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Etiqueta: ambiente

BLOQUEVERDE: “Femetrom abre concurso para instalar incineradora de residuos y ya le suenan tambores de guerra”

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

COMUNICADO DE PRENSA

• Conflicto intermunicipal ante incineración de residuos en la GAM; El Consejo municipal de Belén acordó oponerse de forma tajante a la instalación de proyectos de incineración.

• Femetrom subió a concurso en Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) un cartel para la licitación de una planta incineradora para 328.500 toneladas anuales, la fecha de cierre del concurso es el 10 de marzo del 2021

• El objeto del cartel es contratar un oferente que financie, diseñe, construya y opere, durante el plazo de 240 meses, una planta de incineración de residuos sólidos municipales y su disposición final.

Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (FEMETROM) abre concurso para instalar una incineradora de residuos en el valle central y ya le suenan tambores de guerra.

El Consejo municipal de Belén acordó oponerse de forma tajante a la instalación de proyectos de incineración en los límites del cantón de Belén, por el riesgo que implican para la salud de los pobladores. La oposición se efectuó mediante la moción aprobada el pasado martes 23 de junio y ratificada el martes 30 de junio de forma unánime por el consejo municipal. Dentro de los considerandos que la municipalidad de Belén expuso señalan: “El país tiene el plan de ser un país descarbonizado al año 2050. Mediante el Decreto Ejecutivo 41561 se oficializó el Plan Nacional de Descarbonización. Dicho plan establece una reducción muy significativa de las emisiones del país que afectan el cambio climático, lo que se contrapone con una planta de incineración, que más bien aumenta las emisiones a la atmósfera y promueve el cambio climático.”

Ulises Araya Chaves quién es regidor suplente en la Municipalidad de Belén indicó: “Con un contrato de incineración las municipalidades que fuesen parte perderían autonomía sobre sus residuos, hipotecando un jugoso presupuesto y por consiguiente su futuro económico para implementar soluciones reales que vayan de acuerdo a la filosofía de un país verde. En este contexto, promover la incineración de residuos significa renunciar a abordar el problema desde la raíz.

“Desde diversas organizaciones de la sociedad civil nos oponemos por los graves impactos ambientales, ampliamente documentados, de la incineración de residuos sólidos, esa es una actividad que con la excusa de producir electricidad demanda enormes cantidades de energía y produce dioxinas contaminantes. Más del 70% de las municipalidades sub ejecutan el 50% de su presupuesto, y muchas de ellas no cumplen con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Si tan sólo destinaran un porcentaje de estos recursos sub-ejecutados a una verdadera campaña Hacia Basura Cero, basada en rechazo al consumo de artículos contaminantes, compostaje, reutilización y reciclaje, no se consideraría la opción de incinerar” Indico el master en Agro biología Ambiental y ecologista Fabián Pacheco.

Así mismo continúa diciendo el Licenciado Pacheco:” La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos obliga en primera instancia a reducir la generación de residuos, sin embargo, la rentabilidad de la incineración depende más bien de que las cantidades de residuos se mantengan e incrementen. Lo anterior afecta directamente a las familias y organizaciones que actualmente dependen de actividades relacionadas con el reciclaje. La separación, el reciclaje y el tratamiento también son obligaciones estipuladas en la Ley, que establece asimismo la necesidad de redactar una política y un plan nacional de gestión de residuos que contenga una seria campaña de educación sobre el manejo responsable de los mismos”

Marlen Chacón Cubillo activista del Movimiento hacia Basura Cero Costa Rica señaló “Preocupa el desconocimiento de la ciudadanía sobre los impactos negativos que hay en la salud humana y en el ambiente” “se conocen estudios sobre el impacto de las dioxinas y furanos emitidos por estas plantas de incineración, generan malformaciones congénitas, alergias, enfermedades respiratorias y cáncer. Las mujeres tienen derecho a una gestación sana y libre de dioxinas de las incineradoras en la GAM” así mismo continúa diciendo:” sabemos que no existe en Costa Rica ni siquiera una regulación de los gases que este tipo de incineradoras emiten ni capacidad tecnológica instalada para un adecuado monitoreo de sus emisiones de gases tóxicos”

“Otro impacto es la desaparición de los centros de recuperación de residuos como cartón, plástico, etc… todo se iría a la basura porque ahora aparecería una planta que mágicamente desaparece hay una afectación económica sería a las personas que vivimos del reciclaje ya que la incineradora acapara y monopoliza los residuos.” indicó Marlen Chacón.

Así mismo concluyen los ecologistas: “La incineración no es una solución, sino que es un problema más y nadie lo debe querer cerca de su casa. Estamos en el absoluto derecho de decidir lo que se hace con los residuos que producimos. Optamos por una opción ecológica y de integración de actores ciudadanos. Optamos por la disminución en la producción de basura, la separación, el compostaje y el reciclaje. ¡No van a quemar nuestra esperanza y vamos a luchar con todos los mecanismos legales para que no se instalen incineradoras en la GAM!”

Publicado por BLOQUEVERDE, compartido con SURCOS por Paulina Mata Monge.

Explotación laboral en plantaciones agroindustriales agrava impactos de COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Proponemos la instalación de espacio multisectorial para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad.

Martes 9 de junio del 2020.

La situación de la pandemia por el COVID 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte.

En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala, Los Chiles y Río Cuarto se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19. Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.

La agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.

Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (de piña, naranja y otros productos) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:

  1. Estas empresas han funcionado por muchos años a partir de la explotación de trabajadores(as) costarricenses y migrantes; estos últimos representan un alto porcentaje del personal contratado. En estas fincas el trabajo se desarrolla muchas veces en condiciones inhumanas, lo que les permite maximizar sus ganancias. Es conocido que a los(as) trabajadores(as) migrantes indocumentados se les contrata con salarios menores a lo establecido por ley y sin garantías laborales, lo cual implica su exclusión del sistema de salud. De igual manera, los(as) trabajadores(as) costarricenses sufren constantes atropellos a su dignidad y violaciones a sus derechos laborales.
  2. Muchos(as) trabajadores(as) migrantes se mueven a través de las fronteras gracias a redes de corrupción, donde se ven involucrados funcionarios públicos, empresas, transportistas, contratistas y otros, quienes aprovechan su condición de vulnerabilidad para lucrar.
  3. Las condiciones de trabajo en general no cumplen con la legislación establecida, lo cual en el marco de la pandemia se refleja en una falta de protocolos sanitarios: los(as) trabajadores no cuentan con lugares ni con materiales para el lavado de manos constante, no cuentan con vestimenta apropiada ni con la distancia social recomendada por el Ministerio de Salud y se ha registrado que se trasladan a los trabajadores aglomerados en camiones hacia los centros de trabajo, sin ningún tipo de protección.
  4. Esta situación no es nueva, sino el resultado de prácticas históricas de estas empresas, de los gobiernos de turno y las redes criminales y representan en este momento de la Pandemia un alto costo social para el país.

Por lo tanto, solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:

  • Intervenir de manera inmediata las fincas agroindustriales de los cantones que se encuentran en alerta naranja, para salvaguardar la salud y la vida de los y las trabajadoras.
  • Asegurar que a los(as) trabajadores(as) de las empresas intervenidas les sean respetados sus derechos laborales.
  • Que se investiguen a profundidad las redes criminales, que posibilitan la explotación de personas migrantes.
  • Que se aborde la situación con un enfoque de Derechos Humanos y se asegure la atención médica a las personas trabajadoras y sus familias, independientemente de su estatus migratorio.
  • Que se instale un espacio de discusión y de toma de decisiones con la participación de organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos y de personas migrantes, gobiernos locales, instituciones del estado y organismos internacionales para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

Compartido con SURCOS por Marcos Chinchilla Montes.

Foto: https://ojoalclima.com

El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Grupo Economía Pluralista[i]
(8 de junio de 2020)

En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”

Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.

  1. A modo de introducción, hacemos ver dos detalles que, a estos efectos, son clave. Primero, debe entenderse que en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la UCCAEP agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Segundo, subrayamos que Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la UCCAEP. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas. Tener esto en cuenta refuerza lo que apuntamos más arriba: las perspectivas y opciones que se abren frente a la crisis son necesariamente diversas.
  2. La carta que Sáenz remite al presidente, ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la UCCAEP y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio. El propósito ideológico detrás de esto, es obvio: se apela a tan disparatada hipótesis para exigir que todas las políticas públicas giren alrededor de los intereses empresariales. Y aunque en este documento se pretende hacer creer que, de forma equitativa, se habla a nombre de todas las empresas, desde las micro hasta las más grandes, ello tan solo agranda la falsificación ideológica en la que se incurre. En este coro hay voces del todo inaudibles, y voces que cuentan con amplificadores poderosísimos. Estas últimas son, al cabo, las que realmente pesan en la narrativa que se nos ofrece.
  3. Compartimos el llamado que se formula, a la responsabilidad y el compromiso por parte de funcionarios, funcionarias e instituciones del sector público. Diferimos en la pretensión de que esa responsabilidad tiene como único destinatario el sector empresarial, cuando, en realidad, es el deber de la institucionalidad pública para con la ciudadanía en general, pero, muy en especial, los sectores más vulnerables y carenciados de nuestra sociedad. Es más que notorio que la UCCAEP exige responsabilidades pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmiten es el de que se consideran una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía.
  4. En términos generales, la valoración de conjunto que hacemos de las medidas que formula la UCCAEP, es que éstas proponen recurrir al “dumping social”, como mecanismo para recuperar la maltrecha competitividad empresarial. Es lo que, en general, se desprende de las propuestas en materia de flexibilización laboral, debilitamiento financiero de las instituciones de seguridad social, debilitamiento de la normativa ambiental y de los esfuerzos de control de la evasión y elusión tributaria. Si bien algunos elementos en el documento difieren de ese énfasis, el tono general está claramente centrado en ese aspecto. Es decir, en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca “aplanar” los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad. Lograr construir una economía de alta productividad, exige al sector público, asumir sus responsabilidades para el logro de mayor eficiencia y capacidad de respuesta. Pero ello también exige un compromiso paralelo y equivalente del sector privado. Sin embargo, y como ya hemos indicado, la UCCAEP elude cualquier posible compromiso o responsabilidad. Exige todo y no ofrece nada.
  5. Hay razones teóricas, tanto como evidencia empírica, que permiten poner en duda que ese mecanismo del “dumping social”, pueda tener efectos positivos en términos de reactivación de la economía, particularmente en el contexto de la crisis económica, nacional y mundial, desatada a partir de la crisis sanitarias del Covid-19. Pero aún en la hipótesis, sumamente optimista, de que ello pudiese propiciar una reactivación económica en el corto plazo, sus implicaciones en el mediano y largo plazo serían muy negativas, tanto desde el punto de vista económico, como social, político y ambiental. Lamentamos la falta de visión estratégica que la UCCAEP pone así de manifiesto.
  6. Nos resulta alarmante lo que se plantea en los puntos 1.1. a 1.6 (pp. 9-11), lo cual pareciera proclamar la renuncia explícita, por parte de esta organización, a cualquier compromiso, democráticamente formulado y acordado, en materia laboral, tributaria, ambiental, de protección a las personas consumidoras y a la salud de la población. Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto a los derechos humanos, son “acoso” contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total despego a las más elementales normas de convivencia en democracia.
  7. Es llamativo que en distintas partes del documento, se exija facilitar la participación privada en mercados (por ejemplo seguros, p. 29) donde hay una importante presencia estatal, pero que explícitamente se demande limitar la participación del ICE en construcción de obra pública (p. 28), un sector que, como es conocido, ha sido dominado ampliamente por un grupo muy pequeño de grandes empresas privadas, cuya eficiencia es por lo menos dudosa. Estas inconsistencias ideológicas, aportan mucho material para la reflexión.
  8. Reconocemos que se plantean aspectos positivos. Si la UCCAEP fuese una organización respetuosa de los principios democráticos más básicos, reconocería –pero no lo hace– que inclusive esas ideas, aun siendo susceptibles de un acuerdo más amplio, deben necesariamente pasar por un proceso de estudio y discusión. Hay otros planteamientos –lamentablemente los que marcan la tonalidad dominante de la propuesta– de signo muy regresivo, y por ello mismo sumamente polémicos. Una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo. Para la UCCAEP eso está totalmente descartado: su tono, autoritario e imperativo, niega cualquier posibilidad de diálogo y de construcción democrática de acuerdos . Ello se hace evidente, con singular estridencia, en relación con la cuestión de la venta de activos públicos. No obstante ser una problemática que suscita grandes desacuerdos, para la UCCAEP es un “fait accompli”. Nada hay que discutir al respecto, tan solo corresponde “definir -en un plazo perentorio- un plan de venta de activos del Estado” (p. 16).
  9. Deploramos el grado de descomposición moral que todo esto pone de manifiesto. Una poderosa organización empresarial que no asume compromisos ni responsabilidades, que exige todo pero no ofrece nada, y que abiertamente opta por desconocer los mecanismos propios de la democracia, no puede ser una buena representante del empresariado costarricense, ni mucho menos ejercer ninguna forma de liderazgo ante el país. Confiamos, sin embargo, que esto sea tan solo un fenómeno que afecta a un pequeño sector de ese empresariado, y que éste, en su mayor parte, sí asume un posicionamiento político, ético y moral, digno de respeto.
  10. Exhortamos al presidente Carlos Alvarado para que mantenga un mínimo de distancia crítica e independencia de decisión, frente a las presiones que, de forma tan abierta y desembozada, ejerce sobre él esta organización, siendo repudiable que se quiera aprovechar la crisis generada por la emergencia del Covid-19, para imponer, a espaldas de la democracia y la ciudadanía, una agenda de estrecho interés gremial-corporativo. Confiamos asimismo que el presidente sabrá interpretar el desafío que esto plantea a la democracia, y, por lo tanto, la necesidad de promover un debate nacional, amplio y pluralista, en relación con asuntos tan polémicos como las privatizaciones o la flexibilidad laboral, entre otros. Reiteramos nuestra disposición de diálogo con el presidente, en el tanto éste mantenga el interés por escuchar otras voces y considerar otras perspectivas, y, sobre todo, lo que es más importante, tenerlas efectivamente en cuenta.

[i] El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Imagen con fines ilustrativos: https://www.elindependientedegranada.es/blog/democracia-participativa-aproximacion-radical-parte-i-teoria

Educación, Buen Vivir y Ambiente – conversatorio

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Este viernes 5 de junio a las 6 de la tarde se realizará este conversatorio. El expositor del conversatorio será Giovanni Beluche, investigador que escribió el libro «Educación para el buen vivir. Saberes y sentires del pueblo Ngabe».

Además se contará con el aporte de Edén Froilán Fernández, estudiante indígena cabécar de la universidad Florencio del Castillo, y de Silvia Corbetta, profesora de la Universidad de Santiago del Estero-Argentina. Ella forma parte del proyecto regional de Pensamiento Ambiental Latinoamericano. Guadalupe Urbina y Édison Valverde completan el panel con el eje del Buen Vivir.

La actividad es a las 6 pm del día viernes 5 de junio 2020.

Se transmitirá por: https://www.facebook.com/Prof-Cristian-Marrero-Solano-1497300137245988/www.youtube.com/c/profcristianmarrero

La Alianza por una Vida Digna y la búsqueda de la confluencia de los movimientos de base de la sociedad

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Comunidad.

José María Gutiérrez – Héctor Ferlini-Salazar

La Alianza por una Vida Digna es un espacio de lucha cultural que busca contribuir con la generación de pensamiento y de propuestas alternativas a los modelos de desarrollo dominantes, las cuales surjan de amplios procesos de base social en Costa Rica. Procura aportar para que nuestro país se enrumbe por senderos de equidad, solidaridad, respeto a la diversidad y el cuidado y defensa del ambiente, en fin, por senderos de bien común.

La Alianza busca crear un espacio y un clima en el cual los sectores subalternos y que están en lucha por defensa de sus derechos se empoderen, al sentir que sus vivencias y anhelos son compartidos por otros sectores en el país, y que sus afanes a nivel local se enlazan con procesos similares en otros territorios y espacios. Ese clima fortalece la convicción de que, en medio de las dificultades y las crisis actual y pasadas, otro mundo es posible. Al hacerlo, se crean condiciones subjetivas para la organización y la articulación. La ausencia de esa lucha cultural, por el contrario, transmite el mensaje de que no hay alternativas a las visiones dominantes, limitando la esperanza.

Como se ha mostrado en muchas ocasiones, la lucha cultural es la llave de procesos sociales emancipatorios de diversa índole. La misma, sin embargo, debe ajustarse a los contextos y particularidades de territorios y sectores. Los problemas que convocan a la organización han variado y los sectores de la sociedad que muestran mayor dinamismo en lo organizativo también han cambiado. Además de sectores comunitarios, campesinos y sindicales, hoy asumen un papel protagónico la juventud, las mujeres, la población sexualmente diversa, los pueblos indígenas, los sectores ambientalistas y defensores del patrimonio biológico y cultural, y los grupos de intelectuales comprometidos, entre otros.

Este enorme dinamismo que se mueve en las bases de nuestra sociedad genera continuamente planteamientos, propuestas, críticas y soluciones, con una enorme creatividad. Se hace indispensable, en la coyuntura actual y en los tiempos por venir, estrechar lazos y buscar unidad en medio de esta rica diversidad. Se debe buscar la confluencia y comprender que, en medio de las particularidades, hay espacios comunes que le darían una gran fortaleza a estos procesos. La lucha cultural procura generar esos ámbitos de encuentro y articulación.

Hay en marcha una disputa por las ideas. A las visiones dominantes, que han mostrado su decadencia e incapacidad para generar bienestar en esta crisis del COVID-19, se debe anteponer la frescura de visiones de mundo que alimenten la justicia, la equidad y la solidaridad. La Alianza por una Vida Digna procura abrir espacios para que esas visiones alternativas tengan voz, se potencien, se encuentren y se enriquezcan. Esa voz y ese accionar colectivo contribuirán, sin duda, a gestar una sociedad más justa y digna.

Construyendo confluencia desde la base social

Escrito en . Publicado en Alianza, Aportes para el desarrollo.

Comentario del Encuentro de Confluencia Popular celebrado el 9 de mayo del 2020

José María Gutiérrez, profesor emérito Universidad de Costa Rica

Las enormes deficiencias e injusticias que caracterizan a los modelos de desarrollo prevalecientes han quedado una vez más al descubierto con la crisis generada por la pandemia COVID-19. Desde la década de 1980 se nos impone una propuesta centrada en el deterioro de las instituciones base del estado social de derecho, la privatización y depredación del ambiente, el reinado del mercado como la fuerza que dirige las sociedades, el predominio del individualismo y la mezquindad sobre la solidaridad y el bien común, y la exclusión y violencia estructural hacia sectores vulnerables de diverso tipo en nuestro país. Si bien ya venía siendo evidente, la incapacidad de este modelo para promover el bienestar y la equidad ha quedado al desnudo en esta crisis que es, a la vez que sanitaria, social, económica, ecológica y cultural. En el mundo entero se debate sobre lo que vendrá después.

Las propuestas para afrontar esta crisis por parte de los grupos de poder económico nacionales no pueden ser más decepcionantes. Han sido incapaces de mostrar una dosis de solidaridad, al no considerar ceder parte de sus enormes ganancias, mediante un impuesto transitorio, para apoyar a los sectores más golpeados en estos momentos acuciantes. Y también han sido incapaces de mostrar imaginación, para abrir espacios a opciones creativas y dignas; simplemente proponen más de lo mismo.

Pero en la sociedad costarricense se mueven procesos e iniciativas centrados en otras frecuencias. Las instituciones públicas de salud y las universidades públicas han estado a la altura. Acciones esperanzadoras se han dado en la misma base social comunitaria, desde abajo. En el contexto de la crisis del COVID-19, ha quedado clara la importancia de la organización de base centrada en la solidaridad y la reciprocidad, la defensa del ambiente y de los territorios, la institucionalidad pública al servicio del bien común, la soberanía alimentaria frente a las grandes cadenas agroindustriales globales, y la base científico-tecnológica endógena centrada en las universidades públicas; en fin, de esfuerzos centrados en el bienestar colectivo, el respeto a la diversidad y el paradigma del cuidado. Son estos procesos de base los que ofrecen las mejores salidas a la crisis del COVID-19.

El mundo y nuestra sociedad no serán iguales en la etapa post-COVID-19. La interrogante es cómo serán y hacia dónde nos dirigimos. Esa realidad se debe ir construyendo desde ahora, en medio de la crisis. Más allá de los rasgos específicos, tenemos el desafío de salir de esta etapa con una visión diferente de lo que son el desarrollo y el bienestar. Debemos abrir espacios para formas de relación entre las personas y entre estas y el ambiente centradas en otros paradigmas, de mayor hermandad y de un cuido más esmerado que procure el bienestar de todas y todos. Esto nos obliga a acercarnos más, a dialogar entre nosotros y nosotras, a ver los temas comunes que vinculan nuestras luchas y esperanzas, para construir colectivamente senderos de mayor bienestar y justicia.

En esta compleja coyuntura, la Alianza por una Vida Digna organizó el pasado 9 de mayo un Encuentro de Confluencia Popular, en el cual participaron seis personas representantes de organizaciones y procesos de base popular del país, provenientes de regiones distintas. El evento permitió evidenciar el efecto de la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren sectores sociales y comunidades en varias regiones del país. Así mismo, fue muy esperanzador escuchar a personas de orígenes muy diversos compartiendo sus visiones, angustias, propuestas y esperanzas. Las presentaciones de estas compañeras y compañeros dejaron ver, en medio de las particularidades de los escenarios en los que viven y luchan, un espacio común de intereses y propuestas. Quedó clara la existencia de un hilo conductor que une estos movimientos y estas realidades. Fortalecer ese hilo conductor para generar acciones de mayor impacto es una tarea de gran importancia.

El evento mostró, y así lo hicieron ver las y los participantes, que es indispensable tender puentes de confluencia entre sectores y territorios, para promover formas de vida y de organización social y económica más acordes con una visión centrada en la equidad y la solidaridad, y en la procura del bienestar colectivo. La búsqueda de la unidad en medio de la diversidad debe caracterizar el momento actual de los procesos populares. Se debe ir estructurando, sobre la base de la práctica social y la organización, un conjunto de propuestas que permitan buscar ese bien común. Propuestas que incluyan la protección del ambiente en los territorios, la gestación de formas de economía social solidaria en las comunidades, la soberanía alimentaria, la defensa de las instituciones públicas, y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

El encuentro del 9 de mayo mostró que debemos encontrarnos más, para generar espacios de reflexión colectiva y compartir experiencias que están surgiendo en la cotidianeidad de las comunidades y territorios, aprendiendo entre todas y todos. No es la separación y el aislamiento lo que nos ofrecerá un mejor futuro, sino la búsqueda de puntos de encuentro y confluencia.

Frente a la mezquindad y falta de imaginación de quienes ofrecen salidas que profundizan la inequidad y la injusticia, ese conglomerado de sectores, procesos y fuerzas que se desenvuelven con energía y creatividad en la base social de nuestro país está llamado a buscar salidas a la crisis actual, y a las crisis que nuestro país estaba enfrentando antes del COVID-19. Esperemos que nuevos encuentros de confluencia popular contribuyan a transitar colectivamente hacia esas metas.

Imagen ilustrativa: Encuentro de Confluencia Popular, Dominical, marzo del 2011.

UCR, Piña: la novedosa fuente de fibras textiles

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

En Costa Rica, se generan unos 4.28 millones de toneladas de desechos de piña al año y los costos asociados a su manejo oscilan entre USD 1 000 y USD 2 500 por hectárea, dependiendo del tipo de manejo, según datos del 2017

Los residuos de la industria piñera representan una gran amenaza para el ambiente. Sin embargo, una novedosa forma de contribuir a reducir sus efectos es elaborar fibras a partir de sus desechos. Foto: Karla Richmond.

Mundialmente, Costa Rica es líder en la exportación de piña fresca. Esto se traduce en una ganancia anual de USD 900 millones, de acuerdo con cifras del año 2017 de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña de Costa Rica (Canapep). Esa producción, aparte de representar una fuente de empleo e ingresos económicos para el país, también significa un gran reto en cuanto al manejo de desechos orgánicos y el impacto que tienen en el ambiente.

El rastrojo (desecho orgánico que surge como resultado de su cultivo) se genera luego de la primera cosecha, la cual se da de los 14 a 16 meses, en caso de que hubiese influencia de efectos climáticos o enfermedades.

Igualmente, puede surgir después de la segunda siembra, que comprende un período entre los 27 y 29 meses, y en muy pocos escenarios se llega a un ciclo que cumpla tres cosechas. Al año, se generan cerca de 4.28 millones de toneladas de este desecho en Costa Rica.

Los restos de la piña son conocidos por producir un gran impacto negativo en el ambiente y el tratamiento inadecuado de estos equivale a malos olores, proliferación de plagas e, incluso, enfermedades.

El manejo del rastrojo es muy variado, tanto por parte de las empresas agroalimentarias como en los laboratorios científicos. Dos de las técnicas llevadas a cabo en Costa Rica y que pretenden tener un efecto positivo en el ambiente, ante la crisis climática actual, son la producción de biocombustibles y la creación de fibras textiles a partir de este desecho.

El Laboratorio de la Unidad de Recursos Forestales (Reforesta) del Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII), de la Universidad de Costa Rica (UCR), se adentró en el estudio y uso del rastrojo de piña como materia prima para confeccionar un textil no tejido, reforzado con biopolímeros (macromoléculas presentes en los seres vivos).

El objetivo consiste en que dicho material sea funcional y ecológico con características específicas de resistencia, textura y apariencia para ser utilizado en la elaboración de piezas artesanales.

De la tierra al laboratorio

Existen varios métodos de formación de los tejidos, incluso es una técnica que se ha puesto en práctica en varios lugares del mundo y de la que es posible obtener distintos resultados. Por ejemplo, el cuero textil hecho a base de las fibras de las hojas de piña, conocido en el mercado como Piñatex.

Actualmente, esta técnica se desarrolla en la UCR de forma manual, sin requerir del uso excesivo de dispositivos.

“El rastrojo recolectado tiene que estar conformado por hojas largas y verdes, sin partes secas. Después, se le aplica un proceso de decorticado y extracción para remover las ceras y demás, y se pone a secar a temperatura ambiente. Luego, la fibra se peina para quitarle las impurezas más grandes”, explicó el estudiante de ingeniería química, Eddy Jirón García, quien participa en el proyecto.

Jirón agregó que una vez peinada la fibra, se le aplican los tratamientos en húmedo o en seco. En húmedo, las fibras se cortan con un máximo de 4 mm de longitud y se hidratan con agua y almidón, con ellas se forma una hoja de fibras como si se estuviese haciendo papel. En seco, las fibras se cortan en pedazos de hasta 4 cm y se empieza a cardar; es decir, a formar el tejido en seco.

Como resultado de lo anterior se obtiene una lámina esponjosa y gruesa (con el método en seco) o una hoja delgada y uniforme (con el método en húmedo), a las cuales se les puede agregar o no el biopolímero. En Reforesta incorporan el polímero de ácido poliláctico (PLA, por sus siglas en inglés) en forma de polvo, para dar mayor resistencia y rigidez al producto. En caso de que se deseen características diferentes, es posible prescindir de esta sustancia.

En la parte final del proceso, se prensa la lámina a alta temperatura y a una elevada presión, con el objetivo de que sea más resistente y compacta. Más adelante, se saca el tejido y se deja enfriar.

El laboratorio de la UCR contó con la colaboración del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual le facilitó la decorticadora para el proceso de obtención de la fibra. Asimismo, usó el rastrojo de la segunda cosecha de piñas orgánicas cultivadas en San Carlos, Alajuela, gracias a la ayuda de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

“La idea con la UTN es generar algún tipo de producto. Podríamos coordinar con la misma comunidad y artesanos, para que si se logra sacar un material, ellos mismos tengan la capacidad de poder crearlo y comercializarlo”, mencionó la investigadora del proyecto, la M. Sc. Karina Rodríguez Mora, también profesora de la carrera de Ingeniería Química en la Sede del Caribe de la UCR.

“El Dr. Pedro Casanova Treto, miembro de esta iniciativa, se encargó de hacer el equipo que nosotros ocupábamos para que la fibra pudiera contar con fuerza y resistencia. También en el laboratorio se ha trabajado con tintes y pigmentos. Los primeros son sintéticos de cuatro tipos diferentes y permiten que la fibra pueda ser verde o amarilla, por ejemplo”, agregó la investigadora.

Este proyecto ganó el concurso #ConexionHumboldt, el cual se realizó en octubre del 2019 en Alemania, como parte de la conmemoración del 250 aniversario del natalicio del científico alemán Alexander von Humboldt. El estudiante Eddy Jirón fue el único costarricense en recibir el reconocimiento y es uno de los 15 jóvenes latinoamericanos que viajó hasta el país europeo, para representar al equipo que participa en dicha investigación. Este proyecto destacó por su gran aporte al ambiente.

Costo ambiental de la industria textil

La industria de la moda acapara la atención de los ambientalistas por las alarmantes cifras sobre su negativo impacto en el planeta, según han revelado diversos estudios. De acuerdo con la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), dicha industria es la segunda más contaminante en el mundo.

Este sector produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. Además, cada año utiliza 93 000 millones de metros cúbicos de agua para la producción de prendas, volumen suficiente para satisfacer necesidades de cinco millones de personas.

Confeccionar unos jeans equivale al uso de 7 500 litros de agua, cantidad que bebe en promedio una persona durante siete años. La producción de ropa y calzado es responsable del 8 % de la emisión de gases de efecto invernadero y del 20 % del desperdicio de agua a nivel global. Aunado a ello, cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles semejante a un camión de basura.

Una de las alternativas para disminuir el costo ambiental de esta industria es promover cambios en las formas de producción y consumo, mediante programas de reciclaje, devolución de prendas y un mejor cuidado de la ropa, así como renunciar al modelo de “comprar, usar y desechar”.

En el marco de producción textil, el proyecto de Reforesta representa una novedosa apuesta con respecto a la incorporación de desechos orgánicos y el desplazamiento de materiales contaminantes en la creación de ropa, calzado y accesorios.

 

Bianca Alina Villalobos Solis

Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: El desarrollo sostenible es impostergable ante la crisis climática

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Jornada de Salud Ambiental

  • El planeta podría alcanzar el umbral crucial de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales para 2030, aumentando el riesgo de sequías extremas, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos

Una diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para el planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

La situación climática actual es crítica y hay que tomar medidas drásticas, afirma el biólogo marino Jairo Serná Bonilla, especialista en servicios ecosistémicos y producción sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica.

Reducir el consumo de agua, aplicar una visión de resiliencia en la infraestructura sanitaria, mejorar las capacidades técnicas de los profesionales que trabajan en el área, son las principales acciones que se deben implementar para frenar sus efectos, según Serná. Además urge utilizar la información hidro meteorológica para la toma de decisiones y poner más atención a la afectación que están teniendo los sectores productivos del país.

El experto participó este lunes 28 de octubre en el simposio «Cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible» que se realizó en el marco de la Jornada de Salud Ambiental 2019, en donde se discutió el significado del concepto de desarrollo, las oportunidades que tiene el país para avanzar más rápido con los ODS, el papel de la salud ambiental en la crisis climática y la proyección para 2030 sobre el futuro del planeta.

Jairo Serná en su exposición. Foto: Anel Kenjekeeva.

Serná agregó que mitigar los efectos del cambio climático es un esfuerzo que se debe realizar, pero que la adaptación es el eje fundamental de trabajo ante esta problemática. Citó como ejemplo la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está vigente en el país desde 2018 y se enfoca en transitar hacia un modelo de desarrollo resiliente, que evite las pérdidas humanas y modere los daños materiales generados por los efectos adversos del cambio climático.

Esta política busca contribuir a la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y aprovechar las oportunidades para innovar y transformar los sectores productivos del país, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios públicos. Esto mediante una adaptación integrada que combina la conservación de los ecosistemas, la participación de las comunidades y la gestión local del riego de desastres

Desarrollo ¿sostenible?

Uno de los temas que más se debatió en la jornada fue el significado de «desarrollo» y qué tan «sostenible» puede llegar a ser. Serná detalló que «durante mucho tiempo hemos venido trabajando en tratar de limitar el desarrollo hasta cierto punto. Y quizás cuando hablamos de sostenibilidad es precisamente cuando nos damos cuenta que quizás el desarrollo, como lo estamos percibiendo ahorita, necesita una reflexión mucho más profunda y seria».

«Alcanzar el nivel de vida que tienen los países desarrollados no significa en realidad un verdadero desarrollo. Si hablamos de desarrollo, tenemos que pensar en una manera que nos permita mejorar la vida de todos los seres humanos, sin que deterioremos la base de recursos naturales y sin que perdamos elementos claves de nuestra cultura», aseveró.

El experto señaló que si vemos el Desarrollo Sostenible como una nueva meta o un nuevo paradigma, en donde estamos reconociendo el valor del conocimiento tradicional, el de la naturaleza y el de una serie de valores mucho más humanos, probablemente podamos llegar a resolvernos esa duda de qué es desarrollarse con sostenibilidad.

Actividades clave para Costa Rica como el turismo se verán seriamente afectadas por el cambio climático, principalmente en zonas como Guanacaste. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la industria turística aporta un 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB) a la economía de Costa Rica, y llega al 8,2% del PIB producto de los efectos indirectos que éste genera. En 2016, el sector turístico brindó 211.000 puestos de empleo directos, es decir, el 8,8% del empleo en el país para ese año.

La otra duda es si se logrará en el tiempo adecuado.«Luego de 2030 vamos a tener que seguir haciendo lo que ya hacemos, pero innegablemente vamos a tener que estar frente a un horizonte muy diferente, en donde los patrones de consumo y de uso de los recursos naturales no van a ser para nada semejantes a los niveles a que alcanzamos en este momento; como que una persona en un país pueda consumir 200 litros de agua por día, eso va a ser imposible», añadió.

«Hay que revalorizar muchas cosas. Ahorita hay ciertas cosas que nosotros no le damos un valor porque todo tratamos de monetizarlo y eso es un gran problema, porque ¿cómo podemos monetizar la sombra que da un árbol o el servicio que prestan las raíces de ese mismo árbol cuando abren espacio para que el agua pase y llegue hasta la tierra? Yo creo que para 2030 ese cambio ya se tiene que haber dado o sino la naturaleza misma se encargará de hacer los ajustes. Y hay que ser consciente de que cuando la naturaleza hace ajustes, los hace de una manera drástica», finalizó.

En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Costa Rica fue el primer país del mundo en firmar este acuerdo y se comprometió a implementar acciones para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Jornada de Salud Ambiental de este año buscó reflexionar y generar conocimiento sobre el cambio climático. Esta actividad se realiza bajo el marco del curso «Educación para la salud ambiental», impartido por los docentes Paula Hernández y Wilfred Zúñiga en el tercer año de la carrera de Salud Ambiental. Los y las estudiantes del curso se dividen en cuatro grupos con tareas específicas (financiación, protocolo, divulgación y alimentación) para organizar la actividad.

Cada año se invita a un egresado de la carrera a exponer sobre el trabajo que hace como profesional en Salud Ambiental. Este año participó Esteban Aguilar, quien es funcionario del Ministerio de Salud. En este simposio también participó Evelyn Hernández, funcionaria de la Municipalidad de Desamparados, quien compartió los logros que ha tenido la municipalidad en relación con el manejo de desechos y el compostaje en el cantón.

Entre el público estuvieron estudiantes de la carrera de Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes reciben formación para ser capaces de medir y monitorear los niveles de contaminación y deterioro ambiental en el país y colaborar en la conformación de políticas de salud ambiental a nivel estatal. Foto: Anel Kenjekeeva.

 

José Andrés Céspedes Campos

Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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La cultura de sostenibilidad ambiental se fortalece en la UCR

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  • Cuarta edición del Galardón Ambiental

  • La Universidad de Costa Rica otorgó el reconocimiento Galardón Ambiental a las instancias que demostraron su compromiso con el ambiente entre el 2018 y el 2019

En el Programa de Residencias Estudiantiles, 435 estudiantes de la Sede Rodrigo Facio aprenden buenas prácticas y las incorporan en su vida diaria en la Universidad y en sus hogares, explicó Sandra Masis, directora del Programa de Residencias Estudiantiles. Asimismo, las residencias de Limón, Pacífico y Guanacaste se han sumado al Galardón Ambiental. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Con un extraordinario crecimiento de un 400% en la participación, el Galardón Ambiental de la Universidad de Costa Rica (UCR) llegó a su cuarta edición demostrando que es posible crear una cultura que transforme el quehacer universitario hacia una mayor sostenibilidad ambiental.

Desde su primera edición, esta iniciativa de la Vicerrectoría de Administración (VRA) y la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), se propuso cambiar la visión y las prácticas de la comunidad universitaria, iniciando con una pequeña cantidad de unidades, de las cuales, 14 lograron los primeros galardones.

Este año, un total 57 unidades recibieron el reconocimiento, durante la ceremonia realizada el 19 de setiembre en el Auditorio de la Facultad de Derecho. Entre ellas se cuentan unidades académicas, oficinas administrativas, centros e institutos de investigación, fincas experimentales, asociaciones de estudiantes, sedes, recintos, bibliotecas y laboratorios, entre otros.

Para lograr el Galardón cada instancia, con sus particularidades, debió demostrar las buenas prácticas ambientales que se han implementado durante el 2018 y 2919 en sus labores y espacios de trabajo en nueve áreas de la gestión ambiental, a saber: gestión administrativa, gestión de insumos, gestión de residuos, agua, aire, energía, educación, movilidad y compensación.

El Galardón Ambiental UCR, como proceso voluntario, fomenta la cohesión de la comunidad universitaria a través de objetivos comunes que buscan un equilibrio de las actividades humanas con la naturaleza.

De los galardonados

En esta cuarta edición, las sedes regionales de Guanacaste, Caribe, Atlántico y Pacífico demostraron una vez más su liderazgo en materia ambiental tanto dentro de la Universidad como en sus comunidades de influencia. Además, por primera vez se integró al proceso el Recinto de Golfito, fortaleciendo su transición hacia consolidarse como la nueva Sede Regional Brunca.

Igualmente, destaca el compromiso de las instancias que han participado de forma consecutiva de las cuatro ediciones: Sede del Atlántico, el Recinto de Grecia, el Instituto Clodomiro Picado, la Escuela de Geografía y las Residencias Estudiantiles de la Sede Rodrigo Facio y la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, que además, ha desarrollado amplia experiencia en la categoría de Fincas Experimentales.

Entre los nuevos galardonados destaca la Sede Interuniversitaria de Alajuela que logró conjuntar los esfuerzos de las cuatro universidades públicas, UCR, UNA, TEC y UNED a través de su compromiso con esta iniciativa impulsada desde la UCR.

Además se premió con una distinción azul en el color de la estatuilla a las 11 unidades que alcanzaron el segundo nivel de Indicadores Básicos de Gestión Ambiental, logrando evidenciar los esfuerzos para monitorear, evaluar y comunicar sus acciones lo que les permite establecer metas puntuales y generar estadísticas para la oportuna gestión administrativa de la Universidad.

Por su decidido impulso a este proyecto, el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, recibió una estatuilla simbólica de Galardón Ambiental de manos de la coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), la Licda. Emilia Martén Araya. Foto: Anel Kenjekeeva.

De la política a la práctica

El vicerrector de Administración, M.Sc. Carlos Araya Leandro destacó que a cuatro años de la primera edición se puede ver el mayor número de unidades involucradas y un importante aumento en la cantidad de personas impactadas por el desarrollo de buenas prácticas ambientales, que llegó a 3.521 miembros de la comunidad universitaria.

El acto de premiación contó con presencia de miembros de las comisiones ambientales de todas las unidades participantes, así como autoridades universitarias y estudiantes que forman parte de este esfuerzo que, desde el año 2015, viene desarrollándose en la Universidad de Costa Rica para poner en acción las políticas institucionales en materia de sostenibilidad ambiental.

El Dr. Rodrigo Carboni Méndez, miembro del Consejo Universitario, destacó cómo este proceso ha logrado materializar la políticas institucionales en favor del ambiente “para mi este es un excelente ejemplo de una normativa que existe en la Universidad que funciona de una forma sobresaliente debido a que existe la consciencia en las personas, realmente hay una identificación, esto constituye realmente una forma de vida y no una carga adicional”.

En esta edición también se reconoció el esfuerzo de 30 unidades que se encuentran participando dentro de un plan piloto de adecuado manejo de residuos orgánicos, con el acompañamiento de la UGA. En el Recinto de Grecia, el funcionario Rodrígo Rodríguez, mostró los resultados de este proyecto. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Por su parte, la Licda. Emilia Martén, coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), también recalcó la existencia de una consciencia emergente en la comunidad universitaria que los lleva a reflexionar más sobre su impacto en el ambiente y tener mejores prácticas. Así mismo, destacó el valor de aquellos funcionarios y funcionarias que han demostrado que es posible realizar sus funciones bajo principios de sostenibilidad.

Para el nuevo quinquenio, ya la Unidad de Gestion Ambiental (UGA) proyecta nuevas políticas ambientales, que elevó al Consejo Universitario. Su objetivo es fortalecer la sostenibilidad institucional y llevar a la Universidad hacia la descarbonización con el apoyo de todas las personas que conforman la comunidad universitaria y hacen posible el cambio de cultura ambiental.

 

Katzy O`neal Coto

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Cahuita tiene una playa accesible gracias a campaña de tapas plásticas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

El Parque Nacional Cahuita se convirtió en el primer parque con una playa accesible gracias al apoyo de miles de personas y más de 250 centros educativos, entidades públicas, empresas y organizaciones que se sumaron a la campaña “Cada tapa cuenta” impulsada por la asociación Pro Parques y su programa Amigos de los Parques Nacionales.

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