La Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas ha emitido una alerta ante el envenenamiento ilegal de los ríos con el fin de extraer camarón.
La organización hace un llamado a la población a participar en el monitoreo comunitario para denunciar estas prácticas que atentan contra las fuentes de agua y la vida.
Cuidemos nuestras fuentes de agua y vida.
¿Con qué argumentos razonables, se pretende disminuir un área para conservación de la naturaleza, de medio kilómetro cuadrado, rodeada de un desorden citadino?
Cuando el desordenado desarrollo urbano, demanda un «estate quieto», en ese camino destructivo que nos agobia, lo peor que pueden hacer autoridades del Poder Ejecutivo, es ignorar el clamor de comunidades, en defensa del ambiente. Si, el expresidente don Abel Pacheco, declaró, hace 22 años, la «Paz con la Naturaleza«, en la cumbre ambiental de la ONU, en Suráfrica, es un sinsentido, irrespetar ese compromiso, planetario y nacional, cuando a nuestros niños y jóvenes, se les enseña la importancia de proteger el planeta.
En zonas de la Gran Área Metropolitana, en general, y específicamente hacia el oeste, la ausencia de efectivos planes de dirección urbanos, literalmente, arrinconan a sus habitantes, sin considerar sus necesidades fundamentales, su calidad de vida. Las más de 53 hectáreas que, generosamente legaran hace 49 años, para dedicarlas a la conservación, la pareja Lorne y Agnes Ross, han resistido, el ataque del cemento, las varillas de construcción, y el ingreso de maquinaria pesada, nos llaman a salir en su defensa, no solo por su ubicación, sino por sus características ecológicas. Además, los habitantes, también tienen derecho a respirar aire limpio, de vez en cuando, así como el derecho sagrado, de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en la Constitución.
Mientras la Cisneros, provoca el desperdicio de recursos financieros, al poner zancadillas al proyecto de ley para crear un parque natural, nacido desde la comunidad, para los costarricenses, nos atrevemos a sugerirle, que retire el medio centenar de vergonzosas mociones, lanzadas, con el fin exclusivo, de evitar la aprobación de dicha iniciativa. Como alternativa, la invitamos a propiciar, algo más urgente que su proyecto de construir una fuente circular, con tres imitaciones de volcanes, lanzando chorritos de agua, enmarcado en el arte kitsch, que como sabemos, es de reconocido mal gusto. En lugar de ello, hay algo que también tiene que ver con agua, y que clama por su auxilio. Nos referimos al laguito de La Sabana, que es ahora un barreal. Su agua podría captarse de un pozo, que no parece estar en los planes gubernamentales, pese a su importancia y viabilidad. Por ello, para la señora diputada, sería, una mucho mejor idea, rescatar lo que hace pocos años, era todavía, un gran atractivo del Parque Metropolitano. Todos estaríamos de su lado, apoyándola en una propuesta semejante, también relacionada con el agua, que ahora, de pronto, tanto le interesa.
En un Estado en que la administración del agua que hace el AyA, es una desdicha, lo que menos hace falta, son unas fuentes mecánicas, que, usualmente ha sido así, terminan en estado de abandono.
«Allá en la fuente, había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito», dice la canción de Cri Cri, cantada por generaciones; muy linda, de grandiosos recuerdos, pero para niños. En cambio, el proyecto de las fuentes de Cisneros, por las que ya se han gastado US$30.000, aunque quizá elevarán el ego de su proponente y del ministro Tattenbach, sin duda, de ejecutarse, se les recordarán como lo que son, una ocurrencia caprichosa, inconsecuente con la lucha en contra del cambio climático.
14.10.2024
Una fuente interna de una institución pública nos aseguró que todas las 69 muestras de agua resultaron contaminadas con metabolitos del fungicida clorotalonil, es decir, productos derivados de la molécula original. A principios de mayo, Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizó un muestreo en la zona norte de Oreamuno y Alvarado, en Cartago. Se tomaron 45 nacientes gestionadas por las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) y 24 nacientes de acueductos municipales de Oreamuno, afectando así a aproximadamente 50,000 personas.
Entre las fuentes muestreadas se encuentran: ASADA Buena Vista de Pacayas (2 fuentes), ASADA Cipreses de Oreamuno (2 fuentes), ASADA Cot de Oreamuno (6 fuentes), ASADA Norte de Pacayas (2 fuentes), ASADA Paso Ancho y Boquerón (2 fuentes), ASADA Potrero Cerrado (5 fuentes), ASADA San Juan de Irazú (2 fuentes), ASADA San Pablo de Santa Rosa (9 fuentes), ASADA San Rafael de Irazú (7 fuentes), ASADA Santa Rosa de Oreamuno (7 fuentes), ASADA Santiago de Paraíso (2 fuentes), Municipalidad de Alvarado (13 fuentes) y el Consejo Municipal de Cervantes (11 fuentes).
Según datos divulgados por el gobierno, el muestreo abarca un área aproximada de 8,500 hectáreas y es la primera de cuatro etapas de muestreo (AYA, 1-7-24). Este monitoreo fue una respuesta del gobierno a la solicitud de declaratoria de emergencia de diversas instituciones y fuerzas políticas. En su momento, se indicó que “a partir de sus resultados definiremos la ruta a seguir” (AYA, 1-7-24).
Algunas de estas fuentes ya estaban clausuradas por contaminación, como las de Cipreses, San Pablo y Santa Rosa, afectando a unas 10,000 personas. En el caso de Cipreses, el 12 de octubre se cumplieron dos años de suministrar agua mediante cisternas, y otras comunidades pronto alcanzarán el mismo plazo.
Declaratoria de emergencia: Mediante un oficio dirigido a la Primera Vicepresidencia de la República y a los jerarcas de los ministerios de Salud, Ambiente, Energía y Agricultura, así como al Presidente Ejecutivo del AyA, la ARESEP solicitó el 4 de marzo de 2024: “Se insta a declarar Estado de emergencia en la zona norte de Cartago, dada la contaminación por agroquímicos de las fuentes de agua utilizadas por las Asadas de Potrero Cerrado, Paso Ancho, Boquerón, Cipreses, San Pablo, Norte de Pacayas, San Rafael de Irazú, Buena Vista, Santa Rosa, Cot y San Juan de Irazú, afectando directamente a 33,000 habitantes” (OF-0131-IA-2024).
El 9 de abril, representantes del Frente Ecologista de Cipreses, la Universidad de Costa Rica (UCR) y diputados de los partidos Frente Amplio, Liberal Progresista y Liberación Nacional pidieron al Gobierno declarar “estado de emergencia” en la zona norte de Cartago, debido a la contaminación con agroquímicos en las fuentes de agua que afectan a 50,000 habitantes.
Los informes internos son contundentes. Advertían que el 80% del área de protección de 35 nacientes estudiadas estaba invadido por cultivos, infraestructura y ganadería, con un uso agrícola intensivo del 44%, un 33% para pastos, un 3% para infraestructura y solo un 20% de uso forestal. El estudio indica que “en las zonas ubicadas aguas arriba de cada naciente predominan sectores con cultivos agrícolas” (UEN-GA-2024-00175).
Según informe anterior (14-4-23) de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA, que fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio del 2023, en las áreas cercanas a Cartago había aproximadamente 65,000 personas dependientes de suministros de agua en condiciones similares, con una agricultura tan cercana a las fuentes que “afectaba la calidad del agua” y generaba “una alta probabilidad de contaminación por el uso de productos químicos”.
¿Por qué era predecible la contaminación del agua? Este tipo de contaminación no se estaba midiendo en nuestro país, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas carece de los recursos y la infraestructura necesaria. En Costa Rica hay más de 200 plaguicidas registrados, pero el laboratorio sólo puede evaluar 24 en el agua potable. Fue gracias a la insistencia de la comunidad de Cipreses que IRET pudo evaluar estos metabolitos en 2019 y que se logró una resolución que busca fortalecer las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas.
Dada la alta movilidad del clorotalonil en el agua, la intensidad y cantidades de uso del producto (tercero a nivel nacional), es casi un hecho que donde se aplique habrá este tipo de contaminación; solo es cuestión de contar con los recursos y capacidades para analizarlo.
Francia y Suiza enfrentan una situación similar a la de las comunidades de Cartago. En Francia, un tercio del agua está contaminada con estas mismas moléculas, a pesar de la prohibición hace más de cuatro años, lo que demuestra la persistencia de esta sustancia. En Suiza, alrededor de 700,000 personas están expuestas a metabolitos de clorotalonil en su agua potable, y el costo de la descontaminación podría aumentar el precio del agua en un 75% (Public Eye, 5-2023).
Impacto del clorotalonil en la salud. A nivel internacional, la Unión Europea prohibió el uso del plaguicida clorotalonil en 2019 debido a la contaminación de sus metabolitos en aguas subterráneas. El Ministerio de Salud aseguró que “la Autoridad Europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y los peces en todos los usos evaluados. Asimismo, el clorotalonil está clasificado como carcinógeno” (MS-DPRSA-0668-2022).
Los informes de la CCSS muestran que en el Área de Salud Oreamuno – Pacayas – Tierra Blanca, que cubre parte de la zona muestreada y contaminada, se ha detectado un aumento en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y tumores malignos. Además, se destaca el “alto uso de agroquímicos en el área de atracción”. Según el “Análisis de la Situación en Salud (ASIS) 2019-2020 en Oreamuno, Pacayas y Tierra Blanca”, los agroquímicos más peligrosos son los nematicidas, seguidos de herbicidas, insecticidas y fungicidas, lo que se debe al uso agrícola y ganadero en la región. El ASIS también resalta que “la principal fuente de contaminación se encuentra en los lugares donde la actividad agrícola es predominante, debido al uso indiscriminado de plaguicidas que penetran en la capa freática contaminando los mantos acuíferos”(Semanario Universidad 31-5-2023).
Según estudios del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), la zona norte de Cartago es una de las áreas del país con mayor uso de plaguicidas debido a factores como la intensidad de cultivo, las condiciones climáticas y la cultura de aplicación de estos químicos. Un estudio en una microcuenca entre las quebradas Pacayas y Plantón identificó el uso de 84 plaguicidas y un centenar de fertilizantes. Una hectárea puede recibir entre una y cuatro toneladas métricas de fertilizante por año, y el uso de plaguicidas varía entre 11 y 163 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año, cifras que son relativamente altas en comparación con otros cultivos como arroz (18-24 kg ia. /ha/año), banano (40), piña (15-20) y melón (70-140) (IRET, 2010).
¿Aumentar los límites de contaminación del agua de consumo humano? A finales de julio, el vuelco de un camión cisterna derramó 17,000 litros de fungicida Mancozeb en una quebrada que desemboca en el río Barranca, afectando tomas de agua que abastecen a miles de personas. El Ministerio de Salud (MINSA) autorizó niveles de contaminación en el agua que superan en más de 60 veces lo estipulado por la legislación nacional. Esta autorización se llevó a cabo sin modificar legalmente el Reglamento de Calidad de Agua Potable, basándose en el informe MS-DPRSA-USA-1536-2024, que justificó un cambio temporal en los parámetros de presencia de agroquímicos.
Ante la falta de transparencia —ya que se solicitaron formalmente los datos en su momento—, organizaciones ecologistas interpusieron un recurso de amparo contra Acueductos y Alcantarillados por la falta de acceso a información, exigiendo los resultados de monitoreos realizados desde el 27 de julio. Estos análisis revelan altas concentraciones de Mancozeb en el río Barranca y en el agua suministrada a las comunidades de Esparza y Puntarenas (Bloqueverde, 2-9-24).
En este caso, se establecieron nuevos límites “temporales” a la medida de los resultados de los muestreos realizados, lo que fue presentado a la Sala Constitucional en un recurso de amparo que fue acogido para estudio. La Fiscalía de la República abrió una investigación sobre los posibles delitos. Esta medida es ilegal y contradice el principio de precaución, así como varios artículos de la Constitución Política y el derecho constitucional al agua potable.
El Ministerio de Salud justificó la medida asegurando que era temporal para “proteger la salud pública mientras se implementan las acciones de remediación necesarias” y alegó que la falta de agua potable “también genera riesgos sanitarios para la población” (MINSA, 4-9-24).
Conclusiones. Si el gobierno intenta eludir su responsabilidad de declarar una emergencia utilizando este irresponsable precedente, podría enfrentar un revés legal en la Sala Constitucional. No se pueden hacer excepciones tan groseras a la ley, los reglamentos y los tratados internacionales.
Se espera que la ministra de Salud no comprometa aún más su reputación con una medida tan cuestionable. Ya se ha dejado a Cartago sin hospital, y exponer aún más a la población a esta contaminación sería una grave agresión contra la salud pública. Este asunto debe ser tratado con la seriedad y la transparencia que merece.
Además, es fundamental poner fin a la persecución de los empleados públicos honestos que están alertando sobre los resultados y las maniobras que se están evaluando desde el gobierno. Esperamos que el gobierno busque asesoramiento adecuado y reflexione para descartar este escenario, y así decrete la emergencia solicitada hace meses.
Finalmente es crucial que las autoridades realicen un estudio sobre las afectaciones por la exposición crónica a plaguicidas en la zona, ya que se desconoce desde hace cuántos años el agua ha estado contaminada y si las personas, al estar tan cerca de los cultivos, están ingiriendo contaminantes a través de otras vías o mediante los productos agrícolas que consumen.
Imagen: AyA.
La Sala Constitucional acogió y ha dado su debido trámite una reciente diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la Resolución N° 20-021797-0007 de la Sala Constitucional de las 9:15 horas del 15 de enero del 2021, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago el 28 de julio de 2020 ante el SINAC. La organización ecologista insiste en que se debe demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua utilizadas para consumo humano. Dicha agrupación señala que el SINAC ha generado un retraso excesivo en la resolución de dicha denuncia y en la protección efectiva de las nacientes.
En la diligencia de inejecución se señala textualmente: “Han transcurrido más de dos años desde el dictado de la Resolución N.° 2021-000679 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que se le ordenó al jefe de la Oficina Subregional de Cartago del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte recurrente el 28 de julio de 2020 ante el SINAC, y demarcar el área de protección de 200 metros que rodea la naciente, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575, superando los plazos establecidos”.
Activistas del Frente Ecocipreses aseguran que: “a pesar de que hemos ganado tres recursos de amparo que nos dan la razón y exigen a las instituciones involucradas actuar y resolver, actualmente se sigue desarrollando actividad agrícola con uso de agroquímicos, en los alrededores del naciente Platón, afectando el recurso hídrico que abastece a muchas personas en diferentes comunidades de la Zona Norte de Cartago, y continuando con la desprotección ambiental de dichas nacientes”.
El agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco-Cipreses señala que: “La Administración Pública está cometiendo una violación EVIDENTE y FLAGRANTE a los derechos de las personas pobladoras de la zona de Cipreses de Oreamuno al no garantizar acceso a un derecho humano básico como lo es el agua potable”.
Dentro de la petitoria de la diligencia por inejecución la organización solicita:
Esta gestión de desobediencia contra el SINAC se presenta a las vísperas de los resultados del monitoreo e investigación ante la contaminación agrotóxica con degradados de clorotalonil y otros pesticidas de 69 tomas de agua en la Zona Norte de Cartago. Dicho monitoreo que se realiza con la coordinación interinstitucional del AyA, MINSA y MAG (https://websolutionss.aya.go.cr/WebNoticiasAYA/TNotNoticias/DetalleTitulo/354).
Ecologistas insisten en que lo encontrado en Cipreses es la punta del iceberg y señalan que el SINAC debe hacer cumplir la Ley de Aguas en materia de protección ambiental del recurso hídrico a pesar de que el SINAC se ha pronunciado por escrito que a ellos no les compete velar por el cumplimiento de Lay de Aguas. “si ganamos este proceso ante la Sala Cuarta pondremos a trabajar a los del SINAC ya que se han capeado su responsabilidad todos estos años y esto sería un gane histórico para ponerlos a trabajar como se debe” Indicó Ana María Montenegro del Frente Ecologista de Cipreses.
Kioscos Ambientales UCR
Si está de acuerdo con esta carta se le invita a respaldarla con su firma. El enlace al formulario está al final.
1 de octubre de 2024
Carlos Manuel Rodriguez, Director Ejecutivo y Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), y miembros/as de la Mesa Directiva de GEF,
Grethel Aguilar, Directora General Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y miembros/as de la Mesa Directiva de UICN,
Andrea Meza, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,
Christiana Figueres, ex-Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Pregunta: ¿El liderazgo del sector privado en los espacios de formulación de políticas sobre clima, biodiversidad y agua está dejando al planeta vulnerable a escenarios extremos y retrasando las conversaciones urgentes que deben tener lugar sobre un cambio económico sistémico?
Estimado/a Director Ejecutivo Rodríguez, Directora General Aguilar, Secretaria Ejecutiva Adjunta Meza, y ex-Secretaría Ejecutiva Figueres,
Dado el destacado liderazgo de Costa Rica en la configuración de la política ambiental global, nosotros/as, los miembros del Frente Nacional de Lucha en Costa Rica, les escribimos a ustedes, nuestros conciudadanos, en la cúspide de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) y otros foros y eventos ambientales próximos, para pedirles respetuosamente que ustedes y sus colegas en posiciones de influencia en espacios de toma de decisiones ambientales:
Aunque el sector privado debe, por supuesto, participar de manera central en el financiamiento y el desarrollo de soluciones climáticas, ¿puede honestamente tomar la iniciativa, en la medida en que lo hace, de transformar la economía global en el plazo que exige la emergencia climática?
Necesitamos un debate coherente sobre esto, a partir de la narración de historias sólidas.
En una charla TEDXPuraVida reciente, por ejemplo, presidente Rodríguez, que usted dio, arrojó luz sobre la influencia de Costa Rica en la elaboración del Acuerdo de París y el Plan de Biodiversidad. También hizo alusión a nuestra historia relacionada con la protección del 65% de nuestra tierra a través del Programa de Pago por Servicios Ambientales.
En general, usted sostiene que Costa Rica es el único país “que opera en armonía con la naturaleza, en unidad con la naturaleza, de manera positiva con la naturaleza”.
Pero ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Y por qué es relevante?
Como integrantes del Frente Nacional de Lucha, unidos en la defensa de las instituciones públicas, que consideramos son fruto del entramando de las conquistas sociales responsables de nuestros éxitos en la protección de la naturaleza y de la creación de una fuerte red de seguridad social para nuestro pueblo, vemos una realidad diferente.
Una gran parte venimos del sur del país, dedicados a defender los ríos vulnerables frente a la amenaza de construcción de represas, reafirmamos nuestro compromiso a favor de proyectos que se alejan de los intereses de las grandes industrias de la región: ganadería, caña de azúcar y piña producida industrialmente. Además de la problemática socioeconómica y ambiental suficientemente documentadas que vivimos aquí desde principios de la década de 1980, existen nuevas preocupaciones sobre cómo las asociaciones público-privadas en esta región (emblemáticas de cómo las corporaciones de todo el mundo están asumiendo un nuevo y poderoso liderazgo para enfrentar la emergencia climática) impiden que las comunidades tengan una voz auténtica en las discusiones sobre el futuro de la región.
Directora General Aguilar, en la zona sur del país le manifestamos una profunda preocupación sobre cómo una alianza entre la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y Fresh Del Monte, Inc., enfocada en reforestar la cuenca alta donde se encuentra Del Monte, está haciendo cada vez más difícil hablar abiertamente sobre el impacto de la sedimentación de esta región en la destrucción del Humedal Térraba-Sierpe, un sitio Ramsar. Uno de los objetivos de la alianza es reforestar las fincas dañadas para que siga habiendo agua para la piña, sin generar un debate público abierto y accesible sobre el hecho de que Del Monte utiliza el 98% del agua concesionada en esta área y es el mayor usuario de agua del país. ¿Qué tan sostenible es este uso? Es difícil decirlo, en parte porque la empresa tiene datos que considera privados (lo que frecuentemente afirman los funcionarios de la empresa en reuniones públicas), y así, niega el derecho a tener acceso como ciudadanía.
También se limita la discusión sobre la afectación socioeconómica que sufren las comunidades indígenas y locales que dependen de la pesca, ante la disminución de peces resultante de la sedimentación y la carga química. Así mismo, impide un debate profundo sobre cómo se viene abriendo una puerta para que los carteles del narcotráfico ingresen en esta área; o si, por lo tanto, la región debe abandonar rápidamente la piña, en lugar de garantizar su continuidad.
¿Cómo tener esta conversación más amplia, particularmente en espacios como la COP16 y la COP29 y como parte de acuerdos como el Plan de Biodiversidad y el Desafío del Agua Dulce?
Por supuesto, no es sólo en el sur donde se está volviendo más difícil para la ciudadanía cuestionar los proyectos individuales, así como la lógica mercantil extractivista –corporativa y neoliberal y el modelo de desarrollo predominante que se impone. Costa Rica se está convirtiendo en un mosaico de playas gentrificadas y tierras adyacentes; la piña ahora se planta en todo el país, no sólo en la zona sur; las áreas protegidas están siendo invadidas por actores poderosos; los grandes terratenientes y los hoteles de lujo son los principales beneficiarios del suministro de agua que continúa reduciéndose para las poblaciones aledañas. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo se está transformando Costa Rica.
Por múltiples razones, es un desafío para la ciudadanía tener el derecho de discutir públicamente cualquier proyecto de desarrollo impuesto desde los sectores dominantes a nivel nacional e internacional, y mucho menos cuestionar su impacto colectivo como reflejo de una decisión de continuar con la actual economía extractivista, en lugar de alejarse de ella.
Es preocupante, sobre todo en este momento de la historia de Costa Rica, las diversas formas y mecanismos que se fraguan orientadas a que personas de todo el espectro político sigan siendo ignoradas y silenciadas frente a personas, familias y corporaciones poderosas que influyen en el país. Esta situación trae a la mente, Secretaria Ejecutiva Figueres, un comentario que usted hizo sobre el proceso de orientación del Acuerdo de París, que aparece en Zen y el Arte de Salvar el Planeta (páginas 212-13): “No se puede avanzar hacia soluciones sin comprender el problema. Sólo se lograrán soluciones efectivas si honramos y respetamos las diferencias de todos; si elegimos comprender las necesidades y los dolores de quienes están al otro lado de la mesa”. Y su comentario, Secretaria Ejecutiva Adjunta Meza, sobre la necesidad de que el liderazgo se base en “la colaboración, la inclusión, la empatía y el pensamiento sistémico”. Pero en Costa Rica cada vez es más difícil para la sociedad civil saber siquiera qué mesas son aquellas donde se toman las decisiones.
Por lo tanto, lejos de ser el único país que vive en armonía con la naturaleza, creemos que, desde la década de 1980, cuando Costa Rica inició su camino de privatización del sector público en general, empezamos a perder de manera acelerada la tierra, las aguas y el espíritu del país que amamos.
Vemos que una creciente privatización del sector ambiental está:
Esta es la historia que como movimiento exploramos y relatamos sobre Costa Rica, en parte con la esperanza de sanar nuestras propias divisiones, y en parte para que aquellos de ustedes que presentan al país como modelo sigan su ejemplo.
Al abordar esta compleja historia, pedimos algo que es relativamente simple, dado que es difícil, si no imposible, para la sociedad civil reconocer e identificar qué instituciones y foros están promoviendo la privatización del medio ambiente, y en qué espacios. Aunque los grupos de la sociedad civil están presentes en eventos como las próximas COP16 y COP29, sus voces, historias y planes alternativos suelen ser secundarios, como si operaran en un universo paralelo.
Le pedimos a ustedes y a sus colegas que cuestionen abiertamente en salas clave de toma de decisiones ambientales la narrativa predominante de que la emergencia climática es tan grave que solo las corporaciones pueden financiarla adecuadamente y resolverla a tiempo, y debatir abiertamente en estas salas plataformas económicas alternativas. En la actualidad existen múltiples grupos centrados en “falsas soluciones” climáticas, apuntando a estrategias específicas, como los mercados de carbono, REDD+ y las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras. Cada vez más grupos de la sociedad civil proponen profundas soluciones económicas sistémicas para transformar la actual economía extractivista: desafiando la captura corporativa de instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos de desarrollo regionales; y proponiendo justicia fiscal internacional, condonación de la deuda para el Sur Global, ingreso básico garantizado y otras soluciones que honestamente desafíen en lugar de fortalecer el statu quo. Los espacios de toma de decisiones cada vez más financiados y dirigidos por corporaciones no podrán nombrar ni mucho menos desafiar el statu quo.
Por lo tanto, la sociedad civil necesita que aquellos de ustedes en posiciones de liderazgo rompan el silencio, promuevan un debate inclusivo sobre cambios económicos sistémicos.
Nos comunicaremos con usted en las próximas semanas para programar una reunión virtual.
Gracias de antemano por considerar los puntos de esta carta.
Firmantes:
Frente Nacional de Lucha (FNL)
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Movimiento Ríos Vivos
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)
Por favor firmar la carta en el siguiente enlace:
¡Muchas Gracias!
Obviamente es el empleado de más alto rango que pagamos todos los costarricenses. Sin embargo, atendiendo a sus principales políticas y acciones pareciera más bien que continúa trabajando para el Banco Mundial, y ahora también para el Fondo Monetario Internacional.
La agenda de este gobierno es la misma que han venido promoviendo e impulsando estos organismos financieros internacionales desde hace cuatro décadas. Es decir, la que plantea la privatización de las instituciones estatales, dedicadas a los negocios más rentables, como energía, agua, educación y salud.
La tan mentada reforma del estado, que en buena lid buscaba ordenar mejor la casa de todos, ahora se ha convertido en una suerte de desmantelamiento de la institucionalidad social, con reducciones presupuestarias significativas, para hacerla aparecer como ineficiente y onerosa, y así justificar su privatización. Una vez más, como en los casos de las constructoras H Solís y MECO, ahora con la contratación de servicios de la Caja a algunas cooperativas, se pone en evidencia que los benditos convenios público-privados son solo una mampara con la que se busca ocultar el propósito real, que es servir a intereses privados; es la relación incestuosa entre lo público y lo privado, donde se ha venido dando una tendencia a favorecer a las grandes empresas privadas.
Y a estas alturas de su gestión gubernamental, no vemos señales de rectificación en ninguna dirección, que nos permitan vislumbrar un avance significativo en aspectos sustantivos como reducción de la pobreza y la desigualdad. Se continúa apostando tercamente ´por las fracasadas políticas fondomonetaristas, que no hacen otra cosa más que endeudar a todos los costarricenses y trasladar los servicios que brinda la institucionalidad social a los grandes negocios privados, encareciéndolos y profundizando, así, el ciclo de la pobreza y la desigualdad.
Bueno, a decir verdad, don Rodrigo no es el único gobernante que ha trabajado para los organismos financieros internacionales, poniéndose el doble sombrero (el brent black y el chonete), sin embargo, lo ha venido haciendo con tal fidelidad a sus mandatos, que nos resulta paradigmático. En este sentido, el gobernante aparece como dócil y condescendiente hacia afuera y arrogante y autoritario hacia adentro. ¿A quién sirve don Rodrigo?
Tenemos un país que merece ser gobernado desde, para y por Costa Rica. Un gobernante con alma de tico, “porque lleva a Costa Rica en las entrañas”, como dice la canción “soy tico” de nuestro insigne cantautor Carlos Guzmán. Y lo merece porque sí hemos tenido gobernantes estadistas patrióticos que hicieron mucho para heredarnos un país con una institucionalidad democrática y social fuerte, con una riqueza ecológica envidiable, con una tradición de paz social también ejemplar, con universidades públicas de alto nivel, con un sistema de salud de los mejores de América, sin ejército, con una red de carreteras que cruzan todo el país, con electrificación de amplia cobertura, con un buen servicio de agua potable, entre tantas otras conquistas.
La patria puede concebirse en un doble sentido, decía nuestro insigne maestro, Omar Dengo, como territorio y como espíritu, y un territorio estéril y un espíritu poseído de odios son cosas que no están destinadas a permanecer. Lamentablemente, el presidente Chaves al servicio de los organismos financieros internacionales y sus esterilizantes políticas economicistas, así como con un discurso polarizador y confrontativo que contribuye a levantar los muros del odio, como bien señala el maestro Dengo, nos está legando una patria sin futuro.
El presidente Chaves llegó al poder aduciendo que se pondría la camiseta para trabajar con alma y corazón por Costa Rica. Pero rápidamente se la quitó para ponerse un traje a la medida de los poderes fácticos económicos y geopolíticos foráneos. No logró calar en el alma costarricense, y gobernar desde y para Costa Rica.
La Sede de Occidente presentó a la Municipalidad de San Ramón el nuevo dique en El Laguito, una obra que tiene como fin mejorar la capacidad de retención de las aguas que llegan a este sector y reducir la magnitud de los caudales que van a la zona urbana de San Ramón.
En los últimos años, debido al creciente desarrollo urbano, al cambio climático y al desfogue de aguas pluviales y aguas no tratadas en El Laguito, el dique que se encontraba en el lugar disminuyó su capacidad de respuesta. Es por ello que la Sede de Occidente ha realizado una serie de gestiones para ser parte de la solución de este problema que afecta a la comunidad.
De esta forma, en julio de este año se entregó la obra que tiene una longitud de 95 metros lineales, con una altura de 2.30 metros sobre el nivel del terreno y 1.80 metros de cimentación, lo que la hace muy segura para futuros eventos. El valor de la obra fue de aproximadamente 86 millones de colones, que incluyó la construcción del dique, el mantenimiento de micropilotes en área de baja capacidad de soporte y el arreglo de daños en la tubería principal de desfogue.
El Mag. Maynor Badilla Vargas, director de la Sede, señaló que con este nuevo dique se contribuye a reducir y mitigar las afectaciones producidas por las precipitaciones, especialmente cuando hay algún fenómeno hidrometereológico que intensifica o genera un nivel de preocupación en el sector de la cabecera del cantón.
Destacó que es el inicio de un trabajo en conjunto ya que viene la sostenibilidad del proyecto, y que entre ambas instancias (la UCR y la Municipalidad de San Ramón) se deben buscar las mejores decisiones para darle mantenimiento y que este dique venga a dar respuesta por muchos años.
“Esto nos invita a asumir nuevos retos y nuevas acciones de forma mancomunada para que este proyecto tenga sostenibilidad a mediano y largo plazo” señaló.
Fabian Vásquez Quirós, vicealcalde de San Ramón, se mostró complacido ya que la obra viene a darle soporte a las crecidas de agua que tanto afectan al cantón central de San Ramón. Destacó que interinstitucionalmente la Municipalidad, la UCR y otras instituciones públicas y privadas pueden trabajar en conjunto para minimizar el impacto con las fuertes lluvias.
Por su parte, Luis Ramírez Mora, coordinador del Comité Municipal de Emergencias de San Ramón, destacó que este es un avance importante para mitigar las inundaciones del casco central y que debe venir acompañado de otras acciones. “Para nadie es un secreto la importancia que tiene este laguito en el tema de prevención y mitigación de inundaciones en el casco central, se tiene que seguir trabajando conjuntamente para reforzar estas acciones. Es un primer paso de muchos que se quieren dar, donde la UCR hace una inversión importantísima en el tema de recuperación y reforzamiento de un muro o un dique ya existente”.
Destacó que esta obra permite tener un mayor tiempo de reacción, ya que se amplía la capacidad del embalse, y se cuenta con mayor tiempo de reacción para atender a las comunidades de forma preventiva.
La presentación de esta obra a las autoridades municipales permitió retomar el tema de un convenio entre ambas instituciones, que permita trabajar en conjunto en esta y otras iniciativas para el beneficio de la comunidad ramonense.
La construcción del nuevo dique estuvo precedida por un estudio hidrológico e hidráulico para el análisis de la capacidad de amortiguamiento de crecientes de la zona de El Laguito, por parte del Centro de Investigación en Estudios para el Desarrollo Sostenible de la UCR (Ciedes). El estudio permitió contar con datos científicos que orientaron la realización de la obra.
El Dr. Michael Arias Chaves, coordinador de Administración de la Sede, explicó que “La mejora en este sector es una de las medidas para mitigar de manera parcial la problemática de inundaciones en el centro urbano, sin embargo, es importante señalar que no representa la solución principal para solventar dicha problemática”.
Añadió que el análisis realizado por el Ciedes, muestra que ante escenarios de fuertes tormentas en San Ramón, el dique original tuvo la capacidad para manejar y amortiguar crecientes de agua y que con el nuevo dique, esa la capacidad para manejar estas situaciones de crecidas se aumenta considerablemente.
El Laguito es propiedad de la Sede de Occidente y es un humedal de gran valor ecosistémico que forma parte de la Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica.
Grettel Rojas Vásquez
Periodista, Sede de Occidente, UCR
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Día: miércoles 28 de agosto de 2024.
Hora: 8:00 am.
Lugar: Rotonda La Hispanidad.
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Cóbano, miércoles 14 de agosto de 2024. La Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT), conformada por diversas organizaciones locales y ambientales, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) por otorgar la viabilidad ambiental a la empresa Constructora Herrera SA para su proyecto de extracción de material del cauce del río Ario. Mediante dcho recurso, el cual es tramitado bajo el expediente 24-020703-0007-CO, solicitan al Tribunal que ordene dejar sin efectos la resolución número 1078-2023-SETENA y que proteja al río Ario y a las comunidades de Cóbano, según lo exigen los derechos constitucionales al agua, a un ambiente sano, y a la vida.
El río Ario, ubicado a solo 240 metros del Refugio de Vida Silvestre Caleta-Ario, es un ecosistema de vital importancia biológica y ecológica. Forma parte del Corredor Biológico Peninsular, que conecta las áreas protegidas de la Península de Nicoya, y es crucial para la conservación de cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción, así como para la preservación de manglares, estuarios y una rica biodiversidad terrestre y marina.
El barrido de los suelos del río para la extracción de materiales según se pretende amenaza este frágil ecosistema, poniendo en riesgo no solo la vida silvestre, sino también el recurso hídrico que abastece de agua potable a las comunidades locales de Bajos de Ario, Manzanillo, Bello Horizonte, Playa Hemosa, Santa Teresa y Mal País. Además, el río Ario fue identificado por el SINAC como un sitio prioritario para la conservación y es utilizado tradicionalmente por las comunidades locales para actividades recreativas y de subsistencia. Cualquier intervención en esta zona podría tener consecuencias irreversibles para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, y el bienestar de las comunidades vecinas.
La extracción de materiales en el río Ario comenzó hace pocos años con permisos municipales para la reparación de caminos tras eventos naturales destructivos. Sin embargo, durante 2023, se observó un aumento significativo en las actividades extractivas, sin el debido control ambiental ni supervisión técnica, lo que resultó en contaminación por hidrocarburos y deterioro de la calidad del agua. Según un análisis realizado por el componente de Geografía y Diálogo de Saberes del Programa de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, existen 8 concesiones que han sido dadas y que han puesto en riesgo al río, las cuales se detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Solicitudes en causes de dominio público (CDP) en Río Ario de Cóbano, Puntarenas
Como es posible notar, en algunos casos el estado de la concesión no es claro, esto da paso a mayor incertidumbre y preocupación por la acumulación de impactos y proyectos en un mismo río. La información anterior, geolocalizada por el Programa de Kioscos Socioambientales, permite ubicar las zonas más afectadas y donde se encuentra mayor parte de las concesiones, según se evidencia en los siguientes mapa. En este se identifica con claridad la cercanía de la concesión pretendida por la empresa constructora con la unión entre el río Bongo y el Ario en Bajos de Ario (señalado en rojo).
Actualmente, la empresa Constructora Herrera S.A. ha solicitado una concesión de 10 años para extraer y procesar materiales pétreos en el río y la SETENA le ha otorgado la viabilidad ambiental para hacerlo. Preocupa que la decisión de SETENA se basara principalmente en declaraciones del gerente ambiental contratado por la empresa solicitante, sin considerar estudios exhaustivos sobre el impacto real ni realizar consultas con las comunidades. La SETENA desestimó las gestiones presentadas por ACOT y la denuncia de la ADI de San Ramón de Ario ante la Fiscalía, aceptando medidas de compensación insuficientes para mitigar el posible impacto, como por ejemplo la instalación de un aire acondicionado en una escuela pública.
La viabilidad ambiental otorgada está siendo fuertemente cuestionada debido a la grave preocupación generada entre la comunidad y los ambientalistas por el impacto potencial a largo plazo. Ante la alarmante afectación de la cuenca del río Ario que generaría la concesión minera, y frente al aparente desinterés de SETENA y la Dirección de Geología y Minas, la comunidad se mantiene unida en su lucha por la defensa de los derechos constitucionales. Desde el 27 de diciembre del 2023, organizaciones comunales del Distrito de Cóbano realizaron una petición expresando su posición ante la amenaza de minería de extracción en el cauce del río, la cual a la fecha cuenta con más de 2150 firmas. En este contexto, ACOT hace un llamado urgente al Gobierno Local y al MINAE para que promuevan una veda en el otorgamiento de permisos temporales para la extracción de recursos naturales en los ríos del distrito de Cóbano, y fomenten programas de conservación y restauración del entorno del río para preservar su biodiversidad y hábitat natural.
Contar con información científica sobre calidad del agua en los ríos es indispensable para la toma de decisiones, la concientización de las comunidades y para disponer de un registro que permita evidenciar cómo se ven afectados los ríos con el cambio climático.
Por ello, el MSc. John Diego Bolaños Alfaro y la Mag. Yurlandy Gutiérrez Jara, docentes de la Sede de Occidente, estudian desde el 2023, once ríos del cantón de Grecia con el fin de evaluar zonas de vulnerabilidad hídrica y su correlación con el impacto en la calidad de las aguas superficiales.
Bolaños explicó que lo que buscan es evidenciar los contaminantes presentes en los ríos y generar información científica que permita una buena gestión y evite el riesgo de que esos contaminantes afecten el ecosistema y lleguen al agua potable.
El estudio
En la investigación se integran dos tipos de análisis uno físico-químico y el otro de macroinvertebrados, lo que asegura contar con datos más completos. Estos análisis son comparados con los parámetros establecidos en el decreto Nº33903-MINAE-S del periodo 2023-2025, el cual tiene como fin “reglamentar los criterios y metodología necesarios para la evaluación de la calidad de los cuerpos de agua superficiales y que ésta permita su clasificación para los diferentes usos que pueda darse a este bien”.
De esta forma, las muestras son recolectadas en los ríos Pilas, Prendas, Sarchí, Poró, Vigía, Rosales, Achiote, San Juan, Tacares, Chaguite y Agualote; y cada uno cuenta con 3 puntos de muestreo con el fin de contar con resultados más representativos y certeros.
Dichas muestras pretenden descartar o confirmar la presencia de nitratos, fosfatos, agroquímicos, porcentaje de oxígeno, la carga orgánica de contaminantes, entre otros; así como la abundancia y diversidad de macroinvertebrados bentónicos que son imprensidibles para evaluar la calidad del agua.
Según los investigadores, los ríos escogidos son los más representativos del cantón y se trató de cubrir los costados, las zonas altas, las zonas de descarga y los que cursan, en alguna medida, el casco central del cantón para verificar el impacto. En cada uno de ellos se toman muestras en la parte alta, media y baja con el fin de medir la calidad en la totalidad del río.
A nivel físico-químico básicamente se hacen pruebas de laboratorio que permiten identificar los contaminantes y a nivel biológico lo que se busca es identificar las comunidades de macroinvertebrados para determinar la calidad, por medio de la diversidad y grupo de familias que se encuentran en el río.
La Mag. Yurlandy Gutiérrez Jara explicó que complementar ambos estudios es de suma importancia ya que los indicadores físico químicos muestran una fotografía del momento, mientras que con los indicadores biológicos se pueden estimar cambios en la calidad del agua superficial con el paso del tiempo.
Por ejemplo, “el análisis físico-químico nos indica si en el momento en que hicimos el muestreo existen sustancias que podrían afectar a largo plazo el río, pero si hace 15 días hubo una descarga de contaminantes químicos y nosotros vamos hoy, esa información no la vamos a obtener, porque los contaminantes se van a transportar en el río. En cambio, la parte biológica sí nos va a dar esos indicadores y nos va a aportar información de suma importancia porque las comunidades de macroinvertebrados van a cambiar, van a moverse o van a desaparecer grupos que no son tolerantes a ese grado de contaminación”.
Los resultados
Los investigadores cuentan con resultados parciales, ya que hasta el momento se han realizado tres muestreos y faltan tres más, debido a que el proyecto está inscrito hasta el 2025. Mencionan que ambas mediciones han sido congruentes con los resultados, lo que les permite confirmar la calidad del agua presente en esos ríos.
Explicaron que dentro de los resultados más importante destaca que al comparar la calidad de agua entre la época seca y la lluviosa, se evidencia que los ríos presentan una calidad considerablemente más baja en época de verano.
Los resultados para el verano 2023 muestran que la calidad del agua en los once ríos del cantón de Grecia es variable; casi la mitad de los puntos muestreados según el índice Holandés (físico-químico) presentaron una contaminación incipiente, dos tienen contaminación moderada y dos más tienen contaminación severa; influenciada por factores naturales, pero principalmente humanos, corroborados en los indicadores de contaminación ambientales detectados, donde la concentración de nitratos fue elevada en la mitad de las muestras.
En el invierno 2023, la lluvia diluyó la contaminación y mejoró considerablemente la calidad de los ríos, sin embargo, los indicadores evidencian que persiste una contaminación incipiente debido a procesos erosivos que provocan una turbidez alta en el agua, sumando contaminantes orgánicos producto, entre otros factores, a la actividad agropecuaria y la expansión demográfica mal planificada, que existe en muchas zonas de protección de los ríos.
Por su parte, la medición biológica muestra una gran correlación con los resultados del índice físico químico, en donde los grados de contaminación del agua superfi-cial están directamente relacionados con las zonas de vulnerabilidad hídrica. Por ejemplo, solamente el río Agualote, presentó aguas muy contaminadas en la zona alta de la cuenca, debido a la afectación que provoca un área densamente pobla-da, en el distrito central del cantón.
Gutiérrez mencionó que estos resultados ofrecen información importante para la toma de decisiones, ya que las comunidades de macroinvertebrados cambia mucho según la época, “en época seca sabemos que es muy estable el sistema y esos contaminantes que están entrado no afecta tanto a las comunidades como cuando existen grandes causes de agua, grandes descargas de contaminantes en época lluviosa que hacen que estas comunidades decrezcan, esto es uno de los aportes más importantes, donde podemos ver la dinámicas que tienen los sitios de acuerdo a la época”.
Señaló que esta información permite tomar decisiones con respecto al cambio climático, ya que se evidencia cómo afecta los cambios de caudales, de temperatura y cambios físico químicos a las comunidades a largo plazo, “de allí que esta investigación va a recaudar datos de 3 años que nos van a ayudar a entender más cómo reaccionan las comunidades de macroinvertebrados con cambios climáticos durante este tiempo”.
El papel de las comunidades
Los resultados de esta investigación son indispensables para la toma de decisiones a nivel institucional, empresarial, comunal e individual, si se toma en cuenta que la problemática de la calidad del agua se traduce en una afectación a cada una de las personas que vive en el cantón en estudio.
Gutiérrez destacó que con este proyecto se ofrece una visión general y científica de lo que está pasando en los cuerpos de agua. “Es un aporte para las comunidades, para que sean regentes, dirigentes, que sean quienes cuiden los recursos, que conozcan cómo están los ríos y que se conviertan en vigilantes de este recurso”.
Bolaños añadió que con los resultados obtenidos ya se han realizado algunas gestiones con empresarios y organizaciones de la comunidad, con el propósito de cambiar algunos hábitos que han identificado como problemáticos.
Destacó que, con solo los resultados del primer muestreo, se vieron en la necesidad de reunirse con integrantes de algunas cámaras empresariales, para platearles la preocupación con respecto a la contaminación producida por el uso de fertilizantes y plaguicidas en algunas actividades agrícolas.
“No es que no se puedan usar, es que hay que tomar cartas en el asunto, en el sentido de que es importante utilizarlos, así como conocer la debida gestión. Y dentro de la gestión lo que está fallando son las buenas prácticas agrícolas, el finquero tiene que saber que la zona de protección de un río es importante porque filtra, sirve de barrera para que en un aguacero fuerte todo el fertilizante no se lave por gravedad, y termine en el río. Y en Grecia algo de lo que nos dimos cuenta es que las zonas no son respetadas”.
Destacó que por medio de la divulgación de los resultados se busca incidir en las comunidades, generar conciencia, educación y que sean utilizados por instituciones y empresas para generar políticas y estrategias de gestión.
“Un Concejo Municipal consciente puede generar estrategias de fiscalización en lo que son las zonas agrícolas, puede también generar integración con otras entidades del Estado, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como el Ministerio de Ambiente y Energía, para que todo mundo esté en sintonía. No es que no se produzca, no, eso no es lo que se busca. La Universidad siempre va a estar a favor del desarrollo, a favor de maximizar el uso de los recursos, pero con responsabilidad, con sostenibilidad”.
Grettel Rojas Vásquez
Periodista, Sede de Occidente, UCR