sí complicada”. Por ello, hacen “un llamado a mantener el modelo preventivo del valor máximo admisible y a crear caminos que conduzcan a la prevención de la ingesta de agua contaminada”.
Les preocupa la ausencia de sectores de la comunidad científica nacional que “tienen un conocimiento amplio y experiencia en estudios sobre calidad y contaminación del agua, y que están en la mejor disposición de aportar estos insumos para generar políticas públicas basadas en evidencia científica y dirigidas al bien común”.
Finalmente, “instan a las autoridades y a la sociedad en general a suspender la aprobación de la modificación del Reglamento para la Calidad del Agua Potable y abrir procesos de análisis y discusión sobre este delicado asunto, sobre una base científica y en salvaguarda de la salud pública del país”.
Contexto: El año pasado, la ANC organizó un foro titulado “Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”, donde expertos expusieron la grave situación del uso de plaguicidas en el país. Costa Rica es uno de los países que más plaguicidas aplica por área agrícola, con más de 250 ingredientes activos registrados, de los cuales cerca de 200 se utilizan activamente, y aproximadamente el 90% de estos son considerados Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs). Esta contaminación tiene serios efectos en la salud humana y los ecosistemas, lo que requiere una toma de conciencia y la implementación de medidas preventivas y correctivas, como se discutió en el foro.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Hace casi 30 años – La comunidad inicia solicitudes para la construcción de un acueducto.
Abastecer de inmediato a la comunidad con camiones cisterna, en un plazo máximo de cinco días.
El Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a respetar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus recursos.
Autonomía y gestión de recursos: La falta de acceso al agua no es solo un problema de infraestructura, sino de soberanía. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus bienes naturales y exigir que el Estado respete sus territorios.
Precedente legal para otras comunidades: Este fallo podría abrir la puerta a que otros pueblos indígenas y sus comunidades exijan al Estado cumplir con sus obligaciones. No se trata solo de Meleruk, sino de todos los territorios indígenas que han sido históricamente excluidos.
El agua como pilar de identidad y supervivencia: Para los pueblos indígenas, el agua no es solo un recurso, es parte de su cultura, su espiritualidad y su conexión con la tierra. Proteger su acceso es proteger su forma de vida.
