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Etiqueta: agua potable

Defensoría: Cúmulo de desaciertos del AyA agravó crisis del agua

El país actualmente enfrenta una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en los extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados, Alajuelita, entre otros. Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional.

El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en el Gran Área Metropolitana, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, suministro con camiones cisterna, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.

No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca.

Al respecto, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión.

De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.

Aunado a lo anterior, los habitantes han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.

La Defensoría sigue con su labor de exigir cuentas, y elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable, con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio y una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Reunión informativa para comunidades afectadas por problemas de agua

Personas vecinas de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás se reunirán convocadas por la Coordinadora Intercantonal por el Agua, compuesta por personas vecinas, líderes y lideresas comunales de los cantones afectados, quienes, en vista de la adversidad y la afectación vivida, han concertado un frente común para defender el derecho al agua y hacer valer el derecho constitucional de acceso al líquido vital en calidad y cantidad.

Tema: acciones a tomar en relación con los desabastecimientos de agua potable.

La actividad se realizará en el Centro de Amigos por la Paz este 18 de abril. 

SURCOS informará lo que se avance en este proceso.

Comunidades afectadas por desabastecimiento del agua impulsan creación de Coordinadora Intercantonal por el Recurso Hídrico

Vecinos afectados por la reciente problemática de desabastecimiento del agua y el Movimiento Asambleas Populares están liderando un esfuerzo organizativo para unificar la lucha de diversas comunidades en busca del acceso al recurso hídrico. Tras desarrollar reuniones conjuntas con vecinos de Tibás, Moravia, Alajuelita, Hatillo y Goicoechea, se ha acordado establecer la Coordinadora Intercantonal de Defensa del Recurso Hídrico.

El objetivo primordial de esta coordinadora es abordar la que afirman que es la verdadera raíz del problema del desabastecimiento urbano, el cual resulta siendo consecuencia de una situación política. Por lo tanto, señalan la carencia de políticas oficiales que garanticen una distribución justa del agua, así como la falta de interés estatal en la modernización de la infraestructura hídrica.

En este sentido, la Coordinadora Intercantonal se ha comprometido a:

  1. Exigir la adopción de decisiones políticas, técnicas y financieras para abordar definitivamente el problema de fondo.
  2. Demandar una atención inmediata y de emergencia para resolver la escasez de agua en las comunidades afectadas.
  3. Solicitar la suspensión de los cargos y procesos judiciales contra los vecinos de Hatillo que han sido judicializados por defender el derecho humano al agua.

El pasado viernes 5 de abril, los vecinos de San Josecito de Alajuelita celebraron una asamblea popular bajo la coordinación de la vecina Loana Calderón, donde se tomaron importantes decisiones para fortalecer la lucha por el acceso al recurso hídrico. Durante la reunión, se distribuyó un instrumento digital para registrar las fechas y horas en las que no tienen acceso al agua, y se acordó presentarse ante las autoridades para exigir su entrega.

La participación ciudadana ha sido fundamental y los acuerdos tomados en esta asamblea fueron respaldados de manera unánime por aclamación de todos los asistentes.

Le invitamos a ver el video que se encuentra en esta nota:

Imagen ilustrativa, UCR.

COCIGA: Contaminación de agua potable, recortes de suministro, infraestructura deficiente y la deficiente planificación en el recurso hídrico. Asuntos que no debemos de olvidar

El Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente (COCIGA), adscrito al Colegio de Geólogos de Costa Rica, ante la contaminación del agua potable en los cantones de San José, Goicoechea, Moravia, Tibás, Coronado, y recientemente también en el cantón de Turrialba, considera que el manejo de los incidentes, por parte de las instituciones gubernamentales, fue deficiente y generó circunstancias de riesgo innecesarias. 

A lo anterior deben agregarse los cada vez más frecuentes recortes en el suministro de agua, racionamientos del servicio, problemas de distribución y abastecimiento en época seca, el caso de la ruptura de la tubería en el Bajo de los Ledezma, y la problemática general por las evidentes insuficiencia y deficiencia en la planificación de mediano y largo plazo del recurso hídrico. 

Por lo tanto y a continuación, COCIGA expresa su posición al respecto: 

1. Costa Rica posee una legislación funcional, pero antigua y dispersa, que hace difícil el manejo institucional y, sobre todo, dificulta la gestión integral del recurso hídrico. La Ley de Aguas, No. 276 de 1942, debe ser actualizada, con urgencia. Tómese en cuanta el expediente 23511, que se tramita en la Asamblea Legislativa, denominado Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, ha sido objetado por sus errores conceptuales graves, y continúa en trámite. 

2. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuya Ley Constitutiva data de 1961 (Ley No. 2726), indica que es la institución rectora técnica en servicios de agua potable y saneamiento, y que puede convenir con organismos locales para su administración a través de juntas administradoras. Pero ante las dificultades de operación, ejecución y financiamiento del AyA, y la nueva legislación reciente, como el nuevo Reglamento de ASADAS (DE No. 42.582-S-MINAE), cuya mayoría donde si las ASADAS no incumplen con los requisitos y objetivos, subrayan pasan a ser administradas por el AyA, surge también la necesidad de modernizar y/o reorganizar al AyA, con el fin de optimizar y evitar saturarlo en sus funciones de prestación de servicios, ocupación de personal, asignación de presupuestos y elaboración de proyectos científicos, técnicos, administrativos, sociales y ambientales. 

3. La gestión actual del recurso hídrico, que orbita desarticuladamente entre distintas instituciones (AyA, Ministerio de Salud, Dirección de Aguas, SENARA, ASADAS y las Municipalidades) necesita organizarse de manera sistémica, descentralizada y no sectorial, coordinada por una entidad líder que asuma el enlace de labores y establezca las pautas para la planificación de mediano y largo plazo y que establezca, adecuadamente, los objetivos, responsabilidades, indicadores de desempeño y resultados que deben realizar las instituciones e involucrados del Sistema. 

4. Sin embargo, es absolutamente factible realizar, desde ya, las labores preventivas mientras se realiza la actualización jurídica, y sobre todo, para evitar que se produzcan otras situaciones peligrosas. No es aceptable aducir argumentos cuestionables para no cumplir con las funciones y responsabilidades del monitoreo periódico y constante de las fuentes de agua, tanto subterráneas como superficiales, sobre todo cuando están expuestas a contaminación antrópica y biológica. 

5. La legislación vigente, en Costa Rica, como por ejemplo el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, No. 32327-S y el Reglamento sobre los valores guía, en suelos, para la descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames, No. 37757-S, pueden y deben aplicarse como herramientas para la prevención, monitoreo y remediación. 

6. Las crisis, como las recientes, indican la necesidad urgente de modernizar el Laboratorio Nacional de Aguas, para que tenga la capacidad de realizar ensayos, la detección anticipada y las advertencias en los casos de emergencia, en el menor tiempo posible. Es la única manera de lograr la ubicación rápida de la fuente de contaminación, reducir el impacto sobre el servicio de abastecimiento y lo más importante, contener o evitar los daños a la salud pública. 

7. Es necesario retomar la valoración del recurso hídrico, desde los estudios hidrológicos e hidrogeológicos básicos, hasta las evaluaciones cuantitativas precisas mediante los modelos hidrodinámicos predictivos, con el objeto de delimitar las áreas de recarga, proteger las más vulnerables y expuestas a las amenazas antropogénicas. 

8. Costa Rica cuenta con profesionales suficientemente capacitados para realizar estas tareas y están facultados por la Ley No. 5230, del Colegio de Geólogos de Costa Rica, su Reglamento, y el Reglamento para la perforación de pozos y aprovechamiento de aguas subterráneas (N° 43053-MINAE). 

9. La conjugación de la gestión del Recurso Hídrico, junto con la Gestión Ambiental, la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial, son las bases para la planificación de mediano y largo plazo y la Hidrogeología es la herramienta común para ello. 

10. No es necesario, ni conveniente, orientar estas tareas con el objetivo de concebir medidas restrictivas absolutistas, pues el aprovechamiento racional del recurso hídrico no las necesita más allá de la racionalidad de los preceptos de su gestión realista. 

Por COCIGA,

Día Mundial del Agua: Solidaridad con comunidades que luchan por el agua

Paso Ancho, San José, 22 de marzo 2024

Estimadas amigas y amigos de comunidades que luchan por agua potable en diversas comunidades del país, entre ellas:

  • Hatillo
  • Cipreses de Oreamuno
  • Moravia
  • Alajuelita
  • Coronado
  • Goicoechea
  • Tibás
  • Desamparados
  • Pasoancho

En Pasoancho entendemos la problemática, hemos escuchado mil mentiras y excusas de autoridades que no terminan por resolver la situación, agravada en los últimos tiempos por la Crisis Climática.

Y esta semana, las autoridades (Gobierno Central, Ministerio de Seguridad y AyA) en lugar de resolver el problema, han enviado agentes represores con la misión de detener a los que llaman “cabecillas del movimiento”, que son los compañeros que dirigen estas luchas comunitarias. 

Nuestra solidaridad con ellos y con las comunidades afectadas.

Fraternalmente,

Buen Vivir Naranjo                                     Carlos Muñoz
Buen Vivir Desamparadeño                      Edgar Mora Guerrero
Buen Vivir Mora                                          Ronulfo Morera Vargas
Costa Rica Buen Vivi                                   Hernán Fernández (Puriscal)
Pasoancho Buen Vivir                                Mayela Pérez, Jimena, Marcos, Mariana Zúñiga
Agua Pasoancho                                         Priscilla Díaz, Alexander Castillo, Edison Valverde

Parlamento Cívico Ambiental exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo

Comunicado

  • Por resolución de sus 39 organizaciones, manifiesta su apoyo a las comunidades que desde hace años vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares.

  • Asimismo, manifiesta su oposición a la línea política del Poder Ejecutivo de debilitamiento, desfinanciación de la institucionalidad ambiental del país y de centralización de las decisiones.

  • Insta a las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa para que, en resguardo del compromiso país con la estabilidad democrática, condenen las acciones represivas ejecutadas.

Este 19 de marzo del 2024 el directorio del Parlamento Cívico Ambiental, comunicó el Acuerdo 10-24 en el que este foro cívico exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo. La resolución se refiere a la situación de las comunidades vulnerables cuyo suministro de agua ha llegado a ser tan irregular e insuficiente que es violatoria del derecho establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política. En el acuerdo, se condena además la situación de la institucionalidad a cargo de garantizar el cumplimiento de ese derecho la cual hoy día carece de los recursos técnicos y financieros para garantizarlo y es víctima de decisiones erradas producto de la línea política de la administración de turno. Con vehemencia se exige que cesen las acciones represivas tomadas contra la dirigencia comunal que ha ejercido su legítimo derecho a la protesta.

La resolución insta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa a que condenen esta situación y exijan su inmediata resolución. Se insta a las fuentes de cooperación internacional para que no estimulen con sus recursos iniciativas que atenten contra las políticas de Estado que le han brindado a Costa Rica el liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional y que exijan la adopción de políticas congruentes con el cumplimiento de los compromisos del país en materia ambiental. Asimismo, llama a toda la sociedad civil costarricense, al sector académico y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse en una sola voz en oposición de estas acciones que atentan no solamente contra la buena marcha de las políticas sociales y ambientales en Costa Rica, sino que atentan también contra la estabilidad democrática del país. Señala que se dirigirá nota al Lic. David. R. Boyd Relator Especial Sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, con el fin de ponerle al tanto de la situación que se está dando en Costa Rica.

Carmen Caballero, de la Fundación Laberinto, segunda secretaría del directorio señaló que el parlamento con esta resolución reaccionó no sólo a la situación que se presentó en Hatillo sino al fuerte llamado que hicieron varias organizaciones de este foro cívico. Oscar Moya Cantero de Hidrobag, primer secretario y vecino de Hatillo afectado por la falta de suministro de agua, enfatizó que los vecinos exigen que si Acueductos y Alcantarillado no tiene capacidad operativa para resolver la situación, que convoquen a una reunión de emergencia para que casa presidencial asigne los recursos necesarios para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Bernardo Aguilar, presidente del directorio, de la Asociación ARTES-JUSTECO, enfatizó que el derecho humano al agua es una de las áreas de mayor trabajo e interés del Parlamento Cívico Ambiental por lo que resulta lógica y consecuente la preocupación de las organizaciones con la situación de injusticia ambiental que se está presentado respecto al recurso hídrico en las comunidades vulnerables del sur del Valle Central y en otros lugares del país.

SURCOS comparte el documento del acuerdo:

Comunidades de Guadalupe y Tibás se solidarizan con Hatillo en lucha por el agua

Comunidades de Guadalupe y Tibás presentan comunicados en solidaridad con Hatillo en su lucha por el acceso al agua. Ambas comunidades denuncian la inoperancia de las autoridades responsables y la falta de soluciones concretas frente a la problemática del desabastecimiento de agua potable. Además, resaltan las consecuencias negativas que este problema tiene en diversos aspectos de la vida cotidiana, como el acceso a la educación y las labores de cuidado, así como el impacto desigual que afecta especialmente a las comunidades de clase trabajadora. 


Comunicado Guadalupe por el agua

El día de hoy en horas de la mañana recibimos la noticia de la detención de al menos 9 personas, incluidos dos regidores municipales electos, mientras se manifestaban en la zona de Hatillo por su derecho al recurso hídrico. 

Como vecinas y vecinos de Guadalupe vivimos en carne propia los daños y efectos del desabastecimiento de agua en nuestras comunidades y también nos hemos organizado para defender nuestro derecho.

Denunciamos la inoperancia del AyA y el gobierno de Rodrigo Chaves para dar solución a este grave problema, así como las maniobras para evitar que las comunidades se organicen. 

Nos solidarizamos con las personas detenidas y exigimos que se elimine cualquier causa en su contra, pues su lucha por el agua es justa y también es nuestra lucha. Llamamos a que todas las comunidades nos organicemos para exigir nuestro derecho al agua.

Unidos por el Agua – Guadalupe

Martes 18 de marzo 2024


Comunicado Tibás por el agua

Desde el movimiento de personas vecinas de Tibás organizadas “Tibás por el agua”, denunciamos que:

  1. Las personas vecinas de Hatillo, al igual que nuestra comunidad, ha venido sufriendo graves problemas de abastecimiento de agua potable desde hace ya más de un mes (misma situación que vienen viviendo comunidades como Guadalupe, Moravia, La Carpio, Alajuelita, Tres Ríos, etc). Este faltante de agua ha llegado a afectar incluso el acceso a educación, teniendo varios centros educativos que suspender lecciones por la falta de agua. 
  2. El no tener acceso al agua, implica una afectación directa a las labores de cuido, mismas que mayoritariamente asumen las mujeres, de modo que se convierte en un elemento más para las brechas que ya de por sí socialmente existen para este sector, incluso incrementando la violencia de género frente al no cumplimiento de estas labores impuestas, esto sumado a la acumulación de carga laboral no remunerada.
  3. Ante esta situación, desde hace varias semanas la comunidad organizada de Hatillo se he venido manifestando para exigir acceso al derecho básico del agua, obteniendo constantes promesas que hasta el momento no se han cumplido.
  4. El día de hoy, lunes 18 de marzo en horas de la mañana, por órdenes de la fiscalía, la policía reprime la manifestación de estas personas organizadas, resultando nueve personas detenidas y trasladadas por flagrancia.
  5. Frente al incremento de la inseguridad y violencia resulta indignante e incomprensible que se destinen recursos policiales y judiciales para amedrentar personas por exigir su derecho a tener agua potable en sus hogares y quienes no estaban cometiendo ningún delito, mientras la delincuencia organizada transita libremente armada. Esto deja en entredicho la función de las fuerzas policiales y del Ministerio de seguridad pública, quien el día de hoy no pareciera demostrar que su labor es la protección de la ciudadanía, sino más bien la persecución de personas que simplemente luchan por derechos básicos, como el acceso a agua.  

Por lo tanto:

  1. Desde el movimiento “Tibás por agua” nos solidarizamos con las personas vecinas de Hatillo que han venido organizándose en pro de su derecho al agua y especialmente con las nueve personas detenidas el día de hoy.
  2. Exigimos la inmediata liberación sin cargos, ni represalias de las personas detenidas, así como una inmediata investigación sobre este proceder dudoso de parte del ministerio público de ordenar la detención de líderes comunales.
  3. Exigimos a las autoridades del AyA y al gobierno una solución inmediata al faltante de agua tanto en Hatillo como en las demás comunidades que venimos denunciando dicho faltante, siendo que aparte de constantes reuniones dónde se nos prometen acciones que nunca se llevan a cabo, no vemos voluntad real alguna de parte de las autoridades para solucionar un problema tan grave como el del acceso al agua. 
  4. Exigimos consecuencia, dado que, si por un lado la semana pasada se abrió una mesa de diálogo con las distintas comunidades afectadas, resulta inconsecuente que el día de hoy se le responda a la comunidad de Hatillo con represión y detenciones innecesarias. Esto nos genera una desconfianza total hacia dicho supuesto diálogo.
  5. Hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas a unirnos y organizarnos en defensa del agua en las calles y no dejarnos amedrentar, siendo que además se hace evidente que el acceso al agua también es un tema de clase, en dónde son las comunidades de la clase trabajadora las que sufren del faltante de agua y no las de las clases con alto poder adquisitivo, lo que a su vez repercute en el acceso a educación, labores de cuido y trabajo.

Tibás por el agua

Martes 18 de marzo 2024

El derecho al agua es un derecho humano fundamental, como también lo es la protesta social

San José, lunes 18 de marzo de 2024

Denuncia pública a la opinión nacional e internacional

El Partido Vanguardia Popular DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, sobre los actos de represión contra las y los ciudadanos de Hatillo que reclaman por el justo derecho de que el gobierno de turno y Acueductos y Alcantarillados atienda la emergencia de la ausencia de agua en dicha comunidad.

Sin embargo, ahora resulta que la defensa por el agua en Hatillo, se convierte en  un espacio para legitimar la criminalización de la protesta social.

Al estilo de los gobiernos fascistas, de derecha y prepotentes que conculcan los derechos fundamentales, aquí, en nuestro país Costa Rica, garante de todos los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, desconoce los más elementales derechos del y las ciudadanas.

Pero esta escalada de represión entra en franca contradicción con lo que vive el país actualmente en materia de seguridad pública.  En el Diario Extra, página 11, de fecha miércoles 13 de marzo de 2024, bajo el título: “Hatillo son territorio en disputa por banda criminal”. Se aclara a la opinión pública que están claramente identificadas dos bandas criminales, Los Lara y la banda de Gery. Pero el silencio que guarda la Fuerza Pública es parecido a la estupidez, o contrario sensus, guardan toda su brutalidad para emplearla contra el  pueblo honesto de Hatillo, cuya demanda, por lo demás totalmente válida, reclaman por el suministro del agua en sus comunidades. Entonces, por qué no actúan con la misma fuerza contra esas bandas delictivas, como lo hicieron hoy contra los vecinos de Hatillo.

Una página negra más para el gobierno actual de Rodrigo Chaves Robles.

Queremos llamar, sin embargo la atención. Curiosamente y de forma unánime las y los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate: “ampliar la prisión preventiva en caso de flagrancia”. Eh aquí que la receta ya la pusieron en práctica, pues hoy, bajo la detención arbitraria e irrespetando el primer derecho humano a que tiene toda sociedad: el derecho a la protesta social, es pisoteado por la Fuerza Pública y 9 personas son detenidas arbitrariamente. Tres de ellas ya fueron pasadas a los tribunales de flagrancia y desconocemos, hasta el momento, cuál es el curso que se sigue contra los otros seis.

Nosotros, como PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, históricamente hemos estado a la par de las luchas populares y condenamos abiertamente la criminalización de la protesta social. La represión estructural ha sido constante desde el año 2000, fecha en la cual  el pueblo de Costa Rica amplió la democracia de la calle exigiendo el retiro del Combo Eléctrico que atentaba contra la histórica y meritoria institución del ICE.

Exigimos la pronta libertad de los nueve compañeros(as) detenidos arbitrariamente. Recordamos a los cuerpos represivos que el agua es un derecho humano fundamental y que la protesta social es, por excelencia, el primer derecho al cual puede aspirar el pueblo en su demanda popular.

¡LIBERTAD PARA LAS Y LOS DETENIDOS YA, Y SIN NINGÚN CARGO!

LA DEMOCRACIA DE LA CALLE TAMBIÉN ES UN DERECHO

PROTESTAR ES UN DERECHO NO UN DELITO

Hatillo: agua y criminalización de la protesta social

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El pasado 18 de marzo del 2024, las comunidades de Hatillo continuaron sus manifestaciones en reclamo por las pésimas condiciones de suministro de agua potable que les viene afectando desde semanas atrás. De forma selectiva, las fuerzas policiales actuaron privando de libertad a las personas lideresas comunitarias, lo que demostró una estrategia de represión focalizada, con el fin de desarmar el movimiento e intimidar a las personas participantes.

Ante la implementación de estas estrategias de in-seguridad pública, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes:

  • Según Constitución Política, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, por ende tiene la obligación de garantizar este derecho.
  • La criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.

Les compartimos esta infografía para abrir este debate.