Es cierto que durante el periodo de globalización posterior a la tercera revolución industrial, se ha dado una magnificación del avance tecnológico, en este sentido los avances tecnológicos en materia de comunicaciones y flujos de la información (educación, noticias, computación) han avanzado estrepitosamente, y las últimas dos décadas han estado marcadas por el proceso de obsolescencia como nunca en la historia.
El surgimiento de las redes sociales (twitter, facebook, instagram) en el mundo occidental ha llevado a la creación cada vez más frecuente de un proceso de consolidación de una realidad virtual-paralela, la cual está mediada por una serie de elementos peligrosos como la aparición de nuevos sujetos como los “influencers” de dichas redes, los cuales logran como su nombre lo dice «influenciar» la opinión de la masa de personas que se ubican e interactúan en dichas redes; es necesario reflexionar de forma clara que el “éxito” dentro de una red social como “Youtube” va a estar determinado por las operaciones que ejecute el algoritmo con el que funciona dicha red, dichos algoritmos lejos de estar desprovistos de “sesgos” y ser “máquinas objetivas”, poseen como ya ha sido señalado por diversos autores, elementos de desviación hacia nociones clasistas, racistas y patriarcales. Los activos “intangibles” de las corporaciones tecnológicas son estos algoritmos, por ende hay un control total de las mismas corporaciones sobre sus activos y un cero escrutinio público sobre sus mecanismos.
Es necesario reflexionar un momento sobre como actualmente, estos algoritmos, han llevado a la consolidación de elementos reales a partir de la virtualidad como la generación de lo que se ha conocido como la «posverdad»[1] con el ejemplo clave de su operación mediática y política como la autoproclamación de un presidente en la Venezuela Bolivariana; o por otro lado el secuestro de información personal desde las plataformas sociales con fines electorales como es el ejemplo del Cambridge Analytica y su vinculación con Facebook.
A pesar de que lo virtual está influyendo sobre la realidad concreta, no necesariamente viceversa la relación en un sentido bilateral, existen aspectos que no pueden ser modificados por la virtualidad como es el caso de la crisis ecológica que atravesamos, mientras surgen figuras “hipermediatizadas” en rescate de la naturaleza y en combate del establishment ambiental (ONU, COP) como Greta Thunberg, la cual desde su surgimiento ha «logrado» una gran sensibilización (sic) de las personas, sin embargo ningún indicador para la medición de la crisis ambiental ha mostrado una sola cifra positiva, todas continúan en negativo, lo cual tiene un sentido lógico dentro del algoritmo, lo antisistema no puede ser mainstream, y es por eso que los asesinatos sistemáticos de quienes vienen defendiendo el planeta desde el hemisferio sur no existen viralmente en las redes, así como tampoco la crisis humanitaria yemení.
En las comunidades de Guacimal de Puntarenas y San Ramón de Alajuela se realizaron las primeras reuniones comunitarias de la Alianza por una Vida Digna. Compartimos fotos de ambas reuniones.
En la primera, realizada el 28 de setiembre, los temas de la conversación giraron en torno al grave problema de empleo en esta zona, así como en relación con la necesidad de democratizar la tenencia de las frecuencias radiofónicas ahora que estamos en el proceso de digitalización.
En la segunda, el 11 de octubre, el grupo de habitantes ramonenses contaron detalles del proceso mediante el cual se ha venido desarrollando la construcción de las Asambleas Patrióticas Populares. Asimismo, informaron de los esfuerzos educativos y organizacionales en torno al Hospital Sin Paredes, experiencia de salud encabezada por el doctor Juan Guillermo Ortiz Guier quien impulsó este concepto comunitario en 1955. Lamentablemente la institucionalidad no fue capaz de sostener este enfoque de salud primaria.
Pronto esperamos compartir textos de las personas de estas
comunidades.
La Alianza por una Vida Digna continuará en este esfuerzo por desarrollar esta lucha cultural desde las comunidades y las regiones.
He visto y escuchado, con mucha decepción y con un poco de
tristeza, la intervención que hiciera doña Pilar Cisneros hace unos días. Lo
primero que sentí al escucharla es que esa no es la doña Pilar que yo conocí y
con la que trabajé, aquella mujer valiente que se oponía a los poderosos en
defensa de la justicia, en defensa de los desprotegidos. Ahora ella misma se
alía con los poderosos, con los medios de comunicación que ella conoce muy
bien, con las cámaras patronales y con los partidos tradiciones y se sube a esa
ola de borrachera antisindical que está hundiendo al país en el odio, en el
temor y en la división.
Yo quiero de manera breve comentar algunos de los puntos de
esa intervención.
Empecemos por los salarios. Cuando usted y yo, doña Pilar, trabajábamos
en Canal 7, hicimos muchas veces la denuncia de unos salarios insultantes.
Recuerdo que en una oportunidad yo le preguntaba a la gente en la calle: ¿Qué
haría usted con un salario de medio millón al día? Y la gente se quedaba
congelada. ¿Medio millón al día? En esa ocasión había un alto jerarca con ese
salario. ¿Hizo algo el poder en torno a esto? Usted recuerda: No hicieron nada,
ni una hoja se movió. Lo altos salariazos siguieron oscureciendo nuestro
paisaje y aquí paz y allá gloria.
Recientemente hemos tenido casos como el de un gerente
bancario que ganaba 29 millones; el del presidente
de otro banco, 10 millones; el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, 8
millones; el regulador general, 7 millones.
Tratando de hacer frente al
escándalo, el presidente puso un tope. Nadie podrá ganar más de 9,2 millones
(ahora habla de poco más de 8 millones). Pero resulta que hay un jerarca por
ahí al que no le bastaron, entonces siguió ganando 13 millones mes a mes. La
señora Ministra de Hacienda, esa misma que lleva la batuta en el estrujamiento
de los trabajadores, dijo entonces que tal excedente en ese salario era legal,
pues eran pluses que se habían fijado de acuerdo con la ley. Pero también los
salarios de los trabajadores tienen fundamento legal, pues las convenciones
colectivas tienen rango de ley. “La ley se estira y se encoje según a quien se
le aplica”, decía Aquileo Echeverría. Sabia frase.
Yo suelo hacer el chiste (que es
muy real), de que Albert Einstein ganaba en la Universidad de Princeton una
suma equivalente a 7 millones de colones de hoy. Alexander Fleming, al
descubridor de la penicilina, ganaba en la Universidad de Londres 4,5 millones.
Estos jerarcas nuestros quién sabe dónde estudiaron, pero ganan más que
Einstein y más que Fleming.
El asunto de fondo es que no hay
voluntad de parte del poder político, las cámaras patronales y los partidos
políticos de acabar con el festín de los altos salarios. Pero sí se lanzan en
cruzada contra los trabajadores que luchan por llevar un milloncito a su casa.
(Hay que hacer la aclaración de que la mayoría de los salarios del sector
público no llegan a un millón; un millón es el promedio de los salarios
públicos, lo que indica que hay decenas de miles de empleados que ganan menos).
Al comienzo del gobierno pasado,
el presidente Solís dijo que él no iba a poner en discusión el tema del empleo
público en general y de los salarios en particular. Adujo que, de todos modos,
ese tema no iba a rendir frutos al fisco en menos de 20 años. Yo publiqué
entonces un artículo afirmando que la actitud del presidente era una
irresponsabilidad, que el asunto debió haberse comenzado a discutir hacía
muchos años. Pero efectivamente ni se discutió antes, ni se discutió entonces,
ni se discute ahora. Simplemente se imponen remiendos de manera antidemocrática
e injusta.
Vamos con los salarios de los
médicos.
No es cierto que los salarios de la médicos, grandes o
pequeños, tengan que ver con el problema fiscal del país o con esa deuda de 12
millones de millones que a todos nos preocupa. De todos los salarios del
Estado, solo el 42% se pagan con dinero de los impuestos. El resto, los otros
58%, corresponden a instituciones que no dependen del fisco y que se financian
con sus propias rentas. Nosotros podríamos reducir a cero los salarios del ICE,
o de RECOPE, o del INS, que en nada se vería afectada la deuda interna. Lo
mismo ocurre con los médicos. La CCSS es una entidad que se financia con rentas
propias que provienen de ese aporte que hacemos los trabajadores mes a mes.
Poner como argumento la deuda pública para atacar a los
médicos y sus remuneraciones no puede calificarse sino de demagogia.
Los salarios de los médicos han sido satanizados de manera
irracional e injusta. ¿Cuánto gana un médico? Tengo en mi familia un caso de un
profesional graduado hace tres años después de nueve años de estudio en la
Universidad de Costa Rica y su salario normal apenas llega a un millón y medio.
Le llegan, después de todas las rebajas, unos 900.000 mil colones. Un médico
general de esta categoría ve a 30 pacientes diarios, 600 al mes. Eso quiere
decir que cada cita médica le cuesta a la CCSS 2.500 colones. ¿Y esto le parece
un privilegio excesivo? ¿Es justo entonces atacar, vilipendiar, acosar a estos
trabajadores?
La Caja tiene 55 mil empleados, y de ellos solamente 2.300,
menos del 5%, devengan salarios superiores a 5 millones de colones. Aunque allí
están incluidos su Presidente Ejecutivo, los directivos y demás jerarcas
nombrados por la política, la mayoría de ellos corresponde a médicos muy
especializados, muy calificados y con mucha experiencia. Entonces, no parece
justo acosas, amedrentar y vilipendiar al 95% de esos empleados de la salud por
algo que no nos gusta del otro 5%.
Doña Pilar recurre a un truco muy poco encomiable cuando
mete el enganche médico en esta discusión. Ese privilegio, repudiado por casi
todos, no ha sido eliminado porque los partidos tradicionales no han querido
eliminarlo. Hay que reconocer que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa
con ese propósito, pero todavía estamos esperando que algo pase. Pero el
enganche médico no ha estado nunca entre las peticiones de las huelgas
recientes, no forma parte de las peticiones de los trabajadores y varios
sindicatos, entre ellos la ANEP y su líder Albino Vargas, lo han condenado en
reiteradas ocasiones.
Aparte de la Caja, hay en el Estado 1.200 empleados que
ganan más de 5 millones de colones. Entre ellos están esos angurrientos de
salarios de 8 millones o más, los altos jerarcas impuestos por los políticos y
por la política de que hablábamos arriba.
Estos 1.200 salarios constituyen el 0,5% del total, una
minoría ínfima. Entonces, por un lado, el Estado podría resolver el problema de
esa minoría que no representa mayor problema. Pero lo que pasa es que están
usando esos datos para atacar de manera falaz e inmoral al resto de los
trabajadores.
¿Por qué esta histeria antisindical? ¿A qué se debe esta
orgía de ataque a los trabajadores?
Tengo en mi poder un estudio que calcula la evolución de los
salarios de los médicos generales con las nuevas normas fiscales recientemente
aprobadas. Sucede que para el año 2023 el trabajador habrá dejado de percibir
14,3 millones de colones. Los demás trabajadores de las demás profesiones
correrán la misma suerte. El fin confeso es ese plan: reducir los salarios de
las clases medias, empobrecer a este sector.
Aducen, entre otras cosas, el “privilegio” de los empleados
públicos respecto a los del sector privado. No dicen, sin embargo, que la
verdadera vergüenza nacional es que el salario promedio de los trabajadores del
sector privado es de 370 mil colones, una infamia que no tiene perdón.
Esa diferencia en el salario se debe a dos factores. El
primero es que los empleados públicos en un 75% o más son profesionales. En el
sector privado es exactamente al revés: son profesionales solo el 26%. Aun así
los salarios públicos son superiores en todos los rangos.
Es muy posible que los salarios públicos siempre hayan sido
mayores que los de la empresa privada. Pero además esos salarios se vieron
incentivados por la lucha sindical y las convenciones colectivas. Frente a las
dificultades de esta lucha, los trabajadores encontraron maneras de ver
mejorados sus ingresos, efecto producido principalmente por los pluses. Un
salario como el del médico que arriba mencioné, está compuesto por 900 mil de
base y 600 mil de pluses. Si desde un primer momento el sueldo del galeno se
hubiera cifrado en un millón y medio (o su correspondiente para la época de que
se trate), no hubiera sido necesario ese recurso de los pluses o, al menos, no
hubieran llegado a significar una parte tan importante del salario. (Los pluses
también existen en la empresa privada, principalmente los que tienen que ver
con la antigüedad; algunas empresas también reconocen la capacitación
profesional, conocimiento de un segundo idioma, etc.)
Cabe señalar que los aumentos salariales del sector público
tienen una gran deuda con los sindicatos; no así en la empresa privada, donde
el sindicalismo ha sido perseguido a sangre y fuego. Si en el sector privado
hubiera, por lo menos en parte, alguna libertad sindical, es muy posible que
esas disparidades que comentamos tendieran a cerrarse.
Vamos a pasar a las pensiones.
De nuevo, este tema es motivo de la histeria mediática y en
torno a él se miente y se tergiversa.
Hay que decir para comenzar que, salvo en una pequeña
porción, las pensiones nada tienen que ver con el fisco ni con la deuda
pública.
Veamos. Hay cuatro regímenes fundamentales. El primero es el
de la Caja, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y paga pensión a 269.881
beneficiarios, 53,58% de ellos por vejez, 27,13% por muerte y 19.28% por
invalidez.
Este régimen tiene un tope máximo ¢1.612.000 en sus
beneficios.
¿Cómo se financia este régimen? Con fondos propios, por el
aporte que mes a mes hacen los asegurados (un 3,84% de su salario), más los
aportes de la patronal y el gobierno.
El segundo régimen es el del Poder Judicial. Este tiene
3.737 beneficiaros, es decir, funcionarios jubilados. De ellos 735, el 19%,
disfruta de pensiones mayores a los 2,5 millones de colones. Es más, solo 257
pensionados, el 6,8% del total, recibe pensiones superiores a 3,5 millones de
colones, es decir, que podrían calificarse como pensiones de lujo. Pero eso lo
ocultan la prensa, las cámaras patronales y los partidos tradiciones, y utilizan
la situación de ese 6,8% para denigrar al conjunto de los trabajadores
judiciales.
De nuevo hay que decir que las pensiones del Poder Judicial
nada tienen que ver ni con el déficit público, ni con la deuda del Estado, ni
con el fisco, pues este régimen se sostiene con sus propios ingresos,
provenientes del aporte de los empleados (en este caso el 13% de su salario),
más los del patrono y el Estado.
Más compleja es la situación con las pensiones del Magisterio
porque allí hay dos regímenes. Uno es el Régimen de Capitalización, creado en
1995, y que da pensión a poco más de 1.500 personas. Este régimen de pensiones
tampoco tiene nada que ver ni con el fisco ni con la deuda interna, pues él es
un ente autosuficiente, que se financia con las cotizaciones de los educadores,
un 8% de su salario.
El problema lo ofrece el otro, el Régimen Transitorio de
Reparto. Con ese nombre se denominó en 1995 lo que venía rigiendo en la materia
desde 1958, cuando se creó el Sistema
de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Pero sucede, primero, que
desde 1958 y durante 35 años los distintos gobiernos les robaron a los maestros
sus cotizaciones. Ese dinerito con que mes a mes cada uno contribuía, lo
utilizaba el gobierno para sus gastos corrientes, y nunca conformó un fondo de
ahorro o un fondo de capitalización.
Entonces, como no había fondo, las pensiones se iban pagando a costa del
presupuesto nacional.
Y segundo problema
es que durante muchos años los gobiernos tuvieron la costumbre de sacar a sus
amigotes de la academia y nombrarlos en puestos burocráticos (embajadores,
viceministros, oficiales mayores, etc.) con el fin de elevarles la pensión. Son
esos pensionados los que inflan la lista de los pensionados de lujo.
¿Cuántas son las
pensiones altas?
No hay claridad en
el país acerca de qué se considera una pensión de lujo. Lo corriente es que se
llame así a la superior a 3,9 millones. Son esas las pensiones que devengan el
llamado aporte solidario, es decir, una especie de impuesto de renta. El
gobierno pasado intentó imponer ese aporte a aquellas que fueran superiores a
2,7 millones, considerando ese monto como el piso de las pensiones de lujo. Y
hay quienes afirman que son lujo aquellas jubilaciones que sobrepasan en máximo
que paga el IVM, 1,6 millones de colones.
Con estos
parámetros tenemos que en el Magisterio existen 750 pensiones de más de 3,9
millones y 1.862 que se sitúan entre esa cifra y los 2,7 millones.
Existen otras
llamadas de Gobierno que reúnen a 379 beneficiarios con más de 2,7 millones de
colones.
Entonces yo
pregunto: ¿Es justo vilipendiar, acorralar, insultar, amedrentar a 275.000
trabajadores públicos por las pensiones de esos 3.000 jubilados de lujo?
Porque eso es lo
que hacen los medios, las cámaras y los partidos tradicionales, no buscar
soluciones racionales y consensuadas al problema, sino acosar y desprestigiar a
los empleados públicos y sus organizaciones. Y a esa campaña de terror se une
ahora, por desdicha, doña Pilar.
Termino anotando brevemente que hay una inequidad muy poco
alentadora en nuestro sistema de pensiones del IVM, y es que un trabajador que comienza
a cotizar a los 35 años de edad se pensiona a los 65 años con 360 cuotas y con los
mismos beneficios que otro que empezó a cotizar a los 18, y llega a los 65 años
con 564 cuotas.
Esta injusticia se había paliado un poco con la pensión
adelantada a los 60 para las mujeres y 62 para los varones, pero esa medida fue
eliminada de una manera arbitraria e injusta.
De eso deberíamos estar hablando de manera serena y
responsable, no subidos en esa ola de terrorismo mediático.
Dice doña Pilar en su intervención que “no existen
costarricenses más costarricenses que otros”. Siento discrepar. Sí existen unos
ticos de primera y otros de segunda.
Hace diez años doña Pilar y yo denunciamos por Canal 7 la
existencia de megaempresas que reportaban ganancias cero y que, por tanto, no
pagaban impuestos.
Yo guardo copia del guion de ese reportaje. Allí
denunciábamos a 78 empresas cuyos ingresos sumaban dos millones de millones de
colones, lo que en aquella época equivalía a la mitad del presupuesto nacional
de la República. Había una con ingresos de 624 mil millones de colones. Otra
con 205 millones, tres con más de 100 mil millones y así sucesivamente. Por
esas sumas gigantescas de ingresos, esos gigantes pagaban cero impuestos. ¿Cómo
la hacían? Pues reportando sumas iguales, idénticas, de gastos.
Un ejemplo. Una reportó ingresos por 29.405.474.975 con 65
céntimos. Al lado, en los costos, como copiado por copy paste, la misma suma, hasta con sus centavos. Los
sinvergüenzas no tuvieron ni la molestia de poner, por ejemplo, 50 céntimos en
vez de 65.
En resumen, esa fue la historia. La denunciamos y, como era
de esperarse, no pasó nada. Seguimos viviendo en el país más feliz de la
tierra.
Diez años después, en medio de la pasada huelga y como
resultado de la huelga, vuelve a salir a la luz el tema de las megaempresas con
ganancias cero. Muchas personas ya venían advirtiendo sobre la elevada evasión
fiscal, pero fue el paquete tributario y la lucha contra él los que le dieron
volumen al tema.
Sucede que según datos de la Universidad Nacional la evasión
fiscal anda no muy lejos de los 3 millones de millones anuales. En una polémica
en televisión, el viceministro de Hacienda reconoció que esa evasión alcanzaba
del 2,4 millones de millones por año. Yo no tengo idea de cuánto es esa suma,
no me cabe en mi cabeza, pero si la evasión no existiera (o al menos no fuera
tan elevada) no habría ni déficit fiscal, ni deuda interna, ni la situación
calamitosa en que vivimos desde hace años.
Pero nadie hace nada. Al revés, ese plan fiscal que está
hundiendo al país en la recesión y al pueblo en la pobreza, les condona a los
grandes deudores 190.000 millones por medio de llamada amnistía tributaria. Pienso,
luego existo. No pagan, entonces los premiamos.
Entonces allí vemos que sí es cierto que unos son más
costarricenses que otros, que hay ticos de primera y ticos de segunda.
Recuerdo que recién llegada doña Pilar a Canal 7, y
hablándole de mi persona, le contaba que yo provenía de una familia muy pobre,
que había estudiado en una escuela pública y en un colegio público y que luego
fui a la Universidad de Costa Rica con beca 11, es decir, la universidad me
daba un estipendio para ayudarme con los gastos. De ninguna otra forma hubiera
podido yo estudiar. Ella entonces me dijo que cuando ella llegó a este país
proveniente de Perú, eso fue lo que más le llamó la atención: cómo los hijos de
familias pobres podían convertirse en profesionales. Porque en Perú, me agregó,
el hijo de peón es peón toda la vida y punto.
Costa Rica está atravesando por un momento muy difícil. Para
mí es el peor de su historia reciente. Está en marcha un gigantesco plan para
arrebatarle ese músculo acumulado por décadas. Quieren, en primer lugar y de
manera prioritaria, empobrecer a la población reduciendo sus salarios y quitándoles
servicios sociales con la excusa de reducir el gasto público.
Quieren devolver al país a la situación en que vivía antes
de las reformas de Calderón Guardia, y que tienen tres pilares básicos: la
universidad pública, el seguro social y el Código de Trabajo, los tres ahora
gravemente amenazados por el plan fiscal. Y para lograr eso, tienen que acabar
con los sindicatos, otra de las conquistas de los años cuarenta.
En resumen, nos quieren convertir en un país muy similar al
Perú que existía cuando doña Pilar era joven, allí donde el hijo del peón era
peón para toda la vida, allí donde solo existía una minúscula oligarquía
egoísta, corrupta y dictatorial, por un lado, y una masa empobrecida sin ningún
derecho. Eso es lo que quieren.
Y es esto en lo que hay que pensar y es contra esto que hay
que actuar.
Doña Pilar, usted es dueña de un gran cariño y un gran
respeto. Es un tesoro suyo, sin duda, pero también es un tesoro del pueblo de
Costa Rica.
Con ese poder en sus manos, usted podría liderar una lucha
por sacar al país de esta horrible pesadilla en que se encuentra, y enrumbarlo
por un camino de progreso, diálogo y paz.
SURCOS recibió de la Alianza por una Vida Digna el siguiente video que compartimos.
La Alianza por una Vida Digna es una iniciativa ciudadana orientada a la construcción de pensamiento crítico y democracia participativa, puede consultar toda la información aquí: https://surcosdigital.com/category/derechos/alianza/
“¿Quién dijo que todo está perdido? ”Porque aún queda “algo”, que es mucho, ¡no podemos seguir impasibles! El sueño de justicia y democracia es posible #AlianzaPorUnaVidaDigna ¡Actuemos ya! http://bit.ly/alianzavidadigna