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Etiqueta: amenazas

Informe alerta sobre asesinato de personas defensoras de derechos humanos

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  • En América Latina, entre 2015-2019 fueron asesinadas 933 personas defensoras. Un 70% del total mundial

  • Costa Rica registra el asesinato del defensor y líder indígena Sergio Rojas

El informe denominado “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos” fue presentado por la relatora especial Mary Lawlor al Consejo de Derechos Humanos N º 46, período de sesiones del 22 de febrero al 19 de marzo de 2021.

El informe analiza la situación vinculada al asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. En su informe, la Relatora Especial da la voz de alarma sobre la incidencia de asesinatos en muchas partes del mundo, y examina el problema de las amenazas de muerte, que a menudo preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años. Asesinaron personas defensoras de los derechos humanos en Colombia (397), Brasil (174), México (151), Honduras (73), Guatemala (65), el Perú (24), Nicaragua (14), Venezuela (14), El Salvador (10), Argentina (3), Chile (2), el Ecuador (2), Belice (1), Bolivia (1), Costa Rica (1) y Haití (1).

Situación en nuestro país, Costa Rica

En diciembre del 2020, se presentó el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. En este texto, queda claro que Costa Rica forma parte de la región con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde el 2012.

La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas, y posteriormente compilada por la periodista Fabiola Pomareda. Esta obra sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas, contra más de 36 personas activistas procesadas por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas y locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

Una herramienta para combatir la situación

El 28 de septiembre del año 2018, 23 países firmaron el “Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados miembros. Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y ambiente, que tiene como eje central el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río, con el fin de garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (ver más).

Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado e inexplicablemente el gobierno no ha convocado sobre el asunto en la Asamblea Legislativa. Esto a pesar de tener en su mandato dos asesinatos a líderes indígenas, ya que el pasado 24 de febrero de 2020, Yerhy Rivera fue asesinado.

Dos asesinatos, 10 líderes y lideresas indígenas amenazadas de muerte y unos 77 hechos de violencia. Entre el periodo de un día antes del asesinato de Yerhy y junio del año pasado, hay claras evidencias de que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también es responsable de no impedir ni detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas de Costa Rica.

Resulta no menos que inquietante, que un país como Costa Rica, el cual ha buscado caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tenga como gran pendiente la ratificación de un Acuerdo, que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.

Informe disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/46/35

Por Mauricio Álvarez Mora, proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente Escuela de Geografía, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

Kioscos Ambientales
UCR

Amenazan de muerte a recuperadores cabécares de China Kichá

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El lunes 07 de diciembre fueron amenazados de muerte los recuperadores cabécares Doris y Ariel Ríos Ríos, y Efraín Fernández Zúñiga, de acuerdo con la Coordinadora de Lucha Sur Sur – CLSS.

En horas de la mañana los recuperadores cabécares de Sekeirö Kaska identificaron 9 cabezas de ganado dentro del terreno recuperado y, alrededor de las 4:30 pm, dos personas no indígenas intentaron ingresar al terreno recuperado. Doris y Ariel Ríos Ríos, recuperadores de Sekeirö Kaska, los detuvieron, y recibieron insultos así como amenazas de muerte. También hubo amenaza de muerte a Efraín Fernández Zúñiga, recuperador cabécar de Kono Jú.

Según informa la CLSS, los dos hombres se fueron del terreno recuperado amenazando que buscarían armas, y fueron interceptados por la Fuerza Pública, aunque se desconoce si les fueron decomisadas armas.

El ingreso del ganado a Sekeirö Kaska se ha mantenido por alrededor de una semana y las agresiones han sido constantes. Uno de los hombres le provocó una herida en la cabeza a Efraín Fernández Zúñiga en Yuwi Senaglö, terreno recuperado el 28 de septiembre pasado y usurpado anteriormente.

Tras la agresión del 8 de octubre, el hombre tiene orden de alejamiento al Territorio Cabécar de China Kichá. La Fuerza Pública al dirigirse a los recuperadores cabécares niega la existencia de esa orden, situación que genera alerta pues ambos hombres se encuentran en un terreno que colinda con Sekeirö Kaska.

“Demandamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública a que garantice la integridad física y vida de los y las recuperadoras cabécares. Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado, en el tanto omite llevar a cabo acciones reales en los desalojos de personas no indígenas de nuestro Territorio”, exponen en un comunicado.

En defensa de la vida e integridad física y psicológica del líder indígena Pablo Sivar Sivar

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Organizaciones, instancias institucionales y 96 personas firmaron un comunicado dirigido al presidente de la República y otros funcionarios de los Poderes de la República para solicitar una acción urgente para proteger la vida del dirigente indígena Pablo Sivar Sivar y el respeto a los pueblos indígenas.

La mañana de este miércoles 02 de diciembre se llevó a cabo una conferencia de prensa al respecto, denominada “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sivar y demás recuperadorxs de territorios indígenas” con la participación de Ana C. Jiménez, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Costa Rica (Acodehu); Julio Figueroa Calderón, dirigente territorio indígena de Salitre; Trino Barrantes Araya, Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu); y compañeras indígenas.

“La policía no está preparada para ser guardaespaldas, sino que están para mantener el orden. Es un territorio extenso y hay un par de policías, pero no están 24 horas. Pablo está expuesto”, expuso Figueroa, dirigente del territorio indígena de Salitre, refiriéndose a las amenazas de muerte que ha recibido el líder indígena Pablo Sivar.

SURCOS comparte el comunicado:

En defensa de la vida e integridad física y psicológica del líder indígena Pablo Sivar Sivar

“Tengo miedo de mi vida”

Pablo Sivar Sivar
San José, Costa Rica
30 de noviembre, 2020

Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica
Señora Epsy Campbell Barr
Vicepresidenta de la República
Señor Fernando Cruz Castro
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Señor Eduardo Newton Cruickshank Smith
Presidente Asamblea Legislativa
Señor Michael Soto Rojas
Ministro de Seguridad
Señora Fiorella María Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz
Señora Emilia Navas
Fiscala General de la República de Costa Rica
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)

Reciban un cordial saludo. A la vez, hacemos de su conocimiento que las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos a ustedes una acción urgente para proteger la vida del dirigente indígena Pablo Sivar Sivar y el respeto a los pueblos indígenas.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la impunidad e inoperancia que se da desde el Estado Costarricense en la defensa plena de los Derechos Humanos y el reconocimiento y no invisibilización ni mediatización de la legítima lucha de los pueblos indígenas, siendo permisibles ante la estrategia de terror que se impulsa para acabar con el movimiento indígena.

Las organizaciones firmantes instamos a emprender, con carácter de urgencia, la siguiente acción, acatando las medidas dispuestas desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

  1. Implementación inmediata de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del señor Pablo Sivar Sivar y del conjunto de las comunidades indígenas de Bribri de Salitre, Bröran de Térraba y de otras regiones.
  2. Llevar a cabo una investigación minuciosa e imparcial en torno al conjunto de hechos denunciados a lo largo de esta lucha, a fin de identificar a los responsables y viabilizar las sanciones penales y/o administrativas previstas que corresponden a la ley.
  3. Garantizar de manera urgente medidas que generen seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en la Ley 6172 de Costa Rica.
  4. Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incorpore los componentes necesarios para la protección, prevención y lucha contra la impunidad.
  5. Demostrar, de manera práctica, la aplicación de lo dictado por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2. El Estado Costarricense no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la vida, a la tierra, a la cultura y a la autonomía de las comunidades indígenas del país, incumpliendo con las medidas cautelares promulgadas en el 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Resolución 16/15. Medida cautelar N°321-12 Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica. Aprobada a los 30 días del mes de abril de 2015 por: Rose Marie Antonie, presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Segundo Vicepresidente; Felipe González, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y Paulo Vannuchi, miembros de la CIDH”), violentando el derecho a la propiedad y a la integridad personal de dirigencia indígena y sus familias.

“Nos hace vulnerables en nuestras casas y territorios porque…el gobierno no ha garantizado nuestras vidas, nuestra seguridad.” Lideresa indígena Bribri

Por lo tanto, alertamos a la comunidad internacional ante el contexto que se vive en Costa Rica, donde, día a día, aumenta el estado de vulnerabilidad de las comunidades indígenas defensoras de Derechos Humanos y de sus territorios, víctimas de constantes amenazas y agresiones a pesar de contar con medidas cautelares desde el 2015, en el que en menos de un año son asesinados el dirigente Bribri Sergio Rojas Ortiz y el dirigente Börán Jerhy Rivera Rivera.

Por el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.

Porque el Estado asuma todas las medidas necesarias para que se cumplan los protocolos correspondientes a la puesta en marcha de las medidas cautelares.

Por la vida de Pablo Sivar Sivar y cada lideresa y líder indígena quienes defienden sus territorios como Derecho Humano inalienable.

Organizaciones e instancias institucionales firmantes
1. Alianza de Mujeres Costarricense
2. Asambleas Patrióticas Populares en San Ramón
3. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
4. Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica
5. Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
6. Asociación Proyectos Alternativos-PROAL
7. Bloque Autónomo 12s
8. Bloque de Vivienda
9. Buen Vivir
10.Casa El Emigrante (Human Rights)
11.CEAAL- Colectivo Costa Rica
12.Centro de Estudios y Publicaciones Alforja
13.Centro ETHOS
14.Círculo Bolivariano Yamileth López
15.Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
16.Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR)
17.Colectivo Político Semilla Ramonense
18.Comisión Interinstitucional para el seguimiento e Implementación de las
Obligaciones internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH)- Ente Permanente de
Consulta (EPC)
19.Comuna Socialista
20.Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
21.Coordinadora Campesina del Caribe
22.Coordinadora de Lucha Sur Sur
23.Debate Feminista Costa Rica
24.Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
25.Frente de Resistencia Animal y de la Tierra
26.Frente Ecologista Universitario
27.Fundación Pedagógica Nuestra América
28.Fundación Laberinto
29.Handmaids Costa Rica
30.Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
31.Juventud Vanguardista Costarricense
32.Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta (METJA)
33.Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC)
34.Movimiento Patriótico por Costa Rica
35.Mujeres Mano de Tigre
36.Organización Política Carmen Lyra
37.Partido Obrero Socialista (POS)
38.Partido Vanguardia Popular
39.Pri Laka (Nicaragua)
40.Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
41.Programa “Hablemos de Derechos Humanos”
42.Programa Kioscos Socioambientales-Universidad de Costa Rica
43.Red de Solidaridad con Palestina
44.Ríos Vivos de Costa Rica
45.Sembrando Libertad
46.Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)
47.Sindicato Patriótico de Educadores (SINPAE)
48.Sindicato UNPROBANPO
49.Unidad del Pueblo Mayangna en Defensa de su Territorio (Nicaragua)
50.Universidad Bíblica Latinoamericana
51.Yo NO voy al Zoo
Personas firmantes
1. María Hidalgo Quesada – Abogada Jubilada
2. Alejandra Monge Arias – Abogada Notaria Jubilada del Poder Judicial
3. José María Villalta Flores-Estrada – Abogado, Diputado Fracción Frente Amplio
4. Cristina Rojas Rodríguez – Activista DDHH y Directora Ejecutiva Centro ETHO
5. Suy Wong Ugalde – Activista de Derechos Humanos
6. Eydis Ñurinda Guzmán – Agricultora
7. Roger Sánchez Alfaro – Agricultor
8. Liuba Ramírez Otto – Artista
9. Ana Cecilia Hernández Bolaños – Alianza de Mujeres Costarricense
10. Grace Valeria Bueso Ortega – Activista de DDHH, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
11. Ana Cecilia Jiménez Arce – Activista de DDHH, presidenta de ACODEHU
12. Denis Omar Calix – Activista de DDHH (ACODEHU), planificador económico-social
13. Tatiana Otto Golovina – Activista de DDHH (ACODEHU)
14. Temístocles Guerra Vargas – Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica y Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH). Ente Permanente de Consulta (EPC) Vocería
15. Gustavo Oreamuno Vignet – Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
16. Mariano Sáenz – Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
17. Osvaldo Durán Campos – Asociación Proyectos Alternativos-PROAL
18. Orlando Barrantes Cartín – Bloque de Vivienda
19. Edison Valverde Araya – Buen Vivir
20. Abelardo Brenes Castro – Catedrático jubilado Universidad de Costa Rica
21. Ignacio Dobles Oropeza – Catedrático Universidad de Costa Rica
22. Elisa Trejos Montero Catedrática – Universidad de Costa Rica
23. Ana Franz – Casa El Emigrante (Human Rights)
24. María Trejos Montero – CEAAL- Colectivo Costa Rica
25. Oscar Jara Holliday – Centro de Estudios y Publicaciones Alforja
26. Amanda Méndez Ramírez – Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
27. Laura Valverde Cuevillas – Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
28. Mario Cabrera Burgos – Colectivo Político Semilla Ramonense
29. Juan José Soto Morales – Colectivo Político Semilla Ramonense
30. Luis Alberto Soto Ramírez – Colectivo Político Semilla Ramonense
31. Dayana Ureña Solís – Colectivo Político Semilla Ramonense
32. Ana María Vega Torres – Comuna Socialista
33. Antonio Aguilar Umaña – Comuna Socialista
34. Héctor Ferlini-Salazar – Comunicador y docente
35. Miguel Marín Calderón – Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
36. Róger Sánchez – Coordinadora Campesina del Caribe
37. Melissa Chinchilla Romero – Coordinadora Colectivo Handmaids Costa Rica
38. Reinier Canales Medino – Coordinadora de Lucha Sur Sur
39. Hugo D. Fernández González – Coordinador Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
40. Carlos Antonio Zúñiga Zúñiga – Coordinador de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
41. Juan Carlos Ocampo Zamora – Coordinador Ejecutivo de la organización Prilaki
42. Julieta Montoya Molteni – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
43. Alberto Álvarez Toirac – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
44. Allen Cordero Ulate – Director Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica
45. Laura Arias Cabrera – Docente
46. Karol Montero Rony – Docente Técnico en Gestión Local – UNED
47. Joliem Figueroa Siles Docente Programa de Atención a Estudiantes Indígenas-UNED
48. Arnoldo Mora Rodríguez – Ex Ministro de Cultura Juventud y Deportes, Catedrático Emérito UCR, filósofo
49. Rodrigo Hernández Jiménez – Fundación Laberinto
50. Ingrid Flores Salazar – Handmaids Costa Rica
51. José Amesty – Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
52. Bayron Bucardo Miguel – Líder indígena Mayangna de Bosawas Nicaragua
53. Julia María Peña Salas – Luchadora social
54. Yumira Cortés – Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC)
55. Francisco Cordero Gené – Movimiento Patriótico por Costa Rica
56. Carmen María Carlucci – Patronato Nacional de lnfancia (PANI) Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia
57. Edgar Gutiérrez Cordero – Partido Pueblo Unido
58. Humberto Vargas Carbonel – Partido Vanguardia Popular
59. Pamela Campos Chavarría – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
60. Amilcar Castañeda Cortez – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
61. Rafael Eduardo López Alfaro – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
62. Carolina Somarribas Dormond – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
63. Adriana Villalobos Araya – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
64. Elisabeth Cook Steike – Rectora Universidad Bíblica Latinoamericana
65. Sary Rojas Leiva – Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
66. Ann Marie Saidy – Red de Solidaridad con Palestina, pensionada
67. Elisabeth Cook Steike – Rectora Universidad Bíblica Latinoamericana
68. Raquel Bolaños – Ríos Vivos de Costa Rica
52. Trino Barrantes Araya – Secretario General Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)
69. Rafael Contreras Cascante – Secretario General Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)
70. Carlos Vega – Secretario General Sindicato UNPROBANPO
71. Ligia Isabel Castro Salas – Pastora OBF/OSC
72. David Solís Aguilar – Politólogo y geógrafo
73. Cinthia Crespo Campos – Profesora y artista, SINPAE
74. Ailhyn Bolaños Ulloa – Socióloga y Evaluadora
75. Daniel Camacho Monge – Sociólogo, Miembro Honorario del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR)
76. Fresia Eugenia Camacho Rojas – Socióloga, agremiada al CPSCR
77. Gerardo Enrique Cerdas Vega – Sociólogo, agremiado al CPSCR
78. Róger Chaves Grijalba – Sociólogo
79. Allen Cordero Torres – Sociólogo, Director de la Escuela de Sociología
80. Amilcar Ernesto Luna Palmás – Sociólogo
81. Roberto Pineda Ibarra – Sociólogo
82. David Quesada García – Sociólogo, El Servicio Paz y Justicia (SEPAJ)
83. Pablo Ramírez Otto – Sociólogo
84. Rodolfo Ulloa Bonilla – Sociólogo, asesor parlamentario
85. Karla Vargas Solera – Socióloga docente universitaria
86. Francis Muñoz Calvo – Sociólogo, agremiado al CPSCR. Revista digital
87. Guillermo A. Bueso Ortega – Técnico en Informática
88. Alberto Álvarez Toirac – Teólogo
89. Luis Henry Ortiz Ortiz – Territorio Indígena de Alto Chirripó
90. Carmen Villanueva Vargas – Territorio Indígena de Ujarrás, Buenos Aires
91. Felipe Figueroa Morales – Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires
92. Jéssica Jeannette Ortiz Ortiz – Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires
93. Alejandra Bonilla Leiva
94. María Elena López
95. Daniella Sola Morales
96. Gabriela Rodríguez Pizarro
CEAAL-Costa Rica
CEP-ALFORJA
ACODEHU
SINDEU
Responsable
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta ACODEHU

Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19

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Conferencia internacional

SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.

La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.

Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.

A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.

De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.

La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.

Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.

En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.

La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.

Aquí puede ver la transmisión.

El reciente llamado de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas señalando la impunidad campante con relación a asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica: breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 8 de junio, dos mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas externaron su profunda preocupación por el hecho que los casos de asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica se mantengan impunes: se trata de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (véase sitio oficial), así como del Relator Especial sobre derecho de los pueblos indígenas y derechos humanos (véase sitio oficial).

Este llamado se da en un momento en que la los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación aún mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con acceso limitado a servicios básicos de salud y a la desatención a su situación que ha provocado esta pandemia por parte de las autoridades estatales.

El mismo Relator Especial sobe derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos de Naciones Unidas externó en un comunicado del pasado mes de mayo (véase texto completo) que:

«States of emergency are exacerbating the marginalisation of indigenous communities, and in the most extreme situations, militarisation of their territories is taking place. Indigenous peoples are being denied their freedom of expression and association, while business interests are invading and destroying their lands, territories and resources. In some countries, consultations with indigenous peoples and also environmental impact assessments are being abruptly suspended in order to force through megaprojects relating to agribusiness, mining, dams and infrastructure».

En el hemisferio americano, también en mayo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo) que:

«En cuanto al derecho a la salud de los pueblos indígenas, la Comisión ha recibido información sobre los diversos obstáculos que enfrenta este colectivo en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunos de estos desafíos se relacionan con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad. En general, los hospitales y centros de atención médica se encuentran alejados de las áreas rurales en las que residen amplios sectores de los pueblos indígenas de la región«.

Un muy completo informe (véase texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial«, publicado en este mes de junio del 2020, hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.

El contexto específico en Costa Rica en el que se da a conocer el comunicado

Se puede revisar desde ya el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas divulgado por el servicio de prensa de Naciones Unidas.

Como se recordará, en menos de 12 meses, dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados: Sergio Rojas (marzo del 2019) y Jehry Rivera (febrero del 2020). A la vez, varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte y sufrido distintos tipos de intimidaciones.

Cabe recordar que al cumplirse un año de la muerte de Sergio Rojas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado oficial (véase texto completo difundido el 18/03/2020) había ya advertido a Costa Rica que:

«La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión«.

El órgano interamericano de protección de los derechos humanos se ha mostrado extremadamente vigilante con relación a lo que ocurre en la zona de Salitre. Y es que, desde el 2015, Costa Rica tenía la obligación jurídica de proteger la vida y la integridad física de estos dirigentes, en virtud de medidas cautelares ordenadas en abril del 2015 por la misma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense (remitimos sobre el particular a nuestra nota titulada «Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH» y disponible en este enlace).

Foto extraída de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019

El contenido del comunicado conjunto (versión integral)

En su comunicado conjunto con fecha del 8 de junio del 2020, titulado «Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas» (véase texto completo oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ambos expertos de Naciones Unidas detallan la situación imperante al externar:

—–

«… su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.”

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.«

——–

Este nuevo señalamiento hecho público a las autoridades costarricenses por parte de mecanismos no convencionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos evidencia la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas de Salitre (y posiblemente en otras regiones en Costa Rica).

En el mes de mayo del 2019, tuvimos la ocasión de referirnos a una comunicación (también hecha pública) por parte de tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas con relación al asesinato de Sergio Rojas: véase nuestra breve nota titulada «Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de órganos de Naciones Unidas hecha pública«, disponible en este enlace.

La recuperación de territorios indígenas ante la inoperancia estatal

Cabe precisar que estos asesinatos se han dado en medio de intentos para recuperar sus territorios por parte de comunidades indígenas costarricenses ante el avance inexorable de personas no indígenas en sus territorios y la pasividad de las autoridades costarricenses. En este artículo publicado por el Semanario Universidad sobre el proceso de recuperación de territorios indígenas, titulado «Recuperación de tierras bajó ocupación no indígena en Salitre» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:

«Debido a la inacción del Estado por no desalojar a los ocupantes ilegales, no sancionan a ninguno y no apoya a la Fuerza Pública en el sitio, se creó un clima de impunidad, un ambiente en el que sucedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”.

El derecho a la tierra para las comunidades indígenas costarricenses constituye una legítima reivindicación, que el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (más conocido como «CERD») ya le había externado en el 2007 a Costa Rica. En sus observaciones generales del 2007 al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que para este órgano de tratados de Naciones:

«15. /…/El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para llevar a efecto el fallo de la Sala Constitucional (Voto 3468-02) a fin de que se delimiten las tierras de las comunidades de Rey Curré, Térraba y Boruca y se recuperen los terrenos indígenas indebidamente alienados (inciso v) del apartado d) del artículo 5)«.

En el 2015 (véase texto completo de sus observaciones finales al informe de Costa Rica), reiteró en los siguientes términos esta petición hecha a Costa Rica en el 2007:

«28. El Comité reitera su recomendación (A/62/18, párr. 303) de redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. Asimismo, recomienda que, de manera prioritaria, se tomen pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios, incluso en casos de ocupación y compra ilegales y enfrentamientos o amenazas vinculadas a la conflictividad generada por esta situación, mediante acciones administrativas y judiciales que incluyan el desalojo y el enjuiciamiento de responsables. El Comité recomienda también un proceso de consulta para la delimitación y titulación de los territorios».

En el 2016, otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones generales al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) señaló que:

«42. El Estado parte debe:

  1. c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria;
  2. d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques».

Al parecer, pese a innumerables reuniones, diagnósticos, planes, estrategias, estudios, mesas de diálogo, estas recomendaciones hechas hace ya más de 12 años a Costa Rica, reafirmadas en el 2015 y en el 2016, siguen sin lograr materializarse para las comunidades indígenas costarricenses. Una ocasión propicia para reafirmar cuán necesario es que sean debidamente implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos en Costa Rica; y cuán imperioso resulta que sean ampliamente divulgadas y analizadas en el seno de la misma sociedad costarricense.

A modo de conclusión

No cabe duda que este contundente llamado de atención de junio del 2020 a Costa Rica por parte de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas constituye una nueva evidencia de la pasividad, ya demostrada en el pasado, del Estado costarricense en la zona de Salitre. A la vez, ilustra la extrema atención que, desde Ginebra, se tiene sobre lo que ocurre en Salitre por parte de los mecanismos no convencionales de derechos humanos (y que posiblemente se tenga de igual manera desde Washington). Si este llamado no es seguido de acciones mucho más efectivas por parte del Estado en resguardo de la seguridad de los miembros de las comunidades indígenas, podría dar pie para una nueva acción ante instancias internacionales en defensa de los derechos legítimos de las comunidades indígenas de Salitre.

 

(*)Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

ANDA denuncia agresión

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió de parte de ANDA la siguiente denuncia:

“Este miércoles 29 de noviembre, nuestros compañeros Jorge Mora Portuguez y Vanessa Dubois Cisneros (ARCA-FANCA), sufrieron una agresión de un grupo de cobardes enmascarados que, intentando infundir temor con tácticas violentas, acosadoras y sin argumentos, recurren a la intimidación y a la agresión directa para mostrar su disconformidad con quienes piensan distinto.

Incluso han fomentado discursos violentos en redes promoviendo actos terroristas como tirar ácido a las personas.

El hecho sucedió en un foro sobre el Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico que fue aprobado en primer debate el pasado 2 de noviembre.

Repudiamos este acto que pretende borrar la discusión democrática mediante la violencia. Lamentamos que este tipo de situaciones se presenten en cualquier espacio de discusión, menos aún en un centro académico.

Exigimos a las autoridades de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica que tomen cartas en el asunto e investiguen lo sucedido para identificar a las personas responsables, dentro y fuera de la institución.

Expresamos nuestra solidaridad para nuestra compañera y nuestro compañero y reivindicamos como parte central del movimiento ambiental nuestra esencia pacifista.

 

No callaremos. No abandonaremos nuestras luchas.

ANDA – Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)».

 

Enviado por Jorge Mora Portuguez.

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Conferencia HAITÍ: Amenazas naturales, reconstrucción y ordenamiento territorial luego del terremoto de 2010

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este miércoles 15 de noviembre, en el aula 205 CS de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, a las 6 p.m. se llevará a cabo la conferencia HAITÍ: Amenazas naturales, reconstrucción y ordenamiento territorial luego del terremoto de 2010, impartida por el expositor: Dr. Sergio Mora Castro, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

 

Enviado por Sergio Mora Castro.

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El asedio y asalto a los Parques Nacionales

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Mauricio Álvarez Mora (*)

 

Día de Los Parques Nacionales. Un año más para celebrar y estar orgullosos de nuestro patrimonio natural como herencia a futuras generaciones. Pero las últimas celebraciones se han convertido en interminables listas de amenazas y hechos que evidencian que el sistema de conservación atraviesa una grave crisis que dejó de ser pasajera para verse más concreta y profunda.

Este año denunciamos una gran lista de despropósitos que se promueven y avanzan contra la fuerza de ese legado histórico de construir una verdadera paz con la naturaleza, por lo menos en estos espacios, para contener la guerra que denunciamos cotidianamente fuera de estos sitios.

Un hecho importante que contar es que gracias a las diversas gestiones realizadas por guarda parques, SITRAMINAE y organizaciones ambientales, fue indultado el guarda parques Mauricio Steller (FECON, 1-9-2015).

En el tercer informe presidencial de mayo pasado se destacó como logro ambiental un préstamo para infraestructura en el Parque Nacional Corcovado, el cual fue negociado y aprobado en administraciones anteriores. A dos días de inauguradas las instalaciones millonarias, un grupo de aproximadamente 250 oreros ilegales invadió parte del Parque dejando en evidencia que aunque “la infraestructura se vista de seda el Parque desprotegido se queda” pues hacen faltan plazas de guardaparques y durante este año tampoco se resolvieron las múltiples demandas y necesidades de este sector (FECON, 21-2-2017).

Lo más grave es que los préstamos para las áreas protegidas están en función de crear condiciones para su explotación turística, mientras el gobierno promueve una serie de proyectos, acciones y leyes que debilitan y destruyen las áreas protegidas y Patrimonio Natural (FECON, 24-8-2016).

Entre las principales acciones y proyectos impulsados en el último año están:

  1. El proyecto N º 19.899 que Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), presentaron para reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). El proyecto está en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde pretenden darle la autorización al Estado de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegidas, incluyendo Parques Nacionales (FECON, 10-8-2016).
  2. La ley 9373 de moratoria en zonas especiales. Una ley que pospone todos los desalojos en zonas públicas y zonas de protección marítimo- terrestres, desprotegiendo el patrimonio natural del Estado (FECON, 15-7-2016). La ley fue impugnada por ecologistas mediante una acción de inconstitucionalidad, y se pretende corregir ésta regresión ambiental (FECON, 12-10-2016).
  3. Diputados de gobierno siguen promoviendo la geotermia en Parques Nacionales, contradiciendo el mismo mandato de Solís que declaró que estos proyectos no serían aprobados en su administración (FECON, 29-6-2016 y FECON 4-12-2014). También la Subcomisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, archivó por unanimidad la propuesta de “Ley para la Explotación del Recurso Geotérmico” expediente no. 19.339. El dictamen asegura que “adolece del cumplimiento de los estudios técnicos y ambientales que el ordenamiento jurídico exige para que pueda aprobarse (…) lo que podría derivar en un eventual problema de constitucionalidad” (FECON, 5-7-2017).
  4. En Guanacaste el gobierno presentó en el Día de la Anexión un proyecto para cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, la cual es parte de un sitio de importancia RAMSAR, para hacer el embalse Río Piedras. Se trata de una iniciativa para llevar agua a los ismos de siempre, para seguir despilfarrándola y haciendo agricultura extensiva e ineficiente (FECON, 6-9-2016).
  5. En este año los guardaparques de la Isla del Coco hicieron el mayor decomiso de tiburones dentro del área protegida: 93 tiburones muertos de diferentes especies. Tan solo rescataron tres vivos entre las líneas de pesca. El Viceministro de Aguas y Mares que defendió anteriormente la matanza de tiburones para la exportación en el Parque Nacional Isla del Coco, intentó desmentir que hay pesca ilegal en la isla, afirmando que se “trataba de una percepción errónea de los guardaparques”, cuando son ellos quienes denuncian cotidianamente y con evidencia contundente (FECON,24-3-2017).
  6. El gobierno logró trasladar la representatividad nacional en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES- al Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo el miope interés de legitimar la exportación de 8 toneladas de aletas de tiburón al mercado asiático que el sector pesquero nacional ha acumulado desde que se prohibió su exportación en 2015.En el proceso, incluso, se ha desmantelado un órgano científico-técnico como el CRAC – CITES para transformarlo en un órgano consultivo donde impera el criterio de quienes se enriquecen destruyendo nuestra fauna silvestre marina. (FECON, 24-3-2017).
  7. A pesar de la pomposa presentación de una “Política Nacional de Humedales” hemos denunciado después de su presentación el estado de diferentes humedales designados Sitios Ramsar como la Laguna de Sierpe (FECON, 13.3-2017FECON, 13.3-2017), la situación del Humedal Terraba-Sierpe amenazado por la expansión piñera (FECON,21-4-2017).También recientemente se denunció la destrucción del Humedal Caño Negro (Semanario Universidad,3-4-2017).
  8. Para agudizar la contradicción con la Política de Humedales se firmó un decreto Nº 39838. Ya los humedales de Costa Rica no cuentan con toda la protección ambiental pues con una declaración de conveniencia nacional se da luz verde para intervenir zonas para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. El decreto fue impugnado por ambientalistas por acción de inconstitucionalidad en Sala IV (FECON, 06-3-2017).

Más que ejemplos puntuales ya vemos una clara tendencia para asaltar el Sistema de Áreas Protegidas en Costa Rica. La clara intención de ir minando y desmantelando con leyes, decretos y acciones lo que ha costado tres generaciones de ahorro en “recursos” naturales en este país. Esfuerzos que nos ha dado el prestigio ambiental mundial, que hoy empieza a estar en entredicho, por contradicciones que no se sostienen en el tiempo. También es meritorio reconocer que muchos de estos intentos están siendo combatidos en las vías de derecho y hecho por comunidades, guarda parques, académicos y el sector ecologista. La crisis es real y no se puede ignorar más.

(*) Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales UCR

 

El asedio y asalto a los Parques Nacionales

Enviado por FECON.

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Honduras: denuncian amenazas, hostigamiento policial y criminalización de defensores de derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Señor Fernando Neda Castro

Oficina Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras

OACNUDH

Su Despacho.

 

Atención señora Silvia Lavagnoli

Representante Adjunta.

 

Agradecer la socialización del comunicado de prensa del grupo de expertos de la ONU, relacionado con el atentado criminal que fuera objeto nuestro compatriota defensor de los DDHH, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, gerente del programa del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI – SOMOS CDC, el pasado 10 de julio de 2017 cuando regresaba a su casa de habitación en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el cual condenamos y exigimos de las autoridades competentes una investigación inmediata, oportuna y exhaustiva para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales para la deducción de las responsabilidades penales y brindar protección inmediata y efectiva a la seguridad, libertades y vida del compañero defensor de los DDHH.

Lo anterior es un reflejo de la fragilidad y vulnerabilidad a la que estamos expuestos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, especialmente desde que se produjera el GOLPE DE ESTADO MILITAR RELIGIOSO contra el gobierno legítimamente constituido en aquella fecha del 28 de junio del 2009, por parte de la oligarquía nacional, el Pentágono y la derecha internacional, condenado por la ONU, La CIDH, La FIDH, el PARLACEN, reconocido por la Comisión de la Verdad en su informe final, lo que ha justificado la instalación por parte de las Naciones Unidas a petición del Estado hondureño, de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, por los más de 60 mil muertes violentas ocurridas en estos años y su mandato de coadyuvar y fortalecer los procesos, programas y proyectos tanto del gobierno como de la sociedad civil para restablecer la institucionalidad democrática y el ESTADO DE DERECHO, que nos lleve a los hondureños y hondureñas como nación libre y democrática restablecer el sistema de las garantías y libertades constitucionales de la población y la ciudadanía preceptuadas en las leyes nacionales y los convenios y tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José.

Somos decenas de compatriotas dedicados a esta noble causa y labor por la que hemos sido objeto de amenazas, persecución, agresiones y hasta pérdida de la vida como el caso de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores que en algún momento en el desempeño de nuestro trabajo de defensa, protección, promoción, asesoría, acompañamiento y veeduría en materia de justicia en favor de millares de compatriotas víctimas de violaciones a los derechos humanos por actos constitutivos de abuso de autoridad y poder por parte del Estado y sus autoridades, grupos o personas con poder fáctico.

CASO O SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL AMBIENTE DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONFLICTO SOCIAL

Actualmente están siendo criminalizados por el Estado de Honduras (10 líderes ambientalistas), miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) y pobladores vecinos del Boulevard de la Villa de San Francisco, perseguidos, amenazados y hostigados constantemente por parte de la ENEE, Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y ahora en los ÚLTIMOS 12 DÍAS desde el 25 de julio por parte de la Policía Nacional al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA de la Jefatura Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga (TEL. 2775-8261 Y 2775-9275, quien supuestamente cumpliendo órdenes superiores desde el pasado martes 25 de julio 2017, desde altas horas de la madrugada (3:00 a.m. y 4:00 a.m.) ha movilizado entre 60 y 80 efectivos policiales y militares y comandos del Escuadrón COBRAS para amedrantar, amenazar e intimidar hasta con los fusiles de asalto CERROJEADOS como el pasado viernes 04 de agosto 2017 entre las 3:40 a.m. y 5:40 a.m. (Cuándo llego con 5 patrullas al municipio y luego llegaron 7 patrullas más y un Camión Comando de COBRAS, quien al ver la reacción de los pobladores unas 200 personas que en forma pacífica se les acercaron y le dijeron, está es su responsabilidad histórica, quítenos la vida si quiere, nadie anda armas, somos una comunidad pacífica, aquí no hay criminalidad, pero es su responsabilidad por lo que pase aquí, ordeno de inmediato la retirada de todos los militares y agentes policiales). Amenazar que son constantes a los dirigentes y líderes ambientalistas y más de 400 pobladores del Municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, por oponerse a la instalación de LINEAS DE ALTA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LINEAS K Y B DE 69 MIL VOLTIOS) por el Casco Urbano de la ciudad del proyecto AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE BIOMASA adjudicado mediante contrato de varios años a la EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES, previo al otorgamiento de una licencia ambiental No. 070-2015 en el año 2015 y resolución No. 0435-2015 por parte de la SERNA o MI AMBIENTE que preside el señor Ministro Ingeniero JOSÉ LUIS GALDAMEZ de forma irregular al no haber sido debidamente, INFORMADA, CONSULTADA Y SOCIALIZADA la misma con la población como lo establece la Ley de Municipalidades, La Ley General del Ambiente y tratados internacionales en la materia, según el informe y dictamen técnico de la Dirección de Evaluación E impacto Ambiental DECA y el SINEIA, al falsear la información y por lo cual se ha presentado una PETICIÓN mediante escrito formal por parte de los habitantes ante la SERNA o MI AMIENTE, el pasado 07 de mayo de 2017, para la revisión, suspensión y cancelación de dicha licencia ambiental y el día de ayer lunes 07 de agosto 2017, se ha formalizado denuncia ante la Misión Internacional de Apoyo al combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, por considerarse se cometieron supuestos actos de corrupción en la tramitación y otorgamiento de la licencia ambiental y los contratos de suministro de energía eléctrica con la SERNA y la ENEE No. 066-2014, sin que se haya aprobado la licencia respectiva, la cual fue recepcionada con la documentación respectiva.

Los pobladores y la misma Corporación Municipal como autoridad máxima del municipio, estiman que dicho proyecto es de interés nacional y de gran utilidad para el país, pero su oposición es al tránsito de las líneas o cables de alta transmisión por el casco urbano de la ciudad por temor de los daños que en materia de salud ambiental, especialmente la generación de LEUCEMIA INFANTIL y cáncer en las personas mayores y posibles accidentes por ser una zona altamente poblada de conformidad con estudios y estándares internacionales en la materia sobre los efectos del campo electromagnético o radiación electromagnética.

CRIMINALIZACIÓN DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL AMBIENTE POR PARTE DE LA ENEE, FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO INSTITUCIÓN REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS. EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 119-2017 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, PRESENTADO EL 27 DE ABRIL DE 2017. JUEZ, ABOGADO OSIAS JUAREZ.

IMPUTADOS

1.-JOSÉ JORGE AGUILAR PONCE, IDENTIDAD 0827-1970-00058 cel.9726-6139

2.- JAIRO RAÚL PONCE TRUJILLO, IDENTIDAD 0827-1985-00072

3.-PEDRO CECILIO PONCE GARCIA, IDENTID 0826-1953-00083 C.3231-9345

4.- RODOLFO QUEZADA BENGTSON, IDENTIDAD 0827-1954-00081

5.- SAMIR RODIL DURON VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1965-00009

6.- LUIS ALBERTO CHACON REYES, IDENTIDAD 0708-1977-00315

7.- CARLOS HUMBERTO MURILLO PONCE, IDENTIDAD 0827-1982-00229

8.- CONCHA MARIA ELVIR VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1964-00002

9.- SONIA MARÍA QUEZADA ROSA, IDENTIDAD 0827-1981-00159

10.- SANTOS ESTER VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1988-00205

Todos mayores de edad, casados unos y solteros otros, vecinos del municipio de la Villa de San Francisco.

DELITOS IMPUTADOS: USURPACIÓN EN PERJUICIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), POR REQUERIMIENTO FISCAL, EL CUAL LUEGO DE UNA PRESENTACIÓN VOLUNTARIA DE LOS IMPUTADOS Y DECRETADAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A SU FAVOR, EN LA AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017, DE LAS 11:00 A.M. A LAS 5:30 P.M. LES FUE DECRETADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, POR LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y MEDIOS DE PRUEBA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS ACUSADORES, QUIENES SE HAN IDO EN APELACIÓN ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, PARA EFECTO QUE LES REVOQUEN EL SOBRESEIMIENTO Y EL JUZGADO LES DECRETE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE USURPACIÓN ARTÍCULOS 227 Y 231 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.

 

Abogados de la ENEE

Abogada Zulema Duarte, cel. 3379-4919

Abogada Norma Núñez, cel. 8916-7515

 

APODERADAS LEGALES EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Abogada Smirna Ivette García Medina, casada, colegiación No. 13,599, oficinas Col. Palmira, calle República de Venezuela No. 2156, Tel. 3284-8419, 2238-5242 Telefax 2238-1026. Email: smirmg@yahoo.es

Abogada Aixa Gabriela Zelaya Gómez, casada, colegiación No. 14869, teléfono 3389-2550. Email: aixagzg@gmail.com

Abogada Fany Martínez

 

ABOGADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Abogado Milton Noel Paz Pineda, Coordinador Fiscalía de Talanga, cel. 9454-2920 Fijo: 2775-7486

Abogada Wendy Xiomara Murillo, colegiación No. 12480 del Colegio de Abogados.

Abogada Karen Motiño, de Fiscalía Delitos Comunes

 

DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)

Inspectora de Policía Fany Barahona, Jefa de la DPI de la ciudad de Talanga. Cel. 9461-0114, tel. 2775-9275.

 

JEFATURA DEPARTAMENTAL No. 8 CIUDAD DE TALANGA

Sub Comisionado de Policía Don JOAQUIN FLORES MARADIAGA. Tel. 2275-8261

 

DENUNCIAS PREVIAS CONTRA LOS DEFENSORES DE DDHH AMBIENTALISTAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

1.- MP-104-2017, Fiscalía de Talanga.

2.- MP -1487880502-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

3.- MP- 1489414418-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

Todas incoadas por las apoderadas legales de la ENEE, abogadas Zulema Duarte y Norma Núñez por órdenes del señor Gerente General de la ENEE ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, resolviendo en Auto Motivado la ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES, por la sección de instrucción por medio de la Fiscal Jefa, Sección de Instrucción Fiscalía Especial de Delitos Comunes Abogada Wendy Xiomara Murillo.

El Ministerio Público no obstante que en reunión previa con el abogado Milton Noel Paz Pineda en su sede fiscal de la ciudad de Talanga, se les presento un escrito junto con la documentación respectiva, para coadyuvar en el proceso de investigación y que tuvieran una actuación objetiva e imparcial en representación de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD (es decir garantizar el derecho a la salud de la población de la Villa de San Francisco, así como el derecho a ser informados, consultados y tomados en cuanta para cualquier proyecto de desarrollo, económico, turístico o comercial que les pueda afectar en su ámbito o espacio territorial) como se los manda el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público, hicieron caso omiso y consideramos que por las presiones e influencias posiblemente de la gerencia de la ENEE, su Gerente Jesús Arturo Mejía Arita, el propio gobierno de la República y la empresa Azucarera Tres Valles, optaron por criminalizar a los defensores ambientalistas con la finalidad de intimidarlos, dividirlos y amedrentarlos en su justa lucha por defender su ambiente y la salud de la población. Por lo que a nuestro criterio como Procurador de los Derechos Humanos, considero se ha producido una colusión entre entidades públicas del Estado para criminalizar y perseguir a los defensores y defensoras del ambiente.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA DEL AMBIENTE POR PARTE DE CAPIRHO Y POBLADORES VILLA DE SAN FRANCISCO No. 1487195560-2017

Presentada por el Ingeniero José Jorge Aguilar Ponce, presidente Comité Ambientalista Independiente CAPIRHO y el señor Pedro Cecilio Ponce García coordinador de los vecinos del Boulevard la Villa de San Francisco, por los delitos de DAÑOS AL AMBIENTE por el corte ilegal de centenares de árboles maderables por parte de la empresa concesionaria del proyecto eléctrico AZUCARERA TRES VALLES, actualmente en proceso de investigación fiscal.

No. 1487195560- 2017 del 15 de febrero de 2017. Fiscal Titular abogada Lorena Fernández Meza. Teléfonos 2221-3099, 2221-5620 extensión 2217. Email: gmrodriguez64@gmail.com Secretaria Gloria Rodríguez.

 

ACTORES PRIVADOS INVOLUCRADOS

1.- EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Ingeniero Walter Kenneth Reyes Alvarado, Gerente General. Emailwreyes@tresvalles.hn

Licenciado Leonardo Ulloa, Administrador

Gavin Alvarado, CATV. Email galvarado@tresvalles.hn

Ingeniero José Antonio Reyes Guillen, gerente de Industria. Emailjareyes@tresvalles.hn

Wilson Henríquez M. email whenriquez@tresvalles.hn

Teléfonos de contacto. 2766-3354, 2766-3381, fax 2766-3356.

 

2.- EMPRESA CONSTRUCTORA ENERCOM

Ingeniero Carlos Suazo, gerente general

Ingeniero Arnold Meza Gerente Tegucigalpa

Ingeniero H. Raúl Enamorado, supervisor de instalaciones eléctricas

Licenciado Carlos Hernández, Auditor

Ingeniero Francisco Casco, supervisor civil

Ingeniera Laura Flores, supervisora de ambiente

Ingeniero Emilio Alfaro, supervisor de proyectos

Ingeniera Eloísa Guillen, supervisora civil

Nelson Isaías Méndez Padilla, empleado, identidad 1501-1982-00504

Henry Francisco Sauceda, empleado, identidad 0801-1975-20790

Dirección: Col. Arenales- Satélite, salida hacia la Lima, local #2, San Pedro Sula. Tel. 2559-1277, 2559-1257, 2559-1289

Tegucigalpa, Centro Comercial Los Próceres. Tel. 2280-2929, fax 2280-2930.

 

3.- Notario

Abogado José Eliodoro Zamora Flores, colegiación No. 2627, execuátur No. 1624, oficnas colonia Loma Linda Norte, intersección avenida Vernon y avenida Huri-FAO, casa No. 2643.

 

4.- CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcalde Municipal de la Villa de San Francisco, ingeniero agrónomo JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA, testigo

 

5.- ENEE

Ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, gerente general

Señor Carlos Roberto Ballesteros Vallecillo, testigo

 

SERNA O MI AMBIENTE

Ingeniero José Antonio Galdámez Fuentes, Secretario de Estado en los Despachos de Energía, Recursos naturales, Ambiente y Minas.

 

Como es de su conocimiento señora Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el pasado martes 01 de agosto solicitamos a la Vice Ministra de Derechos Humanos Abogada Norma Cerrato, la mediación del gobierno central de la República para prevenir una represión policial militar contra los habitantes de este término municipal de la Villa de San Francisco, por estar siendo hostigados, amenazados y perseguidos durante 12 días consecutivos por la Policía Nacional de Honduras al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA en cumplimiento de supuestas órdenes superiores, sin acreditar ninguna orden por escrito o una orden de carácter judicial, en virtud que otras autoridades competentes del Estado de Honduras ya están conociendo del asunto. En ese sentido la señora Vice Ministra de DDHH autorizo a la Licenciada Kenia Irías Directora General de la Dirección General de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos dependiente de dicha Secretaría de Estado, realizar una investigación, instruir las medidas de prevención del caso ante las autoridades y jefes policiales, funcionaria que el día de ayer lunes 07 de agosto constituyo una Comisión integrada por el Abogado Roberto López y la abogada Escalante para personarse ante la Delegación Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga, la comunidad de la Villa de San Francisco y las demás autoridades municipales y estatales para iniciar un proceso de mediación y resolución de este conflicto social comunitario que amenaza con vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los defensores y defensoras de derechos humanos del ambiente y los recursos naturales de este término municipal y a quienes ya el pasado mes de febrero de 2017 el CONADEH les decreto medidas de seguridad por parte de la misma policía nacional.

De conformidad con la misma Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 55 y 56 El Estado de Honduras se ha obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos en el ámbito de su jurisdicción, ya sea por medio de medidas conjuntas o separadas en cooperación con la ONU, así como los deberes y obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana (CADH) en sus artículos 1 y 2 sobre las obligaciones generales de respetar y garantizar estos derechos fundamentales que están obligadas a observar todas las autoridades competentes.

Si el gobierno de la República es su voluntad política de promover y desarrollar una cultura y Estado de Derecho al interno del Estado y la sociedad hondureña, debería de iniciar una política integral de prevención de todo abuso de autoridad por parte de los entes competentes, garantizando de forma efectiva el trabajo de los y las defensoras de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la constitución, las leyes y tratados internacionales.

En ese sentido solicito a la OACNUDH, demandar de forma urgente del gobierno de la República que preside el abogado Juan Orlando Hernández el cese de todo ACTO DE REPRESIÓN, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN por parte de las autoridades policiales y militares en contra de los pobladores habitantes de la Villa de San Francisco y los miembros directivos del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) en su legitima lucha de defensa del medio ambiente y la salud de la población infantil y adulta garantizados por el artículo 145 y 326 constitucional y otras leyes de carácter general como La Ley General del Medio ambiente y la Ley de Municipalidades vigentes en el marco de la implementación de este proyecto “Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa y la Red de Conexión al Sistema de Distribución, por considerar que les afectará en sus derechos y salud al pasar las líneas del cableado de alta tensión (69 mil voltios) por el casco urbano y centro poblado de la ciudad, del cual ya hay referencias locales que por estar instalado ilegalmente otro proyecto de esta misma compañía Azucarera Tres Valles sin la respectiva licencia ambiental de supuestos 34 mil voltios que pasan por el mismo boulevard para su uso privado, ya hay unas 12 personas afectadas con CANCER y sin posibilidad de tratamiento especializado alguno.

 

Tegucigalpa, MDC 08 de agosto de 2017.

 

LEONEL CASCO GUTIÉRREZ

Procurador de los Derechos Humanos

Director General APRODEH

Cel. 9892-6935/8764-7649

Email. Clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com y aprodeh.hn@gmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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IX Curso: Gestión del Riesgo: Resiliencia ante amenazas naturales geodinámicas y climáticas

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

 

Del 13 al 24 de noviembre del 2017 se estará llevando a cabo el IX Curso: Gestión del Riesgo: Resiliencia ante amenazas naturales geodinámicas y climáticas en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Turrialba; a cargo del MSc. Javier Saborío.

Presentación del Curso

“Ante el impacto de las amenazas naturales y socionaturales, las proyecciones del impacto adicional que podría impulsar el cambio climático antropogénico y los extremos de la variabilidad climática en América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo, los conocimientos especializados sobre el riesgo derivado de las amenazas naturales deben transformarse en herramientas y políticas accesibles y asimilables por una amplia gama de partes interesadas dentro del quehacer ambiental y el desarrollo.

La ubicación, la composición geológica y el contexto climático de América tropical provocan que la región esté expuesta a una gran variedad de amenazas naturales, como por ejemplo, los ciclones, las inundaciones, los deslizamientos, las sequías, los incendios forestales, las erupciones volcánicas y los terremotos.

Los desastres de las últimas dos décadas causados por procesos naturales, pero materializados en áreas con elevada exposición humana, han provocado grandes pérdidas en el ámbito local y nacional. Además, han puesto de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad de la región y su limitada capacidad para enfrentar este tipo de sucesos. Muchos de los daños y las pérdidas causadas por estos eventos pudieron ser evitados o reducidos si se hubiera aplicado una visión más enfática sobre el riesgo, que sobre los desastres mismos, disponiendo para esto de herramientas que permitieran reducir la vulnerabilidad de los sectores que podrían ser los más afectados. Por lo tanto, la línea de acción y el análisis de la vulnerabilidad deben orientarse hacia la gestión del riesgo, el estudio de las causas y las posibles consecuencias del impacto de las amenazas naturales vinculadas, así como hacia el refuerzo de la resiliencia de la estructura del sistema social y económico”.

Para conocer más en detalle el curso, se adjunta la información, el brochure de invitación, el programa tentativo y el enlace en donde puede encontrarse la información para la inscripción (Ver el mes de noviembre).

Para mayor información, comunicarse con el Área de Capacitación y Conferencias de la Sede Central del CATIE al teléfono 2558 2433 o al correo electrónico capacitación@catie.ac.cr

Gestion del Riesgo 2017 CATIE Nov 2017

Programa curso gestion riesgo CATIE 2017 Tentativo

¿Qué es CATIE?

CATIE es un centro regional dedicado a la investigación y la enseñanza de posgrado en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Sus miembros son Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Estado de Acre en Brasil.

https://www.catie.ac.cr/actividades-de-capacitacion-catie

 

Enviado por Sergio Mora.

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