Acabo de oír la presentación del ministro de Agricultura Víctor Carvajal y unos subordinados, el 28 de octubre en la comisión de Guanacaste, sobre proyecto de Agua contaminada para guanacaste.
El MAG y SENARA trabajan para hacer un embalse en rio Piedras para tener más agua para riego. Este proyecto es inviable económicamente, así lo indican todos los estudios de factibilidad. La ministra Laura Fernández señaló que todo el capital del préstamo para las obras y los intereses serían asumidos por el Gobierno, es decir el Estado, es decir por cada uno de los habitantes del país.
Tratan de justificar la enorme inversión, diciendo que llevarán agua potable a toda la provincia. Pero el agua que traen está contaminada.
Y en Guanacaste, está el acuífero del rio Tempisque, que puede abastecer miles de m3 de agua de los acuíferos subterráneos, de buena calidad y distribuida en los diversos cantones, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya.
Hoy esas aguas se usan en riego. Pero son del Estado y se le pueden pasar al AyA sin costo o gastos.
No hace falta agua, no hace falta potabilización, no hace falta transporte, no hace falta PAACUME – SENARA – MAG.
AyA no quiere el agua contaminada para guanacaste.
El presidente Chaves y su equipo, SI quieren venderle eso a los guanacastecos.
El Frente Eco Cipreses compartió con SURCOS el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”, emitido el 23 de febrero del 2024, donde se hace un análisis de la situación de la Asada Cipreses de Oreamuno en Costa Rica, destacando varios problemas en su gestión del agua potable. Dicho documento es firmado por Vladimir Mesén Montenegro, de la UEN Gestión de Acueductos Rurales.
La Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de Cipreses de Oreamuno, ubicada en la zona de Cartago y que abastece a más de 5 mil personas, ha sido objeto de análisis por parte de la Oficina Regional de Atención de Asadas (ORAC) Central Este.
Según el informe PRE-J-2023-04471 del 17 de noviembre de 2023, solicitado por la Dirección de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) Asadas de la Subgerencia de Sistemas Delegados, la ASADA se clasifica como un operador tipo C en desarrollo bajo, según los estándares del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Desde 2018, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han estado brindando asesoramiento, evaluación y supervisión a la ASADA, revelando deficiencias en su gestión. Esto ocurre en un contexto de escasez de agua crítica y limitaciones en la capacidad hidráulica del sistema de acueducto, resultando en racionamientos frecuentes para los usuarios y la incapacidad de brindar servicio a nuevos usuarios.
Para abordar esta situación, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han ofrecido acompañamiento y emitido órdenes al operador del servicio delegado para estabilizar el suministro de agua potable, siguiendo los reglamentos establecidos. Sin embargo, hasta la fecha, la ASADA de Cipreses no ha aceptado ni la asesoría ni las instrucciones de la Subgerencia de Sistemas Delegados.
Además, el caso de la ASADA de Cipreses ha generado denuncias en varias instituciones, incluyendo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y el Ministerio de Salud.
El resumen ejecutivo revela las deficiencias en la gestión de la Junta Directiva de la ASADA de Cipreses, liderada por un empresario agroindustrial. Se destaca su enfoque prioritario en el uso agroindustrial y comercial del agua, descuidando el consumo humano. Se señala la falta de control de cultivos en áreas protegidas y la manipulación de válvulas para beneficiar a fincas productivas. Además, se evidencia la entrega irresponsable de nuevas disponibilidades de servicio sin respaldo técnico adecuado.
Ante estas irregularidades, la Junta Directiva del AyA ha intervenido, buscando asumir el sistema de acueducto y delegar su operación a otra ASADA, Santa Rosa de Oreamuno, mediante el Acuerdo 2021-124. Sin embargo, la ASADA de Cipreses ha contratado al expresidente ejecutivo del AyA como asesor legal, llevando a cabo una campaña interna para cuestionar la decisión del AyA y suspender temporalmente el retiro del convenio de delegación (Acuerdo 2022-287) a través de una «mesa técnica tripartita».
Esta mesa técnica produjo dos resultados principales: un balance hídrico que evidenció la crítica situación del acueducto y la necesidad de nuevas fuentes de agua, así como obras de mejora hidráulica que mostraron la falta de inversión de la ASADA en infraestructura. Sin embargo, la ASADA desestimó los resultados de este proceso y los estudios técnicos contratados, y durante dos años ha ignorado las solicitudes del AyA para realizar las obras necesarias.
La situación se ha agravado con la confirmación de la contaminación de las fuentes de la ASADA de Cipreses, lo que llevó al cierre por parte del Ministerio de Salud. A pesar de esto, la ASADA ha continuado una campaña de desinformación y no ha tomado medidas para controlar la agricultura intensiva en las áreas de protección.
La ASADA ha hecho un mal uso de los fondos públicos, realizando inversiones sin aprobación, como la contratación de personal sin los debidos atestados académicos, remodelación de oficinas administrativas, compra de equipos costosos y contratación de servicios profesionales sin respaldo
técnico. Además, ha empleado tácticas cuestionables, como el pago a periodistas para difundir información falsa y la contratación de abogados para atacar al AyA.La recomendación de la Subgerencia de Sistemas Delegados a la Administración Superior es retomar el acuerdo 2021-124. Se sugiere realizar una adenda para que el AyA asuma plenamente la operación del sistema de abastecimiento de agua potable y lleve a cabo todas las acciones institucionales necesarias para su adecuada gestión.
Se adjunta el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”.
Autor: Roberto Ramírez. Ingeniero en hidrogeología
Transcrito por Sofía Jiménez Murillo
El Decreto N° 43449-MINAE “Reglamento del suministro de combustibles en estaciones de servicios, elimina la consulta obligatoria al SENARA, al derogar el Decreto N0 30131-MINAE-S:
Artículo 56. Deróguese el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos, Decreto Ejecutivo N⁰30131-MINAE-S del 20 de diciembre de 2001.
Transitorio Único. A partir de la vigencia del presente decreto, la DGTCC ya no tramitará concesiones de servicio público para el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos en estaciones de servicio en los términos establecidos en el Decreto Ejecutivo N⁰30131-MINAE-S. Sin embargo, las personas que ya habían iniciado con el trámite respectivo, podrán optar por finalizarlo conforme al Decreto Ejecutivo N⁰30131-MINAE-S, o bien tramitar la concesión según el presente decreto, sin embargo, deberán siempre ajustarse a las disposiciones técnicas establecidas en la siguiente norma.
El Decreto Decreto Ejecutivo N⁰30131-MINAE-S indicaba en el Artículo 7.4:
7.4 Entre las instituciones de consulta obligatoria se encuentran la compañía eléctrica que administra la región, CNE, pronunciamiento de la Unidad Ambiental de AyA, el SENARA o la compañía de agua potable respectiva, al MINAE en cuanto a zonas de protección o reservas, las cuales deben emitir constancia en la cual se indique si la empresa debe observar condiciones especiales para el desarrollo del proyecto, o si existen restricciones que impidan su realización.
Por lo que este momento, no hay consulta de SENARA, A y A y otras, sobre la instalación de las estaciones de servicio o autoconsumos de combustibles, lo anterior con el detrimento del tema protección de los recursos hídricos, donde no se evalúa por medio estudios hidrogeológicos exhaustivos los sitios donde se instalaran almacenamientos de hidrocarburos.
Cuando usted y yo, transitamos por las calles de Costa Rica, especialmente en el Valle Central y Limón, se encontrará con muchas estaciones de servicio de combustibles y tanques de autoconsumo. Si usted se detiene en estas gasolineras a llenar el tanque, no pensará que se encuentra en una de las amenazas más fatales de contaminación de las aguas subterráneas. Muchos de estos depósitos de hidrocarburos se instalaron hace muchos años, y en su vida de funcionamiento, los tanques y mangueras se han agrietado y derramado combustibles a las aguas subterráneas, sin conocer las implicaciones ambientales y para la salud de quien consume agua subterránea.
El petróleo y las sustancias químicas que conforma los hidrocarburos aromáticos, son: tolueno, xileno, etilbenceno, benzo alfa pireno e hidrocarburos policíclico aromáticos totales y algunos aditivos, son de las sustancias más comunes de encontrarse en los acuíferos de Estados Unidos de Norteamérica.
Las normas de valores máximos admisibles de agua potable, son basados en la toxicidad y el grado de bioconcentración (concentración del compuesto en la grasa animal) del compuesto. La mayoría de los compuestos de la gasolina son cancerígenos, teratogénicos (alteraciones al feto) y mutagénicos, las normas se presentan a continuación.
Se menciona que estos compuestos (gasolina y diesel) son perceptibles al olor y sabor, sin embargo, a valores máximos admisibles no lo son. Entonces podría concluir que podríamos estar tomando agua con hidrocarburos sin darnos cuenta. En Costa Rica, no es la costumbre realizar este tipo de análisis a las aguas subterráneas, así que debería valorarse la ubicación de antiguas y nuevas estaciones de servicio y en caso de áreas de recarga acuífera, no debería instalarse depósitos de combustibles en el futuro.
En 1998 la EPA (Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos de Norteamérica) encontró que más de 100 000 tanques de petróleo tenían escapes y de ellos 18 000 se sabía que habían contaminado las aguas subterráneas. En Texas 233 de los 254 condados informaron que los depósitos subterráneos de combustibles tenían escapes, lo que estaba produciendo una catástrofe silenciosa, que según la EPA ha afectado o tiene el potencial de afectar virtualmente a todos los acuíferos del estado grande y pequeños. Los depósitos domésticos o autoconsumo son también un problema, debido a que no son controlados por el Estado.
Fuera de Estado Unidos, los tanques de almacenamiento de petróleo, están todavía menos controlados, pero algunos ejemplos sugieren que la amenaza de fugas está presente en todas las partes con algún desarrollo industrial. En 1993, la multinacional Shell dio a conocer que un tercio de sus 1 100 estaciones de servicio situadas en el Reino Unido, tenían derrames que estaban contaminado suelos y las aguas subterráneas.
Como se comporta un hidrocarburo en un medio geológico (sueloroca).
Las propiedades fisicoquímicas de los compuestos orgánicos controlan el comportamiento de un químico en subsuelo y utilizando información sobre estas propiedades el hidrogeólogo puede predecir su comportamiento.
Las propiedades más importantes son:
➢Solubilidad
➢ La volatilidad
➢ La adsorción o retardo
➢ La biodegradabilidad
➢ La densidad
➢ La toxicidad
➢ Bioconcentración
Uno de las características más importante es la solubilidad que controla la cantidad de compuesto que puede ser liberado de una fuente de fase pura. En caso de baja solubilidad derrames pequeños de un compuesto puede tardarse años en disolverse y así la fuente persiste a largo plazo.
Otro aspecto muy importante es el retardo, que expresa la relación entre la velocidad promedio de la masa de la especie (Vc) y la velocidad promedio del agua subterránea (Vw), debido a la adsorción de la especie en el medio poroso. Es importante que este proceso no cause la reducción de la masa de pluma de contaminación, sino se atrasa el contaminante en comparación con la velocidad del agua subterránea. El retardo depende de tres parámetros: la porosidad, densidad bruta de la matriz y el coeficiente de distribución, sin embargo, este último parámetro, no se ha podido medir en el campo en Costa Rica (solo a nivel de investigación de la Universidad de Costa Rica, Maestría en Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos, Escuela de Geología), lo que dificulta la interpretación hidrogeológica.
Aspectos Hidrogeológicos de los Acuíferos del Valle Central, que pueden ser afectados por la instalación de estaciones de servicio de hidrocarburos:
Los materiales geológicos que se encuentran en esta zona del país, tienen una edad de aproximadamente 5 millones de años, fueron originados por fracturas que permitieron la erupción de lavas y flujos piroclastos de las formaciones Grifo Alto y Doán, como también las coladas de las lavas Intracañón y los Depósitos de Avalancha Ardiente. Con la formación de los edificios volcánicos de la Cordillera Volcánica Central, se dieron los depósitos de lahares y cenizas que rellenaron la depresión originada entre la cordillera y el volcanismo del Mioceno, todo este conjunto de procesos y materiales es conocido actualmente como Valle Central. (Denyer, Aguilar & Arias, 1994).
Este tipo de rocas originan acuíferos en lavas fracturadas de un alto potencial acuífero, lo que es demostrado por la cantidad de pozos perforados para abastecimiento público y privado. Aunque en algunas zonas son cubiertas por piroclastos, lo anterior no asegura que estas capas no permitan la infiltración de hidrocarburos.
Ejemplos recientes de accidentes en el manejo de hidrocarburos:
En Costa Rica recientemente han sucedido varios derrames de hidrocarburos. Uno de los más recientes es en setiembre 2004 cuando la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. informó a la población de la presencia de hidrocarburos en el pozo de abastecimiento público denominado AB-1089, ubicado en Barreal de Heredia, por donde se ubican los acuíferos Barva y Colimas, de gran importancia para el abastecimiento de una gran parte de la población de la Gran Área Metropolitana. En setiembre de ese mismo año el Ministerio de Salud ordenó el cierre de la GASOLINERA contiguo al pozo afectado.
En el Diario Extra del 30 de octubre del 2006, publica que: “Datos oficiales señalan que la explosión se dio por un derrame de gasolina en un filtro dentro del surtidor cuando un pistero cambiaba el mecanismo falló un dispositivo de seguridad que impide el paso del combustible”. Esta explosión acabó con la vida de dos personas.
Recientemente en Limón (Nación, 15 de diciembre del 2006) sucedió una explosión en la Industria a Químicos Holanda, en esta planta había toneladas de solventes, entre estos tolueno (118 toneladas), Xileno, propanol, metanol, alcohol etílico, alcitol, estileno, monómero y alcohol isopropílico. Muchos compuestos aparecen en la gasolina. Esta explosión dejó muertes humanas y contaminación que no ha sido evaluada en los acuíferos y también en otros ecosistemas.
Conclusiones
Los hidrocarburos representan cuatro características que pueden impactar a los seres vivos: explosivo, extremadamente inflamable, corrosivo, cancerígeno y peligroso para el ambiente.
Los hidrocarburos se clasifican como de una alta amenaza a la contaminación de las aguas subterráneas, lo que en un área de recarga acuífera y de vulnerabilidad alta y extrema da como resultado un riesgo alto, que puede poner en peligro la calidad de las aguas subterráneas, que se abastece a la Gran Área Metropolitana y otras partes del país, captada por las municipalidades, pozos privados, ASADAS, ESPH S.A. y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A).
No deben prevalecer las ganancias originadas de la venta de hidrocarburos, por encima de la salud humana, que puede verse afectada con la ingesta de agua subterránea contaminada con sustancias derivadas de los hidrocarburos, incluso a muy baja concentración.
El conocimiento científico demuestra que los estratos geológicos retardan el contaminante, pero no lo desaparece, en cualquier momento puede llegar al acuífero y por ende a los sitios de captación. Por lo tanto, no se puede instalar este tipo de estaciones de servicio en lugares de recarga acuífera y acuíferos de una vulnerabilidad hidrogeológica alta y extrema, que alimenta campos de pozos, ejemplo la Valencia en Santo Domingo, que extrae más de 2000 litros por segundo.
Aun con tecnología de punta utilizada para construir estaciones de servicio, la misma no es infalible, y queda demostrado en los últimos derrames de hidrocarburos en estaciones de servicio de combustibles. Aunado a esto el poco control de parte de las instituciones públicas y la alta sismicidad, convierten a las estaciones en verdaderas bombas de tiempo y pueden poner en peligro la calidad de las aguas subterráneas.
El Decreto N° 43449-MINAE “Reglamento del suministro de combustibles en estaciones de servicios”, elimina la consulta obligatoria al SENARA, lo cual deja en indefensión la protección de las aguas subterráneas del país. Aunque está protección queda reducida a una evaluación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sin una verdadera evaluación hidrogeológica y exhaustiva, como lo realiza SENARA.
Algunos justifican que se está haciendo una simplificación de trámites (trámite digital), a costas del ambiente y la protección de los recursos hídricos subterráneos.
En un comunicado oficial, Albino Vargas, vocero de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), ha declarado la posición oficial de la organización respecto al escandaloso caso de contaminación del suministro de agua en Tibás, Goicoechea, Moravia y Turrialba por la presencia de hidrocarburos. En primer lugar, Vargas felicitó a los miembros del sindicato ANEP presentes en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), reconociendo y destacando su dedicación en la gestión de esta crisis.
El comunicado también elogió la labor profesional e integral de la Universidad de Costa Rica en la investigación del caso. Sin embargo, Vargas expresó preocupación acerca del debilitamiento intencional del AyA, sugiriendo que intereses capitalistas con miras a la privatización de la empresa podrían estar detrás de esta coyuntura.
ANEP anunció acciones legales inminentes ante la fiscalía para responsabilizar a aquellos involucrados en la contaminación del agua. Enfatizando la importancia de las luchas ciudadanas por el acceso a agua segura, Vargas subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado para garantizar la preservación y protección de los recursos hídricos.
El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”.
Al presidente ejecutivo del AYA Alejandro Guillén Guardia el legislador le preguntó: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado este instituto al respecto como ente rector para proteger la salud de los usuarios y la prestación del servicio de agua potable como derecho humano?, ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?
Mientras a la ministra de Salud Mary Denisse Munive Angermüller le indagó:¿Qué acciones inmediatas ha tomado este ministerio al respecto como ente obligado-artículos 267 y 268 de la Ley General de Salud, Ley 5395- a garantizar la calidad del agua potable?, ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?
Finalmente, a Nelson Morera Paniagua director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) le preguntó sobre: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado el SFE al respecto como ente encargado -inciso e, artículo 2 de la Ley 7664- de regular el uso y manejo de sustancias químicas en procura de proteger la salud humana y el ambiente? ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?
Según EcoCipreses “hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de que San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar activándose un protocolo que implica girar las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo”.
En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente a 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.
Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas aunque en los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
En dicha mesa participaron la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y la Defensoría de los Habitantes.
El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”. Hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar girando las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo.
En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.
Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas aun que en los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
La pregunta que surge es ¿Por qué no se han hecho análisis de agua de manera más expedita?, la respuesta es porque no hay capacidades para hacerlos y es gracias a esta lucha de Ecocipreses que podrán aumentar la realización de pruebas por que se le dio el empujón al decreto N° 44200-MINAE, publicado en La Gaceta el pasado 8 de noviembre, donde el Poder Ejecutivo declaró de conveniencia nacional la construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas (LNA).
A finales de octubre Ecocipreses realizó la consulta al director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil que fue demandado por el fallo de la Sala Cuarta. A lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos, así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.
El gobierno al inicio mostró resistencia a responder positivo, pero gracias a las gestiones de presión de este caso que demuestra la importancia para la salud pública, se logró la anuencia del gobierno. Entre las razones de la declaratoria el Ejecutivo reconoce que las instalaciones del actual laboratorio son limitadas en su crecimiento por la infraestructura con la que cuenta. Esta se ubica en Tres Ríos en una casa construida hace cerca de 100 años.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Este miércoles 11 de octubre tendremos el programa: Contaminación del agua con derivados de fungicida clorotalonil: ¿Tras un año de detectada que está pasando en Cipreses de Cartago?
Contaremos con la participación de Fabián Pacheco y Jordan Vargas, integrantes del Frente Ecologista de Cipreses.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
Soy Isabel y vivo en Cipreses, un pueblo pequeño en Costa Rica, y les escribo porque el agua de nuestra comunidad está contaminada de un pesticida cancerígeno y en nuestra vecindad la gente se está enfermando. Tenemos una solución, pero necesitamos ayuda urgente.
El químico se llama clorotalonil y está prohibido en 32 países, pero en vez de sacarlo del mercado, compañías Europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica.
Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!
Pero el gobierno podría retrasar la prohibición si no sienten presión. Por eso hemos creado esta petición y necesitamos que todas las personas posibles la vean y la firmen. Luego vamos a trabajar con Ekō para llevar todas las firmas directamente a los ministros. ¿Nos podrías ayudar a lograrlo?
Han sido años difíciles en Cipreses. Además de no tener suficiente agua, mi hija Fiorella tuvo pólipos a los 16 y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo.
Y como si todo eso fuera poco: hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo.
Pero por más difícil que sea, seguimos luchando porque el problema va más allá de Cipreses: ya sabemos que hay otras nacientes contaminadas, en zonas donde se cultiva el 80% de los vegetales que consumen la población de Costa Rica, y es probable que hayan muchas más. No podemos seguir dejando que Syngenta use a países de América Latina y África de basureros químicos para botar productos que por ley ya no pueden vender en Europa.
Por eso la corte constitucional ha dictado que se debe prohibir el clorotalonil, y además han publicado recomendaciones para asegurar el bienestar de quiénes se dedican a la agricultura. El proceso de prohibición les daría chance de agotar sus existencias, les apoyaría en la transición a alternativas existentes y pondría incentivos económicos para la producción de alternativas nuevas.
Entonces no hay razón alguna para no prohibirlo, ¡y estamos muy muy cerca de ganar! Pero ahora todo depende de cuánta presión sientan nuestros líderes. Si cada persona recibiendo este correo firma la petición y la comparte, podríamos ganar en Costa Rica y además causar un efecto dominó para prohibir el clorotalonil en toda América Latina. ¿Te unes?
Desde Cipreses, queremos dar las gracias a todos las personas que forman parte de Ekō por todo lo que hacen para apoyar comunidades como la nuestra y que todo el tiempo están esforzándose por construir un mejor mundo para todas las personas.
Denuncia que las regulaciones solo existen para los agricultores que no usan agroveneno
Aseguran que hay que prohibir una larga lista de agroquímicos en el país
El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) felicitó públicamente al Frente ECO-CIPRECES y comunidades de Oreamuno, por la “contaminación del agua que consume su comunidad, con derivados de la molécula del clorotalonil, uno de los fungicidas más utilizados en Costa Rica en hortalizas, verduras y frutas, y que ha sido prohibido en Europa y Estados Unidos, por su potencial carcinogénico y su capacidad para contaminar las aguas subterráneas”.
MAOCO agradeció a “ECO-CIPRECES por iniciar y liderar la campaña nacional por la prohibición del clorotalonil para limpiar las aguas, suelos, alimentos y para proteger la vida de todos los costarricenses. Reconocemos la histórica labor de este grupo de ciudadanos junto con instituciones que han facilitado la generación de información científica para fundamentar esta contaminación como el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, entre otras, para que al día de hoy contemos con una resolución de la Sala Constitucional que declara con lugar el recurso de amparo por contaminación por clorotalonil en Cipreses de Cartago, ordenando a las autoridades ejecutar las acciones para su Prohibición”.
Aprovecharon para denunciar que “las regulaciones solo existen para los agricultores que no usamos agrovenenos, como los orgánicos, mientras que los agricultores que contaminan están sin ningún tipo de regulación, ni fiscalización y están a la libre utilizando agroquímicos altamente cancerígenos, anteponiendo las ganancias económicas a costa de la vida, la salud y el ambiente.En muchas ocasiones nosotras, como personas agricultoras orgánicas nos vemos expuestas a sanciones por usar agua que contaminan las personas que utilizan agroquímicos, sin importar que no seamos nosotros los que contaminamos, somos los que debemos asumir la responsabilidad, así mismo cómo podemos garantizar producir orgánicamente, si vecinos que usan agroquímicos no están siendo regulados”.
Por eso aseguran “no es solo el clorotalonil el que se debe prohibir sino una lista más de agroquímicos que ingresan al país y que han sido prohibidos en otros, por su potencial cancerígeno y contaminantes”.
Consideran que el fallo reciente de la sala constitucional que sentencia el clorotalonil “es un gran logro, es un gran aporte no solo para la salud y bienestar de las personas de Cartago, sino para todas las personas habitantes de Costa Rica, este es un fallo histórico que evidencia lo que las personas agricultoras orgánicas venimos diciendo por muchos años, pero tristemente las autoridades esperan a que las comunidades afectadas sean las que deban sufrir todas las consecuencias algunas irremediables, para tomar cartas en el asunto”.
“Aplaudimos la labor de los magistrados por hacer cumplir nuestro derecho a un ambiente sano y garantizar la salud de las personas, además de la labor de las instituciones a cargo de realizar el “Informe Técnico Clorotalonil”. Sin embargo, MAOCO se pregunta, “donde están las demás instituciones públicas que por años conocen del uso de este y otra cantidad de agroquímicos altamente perjudiciales para la salud y el ambiente, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, que deben de estar velando por garantizar nuestro derecho a un ambiente sano y salud”.
MAOCO asegura que “Nosotros como agricultores orgánicos, sabemos que esta es una de tantas batallas que debemos luchar, para garantizar que los alimentos de los costarricenses sean producidos con prácticas agroecológicas que no contaminen los suelos, aguas y aire, que al contrario promueve la biodiversidad de los agroecosistemas, la vida del suelo y del agua”.
Finalmente cierran invitando a: «las personas agricultoras convencionales a que inicien los cambios en sus sistemas y tecnologías de producción hacia una agricultura orgánica, agroecológica, regenerativa libre de venenos, y encontrarán una gran oportunidad para seguir labrando la tierra sin contaminarla. Es por ello por lo que debemos promover, apoyar, consumir y producir con agricultura orgánica.” Mientras llama a la ciudadanía costarricense “a seguir defendiendo nuestro derecho a un ambiente sano y una alimentación libre de agroquímicos, una agricultura orgánica pues es la única manera para garantizar la salud y la vida”.
Cóctel de 9 agroquímicos en el agua que sale en el tubo en Cipreses de Cartago: entre moléculas degradadas y trazas de venenos
Se sigue confirmando la presencia de degradados del agrotóxico clorotalonil en agua de Cipreses pero en mayores concentraciones del contaminante y trazas de 8 diferentes plaguicidas como son el oxamilo, imidacloprid. clotianidim, tiametoxam, metribuzina, fluopicomida, flutolanil, metalaxil.
Frente Cipreses llama a los vecinos de la comunidad a no bajar la guardia y seguir consumiendo el agua que se trae en cisternas por parte del AyA.
En diciembre del 2022 se presentó un nuevo informe de laboratorio del IRET de la Universidad Nacional. Se confirma la permanencia de degradados de Clorotalonil en el agua de dos nacientes y en concentraciones mayores a las que se habían detectado anteriormente.
Las muestras fueron tomadas en presencia de funcionarios del AyA y del Laboratorio Nacional de Aguas. En esta ocasión además de tomar muestras en las nacientes de Plantón y de Carlos Calvo se tomó una muestra en una casa de habitación la cual también salió contaminada.
El Frente Cipreses llama a los vecinos de la comunidad a no bajar la guardia y seguir consumiendo el agua que se trae en cisternas por parte del AyA y que sigan utilizando los tanques de abastecimiento repartidos en las diferentes locaciones de cara a proteger de forma preventiva la salud de sus familias.
Es importante hacer el llamado público a la precaución pues la falta de información y por otro lado la desinformación hace que la gente consuma agua de la llave que tendría potenciales riesgos inaceptables a la salud a mediano y largo plazo.
En el escrito adjunto (UNA-LARET-OFIC-046-2022 S22-23-01 / S22-23-02) dirigido al Ministerio de Salud y al AYA (ver adjuntos) se presentan los resultados de muestras tomadas en el mes de agosto y septiembre del 2022. Como puede verse en el cuadro resumen del escrito adjunto a continuación preocupa la contaminación en la naciente Plantón en más de 240 veces lo permitido para consumo humano en cuanto a la presencia del degradado de clorotalonil llamado: 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6,-tetraclorobenceno.
Alerta también en el sistema de agua de la naciente Plantón la presencia de trazas de 8 diferentes plaguicidas como son el oxamilo, imidacloprid. clotianidim, tiametoxam, metribuzina, fluopicomida, flutolanil, metalaxil. Aunque estos diferentes ocho plaguicidas fueron encontrados en pequeñas cantidades por debajo del índice permitido para consumo humano (trazas), desde el Frente Ecologista de Cipreses se hace un señalamiento a las instituciones responsables de que esto evidencia la vulnerabilidad y la urgencia de proteger el área de recarga acuífera ya que el agua para consumo humano no debería estar contaminada ni con moléculas degradadas o trazas de plaguicidas. Además, los vecinos de Cipreses afectados y organizados en el Frente Ecologista cuestionan que: ni siquiera existen estudios de cuáles podrían ser los efectos del consumo prolongado de semejante cóctel de trazas de ocho plaguicidas sumados todos con los degradados del clorotalonil a través del tiempo.
