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Etiqueta: agua potable

El problema del agua en Costa Rica

Agua con olor y sabor a hidrocarburos. Agua contaminada con agroquímicos. Agua con arsénico. Con aluminio. Acuíferos costeros salinizados. Ríos con coliformes fecales. Faltará agua por la sequía y el fenómeno del Niño.

Son noticias comunes en Costa Rica.

Problemas constantes y reiterados que, de no ser abordados de manera oportuna a través de planes apropiados y serios, por parte de las instituciones y de la sociedad en general, pueden acarrear graves consecuencias para la sociedad costarricense.

Somos conscientes que una crisis con el agua representa una seria amenaza y coloca en situación vulnerable a varios sectores importantes de la población.

Por los anteriores motivos, hacemos un llamado a el Gobierno de la República y en especial al AyA; al MINAE; al SENARA, al MAG; ARESEP y otras instituciones y sectores involucrados, para que asuman sus responsabilidades.

Aquí exponemos nuestros criterios y solicitamos, respetuosamente, una pronta y clara respuesta a estas situaciones.

  1. Falta de voluntad del AyA para asegurar el acceso al agua potable para todas las personas usuarias:
  • El AyA indica que presenta actualmente un déficit hídrico de sus sistemas de agua potable ubicados en diferentes partes del país, y prevé que ante con el fenómeno ENOS pasarán a afectarse más de sus sistemas.
  • Pero el AyA y otros operadores del servicio de agua potable, actualmente utilizan solo el 10,7 % de toda el agua de Costa Rica para brindar sus servicios.
  • El abastecimiento de agua a las comunidades es prioridad según la Constitución Política y la Ley de Agua.
  • La Ley de Agua No. 276, en su artículo 137, establece claramente: “El Ministerio del Ambiente y Energía, de oficio o a instancia de parte, está facultado para modificar, sin exponerse a pago de daños y perjuicios por ningún motivo, los derechos al uso de las aguas públicas, cualquiera que sea el título que ampare el aprovechamiento, riego, usos industriales y fuerza motriz, en los siguientes casos: Si se necesitan las aguas para abastecimiento de poblaciones…”
  1. Lo que corresponde hacer, ante el faltante actual y potencial de agua para el abastecimiento de la población, es que el AyA le solicite al MINAE acceso al agua concesionada para otros usos, en caso de necesidad, como el actual.

Pero AyA hasta ahora NO lo hace, ni nos responde seriamente a nuestra sugerencia en ese sentido de fecha 7 de junio de 2023.

  1. La responsabilidad de la administración del recurso hídrico recae por ley en el MINAE.
  • El MINAE actualmente tiene destinadas casi el 90% de las concesiones para uso del agua a actividades que no corresponden al consumo humano.
  1. Ante esta situación, cuestionamos aquellas concesiones de agua en manos de empresas privadas de gran capital, que utilizan el 50% del agua de Costa Rica, que no son sometidas a ningún racionamiento y se encuentran por encima del derecho al agua de la ciudadanía, y a la atención de la emergencia que se avecina por el déficit hídrico que sufrirán los sistemas de agua potable del AyA en los meses venideros.
  2. Sabemos que existen actualmente tantas explotaciones ilegales como concesiones otorgadas por MINAE. Según proyecto ley exp. 22.709 (ya declarado inconstitucional) hay 8 000 pozos perforados ilegalmente en manos de grandes exportadores de frutas. Y según base de datos de MINAE, otro tanto de concesiones vencidas, morosas y sin completar los trámites, que siguen usando agua.
  • Algunos malos empresarios, siguen robándose nuestra agua y las autoridades responsables del MINAE, no cumplen con su deber de poner fin en tan ilegal situación.
  • Por lo tanto, consideramos que existe una falta de acción importante sobre el recurso hídrico por parte de la Dirección de Agua de MINAE, tanto para impedir las explotaciones ilegales, como para denunciar el delito de usurpación de aguas practicado diariamente por estas empresas.

Por las anteriores razones, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE:

  1. A) Al AyA: Presentar ante el MINAE en forma expedita, las solicitudes de reducir el caudal concesionado para otros usos en todas las zonas de comunidades en riesgo de tener faltantes.
  2. B) Al MINAE: B1) Disponer de inmediato la paralización de explotación y cierre de pozos ilegales, con concesiones vencidas o morosas. B2) Acoger a trámite toda solicitud presentada por el AyA u otro operador (ESPH, ASADAS, municipalidades) para asegurar la prioridad del agua para consumo humano, definida por ley. B3) Poner controles para que estas reducciones sean acatadas efectivamente.
  3. C) Al ministerio de Salud, ARESEP, SENARA y otras instituciones, colaborar con el debido manejo del agua, para asegurar la disponibilidad a todas las comunidades del país, estén donde estén, del servicio de agua potable para su consumo diario, constante y en cantidad y calidad adecuada.
  4. D) Al Ministerio Público, OIJ, Ministerio de Seguridad, ayudar en el cierre de todos los pozos o tomas, donde se roban el agua y apoyar así el debido castigo de los delincuentes.
  5. E) Al sector empresarial, que consume grandes caudales (principalmente el riego con 75% de toda el agua del país; a los sectores industrial, turístico y otros), que tomen las medidas oportunas para ahorrar el preciado recurso.

En el caso del sector agrícola, exigimos la modernización de sus sistemas de riego, medida que permitiría ahorrar al menos, el 50 % de su consumo.

El manejo sostenible del agua es la base para la seguridad y un desarrollo armónico.

Creemos hacer un planteo claro sobre el verdadero problema del agua en el país.

Dejamos para otra oportunidad hablar y plantear el problema catastrófico de las aguas residuales de Costa Rica.

Esperamos sus noticias en el plazo legal del derecho de respuesta.

Solicitamos a los medios de comunicación, hacerse eco de estas consultas.

EL AGUA ES VIDA Y NO MERCANCÍA.

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Correo confraternidad_gte @yahoo.com

Guanacaste, Costa Rica, 26 de enero de 2024

Dólares «bajo del colchón»

Freddy Pacheco León

El gobierno está encantado porque las reservas de divisas en el Banco Central ya superaron la cifra de US$14 mil millones. Dólares guardados «bajo del colchón», para enfrentar imprevistos; como un seguro ante situaciones, como la vivida con la pandemia que hizo caer el ingreso de divisas por turismo; dólares para una mejor imagen ante las calificadoras de riesgo; para una inflación de casi cero.

Todos, elementos positivos de la macroeconomía, pero que están dejando de lado, obligaciones del Estado, como la fundamental inversión social, gastos imperativos en salud, como la gigantesca deuda con la maltratada Caja del Seguro, así como con el descuidado y desorientado sector educación, con el maltrecho sector cultura, con servicios públicos, como el abastecimiento de agua potable en calidad y cantidad adecuadas, así como con la construcción de carreteras y un tren eléctrico ahora olvidado.

Las consecuencias que está teniendo, como parte de esa «ecuación», un colón sobrevalorado, al golpear a los exportadores, en general, y a un sector turismo con menos colones por dólar, que atienden pagos de recursos humanos e insumos, con muy disminuidas e injustas ganancias, está provocando que, diariamente, 180 trabajadores pierdan su vital empleo, aumentando así la pobreza.

Pero, paradójicamente, los economistas del gobierno están encantados con las cifras de una macroeconomía, que, usualmente, es engañosa, pues oculta una realidad socioeconómica muy diferente y dolorosa, en los habitantes que no merecen el frío maltrato gubernamental.

AyA advierte a comunidades sobre contaminación del agua y habilita rutas de reparto de agua potable

Por Ihann Paniagua Porras

La Autoridad del Agua (AyA) emitió una alerta a las comunidades de Tibás, Moravia, Guadalupe, San José y Montes de Oca, solicitando a los residentes no ingerir agua y abstenerse de utilizarla para la preparación de alimentos e higiene personal, luego de los resultados de los análisis de laboratorio que revelaron la presencia de hidrocarburos totales en bajas concentraciones.

Los sectores afectados incluyen:

Tibás: Centro, Anselmo Llorente, San Juan, Cinco Esquinas, Colima, León XIII

Moravia: San Vicente

Goicoechea: Calle Blancos, Guadalupe, San Francisco

San José: Uruca, Merced (bajos de la Unión y Museo de los Niños), Carmen (barrio Otoya y barrio Amón, barrio Buena Vista)

Montes de Oca: Mercedes (barrio Magnolias)

En respuesta a la situación, AyA implementará rutas de reparto de agua potable con camiones cisterna en estas áreas. Los horarios de las rutas serán anunciados a través de los canales oficiales de la institución.

Mientras se realizan nuevas pruebas de laboratorio para monitorear la presencia de la sustancia detectada, los equipos de AyA trabajan en la identificación del foco de contaminación y continúan con la limpieza de tanques, tuberías y otras operaciones.

La institución hace un llamado a la población para que, en caso de percibir algún olor o sabor anormal en el agua, alerten la situación a través de la línea telefónica institucional 800-737 6783.

AyA se compromete a mantener a la población informada sobre los avances en la resolución de esta situación y a garantizar el suministro seguro de agua a las comunidades afectadas.

Imagen ilustrativa, UCR.

Manifestación por el agua. Acción ecologista por el agua y la vida

Se le invita a participar el próximo 6 de diciembre a las 11 a.m. frente a la Casa Presidencial en la Manifestación por el Agua, ya que el 6 de diciembre se cumplen los 6 meses que la Sala Cuarta inicialmente le dio al Gobierno para prohibir el Clorotalonil en Costa Rica. Se cumplen 6 meses de haber ganado el recurso de amparo que desde las comunidades planteamos en defensa de nuestro derecho constitucional. 

No queremos degradados agrotóxicos del Clorotalonil en el agua de las comunidades.  Acompáñenos a exigir nuestro derecho constitucional de agua sin venenos agrotóxicos. 

Aún podemos llegar a las 80 mil firmas, solo ingrese al enlace y firme: https://actions.eko.org/a/costa-rica-prohibid-este-pesticida-cancerigeno

Diputado pide cuentas por contaminación de clorotalonil en agua de la ASADA de San Pablo de Oreamuno

  • Solicita información al AyA, Servicio Fitosanitario y Ministerio de Salud

El diputado Ariel Robles accionó ante la denuncia realizada por Frente Eco Cipreses sobre un nuevo caso de contaminación con clorotalonil del agua basada en la información revelada por Vladimir Mesén Montenegro de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago del AYA en una mesa de trabajo que ARESEP convocó para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.

El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”.

Al presidente ejecutivo del AYA Alejandro Guillén Guardia el legislador le preguntó: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado este instituto al respecto como ente rector para proteger la salud de los usuarios y la prestación del servicio de agua potable como derecho humano?, ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?

Mientras a la ministra de Salud Mary Denisse Munive Angermüller le indagó: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado este ministerio al respecto como ente obligado-artículos 267 y 268 de la Ley General de Salud, Ley 5395- a garantizar la calidad del agua potable?, ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?

Finalmente, a Nelson Morera Paniagua director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) le preguntó sobre: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado el SFE al respecto como ente encargado -inciso e, artículo 2 de la Ley 7664- de regular el uso y manejo de sustancias químicas en procura de proteger la salud humana y el ambiente? ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?

Según EcoCipreses “hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de que San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar activándose un protocolo que implica girar las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo”.

En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente a 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.

Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas aunque en los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Denuncian contaminación del agua potable de las piñeras en Río Cuarto

  • Visita de presidente y acto con alcalde genera descontento en la comunidad

La Zona Norte del país donde se concentra la mayoría del cultivo de piña sigue siendo una de las más afectadas a causa de sus impactos socio ambientales. Un ejemplo de esto es la situación del cantón Río Cuarto, pues recientemente las personas vecinas denunciaron que “recibieron una notificación sobre el cierre por orden sanitaria del Acueducto La Tabla debido a la contaminación por bromacil”, un agroquímico prohibido en el país desde el 2018. La comunidad se cuestiona cómo siguen pasando estas situaciones: “Seguimos recibiendo malas noticias”, “creíamos que el problema del agua ya se había solucionado”, “¿qué les vamos a heredar a nuestros hijos?”, son algunas de las impresiones de vecinos y vecinas de este cantón.

Miguel Ángel Salazar Campos, vecino de La Españolita, expone que el uso de agroquímicos como el bromacil, ya se realiza incluso por parte de los pequeños agricultores, y comenta que “para ellos es una gran gracia decir que “compré tal producto que mata las hierbas, mata esto o lo otro” y nos están matando a nosotros mismos, eso no lo comentan ellos, por desconocimiento” y sugiere que ojalá esto no pase más y que es importante informarse para descontinuar estas prácticas. Sin embargo, la comunidad tiene claro que esta problemática no viene de los pequeños agricultores exclusivamente sino de las grandes empresas transnacionales.

A esta problemática se añade el trabajo insatisfactorio en temas ambientales de parte del gobierno local. Héctor Dávila Sosa del Sindicato Nacional de trabajadores y trabajadoras de los Agrocultivos comenta:

“Nosotros consideramos que es una falta grave de conciencia por parte del gobierno local porque consideramos que pueden hacer más, la gestión municipal en tema ambiental con las piñeras del cantón no ha sido tan bueno, hasta puede entrar esto como una hipocresía política debido a que el alcalde y el gobierno local no le ponen mano dura a las empresas que se encargan de sembrar, producir y exportar productos como la piña que es uno de los principales consumidores de este agroquímico.”

El pasado viernes 10 de noviembre, días después de la denuncia de cierre del acueducto, el presidente Rodrigo Chaves hizo una visita al cantón de Río Cuarto . Tras recibir una canasta de piña de la “Finca Joselyn” por parte del alcalde del cantón José Miguel Jiménez, varias personas de la comunidad expresan su descontento ante esta acción e incluso algunos mencionaron que esta visita es parte de la propaganda política debido a las elecciones municipales del 2024:

“Invitar al presidente fue más de propaganda porque no se abrió el espacio para una conferencia de prensa que permitiera preguntarle sobre la contaminación del agua, las violaciones de derechos, la contaminación de ríos, la tala de árboles, la expansión desmedida… no vemos interés en el ejecutivo para frenar esta crisis”, menciona Héctor Dávila.

Elena Trigueros comenta que la Finca Joselyn “es la finca donde más se violan derechos en la Zona Norte, donde contratan a personas indocumentadas, donde esas personas tienen que pagar sus utensilios para trabajar, les pagan mal, no tienen aguinaldos, no tienen vacaciones, él [el alcalde] es sabedor, simplemente se hace de la vista gorda porque como él no es el perjudicado entonces dice uno: ¿a dónde puedo acudir si las autoridades son sabedoras y no hacen nada por el bienestar del cantón de Río Cuarto? No solamente es arreglar calles, ni andar diciendo «hice» o «hicimos», pero no se preocupan tampoco del bienestar laboral de las personas.”

Ella añade que “el Gobierno dice: se generó “tanto” ingreso de las transnacionales y hay “tantos” empleos para las personas, pero realmente no están para escucharnos a nosotros, yo creo que deberíamos llevarlo a instancias internacionales que tal vez sí nos tomen más en cuenta.”

De igual forma, ella comenta lo complejo que es para la comunidad llevar a cabo acciones porque a las personas les da miedo hablar, ser señalados o no obtener trabajo en esas empresas, que lamentablemente son las que brindan más empleo, ella comenta que alzar la voz sobre esta lucha ocasiona “que todo el mundo lo vea a uno con malos ojos, solamente por buscar un bienestar.”

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

ARESEP convoca mesa de trabajo sobre contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago

Después de más de un año de recibir agua en cisterna y estar pagando la misma tarifa por agua contaminada con metabolitos de clorotalonil ARESEP convocó el 10 de noviembre a la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes.

Según la convocatoria de ARESEP “en atención a la situación que vive el acueducto de la comunidad de Cipreses en Oreamuno de Cartago y debido a varias consultas realizadas a la Intendencia de Agua referentes a temas de calidad del agua y tarifas, aunado también al objetivo de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos, es de interés realizar una mesa de trabajo para abordar desde un punto integral dicha situación”.

La Intendencia de Agua está solicitando al: “AyA su participación es requerida en calidad de ente rector y delegante del servicio de acueducto, donde es de interés contar con un representante de la Presidencia Ejecutiva, Orac Central Este y Laboratorio Nacional de Aguas, los cuales puedan ampliar la situación que se vive en la comunidad de Cipreses”.

También de la Asada Cipreses “se requiere de su presencia a fin de indique las acciones que han desarrollado para abarcar el manejo de la no conformidad asociada a la presencia de metabolitos de la molécula de Clorotalonil”.

Mientras aseguró que “en vista de las consultas realizadas por representantes de la organización Eco Cipreses, es de interés que participen en la mesa de trabajo a fin de que puedan manifestar las dudas y consultas referentes al manejo del caso en la comunidad de Cipreses”.

Por otra parte, ARESEP solicitó: “debido a su importancia en la búsqueda de soluciones al caso de Cipreses se extiende la invitación al Ministerio de Salud, ya que su presencia es de suma importancia para comprender la atención del tema, lo anterior debido a su rol como ente rector de la salud en el país”.

El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.

Pese a lo anterior el AYA ya solicitó una prórroga a la Sala Cuarta hasta el 2026 evidenciando la intención de heredar al siguiente gobierno el problema, el MAG ha dado mensajes contradictorios y el Ministerio de Salud guarda silencio. La Sala IV le dio tiempo al AYA hasta febrero de 2024 para resolver la situación.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

A y A solicita prórroga hasta el 2026 para el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en el tema del clorotalonil en Cipreses de Cartago

  • Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica para detectar degradados del clorotalonil en el agua potable, pese a existir gestiones por parte del AyA para robustecer dicho laboratorio aún no se cuenta con apoyo concreto de las altas autoridades de Gobierno.

  • Ministro de Agricultura y Ganadería acepta que deberá prohibirse el clorotalonil, pero no dice cuándo. Mientras tanto AyA sigue asumiendo costos de distribución de agua sin degradados del agrotóxico para miles de personas en la zona Norte de Cartago

El 14 de abril del 2023, el Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente y Energía y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitieron el Informe Técnico Clorotalonil, que contiene las medidas y recomendaciones para solventar el problema de contaminación ocasionado por los metabolitos de ese plaguicida. A partir de esto, la Sala ordenó la adopción y ejecución de las medidas señaladas en el informe técnico para dentro de seis meses contados a partir de la notificación de tal resolución (plazo que comenzó a correr en agosto de 2023 y que estaría pronto a finalizar el 6 de diciembre). Ante esto Acueductos y Alcantarillados realizó una solicitud para aumentar el plazo otorgado para la ejecución de las labores que ordenó la Sala Constitucional.

También, la Sala había ordenado continuar con los muestreos específicos de metabolitos de Clorotalonil en las fuentes y sugirió que la investigación que se llevará a cabo en conjunto con el Ministerio de Salud, el Laboratorio Nacional de Aguas y el IRIET – UNA, y que debía consolidarse por parte del AyA a través de un convenio en tiempo, costos y recursos.

En una consulta de los vecinos realizó la consulta al Director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil, a lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.

Por otra parte, el 24 de agosto del 2023, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, solicitó una adición y aclaración de la sentencia de la Sala Constitucional argumentando que la posición del MAG no tiene como fin último la prohibición del uso del clorotalonil, sino la búsqueda de opciones que controlen y reduzcan el uso de este, ya que el comentó que el “Informe Técnico Clorotalonil” no era preciso.

Sin embargo, el medio Central Noticias le realizó una pregunta al ministro, con respecto al procedimiento de prohibición del agroquímico a lo que él respondió: “Es lo que mandó a decir la Sala, digamos indistintamente de si el criterio técnico amerita la prohibición o no, eso no lo sabemos, la sala dijo que hay que prohibir y nosotros tenemos que acatar lo que la sala dice”, demostrando la contradicción del ministro y dejando en claro que hay dos discursos ante esta situación.

“Mientras se siga aplicando clorotalonil sobre las áreas de recarga acuífera la cuenta regresiva para que las nacientes se descontaminen no va a iniciar, es lamentable ver que en este Gobierno quieren postergar decisiones de tan singular importancia para la salud ambiental y de las personas” indicó Fabián Pacheco del Frente Ecologista de Cipreses, así mismo continúa diciendo: “Nuestra lucha también es por tener un Laboratorio Nacional de Aguas robusto, con capacidad técnica instalada, queremos tener un laboratorio con total capacidad de garantizar la calidad y pureza del agua para toda Costa Rica, nos merecemos lo mejor como país y no tener arrinconado un laboratorio de tan singular importancia como lo es el señalado

En todo caso si le quieren dar largas a la solución del problema del Clorotalonil todos perdemos. pierde la salud ambiental y de la gente. Desde el Frente Eco Cipreses mantendremos una Campaña activa a nivel nacional e internacional hasta que se haga cumplir nuestro derecho constitucional” afirmó el Frente Ecologista de Cipreses de Cartago.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Luchas por el agua en el Valle la Estrella: ¿Qué hemos aprendido para enfrentar nuestro contexto actual?

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con Luis Soto Ramírez y Joaquín Chávez Vega, para conocer más de cerca la historia reciente de luchas por el agua en el Valle la Estrella y los balances que realizan a partir de los aprendizajes construidos durante estos años. Reflexionamos sobre los principales aprendizajes de cara a los desafíos que hoy enfrenta la comunidad ante la erosión de las frágiles condiciones del agua potable en el Valle.

Para escuchar esta conversación, ingrese en este enlace.

Venenos en Zona de Los Santos con falsos «gasificadores»

Freddy Pacheco León

Si nos rigen reglamentos que no prohíben la emisión de DIOXINAS Y FURANOS provenientes de plásticos incinerados a temperaturas menores a 800°C, altamente contaminantes con químicos de carácter orgánicos persistentes que provocan cáncer, patologías inmunológicas y endocrinas, diabetes y malformaciones congénitas, las comunidades amenazadas, como en la formidable zona de Los Santos, constitucionalmente SÍ pueden hacerlo. El ambiente sano es un derecho constitucional, efectivo, que no se queda en el papel, y que hay que hacer cumplir, aún en contra del Ministerio de Ambiente.

Ha de recordarse que el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) reúne a más de 150 países en su lucha global contra la contaminación de DIOXINAS Y FURANOS. Por eso, los incineradores convencionales aeróbicos, que actúan como ¡fábricas tóxicas! a partir del muy usado PVC presente en la basura, están prohibidos en países celosos de la salud de sus habitantes, y Costa Rica no debe ser la excepción, como lo habría de plantear el Ministerio de Salud, y todos los proveedores de agua potable.

Es preciso aclarar que un incinerador NO es lo mismo que un gasificador; que la diferencia no es solo de nombre. El incinerador puede producir combustión incompleta, si se alimenta con materiales densos o de difícil combustión, por lo que, inevitablemente, produce gases de combustión contaminantes, muy tóxicos, letales, para la salud humana.

Para que un GASIFICADOR pudiese ser llamado como tal, ha de funcionar en ¡AUSENCIA TOTAL DE OXÍGENO! De cumplir ese requisito fundamental, y muy costoso de lograr, su combustión podría ser completa, hasta liberar CO2 y H2O como productos finales. E incluso, puede adaptarse para producir gas de síntesis (CO y H2) que se utiliza en el conocido proceso de Fisher-Tropsh para producir combustibles sintéticos. Mientras que LOS INCINERADORES, aunque, como en Tarrazú y otros lugares, los presenten engañosamente como «GASIFICADORES», funcionan a temperaturas y calor medios, por lo que, sólo se pueden utilizar turbinas de vapor para generar la electricidad, mientras liberan otros gases nocivos. LOS GASIFICADORES sí generan alto calor y temperatura por lo que, pueden utilizarse turbinas de gas (más eficientes) y turbinas de vapor para la generación de energía eléctrica, aumentando considerablemente la eficiencia.

Pues bien, hasta hoy, en Costa Rica ninguna empresa pública o privada ha mostrado la capacidad de proponer proyectos de destrucción de la basura EN AUSENCIA DE OXÍGENO. Y así, aunque hay quienes, en el ámbito de organizaciones municipales, con alcaldes promotores, están hablando de “gasificadores”, ha quedado en evidencia que se trata de tecnologías altamente contaminantes para la salud humana, pues esos incineradores funcionarían en presencia de oxígeno, y por tanto, serían productores de los altamente tóxicos DIOXINAS Y FURANOS, además de metales pesados.

Sobre esta vital diferencia ha de alertarse a los habitantes que ya se han percatado de la amenaza de construir en sus comunidades, quemadores de basura altamente contaminantes, con el cuento de que se trata de «GASIFICADORES». Además del agua superficial y de su subsuelo, lo que se contaminaría más sensiblemente, e inevitablemente, es el aire que respirarían, incluso a kilómetros de distancia de la planta incineradora. Plantas que, además, requerirán de un botadero gigantesco de basura, proveniente quién sabe de dónde, que les provea el combustible… para el macabro negocio.

Cabe recordar que hace unos años, el alcalde Araya, de San José, convenció a un grupo de sus colegas reunidos en una federación, de propiciar la construcción de INCINERADORES de basura en varios cantones. Así lo propuso también en su programa electoral de gobierno, cuando fue candidato presidencial. O sea, la idea no es nueva ni inocente. Ya fue rechazada por algunas municipalidades, que en principio se interesaron.

Sea en Dota o en otras comunidades, es el pueblo, los hijos del cantón, y todos los costarricenses que valoran vivir en un ambiente sano, los que tenemos la palabra y las armas cívicas capaces de luchar por la salud de sus seres queridos. La responsabilidad es compartida.