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Etiqueta: agua potable

Costa Rica retrocede en la gestión del agua

Alberto Salom Echeverría

Datos Espeluznantes

Los mejores estudiosos que en Costa Rica han sometido a análisis el tema del agua han llegado a un consenso preocupante: se ha producido un importante retroceso tanto en la calidad del agua que recibimos, como en la cobertura. Aunque todavía estamos en capacidad de recuperar el terreno cedido, el esfuerzo que hay que hacer para lograrlo, requiere de un drástico cambio de dirección en la manera como las principales instituciones responsables encargadas del manejo del recurso hídrico lo vienen haciendo. El gobierno de la República, lógicamente, queda determinantemente incluido en este aserto, por ser la cúpula que debería aupar a todos los demás entes y a la población en general.

En el sesudo documento del Estado de La Nación número XXIX, del 2022, se constata que del total del agua extraída en nuestro país por Acueductos y Alcantarillados un altísimo porcentaje del 57% se perdió por fugas, rebalses en los tanques, errores de micro medición y por la contaminación del recurso hídrico. En este mismo año, la población que recibió agua de calidad, potable y segura, descendió a un 91.2%.

El informe también destaca como uno de los principales hallazgos del estudio que, se hubiese producido una caída en un indicador siempre asociado con la salud de la población y el desarrollo humano, como es la cobertura de agua potable a nivel nacional, el cual mostró una caída de un 95.7% a un 89.9% en solo un año (más de cinco puntos porcentuales, como puede observarse).

De la lectura realizada por Delfino al XXIX informe del “Estado de la Nación”, elaboró sus propias gráficas que demuestran que la caída en la cobertura de agua potable descendió en todos los operadores: a nivel nacional lo ya descrito; en cuanto al agua suministrada por A y A también se produjo un descenso de la cobertura que registró un 96.7%; en el agua suministrada por las municipalidades el indicador evidenció una cobertura también descendente y reflejó un 91.6%; la cobertura de la ASADA/CAAR experimentó un descenso aún mayor en el mismo período para colocarse en un 75%.

En el mismo sentido se muestra un descenso en cuanto al saneamiento de las aguas residuales, volviéndose a estancar en el 2022, tal como ya venía ocurriendo. Destaca además Delfino que, de acuerdo siempre con el XXIX informe del Estado de La Nación, la mayoría de la población sigue careciendo de alcantarillado sanitario y que las tres cuartas partes dependen de un tratamiento apenas básico con tanques sépticos. (Cfr. https://delfino.cr/2023/11/pen-poblacion-con-acceso-a-agua-potable-se-redujo-en-2022).

Costa Rica padece, como en tantas otras iniciativas recientes relativas al progreso social, de una supina negligencia gubernamental. En efecto, las inversiones en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2045 se han ralentizado en forma considerable. Puesto que, de los seis proyectos de saneamiento establecidos como prioritarios en el plan para las zonas rurales, cinco de ellos se encuentran apenas en sus primeras etapas de desarrollo (Cfr, Ibidem).

La desigualdad social no la evidencia únicamente la enorme disparidad en los salarios

He venido insistiendo en este punto de vista en algunos otros de mis estudios y escritos anteriores. La desigualdad social, cada día más abrupta en Costa Rica, es mucho más grave que lo evidenciado por el coeficiente de Gini que, se basa en un rastreo de los salarios de la población ocupada. Ella -me refiero a la desigualdad- es palpable en la forma como está distribuida la riqueza; así como en las oportunidades para acceder a educación, salud, vivienda, hasta recreación y, desde luego, a los empleos de calidad. Ahora insisto, es bueno subrayarlo, en que las disparidades en la sociedad están presentes en el acceso al agua potable por parte de la población más vulnerable, tanto de la GAM como de las zonas rurales.

Ciertamente, el cambio climático que nos azota está contribuyendo decisivamente a disminuir el agua de los ríos y quebradas, así como el nivel de los pozos, como lo señala la expresidenta de “Acueductos y Alcantarillados”, Yamileth Astorga Espeleta. (Cfr. Astorga E.Y. “Ojalá ahora sí se resuelva el problema del agua en la GAM”. Foro de La Nación. 05.04.24 Pp.26). Sin embargo, desde mi óptica, un problema clave que, Yamileth Astorga lo menciona en su escrito, radica en “la ausencia o desacertada planificación territorial sin considerar los cuerpos de agua superficiales, falta de regulación del uso del suelo en zonas de recarga, irrespeto a las áreas de protección establecidas en la Ley de Aguas (1942) y la Ley Forestal (1996), y balances hídricos desactualizados por cuerpo de agua y aprovechamiento ilegal”. (Ibidem). Es decir, un problema que se deriva de una muy deficiente gestión del recurso hídrico, que tiene su origen en la falta de educación en la población desde la primera infancia, ya que se nos ha enseñado a creer que el agua es un recurso inagotable, y todavía actuamos como si en verdad lo fuera.

El académico de la UCR, Bernal Herrera, en la última miscelánea, da en el clavo, según mi opinión al afirmar: “Las fuentes de agua son abundantes en Costa Rica. Al mismo tiempo, miles de personas carecen de agua potable en sus casas, sea de forma permanente o cíclica, durante los racionamientos. Y la situación -agrega Bernal Herrera-, lejos de mejorar, va empeorando”. (Cfr. Herrera, Bernal. “El agua en Costa Rica: abundancia y escasez-2. Miscelánea en La Revista CR. Abril, 2024.).

No obstante, como también insiste Bernal Herrera, la explicación del problema del agua hoy, tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica, no estriba en la falta de agua, porque si así fuera, en la vertiente Atlántica -o Caribe, mejor dicho- mucho más abundante en el recurso hídrico que la Pacífica, y no solo en Costa Rica, sino en todo el Istmo centroamericano, no escasearía el invaluable recurso para la población, y, como sabemos, esto no es así. Es un problema, insiste Bernal Herrera, de una deficiente gestión, protección, conservación e inversión en infraestructura adecuada.

De no ser así, la población limonense, por ejemplo, no tendría por qué estarse abasteciendo de agua por medio de camiones cisterna, igual que ocurre en los barrios pobres de tantas comunidades de la GAM como en los Hatillos, Alajuelita, Moravia, Goicoechea, o también en Orosi, Palomo, Navarro de Muñeco y Paraíso, solo para mencionar algunos de ellos, contenidos en el Escrito de Yamileth Astorga. Otro tanto acaece en comunidades rurales de la vertiente del pacífico, donde se han brindado en el pasado reciente, soluciones parciales. Para constatar la negligencia que ha habido para consolidar los proyectos en particular en esta administración, pueden consultar el artículo antes mencionado de Yamileth Astorga. En el documento queda en evidencia que la administración Chaves Robles, hasta muy recientemente, no había logrado coronar con éxito proyectos, como el de Orosi II, o Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM), el cual requería finiquitar un contrato con el ICE, cuyos diseños habían progresado en un 80% para el 2021; no obstante que contaban hasta con una ley que había quedado aprobada desde el 2018, el A y A no formalizó los créditos correspondientes con diversas instancias del gobierno, por lo que el proyecto se perdió.

Conclusión

Un verdadero retroceso se ha producido en el acceso de miles de familias costarricenses al agua potable. Los datos evidencian, que los sectores sociales más afectados son las comunidades pobres de la GAM y de las zonas rurales.

Mientras que para los habitantes pobres el agua escasea, y en muchos casos sufren debido a la contaminación del valioso líquido, por el uso inadecuado de pesticidas en zonas como las cercanas a las fuentes de agua y zonas de recarga, hay otros sectores para los que el uso se extiende en abundancia a actividades como la práctica del Golf o como el riego de los sembradíos contaminados tales como la piña y otros.

Obviamente, no estoy opuesto a esas actividades, pues en el caso del Golf atrae población de nacionales y extranjeros que le dejan divisas al país. En el caso de los cultivos, el agua es un factor indispensable en su producción. El tema es otro, con frecuencia se autorizan estas actividades deportivas que requieren del uso abundante del agua, en zonas que desabastecen directamente a las poblaciones que requieren del líquido, pero se ven privados del mismo por la ausencia de políticas públicas adecuadas para construir infraestructura para su acarreo hasta las regiones pobladas donde hay viviendas, inclusive, en condiciones de precario, que requieren del agua para subsistir. Otro tanto podemos apuntar con relación a los sembradíos de piña u otros, en poder de grandes empresas a las que se les ha autorizado la actividad productiva, sin que existan previamente ni los estudios ambientales, ni mucho menos los planes reguladores que identifiquen las potencialidades apropiadas del uso del suelo. Existen numerosos ejemplos que dan muestran de la anarquía que persiste al respecto, en muchas regiones y territorios del país.

Por último, señalo junto con el tema de la educación a toda la población, desde edades tempranas, como lo consigné antes, la importancia de la gobernabilidad que, implica además, la incorporación de las comunidades debidamente informadas, en el proceso de planificación de los programas y proyectos relativos al desarrollo integral, en punto a asegurar el acceso de la población, sin discriminación de ningún tipo, al recurso hídrico, tal como lo manda la Constitución de La República.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Defensoría: Cúmulo de desaciertos del AyA agravó crisis del agua

El país actualmente enfrenta una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en los extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados, Alajuelita, entre otros. Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional.

El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en el Gran Área Metropolitana, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, suministro con camiones cisterna, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.

No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca.

Al respecto, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión.

De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.

Aunado a lo anterior, los habitantes han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.

La Defensoría sigue con su labor de exigir cuentas, y elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable, con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio y una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Reunión informativa para comunidades afectadas por problemas de agua

Personas vecinas de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás se reunirán convocadas por la Coordinadora Intercantonal por el Agua, compuesta por personas vecinas, líderes y lideresas comunales de los cantones afectados, quienes, en vista de la adversidad y la afectación vivida, han concertado un frente común para defender el derecho al agua y hacer valer el derecho constitucional de acceso al líquido vital en calidad y cantidad.

Tema: acciones a tomar en relación con los desabastecimientos de agua potable.

La actividad se realizará en el Centro de Amigos por la Paz este 18 de abril. 

SURCOS informará lo que se avance en este proceso.

Comunidades afectadas por desabastecimiento del agua impulsan creación de Coordinadora Intercantonal por el Recurso Hídrico

Vecinos afectados por la reciente problemática de desabastecimiento del agua y el Movimiento Asambleas Populares están liderando un esfuerzo organizativo para unificar la lucha de diversas comunidades en busca del acceso al recurso hídrico. Tras desarrollar reuniones conjuntas con vecinos de Tibás, Moravia, Alajuelita, Hatillo y Goicoechea, se ha acordado establecer la Coordinadora Intercantonal de Defensa del Recurso Hídrico.

El objetivo primordial de esta coordinadora es abordar la que afirman que es la verdadera raíz del problema del desabastecimiento urbano, el cual resulta siendo consecuencia de una situación política. Por lo tanto, señalan la carencia de políticas oficiales que garanticen una distribución justa del agua, así como la falta de interés estatal en la modernización de la infraestructura hídrica.

En este sentido, la Coordinadora Intercantonal se ha comprometido a:

  1. Exigir la adopción de decisiones políticas, técnicas y financieras para abordar definitivamente el problema de fondo.
  2. Demandar una atención inmediata y de emergencia para resolver la escasez de agua en las comunidades afectadas.
  3. Solicitar la suspensión de los cargos y procesos judiciales contra los vecinos de Hatillo que han sido judicializados por defender el derecho humano al agua.

El pasado viernes 5 de abril, los vecinos de San Josecito de Alajuelita celebraron una asamblea popular bajo la coordinación de la vecina Loana Calderón, donde se tomaron importantes decisiones para fortalecer la lucha por el acceso al recurso hídrico. Durante la reunión, se distribuyó un instrumento digital para registrar las fechas y horas en las que no tienen acceso al agua, y se acordó presentarse ante las autoridades para exigir su entrega.

La participación ciudadana ha sido fundamental y los acuerdos tomados en esta asamblea fueron respaldados de manera unánime por aclamación de todos los asistentes.

Le invitamos a ver el video que se encuentra en esta nota:

Imagen ilustrativa, UCR.

COCIGA: Contaminación de agua potable, recortes de suministro, infraestructura deficiente y la deficiente planificación en el recurso hídrico. Asuntos que no debemos de olvidar

El Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente (COCIGA), adscrito al Colegio de Geólogos de Costa Rica, ante la contaminación del agua potable en los cantones de San José, Goicoechea, Moravia, Tibás, Coronado, y recientemente también en el cantón de Turrialba, considera que el manejo de los incidentes, por parte de las instituciones gubernamentales, fue deficiente y generó circunstancias de riesgo innecesarias. 

A lo anterior deben agregarse los cada vez más frecuentes recortes en el suministro de agua, racionamientos del servicio, problemas de distribución y abastecimiento en época seca, el caso de la ruptura de la tubería en el Bajo de los Ledezma, y la problemática general por las evidentes insuficiencia y deficiencia en la planificación de mediano y largo plazo del recurso hídrico. 

Por lo tanto y a continuación, COCIGA expresa su posición al respecto: 

1. Costa Rica posee una legislación funcional, pero antigua y dispersa, que hace difícil el manejo institucional y, sobre todo, dificulta la gestión integral del recurso hídrico. La Ley de Aguas, No. 276 de 1942, debe ser actualizada, con urgencia. Tómese en cuanta el expediente 23511, que se tramita en la Asamblea Legislativa, denominado Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, ha sido objetado por sus errores conceptuales graves, y continúa en trámite. 

2. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuya Ley Constitutiva data de 1961 (Ley No. 2726), indica que es la institución rectora técnica en servicios de agua potable y saneamiento, y que puede convenir con organismos locales para su administración a través de juntas administradoras. Pero ante las dificultades de operación, ejecución y financiamiento del AyA, y la nueva legislación reciente, como el nuevo Reglamento de ASADAS (DE No. 42.582-S-MINAE), cuya mayoría donde si las ASADAS no incumplen con los requisitos y objetivos, subrayan pasan a ser administradas por el AyA, surge también la necesidad de modernizar y/o reorganizar al AyA, con el fin de optimizar y evitar saturarlo en sus funciones de prestación de servicios, ocupación de personal, asignación de presupuestos y elaboración de proyectos científicos, técnicos, administrativos, sociales y ambientales. 

3. La gestión actual del recurso hídrico, que orbita desarticuladamente entre distintas instituciones (AyA, Ministerio de Salud, Dirección de Aguas, SENARA, ASADAS y las Municipalidades) necesita organizarse de manera sistémica, descentralizada y no sectorial, coordinada por una entidad líder que asuma el enlace de labores y establezca las pautas para la planificación de mediano y largo plazo y que establezca, adecuadamente, los objetivos, responsabilidades, indicadores de desempeño y resultados que deben realizar las instituciones e involucrados del Sistema. 

4. Sin embargo, es absolutamente factible realizar, desde ya, las labores preventivas mientras se realiza la actualización jurídica, y sobre todo, para evitar que se produzcan otras situaciones peligrosas. No es aceptable aducir argumentos cuestionables para no cumplir con las funciones y responsabilidades del monitoreo periódico y constante de las fuentes de agua, tanto subterráneas como superficiales, sobre todo cuando están expuestas a contaminación antrópica y biológica. 

5. La legislación vigente, en Costa Rica, como por ejemplo el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, No. 32327-S y el Reglamento sobre los valores guía, en suelos, para la descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames, No. 37757-S, pueden y deben aplicarse como herramientas para la prevención, monitoreo y remediación. 

6. Las crisis, como las recientes, indican la necesidad urgente de modernizar el Laboratorio Nacional de Aguas, para que tenga la capacidad de realizar ensayos, la detección anticipada y las advertencias en los casos de emergencia, en el menor tiempo posible. Es la única manera de lograr la ubicación rápida de la fuente de contaminación, reducir el impacto sobre el servicio de abastecimiento y lo más importante, contener o evitar los daños a la salud pública. 

7. Es necesario retomar la valoración del recurso hídrico, desde los estudios hidrológicos e hidrogeológicos básicos, hasta las evaluaciones cuantitativas precisas mediante los modelos hidrodinámicos predictivos, con el objeto de delimitar las áreas de recarga, proteger las más vulnerables y expuestas a las amenazas antropogénicas. 

8. Costa Rica cuenta con profesionales suficientemente capacitados para realizar estas tareas y están facultados por la Ley No. 5230, del Colegio de Geólogos de Costa Rica, su Reglamento, y el Reglamento para la perforación de pozos y aprovechamiento de aguas subterráneas (N° 43053-MINAE). 

9. La conjugación de la gestión del Recurso Hídrico, junto con la Gestión Ambiental, la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial, son las bases para la planificación de mediano y largo plazo y la Hidrogeología es la herramienta común para ello. 

10. No es necesario, ni conveniente, orientar estas tareas con el objetivo de concebir medidas restrictivas absolutistas, pues el aprovechamiento racional del recurso hídrico no las necesita más allá de la racionalidad de los preceptos de su gestión realista. 

Por COCIGA,

Día Mundial del Agua: Solidaridad con comunidades que luchan por el agua

Paso Ancho, San José, 22 de marzo 2024

Estimadas amigas y amigos de comunidades que luchan por agua potable en diversas comunidades del país, entre ellas:

  • Hatillo
  • Cipreses de Oreamuno
  • Moravia
  • Alajuelita
  • Coronado
  • Goicoechea
  • Tibás
  • Desamparados
  • Pasoancho

En Pasoancho entendemos la problemática, hemos escuchado mil mentiras y excusas de autoridades que no terminan por resolver la situación, agravada en los últimos tiempos por la Crisis Climática.

Y esta semana, las autoridades (Gobierno Central, Ministerio de Seguridad y AyA) en lugar de resolver el problema, han enviado agentes represores con la misión de detener a los que llaman “cabecillas del movimiento”, que son los compañeros que dirigen estas luchas comunitarias. 

Nuestra solidaridad con ellos y con las comunidades afectadas.

Fraternalmente,

Buen Vivir Naranjo                                     Carlos Muñoz
Buen Vivir Desamparadeño                      Edgar Mora Guerrero
Buen Vivir Mora                                          Ronulfo Morera Vargas
Costa Rica Buen Vivi                                   Hernán Fernández (Puriscal)
Pasoancho Buen Vivir                                Mayela Pérez, Jimena, Marcos, Mariana Zúñiga
Agua Pasoancho                                         Priscilla Díaz, Alexander Castillo, Edison Valverde

Parlamento Cívico Ambiental exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo

Comunicado

  • Por resolución de sus 39 organizaciones, manifiesta su apoyo a las comunidades que desde hace años vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares.

  • Asimismo, manifiesta su oposición a la línea política del Poder Ejecutivo de debilitamiento, desfinanciación de la institucionalidad ambiental del país y de centralización de las decisiones.

  • Insta a las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa para que, en resguardo del compromiso país con la estabilidad democrática, condenen las acciones represivas ejecutadas.

Este 19 de marzo del 2024 el directorio del Parlamento Cívico Ambiental, comunicó el Acuerdo 10-24 en el que este foro cívico exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo. La resolución se refiere a la situación de las comunidades vulnerables cuyo suministro de agua ha llegado a ser tan irregular e insuficiente que es violatoria del derecho establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política. En el acuerdo, se condena además la situación de la institucionalidad a cargo de garantizar el cumplimiento de ese derecho la cual hoy día carece de los recursos técnicos y financieros para garantizarlo y es víctima de decisiones erradas producto de la línea política de la administración de turno. Con vehemencia se exige que cesen las acciones represivas tomadas contra la dirigencia comunal que ha ejercido su legítimo derecho a la protesta.

La resolución insta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa a que condenen esta situación y exijan su inmediata resolución. Se insta a las fuentes de cooperación internacional para que no estimulen con sus recursos iniciativas que atenten contra las políticas de Estado que le han brindado a Costa Rica el liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional y que exijan la adopción de políticas congruentes con el cumplimiento de los compromisos del país en materia ambiental. Asimismo, llama a toda la sociedad civil costarricense, al sector académico y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse en una sola voz en oposición de estas acciones que atentan no solamente contra la buena marcha de las políticas sociales y ambientales en Costa Rica, sino que atentan también contra la estabilidad democrática del país. Señala que se dirigirá nota al Lic. David. R. Boyd Relator Especial Sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, con el fin de ponerle al tanto de la situación que se está dando en Costa Rica.

Carmen Caballero, de la Fundación Laberinto, segunda secretaría del directorio señaló que el parlamento con esta resolución reaccionó no sólo a la situación que se presentó en Hatillo sino al fuerte llamado que hicieron varias organizaciones de este foro cívico. Oscar Moya Cantero de Hidrobag, primer secretario y vecino de Hatillo afectado por la falta de suministro de agua, enfatizó que los vecinos exigen que si Acueductos y Alcantarillado no tiene capacidad operativa para resolver la situación, que convoquen a una reunión de emergencia para que casa presidencial asigne los recursos necesarios para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Bernardo Aguilar, presidente del directorio, de la Asociación ARTES-JUSTECO, enfatizó que el derecho humano al agua es una de las áreas de mayor trabajo e interés del Parlamento Cívico Ambiental por lo que resulta lógica y consecuente la preocupación de las organizaciones con la situación de injusticia ambiental que se está presentado respecto al recurso hídrico en las comunidades vulnerables del sur del Valle Central y en otros lugares del país.

SURCOS comparte el documento del acuerdo:

Comunidades de Guadalupe y Tibás se solidarizan con Hatillo en lucha por el agua

Comunidades de Guadalupe y Tibás presentan comunicados en solidaridad con Hatillo en su lucha por el acceso al agua. Ambas comunidades denuncian la inoperancia de las autoridades responsables y la falta de soluciones concretas frente a la problemática del desabastecimiento de agua potable. Además, resaltan las consecuencias negativas que este problema tiene en diversos aspectos de la vida cotidiana, como el acceso a la educación y las labores de cuidado, así como el impacto desigual que afecta especialmente a las comunidades de clase trabajadora. 


Comunicado Guadalupe por el agua

El día de hoy en horas de la mañana recibimos la noticia de la detención de al menos 9 personas, incluidos dos regidores municipales electos, mientras se manifestaban en la zona de Hatillo por su derecho al recurso hídrico. 

Como vecinas y vecinos de Guadalupe vivimos en carne propia los daños y efectos del desabastecimiento de agua en nuestras comunidades y también nos hemos organizado para defender nuestro derecho.

Denunciamos la inoperancia del AyA y el gobierno de Rodrigo Chaves para dar solución a este grave problema, así como las maniobras para evitar que las comunidades se organicen. 

Nos solidarizamos con las personas detenidas y exigimos que se elimine cualquier causa en su contra, pues su lucha por el agua es justa y también es nuestra lucha. Llamamos a que todas las comunidades nos organicemos para exigir nuestro derecho al agua.

Unidos por el Agua – Guadalupe

Martes 18 de marzo 2024


Comunicado Tibás por el agua

Desde el movimiento de personas vecinas de Tibás organizadas “Tibás por el agua”, denunciamos que:

  1. Las personas vecinas de Hatillo, al igual que nuestra comunidad, ha venido sufriendo graves problemas de abastecimiento de agua potable desde hace ya más de un mes (misma situación que vienen viviendo comunidades como Guadalupe, Moravia, La Carpio, Alajuelita, Tres Ríos, etc). Este faltante de agua ha llegado a afectar incluso el acceso a educación, teniendo varios centros educativos que suspender lecciones por la falta de agua. 
  2. El no tener acceso al agua, implica una afectación directa a las labores de cuido, mismas que mayoritariamente asumen las mujeres, de modo que se convierte en un elemento más para las brechas que ya de por sí socialmente existen para este sector, incluso incrementando la violencia de género frente al no cumplimiento de estas labores impuestas, esto sumado a la acumulación de carga laboral no remunerada.
  3. Ante esta situación, desde hace varias semanas la comunidad organizada de Hatillo se he venido manifestando para exigir acceso al derecho básico del agua, obteniendo constantes promesas que hasta el momento no se han cumplido.
  4. El día de hoy, lunes 18 de marzo en horas de la mañana, por órdenes de la fiscalía, la policía reprime la manifestación de estas personas organizadas, resultando nueve personas detenidas y trasladadas por flagrancia.
  5. Frente al incremento de la inseguridad y violencia resulta indignante e incomprensible que se destinen recursos policiales y judiciales para amedrentar personas por exigir su derecho a tener agua potable en sus hogares y quienes no estaban cometiendo ningún delito, mientras la delincuencia organizada transita libremente armada. Esto deja en entredicho la función de las fuerzas policiales y del Ministerio de seguridad pública, quien el día de hoy no pareciera demostrar que su labor es la protección de la ciudadanía, sino más bien la persecución de personas que simplemente luchan por derechos básicos, como el acceso a agua.  

Por lo tanto:

  1. Desde el movimiento “Tibás por agua” nos solidarizamos con las personas vecinas de Hatillo que han venido organizándose en pro de su derecho al agua y especialmente con las nueve personas detenidas el día de hoy.
  2. Exigimos la inmediata liberación sin cargos, ni represalias de las personas detenidas, así como una inmediata investigación sobre este proceder dudoso de parte del ministerio público de ordenar la detención de líderes comunales.
  3. Exigimos a las autoridades del AyA y al gobierno una solución inmediata al faltante de agua tanto en Hatillo como en las demás comunidades que venimos denunciando dicho faltante, siendo que aparte de constantes reuniones dónde se nos prometen acciones que nunca se llevan a cabo, no vemos voluntad real alguna de parte de las autoridades para solucionar un problema tan grave como el del acceso al agua. 
  4. Exigimos consecuencia, dado que, si por un lado la semana pasada se abrió una mesa de diálogo con las distintas comunidades afectadas, resulta inconsecuente que el día de hoy se le responda a la comunidad de Hatillo con represión y detenciones innecesarias. Esto nos genera una desconfianza total hacia dicho supuesto diálogo.
  5. Hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas a unirnos y organizarnos en defensa del agua en las calles y no dejarnos amedrentar, siendo que además se hace evidente que el acceso al agua también es un tema de clase, en dónde son las comunidades de la clase trabajadora las que sufren del faltante de agua y no las de las clases con alto poder adquisitivo, lo que a su vez repercute en el acceso a educación, labores de cuido y trabajo.

Tibás por el agua

Martes 18 de marzo 2024

El derecho al agua es un derecho humano fundamental, como también lo es la protesta social

San José, lunes 18 de marzo de 2024

Denuncia pública a la opinión nacional e internacional

El Partido Vanguardia Popular DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, sobre los actos de represión contra las y los ciudadanos de Hatillo que reclaman por el justo derecho de que el gobierno de turno y Acueductos y Alcantarillados atienda la emergencia de la ausencia de agua en dicha comunidad.

Sin embargo, ahora resulta que la defensa por el agua en Hatillo, se convierte en  un espacio para legitimar la criminalización de la protesta social.

Al estilo de los gobiernos fascistas, de derecha y prepotentes que conculcan los derechos fundamentales, aquí, en nuestro país Costa Rica, garante de todos los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, desconoce los más elementales derechos del y las ciudadanas.

Pero esta escalada de represión entra en franca contradicción con lo que vive el país actualmente en materia de seguridad pública.  En el Diario Extra, página 11, de fecha miércoles 13 de marzo de 2024, bajo el título: “Hatillo son territorio en disputa por banda criminal”. Se aclara a la opinión pública que están claramente identificadas dos bandas criminales, Los Lara y la banda de Gery. Pero el silencio que guarda la Fuerza Pública es parecido a la estupidez, o contrario sensus, guardan toda su brutalidad para emplearla contra el  pueblo honesto de Hatillo, cuya demanda, por lo demás totalmente válida, reclaman por el suministro del agua en sus comunidades. Entonces, por qué no actúan con la misma fuerza contra esas bandas delictivas, como lo hicieron hoy contra los vecinos de Hatillo.

Una página negra más para el gobierno actual de Rodrigo Chaves Robles.

Queremos llamar, sin embargo la atención. Curiosamente y de forma unánime las y los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate: “ampliar la prisión preventiva en caso de flagrancia”. Eh aquí que la receta ya la pusieron en práctica, pues hoy, bajo la detención arbitraria e irrespetando el primer derecho humano a que tiene toda sociedad: el derecho a la protesta social, es pisoteado por la Fuerza Pública y 9 personas son detenidas arbitrariamente. Tres de ellas ya fueron pasadas a los tribunales de flagrancia y desconocemos, hasta el momento, cuál es el curso que se sigue contra los otros seis.

Nosotros, como PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, históricamente hemos estado a la par de las luchas populares y condenamos abiertamente la criminalización de la protesta social. La represión estructural ha sido constante desde el año 2000, fecha en la cual  el pueblo de Costa Rica amplió la democracia de la calle exigiendo el retiro del Combo Eléctrico que atentaba contra la histórica y meritoria institución del ICE.

Exigimos la pronta libertad de los nueve compañeros(as) detenidos arbitrariamente. Recordamos a los cuerpos represivos que el agua es un derecho humano fundamental y que la protesta social es, por excelencia, el primer derecho al cual puede aspirar el pueblo en su demanda popular.

¡LIBERTAD PARA LAS Y LOS DETENIDOS YA, Y SIN NINGÚN CARGO!

LA DEMOCRACIA DE LA CALLE TAMBIÉN ES UN DERECHO

PROTESTAR ES UN DERECHO NO UN DELITO